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AP Alicante, Sec. 4.ª, 99/2000, de 10 de febrero

SP/SENT/321435

Ponente: MANUEL B. FLOREZ MENENDEZ.

Las cláusulas que se tachan de abusivas lo que mas podría llegar a provocar sería la nulidad parcial del contrato e inaplicación de la misma pero con vigencia del resto y sin reintegro de prestaciones entre las partes 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por- el Juzgado de Primera Instancia número tres de Benidorm en los autos de juicio de menor cuantía número 213/98, se dictó en fecha 29 de junio de 1999 sentencia cuya, parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"Que desestimando, la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. L. R.B., en nombre y representación de D. H. D. L. S. y Dª. A. C. V. P., debo absolver y absuelvo a la mercantil SAIN 333 SL representada por el Procurador de los Tribunales D. J.F.D.B.M., de las pretensiones contenidas en,el escrito de demanda, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora."
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación - la parte demandante, que fue, admitido en ambos efectos y, previo emplazamiento de las partes, se elevaron los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente rollo de apelación número 213/98, en el cual se personó la parte apelante. Tramitado el recurso en legal forma y conferidos los oportunos- traslados, se propuso a dicha parte la posibilidad de sustituir el trámite de vista oral por el de informes escritos, a lo que mostró su conformidad, presentando los correspondientes informes y señalándose para votación y Fallo el día 9.2.2000.
TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
S
PRIMERO.- Los apelantes reproducen en este recurso las alegaciones mediante las cuales promovieron la declaración de ineficacia del contrato que en su día concertaron para el aprovechamiento por turno de determinado apartamento turístico propiedad de la sociedad mercantil demandada. Los razonamientos que la sentencia de instancia formula para razonar la aplicabilidad de la Directiva 94/47/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, son en esencia correctos, si bien en general la cuestión carece de trascendencia por cuanto ambas partes convinieron en su día en lo sustancial del régimen legal aplicable y dicha Directiva está en la actualidad transpuesta al ordenamiento interno por la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, a la que por mayor facilidad se referirán las citas que se harán a continuación.
SEGUNDO.- La sentencia desestimó los distintos motivos aducidos contra la eficacia del contrato, con razonamientos que han de darse por reproducidos, sin más necesidad que complementarlos con las consideraciones siguientes: A) La comunicación inicial por la que los actores manifestaban su intención de anular el contrato (documento número cuatro de la demanda) no alegaba causa alguna jurídicamente releV.te, basándose única y exclusivamente en un cambio de voluntad. Se configura así como el desistimiento previsto en el art. 10-1 de la Ley, al que no puede reconocerse validez por haberse producido una
vez agotado el plazo de diez días establecido al efecto. B) La Ley (al igual que la Directiva) establece en el art. 10-2, en relación con el art. 9, un régimen de anulación del contrato por defectos en su contenido formal mínimo, régimen que como especial ha de entenderse prevalente respecto de cualesquiera otros que resulten de la normativa general de protección de los consumidores y usuarios. Resulta así que el plazo para resolver el contrato p

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