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AP Sevilla, Sec. 5.ª, 92/2006, de 22 de febrero

SP/SENT/375380

Recurso 891/2006. Ponente: JUAN MARQUEZ ROMERO.

No existe controversia acerca de la propiedad de los fondos al estar integrados por las mensualidades de la pensión de viudedad y de la suma abonada por la aseguradora por el fallecimiento del esposo 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Se aceptan sustancialmente los de la resolución apelada, cuyo fallo literalmente dice: "FALLO: Que estimando integramente la demanda interpuesta por el Procurador D. Julio Paneque Caballero, en nombre y representación de Dª. Camila , contra CAJA RURAL DEL SUR SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (20.837,94 euros) de principal, intereses legales desde la fecha de emplazamiento, y costas causadas."
PRIMERO.- Notificada a las partes dicha resolución y apelada por la parta demandada, y admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación y de oposición a la misma, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su clase.
SEGUNDO.- Por resolución de 9 de febrero de 2006, se señaló la deliberación y votación de este recurso para el día 17 de febrero de 2006, quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución.
TERCERO.- En la sustanciación de la alzada se han observado las prescripciones legales.
VISTOS, siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don JUAN MARQUEZ ROMERO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- No obstante haberse allanado Caja Rural del Sur, Sociedad Cooperativa de Crédito, antes de contestar la demanda formulada en su contra por Doña Camila , por la que, con la debida representación, actuaba su hermana Doña Amparo , a la pretensión deducida en dicha demanda, el juzgador "a quo", en la sentencia que es objeto de ésta alzada, le impuso el pago de las costas causadas, al apreciar en aquélla la mala fe a que se refiere el artículo 395, 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
SEGUNDO.- Pues bien, el tribunal comparte por completo ese criterio, ya que, injustificadamente, la entidad bancaria demandada dio lugar al planteamiento del pleito, no obstante los reiterados requerimientos de la contraparte para que se aviniera a reintegrarle los fondos de la cuenta corriente de su sucursal de El Coronil de la que era titular, junto a sus cuñadas Doña María Angeles y Doña Marcelina , a lo que, después, una vez planteado el pleito, ocasionando a la parte actora los gastos consiguientes, no ha tenido inconveniente en acceder, ingresando en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, a disposición de la actora, dichos fondos. Al imponerle el pago de las costas causadas, no hizo el juzgador de instancia sino aplicar correctamente el precepto antes indicado, que, en su párrafo segundo, señala que se entenderá que en todo caso existe mala fe si, antes de presentada la demanda, se hubiere formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago.
div>TERCERO.- Por otra parte, no encuentra justificación la postura de la demandada, teniendo en cuenta que, como señala la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, suficientemente conocida y alegada en el pleito, lo característico de los depósitos irregulares de dinero en entidades bancarias con titulares indistintos estriba en las facultades solidarias que, frente a la entidad depositaria, tienen

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