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AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, de 15 de febrero de 2010

SP/SENT/498157

Recurso 6/2009. Ponente: DIEGO CORDOBA CASTROVERDE.

La existencia de una vía penal abierta en la que pudiera declararse la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, no excluye la reclamación para hacer valer una declaración de responsabilidad patrimonial en el ámbito de la jurisdicción c-a 
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La Ley de la Jurisdicción permite a los órganos judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento y resolución de las cuestiones prejudiciales mercantiles que, en su caso, pudieran plantearse 
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Obligación del Ministerio Fiscal de presentar querella ante los órganos judiciales una vez la AEAT puso en su conocimiento la posible existencia de delito en la actividad desarrollada por las entidades dedicadas a la comercialización de sellos 
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Responsabilidad patrimonial por omisión de la Administración: es necesario que haya otro dato en virtud del cual quepa objetivamente imputar la lesión a dicho comportamiento omisivo y sólo puede ser la existencia de un deber jurídico de actuar 
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Doctrina recogida en algunas sentencias del TS sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración frente a reclamaciones formuladas por inversores en sociedades o empresas que posteriormente devinieron insolventes 
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La simple apelación al ejercicio de las facultades de supervisión no es título suficiente para la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, pues es determinante la actitud y conducta de los distintos operadores del mercado 
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La comercialización de sellos como bienes tangibles con un compromiso cierto de revalorización se enmarca dentro de la legislación mercantil, y los contratos suscritos en el ámbito de dicha actividad se regulan por dicha legislación 
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La DA 4ª de la L. 35/2004 no impone a la Administración P. dictar una determinada norma reglamentaria, conteniendo sólo la previsión de un eventual desarrollo y alberga una sustancia normativa suficiente para la implementación de medidas precautorias 
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Inexistencia de norma legal que habilitara a las autoridades de consumo para supervisar la solvencia de las entidades encargadas de la comercialización de bienes tangibles, por lo que no cabe aceptar este título de imputación de la responsabilidad  
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A la CNMV no se le podía exigir ninguna actuación respecto de unas actividades, las de las empresas comercializadoras de sellos, que eran enteramente ajenas a su ámbito de actuación en el mercado de valores desde la óptica de la L. 24/1988 
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Forum y Afinsa sólo estaban sujetas a las facultades de control del Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España, en la medida que hubieran infringido la reserva de actividad legalmente establecida a favor de las entidades de crédito 
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La actuación de AEAT se ajustó a las funciones inspectoras y de control que tenía encomendadas, levantando las correspondientes actas, y regularizando, en su caso, la situación jurídico-tributaria de las entidades 
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Teniendo en cuenta la complejidad y dificultad de las actuaciones inspectoras, no puede pretenderse que exista dilación en el desarrollo de las mismas, ni demora alguna en la denuncia al Ministerio Público de los hechos derivados de las actuaciones 
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La comercialización de bienes tangibles mediante contratos con pacto de recompra es una actividad regulada legalmente y la tolerancia de las autoridades administrativas respecto de su ejercicio no asegura la solvencia económica de dichas empresas 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6, se interpuso recurso contencioso administrativo por la representación de doña Casilda y D. Jose Miguel (rec. nº 48/2008) contra la resolución de 7 de febrero de 2008 dictada por el Director del Servicio Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria desestimatoria de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas por los recurrentes por los daños derivados de la actuación en relación con la entidad Afinsa Bienes Tangibles SA.
Tramitado el recurso se dictó sentencia de fecha 6 de octubre de 2009 , por la que se desestimó el recurso.
Segundo.- Mediante escrito presentado por la Procuradora Doña Diana Fernández Castán, actuando en nombre y representación de Doña Casilda y D. Jose Miguel se interpone recurso de apelación con cita de los preceptos que considera aplicables y solicita sentencia en la que se anule la sentencia impugnada y se acuerde la responsabilidad de la Administración recurrida por los daños y perjuicios producidos en la cantidad solicitada.
Tercero.- Efectuado el traslado del escrito de apelación a la contraparte, esta se opuso a la estimación del recurso de apelación solicitando la confirmación de la sentencia dictada.
Cuarto.- Cumplimentado dicho trámite, se dictó resolución elevando las actuaciones a esta Sala, en la que se dictó providencia acordando lo p
rocedente sobre la apertura del correspondiente rollo, declarándose concluso para resolver a cuyo efecto se señaló para votación y fallo el día 9 de febrero de 2010, teniendo lugar en dicha fecha la referida actuación procesal, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. DIEGO CORDOBA CASTROVERDE.

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