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AP Toledo, Sec. 1.ª, 205/2002, de 4 de junio

SP/SENT/346621

Recurso 70/2002. Ponente: JULIO J. TASENDE CALVO.

Dada la condición de profesional del accionado el cual tiene acceso a la información no se puede apreciar vicio en el consentimiento 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia apelada.
SEGUNDO.? En el procedimiento de referencia, el día 2 de noviembre de 2.001, recayó sentencia CUYO FALLO es del tenor literal siguiente: "Que desestimando la demanda presentada por Dª. Beatriz López Blanco en nombre del Banco Español de Crédito contra D. J. M. V. y O. representado por Dª. Valle Martín Gómez Platero debo declarar no haber lugar a la misma con condena en costas al actor".
TERCERO.? Contra dicha resolución, la Procuradora Sra. López Blanco, en representación de BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A., interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite, presentando la parte apelada escrito de oposición, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial a los oportunos efectos.
CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso de apelación el día 14 de mayo del actual, a las 11'00 horas.
QUINTO.- En la tramitación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Una constante doctrina legal, interpretadora del art. 1.265 del C.C., viene declarando que los vicios del consentimiento contractual de carácter invalidante sólo son apreciables si existe una prueba cumplida de su existencia, la cual incumbe a la parte que los alega, puesto que la voluntad se presume libre, consciente y espontáneamente manifestada, representando una presunción "iuris tantum" de la validez del contrato que puede destruirse mediante dicha prueba (SS.TS. 4 diciembre 1990, 13 diciembre 1992, 30 mayo 1995, 6 febrero 1998 y 25 noviembre 2000). Por lo tanto, cuando esta prueba plena no se alcance habrá de prevalecer el respeto a lo pactado y al principio de autonomía de la voluntad negocial o de libertad de pactos (arts. 1.091, 1.255 y 1.258 del C.C.).
En relación con el consentimiento prestado por error, la jurisprudencia, de acuerdo con el art. 1.266 del C.C., tiene declarado que para que el error en el consentimiento invalide el contrato es indispensable: que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, de modo que se revele paulatinamente su esencialidad; que no sea imputable al que lo padece y derive de hechos desconocidos por el obligado; que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad pretendida con el negocio jurídico concertado; y que sea excusable, en el sentido de inevitable por el que lo padece empleando una dilig
encia media o regular, valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso (SS.TS. 12 junio 1982, 20 noviembre 1989, 14 febrero 1994, 14 julio 1995, 28 septiembre 1996, 6 febrero 1998 y 26 julio 2000). Por otra parte, la apreciación del error sustancial, con trascendencia anulatoria del contrato, ha de hacerse con criterio restrictivo y excepcional muy acusado, en aras de la seguridad jurídica y del fiel cumplimiento de lo pactad

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