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Artículo Monográfico. Julio 2016

SP/DOCT/20482

Principales novedades de la aplicación directa de las Directivas de Contratación Pública

M.ª Pilar Batet Jiménez. Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Excma. Diputación Provincial de Castellón

I. Introducción
La Unión Europea aprobó en 2014 la llamada cuarta generación de Directivas europeas en materia de contratación pública: Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, Directiva de Contratos); Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la Adjudicación de Contratos de Concesión (en adelante, Directiva de Concesiones), y Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la Contratación por Entidades que Operan en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales, y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE. Esta última no se incluye en el presente estudio al no tener efecto directo.
Las citadas Directivas entraron en vigor a los 20 días de su publicación, si bien se previó un plazo de transposición hasta el 18 de abril de 2016. Antes del vencimiento de este plazo, las previsiones de las directivas deben desplegar un efecto interpretativo que preserve el efecto útil de la nueva regulación, lo que supone un deber jurídico de abstenerse de interpretar las normas nacionales de forma que se pueda comprometer gravemente el éxito de las directivas en vigor (STJUE de 18 de diciembre de 1997, asunto Inter Environnment Wallonie).
Una vez transcurrido el plazo de transposición de las Directivas, estas despliegan un efecto directo vertical, de forma que los particulares pueden alegar su contenido contra los Estados en
los Tribunales, siempre que contengan un mandato preciso, claro e incondicionado (SSTJUE de 5 de febrero de 1963, asunto Van Gend en Loos, de 5 de abril de 1979, asunto Ratti y de 19 de enero de 1982, asunto Ursula Becker) y obliga a los operadores jurídicos a su aplicación, lo que será controlado por los órganos de recursos contractuales y los Jueces de lo Contencioso-Administrativo.Siendo que el efecto directo n

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