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AP Sevilla, Sec. 5.ª, 314/2005, de 23 de junio

SP/SENT/476164

Recurso 1704/2005. Ponente: JOSE HERRERA TAGUA.

Correcta interposición del interdicto frente a todos los herederos del arrendatario fallecido para reclamar el restablecimiento de la posesión 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Se aceptan sustancialmente los de la resolución apelada, cuyo fallo literalmente dice: "Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Juan y Marta debo declarar y declaro haber lugar la desahucio de las fincas descritas en el Hecho primero de la demanda, condenando a los demandados HEREDEROS DE DON Rafael a que desalojen y dejen libre a disposición de la parte actora en el plazo legal, con apercibimiento de lanzamiento de la parte demandada.".
PRIMERO.- Notificada a las partes dicha resolución y apelada por la parte demandada, y admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación y de oposición a la misma, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su clase.
SEGUNDO.- Por resolución de 23 de Mayo de 2005, se señaló la deliberación y votación de este recurso para el día 22 de Junio de 2005, quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución.
TERCERO.- En la sustanciación de la alzada se han observado las prescripciones legales.
VISTOS, siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON JOSÉ HERRERA TAGUA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por el Procurador Don Juan Bautista García de la Vega Tirado, en nombre y representación de Don Juan y de Doña Marta , se presentó demanda contra los herederos legales y desconocidos de Don Rafael , en la que ejercitaba acción de desahucio por falta de pago de las rentas concertadas en el contrato de arrendamiento rústico formalizado el día 27 de febrero de 1.988, respecto de varías fincas propiedad de los actores, pactándose una renta anual de quinientas mil pesetas. Los demandados se opusieron, en concreto, alegaron prejudicialidad penal, falta de legitimación pasiva, al haber sucedido en la posición de arrendatario de Don Rafael , su cónyuge, Doña María Rosa , y estar al corriente en el pago de las rentas. La Sentencia dictada en primera instancia estimó la demanda, contra la que interpusieron recurso de apelación los demandados que reiteraron sus motivos de oposición.
SEGUNDO.- Sobre la cuestión de prejudicialidad que se reitera en esta alzada, es necesario recordar, como ya ha señalado esta Sala en anteriores resoluciones, que para que proceda su admisión, que conllevaría la suspensión del proceso civil mientras se tramite el proceso penal, se exige determinados requisitos, que se señalan en el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En concreto:
a) que se acredite plenamente la existencia de un proceso penal.
b) que los hechos investigados en el proceso penal, con apariencia de delito sirva
n de fundamento a las pretensiones de las partes en el proceso civil.c) que la decisión del tribunal penal acerca del hecho, por el que se procede en la causa criminal, pueda tener una influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.En definitiva, se torna indispensable una especial coincidencia y conexión de los procesos, de ahí que se pregone esa nota de la imprescindibi

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