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AP Murcia, Sec. 3.ª, 260/2005, de 8 de noviembre

SP/SENT/376696

Recurso 289/2005. Ponente: MARIA DEL PILAR ALONSO SAURA.

Se debe aplicar la doctrina del retraso desleal al pago de los intereses moratorios, pero no excluyéndolos del pago, si no devengándolos desde el día de la recepción del telegrama 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El juzgado de instancia citado, con fecha veintidós de marzo de 2005, dictó en los autos principales de los que dimana el presente rollo la sentencia cuya parte dispositiva dice así: "Fallo: Que desestimando la demanda formulada por el procurador D. Carlos Jimenez Martínez en nombre y representación del Instituto de Credito Oficial contra D. Jose Pablo y Dña. Amanda absolviendo a los demandados de las pretensiones formuladas en su contra con imposición de las costas procesales a la parte demandante."
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante, y siendo tramitado fueron remitidos los autos originales a esta audiencia en la que se formó el oportuno Rollo por la sección Tercera con el nº 289/05, dictándose la presente sin celebración de vista.
TERCERO.- En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La parte demandante mediante el recurso de apelación que ha interpuesto, alega en primer término que no procede la condena en costas, al ser el procedimiento continuación del monitorio , y haber reconocido los demandados la existencia de la deuda del capital del préstamo, y en segundo lugar, que no concurren los requisitos precisos para la aplicación de la doctrina del retraso desleal, haciendo referencia, en síntesis , en primer lugar, en cuanto a la mora del acreedor por falta de ejercicio del derecho, a que no puede culpársele de morosidad cuando ésta trae causa de la pasividad del deudor, teniendo aquél , por otra parte, la facultad, no la obligación, de reclamar, así como a la vulneración del artículo 9 C.E., a la amenaza a la seguridad jurídica, y a la vulneración del principio de legalidad , y privación de eficacia de los artículos 1961 y 1964 del Código Civil, con cita de sentencias del Tribunal Supremo y de Sentencias y Autos de Audiencias Provinciales , que rechazan la aplicación de esta doctrina; en segundo lugar, con respecto a la inactividad del titular del derecho, destaca que la demandante no ha mantenido una actitud pasiva en defensa de su derecho, que es el cobro de su prestamo, habiendo realizado una actividad extrajudicial y judicial en último término , actuando de buena fe y habiendo mantenido los deudores una actitud totalmente pasiva en cuanto al pago , sin intentar averiguar a que se debía la falta de comunicaciones que alegan, ni contactar con el acreedor cuando reciben t
elegramas , cuya recepción ya no pueden negar, y así mismo en cuanto conocen personas cercanas en su misma situación, que han hecho pago, obteniendo su correspondiente carta de pago. Finalmente alega que no es posible la confianza legítima por parte del deudor , ante la falta de los anteriores presupuestos, confianza que no sería, sino gratuita y nunca propiciada por el demandante y que, consta que los demandados pagaron además amortizaciones, de

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