La ocupación ilegal de los inmuebles en nuestro estado de derecho y el proyecto de reforma

Desde hace unos meses se viene tramitando por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley presentada por el PDECAT para la modificación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por la que se regula un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas de titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a la Administración Pública la disponibilidad de sus viviendas destinadas a alquiler social.

Han sido diversos los expertos intervinientes escuchados por la Comisión, desde los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas, abogados y procuradores a Catedráticos, Magistrados, y representantes de entidades del tercer sector y de las Administraciones Públicas. La oportunidad de la propuesta es manifiesta y obedece a la proliferación de este fenómeno durante estos últimos años, particularmente estimulado por ciertas organizaciones que, lejos de buscar soluciones sociales para quienes se pudieran hallar en situación de vulnerabilidad, actúan en beneficio propio aprovechando los resquicios legales que existen en nuestro sistema jurisdiccional, para colocar okupas en propiedad ajena, independientemente de si estas son de titularidad pública o privada, si pertenecen a personas físicas o a entidades financieras o promotoras, o, incluso, si están vacías o no. No es difícil de imaginar cómo se produce el acceso físico a dichas propie