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Referencia: SP/LEG/18006

LEY 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci贸n Voluntaria

贸rgano emisor: MINISTERIO DE JUSTICIA
publicaci贸n: B.O.E. num. 158 - 03/07/2015
entrada en vigor: 23/07/2015
Correcci贸n de errores. (BOE n.潞 210, de 2 de septiembre de 2015).
PRE脕MBULO
I
La incorporaci贸n a nuestro ordenamiento jur铆dico de una Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria forma parte del proceso general de modernizaci贸n del sistema positivo de tutela del Derecho privado iniciado hace ahora m谩s de una d茅cada. La disposici贸n final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, encomendaba al Gobierno la remisi贸n a las Cortes Generales de un proyecto de Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria, una previsi贸n legal vinculada con la construcci贸n de un sistema procesal avanzado y homologable al existente en otros pa铆ses.
Con la Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria se da una mayor coherencia sistem谩tica y racionalidad a nuestro ordenamiento jur铆dico procesal. En efecto, el lugar central de la Ley de Enjuiciamiento Civil en nuestro sistema de justicia, como norma encargada de la ordenaci贸n completa del proceso civil y de dar plenitud al sistema procesal en su conjunto, es dif铆cilmente compatible con el mantenimiento en su articulado de algunas materias que merec铆an un tratamiento legal diferenciado, por mucho que su conocimiento correspondiera a los tribunales civiles.
Entre esas materias se encuentra, de forma pac铆ficamente aceptada, la jurisdicci贸n voluntaria. Su regulaci贸n dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ha ocurrido en Espa帽a desde 1855, era fruto m谩s bien de la vocaci贸n recopiladora de nuestro Derecho hist贸rico que el resultado de la aplicaci贸n al 谩mbito jur铆dico-procesal de determinadas categor铆as conceptuales. Por esa raz贸n ahora se opta, al igual que en la mayor铆a de las naciones de nuestro entorno, por separar la jurisdicci贸n voluntaria de la regulaci贸n procesal com煤n, manteni茅ndose entre ellas las relaciones naturales de especialidad y subsidiariedad que se producen entre normas dentro de cualquier sistema jur铆dico complejo.
Su regulaci贸n en una ley independiente supone, al mismo tiempo, el reconocimiento de la autonom铆a conceptual de la jurisdicci贸n voluntaria dentro del conjunto de actividades jur铆dico-p煤blicas legalmente atribuidas a los tribunales de justicia.
II
La Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria no se justifica s贸lo como un elemento m谩s dentro de un plan de racionalizaci贸n de nuestro ordenamiento procesal civil. Tampoco como un simple cauce de homologaci贸n legislativa con otras naciones. La Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria debe ser destacada, adem谩s, como contribuci贸n singular a la modernizaci贸n de un sector de nuestro Derecho que no ha merecido tan detenida atenci贸n por el legislador o los autores como otros 谩mbitos de la actividad judicial, pero en el que est谩n en juego intereses de gran relevancia dentro de la esfera personal y patrimonial de las personas.
Esta Ley es, en otras palabras, la respuesta a la necesidad de una nueva ordenaci贸n legal, adecuada, razonable y realista de la jurisdicci贸n voluntaria. En la normativa anterior no era dif铆cil advertir la huella del tiempo, con defectos de regulaci贸n y normas obsoletas o sin el adecuado rigor t茅cnico. Las reformas parciales experimentadas en este tiempo no evitaron la pervivencia de disposiciones poco arm贸nicas con instituciones org谩nicas y procesales vigentes m谩s modernas, lo que constituy贸 un obst谩culo para alcanzar la eficacia que se espera de todo instrumento legal que debe servir como cauce de intermediaci贸n entre el ciudadano y los poderes p煤blicos.
La Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria aprovecha la experiencia de los operadores jur铆dicos y la doctrina emanada de los tribunales y de los autores para ofrecer al ciudadano medios efectivos y sencillos, que faciliten la obtenci贸n de determinados efectos jur铆dicos de una forma pronta y con respeto de todos los derechos e intereses implicados.
III
El inter茅s del ciudadano ocupa un lugar central entre los objetivos de esta Ley. A lo largo de su articulado se establecen instrumentos sencillos, efectivos y adecuados a la realidad social a la que se aplican, en el caso de que requieran la intervenci贸n de los tribunales de justicia a trav茅s de cualquiera de los actos de jurisdicci贸n voluntaria.
Este solo argumento justificar铆a la procedencia de cualquier reforma legal que afecte a la Justicia y a sus 贸rganos, pues la actividad de estos, como toda labor p煤blica en la que est茅 en juego la existencia o efectividad de derechos subjetivos, debe ser apta para lograr el efecto que se desea por medios que no generen insatisfacci贸n o frustraci贸n entre los interesados. De ah铆 que la Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria facilite a los ciudadanos una regulaci贸n legal sistem谩tica, ordenada y completa de los diferentes expedientes que se contienen en ella, actualizando y simplificando las normas relativas a su tramitaci贸n, tratando de optar por el cauce menos costoso y m谩s r谩pido, desde el respeto m谩ximo de las garant铆as y de la seguridad jur铆dica, y tomando especial cuidado en la ordenaci贸n adecuada de sus actos e instituciones.
Se trata, de este modo, de regular los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria de manera que el ciudadano se vea amparado con el grado de efectividad que demanda una sociedad cada vez m谩s consciente de sus derechos y cada vez m谩s exigente con sus 贸rganos p煤blicos. En ocasiones, el objetivo anterior se consigue con una mera puesta al d铆a de las actuaciones que componen un determinado expediente. En otras, dicho objetivo se busca desde la simplificaci贸n, conjunci贸n y armonizaci贸n de sus preceptos con otros integrados en normas procesales o sustantivas. En especial, se toma particular cuidado en adaptar la regulaci贸n de los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria a los principios, preceptos y normas generales contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, trat谩ndose de soslayar con ello problemas de interpretaci贸n y d谩ndose respuesta a algunas lagunas legales y apor铆as.
Esta Ley se ha elaborado al mismo tiempo que otras reformas, afectando a las mismas normas, como las leyes de modificaci贸n del sistema de protecci贸n a la infancia y adolescencia, que dar谩n una nueva regulaci贸n, entre otras cuestiones, al acogimiento y adopci贸n de menores. Ello obliga a coordinar el contenido de estas leyes.
Tambi茅n se busca la adaptaci贸n a la Convenci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, la cual afecta a la nueva terminolog铆a, en la que se abandona el empleo de los t茅rminos de incapaz o incapacitaci贸n, y se sustituyen por la referencia a las personas cuya capacidad est谩 modificada judicialmente.
IV
Al operar como cauce de actuaci贸n y de efectividad de determinados derechos regulados en el C贸digo Civil, en el C贸digo de Comercio y en la legislaci贸n especial de Derecho privado, no es dif铆cil deducir el car谩cter adjetivo o auxiliar de la jurisdicci贸n voluntaria, si bien con diferencias sustanciales con respecto a la jurisdicci贸n, en sentido propio.
La jurisdicci贸n voluntaria se vincula con la existencia de supuestos en que se justifica el establecimiento de limitaciones a la autonom铆a de la voluntad en el 谩mbito del Derecho privado, que impiden obtener un determinado efecto jur铆dico cuando la trascendencia de la materia afectada, la naturaleza del inter茅s en juego o su incidencia en el estatuto de los interesados o afectados, as铆 lo justifiquen. O tambi茅n, con la imposibilidad de contar con el concurso de las voluntades individuales precisas para constituir o dar eficacia a un determinado derecho.
La virtualidad de tales efectos requiere la actuaci贸n del Juez, en atenci贸n a la autoridad que el titular de la potestad jurisdiccional merece como int茅rprete definitivo de la ley, imparcial, independiente y esencialmente desinteresado en los asuntos que ante ella se dilucidan. Circunstancia que los hace especialmente aptos para una labor en la que est谩 en juego la esfera de los derechos de los sujetos.
No obstante, resulta constitucionalmente admisible que, en virtud de razones de oportunidad pol铆tica o de utilidad pr谩ctica, la ley encomiende a otros 贸rganos p煤blicos, diferentes de los 贸rganos jurisdiccionales, la tutela de determinados derechos que hasta el momento actual estaban incardinados en la esfera de la jurisdicci贸n voluntaria y que no afectan directamente a derechos fundamentales o suponen afectaci贸n de intereses de menores o personas que deben ser especialmente protegidas, y as铆 se ha hecho en la presente Ley.
V
Precisamente sobre la base de la experiencia aplicativa de nuestro sistema de jurisdicci贸n voluntaria, y desde la ponderaci贸n de la realidad de nuestra sociedad y de los diferentes instrumentos en ella existentes para la actuaci贸n de los derechos, no es nuevo el debate sobre si ser铆a pertinente mantener en este campo la exclusividad de los tribunales de justicia 鈥搚, dentro de ellos, del personal jurisdicente鈥, o si ser铆a preferible encomendar su conocimiento a otros 贸rganos y funcionarios p煤blicos.
Buscando dar una respuesta id贸nea a las cuestiones anteriores, la Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria, conforme con la experiencia de otros pa铆ses, pero tambi茅n atendiendo a nuestras concretas necesidades, y en la b煤squeda de la optimizaci贸n de los recursos p煤blicos disponibles, opta por atribuir el conocimiento de un n煤mero significativo de los asuntos que tradicionalmente se inclu铆an bajo la r煤brica de la jurisdicci贸n voluntaria a operadores jur铆dicos no investidos de potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, compartiendo con car谩cter general la competencia para su conocimiento. Estos profesionales, que a煤nan la condici贸n de juristas y de titulares de la fe p煤blica, re煤nen sobrada capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garant铆as, en algunos de los actos de jurisdicci贸n voluntaria que hasta ahora se encomendaban a los Jueces. Si bien la m谩xima garant铆a de los derechos de la ciudadan铆a viene dada por la intervenci贸n de un Juez, la desjudicializaci贸n de determinados supuestos de jurisdicci贸n voluntaria sin contenido jurisdiccional, en los que predominan los elementos de naturaleza administrativa, no pone en riesgo el cumplimiento de las garant铆as esenciales de tutela de los derechos e intereses afectados.
La soluci贸n legal dada es acorde con los postulados de nuestra Carta Magna y, adem谩s, oportuna en atenci贸n a diferentes factores. El prestigio adquirido a lo largo de los a帽os por estos Cuerpos de funcionarios entre los ciudadanos es un elemento que ayuda a despejar cualquier inc贸gnita sobre su aptitud para intervenir en la tutela administrativa de determinados derechos privados, como protagonistas principales que son de nuestro sistema de fe p煤blica y garantes de la seguridad jur铆dica, sin olvidar el hecho de que muchos de los actos de jurisdicci贸n voluntaria tienen por objeto obtener la certeza sobre el estado o modo de ser de determinados negocios, situaciones o relaciones jur铆dicas que dichos profesionales est谩n en inmejorable condici贸n para apreciarlos adecuadamente.
Junto a lo anterior, la consideraci贸n de los recursos organizativos personales y medios materiales puestos en la actualidad a su disposici贸n, as铆 como del elevado grado de modernizaci贸n y especializaci贸n que alcanza hoy la Administraci贸n p煤blica, profesionalizada y regida por los principios de objetividad, eficacia e interdicci贸n de la arbitrariedad, y sujeta a la Ley y al Derecho por mandato constitucional, justifican igualmente la apuesta por la desjudicializaci贸n de ciertas materias que hasta ahora eran atribuidas a Jueces y Magistrados. Esto 煤ltimo pone de relieve que hoy han perdido vigencia algunas de las razones que justificaron hist贸ricamente la atribuci贸n de la jurisdicci贸n voluntaria, en r茅gimen de exclusividad, a los Jueces; pues, junto a ellos, las sociedades avanzadas cuentan en la actualidad con otras opciones viables para la efectividad de los derechos privados, cuando para ello se requiera la intervenci贸n o mediaci贸n de 贸rganos p煤blicos.
VI
De la separaci贸n de determinados asuntos del 谩mbito competencial de los Jueces y Magistrados s贸lo cabe esperar, pues, beneficios para todos los sujetos implicados en la jurisdicci贸n voluntaria: para el ciudadano, en la medida en que ello debe tener como consecuencia, cuando precise la actuaci贸n del Estado para la actuaci贸n de un determinado derecho, una mayor efectividad de sus derechos sin p茅rdida de garant铆as; para Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, por la nueva dimensi贸n que se les da como servidores p煤blicos, consecuente con su real cualificaci贸n t茅cnica y el papel relevante que desempe帽an en el tr谩fico jur铆dico; y, en 煤ltimo t茅rmino, para Jueces y Magistrados, que pueden centrar sus esfuerzos en el cumplimiento de la esencial misi贸n que la Constituci贸n les encomienda, como exclusivos titulares de la potestad jurisdiccional y garantes 煤ltimos de los derechos de las personas.
La distribuci贸n de los asuntos entre estos profesionales se ha realizado siguiendo criterios de racionalidad, buscando desde el primer momento el m谩ximo consenso con los colectivos implicados, con voluntad de permanencia en el tiempo, adapt谩ndose a la actual realidad social, plenamente garantista en la realizaci贸n de los derechos e intereses de los afectados, a fin de dar respuesta, tambi茅n en esta parcela del ordenamiento, al desaf铆o de una Justicia m谩s moderna y eficaz.
El objetivo trazado en el plan inicial era asignar cada materia a aquel operador jur铆dico a quien, por su cercan铆a material o por garantizar una respuesta m谩s pronta al ciudadano, era aconsejable que se hiciera cargo de su conocimiento; o a aqu茅l a quien, en virtud de la naturaleza del inter茅s o del derecho en juego, le fuera constitucionalmente exigible encargarse de la tramitaci贸n de dicha materia.
Sin embargo, finalmente se ha optado, con car谩cter general, por la alternatividad entre diferentes profesionales en determinadas materias espec铆ficas que se desgajan de la 贸rbita de la Autoridad Judicial. Se establecen competencias compartidas entre Secretarios judiciales, Notarios o Registradores, lo que es posible atendiendo a que son funcionarios p煤blicos y a las funciones que desempe帽an: los Secretarios judiciales y Notarios son titulares de la fe p煤blica judicial o extrajudicial, y los Registradores tienen un conocimiento directo y especializado en el 谩mbito del derecho de propiedad y en el mercantil, en concreto en sociedades.
La facultad que con ello tienen los ciudadanos de acudir a diferentes profesionales en materias que tradicionalmente quedaban reservadas al 谩mbito judicial, s贸lo puede interpretarse como una ampliaci贸n de los medios que esta Ley pone a su disposici贸n para garantizar sus derechos. Constituye una garant铆a para el ciudadano, que ve optimizada la atenci贸n que se le presta, al poder valorar las distintas posibilidades que se le ofrecen para elegir aquella m谩s acorde con sus intereses. Ning煤n aspecto de los ciudadanos se ver谩 perjudicado dado que puede acudir o al Secretario judicial, haciendo uso de los medios que la Administraci贸n de Justicia pone a su disposici贸n, o al Notario o Registrador, en cuyo caso deber谩 abonar los aranceles correspondientes.
La reforma contempla, con un criterio de prudencia dada la procedencia de estos expedientes del 谩mbito judicial, ciertos l铆mites al principio de libre elecci贸n del Notario por el requirente, al establecer criterios de competencia territorial que tienen una conexi贸n razonable con los elementos personales o reales del expediente. No obstante, se avanza hacia una mayor flexibilizaci贸n de las reglas competenciales respecto de las vigentes actualmente en el 谩mbito judicial.
VII
Por lo que se refiere a los expedientes que se mantienen en el seno de la Administraci贸n de Justicia, el criterio seguido por la Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria es el de otorgar el impulso y la direcci贸n de los expedientes a los Secretarios judiciales, atribuy茅ndose al Juez o al propio Secretario judicial, seg煤n el caso, la decisi贸n de fondo que recaiga sobre aquellos y las dem谩s resoluciones que expresamente se indiquen por esta Ley. Se reserva la decisi贸n de fondo al Juez de aquellos expedientes que afectan al inter茅s p煤blico o al estado civil de las personas, los que precisan una espec铆fica actividad de tutela de normas sustantivas, los que pueden deparar actos de disposici贸n o de reconocimiento, creaci贸n o extinci贸n de derechos subjetivos o cuando est茅n en juego los derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente, en la nueva terminolog铆a a la que ya se ha hecho referencia. De este modo, el Juez es el encargado de decidir, como regla general, los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en materia de personas y de familia, y tambi茅n alguno de los expedientes en materia mercantil y de Derecho de obligaciones y sucesorio que no se encomiendan a Secretarios judiciales, Notarios o Registradores.
VIII
Los Secretarios judiciales asumen, como se ha se帽alado, un papel acorde a las funciones procesales que se les atribuyen tras la entrada en vigor de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislaci贸n procesal para la implantaci贸n de la nueva Oficina judicial. De este modo, se materializa la previsi贸n contenida en el art铆culo 456 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, que otorga competencias al Secretario judicial en materia de jurisdicci贸n voluntaria cuando as铆 lo prevean las leyes procesales, que da respuesta a la recomendaci贸n contenida en diferentes documentos oficiales (la Recomendaci贸n del Consejo de Europa de 1986, el Libro Blanco de la Justicia, elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial en 1997, o el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito por los principales grupos parlamentarios el 28 de mayo de 2001). Esta habilitaci贸n legal, sin embargo, ha de hacerse compatible con las importantes funciones que tienen de direcci贸n procesal de los procedimientos civiles y con la jefatura de la oficina judicial que tambi茅n les corresponde. Por ello, se ha procurado que la atribuci贸n de competencias a los Secretarios judiciales en materia de jurisdicci贸n voluntaria no se haga a costa de perjudicar el ejercicio de las otras importantes misiones que por ley les corresponden, tomando especial cuidado de hacerles cargo de la decisi贸n de los expedientes en donde mejor y m谩s eficazmente pueden servir a los intereses de los ciudadanos.
En primer lugar, al Secretario judicial incumbir谩 el impulso del expediente de jurisdicci贸n voluntaria dentro de sus funciones de direcci贸n t茅cnica procesal, as铆 como dictar las resoluciones interlocutorias que sean precisas. Para el desempe帽o de esta labor cuentan con la posibilidad legal, expresamente prevista en el art铆culo 438.3 y 5 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, de utilizar los servicios comunes de las oficinas judiciales.
Asimismo, el Secretario judicial va a encargarse de la decisi贸n de algunos expedientes en los que se pretende obtener la constancia fehaciente sobre el modo de ser de un determinado derecho o situaci贸n jur铆dica, y siempre que no implique reconocimiento de derechos subjetivos: cumplen estas condiciones el nombramiento de defensor judicial o la declaraci贸n de ausencia y de fallecimiento 鈥揺ntre los expedientes en materia de personas鈥.
A los Notarios y a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles se les encomienda el conocimiento de aquellas materias donde su grado de preparaci贸n y su experiencia t茅cnica favorecen la efectividad de los derechos y la obtenci贸n de la respuesta m谩s pronta para el ciudadano. Su participaci贸n como 贸rgano p煤blico responsable, en el caso de los Notarios, tiene lugar en la mayor铆a de los actos de car谩cter testamentario sucesorio, como la declaraci贸n de herederos abintestato o la adveraci贸n y protocolizaci贸n de los testamentos, pero tambi茅n realizando los ofrecimiento de pago o admitiendo dep贸sitos y procediendo a la venta de los bienes depositados.
Como los Secretarios judiciales y Notarios son titulares de la fe p煤blica judicial o extrajudicial se les atribuye, de forma concurrente, la tramitaci贸n y resoluci贸n de determinados expedientes de sucesiones, la consignaci贸n de deudas pecuniarias y tambi茅n las subastas voluntarias.
Igualmente se produce la concurrencia en el 谩mbito mercantil. La intervenci贸n del Registrador Mercantil, junto al Secretario judicial, se justifica por la especialidad material de estos expedientes en donde asume un relevante protagonismo.
L贸gicamente, en todos los supuestos en los que se establece una competencia concurrente entre varios operadores jur铆dicos, iniciada o resuelta definitivamente una actuaci贸n por uno de ellos no ser谩 posible la iniciaci贸n o continuaci贸n de otro expediente con id茅ntico objeto ante otro.
No obstante, en la medida que la presente Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria desjudicializa y encomienda a Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles determinados expedientes en exclusividad, se prev茅 que los ciudadanos que tengan que acudir a los mismos puedan obtener el derecho de justicia gratuita, para evitar situaciones de imposibilidad de ejercicio de un derecho, que hasta ahora era gratuito, por falta de medios.
IX
Es oportuno realizar alguna consideraci贸n m谩s acerca de la posici贸n que ocupa esta Ley dentro del sistema de tutela del Derecho privado, as铆 como sobre su estructura interna. Como parte de ese aludido plan de racionalizaci贸n y modernizaci贸n del ordenamiento jur铆dico, la Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria opera como norma general en su espec铆fico 谩mbito de regulaci贸n. Ello garantiza la plenitud del sistema, as铆 como la existencia de norma aplicable en todo caso, evit谩ndose la producci贸n de lagunas.
La Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria contiene las normas comunes para la tramitaci贸n de los expedientes de esta naturaleza regulados por las leyes, cuyo conocimiento se atribuye al Juez o al Secretario judicial, dando as铆 coherencia interna a su articulado. Ello le otorga an谩loga vocaci贸n codificadora a la que en su momento correspondi贸, «mutatis mutandis», a la Ley 1/2000, de 7 de enero, en relaci贸n con la denominada jurisdicci贸n contenciosa. Razonablemente tambi茅n, aquellos actos que, con la nueva regulaci贸n, quedan fuera del 谩mbito competencial de los tribunales de justicia se regulan extramuros de esta Ley, en otras normas dentro del ordenamiento jur铆dico a las que se da nueva redacci贸n en sus disposiciones finales.
Respecto a sus rasgos caracter铆sticos generales, la Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria parte de la regulaci贸n de una serie de normas comunes, atinentes a su 谩mbito de aplicaci贸n, presupuestos procesales del 贸rgano judicial y de las partes, y a la tramitaci贸n del expediente. Estas normas dan forma a un procedimiento general de jurisdicci贸n voluntaria, de aplicaci贸n subsidiaria a cada uno de los expedientes en lo no espec铆ficamente establecido por cada una de las regulaciones particulares.
En ocasiones, para evitar duplicidades en la regulaci贸n de determinadas materias, la Ley se remite a la legislaci贸n civil o mercantil cuando en ella se regula un determinado expediente. Se trata de una soluci贸n plenamente respetuosa con la realidad de nuestro ordenamiento jur铆dico, pues, en efecto, la ordenaci贸n de algunas instituciones de Derecho privado explicita los rasgos esenciales del procedimiento para obtener el concreto efecto jur铆dico a que aqu茅lla se refiere. Esta soluci贸n es menos perturbadora que otras, considerando que la opuesta 鈥搎ue consistir铆a en trasladar todas esas normas desde la ley sustantiva a esta Ley鈥 implicar铆a dejar vac铆os de contenido numerosos preceptos del C贸digo Civil u otras normas de nuestro ordenamiento jur铆dico. La prudencia, que siempre debe presidir toda reforma legal, obliga a optar por el mantenimiento de algunas de estas normas en su sede actual, sin perjuicio de que en el futuro razones de pol铆tica legislativa puedan aconsejar otras posibles soluciones.
X
La distribuci贸n de los actos de jurisdicci贸n voluntaria entre diferentes operadores jur铆dicos se refleja tambi茅n en la estructura de esta Ley. El criterio que se sigue es, por razones de sistem谩tica legislativa, el de extraer de su articulado la regulaci贸n de todos aquellos expedientes cuya tramitaci贸n se mantiene fuera de la Administraci贸n de Justicia, con la consecuencia de que tan s贸lo se regular谩n en su seno los actos de la competencia del Juez o del Secretario judicial.
Por su lado, los expedientes encargados a Notarios y a Registradores se regulan respectivamente en la legislaci贸n notarial e hipotecaria. A tal efecto, las disposiciones finales de la presente Ley introducen las modificaciones correspondientes de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, para incorporar la tramitaci贸n procedimental de los expedientes que se les encomiendan. El Texto Refundido de la Ley Hipotecaria (aprobada por el Decreto de 8 de febrero de 1946) no se modifica en esta Ley, salvo lo que se refiere al art铆culo 14 en lo que se explica m谩s adelante, sino por las normas de puesta en pr谩ctica del informe de la Comisi贸n para la Reforma de las Administraciones P煤blicas, aprobado por el Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013, atendiendo, en este caso, a la relevancia que tiene la inaplazable coordinaci贸n entre el Catastro y el Registro y el establecimiento de la regulaci贸n de un sistema de comunicaci贸n bidireccional entre ambas instituciones.
Hecha esta precisi贸n, se debe se帽alar que los preceptos de la Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria se integran en t铆tulos y 茅stos a su vez en cap铆tulos y, ocasionalmente, en secciones.
En su T铆tulo Preliminar, bajo la r煤brica «Disposiciones generales», se contienen normas sobre su 谩mbito de aplicaci贸n, competencia objetiva, legitimaci贸n y postulaci贸n, intervenci贸n del Ministerio Fiscal, y el criterio general sobre pr谩ctica de la prueba, entre otras relevantes previsiones. La Ley define su 谩mbito de aplicaci贸n sobre una base puramente formal, sin doctrinarismos, entendiendo que s贸lo ser谩n de aplicaci贸n los preceptos que la conforman a los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria que, estando legalmente previstos, requieran la intervenci贸n de un 贸rgano jurisdiccional en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso, f贸rmula que facilita la determinaci贸n de dicho 谩mbito. La competencia objetiva se atribuye gen茅ricamente a los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, en su caso, pero la designaci贸n del sujeto a quien corresponde la resoluci贸n dentro del 贸rgano se determina en las normas particulares de cada expediente.
En cuanto a la postulaci贸n y defensa, la Ley no establece un criterio general, dejando el car谩cter preceptivo de la intervenci贸n de Abogado y Procurador a cada caso concreto. Destaca, igualmente, la incorporaci贸n de una norma general que regula los efectos de la pendencia de un expediente de jurisdicci贸n voluntaria, conforme con la cual se impide la tramitaci贸n simult谩nea o sucesiva de dos o m谩s expedientes con id茅ntico objeto d谩ndose preferencia al primero que se hubiera iniciado. Al mismo tiempo, se niega a la resoluci贸n del expediente eficacia impeditiva sobre los procesos jurisdiccionales posteriores que se planteen con id茅ntico objeto, y, de forma equivalente, de acreditarse la pendencia de un expediente de jurisdicci贸n voluntaria sobre el mismo objeto acerca del que existe demanda interpuesta, se proceder谩 al archivo del expediente.
En cuanto a sus efectos econ贸micos, los gastos ocasionados por un expediente de jurisdicci贸n voluntaria ser谩n de cuenta del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa. Se descarta, de forma razonable, la traslaci贸n a este 谩mbito del criterio general objetivo o del vencimiento del proceso civil dado que, por la naturaleza de este tipo de peticiones, no cabe entender la existencia de vencedores ni vencidos en el expediente.
Los dos Cap铆tulos que integran el T铆tulo I regulan, respectivamente, las normas de Derecho internacional privado de la Ley (en las cuales se establece el criterio general de competencia internacional para conocer de los expedientes, la remisi贸n a las normas de conflicto de Derecho internacional privado, as铆 como normas espec铆ficas para el reconocimiento y eficacia en Espa帽a de los actos de jurisdicci贸n voluntaria acordados por autoridades extranjeras), y las normas procedimentales generales, aplicables a todos los expedientes de esta Ley en lo no establecido por sus normas espec铆ficas. Con relaci贸n a esto segundo, se regula el expediente adopt谩ndose un punto de vista din谩mico, desde su iniciaci贸n hasta su decisi贸n, incluy茅ndose normas sobre acumulaci贸n de expedientes, tratamiento procesal de la competencia, admisi贸n de la solicitud y situaci贸n de los interesados, celebraci贸n de la comparecencia oral, decisi贸n del expediente y r茅gimen de recursos, materia 茅sta 煤ltima en la que la Ley se remite a lo establecido, con car谩cter general, por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuesti贸n a destacar es que, salvo que la Ley expresamente lo prevea, la formulaci贸n de oposici贸n por alguno de los interesados no har谩 contencioso el expediente, ni impedir谩 que contin煤e su tramitaci贸n hasta que sea resuelto. La Ley establece que la oposici贸n a la remoci贸n de la tutela o a la adopci贸n hace contencioso el procedimiento.
El T铆tulo II regula los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en materia de personas: en concreto, el ordenado a obtener la autorizaci贸n judicial del reconocimiento de la filiaci贸n no matrimonial, el de habilitaci贸n para comparecer en juicio y el nombramiento del defensor judicial 鈥揺stos dos se atribuyen al Secretario judicial鈥, as铆 como la adopci贸n y las cuestiones relativas a la tutela, la curatela y la guarda de hecho. Este t铆tulo incluye tambi茅n los expedientes de concesi贸n judicial de la emancipaci贸n y del beneficio de la mayor铆a de edad, la adopci贸n de medidas de protecci贸n del patrimonio de las personas con discapacidad o la obtenci贸n de aprobaci贸n judicial del consentimiento prestado a las intromisiones leg铆timas en el derecho al honor, a la intimidad o la propia imagen de menores o personas con capacidad modificada judicialmente. Dentro de este mismo T铆tulo se regula tambi茅n la obtenci贸n de autorizaci贸n o aprobaci贸n judicial para realizar actos de disposici贸n, gravamen u otros que se refieran a los bienes o derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente, y, por 煤ltimo, el procedimiento para la constataci贸n de la concurrencia del consentimiento libre y consciente del donante y dem谩s requisitos exigidos para la extracci贸n y trasplante de 贸rganos de un donante vivo, de manera concordante con la legislaci贸n interna e internacional aplicable. El acogimiento de menores est谩 regulado por separado en previsi贸n de una futura desjudicializaci贸n del procedimiento.
Se ha procedido a modificar el sistema legal actual de declaraci贸n de fallecimiento, para prever un expediente de car谩cter colectivo e inmediato, para todas aquellas personas respecto a las que se acredite que se encontraban a bordo de una nave o aeronave cuyo siniestro se haya verificado, tratando de dar mejor soluci贸n a los problemas e incidencias que se producen a los familiares de residentes en Espa帽a que en cualquier lugar del mundo se vean involucrados en un siniestro del que pueda colegirse la certeza absoluta de su muerte. La legitimaci贸n se otorga 煤nicamente al Ministerio Fiscal, dada la especialidad del supuesto, y se establece un r茅gimen de competencia distinto seg煤n el siniestro ocurra en Espa帽a o fuera.
El T铆tulo III contiene los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en materia de familia y, dentro de ellos, la dispensa del impedimento de muerte dolosa del c贸nyuge anterior, que hasta ahora correspond铆a al Ministro de Justicia, y el de parentesco para contraer matrimonio, el de intervenci贸n judicial en relaci贸n con la adopci贸n de medidas espec铆ficas para el caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad o para el caso de ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administraci贸n de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y tambi茅n un expediente para los casos de desacuerdo conyugal y en la administraci贸n de bienes gananciales. Tambi茅n se ha eliminado la dispensa matrimonial de edad, al elevarla de 14 a 16 a帽os, de acuerdo con la propuesta realizada por los Ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El T铆tulo IV regula los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria que se atribuyen a los 贸rganos jurisdiccionales en materia de derecho sucesorio: por un lado los que se reservan al 谩mbito judicial, como la rendici贸n de cuentas del albaceazgo, las autorizaciones de actos de disposici贸n al albacea o la autorizaci贸n o aprobaci贸n de la aceptaci贸n o repudiaci贸n de la herencia en los casos determinados por la ley; y por otro los que ser谩n a cargo del Secretario judicial con competencia compartida con los Notarios, como la renuncia o pr贸rroga del cargo de albacea o contador-partidor, la designaci贸n de 茅ste y la aprobaci贸n de la partici贸n de la herencia realizada por el contador-partidor dativo. De los dem谩s expedientes de Derecho sucesorio se hacen cargo, como hemos visto, los Notarios.
El T铆tulo V contempla los expedientes relativos al Derecho de obligaciones, en concreto, para la fijaci贸n del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda, del que conocer谩 el Juez, y la consignaci贸n judicial a cargo del Secretario judicial.
El T铆tulo VI se refiere a los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria relativos a los derechos reales, constituidos por la autorizaci贸n judicial al usufructuario para reclamar cr茅ditos vencidos que formen parte del usufructo, y por el expediente de deslinde sobre fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad que ser谩 a cargo del Secretario judicial.
El T铆tulo VII incluye la regulaci贸n de las subastas voluntarias, a realizar por el Secretario judicial de forma electr贸nica.
El T铆tulo VIII incorpora los expedientes en materia mercantil atribuidos a los Jueces de lo Mercantil: exhibici贸n de libros por parte de los obligados a llevar contabilidad y disoluci贸n judicial de sociedades. Junto a ellos se regulan aquellos que son atribuidos a los Secretarios judiciales, cuyo conocimiento compartir谩n con los Registradores Mercantiles, como la convocatoria de las juntas generales o de la asamblea general de obligacionistas, la reducci贸n de capital social, amortizaci贸n o enajenaci贸n de las participaciones o acciones o el nombramiento de liquidador, auditor o interventor. Tambi茅n se incluyen los expedientes de robo, hurto, extrav铆o o destrucci贸n de t铆tulo valor o representaci贸n de partes de socio y el nombramiento de perito en los contratos de seguro, cuya competencia tambi茅n est谩 atribuida a los Notarios.
Por 煤ltimo, en el T铆tulo IX se contiene el r茅gimen jur铆dico del acto de conciliaci贸n de forma completa, trasladando y actualizando a esta Ley lo hasta ahora establecido en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de que, en ejercicio de su autonom铆a de la voluntad, las personas tengan la posibilidad de obtener acuerdos en aquellos asuntos de su inter茅s de car谩cter disponible, a trav茅s de otros cauces, por su sola actuaci贸n o mediante la intervenci贸n de otros intermediarios u operadores jur铆dicos, como los Notarios o Registradores.
XI
Como colof贸n, junto a la disposici贸n derogatoria general y a las disposiciones adicionales sobre las modificaciones y desarrollos reglamentarios requeridos por esta Ley, se incorporan en disposiciones finales las modificaciones pertinentes del C贸digo Civil, el C贸digo de Comercio, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Registro Civil, la Ley de Notariado, la Ley Hipotecaria, la Ley de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesi贸n, adem谩s de la necesaria modificaci贸n de la Ley de Patrimonio de las Administraciones P煤blicas, la Ley del Contrato de Seguros, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de protecci贸n patrimonial de las personas con discapacidad y la Ley por la que se regulan determinadas tasas en el 谩mbito de la Administraci贸n de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses.
La modificaci贸n del C贸digo Civil tiene por objeto la adaptaci贸n de muchos de sus preceptos a las nuevas previsiones contenidas en esta Ley, al tiempo que se introducen modificaciones que afectan a la determinaci贸n de la concurrencia de los requisitos para contraer matrimonio y su celebraci贸n, as铆 como a la regulaci贸n de la separaci贸n o divorcio de mutuo acuerdo de los c贸nyuges sin hijos menores de edad fuera del 谩mbito judicial, atribuyendo al Secretario judicial y al Notario las funciones que hasta ahora correspond铆an al Juez y que tambi茅n conllevan una reforma de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley del Notariado.
Tambi茅n se introduce, por considerarse necesario su adaptaci贸n a la nueva realidad social y desarrollo legislativo en el 谩mbito penal, una nueva regulaci贸n de las causas de indignidad para heredar, as铆 como para ser testigo en el otorgamiento de los testamentos.
Muy importante es tambi茅n la nueva regulaci贸n que del acta o expediente previo a la celebraci贸n del matrimonio recoge el C贸digo Civil, encomendando su tramitaci贸n al Secretario judicial, Notario, al Encargado del Registro Civil o al C贸nsul o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero, al tiempo que la celebraci贸n del mismo podr谩 tener lugar ante el Secretario judicial, Notario, funcionario diplom谩tico o consular, Juez de Paz y Alcalde o concejal en el que este delegue. Todo ello se enmarca igualmente en el proceso de diversificaci贸n de los elementos personales ante los que se lleva a efecto la autorizaci贸n de determinados actos, que permite la concentraci贸n de la Administraci贸n de Justicia a la labor fundamental que la Constituci贸n les atribuye de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Las modificaciones en materia de matrimonio tambi茅n conllevan ajustes que se realizan en la Ley 24/1992, de 10 noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Entidades Religiosas Evang茅licas de Espa帽a, la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Comunidades Israelitas de Espa帽a y la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Comisi贸n Isl谩mica de Espa帽a. Adem谩s, en relaci贸n con la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, se atiende la petici贸n dirigida por esta Federaci贸n para que su denominaci贸n pase a ser la de Federaci贸n de Comunidades Jud铆as de Espa帽a.
Igualmente, y en atenci贸n al pluralismo religioso existente en la sociedad espa帽ola, y teniendo en cuenta que al d铆a de hoy han sido reconocidas con la declaraci贸n de notorio arraigo, se contempla en el C贸digo Civil a estos colectivos el derecho a celebrar matrimonio religioso con efectos civiles, equipar谩ndose al resto de confesiones que ya disfrutaban de esta realidad.
En la Ley del Notariado se prev茅 las reformas derivadas de las nuevas atribuciones otorgadas al Notario, siendo de destacar la previsi贸n para reclamar notarialmente deudas dinerarias que resulten no contradichas y que permiten lograr una carta de pago voluntaria o la formaci贸n mediante un expediente, de un t铆tulo ejecutivo extrajudicial al que el deudor podr谩 oponer, en v铆a judicial, no solo el pago sino todas aquellas causas establecidas en el art铆culo 557 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No es un procedimiento monitorio o de peque帽a cuant铆a sino que se sigue la t茅cnica del Reglamento (CE) n.潞 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril, por el que se establece un t铆tulo ejecutivo europeo para cr茅ditos no impugnados, quedando excluidas las reclamaciones en las que intervenga un consumidor o usuario de servicios, o las derivadas de la Ley de Propiedad Horizontal por las especialidades que concurren en ellas, as铆 como las materias indisponibles por raz贸n de su materia. Se considera que esta nueva v铆a para la reclamaci贸n de cantidades l铆quidas ya vencidas y no pagadas puede contribuir de forma notable a una importante disminuci贸n del volumen de asuntos que ingresa anualmente en los Juzgados, al constituirse como una alternativa a la reclamaci贸n de las deudas en v铆a judicial.
Las reformas del C贸digo Civil y de la Ley del Notariado derivadas de las modificaciones que en materia de sucesiones y, en especial, lo que se refiere a t铆tulos sucesorios, han llevado tambi茅n a modificar la Ley de Patrimonio de las Administraciones P煤blicas. En este caso, para reconocer a la Administraci贸n P煤blica la facultad de declaraci贸n de heredero abintestato, a favor de la Administraci贸n General del Estado, de las Comunidades Aut贸nomas u otros organismos, materia que tambi茅n se desjudicializa, suprimi茅ndose el tradicional reparto en tres partes del haber hereditario y estableciendo que una de ellas ser谩 ingresada en el tesoro p煤blico y las otras dos para asistencia social. Ello justifica tambi茅n la reforma del art铆culo 14 de la Ley Hipotecaria para reconocer como t铆tulo de la sucesi贸n hereditaria, a los efectos del Registro, junto al testamento y al contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaraci贸n de herederos abintestato, la declaraci贸n administrativa de heredero abintestato a favor del Estado o de las Comunidades Aut贸nomas y el certificado sucesorio europeo.
XII
La modificaci贸n de la Ley de Enjuiciamiento Civil sirve tambi茅n para actualizar el procedimiento para el retorno de los menores en los casos de sustracci贸n internacional, al objeto de asegurar una mejor protecci贸n del menor y de sus derechos. Esta reforma revisa la opci贸n legislativa consistente en mantener esta materia dentro del campo de la jurisdicci贸n voluntaria y fuera del 谩mbito propio de los procesos contenciosos de familia, pues se trata de procesos que poco tienen que ver con las normas relativas a la jurisdicci贸n voluntaria. Por este motivo se aborda ahora su regulaci贸n como un proceso especial y con sustantividad propia, a continuaci贸n de los procesos matrimoniales y de menores en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La reforma tambi茅n moderniza este procedimiento, en el que se introducen mejoras sustanciales, incluyendo las medidas cautelares y las comunicaciones directas entre autoridades judiciales.
