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AP Cádiz, Sec. 1.ª, 54/2005, de 8 de abril

SP/SENT/76005

Recurso 208/2004. Ponente: PEDRO MARCELINO RODRIGUEZ ROSALES.

Prueba que el matrimonio es meramente la cobertura buscada de propósito por la esposa para salir de Cuba que días después de obtener la tarjeta de residencia abandona el hogar conyugal 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El fallo de dicha sentencia dice: "Que desestimando la demanda de separación matrimonial planteada por la procuradora Sra. I. Pizarro y estimando la reconvención planteada por la procuradora Sra. A. Pizarro debo declarar y declaro la nulidad del matrimonio de doña Sara y don Eduardo. Acuerdo como única medida la disolución de la sociedad de gananciales. Firme esta resolución, comuníquese al Registro Civil Central a los efectos pertinentes. Condeno en costas a doña Sara."
SEGUNDO.- La parte actora preparó e interpuso en tiempo y forma recurso de apelación contra la expresada resolución sin proponer nuevas pruebas. El juzgado dio traslado a las demás partes personadas para que pudieran oponerse o impugnarla. El demandado reconviniente se opuso y el juzgado nos remitió los autos.
TERCERO.- El tribunal dio traslado de la sentencia y del recurso al fiscal, hecho lo cual deliberó y votó el asunto.
CUARTO.- El ponente firmó esta sentencia, para su notificación, en la fecha que figura en el encabezamiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La apelante pidió la aplicación de la Ley cubana, invocando el artículo 107 del Código Civil. Lo hizo al comienzo del juicio en primera instancia, como se puede comprobar viendo su grabación.
La sentencia apelada resuelve que la jurisdicción española es quien tiene que conocer del caso, si bien como hemos visto no es exactamente lo que la parte planteaba.
SEGUNDO.- Creemos que el asunto pertenece a la jurisdicción española porque lo dispone el artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: en el orden civil, los juzgados y tribunales españoles serán competentes, en materia de nulidad matrimonial, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España. Las dos condiciones se cumplen en el presente caso, pues tanto Sara como Eduardo tienen su domicilio en España.
No sería razonable que la parte hubiese planteado la falta de jurisdicción con relación a la nulidad cuando ella había promovido la separación, teniendo ambas la misma norma reguladora de la jurisdicción.
TERCERO.- La norma de Derecho Internacional Privado en esta materia es el artículo 107 del Código Civil, que establece que la nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley aplicable a su celebración.
Ahora bien, quien invoca la aplicación del derecho extranjero debe probar su
contenido y vigencia, cosa que no ha hecho la apelante, pues en el juicio oral manifestó que "lo desconocemos" e incluso reprochó a la contraria no haberlo hecho ella. A falta de esta diligencia, hay que aplicar las leyes españolas.La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de diecinueve de enero de 2004 explica que debemos distinguir entre normas de conflicto, apreciables de oficio, en virtud de las cua

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