CARGANDO...

AP Cádiz, Sec. 7.ª, 59/2002, de 20 de febrero

SP/SENT/332360

Recurso 33/2002.

Las transacciones realizadas con medios electrónicos, tarjetas de crédito, necesitan uin medio de prueba feaciente del quien los reclama 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia impugnada.
SEGUNDO.- El indicado Juzgado de Primera Instancia, en el procedimiento anteriormente circunstanciado, dictó sentencia en la fecha antes citada, cuyo Fallo dice lo siguiente:
"Que, Que, desestimando integramente la demanda interpuesta por la representación de Caja Postal S.A., absuelvo a Don Enrique V. L. y Doña Julia M. S. , de los pedimentos contenidos en aquélla, con expresa imposición a la actora de las costas causadas".
TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de Caja Postal S.A. admitido a trámite el recurso, y conferidos los preceptivos traslados, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial. Formado el rollo y designado ponente, quedó el recurso visto para la votación y fallo, y redacción y publicación de la sentencia.
CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Que, la sentencia e instancia desestima las peticiones de la actora, al considerar que no ah quedado acreditado que los actores no han probado documentalmente las operaciones con tarjeta VISA que es objeto de esta litis.
Que, el motivo del recurso de apelación planteado, se basa en error en la apreciación de la prueba practicada en el procedimiento, estimando que, son suficientes los documentos aportados para llegar al convencimiento de la utilización de dicha tarjeta y consiguientemente, se interesa la condena de los demandados, al pago de la suma reclamada.
SEGUNDO.- Que, la cuestión a dilucidar es el relativo al alcance del contrato de tarjeta de crédito y a la prueba de las obligaciones que dimanan del mismo, en relación con cada una de las partes de dicho contrato, y más en concreto sobre quién recae la carga de la prueba de esas obligaciones, sobre la entidad emisora o sobre el adquirente de los bienes o servicios.
El aceptar cuanto se manifiesta por la parte recurrente -que se carece de recibo o justificante documental de las compras efectuadas-, nos llevaría a consecuencias jurídicamente inaceptables. Así, entre otros, en primer lugar que, el cliente es quien habría de probar que no realizó las compras haciendo uso de la tarjeta, y no a la entidad financiera la demostración de haberlo hecho, bastando tan solo la afirmación de ésta, llegándose a
una verdadera inversión de la carga probatoria, y contrariando lo preceptuado en el art. 1214 del C.C. y el articulo 10.c)8ª de la Ley 26/1984, de 19 de Julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no obstante no gozar de presunción legal alguna a su favor sobre estos hechos.En segundo lugar, supondría de aceptarse la tesis de la recurrente, que, se estarían repercut

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