Se busca en esta reforma una mayor concentraci贸n de la jurisdicci贸n, atribuyendo la competencia al Juzgado de Primera Instancia con competencias en Derecho de Familia de la capital de la provincia en cuya circunscripci贸n se halle el menor que ha sido objeto de un traslado o retenci贸n il铆citos y, si no hubiera, al que por turno de reparto corresponda. Con ello se favorece la especializaci贸n para resolver los problemas que surgen en relaci贸n con estos casos y, en consecuencia, la calidad y la eficacia de la respuesta judicial.
XIII
Por 煤ltimo, en relaci贸n al r茅gimen actual de sucesi贸n en los t铆tulos nobiliarios, se modifica el apartado 3 de la disposici贸n transitoria 煤nica de la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesi贸n de los t铆tulos nobiliarios. Esta disposici贸n viene a establecer un per铆odo transitorio en el cual se aplican con car谩cter retroactivo las disposiciones que se帽ala tal norma, en relaci贸n con aquellos expedientes administrativos o judiciales que estuvieran pendientes de resoluci贸n a fecha de la entrada en vigor de la ley. Con objeto de reforzar el principio de seguridad jur铆dica, sin alterar la intenci贸n inicial del legislador, y en consonancia con lo dispuesto en los apartados 1 y 4 de la disposici贸n transitoria 煤nica, se estima necesario modificar la redacci贸n de su apartado 3 para aclarar que la retroactividad que la ley contempla se refiere s贸lo a los expedientes que a 27 de julio de 2005 estuvieran pendientes de resoluci贸n, as铆 como a los que se promuevan despu茅s de esa fecha pero, en todo caso, antes del 20 de noviembre de 2006, fecha en la que entr贸 en vigor la ley conforme a la disposici贸n final segunda.
La aprobaci贸n y vigencia de la Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria ha de tener como necesaria consecuencia la derogaci贸n casi definitiva de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que se ha mantenido todos estos a帽os en vigor en lo relativo a la jurisdicci贸n voluntaria y a los actos de conciliaci贸n.
T脥TULO PRELIMINAR-Disposiciones generales
Art铆culo 1. Objeto y 谩mbito de aplicaci贸n
1. La presente Ley tiene por objeto la regulaci贸n de los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria que se tramitan ante los 贸rganos jurisdiccionales.
2. Se consideran expedientes de jurisdicci贸n voluntaria a los efectos de esta Ley todos aquellos que requieran la intervenci贸n de un 贸rgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.
Art铆culo 2. Competencia en materia de jurisdicci贸n voluntaria
1. Los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, seg煤n el caso, tendr谩n competencia objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria.
2. En los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria la competencia territorial vendr谩 fijada por el precepto correspondiente en cada caso, sin que quepa modificarla por sumisi贸n expresa o t谩cita.
3. El impulso y la direcci贸n de los expedientes corresponder谩 a los Secretarios judiciales, atribuy茅ndose al Juez o al Secretario judicial, seg煤n el caso, la decisi贸n de fondo que recaiga sobre aquellos y las dem谩s resoluciones que expresamente se indiquen por esta Ley.
Cuando no venga atribuida la competencia expresamente a ninguno de ellos, el Juez decidir谩 los expedientes que afecten al inter茅s p煤blico, al estado civil de las personas, los que precisen la tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposici贸n, reconocimiento, creaci贸n o extinci贸n de derechos subjetivos, as铆 como cuando afecten a los derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente. El resto de expedientes ser谩n resueltos por el Secretario judicial.
Art铆culo 3. Legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Podr谩n promover expedientes de jurisdicci贸n voluntaria e intervenir en ellos quienes sean titulares de derechos o intereses leg铆timos o cuya legitimaci贸n les venga conferida legalmente sobre la materia que constituya su objeto, sin perjuicio de los casos en que el expediente pueda iniciarse de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.
2. Tanto los solicitantes como los interesados deber谩n actuar defendidos por Letrado y representados por Procurador en aquellos expedientes en que as铆 lo prevea la presente Ley. No obstante, aun cuando no sea requerido por la ley, las partes que lo deseen podr谩n actuar asistidas o representadas por Abogado y Procurador, respectivamente.
En todo caso, ser谩 necesaria la actuaci贸n de Abogado y Procurador para la presentaci贸n de los recursos de revisi贸n y apelaci贸n que en su caso se interpongan contra la resoluci贸n definitiva que se dicte en el expediente, as铆 como a partir del momento en que se formulase oposici贸n.
Art铆culo 4. Intervenci贸n del Ministerio Fiscal
El Ministerio Fiscal intervendr谩 en los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria cuando afecten al estado civil o condici贸n de la persona o est茅 comprometido el inter茅s de un menor o una persona con capacidad modificada judicialmente, y en aquellos otros casos en que la ley expresamente as铆 lo declare.
Art铆culo 5. Prueba
El Juez o el Secretario judicial, seg煤n quien sea el competente para el conocimiento del expediente, decidir谩 sobre la admisi贸n de los medios de prueba que se le propongan, pudiendo ordenar prueba de oficio en los casos en que exista un inter茅s p煤blico, se afecte a menores o personas con capacidad modificada judicialmente, lo estime conveniente para clarificar alg煤n elemento relevante y determinante de la cuesti贸n o expresamente lo prevea la ley.
Art铆culo 6. Tramitaci贸n simult谩nea o posterior de expedientes o procesos
1. Cuando se tramiten simult谩neamente dos o m谩s expedientes con id茅ntico objeto, proseguir谩 la tramitaci贸n del que primero se hubiera iniciado y se acordar谩 el archivo de los expedientes posteriormente incoados.
El r茅gimen jur铆dico contemplado en el presente apartado para los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria ser谩 aplicable tambi茅n a los expedientes tramitados por Notarios y Registradores en aquellas materias en las que la competencia les venga atribuida concurrentemente con la del Secretario judicial.
2. No se podr谩 iniciar o continuar con la tramitaci贸n de un expediente de jurisdicci贸n voluntaria que verse sobre un objeto que est茅 siendo sustanciado en un proceso jurisdiccional. Una vez acreditada la presentaci贸n de la correspondiente demanda, se proceder谩 al archivo del expediente, remiti茅ndose las actuaciones realizadas al tribunal que est茅 conociendo del proceso jurisdiccional para que lo incorpore a los autos.
3. Se acordar谩 la suspensi贸n del expediente cuando se acredite la existencia de un proceso jurisdiccional contencioso cuya resoluci贸n pudiese afectarle, debiendo tramitarse el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el art铆culo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art铆culo 7. Gastos
Los gastos ocasionados en los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria ser谩n a cargo del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa.
Los gastos ocasionados por testigos y peritos ser谩n a cargo de quien los proponga.
Art铆culo 8. Car谩cter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil ser谩n de aplicaci贸n supletoria a los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en todo lo no regulado por la presente Ley.
T脥TULO I-De las normas comunes en materia de tramitaci贸n de los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria
CAP脥TULO I-Normas de Derecho internacional privado
Art铆culo 9. Competencia internacional
1. Los 贸rganos judiciales espa帽oles ser谩n competentes para conocer los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria suscitados en los casos internacionales, cuando concurran los foros de competencia internacional recogidos en los Tratados y otras normas internacionales en vigor para Espa帽a.
En los supuestos no regulados por tales Tratados y otras normas internacionales, la competencia vendr谩 determinada por la concurrencia de los foros de competencia internacional recogidos en la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
2. En el caso de que, con arreglo a las normas de competencia internacional, los 贸rganos judiciales espa帽oles fueran competentes en relaci贸n con un expediente de jurisdicci贸n voluntaria, pero no fuera posible concretar el territorialmente competente con arreglo a los criterios de esta Ley, lo ser谩 aqu茅l correspondiente al lugar donde los actos de jurisdicci贸n voluntaria deban producir sus efectos principales o el de su ejecuci贸n.
Art铆culo 10. Ley aplicable a los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en los casos internacionales
Los 贸rganos judiciales espa帽oles aplicar谩n a los expedientes y actos de jurisdicci贸n voluntaria respecto de los cuales resultaren competentes, la ley determinada por las normas de la Uni贸n Europea o espa帽olas de Derecho internacional privado.
Art铆culo 11. Inscripci贸n en registros p煤blicos
1. Las resoluciones definitivas extranjeras de jurisdicci贸n voluntaria emanadas de un 贸rgano judicial podr谩n ser inscritas en los registros p煤blicos espa帽oles:
a) Previa superaci贸n del tr谩mite de exequ谩tur o de reconocimiento incidental en Espa帽a. Hasta entonces s贸lo podr谩n ser objeto de anotaci贸n preventiva.
b) Por el Encargado del registro correspondiente, siempre que verifique la concurrencia de los requisitos exigidos para ello.
2. En el caso de que la resoluci贸n carezca de car谩cter definitivo, 煤nicamente proceder谩 su anotaci贸n preventiva.
3. El r茅gimen jur铆dico contemplado en el presente art铆culo para las resoluciones dictadas por los 贸rganos judiciales extranjeros ser谩 aplicable a las resoluciones pronunciadas por autoridades no pertenecientes a 贸rganos judiciales extranjeros en materia de jurisdicci贸n voluntaria cuya competencia corresponda, seg煤n esta Ley, al conocimiento de 贸rganos judiciales.
Art铆culo 12. Efectos en Espa帽a de los expedientes y actos de jurisdicci贸n voluntaria acordados por autoridades extranjeras
1. Los actos de jurisdicci贸n voluntaria acordados por las autoridades extranjeras que sean firmes surtir谩n efectos en Espa帽a y acceder谩n a los registros p煤blicos espa帽oles previa superaci贸n de su reconocimiento conforme a lo dispuesto en la legislaci贸n vigente.
2. El 贸rgano judicial espa帽ol o el Encargado del registro p煤blico competente lo ser谩 tambi茅n para otorgar, de modo incidental, el reconocimiento en Espa帽a de los actos de jurisdicci贸n voluntaria acordados por las autoridades extranjeras. No ser谩 necesario recurrir a ning煤n procedimiento espec铆fico previo.
3. El reconocimiento en Espa帽a de los actos de jurisdicci贸n voluntaria acordados por las autoridades extranjeras s贸lo se denegar谩 en estos casos:
a) Si el acto hubiera sido acordado por autoridad extranjera manifiestamente incompetente. Se considerar谩 que la autoridad extranjera es competente si el supuesto presenta v铆nculos fundados con el Estado extranjero cuyas autoridades han otorgado dicho acto. Se considerar谩, en todo caso, que las autoridades extranjeras son manifiestamente incompetentes cuando el supuesto afecte a una materia cuya competencia exclusiva corresponda a los 贸rganos judiciales o autoridades espa帽olas.
b) Si el acto hubiera sido acordado con manifiesta infracci贸n de los derechos de defensa de cualquiera de los implicados.
c) Si el reconocimiento del acto produjera efectos manifiestamente contrarios al orden p煤blico espa帽ol.
d) Si el reconocimiento del acto implicara la violaci贸n de un derecho fundamental o libertad p煤blica de nuestro ordenamiento jur铆dico.
CAP脥TULO II-Normas de tramitaci贸n
Art铆culo 13. Aplicaci贸n de las disposiciones de este Cap铆tulo
Las disposiciones de este Cap铆tulo se aplicar谩n a todos los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en lo que no se opongan a las normas que espec铆ficamente regulen las actuaciones de que se trate.
Art铆culo 14. Iniciaci贸n del expediente
1. Los expedientes se iniciar谩n de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o por solicitud formulada por persona legitimada, en la que se consignar谩n los datos y circunstancias de identificaci贸n del solicitante, con indicaci贸n de un domicilio a efectos de notificaciones.
Se expondr谩 a continuaci贸n con claridad y precisi贸n lo que se pida, as铆 como una exposici贸n de los hechos y fundamentos jur铆dicos en que fundamenta su pretensi贸n. Tambi茅n se acompa帽ar谩n, en su caso, los documentos y dict谩menes que el solicitante considere de inter茅s para el expediente, y tantas copias cuantos sean los interesados.
2. En la solicitud se consignar谩n los datos y circunstancias de identificaci贸n de las personas que puedan estar interesados en el expediente, as铆 como el domicilio o domicilios en que puedan ser citados o cualquier otro dato que permita la identificaci贸n de los mismos.
3. Cuando por ley no sea preceptiva la intervenci贸n de Abogado y Procurador, en la Oficina Judicial se facilitar谩 al interesado un impreso normalizado para formular la solicitud, no siendo en este caso necesario que se concrete la fundamentaci贸n jur铆dica de lo solicitado.
La solicitud podr谩 presentarse por cualquier medio, incluyendo los previstos en la normativa de acceso electr贸nico de los ciudadanos a la Administraci贸n de Justicia.
Art铆culo 15. Acumulaci贸n de expedientes
1. El Juez o el Secretario judicial, seg煤n quien sea competente para conocer el expediente, acordar谩 de oficio o a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal, la acumulaci贸n de expedientes cuando la resoluci贸n de uno pueda afectar a otro, o exista tal conexi贸n entre ellos que pudiera dar lugar a resoluciones contradictorias.
No se podr谩 acordar la acumulaci贸n de expedientes cuando su resoluci贸n corresponda a sujetos distintos.
2. La acumulaci贸n de expedientes de jurisdicci贸n voluntaria se regir谩 por lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la acumulaci贸n de procesos en el juicio verbal, con las siguientes especialidades:
a) Si se tratara de la acumulaci贸n de expedientes pendientes ante el mismo 贸rgano judicial, la acumulaci贸n se solicitar谩 por escrito antes de la comparecencia se帽alada en primer lugar, realiz谩ndose las alegaciones pertinentes y decidi茅ndose sobre la misma.
b) Si los expedientes estuvieran pendientes ante distintos 贸rganos judiciales, los interesados deber谩n solicitar por escrito la acumulaci贸n ante el 贸rgano que se estime competente en cualquier momento antes de la celebraci贸n de la comparecencia. Si el 贸rgano requerido no accediese a la acumulaci贸n, la discrepancia ser谩 resuelta en todo caso por el Tribunal superior com煤n.
3. Los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria no ser谩n acumulables a ning煤n proceso jurisdiccional contencioso.
Art铆culo 16. Apreciaci贸n de oficio de la falta de competencia y otros defectos u omisiones
1. Presentada la solicitud de iniciaci贸n del expediente, el Secretario judicial examinar谩 de oficio si se cumplen las normas en materia de competencia objetiva y territorial.
2. Si el Secretario judicial entendiese que no existe competencia objetiva para conocer, podr谩 acordar el archivo del expediente, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del solicitante, en aquellos expedientes que sean de su competencia. En otro caso, dar谩 cuenta al Juez, quien acordar谩 lo que proceda, tras haber o铆do al Ministerio Fiscal y al solicitante.
En la resoluci贸n en que se aprecie la falta de competencia se habr谩 de indicar el 贸rgano judicial que se estima competente para conocer del expediente.
3. Si el Secretario judicial entendiese que carece de competencia territorial para conocer del asunto, podr谩 acordar la remisi贸n al 贸rgano que considere competente, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del solicitante, en aquellos expedientes que sean de su competencia. En otro caso, dar谩 cuenta al Juez, quien acordar谩 lo procedente, tras haber o铆do al Ministerio Fiscal y al solicitante.
4. El Secretario judicial tambi茅n examinar谩 la existencia de posibles defectos u omisiones en las solicitudes presentadas y dar谩, en su caso, un plazo de cinco d铆as para proceder a su subsanaci贸n. Si 茅sta no se llevara a cabo en el plazo se帽alado, tendr谩 por no presentada la solicitud y archivar谩 las actuaciones en aquellos expedientes que sean de su competencia. En otro caso, se dar谩 cuenta al Juez, quien acordar谩 lo que proceda.
Art铆culo 17. Admisi贸n de la solicitud y citaci贸n de los interesados
1. El Secretario judicial resolver谩 sobre la solicitud y, si entendiera que 茅sta no resulta admisible, dictar谩 decreto archivando el expediente o dar谩 cuenta al Juez, cuando 茅ste sea el competente para que acuerde lo que proceda.
2. Admitida la solicitud, el Secretario judicial citar谩 a una comparecencia a quienes hayan de intervenir en el expediente siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que, conforme a la ley, debieran ser o铆dos en el expediente interesados distintos del solicitante.
b) Que hubieran de practicarse pruebas ante el Juez o el Secretario judicial.
c) Que el Juez o el Secretario judicial consideren necesaria la celebraci贸n de la comparecencia para la mejor resoluci贸n del expediente.
Si s贸lo hubiera que o铆r al Ministerio Fiscal y no fuera necesaria la realizaci贸n de prueba, 茅ste emitir谩 su informe por escrito en el plazo de diez d铆as.
3. Los interesados ser谩n citados a la comparecencia con al menos quince d铆as de antelaci贸n a su celebraci贸n, avis谩ndoles de que deber谩n acudir a aqu茅lla con los medios de prueba de que intenten valerse. La citaci贸n se practicar谩 en la forma prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con entrega de la copia de la resoluci贸n, de la solicitud y de los documentos que la acompa帽en.
Si alguno de los interesados fuera a formular oposici贸n, deber谩 hacerlo en los 5 d铆as siguientes a su citaci贸n, y no se har谩 contencioso el expediente, ni impedir谩 que contin煤e su tramitaci贸n hasta que sea resuelto, salvo que la ley expresamente lo prevea. Del escrito de oposici贸n se dar谩 traslado a la parte solicitante inmediatamente.
Art铆culo 18. Celebraci贸n de la comparecencia
1. La comparecencia se celebrar谩 ante el Juez o el propio Secretario judicial, seg煤n quien tenga competencia para conocer del expediente, dentro de los treinta d铆as siguientes a la admisi贸n de la solicitud.
2. La comparecencia se sustanciar谩 por los tr谩mites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la vista del juicio verbal con las siguientes especialidades:
1.陋 Si el solicitante no asistiere a la comparecencia, el Juez o el Secretario judicial, dependiendo de a qui茅n corresponda la resoluci贸n del expediente, acordar谩 el archivo del expediente, teni茅ndole por desistido del mismo. Si no asistiese alguno de los dem谩s citados, se celebrar谩 el acto y continuar谩 el expediente, sin m谩s citaciones ni notificaciones que las que la ley disponga.
2.陋 El Juez o el Secretario judicial, seg煤n quien presida la comparecencia, oir谩 al solicitante, a los dem谩s citados y a las personas que la ley disponga, y podr谩 acordar, de oficio o a instancia del solicitante o del Ministerio Fiscal en su caso, la audiencia de aqu茅llos cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por la resoluci贸n del expediente. Se garantizar谩, a trav茅s de los medios y apoyos necesarios, la intervenci贸n de las personas con discapacidad en t茅rminos que les sean accesibles y comprensibles.
3.陋 Si se plantearan cuestiones procesales, incluidas las relativas a la competencia, que puedan impedir la v谩lida prosecuci贸n del expediente, el Juez o el Secretario judicial, o铆dos los comparecientes, las resolver谩 oralmente en el propio acto.
4.陋 Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente, se practicar谩n tambi茅n en el mismo acto o, si no fuere posible, en los diez d铆as siguientes, las diligencias relativas a dichos intereses que se acuerden de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.
El Juez o el Secretario judicial podr谩n acordar que la audiencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente se practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, pudiendo asistir el Ministerio Fiscal. En todo caso se garantizar谩 que puedan ser o铆dos en condiciones id贸neas, en t茅rminos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.
Del resultado de la exploraci贸n se extender谩 acta detallada y, siempre que sea posible, ser谩 grabada en soporte audiovisual. Si ello tuviera lugar despu茅s de la comparecencia, se dar谩 traslado del acta correspondiente a los interesados para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco d铆as.
5.陋 En la celebraci贸n de la comparecencia, una vez practicadas las pruebas, se permitir谩 a los interesados formular oralmente sus conclusiones.
6.陋 El desarrollo de la comparecencia se registrar谩 en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Art铆culo 19. Decisi贸n del expediente
1. El expediente se resolver谩 por medio de auto o decreto, seg煤n corresponda la competencia al Juez o al Secretario judicial, en el plazo de cinco d铆as a contar desde la terminaci贸n de la comparecencia o, si esta no se hubiera celebrado, desde la 煤ltima diligencia practicada.
2. Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente, la decisi贸n se podr谩 fundar en cualesquiera hechos de los que se hubiese tenido conocimiento como consecuencia de las alegaciones de los interesados, las pruebas o la celebraci贸n de la comparecencia, aunque no hubieran sido invocados por el solicitante ni por otros interesados.
3. Resuelto un expediente de jurisdicci贸n voluntaria y una vez firme la resoluci贸n, no podr谩 iniciarse otro sobre id茅ntico objeto, salvo que cambien las circunstancias que dieron lugar a aqu茅l. Lo all铆 decidido vincular谩 a cualquier otra actuaci贸n o expediente posterior que resulten conexos a aqu茅l.
Esto ser谩 de aplicaci贸n tambi茅n respecto a los expedientes tramitados por Notarios y Registradores en aquellas materias cuyo conocimiento sea concurrente con el de los Secretarios judiciales.
4. La resoluci贸n de un expediente de jurisdicci贸n voluntaria no impedir谩 la incoaci贸n de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aqu茅l, debiendo pronunciarse la resoluci贸n que se dicte sobre la confirmaci贸n, modificaci贸n o revocaci贸n de lo acordado en el expediente de jurisdicci贸n voluntaria.
Art铆culo 20. Recursos
1. Contra las resoluciones interlocutorias dictadas en los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria cabr谩 recurso de reposici贸n, en los t茅rminos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la resoluci贸n impugnada se hubiera acordado durante la celebraci贸n de la comparecencia, el recurso se tramitar谩 y resolver谩 oralmente en ese mismo momento.
2. Las resoluciones definitivas dictadas por el Juez en los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria podr谩n ser recurridas en apelaci贸n por cualquier interesado que se considere perjudicado por ella, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la decisi贸n proviene del Secretario judicial, deber谩 interponerse recurso de revisi贸n ante el Juez competente, en los t茅rminos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El recurso de apelaci贸n no tendr谩 efectos suspensivos, salvo que la ley expresamente disponga lo contrario.
Art铆culo 21. Caducidad del expediente
1. Se tendr谩 por abandonado el expediente si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad promovida por los interesados en el plazo de seis meses desde la 煤ltima notificaci贸n practicada.
2. Corresponder谩 declarar la caducidad del expediente al Secretario judicial.
3. Contra el decreto que declare la caducidad s贸lo cabr谩 recurso de revisi贸n.
Art铆culo 22. Cumplimiento y ejecuci贸n de la resoluci贸n que pone fin al expediente
1. La ejecuci贸n de la resoluci贸n firme que pone fin al expediente de jurisdicci贸n voluntaria se regir谩 por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en particular en los art铆culos 521 y 522, pudi茅ndose en todo caso instar de inmediato la realizaci贸n de aquellos actos que resulten precisos para dar eficacia a lo decidido.
2. Si cualquiera de los expedientes a los que se refiere la presente Ley diera lugar a un hecho o acto inscribible en el Registro Civil, se expedir谩 testimonio de la resoluci贸n que corresponda a los efectos de su inscripci贸n o anotaci贸n.
Si la resoluci贸n fuera inscribible en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro p煤blico, deber谩 expedirse, a instancia de parte, mandamiento a los efectos de su constancia registral. La remisi贸n se realizar谩 por medios electr贸nicos. La calificaci贸n de los Registradores se limitar谩 a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extr铆nsecas de la resoluci贸n y a los obst谩culos que surjan del Registro.
T脥TULO II-De los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en materia de personas
CAP脥TULO I-De la autorizaci贸n o aprobaci贸n judicial del reconocimiento de la filiaci贸n no matrimonial
Art铆culo 23. 脕mbito de aplicaci贸n
1. Se aplicar谩n las disposiciones de este cap铆tulo en todos los casos en que, conforme a la ley, el reconocimiento de la filiaci贸n no matrimonial necesite para su validez autorizaci贸n o aprobaci贸n judicial.
2. Se presentar谩 solicitud instando autorizaci贸n judicial para el otorgamiento del reconocimiento de la filiaci贸n no matrimonial del menor o de la persona con capacidad modificada judicialmente por quien sea hermano o consangu铆neo en l铆nea recta del progenitor cuya filiaci贸n est茅 determinada legalmente.
3. Se solicitar谩 aprobaci贸n judicial para la eficacia del reconocimiento de la filiaci贸n no matrimonial de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente otorgado:
a) Por quien no pueda contraer matrimonio por raz贸n de edad.
b) Por quien no tenga el consentimiento expreso de su representante legal o la asistencia del curador del reconocido ni del progenitor legalmente conocido, siempre que no hubiera sido reconocido en testamento o dentro del plazo establecido para practicar la inscripci贸n del nacimiento.
c) Por el padre, cuando el reconocimiento se hubiera realizado dentro del plazo establecido para practicar la inscripci贸n del nacimiento y cuando 茅sta se hubiera suspendido a petici贸n de la madre.
4. Tambi茅n se instar谩 la aprobaci贸n judicial para la validez del reconocimiento no matrimonial por una persona con capacidad modificada judicialmente.
Art铆culo 24. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Ser谩 competente para conocer de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del reconocido o, si no lo tuviera en territorio nacional, el de su residencia en dicho territorio. Si el reconocido no tuviera su residencia en Espa帽a, lo ser谩 el del domicilio o residencia del progenitor autor del reconocimiento.
2. Podr谩 promover este expediente el progenitor autor del reconocimiento, por s铆 mismo o asistido de su representante legal, tutor o curador, en su caso.
3. En la tramitaci贸n del presente expediente no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador.
Art铆culo 25. Tramitaci贸n
Admitida a tr谩mite la solicitud por el Secretario judicial, 茅ste citar谩 a comparecencia al solicitante y, seg煤n proceda, al progenitor conocido, al representante legal o curador del reconocido y a 茅ste si tuviera suficiente madurez, y en todo caso si fuera mayor de 12 a帽os, as铆 como a sus descendientes si hubiere fallecido y los hubiere, y a las personas que se estime oportuno, as铆 como al Ministerio Fiscal.
Art铆culo 26. Resoluci贸n
1. El Juez resolver谩 lo que proceda sobre el reconocimiento de que se trate, atendiendo para ello al discernimiento del progenitor, la veracidad o autenticidad de su acto, la verosimilitud de la relaci贸n de procreaci贸n, sin necesidad de una prueba plena de la misma, y el inter茅s del reconocido cuando sea menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
2. Cuando se trate del reconocimiento de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente otorgado por quien fuere hermano o pariente consangu铆neo en l铆nea recta del otro progenitor, el Juez s贸lo autorizar谩 la determinaci贸n de la filiaci贸n cuando sea en inter茅s del menor o de la persona con capacidad modificada judicialmente. El Juez invalidar谩 dicha determinaci贸n si se presentara un documento p煤blico en el que conste la manifestaci贸n del reconocido al respecto, realizada una vez alcanzada la plena capacidad.
3. El testimonio de dicha resoluci贸n se remitir谩 al Registro Civil competente para proceder a su inscripci贸n.
CAP脥TULO II-De la habilitaci贸n para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor judicial
Art铆culo 27. 脕mbito de aplicaci贸n
1. Se aplicar谩n las disposiciones de este cap铆tulo en los casos en que proceda conforme a la ley el nombramiento de un defensor judicial de menores o personas con capacidad modificada judicialmente o por modificar y, en todo caso, se solicitar谩:
a) Cuando en alg煤n asunto exista conflicto de intereses entre los menores o personas con capacidad modificada judicialmente y sus representantes legales o su curador, salvo que con el otro progenitor o tutor, si hubiere patria potestad o tutela conjunta, no haya tal conflicto.
b) Cuando por cualquier causa, el tutor o el curador no desempe帽are sus funciones hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempe帽ar el cargo.
c) Cuando se tenga conocimiento de que una persona respecto a la que debe constituirse la tutela o curatela, precise la adopci贸n de medidas para la administraci贸n de sus bienes, hasta que recaiga resoluci贸n judicial que ponga fin al procedimiento.
2. Tambi茅n se aplicar谩n las disposiciones de este cap铆tulo en los casos en que proceda la habilitaci贸n y ulterior nombramiento de defensor judicial. Se instar谩 la habilitaci贸n cuando el menor no emancipado o la persona con capacidad modificada judicialmente, siendo demandado o sigui茅ndosele gran perjuicio de no promover la demanda, se encuentre en alguno de los casos siguientes:
a) Hallarse los progenitores, tutor o curador ausentes ignor谩ndose su paradero, sin que haya motivo racional bastante para creer pr贸ximo su regreso.
b) Negarse ambos progenitores, tutor o curador a representar o asistir en juicio al menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
c) Hallarse los progenitores, tutor o curador en una situaci贸n de imposibilidad de hecho para la representaci贸n o asistencia en juicio.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se nombrar谩 defensor judicial al menor o persona con capacidad modificada judicialmente, sin necesidad de habilitaci贸n previa, para litigar contra sus progenitores, tutor o curador, o para instar expedientes de jurisdicci贸n voluntaria, cuando se hallare legitimado para ello o para representarle cuando se inste por el Ministerio Fiscal el procedimiento para modificar judicialmente su capacidad. No proceder谩 la solicitud si el otro progenitor o tutor, si lo hubiere, no tuviera un inter茅s opuesto al menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
Art铆culo 28. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Ser谩 competente para el conocimiento de este expediente el Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente o a modificar o, en su caso, aqu茅l correspondiente al Juzgado de Primera Instancia que est茅 conociendo del asunto que exija el nombramiento de defensor judicial.
2. El expediente se iniciar谩 de oficio, a petici贸n del Ministerio Fiscal, o por iniciativa del menor o persona con capacidad modificada judicialmente o cualquier otra persona que act煤e en inter茅s de 茅ste.
3. En la tramitaci贸n del presente expediente no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador.
Art铆culo 29. Efectos de la solicitud
Desde que se solicite la habilitaci贸n y hasta que acepte su cargo el defensor judicial o se archive el expediente por resoluci贸n firme, quedar谩 suspendido el transcurso de los plazos de prescripci贸n o de caducidad que afecten a la acci贸n de cuyo ejercicio se trate.
En el caso de que el menor o persona con capacidad modificada judicialmente o a modificar haya de comparecer como demandado o haya quedado sin representaci贸n procesal durante el procedimiento, el Ministerio Fiscal asumir谩 su representaci贸n y defensa hasta que se produzca el nombramiento de defensor judicial.
Art铆culo 30. Comparecencia y resoluci贸n
1. El Secretario judicial convocar谩 a comparecencia al solicitante, a los interesados que consten como tales en el expediente, a quienes estime pertinente su presencia, al menor o persona con capacidad modificada judicialmente o a modificar si tuvieren suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere m谩s de 12 a帽os y al Ministerio Fiscal.
2. En la resoluci贸n en que se acceda a lo solicitado se nombrar谩 defensor judicial a quien el Secretario judicial estime m谩s id贸neo para el cargo, con determinaci贸n de las atribuciones que le confiera.
3. El testimonio de la resoluci贸n de nombramiento de defensor judicial en el caso previsto en la letra c) del apartado 1 del art铆culo 27 se remitir谩 al Registro Civil competente para proceder a su inscripci贸n.
Art铆culo 31. Cesaci贸n del defensor judicial y de la habilitaci贸n para comparecer en juicio
1. El defensor judicial deber谩 comunicar al 贸rgano judicial la desaparici贸n de la causa que motiv贸 su nombramiento.
2. Igualmente deber谩 comunicar al 贸rgano judicial cuando alguno de los progenitores o representantes o curador, en su caso, se presten a comparecer en juicio por el afectado, o cuando se termine el procedimiento que motiv贸 la habilitaci贸n.
Art铆culo 32. Rendici贸n de cuentas, excusa y remoci贸n del defensor judicial
Ser谩n aplicables al defensor judicial las disposiciones establecidas para la formaci贸n de inventario, en su caso, la excusa y la remoci贸n de los tutores y para su rendici贸n de cuentas una vez concluida su gesti贸n, que se tramitar谩n y decidir谩n por el Secretario judicial competente.
CAP脥TULO III-De la adopci贸n
Art铆culo 33. Competencia
En los expedientes sobre adopci贸n, ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia correspondiente a la sede de la Entidad P煤blica que tenga encomendada la protecci贸n del adoptando y, en su defecto, el del domicilio del adoptante.
Art铆culo 34. Car谩cter preferente y postulaci贸n
1. La tramitaci贸n del expediente de adopci贸n tendr谩 car谩cter preferente y se practicar谩 con intervenci贸n del Ministerio Fiscal.
2. No ser谩 preceptiva la asistencia de Abogado ni Procurador.
Art铆culo 35. Propuesta de la Entidad P煤blica y solicitud del adoptante
1. El expediente comenzar谩 con el escrito de propuesta de adopci贸n formulada por la Entidad P煤blica o por la solicitud del adoptante cuando estuviera legitimado para ello.
2. En la propuesta de adopci贸n formulada por la Entidad P煤blica se expresar谩n especialmente:
a) Las condiciones personales, familiares y sociales y los medios de vida del adoptante o adoptantes asignados y sus relaciones con el adoptando, con detalle de las razones que justifiquen la elecci贸n de aqu茅l o aqu茅llos.
b) En su caso y cuando hayan de prestar su asentimiento o ser o铆dos, el 煤ltimo domicilio conocido del c贸nyuge del adoptante o de la persona a la que est茅 unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal, o el de los progenitores, tutor, familia acogedora o guardadores del adoptando.
c) Si unos y otros han formulado su asentimiento ante la Entidad P煤blica o en documento p煤blico.
3. En los supuestos en que no se requiera propuesta previa de la Entidad P煤blica, de conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 176 del C贸digo Civil, el ofrecimiento para la adopci贸n del adoptante se presentar谩 por escrito, en que expresar谩 las indicaciones contenidas en los apartados anteriores en cuanto fueren aplicables, y las alegaciones y pruebas conducentes a demostrar que en el adoptando concurre alguna de las circunstancias exigidas por dicha legislaci贸n.
4. Con la propuesta u ofrecimiento para la adopci贸n se presentar谩n los documentos a que se refieren los apartados anteriores, la declaraci贸n previa de idoneidad del adoptante para el ejercicio de la patria potestad emitida por la Entidad P煤blica, si procediere, y cuantos informes o documentos se juzguen oportunos.
Art铆culo 36. Consentimiento
En el expediente, el Secretario judicial citar谩, para manifestar su consentimiento en presencia del Juez, al adoptante o adoptantes y al adoptando si fuere mayor de 12 a帽os.
Art铆culo 37. Asentimiento y audiencia
1. Tambi茅n deber谩n ser citados, para prestar el asentimiento a la adopci贸n ante el Juez, las personas indicadas en el apartado 2 del art铆culo 177 del C贸digo Civil.
No ser谩n citados aquellos que, siendo necesario su asentimiento, lo hubieran prestado con anterioridad a la iniciaci贸n del expediente ante la correspondiente Entidad P煤blica o en documento p煤blico, salvo que hubieran transcurrido m谩s de seis meses desde que lo hicieron.
2. Si los progenitores pretendieran que se les reconozca la necesidad de prestar su asentimiento a la adopci贸n, deber谩n ponerlo de manifiesto en el expediente. El Secretario judicial acordar谩 la suspensi贸n del expediente y otorgar谩 el plazo de 15 d铆as para la presentaci贸n de la demanda, de la que conocer谩 el mismo Tribunal.
Presentada la demanda dentro de plazo, el Secretario judicial dictar谩 decreto declarando contencioso el expediente de adopci贸n y acordar谩 seguir su tramitaci贸n conforme a lo dispuesto en el art铆culo 781 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, el Secretario judicial dictar谩 decreto dando por finalizado el tr谩mite y alzando la suspensi贸n del expediente de adopci贸n. El decreto ser谩 recurrible directamente en revisi贸n ante el Tribunal. Firme dicha resoluci贸n, no se admitir谩 ninguna reclamaci贸n posterior de los mismos sujetos sobre necesidad de asentimiento para la adopci贸n de que se trate.
3. Asimismo deber谩n ser citados para ser o铆dos por el Juez en el expediente, las personas se帽aladas en el apartado 3 del art铆culo 177 del C贸digo Civil.
Art铆culo 38. Citaciones
1. Si en la propuesta de adopci贸n o en el ofrecimiento para la adopci贸n no constare el domicilio de los que deban ser citados, el Secretario judicial practicar谩 inmediatamente las diligencias oportunas para la averiguaci贸n del domicilio conforme a lo prevenido en el art铆culo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y los citar谩 ante el Juez dentro de los quince d铆as siguientes, debiendo garantizar la debida reserva. En la citaci贸n a los progenitores se har谩 constar, en su caso, la circunstancia por la cual basta su audiencia.
2. En las citaciones que deban prestar su asentimiento o ser o铆das se incluir谩 el apercibimiento de que si fueran citados personalmente y no comparecieran se seguir谩 el tr谩mite sin m谩s citaciones. Si no respondieran a la primera citaci贸n y no se hubiera realizado la citaci贸n en su persona, se les volver谩 a citar para dentro de los quince d铆as siguientes, con el apercibimiento de que aunque no comparezcan el expediente seguir谩 su tr谩mite.
3. Cuando no haya podido conocerse el domicilio o paradero de alguna persona que deba ser citada, o si citada debidamente, con los apercibimientos oportunos, no compareciese, se prescindir谩 del tr谩mite y la adopci贸n acordada ser谩 v谩lida, sin perjuicio, en su caso, del derecho que a los progenitores concede el apartado 2 del art铆culo 180 del C贸digo Civil.
Art铆culo 39. Tramitaci贸n
1. El Juez podr谩 ordenar la pr谩ctica de cuantas diligencias estime oportunas para asegurarse de que la adopci贸n sea en inter茅s del adoptando.
2. Todas las actuaciones se llevar谩n a cabo con la conveniente reserva, evitando en particular que la familia de origen tenga conocimiento de cu谩l sea la adoptiva, excepto en los supuestos recogidos en los apartados 2 y 4 del art铆culo 178 y sin perjuicio de lo establecido en el art铆culo 180 del C贸digo Civil.
3. Si se suscitare oposici贸n, el expediente se har谩 contencioso y el Secretario judicial citar谩 a los interesados a una vista, continuando la tramitaci贸n con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
4. Contra el auto que resuelva el expediente cabe recurso de apelaci贸n, que tendr谩 car谩cter preferente, sin que produzca efectos suspensivos.
5. El testimonio de la resoluci贸n firme en que se acuerde la adopci贸n se remitir谩 al Registro Civil correspondiente, para que se practique su inscripci贸n.
Art铆culo 40. Procedimiento para la exclusi贸n de funciones tutelares del adoptante y extinci贸n de la adopci贸n
1. Las actuaciones judiciales a que se refieren los art铆culos 179 y 180 del C贸digo Civil, se sustanciar谩n por los tr谩mites del juicio que corresponda con arreglo a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil y sus resoluciones ser谩n remitidas al Registro Civil para su inscripci贸n.
2. Durante la sustanciaci贸n del procedimiento, el Juez adoptar谩, incluso de oficio, y previa audiencia del Ministerio Fiscal, las medidas de protecci贸n oportunas sobre la persona y bienes del adoptado menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
3. Si el adoptado fuera mayor de edad, la extinci贸n de la adopci贸n requerir谩 su consentimiento expreso.
Art铆culo 41. Adopci贸n internacional
En los casos de adopci贸n internacional se estar谩 a lo previsto en el art铆culo 9.5 del C贸digo Civil y en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci贸n Internacional, as铆 como a lo establecido al respecto en los Tratados y Convenios internacionales en que Espa帽a sea parte y, en especial, en el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci贸n del ni帽o y a la cooperaci贸n en materia de adopci贸n internacional.
Art铆culo 42. Conversi贸n de adopci贸n simple o no plena en plena
1. El adoptante de adopci贸n simple o no plena constituida por autoridad extranjera competente podr谩 instar ante los Tribunales espa帽oles su conversi贸n en una adopci贸n regulada por el derecho espa帽ol cuando concurra uno de los siguientes supuestos:
a) Que el adoptando tenga su residencia habitual en Espa帽a en el momento de constituci贸n de la adopci贸n.
b) Que el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a Espa帽a con la finalidad de establecer su residencia habitual en Espa帽a.
c) Que el adoptante tenga la nacionalidad espa帽ola o tenga su residencia habitual en Espa帽a.
2. El adoptante deber谩 presentar la solicitud ofreci茅ndose para la adopci贸n plena, sin que precise propuesta previa de la Entidad P煤blica, en la que expresar谩 las indicaciones contenidas en el art铆culo 35 en cuanto fueren aplicables. A la solicitud deber谩 acompa帽ar el documento de constituci贸n de la adopci贸n por la autoridad extranjera y las pruebas conducentes a demostrar que en el adoptado concurren las circunstancias exigidas.
