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TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 4.ª, 31266/2010, de 22 de febrero

SP/SENT/523403

Recurso 735/2006. Ponente: FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS.

Imposibilidad de extender el beneficio fiscal de las VPO a las viviendas de protección pública autonómica 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2.008, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
SEGUNDO.- En los escritos de contestación, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia de desestimación del recurso.
TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba se dio el trámite de conclusiones y tras ello se señalaron las presentes actuaciones para la votación y fallo el día 23 de noviembre de 2009, siendo suspendido a fin de emplazar a la mercantil Vivienda Gestión SA.
CUARTO.- Dicho emplazamiento resultó infructuoso al encontrase en paradero desconocido la mercantil citada por lo que se señalaron nuevamente las presentes actuaciones para la votación y fallo el día 22 de febrero de 2010 fecha en que tuvo lugar.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. Don Francisco Javier Canabal Conejos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna en presente recurso la resolución del TEAR de Madrid de 1 de febrero de 2006 que estimó la reclamación interpuesta por la mercantil Vivienda Gestión 2000 SL contra liquidación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por importe a ingresar de 372.492'28 euros.
La Comunidad de Madrid señala que conforme a la Consulta nº 1467/2004 de 20 de julio de la Dirección General de Tributos, al igual que la nº 1376/2004, la exención de la cuota gradual de la modalidad de AJD relativa a viviendas de protección oficial debe considerarse aplicable a todas las escrituras públicas otorgadas para formalizar actos y contratos relacionados con tales viviendas de protección oficial. No obstante, la disposición transitoria duodécima de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre , señala que los beneficios fiscales aplicables a las VPO se aplican a todas aquellas que reúnan sus características en términos de superficie máxima, precio de la vivienda, y límites de ingresos de los adquirentes, con independencia de la denominación que le asigne la legislación autonómica, lo que no debe interpretarse en el sentido de considerar extensible la exención prevista en el artº 45.1.8.12 del ROL 1/93 a todo tipo de viviendas que las Comunidades Autónomas declaren sometidas a algún tipo de protección. Podrá accederse a la exención prevista aunque la denominación sea VPP, en la mediad en que se cumplan los requisitos exigidos en la normativa sobre VPO. La regu
lación básica de la construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento de las VPO está contenida en el Real Decreto Ley 31/78, de 31 de octubre, que en su artículo 1 exige su dedicación a vivienda habitual y permanente, una superficie útil máxima de 90 m2 y el cumplimiento de las restantes condiciones relativos a precios y calidades, así como una expresa declaración pública de tales viviendas como de protección oficial.<div cla

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