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AP Cádiz, Jerez de la Frontera, Sec. 8.ª, 120/2006, de 9 de mayo

SP/SENT/374251

Recurso 118/2006. Ponente: MARIA LOURDES MARIN FERNANDEZ.

Al quedar acreditado que intervino como comprador en contrato de financiación donde se obligó a abonar las cuotas, es indiferente lo que hiciera en favor de un tercero, ya fue él quien se comprometió 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día veinte de octubre de dos mil cinco , en el juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando la demanda presentada por el Procurador Dña. Rosario Rodríguez Guerrero en representación de PSA Finance Holding España contra D. Felipe condeno al demandado a que abone la suma de 6436,20 euros más los intereses de mora pactados desde el día 19 de diciembre de 2003 hasta pago, así como al pago de las costas procesales" .
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día diecisiete de abril de dos mil seis quedando visto para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente la Ilma Sra. Magistrada Dña. LOURDES MARIN FERNANDEZ quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Que se interpone recurso de apelación por vulneración del art. 408.3 de la L.E.C y por error en la valoración de las pruebas.
La parte apelada se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia.
SEGUNDO.- Que la parte apelante basa el recurso en primer lugar en vulneración del art. 408.3 de la L.E.C al alegar que como se puso de manifiesto en la oposición del juicio monitorio 288/04 del que dimana este procedimiento la parte apelante no ha incumplido contrato alguno al estar este incurso en causa de nulidad, considerando que la sentencia no se ha pronunciado sobre esta pretensión, que este motivo ha de ser desestimado de plano pues en absoluto se ha infringido el citado precepto sino que por el contrario la sentencia resuelve sobre la improcedencia de tal pretensión al considerarse que esta probado que la parte apelante fue parte en el contrato y que el mismo es valido y eficaz derivándose la obligación de pago.
TERCERO.- Que en segundo lugar se alega error en la valoración de las pruebas. Con carácter general se ha de señalar que el problema que se somete a la decisión de esta Sala es una cuestión de valoración de prueba, sobre la que se hace preciso recordar que en nuestro Ordenamiento Jurídico rige el principio de libre valoración de la prueba por el Tribunal, cuyos resultados obtenidos a través de la valoración conjunta de los medios de prueba de que se han servido las partes ha de preval
ecer por hallarse inspirado en criterios objetivos y desinteresados (SAP Huesca 29-4-1995, 18-10-1989 y SAP Córdoba 7-4-2000 . Como ha proclamado la jurisprudencia del TS, la prueba testifical es de libre valoración por el Tribunal de instancia, con arreglo a las reglas contenidas en los arts. 1247 y 1248 del C.C , de apreciación discrecional conforme a las reglas de la sana crítica. Con arreglo a este criterio, el juzgador de instancia puede oto

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