Esta reforma, en todo su contenido, solo afecta a los arrendamientos que se lleven a cabo a partir del día 19 de diciembre de 2018, que es cuando entra en vigor el Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, por lo que todos los contratos firmados con anterioridad se regirán por la normativa existente cuando fueron celebrados, salvo en lo que afecte a los procesos judiciales a la vista de la reforma de la LEC, con efectos inmediatos para los asuntos que se planteen ante los Tribunales a partir de la fecha de vigencia de la nueva normativa.

Introducción

Como habrán podido comprobar muchos de aquellos lectores que hayan leído mis consideraciones sobre el primitivo Proyecto presentado por el PSOE, publicado en el Boletín del Congreso de los Diputados el 23 de marzo de 2018, lo que se pretendía en ese momento no ha tenido un reflejo en este Real Decreto-Ley 21/2018, que es bastante contradictorio, pues en su Preámbulo se indica que el número de alquileres se incrementa cada año, pero lo que ocurrirá con esta nueva Ley es que la propiedad se lo pensará mucho antes de arrendar una vivienda por todos los inconvenientes que esta normativa determina.

Se habla del derecho a una vivienda digna, conforme al art. 47 de la Constitución, con lo que todos estamos de acuerdo, pero muchos pensamos que dicho precepto es una obligación de la Administración Pública, no de los propietarios privados, quienes también tienen sus derechos reconocidos en el art. 33 de la Carta Magna. Son dos preceptos que hay que coordinar por el bien general tanto de la parte arrendadora como la arrendataria.

En consecuencia, la idea del Proyecto antiguo era combinar y respetar los derechos de todos, pero ahora resulta, como se ha dicho antes, que la reforma es realmente contradictoria. Si este comentarista criticó muchos de los preceptos de la Ley 4/2013, tiene ahora base moral y jurídica para hacerlo con el actual Real Decreto-Ley, que, por desgracia y de forma inesperada, mantiene parte de la normativa que perjudica sin razón a los