CARGANDO...

TC, Pleno, 161/2019, de 12 de diciembre. Recurso 878/2019

Ponente: Alfredo Montoya Melgar
SP/SENT/1030849
 Competencias de protección ambiental: nulidad parcial de preceptos legales autonómicos que introducen un incentivo de edificabilidad para renovación hotelera y privan a las normas transitorias de la condición de instrumentos de planeamiento ambiental
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
 Interpretación constitucional de preceptos autonómicos que pueden incidir sobre protección de dominio público marítimo-terrestre: afecta a actividades contaminadoras de la atmósfera y permiten regularizar actividades carentes de licencia urbanística
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 1 de marzo de 2019, se ha promovido recurso de inconstitucionalidad por más de cincuenta diputados, integrantes del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, contra la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad.
Los motivos del recurso son, sucintamente expuestos, los siguientes:
Se imputa a toda la norma recurrida la vulneración del art. 9 CE al crear inseguridad jurídica. El recurso considera que la Ley 10/2018 adolece de una falta de claridad que afecta, especialmente, a la regulación que contempla en materia urbanística y ambiental. Se afirma que se trata de un texto confuso, de difícil comprensión no solo para la ciudadanía, sino también para las administraciones que tendrán que aplicarla, "lo que va a generar no pocos problemas, generando una inseguridad jurídica que no se compadece con las exigencias del artículo 9 CE". Se produce así una quiebra del principio de seguridad jurídica que podría dar lugar, además, a actuaciones arbitrarias por parte de los poderes públicos que han de aplicarla, con quiebra del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, también consagrado en el art. 9 CE. Como muestra de esa inseguridad, señala el recurso el hecho de que la Ley modifica dieciséis texto