TS, Sala Primera, de lo Civil, 520/2018, de 21 de septiembre. Recurso 816/2015
Ponente: FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO
SP/SENT/972427
EXTRACTOS
Los procedimientos de auditoría aplicados para la detección de irregularidades, los errores significativos en las cuentas anuales y los propios informes emitidos produjeron un perjuicio patrimonial a la sociedad
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
Que el deber legal de formular las cuentas anuales corresponda a los administradores no comporta, según las normas técnicas de auditoría, la exoneración del auditor de efectuar las verificaciones oportunas que permitan detectar irregularidades
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La procuradora D.ª María Jesús González Díez, bajo la dirección letrada de D. Roberto Martínez Martínez, en nombre y representación de la entidad mercantil I.D. Grup S.A., interpuso demanda de juicio ordinario por responsabilidad contractual, contra D. Sergio y KPMG Auditores S.L., y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que:
«1.- Se declare el incumplimiento por parte de D. Sergio y KPMG Auditores S.L., del contrato de auditoría del año 200, prorrogado hasta el 2012, integrado por las normas jurídicas españolas aplicables, el informe de transparencia de la propia compañía y los usos generalmente aceptados en materia de auditoría en aquellas fechas.
»2.- Se declare la existencia de responsabilidad contractual de D. Sergio y KPMG Auditores S.L., al haber incumplido de forma negligente sus obligaciones.
»3.- Se condene a D. Sergio y KPMG Auditores S.L. a pagar conjunta y solidariamente dos millones setecientos cincuenta y tres mil euros (2.753.000.-€;), correspondientes al diferencial entre el patrimonio inicial a 31-12-2007 y el patrimonio neto real a 31-12-2010, más los costes de personal en los que se ha incurrido al haberse adoptado la decisión de contratación en unos informes de auditoría erróneos y su posterior despido tras haberse conocido la situación patrimonial real de la empresa, o e