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AP Madrid, Sec. 12.ª, 550/2008, de 28 de julio

SP/SENT/176529

Recurso 180/2007. Ponente: MARIA JESUS ALIA RAMOS.

La falta de prueba para imputar la deuda a la demandada alegada por la recurrente es una cuestión nueva que aparece por primera vez en el recurso, la cuál no puede prosperar por estar expuesta en un proceso distinto 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 8 de MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 13 de octubre de 2006 , cuya parte dispositiva dice: "Estimando como estimo la demanda presentada por don José Antonio Vicente Arche, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Banco de Santander Central Hispano, S.A., contra Elsa , debo condenar y condeno a la parte demandada al pago al actor de 6.516,62 euros, mas el interés de demora pactado al 10,35 por ciento anual desde la presentación de la demanda hasta el total pago; todo ello, con expresa condena en costas a la parte demandada.". Notificada dicha resolución a las partes, por Elsa se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria que IMPUGNA. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 9 de julio de 2008, en que ha tenido lugar lo acordado.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo Ponente la Ilma. Sra. Dª Mª JESÚS ALÍA RAMOS.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Contra la sentencia estimatoria de la demanda se interpone recurso de apelación por la demandada doña Elsa con base en las siguientes alegaciones: 1) Indefensión, aduciendo que el propio procedimiento marcado en la Ley -monitorio convertido en ordinario- habría producido confusión a la demandada que se podría evitar notificando la posterior demanda de juicio ordinario al mismo procurador y abogado del monitorio; y, 2) Falta de prueba para imputar la deuda a la demandada.
SEGUNDO.-El primer motivo de apelación ha de ser desestimado por su falta de consistencia, pues la propia recurrente dice que no recogió la demanda por pensar que le había sido notificada -en la diligencia de emplazamiento personal se recoge que la demandada se negó a retirar la demanda y los documentos- y era un error del Juzgado, pues había recibido otra anterior, la del monitorio, a la que había contestado y estaba siendo defendida por un letrado, aduciendo que el propio procedimiento marcado por la ley le habría producido indefensión. De este modo pretende la recurrente imputar al régimen legal, que no a los tribunales, las consecuencias de su propio desinterés o pasividad, siendo así que la doctrina del Tribunal Constitucional rechaza apreciar indefensión cuando ésta se deba a pasividad, desinterés, negligencia o error técnico o impericia de las partes o profesionales que las representen o defiendan (SSTC 112/93, 364/93, 158/94, 262/94, 18/96, 137/96, 99/97, 140/97 y 82/99 ). Siendo tal lo suc
edido en el caso de autos, pues el Juzgado ha observado debidamente los trámites procesales tras la oposición de la demandada al requerimiento de pago en el proceso monitorio, habiendo formulado la actora en el plazo legal demanda de juicio ordinario, siendo tras serle notificada la providencia declarándola en rebeldía, cuando la demandada compareció al acto de audiencia previa, pero al hacerlo sin abogado ni procurador, se suspendió dicho acto,

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