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AP Sevilla, Sec. 8.ª, 269/2002, de 20 de mayo

SP/SENT/331826

Recurso 2040/2002.

El contrato de tarjeta de crédito asociada a una cuenta bancaria otorga al titular de la tarjeta poder para realizar operaciones con la misma siendo ilegal el uso por una tercera persona 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Sevilla se dictó sentencia de fecha 10 de enero de 2002., que contiene el siguiente FALLO: "Que desestiman íntegramente la demanda formulada por la procuradora de los Tribunales Doña Consuelo Rodríguez Solano, en nombre y representación de don Alberto M. B. , contra El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla y Don José Angel D. S. , representados por el procurador de los Tribunales Don José Enrique Ramírez Hernández, debo absolver y absuelvo a éstos de las pretensiones recogidas en aquélla y, todo ello, con expresa imposición de las costas a la parte demandante".
SEGUNDO.- Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso recurso de apelación contra ella, que fue admitida y previos los escritos formulados por cada una de las partes, fueron remitidos los autos a este Tribunal, dictándose resolución por la que se señalaba Deliberación, Votación y Fallo, que se celebro el día acordado.
TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales
CUARTO.- Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JULIO MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a lo que más adelante se dirá.-
PRIMERO.- Reitera la parte apelante en esta alzada sus alegaciones de instancia postulando un pronunciamiento condenatorio de los demandados en base a los artículos 18 de la CE y 707 y concordantes de la LO 1 /1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por entender que los hechos a que se contraen las presentes actuaciones han de incardinarse en el último precepto citado al comportar la conducta de aquellos una intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor-apelante al divulgarse hechos concernientes a su persona que le difaman y le hacen desmerecer en la consideración ajena.
La Sala no puede compartir en tal punto las alegaciones de la parte recurrente, toda vez que la denuncia en su día formulada contra el actor como presunto autor de un delito continuado de robo por el uso indebido de tarjetas de crédito pertenecientes a diferentes clientes en EL MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA, no obstante el pronunciamiento absolutorio recaído en el orden jurisdiccional penal, suponía el ejercicio legitimo no solo de un derecho sino de un deber (artículo 259 - LEcriminal) que contaba con una seria apoyatura fáctica, autoría denunciarse hechos objetivos y ciertos con serias sospechas de al como lo revela la coincidencia d
e los partes de trabajo del actor en los cajeros automáticos de la referida entidad bancaria con las operaciones fraudulentas que se llevaron a cabo, reconociendo la casi unanimidad de los perjudicados que aquel, manipulando en el interior de los cajeros salía facilitándoles la tarjeta y posteriormente, manteniéndose al lado de aquello, pudo conocer el número secreto al ser introducida de nuevo, hechos que como decimos constituyen serios indicios

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