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AP Alicante, Sec. 5.ª, 186/2016, de 28 de abril

SP/SENT/863410

Recurso 212/2016. Ponente: JOSE LUIS UBEDA MULERO.

La cuantía litigiosa, afectos de presentación del recurso de apelación, viene fijada por la determinada en demanda y no se altera por el allanamiento y recurso por costas 
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La necesidad de acreditar la notificación de la deuda y su certificación no son exigibles en el proceso verbal (u ordinario, en su caso), sino en el monitorio 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Denia, en los autos de Juicio Verbal núm. 851/2012, se dictó en fecha 14 de septiembre de 2015 sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"Que DEBO TENER POR ALLANADA A LA DEMANDADA EN PARTE DE LA PRETESIÓN DE LA ACTORA, en concreto en la cantidad 3597'26 € Y PROCEDE DESESTIMAR EL RESTO DE PRETENSIONES DE LA ACTORA CP URBANIZACIÓN000 DE JAVEA representada por el Procurador Sr/a. GREGORI FERRANDO frente a D Manuela a la que absuelvo de las pretensiones contra ellas mantenidas tras el allanamiento. Imponiendo a la demandada el abono de los intereses conforme con lo previsto en el fundamento de derecho tercero, y todo ello sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes."
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora, habiéndose tramitado el mismo por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma introducida por la Ley 1/2000, elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente Rollo de apelación número 212/2016 , que en turno de reparto correspondió al Ilmo. Sr. Magistrado D. José Luis Úbeda Mulero, señalándose para dictar la presente resolución el día 28 de abril de 2016.
TERCERO.- Al conocimiento del presente recurso le es de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 82.2.1.º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial , modificado por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica.

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