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TSJ Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 2.ª, 654/2008, de 18 de julio

SP/SENT/436813

Recurso 122/2004. Ponente: JOAQUIN MORENO GRAU.

La comprobación de valores por parte del tercer perito concluyó que el valor de los inmuebles era incluso superior al comprobado por la Administración 
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El examen del dictamen del perito tercero pone de manifiesto que está suficientemente motivado ya que explica el método aplicado y justifica el resultado 
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La Sala no accede a la pretensión de que se fraccione el hecho imponible en función de la proporción de la participación del actor en la propiedad 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día 7 de junio de 2.004, y admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su demanda deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- Las partes demandada y codemandada se han opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
TERCERO.- Ha habido recibimiento del proceso a prueba con el resultado que consta en autos.
CUARTO.- Después de evacuarse el trámite de conclusiones se señaló para la votación y fallo el día 4-7-08.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la actora se presentó a autoliquidación una escritura pública de segregación, obra nueva y constitución de propiedad horizontal de 27 de febrero de 1997, en las que asignaban unos valores, respectivamente, de 7.500.000, 53.000.000 y 60.500.000 pesetas.
Disconforme la Administración con este valor, practicó comprobación de valores de la que resultaron unos valores de 24.709.600, 92.031.300 y 116.740.900 pesetas. Frente a estas comprobaciones se promovió tasación pericial contradictoria en la que el tercer perito concluyó que los valores eran de 26.789.660, 104.560.778 y 131.350.438 pesetas. Al ser superiores estos valores a los comprobados por la Administración, ésta practicó liquidaciones con los valores por ella comprobados.
Por el actor se alega en contra de las liquidaciones practicadas y la resolución del TEAR que desestima la reclamación económico-administrativa que:
· Se ha producido la caducidad del expediente de gestión yt la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.
· Infracción del artículo 120 del Real Decreto 828/1995 .
· Vulneración del principio de audiencia.
· Falta de motivación.
SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la caducidad del expediente de gestión tras la Ley
1/98 de derechos y garantías del contribuyente, el régimen de caducidad de los procedimientos de gestión tributaria no se altera sustancialmente hasta la entrada en vigor de la nueva Ley 58/2.003, General Tributaria , que contiene un nuevo régimen relativo a la caducidad del expediente de gestión en el artículo 130. b). Sin embargo, en el período de vigencia de la Ley 1/98 entendemos que no existe caducidad:- De ac

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