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AP Lugo, Sec. 2.ª, 84/2005, de 10 de marzo

SP/SENT/358170

Recurso 79/2005. Ponente: MARIA LUISA SANDAR PICADO.

El saldo deudor de una tarjeta de crédito quedará justificdo por la entidad bancaria cuando se acompañe del extracto de referencia a los asientos anotados 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia 6 DE LUGO en fecha 10.11.2004, dictó sentencia en cuya parte dispositiva se establece: FALLO: Que estimando la demanda presentada por la Procuradora Sra. Sexto Rivas en nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya contra Dña. Marí Jose debo condenar y condeno a la demandada a que satisfaga a la actora la cantidad de 12.700,41 euros más los intereses que devengue el tipo pactado, con expresa imposición de las costas del juicio.
SEGUNDO.- Interpuesto el recurso de apelación contra la citada sentencia el mismo fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a la Audiencia provincial correspondiendo por el turno de reparto a esta Sección 2ª.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia que se recurre; y además:
SEGUNDO.- Ejercita la parte actora una acción de reclamación de cantidad en base a los cargos efectuados a través de la tarjeta de crédito que referencia y cuyo contrato adjunta, que figura a nombre de la demandada.
No existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma que regule de forma global su régimen jurídico de modo que los contratos relativos a las tarjetas de crédito son contratos atípicos y complejos, autorizado por los amplios márgenes que para la contratación establece el Art. 1.255 del Código Civil. Las tarjetas de crédito pueden configurarse como instrumentos de pago y crédito, estando implicados en tales relaciones, además del titular de la tarjeta, el banco distribuidor, la entidad emisora, en este caso VISA, y el establecimiento donde se utiliza para la adquisición de bienes o servicios.
TERCERO.- Del propio contrato suscrito entre la entidad actora y la demandada se desprende que al titular de la tarjeta le incumbe una especial obligación de custodia, aportando los medios adecuados para evitar su sustracción o pérdida, procurando en todo momento tener un control de su paradero para comunicar a la entidad la pérdida o sustracción pues, teniendo a su disposición la tarjeta, le corresponde efectuar la advertencia que pone en funcionamiento el sistema de anulación.

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