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TJCE/TJUE, Sala Segunda, de 27 de septiembre de 2017

SP/SENT/921540

Recurso C-73/16. Ponente: A. Rosas.

Las listas de datos personales a efectos de recaudación y de lucha contra el fraude fiscal deben sujetarse a la normativa comunitaria de tratamiento de datos personales, aunque tengan un interés público 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
33 De entrada, procede observar, basándose en lo indicado por el tribunal remitente, que los datos que figuran en la lista controvertida (en particular, los nombres de determinadas personas físicas, incluido el Sr. Puakár) son, a efectos del artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46, «datos personales», porque se trata de «información sobre una persona física identificada o identificable» (véanse en ese sentido las sentencias de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, apartado 35, y de 1 de octubre de 2015, Bara y otros, C-201/14, EU:C:2015:638, apartado 29).
34 Por consiguiente, tanto su recogida como su utilización por parte de las distintas instancias tributarias en cuestión del litigio principal tienen, a efectos del artículo 2, letra b), de esa misma Directiva, el carácter de «tratamiento de datos personales» (véanse en ese sentido las sentencias de 20 de mayo de 2003, Österreichischer Rundfunk y otros, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, EU:C:2003:294, apartado 64; de 16 de diciembre de 2008, Huber, C-524/06, EU:C:2008:724, apartado 43, y de 1 de octubre de 2015, Bara y otros, C-201/14, EU:C:2015:638, apartado 29).
35 Sin embargo, el Gobierno español sostiene que dicho tratamiento de datos personales queda excluido del ámbito de aplicación de
la Directiva 95/46 en virtud de su artículo 3, apartado 2, primer guion, según cuyo tenor en cualquier caso lo dispuesto en ésta no se aplicará al tratamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado, incluido el bienestar económico del Estado cuando dicho tratamiento esté relacionado con la seguridad del Estado, y las actividades realizadas por el Estado en materia penal.<div class="Texto_Norm

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