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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, 1766/2018, de 12 de diciembre

SP/SENT/985198

Recurso 4959/2017. Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ CRUZAT.

La prohibición de ofertar viviendas vacacionales que se encuentren ubicadas en las zonas turísticas delimitadas en el ámbito territorial de Canarias establecida en art.3.2 del Decreto 113/2015, es contraria al principio de libertad de empresa 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 118/2015, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia el 25 de mayo de 2017, cuyo fallo dice literalmente:
"1º Estimar el recurso.
2º Anular el artículo 3.2 y subapartado tercero del apartado IV del anexo 2.
3º Con imposición de costas."
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tuvo por preparado mediante Auto de 25 de julio de 2017 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Recibidas las actuaciones y personadas las partes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Auto el 18 de octubre de 2017, cuya parte dispositiva dice literalmente:
" 1.º) Admitir a trámite el recurso de casación preparado por el Letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias contra la sentencia referenciada en el punto anterior.
2.º) Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudenc
ia consiste en determinar si una regulación como la contemplada por el artículo 3.2 del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que pretenden limitar la oferta turística de viviendas es o no contraria a lo establecido por el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y si resulta proporcionada y está suficien

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