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AP Baleares, Sec. 2.ª, 70/2003, de 30 de junio

SP/SENT/89015

Recurso 64/2002. Ponente: D. EDUARDO CALDERON SUSIN.

No destruye la presunción de inocencia de los acusados, el testimonio de las víctimas porque existen dudas de si realmente fueron traídas a España engañadas y obligadas a ejercer la prostitución 
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Absolución de los acusados de delito contra los derechos de los trabajadores porque el ejercicio de la prostitución no es un trabajo según la legislación laboral 
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Tráfico ilegal de trabajadoras extranjeras porque aunque fueron traídas a España como turistas, la intención es que se quedaran a trabajar aquí 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos objeto de esta causa como constitutivos de las siguientes infracciones:
a) Seis delitos relativos a la prostitución del artículo 188.2, en relación con el 188.1, del Código Penal.
b) Un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 313.1, en relación con el 312.1, del Código Penal.
c) Un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del artículo 318 bis 1 y 2, del Código Penal.
d) Un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del artículo 318 bis 1 y 4, del Código Penal.
e) Alternativamente respecto de este último delito, un delito continuado de omisión del deber de perseguir delitos del artículo 408, con aplicación del artículo 74, del Código Penal.
De dichos delitos consideró que son responsables, como autores , de conformidad con lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del mismo texto legal, de los delitos a), b) y c), los acusados Encarna, Nieves, Sergio y María del Pilar; y en los mismos términos, del delito del apartado d), o, alternativamente del delito del apartado e), el acusado Abelardo.
No estimando la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitó se impusieran las siguientes penas:
A Encarna, N
ieves, Sergio y María del Pilar, la de 3 años de prisión y multa de dieciocho meses, con cuota diaria de 30 euros, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, por cada uno de los seis delitos del apartado a); la de 2 años de prisión y multa de ocho meses con cuota diaria de 30 euros, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, por el delito del apartado b); la de 2 años de prisión y multa de doce meses con cu

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