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AP Zaragoza, Sec. 4.ª, 83/2012, de 24 de febrero

SP/SENT/667195

Recurso 609/2011. Ponente: JUAN IGNACIO MEDRANO SANCHEZ.

Resolución del contrato ante el retraso en la entrega y la grave incertidumbre sobre la legalidad urbanística de la edificación 
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Obligación de la entidad avalista de abonar el aval, que fue reclamado con anterioridad a la resolución del contrato y al otorgamiento de la licencia de primera ocupación 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
SEGUNDO .- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 de ZARAGOZA, por el mismo se dictó sentencia con fecha 23 de septiembre de 2011 , cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sra. Cortés Carbonel en representación de Jose Pedro Y Valentina contra ALSER XXI PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L E IBERCAJA debo absolver y absuelvo a las demandadas de todas las pretensiones deducidas en su contra. Con expresa imposición de las costas a la parte actora."
TERCERO .- Notificada dicha resolución a las partes, por D. Jose Pedro Y Valentina se interpuso recurso de apelación, y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales del juicio a este Tribunal el día 13 de diciembre de 2012 donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para discusión y votación el día 17 enero de 2012, en que tuvo lugar.
CUARTO .- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Vuelve a plantearse, dentro de la crisis inmobiliaria actualmente existente, la acción resolutoria de un contrato de compraventa de vivienda sobre plano, a construir en el que ha existido, por las razones que luego se sintetizarán, un retraso en el proceso constructivo. Se hace cuestión de si ese retraso funda o no jurídicamente la acción resolutoria ejercitada.
Antes de afrontar las circunstancias del caso concreto no está de más recordar que existe una normativa, algo dispersa, que tiende a proteger la posición jurídica del adquiriente de esas viviendas. Como medida de prevención de abusos, la Ley 57/1968, de 27 de julio, reguladora de las cantidades anticipadas en la construcción de viviendas sentó la obligación del promotor de esas viviendas ("destinadas a domicilio o residencia familiar") de "garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el 6% de interés anual", atribuyendo fuerza ejecutiva para exigir al asegurador o avalista la entrega de las cantidades a que el adquirente tuviera derecho ( art. 3 de la Ley 57/1968 ), pues "expirado el plazo de iniciación de las obras o de entrega de la vivienda sin que una u otra hubiera tenido lugar, el cesionario podrá optar entre la rescisión del contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incrementadas" con el interés. Aunque la norma habla de rescisión debe entenderse resolución. Deber de garantía que se mantuvo, aun con alguna modificación, en la disposición adic
ional primera de la ley 38/1999, de 5 de noviembre (los intereses del 6% pasaron a ser los legales).Ya más definida la figura jurídica del consumidor, y en el ámbito de su tutela, una norma reglamentaria que ha tenido un notable protagonismo, el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa, estableció una serie de requisitos q

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