CARGANDO...

AP Málaga, Sec. 5.ª, 125/2016, de 14 de marzo

SP/SENT/865450

Recurso 668/2013. Ponente: MARIA TERESA SAEZ MARTINEZ.

LA comunidad debe abonar al propietario los daños causados a enseres acumulados en la plaza de garaje del comunero por las humedades debido a la avería de la bomba de achique 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 09/04/13, en el juicio antes dicho, cuyo fallo es como sigue:
"Que DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la procuradora María Teresa Díaz Jiménez en nombre y representación de Bernabe frente a Comunidad de Propietarios EDIFICIO000 NUM000 y FIATC MUTUA DE SEGUROS Y RESAEGUROS A PRIMA FIJA DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a las demandadas de todos los pedimentos; todo ello con expresa condena en costas a la parte actora.".
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a este Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 11 de marzo de 2.016, quedando visto para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente la Iltma. Sra. Magistrado Dña. Mª TERESA SAEZ MARTINEZ quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por D. Bernabe se formuló demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad contra la Comunidad de Propietarios del EDIFICIO000 NUM000 sito en Torre del Mar (Vélez-Málaga) y contra la entidad aseguradora Fiatc, recayendo en la instancia sentencia desestimatoria de sus pretensiones. Por la representación procesal de D. Bernabe se interpone el presente recurso de apelación contra la mencionada resolución alegando, en esencia, error en la valoración de la prueba practicada.
SEGUNDO.- Toda la controversia litigiosa sustantiva a la que se contrae éste recurso, en sus distintas variantes, constituye una problemática que afecta única y exclusivamente a la valoración de la prueba y a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo este último donde - con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La jurisprudencia ha venido interpretando el vigente art. 217 de la L.E.C . de 2.000 , señalando que se trata de una norma distributiva de la carga de la prueba que no responde a unos principios inflexibles, sino que se debe adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar, es decir, teniendo en cuenta los criterios de normalidad, proximidad y facilidad probatoria, derivados de la posición de cada parte en relación con el efecto jurídico pretendido. Conforme a este precepto, corresponde en principio al actor la prueba de los hechos constitutivos de su pretensió
n, mientras que al demandado le es atribuida la justificación de los impeditivos o extintivos del derecho invocado por aquél. De la misma manera que el demandante se encuentra obligado a acreditar los hechos normalmente constitutivos o fundamentadores de su derecho, el demandado que introduce un hecho distinto contradictorio con el del actor le corresponde la prueba del mismo, sin que pueda únicamente limitarse a negar lo alegado por la parte con

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