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AP Badajoz, Mérida, Sec. 3.ª, 117/2009, de 23 de marzo

SP/SENT/454875

Recurso 129/2009. Ponente: JESUS SOUTO HERREROS.

La condena a realizar las obras para que cese la perturbación en la propiedad actora y permitir que, en ejecución de sentencia, pueda hacer valer sus pretensiones de restitución al estado anterior prueba que se resuelve todo lo planteado 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan en cuanto son relación de trámites y antecedentes los de la Sentencia apelada que con fecha 27-VIII-2008 dictó la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Almendralejo .
SEGUNDO.- Contra la expresada Sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de ambas partes, que les fue admitido, dándose traslado a la contraparte, y una vez verificado se remitieron los autos a este Tribunal, donde se formó el rollo de Sala, que fue seguido por sus trámites.
TERCERO. En la tramitación del recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Recurso de la entidad "Almendralejo CIRTRANSF", S.L.
PRIMERO. 1. En esencia, la entidad apelante entiende que se ha producido una incorrecta valoración de la prueba pues estima que en su actuación se han respetado todas las normas legales sobre servidumbre de aguas y no ha producido daño o perjuicio alguno a la demandante.
2. Hay que poner de manifiesto, que según reiterado criterio jurisprudencial, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que aunque evidentemente pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, no, en forma alguna, tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador a quo y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los res
ultados obtenidos en el proceso (SSTS 15-II-1999 y 26-I-1998 , por todas).En definitiva la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que esta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable, circunstancias, todas ellas, que no concurren en

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