El Parlament de Cataluña aprobó con el consenso de todos los partidos políticos que integraban la Cámara, la Ley objeto de este estudio, titulada, "Medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética".

La citada Ley causó alarma en el ámbito de la propiedad inmobiliaria y empresas de suministros por el rigor de las medidas en favor de los "consumidores en situación de sobreendeudamiento", los "colectivos más vulnerables" y las "unidades familiares en riesgo de exclusión social" como la propia ley cita repetidamente.

El Gobierno Central, apreciando que la misma invadía sus propias competencias, presentó recurso de inconstitucionalidad afectando a los arts. 2.2, los 3 y 4 así como los apartados 1 al 4 y el 9 del art. 5 así como el 7 y la Disp. Transitoria Segunda en sus apartados 1 y 2 relacionados con el impugnado art. 7 y contra la disposición adicional, referidos especialmente a:

Los procedimientos extrajudiciales para la resolución de las situaciones de sobreendeudamiento; y

Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de riesgo de exclusión social.

Por el contrario, el Estado recurrente, no se atrevió (por las razones que no nos compete analizar) a impugnar las "medidas para evitar la pobreza energética".

Con la