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AP Córdoba, Sec. 3.ª, 37/2006, de 23 de febrero

SP/SENT/369491

Recurso 47/2006. Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES.

La cláusula que establece el cobro de una comisión por reclamación de posiciones deudoras se considera abusiva, debiendo el banco devolver lo indebidamente cobrado por dicho concepto 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que seguido el juicio por sus trámites se dictó sentencia por el Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 8 DE CORDOBA cuyo fallo es como sigue: " Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. María Luisa Espinosa de los Monteros López, en nombre y representación de la entidad ARADIMA S.L., contra el MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA (EL MONTE), debo condenar y condeno al referido demandado a abonar a la actora la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (4.831'23 ?), y su intereses legales a contar desde la fecha de interpelación judicial, todo ello sin hacer especial pronunciamiento acerca de las costas causadas.".
SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de CAJA DE AHORROS EL MONTE que fue admitido en ambos efectos, oponiéndose al mismo la parte contraria, remitiéndose los autos a este Tribunal y dándose traslado de los mismo al Magistrado Ponente para que dictara la resolución procedente, previa la oportuna deliberación .
TERCERO.- Que en la tramitación de las dos instancias de este juicio se han observado las prescripciones legales.
Aceptando los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Alega en primer lugar la parte recurrente la falta de motivación de la sentencia recurrida (incongruencia omisiva). El artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate". En relación con este deber de motivación, la sentencia del Tribunal Constitucional 196/2003, de 27 de octubre , con cita de otras muchas del propio Tribunal, señala que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener elementos y razones de juicio que permitan conocer cuales son los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y, en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en derecho. Doctrina jurisprudencial que ha sido recogida por numerosas sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, como las de 26 de enero de 1999 ó 29 de abril de 2005 , que afirman que "los fallos han de ir precedidos de fundamentos -motivación- para que formando una unidad lógica con los antecedentes, se produzca una respuesta judicial ajustada y proporcionada -congruente-, es decir, relacionada co
n las peticiones de las partes -"causa petendi"-, y resolviendo todos los puntos sometidos a la decisión judicial". Ahora bien, como matiza la propia jurisprudencia, el razonamiento jurídico adecuado queda confiado al órgano jurisdiccional competente, sin que sea preciso, en este sentido, una concreta respuesta a todas las alegaciones y argumentaciones jurídicas que las partes puedan efectuar, pues como recuerda la Sentencia de la Sal

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