3. Presentada la solicitud se seguir谩n los tr谩mites establecidos en los art铆culos anteriores, en cuanto sean aplicables, debiendo examinar el Juez la concurrencia de los extremos enumerados en la Ley de Adopci贸n Internacional.
4. En todo caso habr谩n de manifestar su consentimiento ante el Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptado si fuere mayor de doce a帽os. Si fuera menor de esa edad se le oir谩 de acuerdo con su edad y madurez.
Deber谩 asentir el c贸nyuge del adoptante o la persona a la que est茅 unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal.
5. El testimonio del auto que declare la conversi贸n de la adopci贸n simple o no plena en plena se remitir谩 al Registro Civil correspondiente, para su inscripci贸n.
CAP脥TULO IV-De la tutela, la curatela y la guarda de hecho
SECCI脫N 1.陋-Disposici贸n com煤n
Art铆culo 43. Competencia y postulaci贸n
1. Ser谩 competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
2. El 贸rgano judicial que haya conocido de un expediente sobre tutela, curatela o guarda de hecho, ser谩 competente para conocer de todas las incidencias, tr谩mites y adopci贸n de medidas posteriores, siempre que el menor o persona con capacidad modificada judicialmente resida en la misma circunscripci贸n. En caso contrario, para conocer de alguna de esas incidencias, ser谩 preciso que se pida testimonio completo del expediente al Juzgado que anteriormente conoci贸 del mismo, el cual lo remitir谩 en los diez d铆as siguientes a la solicitud.
3. En estos expedientes no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador, salvo en el relativo a la remoci贸n del tutor o curador en el que ser谩 necesaria la intervenci贸n de Abogado.
SECCI脫N 2.陋-De la tutela y la curatela
Art铆culo 44. 脕mbito de aplicaci贸n
Se aplicar谩 lo dispuesto en esta Secci贸n para la constituci贸n de la tutela y de la curatela, siempre que no se solicite dicha constituci贸n en un proceso judicial para modificar la capacidad de una persona.
Art铆culo 45. Tramitaci贸n, resoluci贸n y recurso
1. El expediente se iniciar谩 mediante solicitud en la que deber谩 expresarse el hecho que d茅 lugar a la tutela o curatela, acompa帽ando los documentos acreditativos de la legitimaci贸n para promover el expediente e indicando los parientes m谩s pr贸ximos de la persona respecto a la que deba constituirse la tutela o curatela y sus domicilios. Igualmente deber谩 acompa帽arse certificado de nacimiento de 茅ste y, en su caso, el certificado de 煤ltimas voluntades de los progenitores, el testamento o documento p煤blico notarial otorgado por 茅stos en los que se disponga sobre la tutela o curatela de sus hijos menores o con la capacidad modificada judicialmente, o el documento p煤blico notarial otorgado por el propio afectado en el que se hubiera dispuesto en previsi贸n sobre su propia tutela o curatela.
2. En la comparecencia se oir谩 al promotor, a la persona cuya designaci贸n se proponga si fuera distinta al promotor, a aquel cuya tutela o curatela se pretenda constituir si fuera mayor de 12 a帽os o al menor de dicha edad que tuviere suficiente madurez, a los parientes m谩s pr贸ximos, al Ministerio Fiscal, y a cuantas personas se considere oportuno.
Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuar谩n de oficio en inter茅s del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias, informes periciales y pruebas que estimen oportunas.
3. El Juez designar谩 tutor o curador a persona o personas determinadas, de conformidad con lo prevenido en el C贸digo Civil.
4. En la resoluci贸n acordando el nombramiento de tutor o curador, se adoptar谩n las medidas de fiscalizaci贸n de la tutela o curatela establecidas por los progenitores en testamento o documento p煤blico notarial, o por el propio afectado en el documento p煤blico notarial otorgado al respecto salvo que sea otro el inter茅s de la persona afectada.
En defecto de previsiones o cuando las mismas no fueran establecidas en inter茅s del afectado, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del solicitante, en la resoluci贸n por la que se constituya la tutela o curatela u otra posterior, el Juez podr谩 acordar las medidas de vigilancia y control oportunas, en inter茅s del constituido en tutela o curatela, as铆 como exigir al tutor o curador informe sobre la situaci贸n personal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y el estado de la administraci贸n de sus bienes. Si se adoptaren en resoluci贸n posterior, se oir谩 previamente al tutor o curador, a la persona afectada si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere m谩s de 12 a帽os y al Ministerio Fiscal.
5. El Juez, en la resoluci贸n por la que constituya la tutela o curatela o en otra posterior, podr谩 exigir al tutor o curador la constituci贸n de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo determinar, en tal caso, la modalidad y cuant铆a de la misma.
Tambi茅n podr谩 con posterioridad, de oficio o a instancia de parte interesada, dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la fianza que se hubiera prestado, tras haber o铆do al tutor o curador, a la persona afectada si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere m谩s de 12 a帽os y al Ministerio Fiscal.
6. La resoluci贸n que se dicte ser谩 recurrible en apelaci贸n sin que produzca efectos suspensivos.
Durante la sustanciaci贸n del recurso, quedar谩 a cargo del tutor o curador electo, en su caso, el cuidado del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y la administraci贸n de su caudal, seg煤n proceda, bajo las garant铆as que parecieren suficientes al Juez.
Art铆culo 46. Prestaci贸n de fianza, aceptaci贸n y posesi贸n del cargo
1. Una vez firme la resoluci贸n por la que se constituya la tutela o curatela, se citar谩 al designado para que comparezca en el plazo de quince d铆as a fin de prestar la fianza establecida para garantizar el caudal del afectado, en su caso, y acepte el cargo o formule excusa.
2. Prestada la fianza, si se hubiera exigido, el Juez la declarar谩 suficiente y acordar谩 en la misma resoluci贸n las inscripciones, dep贸sitos, medidas o diligencias que considere conveniente para la eficacia de la fianza y conservaci贸n de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
3. Practicadas todas las diligencias acordadas, el designado aceptar谩 en acta otorgada ante el Secretario judicial la obligaci贸n de cumplir los deberes de su cargo conforme a las leyes, y 茅ste acordar谩 dar posesi贸n del cargo, le conferir谩 las facultades establecidas en la resoluci贸n judicial que acord贸 su nombramiento y le entregar谩 certificaci贸n de 茅sta.
4. Cuando el designado lo fuera para el cargo del tutor o administrador de los bienes, le requerir谩 para que presente el inventario de los bienes del afectado en el plazo de los sesenta d铆as siguientes. Hasta que se apruebe el inventario de bienes, en su caso, la persona designada quedar谩 a cargo del cuidado del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y la administraci贸n de su caudal, seg煤n proceda, bajo las garant铆as que parecieren suficientes al Juez.
5. El Juzgado que haya acordado la tutela o curatela remitir谩 testimonio al Registro Civil correspondiente tanto de la resoluci贸n dictada como del acta de la posesi贸n del cargo, a los efectos oportunos.
Art铆culo 47. Formaci贸n de inventario
1. El designado al que se hubiera nombrado administrador del caudal presentar谩, dentro del plazo otorgado, el inventario de bienes, que contendr谩 la relaci贸n de los bienes del afectado, as铆 como las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren. A continuaci贸n, el Secretario judicial fijar谩 d铆a y hora para su formaci贸n y citar谩 a los interesados, a las personas afectadas si tuvieran suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere m谩s de 12 a帽os y al Ministerio Fiscal.
2. Si se suscitare controversia sobre la inclusi贸n o exclusi贸n de bienes en el inventario, el Secretario judicial citar谩 a los interesados a una vista, continuando la tramitaci贸n con arreglo a lo previsto para el juicio verbal, suspendi茅ndose su formaci贸n hasta que la misma sea resuelta.
La sentencia que se pronuncie sobre la inclusi贸n o exclusi贸n de bienes en el inventario dejar谩 a salvo los derechos de terceros.
3. Si no hubiera oposici贸n o resuelta 茅sta, el Secretario judicial aprobar谩 el inventario, debiendo la persona designada proceder a su administraci贸n en los t茅rminos establecidos en la resoluci贸n judicial.
Art铆culo 48. Retribuci贸n del cargo
1. Si se solicitare por el tutor o curador el establecimiento de una retribuci贸n y no estuviera fijada en la resoluci贸n que hubiera efectuado su nombramiento, el Juez la acordar谩 siempre que el patrimonio del tutelado o asistido lo permita, fijar谩 su importe y el modo de percibirla, atendiendo al trabajo a realizar y al valor y la rentabilidad de los bienes, despu茅s de o铆r al solicitante, al tutelado o asistido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, al menor si fuera mayor de 12 a帽os, al Ministerio Fiscal y a cuantas personas considere oportuno. Tanto el Juez como las partes o el Ministerio Fiscal podr谩n proponer las diligencias, informes periciales y pruebas que estimen oportunas.
El auto a que se refiere este art铆culo se ejecutar谩 sin perjuicio del recurso de apelaci贸n, que no producir谩 efectos suspensivos.
2. El mismo procedimiento se seguir谩 para modificar o extinguir dicha retribuci贸n.
Art铆culo 49. Remoci贸n
1. En los casos previstos por el C贸digo Civil, de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado, del sujeto a curatela o de otra persona interesada, se podr谩 acordar la remoci贸n del tutor o del curador, previa celebraci贸n de comparecencia, en la que se oir谩 tambi茅n al tutor o curador, a la persona que le vaya a sustituir en el cargo y al afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere m谩s de doce a帽os y al Ministerio Fiscal.
Si se suscitare oposici贸n, el expediente se har谩 contencioso y el Secretario judicial citar谩 a los interesados a una vista, continuando la tramitaci贸n con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
2. Durante la tramitaci贸n del expediente de remoci贸n, el Juez podr谩 suspender al tutor o curador en sus funciones y el Secretario judicial nombrar谩 al tutelado o sujeto a curatela un defensor judicial.
3. El Juez acordar谩 lo procedente, nombrando un nuevo tutor o curador conforme a la legislaci贸n civil, debiendo remitir la correspondiente comunicaci贸n al Registro Civil.
Art铆culo 50. Excusa
1. Si concurriera alguna de las causas previstas por el C贸digo Civil para excusarse del ejercicio del cargo tutelar o de la curatela, el tutor o curador deber谩 alegarla dentro del plazo de quince d铆as a contar desde que tenga conocimiento del nombramiento. Si el motivo de la excusa le sobreviniere durante su ejercicio, podr谩 alegarlo en cualquier momento, salvo las personas jur铆dicas, siempre que hubiera persona de parecidas condiciones para sustituirle.
2. Se podr谩 admitir la excusa del tutor o del curador previa celebraci贸n de comparecencia, en la que necesariamente se oir谩 a la persona que se excuse, a la que le vaya a sustituir en el cargo y al afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere m谩s de 12 a帽os y al Ministerio Fiscal.
3. Durante la tramitaci贸n del expediente, quien haya solicitado la renuncia estar谩 obligado a ejercer la funci贸n y, de no hacerlo, se nombrar谩 un defensor que le sustituya, quedando el sustituido responsable de todos los gastos ocasionados por la excusa si 茅sta fuera rechazada.
4. Admitida la excusa se proceder谩 al nombramiento de nuevo tutor o curador, debiendo remitir, en su caso, la correspondiente comunicaci贸n al Registro Civil.
Art铆culo 51. Rendici贸n de cuentas
1. Anualmente, desde la aceptaci贸n del cargo, el tutor o curador deber谩 presentar dentro de los veinte d铆as siguientes de cumplirse el plazo un informe sobre la situaci贸n personal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y una rendici贸n de cuentas de la administraci贸n de sus bienes, si procediera.
2. Presentados los informes, el Secretario judicial citar谩 a comparecencia ante el Juez al titular del cargo, al tutelado o asistido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere m谩s de 12 a帽os, a aquellos que estuvieran interesados y al Ministerio Fiscal, pudi茅ndose proponer de oficio o a instancia de parte las diligencias y pruebas que se estimen oportunas.
3. Tras ello, hubiera o no oposici贸n, el Juez resolver谩 sobre los informes anuales y la rendici贸n de cuentas.
4. Estas disposiciones ser谩n de aplicaci贸n en los supuestos de rendici贸n final de cuentas por extinci贸n de la tutela o curatela, debiendo ser presentada, en su caso, en el plazo de tres meses desde el cese del cargo, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa. En estos casos tambi茅n se oir谩, si procediera, al nuevo tutor o curador y a los herederos del tutelado o asistido, en su caso.
5. En todo caso, la aprobaci贸n judicial de las cuentas presentadas no impedir谩 el ejercicio de las acciones que rec铆procamente puedan asistir al tutor o curador y al tutelado o sujeto a curatela o a sus causahabientes por raz贸n de la tutela o curatela.
SECCI脫N 3.陋-De la guarda de hecho
Art铆culo 52. Requerimiento y medidas de control
1. A instancia del Ministerio Fiscal, del sometido a guarda o de cualquiera que tenga un inter茅s leg铆timo, el Juez que tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, podr谩 requerirle para que informe de la situaci贸n de la persona y bienes del menor, de la persona con capacidad modificada judicialmente o de la que hubiera de estarlo, y de su actuaci贸n en relaci贸n con los mismos.
2. El Juez podr谩 establecer las medidas de control y de vigilancia que estime oportunas, sin perjuicio de promover expediente para la constituci贸n de la tutela o curatela. Tales medidas se adoptar谩n, previa comparecencia, citando a la persona a quien afecte la guarda de hecho, al guardador y al Ministerio Fiscal.
CAP脥TULO V-De la concesi贸n judicial de la emancipaci贸n y del beneficio de la mayor铆a de edad
Art铆culo 53. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. El Juez de Primera Instancia del domicilio del menor ser谩 competente para conocer de la solicitud de emancipaci贸n que inste el mayor de 16 a帽os sujeto a patria potestad, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el art铆culo 320 del C贸digo Civil; en concreto:
a) Cuando quien ejerciere la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor.
b) Cuando los progenitores vivieren separados.
c) Cuando concurra cualquier causa que entorpeciera gravemente el ejercicio de la patria potestad.
2. El Juez de Primera Instancia del domicilio del menor ser谩 competente para conocer de la solicitud de beneficio de mayor铆a de edad que inste el mayor de 16 a帽os sujeto a tutela, de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 321 del C贸digo Civil.
3. En la pr谩ctica de estas actuaciones, no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador, salvo que se formule oposici贸n, en cuyo caso s铆 ser谩 preceptiva la asistencia de letrado a partir de ese momento.
Art铆culo 54. Solicitud
1. El expediente se iniciar谩 mediante solicitud dirigida al Juzgado por el menor mayor de 16 a帽os, con la asistencia de alguno de sus progenitores, no privados o suspendidos de la patria potestad, o del tutor. A falta de la asistencia de los mismos, se nombrar谩 defensor judicial al menor para instar el expediente. El Ministerio Fiscal asumir谩 su representaci贸n y defensa hasta que se produzca el nombramiento de defensor judicial.
2. A la solicitud se acompa帽ar谩n, en su caso, los documentos que acrediten la concurrencia de la causa exigida por el C贸digo Civil para instar la emancipaci贸n o beneficio de mayor铆a de edad, as铆 como la proposici贸n de prueba que considere pertinente.
Art铆culo 55. Tramitaci贸n y resoluci贸n
1. Admitida a tr谩mite por el Secretario judicial la solicitud, convocar谩 a la comparecencia ante el Juez al menor, a sus progenitores o, en su caso, a su tutor, al Ministerio Fiscal y a aquellos que pudieran estar interesados, quienes ser谩n o铆dos por este orden. Posteriormente, se practicar谩n aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas.
2. El Juez, teniendo en cuenta la justificaci贸n ofrecida y valorando el inter茅s del menor, resolver谩 concediendo o denegando la emancipaci贸n o el beneficio de mayor铆a de edad solicitados.
3. Se remitir谩 al Registro Civil el testimonio de la concesi贸n de la emancipaci贸n o del beneficio de mayor铆a de edad para proceder a su inscripci贸n.
CAP脥TULO VI-De la protecci贸n del patrimonio de las personas con discapacidad
Art铆culo 56. 脕mbito de aplicaci贸n
1. Se aplicar谩n las normas de este Cap铆tulo a los expedientes que tengan por objeto alguna de las actuaciones judiciales previstas en el Cap铆tulo I de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protecci贸n patrimonial de las personas con discapacidad y, en concreto, para:
a) La constituci贸n del patrimonio protegido de las personas con discapacidad o aprobaci贸n de las aportaciones al mismo cuando sus progenitores, tutor o curador se negaren injustificadamente a prestar el consentimiento o asentimiento a ello.
b) El nombramiento de su administrador cuando no se pudiera realizar conforme al t铆tulo de constituci贸n.
c) El establecimiento de exenciones a la exigencia de obtener por el administrador de la autorizaci贸n o aprobaci贸n judicial para la realizaci贸n de actos de disposici贸n, gravamen u otros, que se refieran a los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
d) La sustituci贸n del administrador, el cambio de las reglas de administraci贸n, el establecimiento de medidas especiales de fiscalizaci贸n, la adopci贸n de cautelas, la extinci贸n del patrimonio protegido o cualquier otra medida de an谩loga naturaleza que sea necesaria tras la constituci贸n del patrimonio protegido.
Art铆culo 57. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Ser谩 competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de la persona con discapacidad.
2. Para promover los expedientes regulados en este Cap铆tulo 煤nicamente est谩 legitimado el Ministerio Fiscal, quien actuar谩 de oficio o a solicitud de cualquier persona, debiendo ser o铆do en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido.
3. Los interesados no precisar谩n de Abogado ni Procurador para intervenir en el expediente.
Art铆culo 58. Solicitud, tramitaci贸n y resoluci贸n del expediente
1. El expediente se iniciar谩 mediante solicitud por escrito del Ministerio Fiscal en la que se consignar谩n los datos y circunstancias de identificaci贸n de la persona con discapacidad, de sus representantes o su curador, seg煤n proceda y de los dem谩s interesados en el asunto, as铆 como el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y los hechos y dem谩s alegaciones que procedan.
2. Su tramitaci贸n se ajustar谩 a las normas generales de tramitaci贸n previstas en esta Ley.
3. El Juez dictar谩 la resoluci贸n en inter茅s de la persona con discapacidad.
Si la resoluci贸n estableciera la constituci贸n del patrimonio protegido de una persona con discapacidad, aquella deber谩 contener, al menos, el inventario de los bienes y derechos que inicialmente lo constituyan; las reglas de su administraci贸n y, en su caso, de fiscalizaci贸n, as铆 como los procedimientos de designaci贸n de las personas que hayan de integrar los 贸rganos de administraci贸n o, en su caso, de fiscalizaci贸n.
4. La resoluci贸n ser谩 recurrible en apelaci贸n con efectos suspensivos, salvo cuando se nombrare administrador del patrimonio protegido por no poderse designar conforme a las reglas establecidas en el documento p煤blico o la resoluci贸n judicial de constituci贸n.
5. Si la resoluci贸n dictada por el Juez fuera la constituci贸n de un patrimonio protegido y el administrador designado no fuera el propio beneficiario del mismo, aqu茅lla deber谩 ser comunicada al Registro Civil para su inscripci贸n, as铆 como las dem谩s circunstancias relativas al patrimonio protegido y a la designaci贸n y modificaci贸n de administradores de dicho patrimonio.
Igualmente, deber谩 entregarse testimonio de la resoluci贸n a la parte para su inscripci贸n en los registros respectivos cuando los bienes que integren el patrimonio protegido tengan el car谩cter de registrables para su inscripci贸n o anotaci贸n, o a las gestoras de instituciones de inversi贸n colectiva o de sociedades mercantiles si se tratara de participaciones o acciones de las mismas.
CAP脥TULO VII-Del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente
Art铆culo 59. 脕mbito de aplicaci贸n, competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Se aplicar谩n las disposiciones de este Cap铆tulo para la obtenci贸n de autorizaci贸n judicial del consentimiento a las intromisiones leg铆timas en el 谩mbito de protecci贸n delimitado por el art铆culo 3 de la Ley Org谩nica 1/1982, de 5 de mayo, de protecci贸n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuando el Ministerio Fiscal se hubiera opuesto al consentimiento otorgado por el representante legal de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
2. Ser谩 competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
3. Para promover este expediente est谩 legitimado el representante legal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, sin que sea preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador.
Art铆culo 60. Tramitaci贸n y resoluci贸n
1. El expediente se iniciar谩 mediante solicitud que deber谩 acompa帽arse del proyecto de consentimiento, el documento en que conste la notificaci贸n de la oposici贸n del Ministerio Fiscal y los que acrediten su representaci贸n legal.
2. Una vez admitida la solicitud por el Secretario judicial, 茅ste se帽alar谩 d铆a y hora para la comparecencia, a la que se citar谩 al Ministerio Fiscal, al representante legal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y a 茅ste si el Juez lo creyera necesario. El Juez podr谩 acordar tambi茅n, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, la citaci贸n, en su caso, de otros interesados.
3. El Juez dictar谩 resoluci贸n al t茅rmino de la comparecencia o, si la complejidad del asunto lo justificare, dentro de los cinco d铆as siguientes, en atenci贸n al inter茅s superior del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente.
4. Contra esta resoluci贸n cabr谩 recurso de apelaci贸n, con efectos suspensivos, que se resolver谩 con car谩cter preferente.
5. Si los representantes legales del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente quisieran que se revocara el consentimiento otorgado judicialmente, lo pondr谩n en conocimiento del Juez, quien dictar谩 resoluci贸n dej谩ndolo sin efecto.
CAP脥TULO VIII-De la autorizaci贸n o aprobaci贸n judicial para la realizaci贸n de actos de disposici贸n, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente
Art铆culo 61. 脕mbito de aplicaci贸n
Se aplicar谩n las disposiciones de este Cap铆tulo en todos los casos en que, conforme al C贸digo Civil o la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protecci贸n patrimonial de las personas con discapacidad, el representante legal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente o el administrador de un patrimonio protegido necesite autorizaci贸n o aprobaci贸n judicial para la validez de actos de disposici贸n, gravamen u otros que se refieran a sus bienes o derechos o al patrimonio protegido, salvo que hubiera establecida una tramitaci贸n espec铆fica.
Art铆culo 62. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Ser谩 competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
2. Podr谩n promover este expediente quienes ostenten la representaci贸n legal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente a los fines de realizar el acto jur铆dico de que se trate, el curador o el defensor judicial en su caso, as铆 como el constituido en tutela o curatela, si no le hubiese sido prohibido.
Cuando se trate de la administraci贸n de bienes o derechos determinados, con facultades concretas sobre los mismos, conferida por su transmitente a t铆tulo gratuito a favor de quien no ostente la representaci贸n legal de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente, o cuando se ejerzan separadamente la tutela de la persona y la de los bienes deber谩 solicitar la autorizaci贸n, si fuere precisa, el administrador designado por el transmitente o el tutor de los bienes.
Si el acto fuera respecto a los bienes del patrimonio protegido, el legitimado ser谩 su administrador.
3. No ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador siempre que el valor del acto para el que se inste el expediente no supere los 6.000 euros, siendo necesaria su actuaci贸n en otro caso.
Art铆culo 63. Solicitud
1. En la solicitud deber谩 expresarse el motivo del acto o negocio de que se trate, y se razonar谩 la necesidad, utilidad o conveniencia del mismo; se identificar谩 con precisi贸n el bien o derecho a que se refiera; y se expondr谩, en su caso, la finalidad a que deba aplicarse la suma que se obtenga.
Con la petici贸n que se deduzca se presentar谩n los documentos y antecedentes necesarios para poder formular juicio exacto sobre el negocio de que se trate y, en su caso, las operaciones particionales de la herencia o de la divisi贸n de la cosa com煤n realizada.
2. En el caso de autorizaci贸n solicitada para transigir, se acompa帽ar谩, adem谩s, el documento en que se hubieren formulado las bases de la transacci贸n.
3. Si la solicitud fuera para la realizaci贸n de un acto de disposici贸n podr谩 tambi茅n incluirse en la solicitud la petici贸n de que la autorizaci贸n se extienda a la celebraci贸n de venta directa, sin necesidad de subasta ni intervenci贸n de persona o entidad especializada. En este caso, deber谩 acompa帽arse de dictamen pericial de valoraci贸n del precio de mercado del bien o derecho de que se trate y especificarse las dem谩s condiciones del acto de disposici贸n que se pretenda realizar.
Art铆culo 64. Tramitaci贸n
1. Admitida a tr谩mite la solicitud por el Secretario judicial, 茅ste citar谩 a comparecencia al Ministerio Fiscal, as铆 como a todas las personas que, seg煤n los distintos casos, exijan las leyes y, en todo caso, al afectado que tuviera suficiente madurez y al menor mayor de 12 a帽os.
2. Cuando proceda dictamen pericial se emitir谩 antes de celebrarse la comparecencia, debiendo citarse a ella al perito o peritos que lo hubiesen emitido, si as铆 se acordara, para responder a las cuestiones que le planteen tanto los intervinientes como el Juez.
Art铆culo 65. Resoluci贸n
1. El Juez, teniendo en cuenta la justificaci贸n ofrecida y valorando su conveniencia a los intereses del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, resolver谩 concediendo o denegando la autorizaci贸n o aprobaci贸n solicitada.
2. La autorizaci贸n para la venta de bienes o derechos se conceder谩 bajo la condici贸n de efectuarse en p煤blica subasta previo dictamen pericial de valoraci贸n de los mismos, salvo que se hubiera instado la autorizaci贸n por venta directa o por persona o entidad especializada, sin necesidad de subasta y el Juez as铆 lo autorice.
Se except煤a el caso de que se trate de acciones, obligaciones u otros t铆tulos admitidos a negociaci贸n en mercado secundario, en que se acordar谩 que se enajenen con arreglo a las leyes que rigen estos mercados.
3. En el caso de autorizaci贸n solicitada para transigir, si fuera concedida por el Juez, determinar谩 la expedici贸n de testimonio que se entregar谩 al solicitante para el uso que corresponda.
4. Si se autorizare la realizaci贸n de alg煤n acto de gravamen sobre bienes o derechos que pertenezcan al menor o persona con capacidad modificada judicialmente, o la extinci贸n de derechos reales a ellos pertenecientes, se ordenar谩 seguir las mismas formalidades establecidas para la venta, con exclusi贸n de la subasta.
5. La resoluci贸n ser谩 recurrible en apelaci贸n con efectos suspensivos.
Art铆culo 66. Destino de la cantidad obtenida
El Juez podr谩 adoptar las medidas necesarias para asegurar que la cantidad obtenida por el acto de enajenaci贸n o gravamen, as铆 como por la realizaci贸n del negocio o contrato autorizado se aplique a la finalidad en atenci贸n a la que se hubiere concedido la autorizaci贸n.
CAP脥TULO IX-De la declaraci贸n de ausencia y fallecimiento
Art铆culo 67. 脕mbito de aplicaci贸n
Se aplicar谩n las normas de este Cap铆tulo a las actuaciones judiciales previstas en el T铆tulo VIII del Libro I del C贸digo Civil relativas a la desaparici贸n y a las declaraciones de ausencia y fallecimiento de una persona.
Art铆culo 68. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. En la declaraci贸n de ausencia y fallecimiento, ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia del 煤ltimo domicilio de la persona de cuya declaraci贸n de ausencia o fallecimiento se trate, o, en su defecto, el de su 煤ltima residencia.
No obstante lo anterior, si se tratara de la declaraci贸n de fallecimiento en los supuestos de los apartados 2 y 3 del art铆culo 194 del C贸digo Civil, ser谩 competente, en relaci贸n con todos los afectados, el Juzgado de Primera Instancia del lugar del siniestro. Si 茅ste hubiera acaecido fuera del territorio espa帽ol, ser谩 competente, respecto de los espa帽oles y de las personas residentes en Espa帽a, el del lugar donde se inici贸 el viaje; y si 茅ste se hubiera iniciado en el extranjero, el del lugar correspondiente al domicilio o residencia en Espa帽a de la mayor铆a de los afectados. Cuando la competencia no se pudiera determinar conforme a los criterios anteriores, ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio o residencia de cualquiera de ellos.
2. Est谩n legitimados para presentar la solicitud de los expedientes de declaraci贸n de ausencia y fallecimiento el Ministerio Fiscal, de oficio o en virtud de denuncia, el c贸nyuge del ausente no separado legalmente, la persona que est茅 unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal, los parientes consangu铆neos hasta el cuarto grado y cualquier persona que fundadamente pueda tener sobre los bienes del desaparecido alg煤n derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte. No obstante, la declaraci贸n de fallecimiento a que se refieren los apartados 2 y 3 del art铆culo 194 del C贸digo Civil se realizar谩 煤nicamente a instancia del Ministerio Fiscal.
3. En los casos de desaparici贸n o de ausencia legal, en la solicitud inicial se expresar谩 el nombre, domicilio y dem谩s datos de localizaci贸n de los parientes conocidos m谩s pr贸ximos del ausente o desaparecido hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad.
4. En la tramitaci贸n de estos expedientes no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador.
Art铆culo 69. Defensor judicial en caso de desaparici贸n
1. En los casos de desaparici贸n de una persona, si se solicitare por parte legitimada o por el Ministerio Fiscal, conforme al art铆culo 181 del C贸digo Civil, el nombramiento de un defensor, acreditados los requisitos que dicho precepto establece, se nombrar谩 por el Secretario judicial defensor a quien corresponda, previa celebraci贸n de comparecencia en el plazo m谩ximo de cinco d铆as desde la presentaci贸n de la solicitud, a la que se citar谩 a los interesados y al Ministerio Fiscal y se oir谩 a los testigos propuestos por el solicitante.
2. En caso de urgencia por seguirse perjuicio si se esperase para el nombramiento hasta la celebraci贸n de la comparecencia, el Secretario judicial podr谩 designar de inmediato defensor a quien corresponda o a quien se proponga por el solicitante, as铆 como adoptar medidas urgentes de protecci贸n del patrimonio del desaparecido, continu谩ndose luego los tr谩mites ordinarios del expediente que, en este caso, terminar谩 por resoluci贸n por la que se ratifiquen o se revoquen el nombramiento y las medidas acordadas al inicio.
Art铆culo 70. Declaraci贸n de ausencia
1. La declaraci贸n de ausencia legal a que se refieren los art铆culos 182 a 184 del C贸digo Civil, con el consiguiente nombramiento de representante del ausente, se instar谩 por parte interesada o por el Ministerio Fiscal, aportando las pruebas precisas que acrediten la concurrencia en el caso de cuantos requisitos exige el mencionado C贸digo para tal declaraci贸n.
2. El Secretario judicial admitir谩 la solicitud y se帽alar谩 d铆a y hora para la comparecencia, que tendr谩 lugar en el plazo m谩ximo de un mes, a la que citar谩 al solicitante y al Ministerio Fiscal, as铆 como a los parientes indicados en la solicitud inicial y a quienes consten en el expediente como interesados, y ordenar谩 publicar dos veces la resoluci贸n de admisi贸n mediante edictos, con intervalo m铆nimo de ocho d铆as, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el «Bolet铆n Oficial del Estado» y en el tabl贸n del Ayuntamiento de la localidad en la que el ausente hubiere tenido su 煤ltimo domicilio. En el edicto se har谩 constar que podr谩 intervenir en la comparecencia cualquiera que pudiera tener inter茅s en la declaraci贸n de ausencia.
3. En estos expedientes, el Secretario judicial podr谩 adoptar de oficio o a instancia de interesado, con intervenci贸n del Ministerio Fiscal, cuantas medidas de averiguaci贸n e investigaci贸n considere procedentes, as铆 como todas las de protecci贸n que juzgue 煤tiles al desaparecido o ausente.
4. Si en la comparecencia se propusiere la pr谩ctica de alg煤n medio probatorio o actuaci贸n 煤til para la averiguaci贸n del paradero de la persona de que se trate en el expediente, el Secretario judicial podr谩 acordar su pr谩ctica posterior a la comparecencia.
Art铆culo 71. Resoluci贸n y nombramiento de representante del ausente
1. Practicadas las pruebas que se hayan estimado necesarias y finalizada la comparecencia, el Secretario judicial, si por el resultado de la prueba procediera, dictar谩 decreto de declaraci贸n legal de ausencia, nombrar谩 al representante del ausente con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 184 del C贸digo Civil a quien le corresponder谩 la pesquisa de la persona del ausente, la protecci贸n y administraci贸n de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones, y dispondr谩 cuanto proceda con arreglo a dicho C贸digo, seg煤n el caso de que se trate.
2. Ser谩n aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su especial representaci贸n, las disposiciones establecidas en los Cap铆tulos IV y VIII sobre nombramiento de los tutores, la aceptaci贸n, excusa y remoci贸n de su cargo, la prestaci贸n de fianza y la fijaci贸n de su retribuci贸n, as铆 como la obtenci贸n de autorizaciones y aprobaciones para la realizaci贸n de determinados actos referidos a bienes y derechos del ausente, y su rendici贸n de cuentas una vez concluida su gesti贸n, que se tramitar谩n y decidir谩n por el Secretario judicial.
Art铆culo 72. Medidas provisionales
1. Si antes de iniciarse el expediente para la declaraci贸n de ausencia legal se hubiese adoptado alguna de las medidas reguladas en el C贸digo Civil para los casos de desaparici贸n, subsistir谩n hasta que tenga lugar dicha declaraci贸n, a no ser que el Secretario judicial, a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal, estime conveniente modificarlas.
2. Si no se hubiesen adoptado, podr谩 el Secretario judicial acordarlas con car谩cter provisional, en tanto no se ultime el expediente de ausencia.
Art铆culo 73. Pr谩ctica de inventario de bienes
Aceptado el cargo por el representante, al que se le dar谩 testimonio de la resoluci贸n para que le sirva de t铆tulo justificativo, proceder谩 a realizar el inventario de bienes muebles y descripci贸n de los inmuebles a que se refiere el n煤mero primero del art铆culo 185 del C贸digo Civil, en el que se incluir谩n las deudas u obligaciones pendientes del ausente. Deber谩 practicarse en el mismo expediente, con intervenci贸n del Ministerio Fiscal y de todos los interesados personados en el mismo.
Art铆culo 74. Declaraci贸n de fallecimiento
1. La declaraci贸n de fallecimiento a que se refiere el apartado 2.潞 del art铆culo 194 del C贸digo Civil se instar谩 por el Ministerio Fiscal inmediatamente despu茅s del siniestro. Si se tratara del supuesto regulado en el apartado 3.潞 del mismo art铆culo, lo har谩 a los ocho d铆as del siniestro si no se hubieran identificado los restos.
Aportadas o practicadas las pruebas que se hayan estimado necesarias para acreditar la concurrencia de cuantos requisitos exigen los mencionados apartados dentro del plazo m谩ximo de cinco d铆as, con la colaboraci贸n, en su caso, de las Oficinas diplom谩ticas o consulares correspondientes, el Secretario judicial competente dictar谩 en el mismo d铆a la resoluci贸n oportuna.
El decreto dictado por el Secretario judicial declarar谩 el fallecimiento de cuantas personas se encontraren en tal situaci贸n, expresando como fecha a partir de la cual se entiende sucedida la muerte, la del siniestro.
2. La declaraci贸n de fallecimiento a que se refieren el art铆culo 193 y los apartados 1, 4 y 5 del art铆culo 194 del C贸digo Civil podr谩 instarse por los interesados o por el Ministerio Fiscal, y se tramitar谩 conforme a lo establecido en este cap铆tulo.
El decreto que dicte el Secretario judicial en estos casos declarar谩, si resulta acreditado, el cese de la situaci贸n de ausencia legal, si hubiera sido decretada previamente, y el fallecimiento de la persona expresando la fecha a partir de la cual se entienda sucedida la muerte.
3. Firme la declaraci贸n de fallecimiento del ausente, se abrir谩 la sucesi贸n en los bienes del mismo, procedi茅ndose a su adjudicaci贸n por los tr谩mites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil o extrajudicialmente, seg煤n los casos.
Art铆culo 75. Hechos posteriores a la declaraci贸n de ausencia o fallecimiento
1. Si se presentare alguna persona que dijese ser el declarado ausente o fallecido, el Secretario judicial ordenar谩 que sea identificada por los medios adecuados que podr谩 acordar de oficio o a instancia del interesado, convocando comparecencia a la que ser谩n citados la persona presentada, el Ministerio Fiscal y todos los que hubieren intervenido en el expediente de declaraci贸n.
Terminada la comparecencia, el Secretario judicial dictar谩 decreto dentro de los tres d铆as siguientes por el que se dejar谩 sin efecto o se ratificar谩 la resoluci贸n de declaraci贸n de ausencia o fallecimiento.
2. Si no se presentare, pero se tuvieran noticias de su supuesta existencia en paradero conocido, se notificar谩 personalmente al presunto afectado la resoluci贸n de declaraci贸n de su ausencia o fallecimiento, requiri茅ndole para que en el plazo de veinte d铆as aporte las pruebas de su identidad. Transcurrido el plazo, con independencia que hubiera presentado o no las pruebas, el Secretario judicial convocar谩 la comparecencia referida en el apartado anterior, citando a los que all铆 se expresa. El Secretario judicial dictar谩 la resoluci贸n que proceda dentro de los tres d铆as siguientes.
3. Si la persona que dijese ser el desaparecido lo solicitare y aportase identificaci贸n documental que el Secretario judicial considerase bastante para ello, podr谩 decretarse la suspensi贸n de la actuaci贸n del representante del declarado ausente hasta la celebraci贸n de la comparecencia.
4. Si se tuviere noticia de la muerte del desaparecido despu茅s de la declaraci贸n de ausencia o de fallecimiento, el Secretario judicial, previa celebraci贸n de comparecencia a la que se citar谩 a los interesados y al Ministerio Fiscal y en la que se practicar谩n las pruebas pertinentes para la comprobaci贸n del fallecimiento, resolver谩 sobre la revocaci贸n de la resoluci贸n en los tres d铆as siguientes.
Art铆culo 76. Constancia del fallecimiento del desaparecido
Si en cualquier momento durante la sustanciaci贸n de alguno de los expedientes a que se refieren los art铆culos anteriores de este Cap铆tulo se comprobara el fallecimiento del desaparecido o ausente, se archivar谩 el expediente y quedar谩n sin efecto las medidas que se hubieran adoptado.
Art铆culo 77. Comunicaci贸n al Registro Civil
Se remitir谩 al Registro Civil todos los testimonios necesarios para hacer constar en 茅l cuanto se previene en el art铆culo 198 del C贸digo Civil.
CAP脥TULO X-De la extracci贸n de 贸rganos de donantes vivos
Art铆culo 78. 脕mbito de aplicaci贸n y competencia
1. Se aplicar谩n las normas de este Cap铆tulo a los expedientes que tengan por objeto la constataci贸n de la concurrencia del consentimiento libre, consciente y desinteresado del donante y dem谩s requisitos exigidos para la extracci贸n y trasplante de 贸rganos de un donante vivo por la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracci贸n y trasplante de 贸rganos, y las dem谩s normas que la desarrollen.
2. Ser谩 competente para conocer de estos expedientes el Juez de Primera Instancia de la localidad donde haya de realizarse la extracci贸n o el trasplante, a elecci贸n del solicitante.
Art铆culo 79. Solicitud y tramitaci贸n del expediente
1. El expediente se iniciar谩 mediante solicitud del donante o comunicaci贸n del Director del Centro sanitario en que vaya a efectuarse la extracci贸n o persona en quien delegue, que expresar谩 las circunstancias personales y familiares del donante, el objeto de la donaci贸n, el centro sanitario en que ha de efectuarse la extracci贸n, la identidad del m茅dico responsable del trasplante o extracci贸n o en el que se delegue y se acompa帽ar谩 el certificado m茅dico sobre la salud mental y f铆sica del donante, emitido de conformidad con lo dispuesto en la normativa correspondiente.
Para la actuaci贸n en estos expedientes no ser谩 necesaria la intervenci贸n de Abogado o Procurador.
2. A la comparecencia se citar谩 al m茅dico que ha de efectuar la extracci贸n, al m茅dico firmante del certificado a que se refiere el apartado anterior, al m茅dico responsable del trasplante o en quien delegue y a la persona a quien corresponda dar la autorizaci贸n para la intervenci贸n, conforme al documento de autorizaci贸n para la extracci贸n de 贸rganos concedida al centro sanitario de que se trate o en quien 茅ste delegue.
