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AP Tarragona, Sec. 3.ª, 186/2008, de 15 de mayo

SP/SENT/174231

Recurso 453/2007. Ponente: JOAN PERARNAU MOYA.

Queda acreditado que el arrendador autorizó verbalmente al arrendatario para la realización de las obras 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER.- En data 22-6-2007 es va presentar per Lorenza recurs d'apel·lació contra la Sentència d'instància que disposava: "Desestimo la demanda formulada per Lorenza contra Juan i María Cristina, i absolc a tals demandats de les pretensions front a ells formulades a la demanda, amb expressa imposició de costes a la part actora".
SEGON.- Juan i María Cristina en data 16-7-2007 van oposar-se al recurs.
TERCER.- En la tramitació del present procediment, en aquesta alçada, s'han observat les normes i formalitats legals.
VIST i sent el Ponent el Il·lm. Sr. JOAN PERARNAU MOYA,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER.- S'interposa recurs al·legant error en la valoració de les proves contra sentència desestimatòria.
Es va interposar la demanda sol·licitant la resolució del contracte d'arrendament de data 20-10-1995, i el posterior subarrendament, del local de negoci situat a Camí de l'Aleixar 85-87 de Reus, per haver fet el arrendatari obres no consentides pel arrendador, consistents en: fer dues obertures o portes des del local arrendat al local contigu, també arrendat pel arrendatari; i cobrir totalment el jardí del darrera del local, transformant-lo en terrassa pel restaurant.
La sentència desestima la demanda, al considerar provat que l'obertura de les portes va ser autoritzada verbalment pel propietari, segons la testifical del Sr. Millán, i que l'ampliació de la terrassa estava inclosa, explícita o implícitament, en l'autorització d'obres concedida l'any 1998.
SEGON.- Según reiterado criterio jurisprudencial, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que aunque evidentemente pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, no, en forma alguna, tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador a quo y no a las partes, habiendo entendido
igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de l

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