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AP Las Palmas, Sec. 5.ª, 376/2009, de 28 de julio

SP/SENT/482377

Recurso 410/2008. Ponente: JOSE ANTONIO MORALES MATEO.

Ante una indefinición de linderos, no puede una de las partes por vía de hecho definirlos, luego debe prosperar la tutela de la posesión entablada  
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada dice: "SE ESTIMA la demanda interpuesta por representación procesal de D. Gervasio y Doña Julia , contra D. Borja , representado por el Procurador D. Francisco Javier Jiménez Castro, condenando al demandado a devolver a los actores la posesión del terreno ocupado y del paso por la carretera que discurre entre las fincas de los litigantes y a retirar todos los postes metálicos y las vallas que ha colocado en la finca perturbada, con expresa condena en costas."
SEGUNDO.- La relacionada sentencia, se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y no habiéndose solicitado prueba, se señaló para estudio, votación y fallo el día 13 de julio de 2009 .
TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales. Es ponente de la sentencia el Iltmo. Sr./a D./Dña. José Antonio Morales Mateo , quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La resolución de la instancia estimó la demanda de tutela sumaria de la posesión condenando al demandado a devolver a los actores la posesión del terreno ocupado y del paso por la carretera y a retirar todos los postes metálicos y las vayas que ha colocado.
El apelante, alega como motivos de su recurso, una errónea valoración de la prueba por parte del juzgador de instancia y la no concurrencia de los requisitos necesarios para la prosperabilidad de la protección posesoria impetrada.
SEGUNDO.- Respecto a la valoración de la prueba hay que recordar que la facultad revisora del Tribunal de apelación es total y así se dice que si bien es cierto que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza principio dispositivo y de rogación -pero en forma alguna tratar de imponerlas a los juzgadores (STS de 23-9-96 EDJ 1996/5130 ) pues no puede sustituirse la valoración que hizo el Juzgador de toda la prueba practicada por la que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes (STS de 7-10-97 EDJ 1997/6855 ) y aún dictadas las anteriores prevenciones a efectos de casación, también serían predicables del recurso de apelación, porque el Juzgador que recibe la prueba puede valorar la misma de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal
de la segunda instancia el pleno conocimiento de la cuestión, pudiéndose en la alzada verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica o si, por el contrario, la apreciación de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.<div class="Texto_Norma

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