3. El donante deber谩 otorgar su consentimiento expreso ante el Juez durante la comparecencia, tras o铆r las explicaciones del m茅dico que ha de efectuar la extracci贸n y las de los dem谩s asistentes al acto. El Juez podr谩 asimismo requerir de 茅stos las explicaciones que estime oportunas sobre la concurrencia de los requisitos exigidos en la ley para el otorgamiento del consentimiento.
Art铆culo 80. Resoluci贸n
1. Si el Juez considerara que el consentimiento prestado expresamente por el donante no lo ha sido de forma libre, consciente y desinteresada, o no se cumplieran los otros requisitos establecidos legalmente, no extender谩 el documento de cesi贸n del 贸rgano.
2. En caso contrario y si estimara que se han cumplido los requisitos legales, extender谩 por escrito el documento de cesi贸n del 贸rgano que ser谩 firmado por el interesado, el m茅dico que ha de efectuar la extracci贸n y los dem谩s asistentes. Si alguno de ellos dudara de que el consentimiento prestado haya sido de forma expresa, libre, consciente y desinteresada, podr谩 oponerse a la donaci贸n.
3. Del documento de cesi贸n, en el que se har谩 constar la posibilidad que tiene el donante de revocar el consentimiento en cualquier momento previo a la intervenci贸n, se facilitar谩 copia al donante.
T脥TULO III-De los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en materia de familia
CAP脥TULO I-De la dispensa del impedimento matrimonial
Art铆culo 81. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. El Juez de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de cualquiera de los contrayentes ser谩 competente para conocer de la solicitud de dispensa de los impedimentos de muerte dolosa del c贸nyuge o persona con la que hubiera estado unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal y de parentesco para contraer matrimonio del grado tercero entre colaterales, previstos en el art铆culo 48 del C贸digo Civil.
2. Deber谩 promover este expediente el contrayente en quien concurra el impedimento para el matrimonio.
3. En la pr谩ctica de estas actuaciones no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador.
Art铆culo 82. Solicitud
El expediente se iniciar谩 mediante solicitud dirigida al Juzgado que expresar谩 los motivos de 铆ndole particular, familiar o social en la que se basa, y a la que se acompa帽ar谩n los documentos y antecedentes necesarios que acrediten la concurrencia de la justa causa exigida por el C贸digo Civil para que proceda la dispensa y, en su caso, la proposici贸n de prueba, cuya pr谩ctica se acordar谩 por el Juez. Si se tratara del impedimento de parentesco, en la solicitud se expresar谩, con claridad el 谩rbol geneal贸gico de los contrayentes.
Art铆culo 83. Tramitaci贸n y resoluci贸n
1. Admitida a tr谩mite por el Secretario judicial la solicitud, citar谩 a la comparecencia a los contrayentes y a aquellos que pudieran estar interesados, quienes ser谩n o铆dos. Para la dispensa del impedimento de muerte dolosa del c贸nyuge anterior deber谩 citarse, adem谩s, al Ministerio Fiscal. En la comparecencia se practicar谩n las pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas.
2. El Juez, teniendo en cuenta la justificaci贸n ofrecida, resolver谩 concediendo o denegando la dispensa del impedimento para el matrimonio.
Art铆culo 84. Testimonio
En el caso de concesi贸n de la dispensa para el matrimonio, el Secretario judicial expedir谩 testimonio que se entregar谩 al solicitante para el uso que corresponda.
CAP脥TULO II-De la intervenci贸n judicial en relaci贸n con la patria potestad
SECCI脫N 1.陋-Disposici贸n com煤n
Art铆culo 85. Tramitaci贸n
1. En los expedientes a que se refiere este Cap铆tulo, una vez admitida la solicitud por el Secretario judicial, 茅ste citar谩 a la comparecencia al solicitante, al Ministerio Fiscal, a los progenitores, guardadores o tutores cuando proceda, a la persona con capacidad modificada judicialmente, en su caso o al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de 12 a帽os. Si el titular de la patria potestad fuese un menor no emancipado, se citar谩 tambi茅n a sus progenitores y, a falta de 茅stos, a su tutor. Se podr谩 tambi茅n acordar la citaci贸n de otros interesados.
2. El Juez podr谩 acordar, de oficio o a instancia del solicitante, de los dem谩s interesados o del Ministerio Fiscal, la pr谩ctica durante la comparecencia de las diligencias que considere oportunas. Si estas actuaciones tuvieran lugar despu茅s de la comparecencia, se dar谩 traslado del acta correspondiente a los interesados para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco d铆as.
3. No ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni de Procurador para promover y actuar en estos expedientes.
SECCI脫N 2.陋-De la intervenci贸n judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad
Art铆culo 86. 脕mbito de aplicaci贸n, competencia y legitimaci贸n
1. Se aplicar谩n las disposiciones de esta secci贸n cuando el Juez deba intervenir en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad ejercitada conjuntamente por los progenitores. Tambi茅n ser谩n de aplicaci贸n en los casos en que est茅 legalmente prevista la autorizaci贸n o intervenci贸n judicial cuando el titular de la patria potestad fuere un menor de edad no emancipado y hubiere desacuerdo o imposibilidad de sus progenitores o tutor.
2. Ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del hijo. No obstante, si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores hubiera sido establecido por resoluci贸n judicial, ser谩 competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que la hubiera dictado.
3. Est谩n legitimados para promover este expediente ambos progenitores, individual o conjuntamente. Si el titular de la patria potestad fuese un menor no emancipado, tambi茅n estar谩n legitimados sus progenitores y, a falta de 茅stos, su tutor.
SECCI脫N 3.陋-De las medidas de protecci贸n relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administraci贸n de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente
Art铆culo 87. 脕mbito de aplicaci贸n, competencia y legitimaci贸n
1. Se aplicar谩n las disposiciones de esta secci贸n para adoptar medidas en relaci贸n al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda de menores o personas con capacidad modificada judicialmente o a la administraci贸n de sus bienes en los casos a que se refieren los art铆culos 158, 164, 165, 167 y 216 del C贸digo Civil. Y en concreto:
a) Para la adopci贸n de las medidas de protecci贸n de los menores y de las personas con capacidad modificada judicialmente establecidas en el art铆culo 158 del C贸digo Civil.
b) Para el nombramiento de un administrador judicial para la administraci贸n de los bienes adquiridos por el hijo por sucesi贸n en la que el padre, la madre o ambos hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, y no se hubiera designado por el causante persona para ello, ni pudiera tampoco desempe帽ar dicha funci贸n el otro progenitor.
c) Para atribuir a los progenitores que carecieren de medios la parte de los frutos que en equidad proceda de los bienes adquiridos por el hijo por t铆tulo gratuito cuando el disponente hubiere ordenado de manera expresa que no fueran para los mismos, as铆 como de los adquiridos por sucesi贸n en que el padre, la madre o ambos hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, y de aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su educaci贸n o carrera.
d) Para la adopci贸n de las medidas necesarias para asegurar y proteger los bienes de los hijos, exigir cauci贸n o fianza para continuar los progenitores con su administraci贸n o incluso nombrar un Administrador cuando la administraci贸n de los progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo.
2. Ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente. No obstante, si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores o la atribuci贸n de la guarda y custodia de los hijos hubiera sido establecido por resoluci贸n judicial, as铆 como cuando estuvieran sujetos a tutela ser谩 competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que hubiera conocido del inicial.
3. Las medidas a que se refiere este Cap铆tulo se adoptar谩n de oficio o a instancia del propio afectado, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal. Cuando se soliciten respecto de una persona con capacidad modificada judicialmente, podr谩n adoptarse asimismo a instancia de cualquier interesado.
Art铆culo 88. Resoluci贸n
Si el Juez estimare procedente la adopci贸n de medidas, resolver谩 lo que corresponda designando persona o instituci贸n que, en su caso, haya de encargarse de la custodia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, adoptar谩 las medidas procedentes en el caso conforme a lo establecido en los art铆culos 158 y 167 del C贸digo Civil, y podr谩 nombrar, si procediere, un defensor judicial o un administrador.
Art铆culo 89. Actuaci贸n en casos de tutela
En los casos de tutela del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, el Juez que haya conocido del expediente remitir谩 testimonio de la resoluci贸n definitiva al que hubiese conocido del nombramiento de tutor.
CAP脥TULO III-De la intervenci贸n judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administraci贸n de bienes gananciales
Art铆culo 90. 脕mbito de aplicaci贸n, competencia, postulaci贸n y tramitaci贸n
1. Se seguir谩n los tr谩mites regulados en las normas comunes de esta Ley cuando los c贸nyuges, individual o conjuntamente, soliciten la intervenci贸n o autorizaci贸n judicial para:
a) Fijar el domicilio conyugal o disponer sobre la vivienda habitual y objetos de uso ordinario, si hubiere desacuerdo entre los c贸nyuges.
b) Fijar la contribuci贸n a las cargas del matrimonio, cuando uno de los c贸nyuges incumpliere tal deber.
c) Realizar un acto de administraci贸n respecto de bienes comunes por ser necesario el consentimiento de ambos c贸nyuges, o para la realizaci贸n de un acto de disposici贸n a t铆tulo oneroso sobre los mismos, por hallarse el otro c贸nyuge impedido para prestarlo o se negare injustificadamente a ello.
d) Conferir la administraci贸n de los bienes comunes, cuando uno de los c贸nyuges se hallare impedido para prestar el consentimiento o hubiere abandonado la familia o existiere separaci贸n de hecho.
e) Realizar actos de disposici贸n sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripci贸n preferente, si el c贸nyuge tuviera la administraci贸n y, en su caso, la disposici贸n de los bienes comunes por ministerio de la ley o por resoluci贸n judicial.
2. En los expedientes sobre atribuci贸n de la administraci贸n y disposici贸n de los bienes comunes a uno s贸lo de los c贸nyuges, el Juez podr谩 acordar asimismo cautelas y limitaciones, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal cuando haya de intervenir en el expediente.
3. En los expedientes a que se refieren los dos apartados anteriores ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia del que sea o hubiera sido el 煤ltimo domicilio o residencia de los c贸nyuges.
No ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni de Procurador para promover y actuar en estos expedientes, salvo que la intervenci贸n judicial fuera para la realizaci贸n de un acto de car谩cter patrimonial con un valor superior a 6.000 euros, en cuyo caso ser谩 necesario.
4. El Juez oir谩 en la comparecencia al solicitante, al c贸nyuge no solicitante, en su caso, y a los dem谩s interesados, sin perjuicio de la pr谩ctica de las dem谩s diligencias de prueba que estime pertinentes.
5. En estos expedientes se dar谩 audiencia al Ministerio Fiscal cuando est茅n comprometidos los intereses de los menores o personas con capacidad modificada judicialmente.
T脥TULO IV-De los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria relativos al Derecho sucesorio
CAP脥TULO I-Del albaceazgo
Art铆culo 91. 脕mbito de aplicaci贸n, competencia, postulaci贸n y tramitaci贸n
1. En los casos en los que con arreglo a la legislaci贸n civil resulte necesario, ser谩 de aplicaci贸n lo previsto en este cap铆tulo:
1.潞 Para los casos de renuncia del albacea a su cargo o de pr贸rroga del plazo del albaceazgo.
2.潞 Para la remoci贸n de su cargo.
3.潞 Para la rendici贸n de cuentas del albacea.
4.潞 Para la obtenci贸n de autorizaci贸n para que el albacea pueda efectuar actos de disposici贸n sobre bienes de la herencia.
2. Para la actuaci贸n en estos expedientes no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador cuando la cuant铆a del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros.
3. Ser谩 competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitaci贸n se ajustar谩 a las normas comunes de esta Ley, el Juzgado de Primera Instancia del 煤ltimo domicilio o residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en Espa帽a, a elecci贸n del solicitante. En defecto de todos ellos, ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del solicitante.
4. La decisi贸n de estos expedientes corresponder谩 al Juez, salvo la resoluci贸n de los supuestos previstos en el n煤mero 1.潞 del apartado 1 de este art铆culo, que corresponder谩 al Secretario judicial.
CAP脥TULO II-De los contadores-partidores dativos
Art铆culo 92. 脕mbito de aplicaci贸n, competencia, postulaci贸n y tramitaci贸n
1. Ser谩 de aplicaci贸n lo previsto en este cap铆tulo:
a) Para la designaci贸n del contador partidor dativo en los casos previstos en el art铆culo 1057 del C贸digo Civil.
b) Para los casos de renuncia del contador-partidor nombrado o de pr贸rroga del plazo fijado para la realizaci贸n de su encargo.
c) Para la aprobaci贸n de la partici贸n realizada por el contador-partidor cuando resulte necesario por no haber sido confirmada expresamente por todos los herederos y legatarios.
2. Para la actuaci贸n en estos expedientes no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador cuando la cuant铆a del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros.
3. La tramitaci贸n y decisi贸n de estos expedientes, que se ajustar谩 a las normas comunes de esta Ley y a lo dispuesto en el C贸digo Civil, corresponder谩 al Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia del 煤ltimo domicilio o residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en Espa帽a, a elecci贸n del solicitante. En defecto de todos ellos, ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del solicitante.
CAP脥TULO III-De la aceptaci贸n y repudiaci贸n de la herencia
Art铆culo 93. 脕mbito de aplicaci贸n
1. Se aplicar谩n las disposiciones de este Cap铆tulo en todos los casos en que, conforme a la ley, la validez de la aceptaci贸n o repudiaci贸n de la herencia necesite autorizaci贸n o aprobaci贸n judicial.
2. En todo caso, precisar谩n autorizaci贸n judicial:
a) Los progenitores que ejerzan la patria potestad para repudiar la herencia o legados en nombre de sus hijos menores de 16 a帽os, o si aun siendo mayores de esa edad, sin llegar a la mayor铆a, no prestaren su consentimiento.
b) Los tutores, y en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o legado o para repudiar los mismos.
c) Los acreedores del heredero que hubiere repudiado la herencia a la que hubiere sido llamado en perjuicio de aquellos, para aceptar la herencia en su nombre.
3. Asimismo, ser谩 necesaria la aprobaci贸n judicial para la eficacia de la repudiaci贸n de la herencia realizada por los leg铆timos representantes de las asociaciones, corporaciones y fundaciones capaces de adquirir.
Art铆culo 94. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Ser谩 competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitaci贸n se ajustar谩 a las normas comunes de esta Ley, el Juzgado de Primera Instancia del 煤ltimo domicilio o, en su defecto, de la 煤ltima residencia del causante y, si lo hubiere tenido en pa铆s extranjero, el del lugar de su 煤ltimo domicilio en Espa帽a o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elecci贸n del solicitante.
2. Podr谩n promover este expediente quienes ostenten la representaci贸n de los llamados a la herencia, ellos mismos representados por el Ministerio Fiscal si fueran menores o tuvieren la capacidad modificada judicialmente, su defensor judicial si no se le hubiera dado la autorizaci贸n en el nombramiento y los acreedores del heredero que hubiera repudiado la herencia.
3. Ser谩 necesaria la intervenci贸n del Ministerio Fiscal en los casos establecidos en las letras a) y b) del apartado 2 del art铆culo 93.
4. Para la actuaci贸n en estos expedientes no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador cuando la cuant铆a del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros.
Art铆culo 95. Resoluci贸n
1. El Juez, teniendo en cuenta la justificaci贸n ofrecida y valorando su conveniencia a los intereses de los llamados a la herencia, resolver谩 concediendo o denegando la autorizaci贸n o aprobaci贸n solicitada.
2. En el caso de haberse solicitado autorizaci贸n o aprobaci贸n para aceptar sin beneficio de inventario o repudiar la herencia, si no fuera concedida por el Juez, s贸lo podr谩 ser aceptada a beneficio de inventario.
3. La resoluci贸n ser谩 recurrible en apelaci贸n con efectos suspensivos.
T脥TULO V-De los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria relativos al Derecho de obligaciones
CAP脥TULO I-De la fijaci贸n del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda
Art铆culo 96. 脕mbito de aplicaci贸n
Cuando, conforme al art铆culo 1128 del C贸digo Civil o cualquier otra disposici贸n legal, proceda que se se帽ale judicialmente el plazo para el cumplimiento de una obligaci贸n a instancia de alguno de los sujetos de la misma, se seguir谩n las normas comunes de la presente Ley.
Art铆culo 97. Competencia y postulaci贸n
1. La tramitaci贸n y resoluci贸n del presente expediente corresponder谩 al Juez de Primera Instancia del domicilio del deudor. Si la relaci贸n trabada fuera entre un consumidor o usuario y un empresario o profesional y 茅ste fuera el deudor de la prestaci贸n, la competencia podr谩 corresponder tambi茅n al Juez de Primera Instancia del domicilio del acreedor, a elecci贸n de 茅ste.
2. Para la actuaci贸n en este expediente no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador.
3. Si se suscitare oposici贸n, el expediente se har谩 contencioso y el Secretario judicial citar谩 a los interesados a una vista, continuando la tramitaci贸n con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
CAP脥TULO II-De la consignaci贸n
Art铆culo 98. 脕mbito de aplicaci贸n, competencia y postulaci贸n
1. Se aplicar谩 lo dispuesto en este Cap铆tulo en los casos en que, procediendo la consignaci贸n conforme a la ley, se realice ante el 贸rgano judicial.
2. Ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde deba cumplirse la obligaci贸n y, si pudiera cumplirse en distintos lugares, cualquiera de ellos a elecci贸n del solicitante. En su defecto, ser谩 competente el que corresponda al domicilio del deudor.
3. Para la actuaci贸n en el presente expediente no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador.
Art铆culo 99. Tramitaci贸n
1. El que promueva la consignaci贸n judicial expresar谩 en su solicitud los datos y circunstancias de identificaci贸n de los interesados en la obligaci贸n a que se refiera la consignaci贸n, el domicilio o los domicilios en que puedan ser citados, as铆 como las razones de esta, todo lo relativo al objeto de la consignaci贸n, su puesta a disposici贸n del 贸rgano judicial y, en su caso, lo que se solicite en cuanto a su dep贸sito.
Asimismo, deber谩 acreditar haber efectuado el ofrecimiento de pago, si procediera, y en todo caso el anuncio de la consignaci贸n al acreedor y dem谩s interesados en la obligaci贸n.
Con la solicitud se habr谩 de efectuar la puesta a disposici贸n de la cosa debida, sin perjuicio de que posteriormente pueda designarse como depositario al propio promotor.
2. Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios, el Secretario judicial dictar谩 decreto que as铆 lo declare y mandar谩 devolver al promotor lo consignado.
En caso contrario, admitida la solicitud por el Secretario judicial, 茅ste notificar谩 a los interesados la existencia de la consignaci贸n, a los efectos de que en el plazo de diez d铆as retiren la cosa debida o realicen las alegaciones que consideren oportunas. Igualmente adoptar谩 las medidas oportunas en cuanto al dep贸sito de la cosa debida.
3. Cuando los interesados comparecidos retirasen la cosa debida aceptando expresamente la consignaci贸n, el Secretario judicial dictar谩 decreto teni茅ndola por aceptada, con los efectos legales procedentes, mandando cancelar la obligaci贸n y, en su caso, la garant铆a, si as铆 lo solicitara el promotor.
4. Si transcurrido el plazo no procedieran a retirar la cosa debida, no realizaran ninguna alegaci贸n o rechazaran la consignaci贸n, se dar谩 traslado al promotor para que inste, en el plazo de cinco d铆as, la devoluci贸n de lo consignado o el mantenimiento de la consignaci贸n.
En el caso de que el promotor solicitara la devoluci贸n de lo consignado, se dar谩 traslado de la petici贸n al acreedor por cinco d铆as, y si le autorizara a retirarlo, el Secretario judicial dictar谩 decreto acordando el archivo del expediente y el acreedor perder谩 toda preferencia que tuviere sobre la cosa y los copromotores y fiadores quedar谩n libres. Si la cosa fuera retirada por la exclusiva voluntad del promotor, el archivo del expediente dejar谩 subsistente la obligaci贸n.
Cuando el promotor instara el mantenimiento de la consignaci贸n, el Secretario judicial citar谩 al promotor, al acreedor y a aquellos que pudieran estar interesados a una comparecencia a celebrar ante el Juez, en la que ser谩n o铆dos y se practicar谩n aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas.
5. El Juez, teniendo en cuenta la justificaci贸n ofrecida, la obligaci贸n y la concurrencia en la consignaci贸n de los requisitos que correspondan, resolver谩 declarando o no estar bien hecha la misma.
Si la resoluci贸n tuviere por bien hecha la consignaci贸n, 茅sta producir谩 los efectos legales procedentes, se entregar谩 al acreedor la cosa consignada y se mandar谩 cancelar la obligaci贸n si el promotor lo solicitare. En caso contrario, la obligaci贸n subsistir谩 y se devolver谩 al promotor lo consignado.
6. Los gastos ocasionados por la consignaci贸n ser谩n de cuenta del acreedor si fuera aceptada o se declarase estar bien hecha. Esos gastos ser谩n de cuenta del promotor si fuera declarada improcedente o retirase la cosa consignada.
T脥TULO VI-De los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria relativos a los derechos reales
CAP脥TULO I-De la autorizaci贸n judicial al usufructuario para reclamar cr茅ditos vencidos que formen parte del usufructo
Art铆culo 100. 脕mbito de aplicaci贸n
Se aplicar谩n las disposiciones de este Cap铆tulo en los supuestos en los que el usufructuario pretenda reclamar y cobrar por s铆 los cr茅ditos vencidos que formen parte del usufructo, cuando est茅 dispensado de prestar fianza o no hubiese podido constituirla, o la constituida no fuese suficiente y no cuente con la autorizaci贸n del propietario para hacerlo, as铆 como para poner a inter茅s el capital obtenido con dicha reclamaci贸n si no contara con el acuerdo del propietario.
Art铆culo 101. Competencia y postulaci贸n
1. Ser谩 competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitaci贸n se ajustar谩 a las normas comunes de la presente Ley, el Juzgado de Primera Instancia del 煤ltimo domicilio o en su defecto, de la 煤ltima residencia del solicitante.
2. Para la actuaci贸n en estos expedientes no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni de Procurador.
Art铆culo 102. Solicitud
El expediente se iniciar谩 mediante solicitud del usufructuario, a la que se acompa帽ar谩n los documentos o medios de prueba que acrediten su derecho, la existencia del cr茅dito vencido que se pretenda reclamar o, en su caso, el importe cobrado al realizar el mismo y que pretenda poner a inter茅s y la falta de la autorizaci贸n del propietario. En el supuesto de que solicitara la autorizaci贸n para poner a inter茅s el capital obtenido tras cobrar el cr茅dito vencido, deber谩 ofrecer garant铆as suficientes para conservar su integridad.
Art铆culo 103. Tramitaci贸n y resoluci贸n
1. Admitida a tr谩mite por el Secretario judicial la solicitud, convocar谩 a la comparecencia al promotor, al propietario y a aquellos que pudieran estar interesados en el cobro del cr茅dito, quienes ser谩n o铆dos por este orden. Posteriormente, se practicar谩n aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas.
2. El Juez, teniendo en cuenta la justificaci贸n ofrecida y valorando la conveniencia del cobro del cr茅dito que forma parte del usufructo o de la inversi贸n del capital obtenido, resolver谩 concediendo o denegando la autorizaci贸n solicitada.
Si la autorizaci贸n otorgada fuera para cobrar un cr茅dito vencido que forme parte del usufructo, deber谩 establecerse la obligaci贸n del usufructuario de informar peri贸dicamente, dentro de los plazos otorgados, al Tribunal sobre las gestiones realizadas, as铆 como del resultado final.
Pero si la autorizaci贸n lo fuera para poner a inter茅s el capital obtenido por el cobro de ese cr茅dito, la resoluci贸n deber谩 contener las garant铆as a establecer por el usufructuario para conservar la integridad del capital.
CAP脥TULO II-Del expediente de deslinde de fincas no inscritas
Art铆culo 104. 脕mbito de aplicaci贸n
Se aplicar谩n las disposiciones de este Cap铆tulo cuando se pretenda obtener el deslinde de fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad. Trat谩ndose de fincas inscritas, se aplicar谩 lo dispuesto en la legislaci贸n hipotecaria.
Tampoco resultar谩n de aplicaci贸n a los inmuebles cuya titularidad corresponda a las Administraciones P煤blicas, cuyo deslinde se practicar谩 conforme a su legislaci贸n espec铆fica.
Art铆culo 105. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Ser谩 competente para el conocimiento de este expediente el Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde estuviera situada la finca o la mayor parte de ella.
2. Se iniciar谩 el expediente a instancia del titular del dominio de la finca o, de ser varios, de cualquiera de ellos, o del titular de cualquier derecho real de uso y disfrute sobre la misma.
3. En la tramitaci贸n del presente expediente ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado si el valor de la finca fuera superior a 6.000 euros.
Art铆culo 106. Solicitud y tramitaci贸n
1. El expediente se iniciar谩 mediante escrito en el que se har谩n constar las circunstancias tanto de la finca que se pretende deslindar como las colindantes, as铆 como los datos identificativos de los titulares de una y otras, incluidos los catastrales, con su domicilio si fuera conocido por el solicitante. Cuando el deslinde solicitado no se refiriera a la totalidad del per铆metro de la finca, se determinar谩 la parte a que haya de contraerse. Respecto de las fincas colindantes que aparezcan inscritas en el Registro de la Propiedad, deber谩 aportarse igualmente certificaci贸n registral.
El solicitante del deslinde deber谩 aportar, en todo caso, la certificaci贸n catastral descriptiva y gr谩fica de la finca objeto del deslinde y de las colindantes, as铆 como los documentos o justificantes que sirvan de fundamento a su pretensi贸n. Adem谩s, en caso de que el promotor manifieste que la representaci贸n gr谩fica catastral no coincide con la del deslinde solicitado, deber谩 aportar representaci贸n gr谩fica georreferenciada del mismo. En todo caso, la representaci贸n gr谩fica alternativa habr谩 de respetar el resto de la delimitaci贸n de las fincas afectadas que resulten de la cartograf铆a catastral en lo no afectado por el deslinde. Dicha representaci贸n gr谩fica deber谩 estar debidamente georreferenciada y suscrita por t茅cnico competente, de modo que permita su incorporaci贸n al Catastro una vez practicado el deslinde.
2. El Secretario judicial, admitida la solicitud, comunicar谩 el inicio del expediente a todos los interesados, quienes, en el plazo de quince d铆as, podr谩n hacer las alegaciones y presentar las pruebas que estimen procedentes. Transcurrido el plazo, el Secretario judicial dar谩 traslado a dichos interesados de toda la documentaci贸n aportada y les citar谩 al acto de deslinde a celebrar en el plazo de treinta d铆as para buscar la avenencia entre ellos.
No se suspender谩 la pr谩ctica del deslinde por la falta de asistencia de alguno de los due帽os colindantes, quedando a salvo su derecho para demandar, en el juicio declarativo que corresponda, la posesi贸n o propiedad de las que se creyese despojado en virtud del deslinde. De la misma forma, si antes de la comparecencia, el due帽o de alguna de las fincas colindantes se opusiera al deslinde, archivar谩 el expediente en relaci贸n a la parte de la finca lindante con la del opositor, reservando a las partes su derecho para que lo ejerciten en el juicio declarativo que corresponda, y continuar谩 con el resto.
Art铆culo 107. Resoluci贸n
1. De lograrse el acuerdo, entre todos los interesados o parte de ellos, el Secretario judicial har谩 constar en un acta todo cuanto acuerden y que el acto termin贸 con avenencia total o parcial respecto de alguno o algunos de los linderos, as铆 como los t茅rminos de la misma, debiendo ser firmada por los comparecientes. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se har谩 constar que el acto termin贸 sin avenencia.
2. Finalizado el acto, el Secretario judicial dictar谩 decreto haciendo constar la avenencia, o que fue parcial respecto de alguno o algunos de los linderos, o que se celebr贸 sin avenencia, acord谩ndose el archivo definitivo de las actuaciones. Al decreto se incorporar谩 el acta y, en todo caso, la certificaci贸n catastral descriptiva y gr谩fica y, en el supuesto de discordancia con esta, la representaci贸n gr谩fica alternativa aportada.
3. El Secretario judicial remitir谩 testimonio del acta y del decreto al Catastro a los efectos de que puedan realizarse por este, en su caso, las alteraciones catastrales que correspondan, seg煤n su normativa reguladora.
T脥TULO VII-De los expedientes de subastas voluntarias
Art铆culo 108. 脕mbito de aplicaci贸n
Se aplicar谩n las disposiciones de este t铆tulo siempre que deba procederse, fuera de un procedimiento de apremio, a la enajenaci贸n en subasta de bienes o derechos determinados, a instancia del propio interesado.
Art铆culo 109. Competencia y postulaci贸n
1. Ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia que corresponda al domicilio del titular, y si fueran varios titulares, el correspondiente a cualquiera de ellos. Trat谩ndose de bienes inmuebles ser谩 competente el del lugar donde 茅stos radiquen.
2. Para la actuaci贸n en este expediente no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado y Procurador.
Art铆culo 110. Solicitud
1. Ser谩 necesario solicitud de iniciaci贸n del expediente, con la identificaci贸n y estado del bien o derecho, que deber谩 ir acompa帽ada de los documentos siguientes:
a) Los que permitan acreditar la capacidad legal para contratar del solicitante.
b) Los que acrediten su poder de disposici贸n sobre el objeto o derecho de la subasta. Cuando se trate de bienes o derechos registrables, se acompa帽ar谩 certificaci贸n registral de dominio y cargas.
c) El pliego de condiciones particulares con arreglo a las cuales haya de celebrarse la subasta y en donde se recoger谩 la valoraci贸n de los bienes o derechos a subastar.
2. En caso de existir arrendatarios u ocupantes del inmueble de cuya enajenaci贸n se trate, el solicitante deber谩 identificarlos en su solicitud inicial, procedi茅ndose en tal caso, en la forma prescrita en el art铆culo 661 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. En la solicitud podr谩 pedirse al Secretario judicial que acuerde la venta del bien o derecho por persona o entidad especializada. De estimarse procedente, el Secretario judicial acordar谩 dicha venta con sujeci贸n a lo establecido en al art铆culo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto sea compatible con las disposiciones de este T铆tulo.
Art铆culo 111. Tramitaci贸n
1. El Secretario judicial, antes de resolver sobre la solicitud, consultar谩 el Registro P煤blico Concursal a los efectos previstos en la legislaci贸n especial.
2. A la vista de la documentaci贸n, resolver谩 lo que proceda sobre la celebraci贸n de la subasta.
Si acordare su procedencia, el Secretario judicial pondr谩 en conocimiento del Registro P煤blico Concursal la existencia del expediente con expresa especificaci贸n del n煤mero de identificaci贸n fiscal del titular persona f铆sica o jur铆dica cuyo bien vaya a ser objeto de la subasta. El Registro P煤blico Concursal notificar谩 al Juzgado que est茅 conociendo del expediente la pr谩ctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al n煤mero de identificaci贸n fiscal notificado a los efectos previstos en la legislaci贸n concursal.
El Secretario judicial pondr谩 en conocimiento del Registro P煤blico Concursal la finalizaci贸n del expediente cuando la misma se produzca.
3. Acordada su celebraci贸n, si se tratare de la subasta de un bien inmueble o derecho real inscrito en el Registro de la Propiedad o bienes muebles sujetos a un r茅gimen de publicidad registral similar al de aqu茅llos, el Secretario judicial solicitar谩 por procedimientos electr贸nicos certificaci贸n registral de dominio y cargas. El Registrador de la propiedad expedir谩 la certificaci贸n con informaci贸n continuada por igual medio y har谩 constar por nota al margen del bien o derecho esta circunstancia. Esta nota producir谩 el efecto de indicar la situaci贸n de venta en subasta del bien o derecho y caducar谩 a los seis meses de su fecha salvo que con anterioridad el Secretario judicial notifique al Registrador el cierre del expediente o su suspensi贸n, en cuyo caso el plazo se computar谩 desde que el Secretario judicial notifique su reanudaci贸n.
El Registrador notificar谩, inmediatamente y de forma telem谩tica, al Secretario judicial y al Portal de Subastas de la Agencia Estatal Bolet铆n Oficial del Estado el hecho de haberse presentado otro u otros t铆tulos que afecten o modifiquen la informaci贸n inicial.
El portal de subastas recoger谩 la informaci贸n proporcionada por el Registro de modo inmediato para su traslado a los que consulten su contenido.
4. La subasta se llevara a cabo, en todo caso, de forma electr贸nica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Bolet铆n Oficial del Estado, bajo la responsabilidad del Secretario judicial, por lo que ser谩n de aplicaci贸n las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil al respecto, en cuanto sean compatibles con lo previsto en este T铆tulo.
5. La publicidad y celebraci贸n de la subasta se ajustar谩 a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en todo aquello que no est茅 previsto en el pliego de condiciones particulares. En los edictos se expresar谩 el pliego de condiciones.
6. Terminada la subasta, el Secretario judicial, mediante decreto, aprobar谩 el remate en favor del 煤nico o mejor postor, siempre y cuando cubra el tipo m铆nimo que hubiera fijado el solicitante o no se hubiere reservado expresamente el derecho a aprobarla, en cuyo caso se le dar谩 vista del expediente para que en el t茅rmino de tres d铆as pida lo que le interese. Igual comunicaci贸n se le dar谩 en el caso de que por alg煤n licitador se hiciere la oferta de aceptar el remate modificando algunas de las condiciones.
Si el solicitante aprueba el remate o acepta la proposici贸n, se resolver谩 teniendo por aprobado el remate en favor del licitador de la misma.
7. Cuando en la subasta no hubiere ning煤n postor o el solicitante no hubiera aceptado la proposici贸n, se sobreseer谩 el expediente.
8. El decreto de adjudicaci贸n contendr谩 la descripci贸n del bien o derecho, la identificaci贸n de los intervinientes, expresi贸n de las condiciones de la adjudicaci贸n y los dem谩s requisitos necesarios, en su caso, para la inscripci贸n registral. Un testimonio de dicha resoluci贸n, que se entregar谩 al adjudicatario, ser谩 t铆tulo suficiente para la pr谩ctica de las inscripciones registrales que, en su caso, correspondan.
T脥TULO VIII-De los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en materia mercantil
CAP脥TULO I-De la exhibici贸n de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad
Art铆culo 112. 脕mbito de aplicaci贸n
La exhibici贸n de libros, documentos y soportes contables de la persona obligada a llevarlos, en los casos en los que proceda conforme a la ley y con el alcance que 茅stas determinen, se podr谩 solicitar mediante este expediente, siempre que no exista norma especial aplicable al caso.
Art铆culo 113. Competencia y postulaci贸n
1. La competencia corresponder谩 al Juzgado de lo Mercantil del domicilio de la persona obligada a la exhibici贸n, o del establecimiento a cuya contabilidad se refieran los libros y documentos de cuya exhibici贸n se trate.
2. En la tramitaci贸n de estos expedientes ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado y Procurador.
Art铆culo 114. Tramitaci贸n
1. La solicitud se tramitar谩 con arreglo a las normas comunes reguladas en esta Ley, debiendo constar el derecho o inter茅s leg铆timo del solicitante y especificando los asientos que deben ser examinados o su contenido en la forma m谩s exacta posible, as铆 como el objeto y finalidad de la solicitud.
Admitida la solicitud por el Secretario judicial, 茅ste citar谩 a una comparecencia ante el Juez a quienes hayan de intervenir en el expediente. El Juez resolver谩 sobre la solicitud motivadamente en la propia comparecencia, document谩ndose con posterioridad por el Secretario judicial, o en los cinco d铆as siguientes a su finalizaci贸n mediante auto.
2. Si se estimare la solicitud, se ordenar谩 que se pongan de manifiesto los libros y documentos que proceda examinar, especificando el alcance de la exhibici贸n, requiriendo a tal fin a la persona obligada y se帽alando d铆a y hora para la exhibici贸n. Si se solicitase por el requerido alg煤n horario concreto con el fin de no perturbar sus actividades, el Juez acordar谩 lo que proceda, o铆dos los interesados. De manera motivada, y con car谩cter excepcional, el Juez podr谩 reclamar que se presenten en el Juzgado los libros o su soporte inform谩tico, siempre que se especifiquen los asientos que deben ser examinados.
Art铆culo 115. Forma de realizar la exhibici贸n
1. La persona obligada a la exhibici贸n tiene el deber de colaborar y facilitar el acceso a la documentaci贸n requerida para que el solicitante pueda proceder a su examen.
2. La exhibici贸n se realizar谩 ante el Secretario judicial en el domicilio o establecimiento de la persona obligada a llevar los libros, o mediante su aportaci贸n en soporte inform谩tico si as铆 se hubiera acordado, y el solicitante podr谩 examinar los libros, documentos o soportes especificados por s铆 o con la colaboraci贸n de los expertos que haya designado en su solicitud y que el Juez haya autorizado, levant谩ndose por el Secretario judicial acta de lo actuado.
Art铆culo 116. Multas coercitivas
1. Si la persona obligada a la exhibici贸n se negara injustificadamente, obstaculizara o quebrantara el deber de colaborar y facilitar el acceso a la documentaci贸n solicitada, ser谩 requerida por el Secretario judicial, a instancia del solicitante, para que lo haga y se abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de la imposici贸n de multa y de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
2. Si el incumplimiento persistiere, el Secretario judicial, tras o铆r al requerido, para asegurar el cumplimiento de la orden, podr谩 imponer mediante decreto y respetando el principio de proporcionalidad, multas coercitivas de hasta 300 euros al d铆a, que se ingresar谩n en el Tesoro P煤blico.
Para determinar la cuant铆a de la multa el Secretario judicial deber谩 tener en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, as铆 como los perjuicios que al otro interesado se hubieren podido causar.
CAP脥TULO II-De la convocatoria de juntas generales
Art铆culo 117. 脕mbito de aplicaci贸n
El expediente previsto en este cap铆tulo se aplicar谩 en todos los casos en que las leyes permitan solicitar la convocatoria de una junta general, sea ordinaria o extraordinaria.
Art铆culo 118. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Ser谩 competente el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia.
2. Podr谩 solicitar la convocatoria quien resulte legitimado para ello por las correspondientes leyes.
3. Para la actuaci贸n en este expediente ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado y Procurador.
Art铆culo 119. Tramitaci贸n
1. El expediente se iniciar谩 mediante escrito solicitando la convocatoria de la junta, en donde se har谩 constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso, acompa帽ando los estatutos, los documentos que justifiquen la legitimaci贸n y el cumplimiento de dichos requisitos.
2. Si la junta fuera ordinaria, la solicitud deber谩 fundamentarse en que no se ha reunido dentro de los plazos legalmente establecidos. Si la junta solicitada fuera extraordinaria, se expresar谩n los motivos de la solicitud y el orden del d铆a que se solicita.
3. Tambi茅n se podr谩 solicitar en el escrito que se designe un presidente y secretario para la junta distintos de los que corresponda estatutariamente.
4. Admitida la solicitud, el Secretario judicial se帽alar谩 d铆a y hora para la comparecencia, a la que se citar谩 al 贸rgano de administraci贸n.
5. Si accediere a lo solicitado, convocar谩 la junta general en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, d铆a y hora para la celebraci贸n, as铆 como el orden del d铆a, y designar谩 al presidente y secretario de la misma. El lugar establecido deber谩 ser el fijado en los Estatutos, y si no lo estuviera deber谩 estar dentro del t茅rmino municipal donde radique el domicilio de la sociedad.
Si se solicitare simult谩neamente la celebraci贸n de una junta ordinaria y extraordinaria podr谩 acordarse que se celebren conjuntamente.
Contra el decreto por el que se acuerde la convocatoria de la junta general no cabr谩 recurso alguno.
6. Una vez obtenida la aceptaci贸n de quien haya sido designado para presidirla, la resoluci贸n convocando a la junta deber谩 ser notificada al solicitante y al administrador.
En caso de no aceptaci贸n de la persona designada, el Secretario judicial nombrar谩 a otra que la sustituya.
CAP脥TULO III-Del nombramiento y revocaci贸n de liquidador, auditor o interventor de una entidad
Art铆culo 120. 脕mbito de aplicaci贸n
En todos aquellos casos en que la ley prevea la posibilidad de solicitar al Secretario judicial el nombramiento de liquidador, auditor o interventor, se seguir谩 el expediente previsto en este Cap铆tulo.
Para la revocaci贸n o cese de los nombramientos, cuando sea necesario que se realice por el Secretario judicial, se seguir谩 el mismo expediente.
Art铆culo 121. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. La competencia para el nombramiento de liquidador, auditor e interventor corresponder谩 al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia.
2. Podr谩 solicitar el nombramiento de liquidador, auditor o interventor quien resulte legitimado para ello por las correspondientes leyes.
