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AP Valencia, Sec. 5.ª, 569, de 28 de octubre de 2003

SP/SENT/873776

Ponente: Luis Antonio Soler Pascual.

Es requisito fundamental que previamente la Junta de propietarios apruebe la liquidación de la deuda de la Comunidad contra el propietario moroso, y esa liquidación es la que debe constar en la reclamación judicial 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Villajoyosa en los referidos autos, tramitados con el núm. 316/02, se dictó sentencia con fecha 10 de diciembre de 2002, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D. Basilio Mayor Segrelles en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 contra Dª Eugenia , con imposición de costas del presente procedimiento a la parte actora."
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la parte actora arriba referenciada, en tiempo y forma, que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos a este Tribunal, donde quedó formando el Rollo núm. 297-B/03, tramitándose el recurso en forma legal y en el que se señaló para la deliberación y votación el día 28 de octubre de 2003 en el que tuvo lugar.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente procedimiento nace de una reclamación efectuada ex artículo 21 LPH, por la Comunidad de Propietarios actora contra uno de sus propietarios por impago de una determinada cantidad de dinero -586,55 euros- conforme a la liquidación de deudas efectuada por la Junta General de fecha 11 de agosto de 2001 y que venía referida, según descripción contenida en la certificación de la administradora de la Comunidad aportada con la demanda inicial, a 57,66 euros correspondiente al ejercicio 99/00, 480,81 euros correspondiente al ejercicio 00/01 y 48,08 euros de recargo.
Con su oposición, la demandada acredita el haber efectuado una serie de pagos que, desde su regularización por pago reclamado -folio 27 y 28- en marzo de 1998, ha supuesto su normal cumplimiento de las obligaciones pecuniarias para con la Comunidad de Propietarios, hecho que es en expreso reconocido por el Letrado en el acto del Juicio oral si bien afirma haberse imputado por la actora dichos pagos a deudas correspondientes a periodos anteriores de modo tal que las referencias contenidas en la certificación que funda la demanda original debe entenderse como deudas existentes como consecuencia de débitos anteriores que habrían absorbido los pagos de la demandada.
Pues bien, con tal afirmación está la actora desvirtuando el contenido de su demanda que constituye el objeto delimitador del proceso que nos ocupa. En efecto, afirmar, una vez que se constata documentalmente el
pago de los periodos por los que inicialmente se formula reclamación, que el débito no es en realidad el correspondiente a dichos periodos sino el consecuente de débitos anteriores, supone alterar el contenido de la certificación de la Administradora y, por tanto, de la deuda reclamada en la demanda que se identifica, desde el acuerdo de la Junta de Propietarios, no sólo cuantitativa sino también cualitativamente, no existiendo por tanto coincid

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