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Informes y Conclusiones. Mayo 2017

SP/DOCT/22794

Conclusiones del Abogado General del TJUE, Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 11 de mayo de 2017, sobre la exigencia a la plataforma electrónica Uber de disponer de las licencias y autorizaciones para el transporte de pasajeros, requeridas por el Derecho nacional

Maciej Szpunar. Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Asunto C434/15. Asociación Profesional Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S. L.
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona)
«Procedimiento prejudicial – Servicios en el mercado interior – Transporte de pasajeros – Uso de herramientas informáticas y de una aplicación para teléfonos inteligentes – Competencia desleal – Exigencia de una autorización»
Introducción
1. Si bien es cierto que el desarrollo de nuevas tecnologías es en general objeto de controversia, Uber se presenta como un caso aparte. Su modo de funcionamiento suscita críticas e interrogantes, pero también esperanzas y nuevas expectativas. Por citar únicamente los aspectos jurídicos, el modo de funcionamiento de Uber ha generado cuestiones en lo que atañe, en particular, al Derecho de la competencia, a la protección de los consumidores y al Derecho del trabajo. En el plano económico y social, se ha llegado a acuñar el término «uberización». Por lo tanto, mediante la presente petición de decisión prejudicial el Tribunal de Justicia conoce de una problemática altamente politizada y mediatizada.
2. No obstante, el objeto del presente asunto es mucho más limitado. La interpretación solicitada debe únicamente permitir situar a Uber en el plano del Derecho de la Unión a fin de poder determinar si su funcionamiento está sometido a dicho Derecho y hasta qué punto. En consecuencia, se trata principalmente de saber si una posible regulación de las condiciones de funcionamiento de Uber está sujeta a las exigencias del Derecho de la Unión, ante todo las de la libre prestación de servicios, o si está incluida en la competencia compartida de la Unión Europea y los Estados miembros en el ámbito de los transportes locales, que la Unión aún no ha ejercido.

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