3. En la tramitaci贸n de estos expedientes ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado y Procurador.
Art铆culo 122. Tramitaci贸n
1. El expediente se iniciar谩 mediante escrito en que se solicitar谩 el nombramiento de liquidador, auditor e interventor y se har谩 constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso, acompa帽ando los documentos en que se apoye la solicitud.
2. Examinada la solicitud y la documentaci贸n aportada, el Secretario judicial convocar谩 a una comparecencia, citando a los interesados que, conforme a la ley, hayan de intervenir en el expediente. Los administradores que no hubieran promovido el expediente ser谩n citados a dicha comparecencia y se les dar谩 traslado del escrito de solicitud.
Art铆culo 123. Resoluci贸n y aceptaci贸n del cargo
1. El Secretario judicial resolver谩 el expediente por medio de decreto, que dictar谩 en el plazo de cinco d铆as a contar desde la terminaci贸n de la comparecencia.
2. La decisi贸n se notificar谩 a los nombrados para la aceptaci贸n del cargo. Aceptado el nombramiento, se les proveer谩 de la acreditaci贸n correspondiente.
3. El testimonio de la resoluci贸n se remitir谩 al Registro Mercantil que corresponda para su inscripci贸n.
CAP脥TULO IV-De la reducci贸n de capital social y de la amortizaci贸n o enajenaci贸n de las participaciones o acciones
Art铆culo 124. 脕mbito de aplicaci贸n, competencia y postulaci贸n
1. En todos aquellos casos en que la ley prevea la posibilidad de solicitar al Secretario judicial la reducci贸n de capital social o la amortizaci贸n o enajenaci贸n de las participaciones o acciones de una sociedad, se seguir谩 el expediente general previsto en esta Ley.
2. La competencia corresponder谩 al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia.
3. En la tramitaci贸n de estos expedientes ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado y Procurador.
CAP脥TULO V-De la disoluci贸n judicial de sociedades
Art铆culo 125. 脕mbito de aplicaci贸n
Se aplicar谩 el expediente regulado en este Cap铆tulo a la disoluci贸n judicial de una sociedad en los casos en que proceda conforme a la ley.
Art铆culo 126. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. La competencia para proceder a la disoluci贸n judicial de una sociedad corresponder谩 al Juzgado de lo Mercantil de su domicilio social.
2. Est谩n legitimados para instar la disoluci贸n judicial de la sociedad los administradores, los socios y cualquier interesado.
3. En la tramitaci贸n de estos expedientes ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado y Procurador.
Art铆culo 127. Tramitaci贸n
1. El expediente se iniciar谩 mediante escrito en que se har谩 constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente para proceder a la disoluci贸n judicial de la sociedad, acompa帽ando los documentos en que se apoye la solicitud.
Cuando la solicitud se presente por un sujeto legitimado distinto de los administradores, se deber谩 acreditar que se ha procedido a notificar a la sociedad la solicitud de disoluci贸n.
2. El Secretario judicial dar谩 traslado del escrito a los administradores, si no hubieran promovido el expediente, y convocar谩 una comparecencia citando a 茅stos y a los dem谩s interesados que, conforme a la ley, hayan de intervenir en el expediente.
Art铆culo 128. Resoluci贸n
1. El Juez resolver谩 el expediente por medio de auto en el plazo de cinco d铆as a contar desde la terminaci贸n de la comparecencia.
2. En el supuesto de que el Juez declare disuelta la sociedad, el auto incluir谩 la designaci贸n de las personas que vayan a desempe帽ar el cargo de liquidadores, y un testimonio del mismo se remitir谩 al Registro Mercantil que corresponda para su inscripci贸n.
CAP脥TULO VI-De la convocatoria de la asamblea general de obligacionistas
Art铆culo 129. 脕mbito de aplicaci贸n
El expediente previsto en este cap铆tulo se aplicar谩 en todos los casos en que las leyes permitan solicitar la convocatoria de una asamblea general de obligacionistas.
Art铆culo 130. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Ser谩 competente el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad emisora de las obligaciones.
2. Podr谩 solicitar la convocatoria quien resulte legitimado para ello de acuerdo con el ordenamiento jur铆dico.
3. Para la actuaci贸n en este expediente ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado y Procurador.
Art铆culo 131. Tramitaci贸n
1. El expediente se iniciar谩 mediante escrito solicitando la convocatoria de la asamblea, en donde se har谩 constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso, acompa帽ando los estatutos sociales y, en su caso, el reglamento del sindicato, los documentos que justifiquen la legitimaci贸n y el cumplimiento de dichos requisitos.
Admitida la solicitud, el Secretario judicial se帽alar谩 d铆a y hora para la comparecencia, a la que citar谩 al comisario designado en la escritura de emisi贸n y a los promotores de la asamblea.
2. Celebrada la comparecencia, dictar谩 decreto en el que, si procede, convocar谩 la asamblea general de obligacionistas para la constituci贸n del Sindicato de Obligacionistas, pudiendo designar un nuevo comisario en sustituci贸n del que no hubiera cumplido con su obligaci贸n de convocar la asamblea.
Contra el decreto por el que se acuerde la convocatoria de la asamblea general no cabr谩 recurso alguno.
3. El Secretario judicial convocar谩 la asamblea en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, d铆a y hora para la celebraci贸n, as铆 como el orden del d铆a, de conformidad con el reglamento del sindicato y el contenido de la solicitud.
CAP脥TULO VII-Del robo, hurto, extrav铆o o destrucci贸n de t铆tulo valor o representaci贸n de partes de socio
Art铆culo 132. 脕mbito de aplicaci贸n
Se aplicar谩n las disposiciones de este Cap铆tulo cuando se solicite la adopci贸n de las medidas previstas en la legislaci贸n mercantil en los casos de robo, hurto, extrav铆o o destrucci贸n de t铆tulos valor o de representaci贸n de partes de socio.
Art铆culo 133. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Ser谩 competente el Juzgado de lo Mercantil del lugar de pago cuando se trate de un t铆tulo de cr茅dito, del lugar de dep贸sito en el caso de t铆tulos de dep贸sito, o el del lugar del domicilio de la entidad emisora cuando los t铆tulos fueran valores mobiliarios, seg煤n proceda.
2. Estar谩n legitimados para iniciar el expediente regulado en este Cap铆tulo los poseedores leg铆timos de los t铆tulos que hubieren sido despose铆dos de los mismos, as铆 como los que hubieren sufrido su destrucci贸n o extrav铆o.
3. Para la actuaci贸n en este expediente ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado y Procurador.
Art铆culo 134. Denuncia del hecho en el caso de valores admitidos a negociaci贸n en mercados secundarios oficiales
1. Podr谩 el legitimado seg煤n el art铆culo anterior, si su valor estuviere admitido a negociaci贸n en alguna Bolsa u otro mercado secundario oficial, dirigirse a la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente al domicilio de la entidad emisora para denunciar el robo, hurto, destrucci贸n o extrav铆o del t铆tulo.
2. La Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente lo comunicar谩 a las restantes Sociedades Rectoras, que lo publicar谩n en el tabl贸n de anuncios para impedir la transmisi贸n del t铆tulo o t铆tulos afectados. Igualmente, se publicar谩 la denuncia en el «Bolet铆n Oficial del Estado» y, si lo solicitara el denunciante, en un peri贸dico de gran circulaci贸n a su elecci贸n.
3. El denunciante deber谩 solicitar la iniciaci贸n del expediente regulado en este Cap铆tulo en el plazo m谩ximo de nueve d铆as a contar desde la formalizaci贸n de la denuncia.
4. Si no se notificase a la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial la incoaci贸n del expediente, levantar谩 la interdicci贸n de los valores, lo comunicar谩 a las Sociedades Rectoras de las restantes Bolsas o mercados oficiales y lo har谩 p煤blico mediante su fijaci贸n en el tabl贸n de anuncios.
Art铆culo 135. Tramitaci贸n
1. El expediente se iniciar谩 mediante un escrito en el que el interesado justificar谩 su legitimaci贸n para promoverlo. Si se hubiere denunciado la desposesi贸n del valor ante la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente, deber谩 hacerse constar, expresando la fecha de la presentaci贸n de la denuncia.
2. Incoado el expediente, el Secretario judicial lo comunicar谩 al emisor de los valores y, si se tratara de un t铆tulo admitido a negociaci贸n, a la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente, a los efectos previstos en el art铆culo anterior.
3. El Secretario judicial acordar谩 el anuncio de la incoaci贸n del expediente en el «Bolet铆n Oficial del Estado» y en un peri贸dico de gran circulaci贸n en su provincia y dispondr谩 la citaci贸n de quien pueda estar interesado en el expediente.
4. Celebrada la comparecencia, el Secretario judicial dictar谩 decreto en el que se pronunciar谩 acerca de la prohibici贸n de negociar o transmitir los valores, de la suspensi贸n del pago del capital, intereses o dividendos, o bien del dep贸sito de las mercanc铆as, seg煤n proceda en atenci贸n al t铆tulo de que se trate y, en su caso, ratificar谩 la prohibici贸n de negociaci贸n acordada por la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se tratase de un t铆tulo de tradici贸n, no proceder谩 el dep贸sito de las mercanc铆as si fueran de imposible, dif铆cil o muy costosa conservaci贸n o corrieran el peligro de sufrir grave deterioro o de disminuir considerablemente de valor. En ese caso, el Secretario judicial instar谩 al porteador o al depositario, previa audiencia del tenedor del t铆tulo, que entregue las mercanc铆as al solicitante si 茅ste hubiera prestado cauci贸n suficiente por el valor de las mercanc铆as depositadas, m谩s la eventual indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios al tenedor del t铆tulo si se acreditara posteriormente que el solicitante no ten铆a derecho a la entrega.
6. A petici贸n del solicitante, el Secretario judicial podr谩 nombrar un administrador para el ejercicio de los derechos de asistencia y de voto a las juntas generales y especiales de accionistas correspondientes a los t铆tulos que fueran valores mobiliarios, as铆 como para la impugnaci贸n de los acuerdos sociales. La retribuci贸n del nombrado correr谩 a cargo del solicitante.
7. Transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya suscitado controversia, el Secretario judicial autorizar谩 al que promovi贸 el expediente a cobrar los rendimientos que produzca el t铆tulo, comunic谩ndoselo, a instancia de 茅ste, al emisor para que pueda proceder a su pago.
El Secretario judicial podr谩, si lo considera oportuno, exigir al perceptor de los rendimientos una fianza que garantice, en su caso, la devoluci贸n de los mismos.
8. Transcurrido el plazo de un a帽o sin mediar oposici贸n, el Secretario judicial ordenar谩 al emisor la expedici贸n de nuevos t铆tulos que se entregar谩n al solicitante.
9. En ning煤n caso proceder谩 la anulaci贸n del t铆tulo o t铆tulos, si el tenedor actual que formule oposici贸n los hubiera adquirido de buena fe conforme a la ley de circulaci贸n del propio t铆tulo.
En caso de que no fuera procedente la anulaci贸n del t铆tulo o t铆tulos, quien hubiera sido tenedor leg铆timo en el momento de la p茅rdida de la posesi贸n tendr谩 las acciones civiles o penales que correspondan contra aquella persona que hubiera adquirido de mala fe la posesi贸n del documento.
CAP脥TULO VIII-Del nombramiento de perito en los contratos de seguro
Art铆culo 136. 脕mbito de aplicaci贸n
Se aplicar谩 el expediente regulado en este Cap铆tulo cuando en el contrato de seguro, conforme a su legislaci贸n espec铆fica, no haya acuerdo entre los peritos nombrados por el asegurador y el asegurado para determinar los da帽os producidos y aqu茅llos no est茅n conformes con la designaci贸n de un tercero.
Art铆culo 137. Competencia, legitimaci贸n y postulaci贸n
1. Ser谩 competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de lo Mercantil del lugar del domicilio del asegurado.
2. Podr谩n promover este expediente cualquiera de las partes del contrato de seguro o ambas conjuntamente.
3. En la tramitaci贸n de este expediente no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado y Procurador.
Art铆culo 138. Tramitaci贸n
1. Se iniciar谩 el expediente mediante escrito presentado por cualquiera de los interesados en el que se har谩 constar el hecho de la discordia de los peritos designados por los interesados para valorar los da帽os sufridos, solicitando el nombramiento de un tercer perito. Al escrito se acompa帽ar谩 la p贸liza de seguro y los dict谩menes de los peritos.
2. Admitida a tr谩mite la solicitud, se convocar谩 a una comparecencia, en la que el Secretario judicial instar谩 a los interesados a que se pongan de acuerdo en el nombramiento de otro perito y, si no hubiere acuerdo, proceder谩 a nombrarlo con arreglo a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. Verificado el nombramiento, se har谩 saber al designado para que manifieste si acepta o no el cargo, lo que podr谩 realizar alegando justa causa.
4. Aceptado el cargo, se le proveer谩 del consiguiente nombramiento, debiendo emitir el dictamen en el plazo de treinta d铆as, el cual se incorporar谩 al expediente, d谩ndose por finalizado el mismo.
T脥TULO IX-De la conciliaci贸n
Art铆culo 139. Procedencia de la conciliaci贸n
1. Se podr谩 intentar la conciliaci贸n con arreglo a las previsiones de este T铆tulo para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito.
La utilizaci贸n de este expediente para finalidades distintas de la prevista en el p谩rrafo anterior y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entra帽e fraude de ley o procesal tendr谩 como consecuencia la inadmisi贸n de plano de la petici贸n.
2. No se admitir谩n a tr谩mite las peticiones de conciliaci贸n que se formulen en relaci贸n con:
1.潞 Los juicios en que est茅n interesados los menores y las personas con capacidad modificada judicialmente para la libre administraci贸n de sus bienes.
2.潞 Los juicios en que est茅n interesados el Estado, las Comunidades Aut贸nomas y las dem谩s Administraciones p煤blicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza.
3.潞 El proceso de reclamaci贸n de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados.
4.潞 En general, los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacci贸n ni compromiso.
Art铆culo 140. Competencia
1. Ser谩 competente para conocer de los actos de conciliaci贸n el Juez de Paz o el Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia o del Juzgado de lo Mercantil, cuando se trate de materias de su competencia, del domicilio del requerido. Si no lo tuviera en territorio nacional, el de su 煤ltima residencia en Espa帽a. No obstante lo anterior, si la cuant铆a de la petici贸n fuera inferior a 6.000 euros y no se tratara de cuestiones atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil la competencia corresponder谩, en su caso a los Jueces de Paz.
Si el requerido fuere persona jur铆dica, ser谩 asimismo competente el del lugar del domicilio del solicitante, siempre que en dicho lugar tenga el requerido delegaci贸n, sucursal, establecimiento u oficina abierta al p煤blico o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad, debiendo acreditar dicha circunstancia.
Si tras la realizaci贸n de las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o residencia, 茅stas fueran infructuosas o el requerido de conciliaci贸n fuera localizado en otro partido judicial, el Secretario judicial dictar谩 decreto o el Juez de Paz auto dando por terminado el expediente, haciendo constar tal circunstancia y reservando al solicitante de la conciliaci贸n el derecho a promover de nuevo el expediente ante el Juzgado competente.
2. Si se suscitaren cuestiones de competencia del Juzgado o de recusaci贸n del Secretario judicial o Juez de Paz ante quien se celebre el acto de conciliaci贸n, se tendr谩 por intentada la comparecencia sin m谩s tr谩mites.
Art铆culo 141. Solicitud
1. El que intente la conciliaci贸n presentar谩 ante el 贸rgano competente solicitud por escrito en la que se consignar谩n los datos y circunstancias de identificaci贸n del solicitante y del requerido o requeridos de conciliaci贸n, el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, el objeto de la conciliaci贸n que se pretenda y la fecha, determinando con claridad y precisi贸n cu谩l es el objeto de la avenencia.
El solicitante podr谩 igualmente formular su solicitud de conciliaci贸n cumplimentando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallar谩n a su disposici贸n en el 贸rgano correspondiente.
2. Podr谩n acompa帽arse a la solicitud aquellos documentos que el solicitante considere oportunos.
3. En los expedientes de conciliaci贸n no ser谩 preceptiva la intervenci贸n de Abogado ni Procurador.
Art铆culo 142. Admisi贸n, se帽alamiento y citaci贸n
1. El Secretario judicial o Juez de Paz, en los cinco d铆as h谩biles siguientes a aquel en que se presente la solicitud, dictar谩 resoluci贸n sobre su admisi贸n y citar谩 a los interesados, se帽alando el d铆a y hora en que haya de tener lugar el acto de conciliaci贸n.
2. Entre la citaci贸n y el acto de conciliaci贸n deber谩n mediar al menos cinco d铆as. En ning煤n caso podr谩 demorarse la celebraci贸n del acto de conciliaci贸n m谩s de diez d铆as desde la admisi贸n de la solicitud.
Art铆culo 143. Efectos de la admisi贸n
La presentaci贸n con ulterior admisi贸n de la solicitud de conciliaci贸n interrumpir谩 la prescripci贸n, tanto adquisitiva como extintiva, en los t茅rminos y con los efectos establecidos en la ley, desde el momento de su presentaci贸n.
El plazo para la prescripci贸n volver谩 a computarse desde que recaiga decreto del Secretario judicial o auto del Juez de Paz poniendo t茅rmino al expediente.
Art铆culo 144. Comparecencia al acto de conciliaci贸n
1. Las partes deber谩n comparecer por s铆 mismas o por medio de Procurador, siendo de aplicaci贸n las normas sobre representaci贸n recogidas en el T铆tulo I del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Si no compareciere el solicitante ni alegare justa causa para no concurrir, se le tendr谩 por desistido y se archivar谩 el expediente. El requerido podr谩 reclamar al solicitante la indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios que su comparecencia le haya originado, si el solicitante no acreditare que su incomparecencia se debi贸 a justa causa. De la reclamaci贸n se dar谩 traslado por cinco d铆as al solicitante, y resolver谩 el Secretario judicial o el Juez de Paz, sin ulterior recurso, fijando, en su caso, la indemnizaci贸n que corresponda.
3. Si el requerido de conciliaci贸n no compareciere ni alegare justa causa para no concurrir, se pondr谩 fin al acto, teni茅ndose la conciliaci贸n por intentada a todos los efectos legales. Si, siendo varios los requeridos, concurriese s贸lo alguno de ellos, se celebrar谩 con 茅l el acto y se tendr谩 por intentada la conciliaci贸n en cuanto a los restantes.
4. Si el Secretario judicial o el Juez de Paz, en su caso, considerase acreditada la justa causa alegada por el solicitante o requerido para no concurrir, se se帽alar谩 nuevo d铆a y hora para la celebraci贸n del acto de conciliaci贸n en el plazo de los cinco d铆as siguientes a la decisi贸n de suspender el acto.
Art铆culo 145. Celebraci贸n del acto de conciliaci贸n
1. En el acto de conciliaci贸n expondr谩 su reclamaci贸n el solicitante, manifestando los fundamentos en que la apoye; contestar谩 el requerido lo que crea conveniente y podr谩n los intervinientes exhibir o aportar cualquier documento en que funden sus alegaciones. Si no hubiera avenencia entre los interesados, el Secretario judicial o el Juez de Paz procurar谩 avenirlos, permiti茅ndoles replicar y contrarreplicar, si quisieren y ello pudiere facilitar el acuerdo.
2. Si se alegare alguna cuesti贸n que pueda impedir la v谩lida prosecuci贸n del acto de conciliaci贸n se dar谩 por terminado el acto y se tendr谩 por intentada la conciliaci贸n sin m谩s tr谩mites.
3. Si hubiere conformidad entre los interesados en todo o en parte del objeto de la conciliaci贸n, se har谩 constar detalladamente en un acta todo cuanto acuerden y que el acto termin贸 con avenencia as铆 como los t茅rminos de la misma, debiendo ser firmada por los comparecientes. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se har谩 constar que el acto termin贸 sin avenencia.
4. El desarrollo de la comparecencia se registrar谩, si fuera posible, en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Finalizado el acto, el Secretario judicial dictar谩 decreto o el Juez de Paz dictar谩 auto haciendo constar la avenencia o, en su caso, que se intent贸 sin efecto o que se celebr贸 sin avenencia, acord谩ndose el archivo definitivo de las actuaciones.
Art铆culo 146. Testimonio y gastos
Las partes podr谩n solicitar testimonio del acta que ponga fin al acto de conciliaci贸n.
Los gastos que ocasionare el acto de conciliaci贸n ser谩n de cuenta del que lo hubiere promovido.
Art铆culo 147. Ejecuci贸n
1. A los efectos previstos en el art铆culo 517.2.9.潞 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el testimonio del acta junto con el del decreto del Secretario judicial o del auto del Juez de Paz haciendo constar la avenencia de las partes en el acto de conciliaci贸n, llevar谩 aparejada ejecuci贸n.
A otros efectos, lo convenido tendr谩 el valor y eficacia de un convenio consignado en documento p煤blico y solemne.
2. Ser谩 competente para la ejecuci贸n el mismo Juzgado que tramit贸 la conciliaci贸n cuando se trate de asuntos de la competencia del propio Juzgado. En los dem谩s casos ser谩 competente para la ejecuci贸n el Juzgado de Primera Instancia a quien hubiere correspondido conocer de la demanda.
3. La ejecuci贸n se llevar谩 a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecuci贸n de sentencias y convenios judicialmente aprobados.
Art铆culo 148. Acci贸n de nulidad
1. Contra lo convenido en el acto de conciliaci贸n s贸lo podr谩 ejercitarse la acci贸n de nulidad por las causas que invalidan los contratos.
2. La demanda ejercitando dicha acci贸n deber谩 interponerse en un plazo de quince d铆as desde que se celebr贸 la conciliaci贸n ante el tribunal competente y se sustanciar谩 por los tr谩mites del juicio que corresponda a su materia o cuant铆a.
3. Acreditado el ejercicio de la acci贸n de nulidad, quedar谩 en suspenso la ejecuci贸n de lo convenido en el acto de conciliaci贸n hasta que se resuelva definitivamente sobre la acci贸n ejercitada.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Referencias contenidas en la legislaci贸n
1. Las referencias que efect煤en leyes de fecha anterior a la presente a las competencias del Juez en relaci贸n con los asuntos de jurisdicci贸n voluntaria, se entender谩n hechas al Juez o al Secretario judicial con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del art铆culo 2 de esta Ley.
Asimismo, las referencias que figuren en normas de fecha anterior a esta Ley relativas a la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a asuntos de jurisdicci贸n voluntaria, se entender谩n hechas a la presente Ley.
2. Las referencias que figuren en normas de fecha anterior a esta Ley a separaci贸n o divorcio judicial se entender谩n hechas a separaci贸n o divorcio legal. En el mismo sentido las referencias existentes a «separaci贸n de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente» deber谩n entenderse a la separaci贸n notarial.
3. Las referencias realizadas en esta Ley al C贸digo Civil o a la legislaci贸n civil deber谩 entenderse realizada tambi茅n a las leyes civiles forales o especiales all铆 donde existan.
Segunda. R茅gimen jur铆dico aplicable al acogimiento de menores
1. El expediente para la constituci贸n del acogimiento de menores se regir谩 por las disposiciones comunes establecidas en la presente ley, con las siguientes especialidades:
a) Cuando requiera decisi贸n judicial, ser谩 promovido por el Ministerio Fiscal o por la Entidad P煤blica correspondiente, debiendo contener la propuesta presentada por 茅sta las menciones establecidas en la legislaci贸n civil.
El Juez recabar谩 el consentimiento de la Entidad P煤blica, si no fuera la promotora del expediente, de las personas que reciban al menor; y de 茅ste, si fuere mayor de 12 a帽os, as铆 como de los progenitores que no estuvieren privados de la patria potestad ni suspendidos en su ejercicio o, en su caso, del tutor.
Los progenitores no podr谩n alegar en el expediente si hubo o no causa de desamparo o si, de haberla, ha mediado despu茅s la rehabilitaci贸n.
Obtenidos los consentimientos y realizadas las audiencias con la debida reserva, dictar谩 la resoluci贸n que proceda en inter茅s del menor en el plazo de cinco d铆as.
b) Cuando no haya podido conocerse el domicilio o paradero de los progenitores o tutores, agotados los medios previstos por el apartado 1 del art铆culo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o si citados personalmente no comparecieran, se prescindir谩 del tr谩mite y el Juez resolver谩 sobre el acogimiento.
c) Si los progenitores comunican al Tribunal que est茅 conociendo del correspondiente expediente que pretenden impugnar la declaraci贸n de desamparo mediante la formulaci贸n de demanda, o promover el procedimiento a efectos de rehabilitaci贸n, el Secretario judicial, con suspensi贸n del expediente, se帽alar谩 el plazo de veinte d铆as para la presentaci贸n de la demanda. Presentada la demanda, el Tribunal podr谩 suspender el expediente hasta que recaiga resoluci贸n en dicho procedimiento. Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, por el Secretario judicial se continuar谩 con la tramitaci贸n del expediente.
2. El expediente de cesaci贸n del acogimiento acordado judicialmente se iniciar谩 de oficio o a petici贸n del menor, de su representante legal, de la Entidad P煤blica, del Ministerio Fiscal o de las personas que lo tengan acogido.
Tras o铆r a la Entidad P煤blica, al menor, a su representante legal y a los que lo tengan acogido, y previo informe del Ministerio Fiscal, el Juez resolver谩 lo que estime procedente dentro de los cinco d铆as siguientes.
3. El expediente para adoptar medidas en cuantos asuntos se planteen respecto a las relaciones de los menores en r茅gimen de acogimiento con sus progenitores, sus abuelos y dem谩s parientes y allegados ser谩 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia de la sede de la Entidad P煤blica que tenga encomendada la protecci贸n del menor. No obstante, si el acogimiento hubiera sido establecido por resoluci贸n judicial, ser谩 competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que lo hubiera acordado.
Est谩n legitimados para promover este expediente el menor, ambos progenitores, individual o conjuntamente, sus abuelos y dem谩s parientes y allegados.
Si el Juez estimara procedente la adopci贸n de medidas, la resoluci贸n establecer谩 el r茅gimen de estancia, relaci贸n y comunicaci贸n del menor con el solicitante o solicitantes, as铆 como las dem谩s medidas que se refieran a sus relaciones y sean procedentes en el caso.
4. Este r茅gimen ser谩 de aplicaci贸n hasta la entrada en vigor de las leyes de modificaci贸n del sistema de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia.
Tercera. Inscripci贸n en los registros p煤blicos de documentos p煤blicos extranjeros
1. Un documento p煤blico extranjero no dictado por un 贸rgano judicial es t铆tulo para inscribir el hecho o acto de que da fe siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente conforme a la legislaci贸n de su Estado.
b) Que la autoridad extranjera haya intervenido en la confecci贸n del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempe帽an las autoridades espa帽olas en la materia de que se trate y surta los mismos o m谩s pr贸ximos efectos en el pa铆s de origen.
c) Que el hecho o acto contenido en el documento sea v谩lido conforme al ordenamiento designado por las normas espa帽olas de Derecho internacional privado.
d) Que la inscripci贸n del documento extranjero no resulte manifiestamente incompatible con el orden p煤blico espa帽ol.
2. El r茅gimen jur铆dico contemplado en el presente art铆culo para las resoluciones dictadas por autoridades no judiciales extranjeras ser谩 aplicable a las resoluciones pronunciadas por 贸rganos judiciales extranjeros en materias cuya competencia corresponda, seg煤n esta ley, al conocimiento de autoridades espa帽olas no judiciales.
Cuarta. Aranceles notariales y registrales
El Gobierno aprobar谩 en el plazo de tres meses a contar desde su publicaci贸n en el «Bolet铆n Oficial del Estado» los aranceles correspondientes a la intervenci贸n de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles respecto de los asuntos, actas, escrituras p煤blicas, expedientes, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en esta Ley.
En todo caso, el arancel de los expedientes de designaci贸n notarial de peritos prevista en la normativa del contrato de seguro se percibir谩 sin atenci贸n a la cuant铆a posible del negocio peritado.
Quinta. Modificaciones y desarrollos reglamentarios
El Gobierno llevar谩 a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean precisos para la aplicaci贸n de la presente Ley.
Sexta. No incremento del gasto
Las medidas incluidas en esta norma no podr谩n suponer incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Expedientes en tramitaci贸n
Los expedientes afectados por esta Ley que se encontraran en tramitaci贸n al tiempo de su entrada en vigor se continuar谩n tramitando conforme a la legislaci贸n anterior.
Segunda. Herencias abintestato a favor de la Administraci贸n p煤blica
1. Las declaraciones de heredero abintestato a favor de la Administraci贸n que se encuentren en tramitaci贸n a la entrada en vigor de la presente ley se seguir谩n tramitando, hasta su resoluci贸n, conforme a la legislaci贸n anterior, por los 贸rganos judiciales que estuvieran conociendo de ellas.
2. El reparto del caudal relicto en las herencias abintestato a favor de la Administraci贸n General del Estado se realizar谩 de acuerdo con la legislaci贸n anterior cuando a la entrada en vigor de esta Ley se hubiera publicado en el «Bolet铆n Oficial del Estado» la correspondiente convocatoria.
Tercera. Expedientes de subastas voluntarias
Las subastas voluntarias que se celebren hasta el 15 de octubre de 2015 se regir谩n por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.
Cuarta. Expedientes de adopci贸n y matrimoniales
1. Las adopciones que se inicien hasta la entrada en vigor de la Ley de modificaci贸n del sistema de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia, se regir谩n por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.
2. Los expedientes matrimoniales que se inicien antes de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil se seguir谩n tramitando por el Encargado del Registro Civil conforme a las disposiciones del C贸digo Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957.
Resuelto favorablemente el expediente matrimonial por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio se podr谩 celebrar, a elecci贸n de los contrayentes, ante:
1.潞 El Juez Encargado del Registro Civil y los Jueces de Paz por delegaci贸n de aqu茅l.
2.掳 El Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien 茅ste delegue.
3.潞 El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebraci贸n.
4.潞 El funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero.
La prestaci贸n del consentimiento deber谩 realizarse en la forma prevista en el C贸digo Civil y en la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, con las especialidades que se establecen en esta disposici贸n.
El matrimonio celebrado ante el Encargado del Registro Civil, Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien este delegue o ante el Secretario judicial se har谩 constar en acta; el que se celebre ante Notario constar谩 en escritura p煤blica. En ambos casos deber谩 ser firmada, adem谩s de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.
Extendida el acta o autorizada la escritura p煤blica, se entregar谩 a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebraci贸n del matrimonio y se remitir谩 por el autorizante, en el mismo d铆a y por medios telem谩ticos, testimonio o copia autorizada electr贸nica del documento al Registro Civil para su inscripci贸n, previa calificaci贸n del Encargado del Registro Civil.
Precepto modificado por Ley 4/2017, de 28 de junio, con entrada en vigor a partir del 30-6-2017
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 2 de la disposici贸n transitoria cuarta
Redacci贸n hasta el 30-6-2017
1. Las adopciones que se inicien hasta la entrada en vigor de la Ley de modificaci贸n del sistema de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia, se regir谩n por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.
2. Los expedientes matrimoniales que se inicien antes del 30 de junio del 2017 se seguir谩n tramitando por el Encargado del Registro Civil conforme a las disposiciones del C贸digo Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957.
Resuelto favorablemente el expediente matrimonial por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio se podr谩 celebrar, a elecci贸n de los contrayentes, ante:
1.潞 El Juez Encargado del Registro Civil y los Jueces de Paz por delegaci贸n de aqu茅l.
2.掳 El Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien 茅ste delegue.
3.潞 El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebraci贸n.
4.潞 El funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero.
La prestaci贸n del consentimiento deber谩 realizarse en la forma prevista en el C贸digo Civil y en la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, con las especialidades que se establecen en esta disposici贸n.
El matrimonio celebrado ante el Encargado del Registro Civil, Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien este delegue o ante el Secretario judicial se har谩 constar en acta; el que se celebre ante Notario constar谩 en escritura p煤blica. En ambos casos deber谩 ser firmada, adem谩s de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.
Extendida el acta o autorizada la escritura p煤blica, se entregar谩 a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebraci贸n del matrimonio y se remitir谩 por el autorizante, en el mismo d铆a y por medios telem谩ticos, testimonio o copia autorizada electr贸nica del documento al Registro Civil para su inscripci贸n, previa calificaci贸n del Encargado del Registro Civil.
Quinta. Matrimonios celebrados por las confesiones religiosas evang茅licas, jud铆as e isl谩micas y por las que hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a
1. Hasta la entrada en vigor de la disposici贸n final quinta de esta ley, al matrimonio religioso evang茅lico ser谩 de aplicaci贸n lo dispuesto en el art铆culo 7 del Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Entidades Religiosas Evang茅licas de Espa帽a, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, salvo el apartado 5 del art铆culo 7, que quedar谩 redactado de la forma siguiente:.
«5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extender谩 certificaci贸n expresiva de la celebraci贸n del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripci贸n y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente previo que necesariamente incluir谩n el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular que la hubiera extendido. Esta certificaci贸n se remitir谩 por medios electr贸nicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificaci贸n acreditativa de la condici贸n de ministro de culto, dentro del plazo de cinco d铆as al Encargado del Registro Civil competente para su inscripci贸n. Igualmente extender谩 en las dos copias de la resoluci贸n diligencia expresiva de la celebraci贸n del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservar谩 la otra como acta de la celebraci贸n en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto.»
2. Hasta la entrada en vigor de la disposici贸n final sexta de esta ley, al matrimonio religioso jud铆o ser谩 de aplicaci贸n lo dispuesto en el art铆culo 7 del Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Comunidades Israelitas de Espa帽a, aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, salvo el apartado 5 del art铆culo 7, que queda redactado de la forma siguiente:
«5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extender谩 certificaci贸n expresiva de la celebraci贸n del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripci贸n y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente que necesariamente incluir谩n el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular que la hubiera extendido. Esta certificaci贸n se remitir谩 por medios electr贸nicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificaci贸n acreditativa de la condici贸n de ministro de culto, dentro del plazo de cinco d铆as al Encargado del Registro Civil competente para su inscripci贸n. Igualmente extender谩 en las dos copias de la resoluci贸n previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebraci贸n del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservar谩 la otra como acta de la celebraci贸n en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa que representa como ministro de culto.»
3. Hasta la entrada en vigor de la disposici贸n final s茅ptima de esta ley, al matrimonio religioso isl谩mico ser谩 de aplicaci贸n lo dispuesto en el art铆culo 7 del Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Comisi贸n Isl谩mica de Espa帽a, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, salvo el apartado 3 del art铆culo 7, que queda redactado de la forma siguiente:
«3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad Isl谩mica en que se hubiera contra铆do aquel extender谩 certificaci贸n expresiva de la celebraci贸n del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripci贸n y las menciones de las circunstancias del expediente que necesariamente incluir谩n el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular que la hubiera extendido. Esta certificaci贸n se remitir谩 por medios electr贸nicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificaci贸n acreditativa de la capacidad del representante de la Comunidad Isl谩mica para celebrar matrimonios, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del art铆culo 3, dentro del plazo de cinco d铆as al Encargado del Registro Civil competente para su inscripci贸n. Igualmente extender谩 en las dos copias de la resoluci贸n previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebraci贸n del matrimonio, entregando una a los contrayentes y conservar谩 la otra como acta de la celebraci贸n en el archivo de la Comunidad.»
4. Hasta la entrada en vigor del art铆culo 58 bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, la celebraci贸n del matrimonio en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a, requerir谩n la resoluci贸n previa de capacidad matrimonial. Cumplido este tr谩mite, el Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular que haya intervenido expedir谩 dos copias de la resoluci贸n que incluir谩, en todo caso, certificaci贸n acreditativa del juicio de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que 茅stos deber谩n entregar al ministro de culto encargado de la celebraci贸n del matrimonio.
El consentimiento deber谩 prestarse ante un ministro de culto y dos testigos mayores de edad. En estos casos, el consentimiento deber谩 prestarse antes de que hayan transcurrido seis meses desde la expedici贸n del certificado de capacidad matrimonial.
A estos efectos se consideran ministros de culto a las personas f铆sicas dedicadas, con car谩cter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y que acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificaci贸n expedida por la iglesia, confesi贸n o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a con la conformidad de la Federaci贸n que, en su caso, hubiera solicitado dicho reconocimiento.
Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extender谩 certificaci贸n expresiva de la celebraci贸n del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripci贸n y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del acta previa que necesariamente incluir谩n el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular que la hubiera extendido. Esta certificaci贸n se remitir谩 por medios electr贸nicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificaci贸n acreditativa de la condici贸n de ministro de culto, dentro del plazo de cinco d铆as al Encargado del Registro Civil competente para su inscripci贸n. Igualmente extender谩 en las dos copias de la resoluci贸n previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebraci贸n del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservar谩 la otra como acta de la celebraci贸n en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto.
DISPOSICI脫N DEROGATORIA
脷nica. Derogaci贸n de normas
1. Quedan derogados los art铆culos 4, 10, 11, 63, 460 a 480, 977 a 1000, 1811 a 1879, 1901 a 1918, 1943 a 2174 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.
2. Se deroga el art铆culo 316 del C贸digo Civil.
3. Se derogan los art铆culos 84 a 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.
4. Asimismo, se consideran derogadas, conforme al apartado 2 del art铆culo 2 del C贸digo Civil, cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificaci贸n de determinados art铆culos del C贸digo Civil
El C贸digo Civil queda modificado como sigue:
Uno. El art铆culo 47 queda redactado del siguiente modo:
«Art铆culo 47. Tampoco pueden contraer matrimonio entre s铆:
1. (...)
2. (...)
3. Los condenados por haber tenido participaci贸n en la muerte dolosa del c贸nyuge o persona con la que hubiera estado unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal.»
Dos. Se modifica el art铆culo 48:
«El Juez podr谩 dispensar, con justa causa y a instancia de parte, mediante resoluci贸n previa dictada en expediente de jurisdicci贸n voluntaria, los impedimentos de muerte dolosa del c贸nyuge o persona con la que hubiera estado unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal y de parentesco de grado tercero entre colaterales. La dispensa ulterior convalida, desde su celebraci贸n, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes.»
Tres. El art铆culo 49 queda redactado de la forma siguiente:
«Cualquier espa帽ol podr谩 contraer matrimonio dentro o fuera de Espa帽a:
1.潞 En la forma regulada en este C贸digo.
2.潞 En la forma religiosa legalmente prevista.
Tambi茅n podr谩 contraer matrimonio fuera de Espa帽a con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebraci贸n.»
Cuatro. Se modifica la r煤brica de la secci贸n segunda del Cap铆tulo III del T铆tulo IV del Libro I, que pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«Secci贸n segunda. De la celebraci贸n del matrimonio»
Cinco. El art铆culo 51 queda redactado del siguiente modo:
«Art铆culo 51
1. La competencia para constatar mediante acta o expediente el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier g茅nero de obst谩culos para contraer matrimonio corresponder谩 al Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil del lugar del domicilio de uno de los contrayentes o al funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil si residiesen en el extranjero.
2. Ser谩 competente para celebrar el matrimonio:
1.潞 El Juez de Paz o Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien 茅ste delegue.
2.潞 El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebraci贸n.
3.潞 El funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero.»
Seis. El art铆culo 52 queda redactado del siguiente modo:
«Podr谩n celebrar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte:
1.潞 El Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien delegue, Secretario judicial, Notario o funcionario a que se refiere el art铆culo 51.
2.潞 El Oficial o Jefe superior inmediato respecto de los militares en campa帽a.
3.潞 El Capit谩n o Comandante respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave.
El matrimonio en peligro de muerte no requerir谩 para su celebraci贸n la previa tramitaci贸n del acta o expediente matrimonial, pero s铆 la presencia, en su celebraci贸n, de dos testigos mayores de edad y, cuando el peligro de muerte derive de enfermedad o estado f铆sico de alguno de los contrayentes, dictamen m茅dico sobre su capacidad para la prestaci贸n del consentimiento y la gravedad de la situaci贸n, salvo imposibilidad acreditada, sin perjuicio de lo establecido en el art铆culo 65.»
Siete. El art铆culo 53 queda redactado del siguiente modo:
«La validez del matrimonio no quedar谩 afectada por la incompetencia o falta de nombramiento del Juez de Paz, Alcalde, Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien se celebre, siempre que al menos uno de los c贸nyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones p煤blicamente.»
Ocho. El art铆culo 55 queda redactado del siguiente modo:
«Uno de los contrayentes podr谩 contraer matrimonio por apoderado, a quien tendr谩 que haber concedido poder especial en forma aut茅ntica, siendo siempre necesaria la asistencia personal del otro contrayente.
