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AP Granada, Sec. 4.ª, 85/2016, de 31 de marzo

SP/SENT/864627

Recurso 602/2015. Ponente: ANTONIO GALLO ERENA.

No es preciso el acuerdo de la comunidad para que el presidente encargue un estudio sobre la obligatoriedad de instalación de salvaescaleras 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .-La referida resolución fechada en diecinueve de junio de dos mil quince, contiene el siguiente fallo: "Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales señor García Ruano, en nombre y representación de Ramón , frente a la comunidad de propietarios de la DIRECCION000 , representada por la procuradora señora Choín Rodríguez, debo condenar y condeno a ésta a que lleve a cabo las obras de instalación de una silla salva o sube escaleras en el tramo existente entre la planta baja de la urbanización y la primera, donde se ubica el apartamento-dúplex del actor, el tramo más cercano a éste, que será del tipo y características técnicas de la que se muestra en folios 107 a 110 de estas actuaciones. Se condena a la comunidad mencionada al pago de las costas devengadas en esta instancia, sin que sea aplicable el límite previsto en el artículo 394.3 de la LEC . ."
SEGUNDO .- Sustanciado y seguido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, por escrito y ante el Órgano que dictó la sentencia; tras ello se elevaron las actuaciones a este Tribunal, señalándose día para la votación y fallo, en que ha tenido lugar.
TERCERO .- Han sido observadas las prescripciones legales de trámite.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. ANTONIO GALLO ERENA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Se plantea, inicialmente, la nulidad de la sentencia por infracción del derecho a ser juzgado por Tribunal imparcial e independiente de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.2 de la C.E .
Expresaba el Tribunal Supremo (Sala art.61) en resolución de 28-4-2011 (JUR 2011, 154755) , rec. 4/2011, que aunque el derecho fundamental a recibir una tutela judicial efectiva establecido en nuestra Constitución no comprenda de modo expreso el requisito de imparcialidad del órgano jurisdiccional, esta exigencia ha sido establecida por el Tribunal Constitucional sobre la base del principio de la independencia judicial, del proceso con todas las garantías y de la figura del juez ordinario predeterminado por la Ley, en relación con lo dispuesto en distintas fuentes normativas en las que se reconoce que toda persona tiene derecho a ser oído públicamente por un Tribunal independiente e imparcial :
a) El artículo 6.1 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma, de 4 de noviembre de 1950 (RCL 1979, 2421) , ratificado por España a través del Instrumento de fecha 26 de septiembre de 1979 (dentro del derecho a un proceso equitativo que rotula el precepto referido) que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley , que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de caráct
er civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella".b) El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos , de 10 de diciembre de 1948 (LEG 1948, 1) .c) El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (RCL 1977, 893) .De cuyas normas resulta el

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