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AP Lugo, Sec. 2.ª, 34/2000, de 24 de octubre

SP/SENT/337067

Ponente: MARIA FELICIDAD PAZ CABEZA.

No procede aplicar la doctrina del retraso desleal al no darse la condonación de la deuda 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Mondoñedo en fecha uno de septiembre de dos mil, dictó sentencia en cuya parte dispositiva se establece: "FALLO: Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por el procurador Sr. Cabado Iglesias, debo condenar y condeno a los demandados D. Valentin G. P. y Dª Felicidas P. C., a pagar solidariamente a la actora, Caja de Ahorros de Galicia," la suma de ciento once mil ciento ochenta y cuatro (111.184) pts, así como a los intereses moratorios de dicha cantidad en los términos expuestos en el fundamento de derecho segundo de esta resolución, sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas?.
SEGUNDO.- La parte demandada, Valentin G. P. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, una vez cumplidos los trámites previstos en el art. 734 de la LECiv y los demás requisitos legales, correspondiendo por el turno de reparto a esta Sección 2ª.
TERCERO. En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia que se recurre; y además:
SEGUNDO.- Ninguno de los argumentos en que se asienta el recurso deben de ser estimados así el primero y fundamental se basa en la reclamación de que por el Juzgado se hiciera uso de la facultad moderadora que posibilita el art. 1103 del Código civil basándose en la alegada mala fe y abuso del derecho por parte de la entidad de crédito que dejó transcurrir trece años, desde 1987 a 2000, sin reclamar el abono de la póliza impagada. Cierto es que en el ámbito del juicio ejecutivo la Audiencia de Lugo se tiene pronunciado en el sentido de que no se debe dar lugar al despacho de ejecución por un título que englobe esos intereses acumulados durante muchos años, pero eso tiene su sentido precisamente por tratarse de un título privilegiado en el que, ya ab initio, se actúa con medidas restrictivas que se acuerdan in audita parte. El caso presente es bien distinto pues estamos en el ámbito de un juicio declarativo y la alegación de la consideración de que la deuda no es exigible por aplicación de los principios de la buena fe y de la doctrina del retraso desleal merece singular estudio (como ya tuvo ocasión de estudiarlo la Audiencia de Lugo en la Sentencia n° 499/00). En lo que se refiere al retraso desleal, y si bien es cierto que la Sala no puede desconocer la citada doctrina que podemos sintetizarla de acuerdo con la jurisprudencia en el sentido de que actúa contra la buena fe el que ejerci
ta un derecho contra anterior conducta en la que hizo confiar a otro -prohibición de ir entre los actos propios-, y especialmente infringe el mismo principio el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo -retraso desleal-, vulnerando tanto la contradicción con los actos propios, como el retraso desleal, las normas éticas que deben conformar el ejercicio del Derecho, las que lejos de c

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