En el poder se determinar谩 la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresi贸n de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad, debiendo apreciar su validez el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente matrimonial previo al matrimonio.
El poder se extinguir谩 por la revocaci贸n del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocaci贸n por el poderdante bastar谩 su manifestaci贸n en forma aut茅ntica antes de la celebraci贸n del matrimonio. La revocaci贸n se notificar谩 de inmediato al Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente previo al matrimonio, y si ya estuviera finalizado a quien vaya a celebrarlo.»
Nueve. El art铆culo 56 queda redactado del siguiente modo:
«Quienes deseen contraer matrimonio acreditar谩n previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislaci贸n del Registro Civil, que re煤nen los requisitos de capacidad o la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este C贸digo.
El Letrado de la Administraci贸n de Justicia, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario, podr谩 recabar de las Administraciones o entidades de iniciativa social de promoci贸n y protecci贸n de los derechos de las personas con discapacidad, la provisi贸n de apoyos humanos, t茅cnicos y materiales que faciliten la emisi贸n, interpretaci贸n y recepci贸n del consentimiento del o los contrayentes. Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condici贸n de salud que, de modo evidente, categ贸rico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabar谩 dictamen m茅dico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.»
Diez. El art铆culo 57 queda redactado del siguiente modo:
«El matrimonio tramitado por el Secretario judicial o por funcionario consular o diplom谩tico podr谩 celebrarse ante el mismo u otro distinto, o ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, a elecci贸n de los contrayentes. Si se hubiere tramitado por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio deber谩 celebrarse ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, que designen los contrayentes.
Finalmente, si fuera el Notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes podr谩n otorgar el consentimiento, a su elecci贸n, ante el mismo Notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue.»
Once. El art铆culo 58 queda redactado del siguiente modo:
«El Juez de Paz, Alcalde, Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario, despu茅s de le铆dos los art铆culos 66, 67 y 68, preguntar谩 a cada uno de los contrayentes si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contrae en dicho acto y, respondiendo ambos afirmativamente, declarar谩 que los mismos quedan unidos en matrimonio y extender谩 el acta o autorizar谩 la escritura correspondiente.»
Doce. El art铆culo 60 queda redactado del siguiente modo:
«1. El matrimonio celebrado seg煤n las normas del Derecho can贸nico o en cualquiera de otras formas religiosas previstas en los acuerdos de cooperaci贸n entre el Estado y las confesiones religiosas produce efectos civiles.
2. Igualmente, se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a.
En este supuesto, el reconocimiento de efectos civiles requerir谩 el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La tramitaci贸n de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial con arreglo a la normativa del Registro Civil.
b) La libre manifestaci贸n del consentimiento ante un ministro de culto debidamente acreditado y dos testigos mayores de edad.
La condici贸n de ministro de culto ser谩 acreditada mediante certificaci贸n expedida por la iglesia, confesi贸n o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a, con la conformidad de la federaci贸n que, en su caso, hubiere solicitado dicho reconocimiento.
3. Para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado en forma religiosa se estar谩 a lo dispuesto en el Cap铆tulo siguiente.»
Trece. El art铆culo 62 queda redactado del siguiente modo:
«La celebraci贸n del matrimonio se har谩 constar mediante acta o escritura p煤blica que ser谩 firmada por aqu茅l ante quien se celebre, los contrayentes y dos testigos.
Extendida el acta o autorizada la escritura p煤blica, se remitir谩 por el autorizante copia acreditativa de la celebraci贸n del matrimonio al Registro Civil competente, para su inscripci贸n, previa calificaci贸n por el Encargado del mismo.»
Catorce. El art铆culo 63 queda redactado del siguiente modo:
«La inscripci贸n del matrimonio celebrado en Espa帽a en forma religiosa se practicar谩 con la simple presentaci贸n de la certificaci贸n de la iglesia, o confesi贸n, comunidad religiosa o federaci贸n respectiva, que habr谩 de expresar las circunstancias exigidas por la legislaci贸n del Registro Civil.
Se denegar谩 la pr谩ctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no re煤ne los requisitos que para su validez se exigen en este T铆tulo.»
Quince. El art铆culo 65 queda redactado del siguiente modo:
«En los casos en que el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente o acta previa, si 茅ste fuera necesario, el Secretario judicial, Notario, o el funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil que lo haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripci贸n, deber谩 comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitaci贸n del acta o expediente al que se refiere este art铆culo.
Si la celebraci贸n del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona competente distinta de las indicadas en el p谩rrafo anterior, el acta de aqu茅lla se remitir谩 al Encargado del Registro Civil del lugar de celebraci贸n para que proceda a la comprobaci贸n de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. Efectuada esa comprobaci贸n, el Encargado del Registro Civil proceder谩 a su inscripci贸n.»
Diecis茅is. Se modifica el n煤mero 3.潞 del art铆culo 73 que queda redactado del siguiente modo:
«3.潞 El que se contraiga sin la intervenci贸n del Juez de Paz, Alcalde o Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos.»
Diecisiete. El p谩rrafo primero del art铆culo 81 queda redactado del siguiente modo:
«Se decretar谩 judicialmente la separaci贸n cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebraci贸n del matrimonio.»
Dieciocho. El art铆culo 82 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los c贸nyuges podr谩n acordar su separaci贸n de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebraci贸n del matrimonio mediante la formulaci贸n de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura p煤blica ante Notario, en el que, junto a la voluntad inequ铆voca de separarse, determinar谩n las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separaci贸n en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 90. Los funcionarios diplom谩ticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podr谩n autorizar la escritura p煤blica de separaci贸n.
Los c贸nyuges deber谩n intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por Letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el Secretario judicial o Notario. Igualmente los hijos mayores o menores emancipados deber谩n otorgar el consentimiento ante el Secretario judicial o Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar.
2. No ser谩 de aplicaci贸n lo dispuesto en este art铆culo cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores.»
Diecinueve. El art铆culo 83 queda redactado del siguiente modo:
«La sentencia o decreto de separaci贸n o el otorgamiento de la escritura p煤blica del convenio regulador que la determine producen la suspensi贸n de la vida com煤n de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro c贸nyuge en el ejercicio de la potestad dom茅stica.
Los efectos de la separaci贸n matrimonial se producir谩n desde la firmeza de la sentencia o decreto que as铆 la declare o desde la manifestaci贸n del consentimiento de ambos c贸nyuges otorgado en escritura p煤blica conforme a lo dispuesto en el art铆culo 82. Se remitir谩 testimonio de la sentencia o decreto, o copia de la escritura p煤blica al Registro Civil para su inscripci贸n, sin que, hasta que esta tenga lugar, se produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe.»
Veinte. El art铆culo 84 queda redactado del siguiente modo:
«La reconciliaci贸n pone t茅rmino al procedimiento de separaci贸n y deja sin efecto ulterior lo resuelto en 茅l, pero ambos c贸nyuges separadamente deber谩n ponerlo en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido en el litigio. Ello no obstante, mediante resoluci贸n judicial, ser谩n mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relaci贸n a los hijos, cuando exista causa que lo justifique.
Cuando la separaci贸n hubiere tenido lugar sin intervenci贸n judicial, en la forma prevista en el art铆culo 82, la reconciliaci贸n deber谩 formalizase en escritura p煤blica o acta de manifestaciones.
La reconciliaci贸n deber谩 inscribirse, para su eficacia frente a terceros, en el Registro Civil correspondiente.»
Veintiuno. El art铆culo 87 queda redactado del siguiente modo:
« Los c贸nyuges tambi茅n podr谩n acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la formulaci贸n de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura p煤blica ante Notario, en la forma y con el contenido regulado en el art铆culo 82, debiendo concurrir los mismos requisitos y circunstancias exigidas en 茅l. Los funcionarios diplom谩ticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podr谩n autorizar la escritura p煤blica de divorcio.»
Veintid贸s. El art铆culo 89 queda redactado del siguiente modo:
«Los efectos de la disoluci贸n del matrimonio por divorcio se producir谩n desde la firmeza de la sentencia o decreto que as铆 lo declare o desde la manifestaci贸n del consentimiento de ambos c贸nyuges otorgado en escritura p煤blica conforme a lo dispuesto en el art铆culo 87. No perjudicar谩 a terceros de buena fe sino a partir de su respectiva inscripci贸n en el Registro Civil.»
Veintitr茅s. Se modifica el art铆culo 90, que queda redactado de la siguiente manera:
«1. El convenio regulador a que se refieren los art铆culos 81, 82, 83, 86 y 87 deber谩 contener, al menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos:
a) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de 茅sta y, en su caso, el r茅gimen de comunicaci贸n y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos.
b) Si se considera necesario, el r茅gimen de visitas y comunicaci贸n de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el inter茅s de aqu茅llos.
c) La atribuci贸n del uso de la vivienda y ajuar familiar.
d) La contribuci贸n a las cargas del matrimonio y alimentos, as铆 como sus bases de actualizaci贸n y garant铆as en su caso.
e) La liquidaci贸n, cuando proceda, del r茅gimen econ贸mico del matrimonio.
f) La pensi贸n que conforme al art铆culo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los c贸nyuges.
2. Los acuerdos de los c贸nyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separaci贸n y divorcio presentados ante el 贸rgano judicial ser谩n aprobados por el Juez salvo si son da帽osos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los c贸nyuges.
Si las partes proponen un r茅gimen de visitas y comunicaci贸n de los nietos con los abuelos, el Juez podr谩 aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que estos presten su consentimiento. La denegaci贸n de los acuerdos habr谩 de hacerse mediante resoluci贸n motivada y en este caso los c贸nyuges deber谩n someter, a la consideraci贸n del Juez, nueva propuesta para su aprobaci贸n, si procede.
Cuando los c贸nyuges formalizasen los acuerdos ante el Secretario judicial o Notario y 茅stos considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser da帽oso o gravemente perjudicial para uno de los c贸nyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertir谩n a los otorgantes y dar谩n por terminado el expediente. En este caso, los c贸nyuges s贸lo podr谩n acudir ante el Juez para la aprobaci贸n de la propuesta de convenio regulador.
Desde la aprobaci贸n del convenio regulador o el otorgamiento de la escritura p煤blica, podr谩n hacerse efectivos los acuerdos por la v铆a de apremio.
3. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los c贸nyuges judicialmente, podr谩n ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando as铆 lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los c贸nyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el Secretario judicial o en escritura p煤blica podr谩n ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este C贸digo.
4. El Juez o las partes podr谩n establecer las garant铆as reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio.»
Veinticuatro. Se modifica el primer p谩rrafo del art铆culo 95, que pasa a quedar redactado de la siguiente manera:
«La sentencia firme, el decreto firme o la escritura p煤blica que formalicen el convenio regulador, en su caso, producir谩n, respecto de los bienes del matrimonio, la disoluci贸n o extinci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial y aprobar谩 su liquidaci贸n si hubiera mutuo acuerdo entre los c贸nyuges al respecto.
Si la sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno solo de los c贸nyuges, el que hubiere obrado de buena fe podr谩 optar por aplicar en la liquidaci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial las disposiciones relativas al r茅gimen de participaci贸n y el de mala fe no tendr谩 derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte.»
Veinticinco. El 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 97 queda redactado del siguiente modo:
«En la resoluci贸n judicial o en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o el Notario se fijar谩n la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensi贸n, la duraci贸n o el momento de cese y las garant铆as para su efectividad.»
Veintis茅is. El art铆culo 99 queda redactado del siguiente modo:
«En cualquier momento podr谩 convenirse la sustituci贸n de la pensi贸n fijada judicialmente o por convenio regulador formalizado conforme al art铆culo 97 por la constituci贸n de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero».
Veintisiete. El art铆culo 100, queda redactado del siguiente modo:
«Fijada la pensi贸n y las bases de su actualizaci贸n en la sentencia de separaci贸n o de divorcio, s贸lo podr谩 ser modificada por alteraciones en la fortuna de uno u otro c贸nyuge que as铆 lo aconsejen.
La pensi贸n y las bases de actualizaci贸n fijadas en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o Notario podr谩n modificarse mediante nuevo convenio, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este C贸digo.»
Veintiocho. El apartado 2 del art铆culo 107 queda redactado del siguiente modo:
«2. La separaci贸n y el divorcio legal se regir谩n por las normas de la Uni贸n Europea o espa帽olas de Derecho internacional privado.»
Veintinueve. El p谩rrafo segundo del art铆culo 156 queda redactado del siguiente modo:
«En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podr谩 acudir al Juez, quien, despu茅s de o铆r a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a帽os, atribuir谩 la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podr谩 atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendr谩 vigencia durante el plazo que se fije, que no podr谩 nunca exceder de dos a帽os.»
Treinta. El 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 158 queda redactado de la forma siguiente:
«Todas estas medidas podr谩n adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicci贸n voluntaria.»
Treinta y uno. El art铆culo 167 queda redactado de la forma siguiente:
«Cuando la administraci贸n de los progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petici贸n del propio hijo, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podr谩 adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir cauci贸n o fianza para la continuaci贸n en la administraci贸n o incluso nombrar un Administrador.»
Treinta y dos. El p谩rrafo primero del apartado 3 del art铆culo 173 queda redactado de la forma siguiente:
«3. Si los progenitores o el tutor no consienten o se oponen al mismo, el acogimiento s贸lo podr谩 ser acordado por el Juez, en inter茅s del menor, conforme a los tr谩mites de la Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria. La propuesta de la Entidad P煤blica contendr谩 los mismos extremos referidos en el n煤mero anterior.»
Treinta y tres. Se modifica el primer p谩rrafo del apartado 2 del art铆culo 176, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Para iniciar el expediente de adopci贸n es necesaria la propuesta previa de la Entidad P煤blica a favor del adoptante o adoptantes que dicha Entidad P煤blica haya declarado id贸neos para el ejercicio de la patria potestad. La declaraci贸n de idoneidad deber谩 ser previa a la propuesta.»
Treinta y cuatro. El apartado 2 del art铆culo 177 pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«2. Deber谩n asentir a la adopci贸n:
1.潞 El c贸nyuge del adoptante o la persona a la que est茅 unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal, siempre que no sea tambi茅n adoptante, salvo que medie separaci贸n legal.
2.潞 Los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privaci贸n. Esta situaci贸n s贸lo podr谩 apreciarse en el procedimiento judicial contradictorio regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No ser谩 necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciar谩 motivadamente en la resoluci贸n judicial que constituya la adopci贸n.
El asentimiento de la madre no podr谩 prestarse hasta que hayan transcurrido treinta d铆as desde el parto.»
Treinta y cinco. El art铆culo 181 queda redactado de la forma siguiente:
«En todo caso, desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su 煤ltima residencia, sin haberse tenido en ella m谩s noticias, podr谩 el Secretario judicial, a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave. Se except煤an los casos en que aqu茅l estuviese leg铆timamente representado voluntariamente conforme al art铆culo 183.
El c贸nyuge presente mayor de edad no separado legalmente ser谩 el representante y defensor nato del desaparecido; y por su falta, el pariente m谩s pr贸ximo hasta el cuarto grado, tambi茅n mayor de edad. En defecto de parientes, no presencia de los mismos o urgencia notoria, el Secretario judicial nombrar谩 persona solvente y de buenos antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
Tambi茅n podr谩 adoptar, seg煤n su prudente arbitrio, las medidas necesarias a la conservaci贸n del patrimonio.»
Treinta y seis. El 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 183 queda redactado de la forma siguiente:
«La muerte o renuncia justificada del mandatario, o la caducidad del mandato, determina la ausencia legal, si al producirse aqu茅llas se ignorase el paradero del desaparecido y hubiere transcurrido un a帽o desde que se tuvieron las 煤ltimas noticias, y, en su defecto, desde su desaparici贸n. Inscrita en el Registro Civil la declaraci贸n de ausencia, quedan extinguidos de derecho todos los mandatos generales o especiales otorgados por el ausente.»
Treinta y siete. El art铆culo 184 queda redactado de la forma siguiente:
«Salvo motivo grave apreciado por el Secretario judicial, corresponde la representaci贸n del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protecci贸n y administraci贸n de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones:
1.潞 Al c贸nyuge presente mayor de edad no separado legalmente o de hecho.
2.潞 Al hijo mayor de edad; si hubiese varios, ser谩n preferidos los que conviv铆an con el ausente y el mayor al menor.
3.潞 Al ascendiente m谩s pr贸ximo de menos edad de una u otra l铆nea.
4.潞 A los hermanos mayores de edad que hayan convivido familiarmente con el ausente, con preferencia del mayor sobre el menor.
En defecto de las personas expresadas, corresponde en toda su extensi贸n a la persona solvente de buenos antecedentes que el Secretario judicial, o铆do el Ministerio fiscal, designe a su prudente arbitrio.»
Treinta y ocho. El art铆culo 185 queda redactado de la forma siguiente:
«El representante del declarado ausente quedar谩 atenido a las obligaciones siguientes:
1.陋 Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su representado.
2.陋 Prestar la garant铆a que el Secretario judicial prudencialmente fije. Quedan exceptuados los comprendidos en los n煤meros 1.潞, 2.潞 y 3.潞 del art铆culo precedente.
3.陋 Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueren susceptibles.
4.陋 Ajustarse a las normas que en orden a la posesi贸n y administraci贸n de los bienes del ausente se establecen en la Ley Procesal Civil.
Ser谩n aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su especial representaci贸n, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoci贸n y excusa de los tutores.»
Treinta y nueve. El art铆culo 186 queda redactado de la forma siguiente:
«Los representantes leg铆timos del declarado ausente comprendidos en los n煤meros 1.潞, 2.潞 y 3.潞 del art铆culo 184 disfrutar谩n de la posesi贸n temporal del patrimonio del ausente y har谩n suyos los productos l铆quidos en la cuant铆a que el Secretario judicial se帽ale, habida consideraci贸n al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, n煤mero de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representaci贸n requiera, afecciones que graven al patrimonio y dem谩s circunstancias de la propia 铆ndole.
Los representantes leg铆timos comprendidos en el n煤mero 4.潞 del expresado art铆culo disfrutar谩n, tambi茅n, de la posesi贸n temporal y har谩n suyos los frutos, rentas y aprovechamientos en la cuant铆a que el Secretario judicial se帽ale, sin que en ning煤n caso puedan retener m谩s de los dos tercios de los productos l铆quidos, reserv谩ndose el tercio restante para el ausente, o, en su caso, para sus herederos o causahabientes.
Los poseedores temporales de los bienes del ausente no podr谩n venderlos, gravarlos, hipotecarlos o darlos en prenda, sino en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y declarada por el Secretario judicial, quien, al autorizar dichos actos, determinar谩 el empleo de la cantidad obtenida.»
Cuarenta. El art铆culo 187 queda redactado de la forma siguiente:
«Si durante el disfrute de la posesi贸n temporal o del ejercicio de la representaci贸n dativa alguno probase su derecho preferente a dicha posesi贸n, ser谩 excluido el poseedor actual, pero aqu茅l no tendr谩 derecho a los productos sino a partir del d铆a de la presentaci贸n de la demanda.
Si apareciese el ausente, deber谩 restitu铆rsele su patrimonio, pero no los productos percibidos, salvo mala fe interviniente, en cuyo caso la restituci贸n comprender谩 tambi茅n los frutos percibidos y los debidos percibir a contar del d铆a en que aqu茅lla se produjo, seg煤n la declaraci贸n del Secretario judicial.»
Cuarenta y uno. Los apartados 2.潞, 3.潞 y 4.潞 del art铆culo 194 quedan redactados del siguiente modo:
«2.潞 De los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparici贸n por inmersi贸n en el mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes.
3.潞 De los que no se tuvieren noticias despu茅s de que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparici贸n por inmersi贸n en el mar se haya comprobado o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado, o, en caso de haberse encontrado restos humanos en tales supuestos, y no hubieren podido ser identificados, luego que hayan transcurrido ocho d铆as.
4.潞 De los que se encuentren a bordo de una nave que se presuma naufragada o desaparecida por inmersi贸n en el mar, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos haya transcurrido un mes contado desde las 煤ltimas noticias recibidas o, por falta de 茅stas, desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial del viaje.
5.潞 De los que se encuentren a bordo de una aeronave que se presuma siniestrada al realizar el viaje sobre mares, zonas des茅rticas o inhabitadas, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase, y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos haya transcurrido un mes contado desde las 煤ltimas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto, desde la fecha de inicio del viaje. Si 茅ste se hiciere por etapas, el plazo indicado se computar谩 desde el punto de despegue del que se recibieron las 煤ltimas noticias.»
Cuarenta y dos. El art铆culo 196 queda redactado de la forma siguiente:
«Firme la declaraci贸n de fallecimiento del ausente, se abrir谩 la sucesi贸n en los bienes del mismo, procedi茅ndose a su adjudicaci贸n conforme a lo dispuesto legalmente.
Los herederos no podr谩n disponer a t铆tulo gratuito hasta cinco a帽os despu茅s de la declaraci贸n del fallecimiento.
Hasta que transcurra este mismo plazo no ser谩n entregados los legados, si los hubiese, ni tendr谩n derecho a exigirlos los legatarios, salvo las mandas piadosas en sufragio del alma del testador o los legados en favor de Instituciones de beneficencia.
Ser谩 obligaci贸n ineludible de los sucesores, aunque por tratarse de uno solo no fuese necesaria partici贸n, la de formar notarialmente un inventario detallado de los bienes muebles y una descripci贸n de los inmuebles.»
Cuarenta y tres. Se modifica la r煤brica del Cap铆tulo III del T铆tulo VIII del Libro primero:
«De la inscripci贸n en el Registro Civil»
Cuarenta y cuatro. El art铆culo 198 queda redactado de la forma siguiente:
«En el Registro Civil se har谩n constar las declaraciones de desaparici贸n, ausencia legal y de fallecimiento, as铆 como las representaciones leg铆timas y dativas acordadas, y su extinci贸n.
Asimismo se anotar谩n los inventarios de bienes muebles y descripci贸n de inmuebles que en este T铆tulo se ordenan; los decretos de concesi贸n y las escrituras de transmisiones y grav谩menes que efect煤en los representantes leg铆timos o dativos de los ausentes; y la escritura de descripci贸n o inventario de los bienes, as铆 como de las escrituras de partici贸n y adjudicaci贸n realizadas a virtud de la declaraci贸n de fallecimiento o de las actas de protocolizaci贸n de los cuadernos particionales en sus respectivos casos.»
Cuarenta y cinco. El art铆culo 219 queda redactado de la forma siguiente:
«La inscripci贸n de las resoluciones a que se refiere el art铆culo anterior, se practicar谩 en virtud de testimonio remitido al Encargado del Registro Civil.»
Cuarenta y seis. El art铆culo 249 queda redactado de la forma siguiente:
«Durante la tramitaci贸n del expediente de remoci贸n, se podr谩 suspender en sus funciones al tutor y nombrar al tutelado un defensor judicial.»
Cuarenta y siete. El art铆culo 256 queda redactado de la forma siguiente:
«Mientras se resuelva acerca de la excusa, el que la haya propuesto estar谩 obligado a ejercer la funci贸n.
No haci茅ndolo as铆, se proceder谩 a nombrar un defensor que le sustituya, quedando el sustituido responsable de todos los gastos ocasionados por la excusa si 茅sta fuera rechazada.»
Cuarenta y ocho. El art铆culo 259 queda redactado de la forma siguiente:
«El Secretario judicial dar谩 posesi贸n de su cargo al tutor nombrado.»
Cuarenta y nueve. El art铆culo 263 queda redactado de la forma siguiente:
«El Secretario judicial podr谩 prorrogar este plazo en resoluci贸n motivada si concurriere causa para ello.»
Cincuenta. El art铆culo 264 queda redactado de la forma siguiente:
«El inventario se formar谩 ante el Secretario judicial con intervenci贸n del Ministerio Fiscal y con citaci贸n de las personas que aqu茅l estime conveniente.»
Cincuenta y uno. El art铆culo 265 queda redactado de la forma siguiente:
«El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a juicio del Secretario judicial, no deban quedar en poder del tutor ser谩n depositados en un establecimiento destinado a este efecto.
Los gastos que las anteriores medidas ocasionen correr谩n a cargo de los bienes del tutelado.»
Cincuenta y dos. El art铆culo 299 bis queda redactado de la forma siguiente:
«Cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela o curatela y en tanto no recaiga resoluci贸n judicial que ponga fin al procedimiento, asumir谩 su representaci贸n y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando adem谩s del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el Secretario judicial podr谩 designar un defensor judicial que administre los mismos, quien deber谩 rendirle cuentas de su gesti贸n una vez concluida.»
Cincuenta y tres. El art铆culo 300 queda redactado de la forma siguiente:
«En expediente de jurisdicci贸n voluntaria, de oficio o a petici贸n del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, se nombrar谩 defensor a quien se estime m谩s id贸neo para el cargo.»
Cincuenta y cuatro. El art铆culo 302 queda redactado de la forma siguiente:
«El defensor judicial tendr谩 las atribuciones que se le hayan concedido, debiendo rendir cuentas de su gesti贸n una vez concluida.»
Cincuenta y cinco. El art铆culo 314 se redacta como sigue:
«La emancipaci贸n tiene lugar:
1.潞 Por la mayor edad.
2.潞 Por concesi贸n de los que ejerzan la patria potestad.
3.潞 Por concesi贸n judicial.»
Cincuenta y seis. El art铆culo 681 queda redactado de la forma siguiente:
«Art铆culo 681
No podr谩n ser testigos en los testamentos:
Primero. Los menores de edad, salvo lo dispuesto en el art铆culo 701.
Segundo. Sin contenido.
Tercero. Los que no entiendan el idioma del testador.
Cuarto. Los que no presenten el discernimiento necesario para desarrollar la labor testifical.
Quinto. El c贸nyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Notario autorizante y quienes tengan con 茅ste relaci贸n de trabajo.»
Cincuenta y siete. El art铆culo 689 queda redactado de la forma siguiente:
«El testamento ol贸grafo deber谩 protocolizarse, present谩ndolo, en los cinco a帽os siguientes al fallecimiento del testador, ante Notario. Este extender谩 el acta de protocolizaci贸n de conformidad con la legislaci贸n notarial.»
Cincuenta y ocho. El art铆culo 690 queda redactado de la forma siguiente:
«La persona que tenga en su poder un testamento ol贸grafo deber谩 presentarlo ante Notario competente en los diez d铆as siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador. El incumplimiento de este deber le har谩 responsable de los da帽os y perjuicios que haya causado.
Tambi茅n podr谩 presentarlo cualquiera que tenga inter茅s en el testamento como heredero, legatario, albacea o en cualquier otro concepto.»
Cincuenta y nueve. El art铆culo 691 queda redactado de la forma siguiente:
«Presentado el testamento ol贸grafo y acreditado el fallecimiento del testador, se proceder谩 a su adveraci贸n conforme a la legislaci贸n notarial.»
Sesenta. El art铆culo 692 queda redactado de la forma siguiente:
«Adverado el testamento y acreditada la identidad de su autor, se proceder谩 a su protocolizaci贸n.»
Sesenta y uno. El art铆culo 693 queda redactado de la forma siguiente:
«El Notario, si considera acreditada la autenticidad del testamento, autorizar谩 el acta de protocolizaci贸n, en la que har谩 constar las actuaciones realizadas y, en su caso, las observaciones manifestadas.
Si el testamento no fuera adverado, por no acreditarse suficientemente la identidad del otorgante, se proceder谩 al archivo del expediente sin protocolizar aquel.
Autorizada o no la protocolizaci贸n del testamento ol贸grafo, los interesados no conformes podr谩n ejercer sus derechos en el juicio que corresponda.»
Sesenta y dos. Se modifica el segundo p谩rrafo del art铆culo 703, que queda redactado del siguiente modo:
«Cuando el testador falleciere en dicho plazo, tambi茅n quedar谩 ineficaz el testamento si dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se acude al Notario competente para que lo eleve a escritura p煤blica, ya se haya otorgado por escrito, ya verbalmente.»
Sesenta y tres. Se modifica el art铆culo 704, que queda redactado del siguiente modo:
«Los testamentos otorgados sin autorizaci贸n del Notario ser谩n ineficaces si no se elevan a escritura p煤blica y se protocolizan en la forma prevenida en la legislaci贸n notarial.»
Sesenta y cuatro. El art铆culo 712 queda redactado de la forma siguiente:
«1. La persona que tenga en su poder un testamento cerrado deber谩 presentarlo ante Notario competente en los diez d铆as siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador.
2. El Notario autorizante de un testamento cerrado, constituido en depositario del mismo por el testador, deber谩 comunicar, en los diez d铆as siguientes a que tenga conocimiento de su fallecimiento, la existencia del testamento al c贸nyuge sobreviviente, a los descendientes y a los ascendientes del testador y, en defecto de 茅stos, a los parientes colaterales hasta el cuarto grado.
3. En los dos supuestos anteriores, de no conocer la identidad o domicilio de estas personas, o si se ignorase su existencia, el Notario deber谩 dar la publicidad que determine la legislaci贸n notarial.
El incumplimiento de este deber, as铆 como el de la presentaci贸n del testamento por quien lo tenga en su poder o por el Notario, le har谩 responsable de los da帽os y perjuicios causados.»
Sesenta y cinco. El p谩rrafo primero del art铆culo 713 queda redactado de la forma siguiente:
«El que con dolo deje de presentar el testamento cerrado que obre en su poder dentro del plazo fijado en el art铆culo anterior, adem谩s de la responsabilidad que en 茅l se determina, perder谩 todo derecho a la herencia, si lo tuviere como heredero abintestato o como heredero o legatario por testamento.»
Sesenta y seis. El art铆culo 714 queda redactado de la forma siguiente:
«Para la apertura y protocolizaci贸n del testamento cerrado se observar谩 lo previsto en la legislaci贸n notarial.»
Sesenta y siete. El art铆culo 718 queda redactado de la forma siguiente:
«Los testamentos otorgados con arreglo a los dos art铆culos anteriores deber谩n ser remitidos con la mayor brevedad posible al Cuartel General y, por este, al Ministerio de Defensa.
El Ministerio, si hubiese fallecido el testador, remitir谩 el testamento al Colegio Notarial correspondiente al 煤ltimo domicilio del difunto, y de no ser conocido 茅ste, lo remitir谩 al Colegio Notarial de Madrid.
El Colegio Notarial remitir谩 el testamento al Notario correspondiente al 煤ltimo domicilio del testador. Recibido por el Notario deber谩 comunicar, en los diez d铆as siguientes, su existencia a los herederos y dem谩s interesados en la sucesi贸n, para que comparezcan ante 茅l al objeto de protocolizarlo de acuerdo con lo dispuesto legalmente.»
Sesenta y ocho. Los apartados 1, 2 y 3 del art铆culo 756 quedan redactados de la forma siguiente:
«1. El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia f铆sica o ps铆quica en el 谩mbito familiar al causante, su c贸nyuge, persona a la que est茅 unida por an谩loga relaci贸n de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.
2. El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su c贸nyuge, la persona a la que est茅 unida por an谩loga relaci贸n de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.
Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la persona agraviada.
Tambi茅n el privado por resoluci贸n firme de la patria potestad, o removido del ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la capacidad modificada judicialmente por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.
3. El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley se帽ala pena grave, si es condenado por denuncia falsa.»
Sesenta y nueve. El art铆culo 834 queda redactado de la forma siguiente:
«El c贸nyuge que al morir su consorte no se hallase separado de 茅ste legalmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendr谩 derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.»
Setenta. El art铆culo 835 queda redactado de la forma siguiente:
«Si entre los c贸nyuges separados hubiera mediado reconciliaci贸n notificada al Juzgado que conoci贸 de la separaci贸n o al Notario que otorg贸 la escritura p煤blica de separaci贸n de conformidad con el art铆culo 84 de este C贸digo, el sobreviviente conservar谩 sus derechos.»
Setenta y uno. El art铆culo 843 queda redactado de la forma siguiente:
«Salvo confirmaci贸n expresa de todos los hijos o descendientes la partici贸n a que se refieren los dos art铆culos anteriores requerir谩 aprobaci贸n por el Secretario judicial o Notario.»
Setenta y dos. El art铆culo 899 queda redactado de la forma siguiente:
«El albacea que acepta el cargo se constituye en la obligaci贸n de desempe帽arlo; pero lo podr谩 renunciar alegando causa justa al criterio del Secretario judicial o del Notario.»
Setenta y tres. El art铆culo 905 queda redactado de la forma siguiente:
«Si el testador quisiera ampliar el plazo legal, deber谩 se帽alar expresamente el de la pr贸rroga. Si no lo hubiese se帽alado, se entender谩 prorrogado el plazo por un a帽o. Si, transcurrida esta pr贸rroga, no se hubiese cumplido todav铆a la voluntad del testador, podr谩 el Secretario judicial o el Notario conceder otra por el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del caso.»
Setenta y cuatro. El art铆culo 910 queda redactado de la forma siguiente:
«Termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoci贸n del albacea, y por el lapso del t茅rmino se帽alado por el testador, por la ley y, en su caso, por los interesados. La remoci贸n deber谩 ser apreciada por el Juez.»
Setenta y cinco. El art铆culo 945 queda redactado de la forma siguiente:
«No tendr谩 lugar el llamamiento a que se refiere el art铆culo anterior si el c贸nyuge estuviere separado legalmente o de hecho.»
Setenta y seis. El art铆culo 956 queda redactado de la forma siguiente:
«A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las precedentes Secciones, heredar谩 el Estado quien, realizada la liquidaci贸n del caudal hereditario, ingresar谩 la cantidad resultante en el Tesoro P煤blico, salvo que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicaci贸n. Dos terceras partes del valor de ese caudal relicto ser谩 destinado a fines de inter茅s social, a帽adi茅ndose a la asignaci贸n tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado.»
Setenta y siete. El art铆culo 957 queda redactado de la forma siguiente:
«Los derechos y obligaciones del Estado ser谩n los mismos que los de los dem谩s herederos, pero se entender谩 siempre aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin necesidad de declaraci贸n alguna sobre ello, a los efectos que enumera el art铆culo 1023.»
Setenta y ocho. El art铆culo 958 queda redactado de la forma siguiente:
«Para que el Estado pueda tomar posesi贸n de los bienes y derechos hereditarios habr谩 de preceder declaraci贸n administrativa de heredero, adjudic谩ndose los bienes por falta de herederos leg铆timos.»
Setenta y nueve. El art铆culo 1005 queda redactado de la forma siguiente:
«Cualquier interesado que acredite su inter茅s en que el heredero acepte o repudie la herencia podr谩 acudir al Notario para que 茅ste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta d铆as naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicar谩, adem谩s, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entender谩 aceptada la herencia pura y simplemente.»
Ochenta. El art铆culo 1008 queda redactado de la forma siguiente:
«La repudiaci贸n de la herencia deber谩 hacerse ante Notario en instrumento p煤blico.»
Ochenta y uno. El art铆culo 1011 queda redactado de la forma siguiente:
«La declaraci贸n de hacer uso del beneficio de inventario deber谩 hacerse ante Notario.»
Ochenta y dos. El art铆culo 1014 queda redactado de la forma siguiente:
«El heredero que tenga en su poder la herencia o parte de ella y quiera utilizar el beneficio de inventario o el derecho de deliberar, deber谩 comunicarlo ante Notario y pedir en el plazo de treinta d铆as a contar desde aqu茅l en que supiere ser tal heredero la formaci贸n de inventario notarial con citaci贸n a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere.»
Ochenta y tres. El art铆culo 1015 queda redactado de la forma siguiente:
«Cuando el heredero no tenga en su poder la herencia o parte de ella, ni haya practicado gesti贸n alguna como tal heredero, el plazo expresado en el art铆culo anterior se contar谩 desde el d铆a siguiente a aquel en que expire el plazo que se le hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia conforme al art铆culo 1005, o desde el d铆a en que la hubiese aceptado o hubiera gestionado como heredero.»
Ochenta y cuatro. El art铆culo 1017 queda redactado de la forma siguiente:
«El inventario se principiar谩 dentro de los treinta d铆as siguientes a la citaci贸n de los acreedores y legatarios, y concluir谩 dentro de otros sesenta.
Si por hallarse los bienes a larga distancia o ser muy cuantiosos, o por otra causa justa, parecieren insuficientes dichos sesenta d铆as, podr谩 el Notario prorrogar este t茅rmino por el tiempo que estime necesario, sin que pueda exceder de un a帽o.»
Ochenta y cinco. El art铆culo 1019 queda redactado de la forma siguiente:
«El heredero que se hubiese reservado el derecho de deliberar, deber谩 manifestar al Notario, dentro de treinta d铆as contados desde el siguiente a aquel en que se hubiese concluido el inventario, si repudia o acepta la herencia y si hace uso o no del beneficio de inventario.
Pasados los treinta d铆as sin hacer dicha manifestaci贸n, se entender谩 que la acepta pura y simplemente.»
Ochenta y seis. El art铆culo 1020 queda redactado de la forma siguiente:
«Durante la formaci贸n del inventario y hasta la aceptaci贸n de la herencia, a instancia de parte, el Notario podr谩 adoptar las provisiones necesarias para la administraci贸n y custodia de los bienes hereditarios con arreglo a lo que se prescribe en este C贸digo y en la legislaci贸n notarial.»
Ochenta y siete. El art铆culo 1024 queda redactado de la forma siguiente:
«El heredero perder谩 el beneficio de inventario:
1.潞 Si a sabiendas dejare de incluir en el inventario alguno de los bienes, derechos o acciones de la herencia.
2.潞 Si antes de completar el pago de las deudas y legados enajenase bienes de la herencia sin autorizaci贸n de todos los interesados, o no diese al precio de lo vendido la aplicaci贸n determinada al concederle la autorizaci贸n.
No obstante, podr谩 disponer de valores negociables que coticen en un mercado secundario a trav茅s de la enajenaci贸n en dicho mercado, y de los dem谩s bienes mediante su venta en subasta p煤blica notarial previamente notificada a todos los interesados, especificando en ambos casos la aplicaci贸n que se dar谩 al precio obtenido.»
Ochenta y ocho. El art铆culo 1030 queda redactado de la forma siguiente:
«Cuando para el pago de los cr茅ditos y legados sea necesaria la venta de bienes hereditarios, se realizar谩 茅sta en la forma establecida en el p谩rrafo segundo del n煤mero 2.潞 del art铆culo 1024 de este C贸digo, salvo si todos los herederos, acreedores y legatarios acordaren otra cosa.»
Ochenta y nueve. Se modifica el primer p谩rrafo del art铆culo 1033, que queda redactado del siguiente modo:
«Los gastos del inventario y las dem谩s actuaciones a que d茅 lugar la administraci贸n de la herencia aceptada a beneficio de inventario y la defensa de sus derechos, ser谩n de cargo de la misma herencia. Except煤anse aquellos gastos imputables al heredero que hubiese sido condenado personalmente por su dolo o mala fe.
Lo mismo se entender谩 respecto de las gastos causados para hacer uso del derecho de deliberar, si el heredero repudia la herencia.»
Noventa. El art铆culo 1057 queda redactado de la forma siguiente:
«El testador podr谩 encomendar por acto «inter vivos» o «mortis causa» para despu茅s de su muerte la simple facultad de hacer la partici贸n a cualquier persona que no sea uno de los coherederos.
No habiendo testamento, contador-partidor en 茅l designado o vacante el cargo, el Secretario judicial o el Notario, a petici贸n de herederos y legatarios que representen, al menos, el 50 por 100 del haber hereditario, y con citaci贸n de los dem谩s interesados, si su domicilio fuere conocido, podr谩 nombrar un contador-partidor dativo, seg煤n las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la designaci贸n de peritos. La partici贸n as铆 realizada requerir谩 aprobaci贸n del Secretario judicial o del Notario, salvo confirmaci贸n expresa de todos los herederos y legatarios.
Lo dispuesto en este art铆culo y en el anterior se observar谩 aunque entre los coherederos haya alguno sujeto a patria potestad, tutela o curatela; pero el contador-partidor deber谩 en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citaci贸n de los representantes legales o curadores de dichas personas.»
Noventa y uno. El art铆culo 1060 queda redactado de la forma siguiente:
«Cuando los menores o personas con capacidad modificada judicialmente est茅n legalmente representados en la partici贸n, no ser谩 necesaria la intervenci贸n ni la autorizaci贸n judicial, pero el tutor necesitar谩 aprobaci贸n judicial de la partici贸n efectuada. El defensor judicial designado para representar a un menor o persona con capacidad modificada judicialmente en una partici贸n, deber谩 obtener la aprobaci贸n del Juez, si el Secretario judicial no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.»
