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AP Las Palmas, Sec. 5.ª, 736/2004, de 25 de octubre

SP/SENT/355478

Recurso 479/2004. Ponente: CARLOS AUGUSTO GARCIA VAN ISSCHOT.

Situar a una entidad de crédito como mediador de vigilancia, suplantar al progenitor de un menor, así como fiscalizar el destino que se va a dar a su operación excede las obligaciones de un depositario o mandatario fuera del comerciante diligente 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada dice: " Que debo ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por la representación procesal de D. Ismael condenando, solidariamente, a Dña. Filomena y a la entidad CAJA RURAL DE CANARIAS, a restituir al patrimonio del menor Ismael , los 265 títulos valores de Telefónica Móviles, S.A., o su equivalente, por valor de 1823'20 euros, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, por ser así de justicia.
SEGUNDO.- La relacionada sentencia, se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no habiéndose practicado prueba en esta segunda instancia, y tras darle la tramitación oportuna se señaló para su estudio, votación y fallo el día 20 de octubre de 2004 .
TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales. Es Ponente de la sentencia el Iltmo. Sr. D. Carlos García Van Isschot , quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La entidad de Créditos codemandada y recurrente aduce, con razón, que la sentencia de primera instancia le impuso indebidamente una obligación solidaria con la madre del menor que no reinvirtió los títulos valores enajenados en otros bienes igualmente seguros, pues no especifica el Juzgador que concreta contravención contractual cometió la Caja Rural depositaria de los títulos valores (tampoco se citaban en la demanda), ni puede reprochársele a la entidad financiera infracción del artículo 166, párrafo tercero, in fine, del Código civil pues es norma dirigida a los padres de los menores, y sin que sea admisible, tampoco, fundar su obligación en una suerte de culpa extracontractual por tener que haber conocido las condiciones de validez que la norma reguladora de la administración de los bienes de los descendientes imponen a sus progenitores, pues como atinadamente alega el recurrente, no puede exigirse al depositario -ante una orden regular de disposición del representante legal (con firma autorizada) del depositante-, que fiscalice el destino que va a dar a su operación y vele por su inmediata o simultanea reinversión en otros bienes o valores seguros, de las acciones al portador del menor, so pena de alterar intensamente la seguridad y el tráfico jurídico que presiden las operaciones bursátiles, y trasladando, en definitiva, al mediador la vigilancia y la suplantación del progenitor en la elección de la reinversión segura, cargando, a la postre, también al depositario -d
e la cuenta corriente a la que estaban vinculadas las acciones al portador del menor-, con unas obligaciones fuera de las legalmente exigibles a un depositario y a un mandatario, constriñéndole, mutatis mutandis, a unos deberes de control que exceden de los de un comerciante diligente. ÚLTIMO.- La estimación del recurso conlleva la absolución de esta entidad mercantil codemandada con expresa imposición de la

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