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AP Madrid, Sec. 11.ª, 503/2005, de 14 de junio

SP/SENT/72729

Recurso 503/2004. Ponente: FELIX ALMAZAN LAFUENTE.

La gestión colectiva obligatoria se permite expresamente tanto en la Ley de propiedad intelectual como en el Derecho comunitario 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 1 de FUENLABRADA , por el mismo se dictó sentencia con fecha 19 de abril de 2004, cuya parte dispositiva dice: Que ESTIMANDO íntegramente la demanda formulada por el Procurador D. Francisco Arcos Sanchez en nombre y representación de la Sociedad General de Autores y Editores contra Fermín debo CONDENAR Y CONDENO a la demandada a que abone a la actora la cantidad de 1.020,27 euros mas el interés legal correspondiente desde la reclamación judicial y todo ello con expresa condena en costas a la reseñada demandada. Notificada dicha resolución a las partes, por Fermín se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria que se opuso . Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación votación y fallo del mismo el pasado día dos de marzo del año en curso, en que ha tenido lugar lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar Sentencia en esta instancia por acumulación de asuntos.
Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. FELIX ALMAZAN LAFUENTE.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, en todo aquello que no sea contradicho por los siguientes. Y
PRIMERO.- El apelante, DON Fermín , discrepa de la sentencia de instancia, centrando su recurso, configurado por la trascripción de diversas sentencias de Audiencias provinciales, en la interpretación errónea de los artículos 1.162, 1.209 y 1.214 -derogado este último tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, todos ellos del Código Civil, cuestionando, en definitiva que la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, gestione los derechos sobre la música "funky" que se reproduce en el local del demandado, siendo la demandante quien debe de probar que tiene encomendada la gestión de los derechos correspondientes a la comunicación pública de dicha obra, no demostrando que grupos de música "funky" han contratado dicha gestión, ni que obras musicales se han reproducido en su establecimiento, solicitando, en definitiva, la estimación del presente recurso, revocando la sentencia de instancia con imposición de costas a la parte demandante.
SEGUNDO.- La cuestión planteada en el presente recurso, típica en los procesos instados por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES en reclamación de los derechos de autor correspondientes a la comunicación pública de obras musicales, ya ha sido resuelta por la Sala Primera del Tribunal Supremo, superando las discrepancias que existían entre los pronunciamientos d
e las Audiencias Provinciales, existiendo ya un importante grupo de sentencias que se han pronunciado sobre la gestión de los derechos dimanantes de la Ley de Propiedad Intelectual, en concreto, las dos sentencias del Tribunal Supremo de 29 de Octubre de 1999,así como las del mismo Tribunal de 18 de Octubre y 18 de Diciembre de 2001.En las dos sentencias de 29 de Octubre de 1999 (recursos núm. 969/1997 y 262/1998),

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