Noventa y dos. El art铆culo 1176 queda redactado de la forma siguiente:
«Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago conforme a las disposiciones que regulan 茅ste, se negare, de manera expresa o de hecho, sin raz贸n a admitirlo, a otorgar el documento justificativo de haberse efectuado o a la cancelaci贸n de la garant铆a, si la hubiere, el deudor quedar谩 libre de responsabilidad mediante la consignaci贸n de la cosa debida.
La consignaci贸n por s铆 sola producir谩 el mismo efecto cuando se haga estando el acreedor ausente en el lugar en donde el pago deba realizarse, o cuando est茅 impedido para recibirlo en el momento en que deba hacerse, y cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, sea el acreedor desconocido, o se haya extraviado el t铆tulo que lleve incorporada la obligaci贸n.
En todo caso, proceder谩 la consignaci贸n en todos aquellos supuestos en que el cumplimiento de la obligaci贸n se haga m谩s gravoso al deudor por causas no imputables al mismo.»
Noventa y tres. El art铆culo 1178 queda redactado de la forma siguiente:
«La consignaci贸n se har谩 por el deudor o por un tercero, poniendo las cosas debidas a disposici贸n del Juzgado o del Notario, en los t茅rminos previstos en la Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria o en la legislaci贸n notarial.»
Noventa y cuatro. El art铆culo 1180 queda redactado de la forma siguiente:
«La aceptaci贸n de la consignaci贸n por el acreedor o la declaraci贸n judicial de que est谩 bien hecha, extinguir谩 la obligaci贸n y el deudor podr谩 pedir que se mande cancelar la obligaci贸n y la garant铆a, en su caso.
Mientras tanto, el deudor podr谩 retirar la cosa o cantidad consignada, dejando subsistente la obligaci贸n.»
Noventa y cinco. El art铆culo 1377 queda redactado de la forma siguiente:
«Para realizar actos de disposici贸n a t铆tulo oneroso sobre bienes gananciales se requerir谩 el consentimiento de ambos c贸nyuges.
Si uno lo negare o estuviere impedido para prestarlo, podr谩 el Juez autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de inter茅s para la familia. Excepcionalmente acordar谩 las limitaciones o cautelas que estime convenientes.»
Noventa y seis. El art铆culo 1389 queda redactado de la forma siguiente:
«El c贸nyuge en quien recaiga la administraci贸n en virtud de lo dispuesto en los dos art铆culos anteriores tendr谩 para ello plenas facultades, salvo que el Juez, cuando lo considere de inter茅s para la familia, establezca cautelas o limitaciones.
En todo caso, para realizar actos de disposici贸n sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripci贸n preferente, necesitar谩 autorizaci贸n judicial.»
Noventa y siete. El art铆culo 1392 queda redactado de la forma siguiente:
«La sociedad de gananciales concluir谩 de pleno derecho:
1.潞 Cuando se disuelva el matrimonio.
2.潞 Cuando sea declarado nulo.
3.潞 Cuando se acuerde la separaci贸n legal de los c贸nyuges.
4.潞 Cuando los c贸nyuges convengan un r茅gimen econ贸mico distinto en la forma prevenida en este C贸digo.»
Noventa y ocho. El art铆culo 1442 queda redactado de la forma siguiente:
«Declarado un c贸nyuge en concurso, ser谩n de aplicaci贸n las disposiciones de la legislaci贸n concursal.»
Precepto modificado por Ley 4/2017, de 28 de junio, con entrada en vigor a partir del 30-6-2017
路 Modificado apartado Nueve de la disposici贸n final primera
Redacci贸n hasta el 30-6-2017
El C贸digo Civil queda modificado como sigue:
Uno. El art铆culo 47 queda redactado del siguiente modo:
«Art铆culo 47. Tampoco pueden contraer matrimonio entre s铆:
1. (...)
2. (...)
3. Los condenados por haber tenido participaci贸n en la muerte dolosa del c贸nyuge o persona con la que hubiera estado unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal.»
Dos. Se modifica el art铆culo 48:
«El Juez podr谩 dispensar, con justa causa y a instancia de parte, mediante resoluci贸n previa dictada en expediente de jurisdicci贸n voluntaria, los impedimentos de muerte dolosa del c贸nyuge o persona con la que hubiera estado unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal y de parentesco de grado tercero entre colaterales. La dispensa ulterior convalida, desde su celebraci贸n, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes.»
Tres. El art铆culo 49 queda redactado de la forma siguiente:
«Cualquier espa帽ol podr谩 contraer matrimonio dentro o fuera de Espa帽a:
1.潞 En la forma regulada en este C贸digo.
2.潞 En la forma religiosa legalmente prevista.
Tambi茅n podr谩 contraer matrimonio fuera de Espa帽a con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebraci贸n.»
Cuatro. Se modifica la r煤brica de la secci贸n segunda del Cap铆tulo III del T铆tulo IV del Libro I, que pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«Secci贸n segunda. De la celebraci贸n del matrimonio»
Cinco. El art铆culo 51 queda redactado del siguiente modo:
«Art铆culo 51
1. La competencia para constatar mediante acta o expediente el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier g茅nero de obst谩culos para contraer matrimonio corresponder谩 al Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil del lugar del domicilio de uno de los contrayentes o al funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil si residiesen en el extranjero.
2. Ser谩 competente para celebrar el matrimonio:
1.潞 El Juez de Paz o Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien 茅ste delegue.
2.潞 El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebraci贸n.
3.潞 El funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero.»
Seis. El art铆culo 52 queda redactado del siguiente modo:
«Podr谩n celebrar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte:
1.潞 El Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien delegue, Secretario judicial, Notario o funcionario a que se refiere el art铆culo 51.
2.潞 El Oficial o Jefe superior inmediato respecto de los militares en campa帽a.
3.潞 El Capit谩n o Comandante respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave.
El matrimonio en peligro de muerte no requerir谩 para su celebraci贸n la previa tramitaci贸n del acta o expediente matrimonial, pero s铆 la presencia, en su celebraci贸n, de dos testigos mayores de edad y, cuando el peligro de muerte derive de enfermedad o estado f铆sico de alguno de los contrayentes, dictamen m茅dico sobre su capacidad para la prestaci贸n del consentimiento y la gravedad de la situaci贸n, salvo imposibilidad acreditada, sin perjuicio de lo establecido en el art铆culo 65.»
Siete. El art铆culo 53 queda redactado del siguiente modo:
«La validez del matrimonio no quedar谩 afectada por la incompetencia o falta de nombramiento del Juez de Paz, Alcalde, Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien se celebre, siempre que al menos uno de los c贸nyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones p煤blicamente.»
Ocho. El art铆culo 55 queda redactado del siguiente modo:
«Uno de los contrayentes podr谩 contraer matrimonio por apoderado, a quien tendr谩 que haber concedido poder especial en forma aut茅ntica, siendo siempre necesaria la asistencia personal del otro contrayente.
En el poder se determinar谩 la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresi贸n de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad, debiendo apreciar su validez el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente matrimonial previo al matrimonio.
El poder se extinguir谩 por la revocaci贸n del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocaci贸n por el poderdante bastar谩 su manifestaci贸n en forma aut茅ntica antes de la celebraci贸n del matrimonio. La revocaci贸n se notificar谩 de inmediato al Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente previo al matrimonio, y si ya estuviera finalizado a quien vaya a celebrarlo.»
Nueve. El art铆culo 56 queda redactado del siguiente modo:
«Quienes deseen contraer matrimonio acreditar谩n previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislaci贸n del Registro Civil, que re煤nen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este C贸digo.
Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigir谩 por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen m茅dico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.»
Diez. El art铆culo 57 queda redactado del siguiente modo:
«El matrimonio tramitado por el Secretario judicial o por funcionario consular o diplom谩tico podr谩 celebrarse ante el mismo u otro distinto, o ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, a elecci贸n de los contrayentes. Si se hubiere tramitado por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio deber谩 celebrarse ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, que designen los contrayentes.
Finalmente, si fuera el Notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes podr谩n otorgar el consentimiento, a su elecci贸n, ante el mismo Notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue.»
Once. El art铆culo 58 queda redactado del siguiente modo:
«El Juez de Paz, Alcalde, Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario, despu茅s de le铆dos los art铆culos 66, 67 y 68, preguntar谩 a cada uno de los contrayentes si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contrae en dicho acto y, respondiendo ambos afirmativamente, declarar谩 que los mismos quedan unidos en matrimonio y extender谩 el acta o autorizar谩 la escritura correspondiente.»
Doce. El art铆culo 60 queda redactado del siguiente modo:
«1. El matrimonio celebrado seg煤n las normas del Derecho can贸nico o en cualquiera de otras formas religiosas previstas en los acuerdos de cooperaci贸n entre el Estado y las confesiones religiosas produce efectos civiles.
2. Igualmente, se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a.
En este supuesto, el reconocimiento de efectos civiles requerir谩 el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La tramitaci贸n de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial con arreglo a la normativa del Registro Civil.
b) La libre manifestaci贸n del consentimiento ante un ministro de culto debidamente acreditado y dos testigos mayores de edad.
La condici贸n de ministro de culto ser谩 acreditada mediante certificaci贸n expedida por la iglesia, confesi贸n o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a, con la conformidad de la federaci贸n que, en su caso, hubiere solicitado dicho reconocimiento.
3. Para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado en forma religiosa se estar谩 a lo dispuesto en el Cap铆tulo siguiente.»
Trece. El art铆culo 62 queda redactado del siguiente modo:
«La celebraci贸n del matrimonio se har谩 constar mediante acta o escritura p煤blica que ser谩 firmada por aqu茅l ante quien se celebre, los contrayentes y dos testigos.
Extendida el acta o autorizada la escritura p煤blica, se remitir谩 por el autorizante copia acreditativa de la celebraci贸n del matrimonio al Registro Civil competente, para su inscripci贸n, previa calificaci贸n por el Encargado del mismo.»
Catorce. El art铆culo 63 queda redactado del siguiente modo:
«La inscripci贸n del matrimonio celebrado en Espa帽a en forma religiosa se practicar谩 con la simple presentaci贸n de la certificaci贸n de la iglesia, o confesi贸n, comunidad religiosa o federaci贸n respectiva, que habr谩 de expresar las circunstancias exigidas por la legislaci贸n del Registro Civil.
Se denegar谩 la pr谩ctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no re煤ne los requisitos que para su validez se exigen en este T铆tulo.»
Quince. El art铆culo 65 queda redactado del siguiente modo:
«En los casos en que el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente o acta previa, si 茅ste fuera necesario, el Secretario judicial, Notario, o el funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil que lo haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripci贸n, deber谩 comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitaci贸n del acta o expediente al que se refiere este art铆culo.
Si la celebraci贸n del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona competente distinta de las indicadas en el p谩rrafo anterior, el acta de aqu茅lla se remitir谩 al Encargado del Registro Civil del lugar de celebraci贸n para que proceda a la comprobaci贸n de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. Efectuada esa comprobaci贸n, el Encargado del Registro Civil proceder谩 a su inscripci贸n.»
Diecis茅is. Se modifica el n煤mero 3.潞 del art铆culo 73 que queda redactado del siguiente modo:
«3.潞 El que se contraiga sin la intervenci贸n del Juez de Paz, Alcalde o Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos.»
Diecisiete. El p谩rrafo primero del art铆culo 81 queda redactado del siguiente modo:
«Se decretar谩 judicialmente la separaci贸n cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebraci贸n del matrimonio.»
Dieciocho. El art铆culo 82 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los c贸nyuges podr谩n acordar su separaci贸n de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebraci贸n del matrimonio mediante la formulaci贸n de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura p煤blica ante Notario, en el que, junto a la voluntad inequ铆voca de separarse, determinar谩n las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separaci贸n en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 90. Los funcionarios diplom谩ticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podr谩n autorizar la escritura p煤blica de separaci贸n.
Los c贸nyuges deber谩n intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por Letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el Secretario judicial o Notario. Igualmente los hijos mayores o menores emancipados deber谩n otorgar el consentimiento ante el Secretario judicial o Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar.
2. No ser谩 de aplicaci贸n lo dispuesto en este art铆culo cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores.»
Diecinueve. El art铆culo 83 queda redactado del siguiente modo:
«La sentencia o decreto de separaci贸n o el otorgamiento de la escritura p煤blica del convenio regulador que la determine producen la suspensi贸n de la vida com煤n de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro c贸nyuge en el ejercicio de la potestad dom茅stica.
Los efectos de la separaci贸n matrimonial se producir谩n desde la firmeza de la sentencia o decreto que as铆 la declare o desde la manifestaci贸n del consentimiento de ambos c贸nyuges otorgado en escritura p煤blica conforme a lo dispuesto en el art铆culo 82. Se remitir谩 testimonio de la sentencia o decreto, o copia de la escritura p煤blica al Registro Civil para su inscripci贸n, sin que, hasta que esta tenga lugar, se produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe.»
Veinte. El art铆culo 84 queda redactado del siguiente modo:
«La reconciliaci贸n pone t茅rmino al procedimiento de separaci贸n y deja sin efecto ulterior lo resuelto en 茅l, pero ambos c贸nyuges separadamente deber谩n ponerlo en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido en el litigio. Ello no obstante, mediante resoluci贸n judicial, ser谩n mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relaci贸n a los hijos, cuando exista causa que lo justifique.
Cuando la separaci贸n hubiere tenido lugar sin intervenci贸n judicial, en la forma prevista en el art铆culo 82, la reconciliaci贸n deber谩 formalizase en escritura p煤blica o acta de manifestaciones.
La reconciliaci贸n deber谩 inscribirse, para su eficacia frente a terceros, en el Registro Civil correspondiente.»
Veintiuno. El art铆culo 87 queda redactado del siguiente modo:
« Los c贸nyuges tambi茅n podr谩n acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la formulaci贸n de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura p煤blica ante Notario, en la forma y con el contenido regulado en el art铆culo 82, debiendo concurrir los mismos requisitos y circunstancias exigidas en 茅l. Los funcionarios diplom谩ticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podr谩n autorizar la escritura p煤blica de divorcio.»
Veintid贸s. El art铆culo 89 queda redactado del siguiente modo:
«Los efectos de la disoluci贸n del matrimonio por divorcio se producir谩n desde la firmeza de la sentencia o decreto que as铆 lo declare o desde la manifestaci贸n del consentimiento de ambos c贸nyuges otorgado en escritura p煤blica conforme a lo dispuesto en el art铆culo 87. No perjudicar谩 a terceros de buena fe sino a partir de su respectiva inscripci贸n en el Registro Civil.»
Veintitr茅s. Se modifica el art铆culo 90, que queda redactado de la siguiente manera:
«1. El convenio regulador a que se refieren los art铆culos 81, 82, 83, 86 y 87 deber谩 contener, al menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos:
a) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de 茅sta y, en su caso, el r茅gimen de comunicaci贸n y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos.
b) Si se considera necesario, el r茅gimen de visitas y comunicaci贸n de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el inter茅s de aqu茅llos.
c) La atribuci贸n del uso de la vivienda y ajuar familiar.
d) La contribuci贸n a las cargas del matrimonio y alimentos, as铆 como sus bases de actualizaci贸n y garant铆as en su caso.
e) La liquidaci贸n, cuando proceda, del r茅gimen econ贸mico del matrimonio.
f) La pensi贸n que conforme al art铆culo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los c贸nyuges.
2. Los acuerdos de los c贸nyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separaci贸n y divorcio presentados ante el 贸rgano judicial ser谩n aprobados por el Juez salvo si son da帽osos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los c贸nyuges.
Si las partes proponen un r茅gimen de visitas y comunicaci贸n de los nietos con los abuelos, el Juez podr谩 aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que estos presten su consentimiento. La denegaci贸n de los acuerdos habr谩 de hacerse mediante resoluci贸n motivada y en este caso los c贸nyuges deber谩n someter, a la consideraci贸n del Juez, nueva propuesta para su aprobaci贸n, si procede.
Cuando los c贸nyuges formalizasen los acuerdos ante el Secretario judicial o Notario y 茅stos considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser da帽oso o gravemente perjudicial para uno de los c贸nyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertir谩n a los otorgantes y dar谩n por terminado el expediente. En este caso, los c贸nyuges s贸lo podr谩n acudir ante el Juez para la aprobaci贸n de la propuesta de convenio regulador.
Desde la aprobaci贸n del convenio regulador o el otorgamiento de la escritura p煤blica, podr谩n hacerse efectivos los acuerdos por la v铆a de apremio.
3. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los c贸nyuges judicialmente, podr谩n ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando as铆 lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los c贸nyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el Secretario judicial o en escritura p煤blica podr谩n ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este C贸digo.
4. El Juez o las partes podr谩n establecer las garant铆as reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio.»
Veinticuatro. Se modifica el primer p谩rrafo del art铆culo 95, que pasa a quedar redactado de la siguiente manera:
«La sentencia firme, el decreto firme o la escritura p煤blica que formalicen el convenio regulador, en su caso, producir谩n, respecto de los bienes del matrimonio, la disoluci贸n o extinci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial y aprobar谩 su liquidaci贸n si hubiera mutuo acuerdo entre los c贸nyuges al respecto.
Si la sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno solo de los c贸nyuges, el que hubiere obrado de buena fe podr谩 optar por aplicar en la liquidaci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial las disposiciones relativas al r茅gimen de participaci贸n y el de mala fe no tendr谩 derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte.»
Veinticinco. El 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 97 queda redactado del siguiente modo:
«En la resoluci贸n judicial o en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o el Notario se fijar谩n la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensi贸n, la duraci贸n o el momento de cese y las garant铆as para su efectividad.»
Veintis茅is. El art铆culo 99 queda redactado del siguiente modo:
«En cualquier momento podr谩 convenirse la sustituci贸n de la pensi贸n fijada judicialmente o por convenio regulador formalizado conforme al art铆culo 97 por la constituci贸n de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero».
Veintisiete. El art铆culo 100, queda redactado del siguiente modo:
«Fijada la pensi贸n y las bases de su actualizaci贸n en la sentencia de separaci贸n o de divorcio, s贸lo podr谩 ser modificada por alteraciones en la fortuna de uno u otro c贸nyuge que as铆 lo aconsejen.
La pensi贸n y las bases de actualizaci贸n fijadas en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o Notario podr谩n modificarse mediante nuevo convenio, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este C贸digo.»
Veintiocho. El apartado 2 del art铆culo 107 queda redactado del siguiente modo:
«2. La separaci贸n y el divorcio legal se regir谩n por las normas de la Uni贸n Europea o espa帽olas de Derecho internacional privado.»
Veintinueve. El p谩rrafo segundo del art铆culo 156 queda redactado del siguiente modo:
«En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podr谩 acudir al Juez, quien, despu茅s de o铆r a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a帽os, atribuir谩 la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podr谩 atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendr谩 vigencia durante el plazo que se fije, que no podr谩 nunca exceder de dos a帽os.»
Treinta. El 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 158 queda redactado de la forma siguiente:
«Todas estas medidas podr谩n adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicci贸n voluntaria.»
Treinta y uno. El art铆culo 167 queda redactado de la forma siguiente:
«Cuando la administraci贸n de los progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petici贸n del propio hijo, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podr谩 adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir cauci贸n o fianza para la continuaci贸n en la administraci贸n o incluso nombrar un Administrador.»
Treinta y dos. El p谩rrafo primero del apartado 3 del art铆culo 173 queda redactado de la forma siguiente:
«3. Si los progenitores o el tutor no consienten o se oponen al mismo, el acogimiento s贸lo podr谩 ser acordado por el Juez, en inter茅s del menor, conforme a los tr谩mites de la Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria. La propuesta de la Entidad P煤blica contendr谩 los mismos extremos referidos en el n煤mero anterior.»
Treinta y tres. Se modifica el primer p谩rrafo del apartado 2 del art铆culo 176, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Para iniciar el expediente de adopci贸n es necesaria la propuesta previa de la Entidad P煤blica a favor del adoptante o adoptantes que dicha Entidad P煤blica haya declarado id贸neos para el ejercicio de la patria potestad. La declaraci贸n de idoneidad deber谩 ser previa a la propuesta.»
Treinta y cuatro. El apartado 2 del art铆culo 177 pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«2. Deber谩n asentir a la adopci贸n:
1.潞 El c贸nyuge del adoptante o la persona a la que est茅 unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal, siempre que no sea tambi茅n adoptante, salvo que medie separaci贸n legal.
2.潞 Los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privaci贸n. Esta situaci贸n s贸lo podr谩 apreciarse en el procedimiento judicial contradictorio regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No ser谩 necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciar谩 motivadamente en la resoluci贸n judicial que constituya la adopci贸n.
El asentimiento de la madre no podr谩 prestarse hasta que hayan transcurrido treinta d铆as desde el parto.»
Treinta y cinco. El art铆culo 181 queda redactado de la forma siguiente:
«En todo caso, desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su 煤ltima residencia, sin haberse tenido en ella m谩s noticias, podr谩 el Secretario judicial, a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave. Se except煤an los casos en que aqu茅l estuviese leg铆timamente representado voluntariamente conforme al art铆culo 183.
El c贸nyuge presente mayor de edad no separado legalmente ser谩 el representante y defensor nato del desaparecido; y por su falta, el pariente m谩s pr贸ximo hasta el cuarto grado, tambi茅n mayor de edad. En defecto de parientes, no presencia de los mismos o urgencia notoria, el Secretario judicial nombrar谩 persona solvente y de buenos antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
Tambi茅n podr谩 adoptar, seg煤n su prudente arbitrio, las medidas necesarias a la conservaci贸n del patrimonio.»
Treinta y seis. El 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 183 queda redactado de la forma siguiente:
«La muerte o renuncia justificada del mandatario, o la caducidad del mandato, determina la ausencia legal, si al producirse aqu茅llas se ignorase el paradero del desaparecido y hubiere transcurrido un a帽o desde que se tuvieron las 煤ltimas noticias, y, en su defecto, desde su desaparici贸n. Inscrita en el Registro Civil la declaraci贸n de ausencia, quedan extinguidos de derecho todos los mandatos generales o especiales otorgados por el ausente.»
Treinta y siete. El art铆culo 184 queda redactado de la forma siguiente:
«Salvo motivo grave apreciado por el Secretario judicial, corresponde la representaci贸n del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protecci贸n y administraci贸n de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones:
1.潞 Al c贸nyuge presente mayor de edad no separado legalmente o de hecho.
2.潞 Al hijo mayor de edad; si hubiese varios, ser谩n preferidos los que conviv铆an con el ausente y el mayor al menor.
3.潞 Al ascendiente m谩s pr贸ximo de menos edad de una u otra l铆nea.
4.潞 A los hermanos mayores de edad que hayan convivido familiarmente con el ausente, con preferencia del mayor sobre el menor.
En defecto de las personas expresadas, corresponde en toda su extensi贸n a la persona solvente de buenos antecedentes que el Secretario judicial, o铆do el Ministerio fiscal, designe a su prudente arbitrio.»
Treinta y ocho. El art铆culo 185 queda redactado de la forma siguiente:
«El representante del declarado ausente quedar谩 atenido a las obligaciones siguientes:
1.陋 Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su representado.
2.陋 Prestar la garant铆a que el Secretario judicial prudencialmente fije. Quedan exceptuados los comprendidos en los n煤meros 1.潞, 2.潞 y 3.潞 del art铆culo precedente.
3.陋 Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueren susceptibles.
4.陋 Ajustarse a las normas que en orden a la posesi贸n y administraci贸n de los bienes del ausente se establecen en la Ley Procesal Civil.
Ser谩n aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten a su especial representaci贸n, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoci贸n y excusa de los tutores.»
Treinta y nueve. El art铆culo 186 queda redactado de la forma siguiente:
«Los representantes leg铆timos del declarado ausente comprendidos en los n煤meros 1.潞, 2.潞 y 3.潞 del art铆culo 184 disfrutar谩n de la posesi贸n temporal del patrimonio del ausente y har谩n suyos los productos l铆quidos en la cuant铆a que el Secretario judicial se帽ale, habida consideraci贸n al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, n煤mero de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representaci贸n requiera, afecciones que graven al patrimonio y dem谩s circunstancias de la propia 铆ndole.
Los representantes leg铆timos comprendidos en el n煤mero 4.潞 del expresado art铆culo disfrutar谩n, tambi茅n, de la posesi贸n temporal y har谩n suyos los frutos, rentas y aprovechamientos en la cuant铆a que el Secretario judicial se帽ale, sin que en ning煤n caso puedan retener m谩s de los dos tercios de los productos l铆quidos, reserv谩ndose el tercio restante para el ausente, o, en su caso, para sus herederos o causahabientes.
Los poseedores temporales de los bienes del ausente no podr谩n venderlos, gravarlos, hipotecarlos o darlos en prenda, sino en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y declarada por el Secretario judicial, quien, al autorizar dichos actos, determinar谩 el empleo de la cantidad obtenida.»
Cuarenta. El art铆culo 187 queda redactado de la forma siguiente:
«Si durante el disfrute de la posesi贸n temporal o del ejercicio de la representaci贸n dativa alguno probase su derecho preferente a dicha posesi贸n, ser谩 excluido el poseedor actual, pero aqu茅l no tendr谩 derecho a los productos sino a partir del d铆a de la presentaci贸n de la demanda.
Si apareciese el ausente, deber谩 restitu铆rsele su patrimonio, pero no los productos percibidos, salvo mala fe interviniente, en cuyo caso la restituci贸n comprender谩 tambi茅n los frutos percibidos y los debidos percibir a contar del d铆a en que aqu茅lla se produjo, seg煤n la declaraci贸n del Secretario judicial.»
Cuarenta y uno. Los apartados 2.潞, 3.潞 y 4.潞 del art铆culo 194 quedan redactados del siguiente modo:
«2.潞 De los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparici贸n por inmersi贸n en el mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes.
3.潞 De los que no se tuvieren noticias despu茅s de que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparici贸n por inmersi贸n en el mar se haya comprobado o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado, o, en caso de haberse encontrado restos humanos en tales supuestos, y no hubieren podido ser identificados, luego que hayan transcurrido ocho d铆as.
4.潞 De los que se encuentren a bordo de una nave que se presuma naufragada o desaparecida por inmersi贸n en el mar, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos haya transcurrido un mes contado desde las 煤ltimas noticias recibidas o, por falta de 茅stas, desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial del viaje.
5.潞 De los que se encuentren a bordo de una aeronave que se presuma siniestrada al realizar el viaje sobre mares, zonas des茅rticas o inhabitadas, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase, y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos haya transcurrido un mes contado desde las 煤ltimas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto, desde la fecha de inicio del viaje. Si 茅ste se hiciere por etapas, el plazo indicado se computar谩 desde el punto de despegue del que se recibieron las 煤ltimas noticias.»
Cuarenta y dos. El art铆culo 196 queda redactado de la forma siguiente:
«Firme la declaraci贸n de fallecimiento del ausente, se abrir谩 la sucesi贸n en los bienes del mismo, procedi茅ndose a su adjudicaci贸n conforme a lo dispuesto legalmente.
Los herederos no podr谩n disponer a t铆tulo gratuito hasta cinco a帽os despu茅s de la declaraci贸n del fallecimiento.
Hasta que transcurra este mismo plazo no ser谩n entregados los legados, si los hubiese, ni tendr谩n derecho a exigirlos los legatarios, salvo las mandas piadosas en sufragio del alma del testador o los legados en favor de Instituciones de beneficencia.
Ser谩 obligaci贸n ineludible de los sucesores, aunque por tratarse de uno solo no fuese necesaria partici贸n, la de formar notarialmente un inventario detallado de los bienes muebles y una descripci贸n de los inmuebles.»
Cuarenta y tres. Se modifica la r煤brica del Cap铆tulo III del T铆tulo VIII del Libro primero:
«De la inscripci贸n en el Registro Civil»
Cuarenta y cuatro. El art铆culo 198 queda redactado de la forma siguiente:
«En el Registro Civil se har谩n constar las declaraciones de desaparici贸n, ausencia legal y de fallecimiento, as铆 como las representaciones leg铆timas y dativas acordadas, y su extinci贸n.
Asimismo se anotar谩n los inventarios de bienes muebles y descripci贸n de inmuebles que en este T铆tulo se ordenan; los decretos de concesi贸n y las escrituras de transmisiones y grav谩menes que efect煤en los representantes leg铆timos o dativos de los ausentes; y la escritura de descripci贸n o inventario de los bienes, as铆 como de las escrituras de partici贸n y adjudicaci贸n realizadas a virtud de la declaraci贸n de fallecimiento o de las actas de protocolizaci贸n de los cuadernos particionales en sus respectivos casos.»
Cuarenta y cinco. El art铆culo 219 queda redactado de la forma siguiente:
«La inscripci贸n de las resoluciones a que se refiere el art铆culo anterior, se practicar谩 en virtud de testimonio remitido al Encargado del Registro Civil.»
Cuarenta y seis. El art铆culo 249 queda redactado de la forma siguiente:
«Durante la tramitaci贸n del expediente de remoci贸n, se podr谩 suspender en sus funciones al tutor y nombrar al tutelado un defensor judicial.»
Cuarenta y siete. El art铆culo 256 queda redactado de la forma siguiente:
«Mientras se resuelva acerca de la excusa, el que la haya propuesto estar谩 obligado a ejercer la funci贸n.
No haci茅ndolo as铆, se proceder谩 a nombrar un defensor que le sustituya, quedando el sustituido responsable de todos los gastos ocasionados por la excusa si 茅sta fuera rechazada.»
Cuarenta y ocho. El art铆culo 259 queda redactado de la forma siguiente:
«El Secretario judicial dar谩 posesi贸n de su cargo al tutor nombrado.»
Cuarenta y nueve. El art铆culo 263 queda redactado de la forma siguiente:
«El Secretario judicial podr谩 prorrogar este plazo en resoluci贸n motivada si concurriere causa para ello.»
Cincuenta. El art铆culo 264 queda redactado de la forma siguiente:
«El inventario se formar谩 ante el Secretario judicial con intervenci贸n del Ministerio Fiscal y con citaci贸n de las personas que aqu茅l estime conveniente.»
Cincuenta y uno. El art铆culo 265 queda redactado de la forma siguiente:
«El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a juicio del Secretario judicial, no deban quedar en poder del tutor ser谩n depositados en un establecimiento destinado a este efecto.
Los gastos que las anteriores medidas ocasionen correr谩n a cargo de los bienes del tutelado.»
Cincuenta y dos. El art铆culo 299 bis queda redactado de la forma siguiente:
«Cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela o curatela y en tanto no recaiga resoluci贸n judicial que ponga fin al procedimiento, asumir谩 su representaci贸n y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando adem谩s del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el Secretario judicial podr谩 designar un defensor judicial que administre los mismos, quien deber谩 rendirle cuentas de su gesti贸n una vez concluida.»
Cincuenta y tres. El art铆culo 300 queda redactado de la forma siguiente:
«En expediente de jurisdicci贸n voluntaria, de oficio o a petici贸n del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, se nombrar谩 defensor a quien se estime m谩s id贸neo para el cargo.»
Cincuenta y cuatro. El art铆culo 302 queda redactado de la forma siguiente:
«El defensor judicial tendr谩 las atribuciones que se le hayan concedido, debiendo rendir cuentas de su gesti贸n una vez concluida.»
Cincuenta y cinco. El art铆culo 314 se redacta como sigue:
«La emancipaci贸n tiene lugar:
1.潞 Por la mayor edad.
2.潞 Por concesi贸n de los que ejerzan la patria potestad.
3.潞 Por concesi贸n judicial.»
Cincuenta y seis. El art铆culo 681 queda redactado de la forma siguiente:
«Art铆culo 681
No podr谩n ser testigos en los testamentos:
Primero. Los menores de edad, salvo lo dispuesto en el art铆culo 701.
Segundo. Sin contenido.
Tercero. Los que no entiendan el idioma del testador.
Cuarto. Los que no presenten el discernimiento necesario para desarrollar la labor testifical.
Quinto. El c贸nyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Notario autorizante y quienes tengan con 茅ste relaci贸n de trabajo.»
Cincuenta y siete. El art铆culo 689 queda redactado de la forma siguiente:
«El testamento ol贸grafo deber谩 protocolizarse, present谩ndolo, en los cinco a帽os siguientes al fallecimiento del testador, ante Notario. Este extender谩 el acta de protocolizaci贸n de conformidad con la legislaci贸n notarial.»
Cincuenta y ocho. El art铆culo 690 queda redactado de la forma siguiente:
«La persona que tenga en su poder un testamento ol贸grafo deber谩 presentarlo ante Notario competente en los diez d铆as siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador. El incumplimiento de este deber le har谩 responsable de los da帽os y perjuicios que haya causado.
Tambi茅n podr谩 presentarlo cualquiera que tenga inter茅s en el testamento como heredero, legatario, albacea o en cualquier otro concepto.»
Cincuenta y nueve. El art铆culo 691 queda redactado de la forma siguiente:
«Presentado el testamento ol贸grafo y acreditado el fallecimiento del testador, se proceder谩 a su adveraci贸n conforme a la legislaci贸n notarial.»
Sesenta. El art铆culo 692 queda redactado de la forma siguiente:
«Adverado el testamento y acreditada la identidad de su autor, se proceder谩 a su protocolizaci贸n.»
Sesenta y uno. El art铆culo 693 queda redactado de la forma siguiente:
«El Notario, si considera acreditada la autenticidad del testamento, autorizar谩 el acta de protocolizaci贸n, en la que har谩 constar las actuaciones realizadas y, en su caso, las observaciones manifestadas.
Si el testamento no fuera adverado, por no acreditarse suficientemente la identidad del otorgante, se proceder谩 al archivo del expediente sin protocolizar aquel.
Autorizada o no la protocolizaci贸n del testamento ol贸grafo, los interesados no conformes podr谩n ejercer sus derechos en el juicio que corresponda.»
Sesenta y dos. Se modifica el segundo p谩rrafo del art铆culo 703, que queda redactado del siguiente modo:
«Cuando el testador falleciere en dicho plazo, tambi茅n quedar谩 ineficaz el testamento si dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se acude al Notario competente para que lo eleve a escritura p煤blica, ya se haya otorgado por escrito, ya verbalmente.»
Sesenta y tres. Se modifica el art铆culo 704, que queda redactado del siguiente modo:
«Los testamentos otorgados sin autorizaci贸n del Notario ser谩n ineficaces si no se elevan a escritura p煤blica y se protocolizan en la forma prevenida en la legislaci贸n notarial.»
Sesenta y cuatro. El art铆culo 712 queda redactado de la forma siguiente:
«1. La persona que tenga en su poder un testamento cerrado deber谩 presentarlo ante Notario competente en los diez d铆as siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador.
2. El Notario autorizante de un testamento cerrado, constituido en depositario del mismo por el testador, deber谩 comunicar, en los diez d铆as siguientes a que tenga conocimiento de su fallecimiento, la existencia del testamento al c贸nyuge sobreviviente, a los descendientes y a los ascendientes del testador y, en defecto de 茅stos, a los parientes colaterales hasta el cuarto grado.
3. En los dos supuestos anteriores, de no conocer la identidad o domicilio de estas personas, o si se ignorase su existencia, el Notario deber谩 dar la publicidad que determine la legislaci贸n notarial.
El incumplimiento de este deber, as铆 como el de la presentaci贸n del testamento por quien lo tenga en su poder o por el Notario, le har谩 responsable de los da帽os y perjuicios causados.»
Sesenta y cinco. El p谩rrafo primero del art铆culo 713 queda redactado de la forma siguiente:
«El que con dolo deje de presentar el testamento cerrado que obre en su poder dentro del plazo fijado en el art铆culo anterior, adem谩s de la responsabilidad que en 茅l se determina, perder谩 todo derecho a la herencia, si lo tuviere como heredero abintestato o como heredero o legatario por testamento.»
Sesenta y seis. El art铆culo 714 queda redactado de la forma siguiente:
«Para la apertura y protocolizaci贸n del testamento cerrado se observar谩 lo previsto en la legislaci贸n notarial.»
Sesenta y siete. El art铆culo 718 queda redactado de la forma siguiente:
«Los testamentos otorgados con arreglo a los dos art铆culos anteriores deber谩n ser remitidos con la mayor brevedad posible al Cuartel General y, por este, al Ministerio de Defensa.
El Ministerio, si hubiese fallecido el testador, remitir谩 el testamento al Colegio Notarial correspondiente al 煤ltimo domicilio del difunto, y de no ser conocido 茅ste, lo remitir谩 al Colegio Notarial de Madrid.
El Colegio Notarial remitir谩 el testamento al Notario correspondiente al 煤ltimo domicilio del testador. Recibido por el Notario deber谩 comunicar, en los diez d铆as siguientes, su existencia a los herederos y dem谩s interesados en la sucesi贸n, para que comparezcan ante 茅l al objeto de protocolizarlo de acuerdo con lo dispuesto legalmente.»
Sesenta y ocho. Los apartados 1, 2 y 3 del art铆culo 756 quedan redactados de la forma siguiente:
«1. El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia f铆sica o ps铆quica en el 谩mbito familiar al causante, su c贸nyuge, persona a la que est茅 unida por an谩loga relaci贸n de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.
2. El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su c贸nyuge, la persona a la que est茅 unida por an谩loga relaci贸n de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes.
Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la persona agraviada.
Tambi茅n el privado por resoluci贸n firme de la patria potestad, o removido del ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la capacidad modificada judicialmente por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.
3. El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley se帽ala pena grave, si es condenado por denuncia falsa.»
Sesenta y nueve. El art铆culo 834 queda redactado de la forma siguiente:
«El c贸nyuge que al morir su consorte no se hallase separado de 茅ste legalmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendr谩 derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.»
Setenta. El art铆culo 835 queda redactado de la forma siguiente:
«Si entre los c贸nyuges separados hubiera mediado reconciliaci贸n notificada al Juzgado que conoci贸 de la separaci贸n o al Notario que otorg贸 la escritura p煤blica de separaci贸n de conformidad con el art铆culo 84 de este C贸digo, el sobreviviente conservar谩 sus derechos.»
Setenta y uno. El art铆culo 843 queda redactado de la forma siguiente:
«Salvo confirmaci贸n expresa de todos los hijos o descendientes la partici贸n a que se refieren los dos art铆culos anteriores requerir谩 aprobaci贸n por el Secretario judicial o Notario.»
Setenta y dos. El art铆culo 899 queda redactado de la forma siguiente:
«El albacea que acepta el cargo se constituye en la obligaci贸n de desempe帽arlo; pero lo podr谩 renunciar alegando causa justa al criterio del Secretario judicial o del Notario.»
Setenta y tres. El art铆culo 905 queda redactado de la forma siguiente:
«Si el testador quisiera ampliar el plazo legal, deber谩 se帽alar expresamente el de la pr贸rroga. Si no lo hubiese se帽alado, se entender谩 prorrogado el plazo por un a帽o. Si, transcurrida esta pr贸rroga, no se hubiese cumplido todav铆a la voluntad del testador, podr谩 el Secretario judicial o el Notario conceder otra por el tiempo que fuere necesario, atendidas las circunstancias del caso.»
Setenta y cuatro. El art铆culo 910 queda redactado de la forma siguiente:
«Termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoci贸n del albacea, y por el lapso del t茅rmino se帽alado por el testador, por la ley y, en su caso, por los interesados. La remoci贸n deber谩 ser apreciada por el Juez.»
Setenta y cinco. El art铆culo 945 queda redactado de la forma siguiente:
«No tendr谩 lugar el llamamiento a que se refiere el art铆culo anterior si el c贸nyuge estuviere separado legalmente o de hecho.»
Setenta y seis. El art铆culo 956 queda redactado de la forma siguiente:
«A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las precedentes Secciones, heredar谩 el Estado quien, realizada la liquidaci贸n del caudal hereditario, ingresar谩 la cantidad resultante en el Tesoro P煤blico, salvo que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicaci贸n. Dos terceras partes del valor de ese caudal relicto ser谩 destinado a fines de inter茅s social, a帽adi茅ndose a la asignaci贸n tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado.»
Setenta y siete. El art铆culo 957 queda redactado de la forma siguiente:
«Los derechos y obligaciones del Estado ser谩n los mismos que los de los dem谩s herederos, pero se entender谩 siempre aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin necesidad de declaraci贸n alguna sobre ello, a los efectos que enumera el art铆culo 1023.»
Setenta y ocho. El art铆culo 958 queda redactado de la forma siguiente:
«Para que el Estado pueda tomar posesi贸n de los bienes y derechos hereditarios habr谩 de preceder declaraci贸n administrativa de heredero, adjudic谩ndose los bienes por falta de herederos leg铆timos.»
Setenta y nueve. El art铆culo 1005 queda redactado de la forma siguiente:
«Cualquier interesado que acredite su inter茅s en que el heredero acepte o repudie la herencia podr谩 acudir al Notario para que 茅ste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta d铆as naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicar谩, adem谩s, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entender谩 aceptada la herencia pura y simplemente.»
Ochenta. El art铆culo 1008 queda redactado de la forma siguiente:
«La repudiaci贸n de la herencia deber谩 hacerse ante Notario en instrumento p煤blico.»
Ochenta y uno. El art铆culo 1011 queda redactado de la forma siguiente:
«La declaraci贸n de hacer uso del beneficio de inventario deber谩 hacerse ante Notario.»
Ochenta y dos. El art铆culo 1014 queda redactado de la forma siguiente:
«El heredero que tenga en su poder la herencia o parte de ella y quiera utilizar el beneficio de inventario o el derecho de deliberar, deber谩 comunicarlo ante Notario y pedir en el plazo de treinta d铆as a contar desde aqu茅l en que supiere ser tal heredero la formaci贸n de inventario notarial con citaci贸n a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere.»
Ochenta y tres. El art铆culo 1015 queda redactado de la forma siguiente:
«Cuando el heredero no tenga en su poder la herencia o parte de ella, ni haya practicado gesti贸n alguna como tal heredero, el plazo expresado en el art铆culo anterior se contar谩 desde el d铆a siguiente a aquel en que expire el plazo que se le hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia conforme al art铆culo 1005, o desde el d铆a en que la hubiese aceptado o hubiera gestionado como heredero.»
Ochenta y cuatro. El art铆culo 1017 queda redactado de la forma siguiente:
«El inventario se principiar谩 dentro de los treinta d铆as siguientes a la citaci贸n de los acreedores y legatarios, y concluir谩 dentro de otros sesenta.
Si por hallarse los bienes a larga distancia o ser muy cuantiosos, o por otra causa justa, parecieren insuficientes dichos sesenta d铆as, podr谩 el Notario prorrogar este t茅rmino por el tiempo que estime necesario, sin que pueda exceder de un a帽o.»
Ochenta y cinco. El art铆culo 1019 queda redactado de la forma siguiente:
«El heredero que se hubiese reservado el derecho de deliberar, deber谩 manifestar al Notario, dentro de treinta d铆as contados desde el siguiente a aquel en que se hubiese concluido el inventario, si repudia o acepta la herencia y si hace uso o no del beneficio de inventario.
Pasados los treinta d铆as sin hacer dicha manifestaci贸n, se entender谩 que la acepta pura y simplemente.»
Ochenta y seis. El art铆culo 1020 queda redactado de la forma siguiente:
«Durante la formaci贸n del inventario y hasta la aceptaci贸n de la herencia, a instancia de parte, el Notario podr谩 adoptar las provisiones necesarias para la administraci贸n y custodia de los bienes hereditarios con arreglo a lo que se prescribe en este C贸digo y en la legislaci贸n notarial.»
Ochenta y siete. El art铆culo 1024 queda redactado de la forma siguiente:
«El heredero perder谩 el beneficio de inventario:
1.潞 Si a sabiendas dejare de incluir en el inventario alguno de los bienes, derechos o acciones de la herencia.
2.潞 Si antes de completar el pago de las deudas y legados enajenase bienes de la herencia sin autorizaci贸n de todos los interesados, o no diese al precio de lo vendido la aplicaci贸n determinada al concederle la autorizaci贸n.
No obstante, podr谩 disponer de valores negociables que coticen en un mercado secundario a trav茅s de la enajenaci贸n en dicho mercado, y de los dem谩s bienes mediante su venta en subasta p煤blica notarial previamente notificada a todos los interesados, especificando en ambos casos la aplicaci贸n que se dar谩 al precio obtenido.»
Ochenta y ocho. El art铆culo 1030 queda redactado de la forma siguiente:
«Cuando para el pago de los cr茅ditos y legados sea necesaria la venta de bienes hereditarios, se realizar谩 茅sta en la forma establecida en el p谩rrafo segundo del n煤mero 2.潞 del art铆culo 1024 de este C贸digo, salvo si todos los herederos, acreedores y legatarios acordaren otra cosa.»
Ochenta y nueve. Se modifica el primer p谩rrafo del art铆culo 1033, que queda redactado del siguiente modo:
«Los gastos del inventario y las dem谩s actuaciones a que d茅 lugar la administraci贸n de la herencia aceptada a beneficio de inventario y la defensa de sus derechos, ser谩n de cargo de la misma herencia. Except煤anse aquellos gastos imputables al heredero que hubiese sido condenado personalmente por su dolo o mala fe.
Lo mismo se entender谩 respecto de las gastos causados para hacer uso del derecho de deliberar, si el heredero repudia la herencia.»
Noventa. El art铆culo 1057 queda redactado de la forma siguiente:
«El testador podr谩 encomendar por acto «inter vivos» o «mortis causa» para despu茅s de su muerte la simple facultad de hacer la partici贸n a cualquier persona que no sea uno de los coherederos.
No habiendo testamento, contador-partidor en 茅l designado o vacante el cargo, el Secretario judicial o el Notario, a petici贸n de herederos y legatarios que representen, al menos, el 50 por 100 del haber hereditario, y con citaci贸n de los dem谩s interesados, si su domicilio fuere conocido, podr谩 nombrar un contador-partidor dativo, seg煤n las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la designaci贸n de peritos. La partici贸n as铆 realizada requerir谩 aprobaci贸n del Secretario judicial o del Notario, salvo confirmaci贸n expresa de todos los herederos y legatarios.
Lo dispuesto en este art铆culo y en el anterior se observar谩 aunque entre los coherederos haya alguno sujeto a patria potestad, tutela o curatela; pero el contador-partidor deber谩 en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citaci贸n de los representantes legales o curadores de dichas personas.»
Noventa y uno. El art铆culo 1060 queda redactado de la forma siguiente:
«Cuando los menores o personas con capacidad modificada judicialmente est茅n legalmente representados en la partici贸n, no ser谩 necesaria la intervenci贸n ni la autorizaci贸n judicial, pero el tutor necesitar谩 aprobaci贸n judicial de la partici贸n efectuada. El defensor judicial designado para representar a un menor o persona con capacidad modificada judicialmente en una partici贸n, deber谩 obtener la aprobaci贸n del Juez, si el Secretario judicial no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.»
Noventa y dos. El art铆culo 1176 queda redactado de la forma siguiente:
«Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago conforme a las disposiciones que regulan 茅ste, se negare, de manera expresa o de hecho, sin raz贸n a admitirlo, a otorgar el documento justificativo de haberse efectuado o a la cancelaci贸n de la garant铆a, si la hubiere, el deudor quedar谩 libre de responsabilidad mediante la consignaci贸n de la cosa debida.
La consignaci贸n por s铆 sola producir谩 el mismo efecto cuando se haga estando el acreedor ausente en el lugar en donde el pago deba realizarse, o cuando est茅 impedido para recibirlo en el momento en que deba hacerse, y cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, sea el acreedor desconocido, o se haya extraviado el t铆tulo que lleve incorporada la obligaci贸n.
En todo caso, proceder谩 la consignaci贸n en todos aquellos supuestos en que el cumplimiento de la obligaci贸n se haga m谩s gravoso al deudor por causas no imputables al mismo.»
Noventa y tres. El art铆culo 1178 queda redactado de la forma siguiente:
«La consignaci贸n se har谩 por el deudor o por un tercero, poniendo las cosas debidas a disposici贸n del Juzgado o del Notario, en los t茅rminos previstos en la Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria o en la legislaci贸n notarial.»
Noventa y cuatro. El art铆culo 1180 queda redactado de la forma siguiente:
«La aceptaci贸n de la consignaci贸n por el acreedor o la declaraci贸n judicial de que est谩 bien hecha, extinguir谩 la obligaci贸n y el deudor podr谩 pedir que se mande cancelar la obligaci贸n y la garant铆a, en su caso.
Mientras tanto, el deudor podr谩 retirar la cosa o cantidad consignada, dejando subsistente la obligaci贸n.»
Noventa y cinco. El art铆culo 1377 queda redactado de la forma siguiente:
«Para realizar actos de disposici贸n a t铆tulo oneroso sobre bienes gananciales se requerir谩 el consentimiento de ambos c贸nyuges.
Si uno lo negare o estuviere impedido para prestarlo, podr谩 el Juez autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de inter茅s para la familia. Excepcionalmente acordar谩 las limitaciones o cautelas que estime convenientes.»
Noventa y seis. El art铆culo 1389 queda redactado de la forma siguiente:
«El c贸nyuge en quien recaiga la administraci贸n en virtud de lo dispuesto en los dos art铆culos anteriores tendr谩 para ello plenas facultades, salvo que el Juez, cuando lo considere de inter茅s para la familia, establezca cautelas o limitaciones.
En todo caso, para realizar actos de disposici贸n sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripci贸n preferente, necesitar谩 autorizaci贸n judicial.»
Noventa y siete. El art铆culo 1392 queda redactado de la forma siguiente:
«La sociedad de gananciales concluir谩 de pleno derecho:
1.潞 Cuando se disuelva el matrimonio.
2.潞 Cuando sea declarado nulo.
3.潞 Cuando se acuerde la separaci贸n legal de los c贸nyuges.
4.潞 Cuando los c贸nyuges convengan un r茅gimen econ贸mico distinto en la forma prevenida en este C贸digo.»
Noventa y ocho. El art铆culo 1442 queda redactado de la forma siguiente:
«Declarado un c贸nyuge en concurso, ser谩n de aplicaci贸n las disposiciones de la legislaci贸n concursal.»
Segunda. Modificaci贸n del C贸digo de Comercio
El art铆culo 40 queda redactado de la forma siguiente:
«1. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes que obliguen a someter las cuentas anuales a la auditor铆a de una persona que tenga la condici贸n legal de auditor de cuentas, y de lo dispuesto en los art铆culos 32 y 33 de este C贸digo, todo empresario vendr谩 obligado a someter a auditor铆a las cuentas anuales ordinarias o consolidadas, en su caso, de su empresa, cuando as铆 lo acuerde el Secretario judicial o el Registrador mercantil del domicilio social del empresario si acogen la petici贸n fundada de quien acredite un inter茅s leg铆timo. Antes de estimar la solicitud, el Secretario judicial o el Registrador mercantil deber谩n exigir al solicitante que adelante los fondos necesarios para el pago de la retribuci贸n del auditor.
La sociedad 煤nicamente podr谩 oponerse al nombramiento aportando prueba documental de que no procede el mismo o negando la legitimaci贸n del solicitante.
La solicitud ante el Registrador mercantil se tramitar谩 de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil. La designaci贸n de auditor se sujetar谩 al turno reglamentario que establece el Reglamento de Registro Mercantil.
Si se instara ante el Secretario judicial, se seguir谩n los tr谩mites establecidos en la legislaci贸n de la jurisdicci贸n voluntaria.
La resoluci贸n que se dicte sobre la procedencia o improcedencia de la auditor铆a ser谩 recurrible ante el Juez de lo Mercantil.
2. El mismo d铆a en que emita, el auditor entregar谩 el informe al empresario y al solicitante y presentar谩 copia a quien le hubiera designado. Si el informe contuviera opini贸n denegada o desfavorable, el Secretario judicial o el Registrador mercantil acordar谩 que el empresario satisfaga al solicitante las cantidades que hubiera anticipado. Si el informe contuviera una opini贸n con reservas o salvedades, se dictar谩 resoluci贸n determinando en qui茅n deber谩 recaer y en qu茅 proporci贸n el coste de la auditor铆a. Si el informe fuera con opini贸n favorable, el coste de la auditor铆a ser谩 de cargo del solicitante.
3. El Secretario judicial o el Registrador mercantil desestimar谩 la solicitud de auditor铆a cuando, antes de la fecha de la solicitud, constara inscrito en el Registro mercantil nombramiento de auditor para la verificaci贸n de las cuentas de ese mismo ejercicio o, en el caso de las sociedades mercantiles y dem谩s personas jur铆dicas obligadas, no hubiese finalizado el plazo legal para efectuar el nombramiento de auditor por el 贸rgano competente.
4. La emisi贸n del informe de auditor铆a no impedir谩 el ejercicio del derecho de acceso a la contabilidad por aquellos a los que la Ley atribuya ese derecho.»
Tercera. Modificaci贸n de determinados art铆culos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
La Ley de Enjuiciamiento Civil queda modificada como sigue:
Uno. El apartado 1 del art铆culo 8 queda redactado de la forma siguiente:
«1. Cuando la persona f铆sica se encuentre en el caso del apartado 2 del art铆culo anterior y no hubiere persona que legalmente la represente o asista para comparecer en juicio, el Secretario judicial le nombrar谩 un defensor judicial mediante decreto, que asumir谩 su representaci贸n y defensa hasta que se designe a aquella persona.»
Dos. El apartado 1 del art铆culo 395 queda redactado de la forma siguiente:
«1. Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no proceder谩 la imposici贸n de costas salvo que el tribunal, razon谩ndolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado.
Se entender谩 que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediaci贸n o dirigido contra 茅l solicitud de conciliaci贸n.»
Tres. El apartado 1 del art铆culo 525 queda redactado de la forma siguiente:
«1. No ser谩n en ning煤n caso susceptibles de ejecuci贸n provisional:
1.陋 Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiaci贸n, nulidad de matrimonio, separaci贸n y divorcio, capacidad y estado civil, as铆 como sobre las medidas relativas a la restituci贸n o retorno de menores en los supuestos de sustracci贸n internacional y derechos honor铆ficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.
2.陋 Las sentencias que condenen a emitir una declaraci贸n de voluntad.
3.陋 Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de t铆tulos de propiedad industrial.»
Cuatro. El art铆culo 608 queda redactado de la siguiente manera:
«Art铆culo 608. Ejecuci贸n por condena a prestaci贸n alimenticia
Lo dispuesto en el art铆culo anterior no ser谩 de aplicaci贸n cuando se proceda por ejecuci贸n de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligaci贸n de satisfacerlos nazca directamente de la Ley, incluyendo los pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separaci贸n o divorcio sobre alimentos debidos al c贸nyuge o a los hijos o de los decretos o escrituras p煤blicas que formalicen el convenio regulador que los establezcan. En estos casos, as铆 como en los de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijar谩 la cantidad que puede ser embargada.»
Cinco. El art铆culo 748 queda redactado de la siguiente manera:
«Las disposiciones del presente T铆tulo ser谩n aplicables a los siguientes procesos:
1.潞 Los que versen sobre la capacidad de las personas y los de declaraci贸n de prodigalidad.
2.潞 Los de filiaci贸n, paternidad y maternidad.
3.潞 Los de nulidad del matrimonio, separaci贸n y divorcio y los de modificaci贸n de medidas adoptadas en ellos.
4.潞 Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
5.潞 Los de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesi谩sticas en materia matrimonial.
6.潞 Los que versen sobre las medidas relativas a la restituci贸n de menores en los supuestos de sustracci贸n internacional.
7.潞 Los que tengan por objeto la oposici贸n a las resoluciones administrativas en materia de protecci贸n de menores.
8.潞 Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopci贸n.»
Seis. El apartado primero del art铆culo 749 queda redactado de la siguiente manera:
«1. En los procesos sobre la capacidad de las personas, en los de nulidad matrimonial, en los de sustracci贸n internacional de menores y en los de determinaci贸n e impugnaci贸n de la filiaci贸n ser谩 siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor de los mismos ni deba, conforme a la Ley, asumir la defensa de alguna de las partes. El Ministerio Fiscal velar谩 durante todo el proceso por la salvaguarda del inter茅s superior de la persona afectada.»
Siete. El p谩rrafo segundo del art铆culo 758 queda redactado de la forma siguiente:
«Si no lo hicieren, ser谩n defendidos por el Ministerio Fiscal, siempre que no haya sido 茅ste el promotor del procedimiento. En otro caso, el Secretario judicial les designar谩 un defensor judicial, a no ser que estuviere ya nombrado.»
Ocho. Los apartados 1 y 2 del art铆culo 769 quedan redactados de la forma siguiente:
«1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, ser谩 tribunal competente para conocer de los procedimientos a que se refiere este cap铆tulo el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los c贸nyuges en distintos partidos judiciales, ser谩 tribunal competente, a elecci贸n del demandante, el del 煤ltimo domicilio del matrimonio o el de residencia del demandado.
Los que no tuvieren domicilio ni residencia fijos podr谩n ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su 煤ltima residencia, a elecci贸n del demandante y, si tampoco pudiere determinarse as铆 la competencia, corresponder谩 茅sta al tribunal del domicilio del actor.
2. En el procedimiento de separaci贸n o divorcio de mutuo acuerdo a que se refiere el art铆culo 777, ser谩 competente el Juzgado del 煤ltimo domicilio com煤n o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes.»
Nueve. Se modifica el apartado 4 y se a帽ade un apartado 10 al art铆culo 777, en los siguientes t茅rminos:
«4. Ratificada por ambos c贸nyuges la solicitud, si la documentaci贸n aportada fuera insuficiente, el Juez o el Secretario judicial que fuere competente conceder谩 a los solicitantes un plazo de diez d铆as para que la completen. Durante este plazo se practicar谩, en su caso, la prueba que los c贸nyuges hubieren propuesto y la dem谩s que el tribunal considere necesaria para acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el C贸digo Civil y para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta de convenio regulador.»
«10. Si la competencia fuera del Secretario judicial por no existir hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, inmediatamente despu茅s de la ratificaci贸n de los c贸nyuges ante el Secretario judicial, este dictar谩 decreto pronunci谩ndose, sobre el convenio regulador.
El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador declarar谩 la separaci贸n o divorcio de los c贸nyuges.
Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser da帽oso o gravemente perjudicial para uno de los c贸nyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertir谩 a los otorgantes y dar谩 por terminado el procedimiento. En este caso, los c贸nyuges s贸lo podr谩n acudir ante el Juez para la aprobaci贸n de la propuesta de convenio regulador.
El decreto no ser谩 recurrible.
La modificaci贸n del convenio regulador formalizada por el Secretario judicial se sustanciar谩 conforme a lo dispuesto en este art铆culo cuando concurran los requisitos necesarios para ello.»
Diez. Se a帽ade un Cap铆tulo IV bis en el T铆tulo I del Libro IV, integrado por los art铆culos 778 qu谩ter a 778 sexies, con el siguiente t铆tulo:
«CAP脥TULO IV BIS
Medidas relativas a la restituci贸n o retorno de menores en los supuestos de sustracci贸n internacional»
Once. Se a帽ade un art铆culo 778 bis, con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 778 qu谩ter. 脕mbito de aplicaci贸n. Normas generales.
1. En los supuestos en que, siendo aplicables un convenio internacional o las disposiciones de la Uni贸n Europea, se pretenda la restituci贸n de un menor o su retorno al lugar de procedencia por haber sido objeto de un traslado o retenci贸n il铆cito y se encuentre en Espa帽a, se proceder谩 de acuerdo con lo previsto en este Cap铆tulo. No ser谩 de aplicaci贸n a los supuestos en los que el menor procediera de un Estado que no forma parte de la Uni贸n Europea ni sea parte de alg煤n convenio internacional.
2. En estos procesos, ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia de la capital de la provincia, de Ceuta o Melilla, con competencias en materia de derecho de familia, en cuya circunscripci贸n se halle el menor que haya sido objeto de un traslado o retenci贸n il铆citos, si lo hubiere y, en su defecto, al que por turno de reparto corresponda. El Tribunal examinar谩 de oficio su competencia.
3. Podr谩n promover el procedimiento la persona, instituci贸n u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o un r茅gimen de estancia o visitas, relaci贸n o comunicaci贸n del menor, la Autoridad Central espa帽ola encargada del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio, en su caso, y, en representaci贸n de 茅sta, la persona que designe dicha autoridad.
4. Las partes deber谩n actuar con asistencia de Abogado y representadas por Procurador. La intervenci贸n de la Abogac铆a del Estado, cuando proceda a instancia de la Autoridad Central espa帽ola, cesar谩 desde el momento en que el solicitante de la restituci贸n o del retorno comparezca en el proceso con su propio Abogado y Procurador.
5. El procedimiento tendr谩 car谩cter urgente y preferente. Deber谩 realizarse, en ambas instancias, si las hubiere, en el inexcusable plazo total de seis semanas desde la fecha de la presentaci贸n de la solicitud instando la restituci贸n o el retorno del menor, salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan imposible.
6. En ning煤n caso se ordenar谩 la suspensi贸n de las actuaciones civiles por la existencia de prejudicialidad penal que venga motivada por el ejercicio de acciones penales en materia de sustracci贸n de menores.
7. En este tipo de procesos y con la finalidad de facilitar las comunicaciones judiciales directas entre 贸rganos jurisdiccionales de distintos pa铆ses, si ello fuera posible y el Juez lo considerase necesario, podr谩 recurrirse al auxilio de las Autoridades Centrales implicadas, de las Redes de Cooperaci贸n Judicial Internacional existentes, de los miembros de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y de los Jueces de enlace.
8. El Juez podr谩 acordar a lo largo de todo el proceso, de oficio, a petici贸n de quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, las medidas cautelares oportunas y de aseguramiento del menor que estime pertinentes conforme al art铆culo 773, adem谩s de las previstas en el art铆culo 158 del C贸digo Civil.
Del mismo modo podr谩 acordar que durante la tramitaci贸n del proceso se garanticen los derechos de estancia o visita, relaci贸n y comunicaci贸n del menor con el demandante, incluso de forma supervisada, si ello fuera conveniente a los intereses del menor.»
Doce. Se a帽ade un art铆culo 778 quinquies, con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 778 quinquies. Procedimiento.
1. El procedimiento se iniciar谩 mediante demanda en la que se instar谩 la restituci贸n del menor o su retorno al lugar de procedencia e incluir谩 toda la informaci贸n exigida por la normativa internacional aplicable y, en todo caso, la relativa a la identidad del demandante, del menor y de la persona que se considere que ha sustra铆do o retenido al menor, as铆 como los motivos en que se basa para reclamar su restituci贸n o retorno. Deber谩 igualmente aportar toda la informaci贸n que disponga relativa a la localizaci贸n del menor y a la identidad de la persona con la que se supone se encuentra.
A la demanda deber谩 acompa帽arse la documentaci贸n requerida, en su caso, por el correspondiente convenio o norma internacional y cualquier otra en la que el solicitante funde su petici贸n.
2. El Secretario judicial resolver谩 sobre la admisi贸n de la demanda en el plazo de las 24 horas siguientes y, si entendiera que 茅sta no resulta admisible, dar谩 cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda dentro de dicho plazo.
En la misma resoluci贸n en la que sea admitida la demanda, el Secretario judicial requerir谩 a la persona a quien se impute la sustracci贸n o retenci贸n il铆cita del menor para que, en la fecha que se determine, que no podr谩 exceder de los tres d铆as siguientes, comparezca con el menor y manifieste si accede a su restituci贸n o retorno, o se opone a ello, alegando en tal caso alguna de las causas establecidas en el correspondiente convenio o norma internacional aplicable.
El requerimiento se practicar谩 con los apercibimientos legales y con entrega al requerido del texto del correspondiente convenio o norma internacional aplicable.
3. Cuando el menor no fuera hallado en el lugar indicado en la demanda, y si, tras la realizaci贸n de las correspondientes averiguaciones por el Secretario judicial sobre su domicilio o residencia, 茅stas son infructuosas, se archivar谩 provisionalmente el procedimiento hasta ser encontrado.
Si el menor fuera hallado en otra provincia, el Secretario judicial, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas por el plazo de un d铆a, dar谩 cuenta al Juez para que resuelva al d铆a siguiente lo que proceda mediante auto, remitiendo, en su caso, las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente competente y emplazando a las partes para que comparezcan ante el mismo dentro del plazo de los tres d铆as siguientes.
4. Llegado el d铆a, si el requerido compareciere y accediere a la restituci贸n del menor o a su retorno al lugar de procedencia, seg煤n corresponda, el Secretario judicial levantar谩 acta y el Juez dictar谩 auto el mismo d铆a acordando la conclusi贸n del proceso y la restituci贸n o el retorno del menor, pronunci谩ndose en cuanto a los gastos, incluidos los de viaje, y las costas del proceso.
El demandado podr谩 comparecer en cualquier momento, antes de la finalizaci贸n del procedimiento, y acceder a la entrega del menor, o a su retorno al lugar de procedencia, siendo de aplicaci贸n lo dispuesto en este apartado.
5. Si no compareciese o si comparecido no lo hiciera en forma, ni presentara oposici贸n ni procediera, en este caso, a la entrega o retorno del menor, el Secretario judicial en el mismo d铆a le declarar谩 en rebeld铆a y dispondr谩 la continuaci贸n del procedimiento sin el mismo, citando 煤nicamente al demandante y al Ministerio Fiscal a una vista ante el Juez que tendr谩 lugar en un plazo no superior a los cinco d铆as siguientes, a celebrar conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de este art铆culo. Dicha resoluci贸n, no obstante, deber谩 ser notificada al demandado, tras lo cual no se llevar谩 a cabo ninguna otra, excepto la de la resoluci贸n que ponga fin al proceso.
El Juez podr谩 decretar las medidas cautelares que estime pertinentes en relaci贸n con el menor, caso de no haberse adoptado ya con anterioridad, conforme al art铆culo 773.
6. Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposici贸n a la restituci贸n o retorno del menor al amparo de las causas establecidas en el correspondiente convenio o norma internacional aplicable, lo que deber谩 realizar por escrito, el Secretario judicial en el mismo d铆a dar谩 traslado de la oposici贸n y citar谩 a todos los interesados y al Ministerio Fiscal a una vista que se celebrar谩 dentro del improrrogable plazo de los cinco d铆as siguientes.
7. La celebraci贸n de la vista no se suspender谩 por incomparecencia del demandante. Si fuera el demandado que se hubiera opuesto quien no compareciere, el Juez le tendr谩 por desistido de la oposici贸n y continuar谩 la vista.
Durante la celebraci贸n de la misma se oir谩 a las partes que comparezcan para que expongan lo que estimen procedente, en concreto, a la persona que solicit贸 la restituci贸n o retorno, al Ministerio Fiscal y a la parte demandada, incluso si compareciere en este tr谩mite por vez primera.
Se practicar谩n, en su caso, las pruebas 煤tiles y pertinentes que las partes o el Ministerio Fiscal propongan y las que el Juez acuerde de oficio sobre los hechos que sean relevantes para la decisi贸n sobre la ilicitud o no del traslado o retenci贸n y las medidas a adoptar, dentro del plazo improrrogable de seis d铆as. El Juez podr谩 tambi茅n recabar, de oficio, a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, los informes que estime pertinentes cuya realizaci贸n ser谩 urgente y preferente a cualquier otro proceso.
8. Antes de adoptar cualquier decisi贸n relativa a la procedencia o improcedencia de la restituci贸n del menor o su retorno al lugar de procedencia, el Juez, en cualquier momento del proceso y en presencia del Ministerio Fiscal, oir谩 separadamente al menor, a menos que la audiencia del mismo no se considere conveniente atendiendo a la edad o grado de madurez del mismo, lo que se har谩 constar en resoluci贸n motivada.
En la exploraci贸n del menor se garantizar谩 que el mismo pueda ser o铆do en condiciones id贸neas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario. Esta actuaci贸n podr谩 realizarse a trav茅s de videoconferencia u otro sistema similar.
9. Celebrada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, dentro de los tres d铆as siguientes a su finalizaci贸n, el Juez dictar谩 sentencia en la que se pronunciar谩 煤nicamente sobre si el traslado o la retenci贸n son il铆citos y acordar谩 si procede o no la restituci贸n del menor a la persona, instituci贸n u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del r茅gimen de estancia, comunicaci贸n o relaci贸n con el menor, teniendo en cuenta el inter茅s superior de 茅ste y los t茅rminos del correspondiente convenio o de las disposiciones de la Uni贸n Europea en la materia, seg煤n el caso. La resoluci贸n que acuerde la restituci贸n del menor o su retorno establecer谩 detalladamente la forma 媒 el plazo de ejecuci贸n, pudiendo adoptar las medidas necesarias para evitar un nuevo traslado o retenci贸n il铆cito del menor tras la notificaci贸n de la sentencia.
10. Si se acordare la restituci贸n o retorno del menor, en la resoluci贸n se establecer谩 que la persona que hubiere trasladado o retenido al menor abone las costas procesales, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restituci贸n o retorno del menor al Estado donde estuviera su residencia habitual con anterioridad a la sustracci贸n.
En los dem谩s casos se declarar谩n de oficio las costas del proceso.
11. Contra la resoluci贸n que se dicte s贸lo cabr谩 recurso de apelaci贸n con efectos suspensivos, que tendr谩 tramitaci贸n preferente, debiendo ser resuelto en el improrrogable plazo de veinte d铆as.
En la tramitaci贸n del recurso de apelaci贸n se seguir谩n las siguientes especialidades:
a) Se interpondr谩 en el plazo de tres d铆as contados desde el d铆a siguiente a la notificaci贸n de la resoluci贸n, debiendo el 贸rgano judicial acordar su admisi贸n o no dentro de las 24 horas siguientes a la presentaci贸n.
b) Admitido el recurso, las dem谩s partes tendr谩n tres d铆as para presentar escrito de oposici贸n al recurso o, en su caso, de impugnaci贸n. En este 煤ltimo supuesto, igualmente el apelante principal dispondr谩 del plazo de tres d铆as para manifestar lo que tenga por conveniente.
c) Tras ello, el Secretario judicial ordenar谩 la remisi贸n de los autos en el mismo d铆a al Tribunal competente para resolver la apelaci贸n, ante el cual deber谩n comparecer las partes en el plazo de 24 horas.
d) Recibidos los autos, el Tribunal acordar谩 lo que proceda sobre su admisi贸n en el plazo de 24 horas. Si hubiere de practicarse prueba o si se acordase la celebraci贸n de vista, el Secretario judicial se帽alar谩 d铆a para dentro de los tres d铆as siguientes.
e) La resoluci贸n deber谩 ser dictada dentro de los tres d铆as siguientes a la terminaci贸n de la vista o, en defecto de 茅sta, a contar desde el d铆a siguiente a aquel en que se hubieran recibido los autos en el Tribunal competente para la apelaci贸n.
12. En cualquier momento del proceso, ambas partes podr谩n solicitar la suspensi贸n del mismo de conformidad con lo previsto en el art铆culo 19.4, para someterse a mediaci贸n. Tambi茅n el Juez podr谩 en cualquier momento, de oficio o a petici贸n de cualquiera de las partes, proponer una soluci贸n de mediaci贸n si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo, sin que ello deba suponer un retraso injustificado del proceso. En tales casos, el Secretario judicial acordar谩 la suspensi贸n por el tiempo necesario para tramitar la mediaci贸n. La Entidad Publica que tenga las funciones de protecci贸n del menor puede intervenir como mediadora si as铆 se solicitase de oficio, por las partes o por el Ministerio Fiscal.
La duraci贸n del procedimiento de mediaci贸n ser谩 lo m谩s breve posible y sus actuaciones se concentrar谩n en el m铆nimo n煤mero de sesiones, sin que en ning煤n caso pueda la suspensi贸n del proceso para mediaci贸n exceder del plazo legalmente previsto en este Cap铆tulo.
El procedimiento judicial se reanudar谩 si lo solicita cualquiera de las partes o, en caso de alcanzarse un acuerdo en la mediaci贸n, que deber谩 ser aprobado por el Juez teniendo en cuenta la normativa vigente y el inter茅s superior del ni帽o.
13. En la ejecuci贸n de la sentencia en la que se acuerde la restituci贸n del menor o su retorno al Estado de procedencia, la Autoridad Central prestar谩 la necesaria asistencia al Juzgado para garantizar que se realice sin peligro, adoptando en cada caso las medidas administrativas precisas.
Si el progenitor que hubiera sido condenado a la restituci贸n del menor o a su retorno se opusiere, impidiera u obstaculizara su cumplimiento, el Juez deber谩 adoptar las medidas necesarias para la ejecuci贸n de la sentencia de forma inmediata, pudiendo ayudarse de la asistencia de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.»
Trece. Se a帽ade un art铆culo 778 sexies, con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 778 sexies. Declaraci贸n de ilicitud de un traslado o retenci贸n internacional.
Cuando un menor con residencia habitual en Espa帽a sea objeto de un traslado o retenci贸n internacional, conforme a lo establecido en el correspondiente convenio o norma internacional aplicable, cualquier persona interesada, al margen del proceso que se inicie para pedir su restituci贸n internacional, podr谩 dirigirse en Espa帽a a la autoridad judicial competente para conocer del fondo del asunto con la finalidad de obtener una resoluci贸n que especifique que el traslado o la retenci贸n lo han sido il铆citos, a cuyo efecto podr谩n utilizarse los cauces procesales disponibles en el T铆tulo I del Libro IV para la adopci贸n de medidas definitivas o provisionales en Espa帽a, e incluso las medidas del art铆culo 158.
La autoridad competente en Espa帽a para emitir una decisi贸n o una certificaci贸n del art铆culo 15 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracci贸n internacional de menores, que acredite que el traslado o retenci贸n del menor era il铆cito en el sentido previsto en el art铆culo 3 del Convenio, cuando ello sea posible, lo ser谩 la 煤ltima autoridad judicial que haya conocido en Espa帽a de cualquier proceso sobre responsabilidad parental afectante al menor. En defecto de ello, ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia del 煤ltimo domicilio del menor en Espa帽a. La Autoridad Central espa帽ola har谩 todo lo posible por prestar asistencia al solicitante para que obtenga una decisi贸n o certificaci贸n de esa clase.»
Catorce. El apartado 1 del art铆culo 782 queda redactado de la forma siguiente:
«1. Cualquier coheredero o legatario de parte al铆cuota podr谩 reclamar judicialmente la divisi贸n de la herencia, siempre que esta no deba efectuarla un comisario o contador-partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el Secretario judicial o el Notario.»
Quince. El art铆culo 790 queda redactado de la forma siguiente:
«1. Siempre que el Tribunal tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes o c贸nyuge del finado o persona que se halle en una situaci贸n de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptar谩 de oficio las medidas m谩s indispensables para el enterramiento del difunto si fuere necesario y para la seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracci贸n u ocultaci贸n.
De la misma forma proceder谩 cuando las personas de que habla el p谩rrafo anterior estuvieren ausentes o cuando alguno de ellos sea menor o tenga capacidad modificada judicialmente y no tenga representante legal.
2. En los casos a que se refiere este art铆culo, luego que comparezcan los parientes, o se nombre representante legal a los menores o personas con capacidad modificada judicialmente, se les har谩 entrega de los bienes y efectos pertenecientes al difunto, cesando la intervenci贸n judicial, salvo lo dispuesto en el art铆culo siguiente, debiendo acudir al Notario a fin de que proceda a la incoaci贸n del expediente de declaraci贸n de herederos.»
Diecis茅is. Se modifica el apartado 2 y se a帽ade un nuevo apartado 3 al art铆culo 791:
«2. Si, en efecto, resultare haber fallecido sin testar y sin parientes llamados por la ley a la sucesi贸n, mandar谩 el Tribunal, por medio de auto, que se proceda:
1.潞 A ocupar los libros, papeles y correspondencia del difunto.
2.潞 A inventariar y depositar los bienes, disponiendo lo que proceda sobre su administraci贸n, con arreglo a lo establecido en esta Ley. El Tribunal podr谩 nombrar a una persona, con cargo al caudal hereditario, que efect煤e y garantice el inventario y su dep贸sito.
En la misma resoluci贸n ordenar谩 de oficio la comunicaci贸n a la Delegaci贸n de Econom铆a y Hacienda correspondiente por si resultare procedente la declaraci贸n de heredero abintestato a favor del Estado, con traslado del resultado de las diligencias realizadas y de la documentaci贸n recabada al amparo del apartado 1.
3. Desde el momento en que la Administraci贸n General del Estado o la Administraci贸n de una Comunidad Aut贸noma comunique al Tribunal que ha iniciado un procedimiento para su declaraci贸n como heredero abintestato, 茅ste acordar谩 que recaiga sobre ella la designaci贸n para la administraci贸n de los bienes. En este caso, no se exigir谩 a la Administraci贸n P煤blica que preste cauci贸n y realizar谩 los informes periciales cuando sean necesarios mediante servicios t茅cnicos propios.
La Administraci贸n deber谩 comunicar al Tribunal la resoluci贸n que ponga fin al procedimiento. Si dicha resoluci贸n concluyera que no procede efectuar la declaraci贸n de heredero abintestato a favor de la Administraci贸n, 茅sta no podr谩 continuar haci茅ndose cargo del caudal hereditario, solicitando al Tribunal que designe nuevo administrador judicial en el plazo de un mes desde aquella comunicaci贸n. Transcurrido este plazo de un mes, en todo caso, la Administraci贸n cesar谩 en el cargo de administrador.
Cuando esa resoluci贸n declare a la Administraci贸n heredera abintestato, el 贸rgano judicial que estuviese conociendo de la intervenci贸n del caudal hereditario adoptar谩, antes de un mes, las provisiones conducentes a la entrega de los bienes y derechos integrantes del caudal hereditario.»
Diecisiete. El apartado 1 del art铆culo 792 queda redactado de la forma siguiente:
«1. Las actuaciones a que se refiere el apartado 2 del art铆culo anterior podr谩n acordarse a instancia de parte en los siguientes casos:
1.潞 Por el c贸nyuge o cualquiera de los parientes que se crea con derecho a la sucesi贸n leg铆tima, siempre que acrediten haber promovido la declaraci贸n de herederos abintestato ante Notario o se formule la solicitud de intervenci贸n judicial del caudal hereditario al tiempo de promover la declaraci贸n notarial de herederos.
2.潞 Por cualquier coheredero o legatario de parte al铆cuota, al tiempo de solicitar la divisi贸n judicial de la herencia, salvo que la intervenci贸n hubiera sido expresamente prohibida por disposici贸n testamentaria.
3.潞 Por la Administraci贸n P煤blica que haya iniciado un procedimiento para su declaraci贸n como heredero abintestato.»
Dieciocho. El apartado 1 del art铆culo 802 queda redactado de la siguiente forma:
«1. El administrador depositar谩 sin dilaci贸n a disposici贸n del Juzgado las cantidades que recaude en el desempe帽o de su cargo, reteniendo 煤nicamente las que fueren necesarias para atender los gastos de pleitos o notariales, pago de contribuciones y dem谩s atenciones ordinarias.»
Diecinueve. La disposici贸n final vig茅sima segunda queda redactada de la forma siguiente:
«Disposici贸n final vig茅sima segunda. Medidas para facilitar la aplicaci贸n en Espa帽a del Reglamento (CE) n.潞 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci贸n de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
1. La certificaci贸n relativa a las resoluciones judiciales en materia matrimonial y en materia de responsabilidad parental, prevista en el art铆culo 39 del Reglamento (CE) n.潞 2201/2003, se expedir谩 por el secretario judicial de forma separada y mediante diligencia, cumplimentando el formulario correspondiente que figura en los anexos I y II del Reglamento citado.
2. La certificaci贸n judicial relativa a las resoluciones judiciales sobre el derecho de visita, previstas en el apartado 1 del art铆culo 41 del Reglamento (CE) n.潞 2201/2003, se expedir谩 por el juez de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario que figura en el anexo III de dicho Reglamento.
3. La certificaci贸n judicial relativa a las resoluciones judiciales sobre la restituci贸n del menor, previstas en el apartado 1 del art铆culo 42 del Reglamento (CE) n.潞 2201/2003, se expedir谩 por el juez de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario que figura en el anexo IV del Reglamento citado.
4. El procedimiento para la rectificaci贸n de errores en la certificaci贸n judicial, previsto en el art铆culo 43.1 del Reglamento (CE) n.潞 2001/2003, se resolver谩 de la forma establecida en los tres primeros apartados del art铆culo 267 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. No cabr谩 recurso alguno contra la resoluci贸n en que se resuelva sobre la aclaraci贸n o rectificaci贸n de la certificaci贸n judicial a que se refieren los dos anteriores apartados.
5. La denegaci贸n de la expedici贸n de la certificaci贸n a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3 de este art铆culo se adoptar谩 de forma separada y mediante decreto en el caso del apartado 1 y mediante Auto en el caso de los apartados 2 y 3, y podr谩 impugnarse por los tr谩mites del recurso directo de revisi贸n en el caso del apartado 1 y por los tr谩mites del recurso de reposici贸n en el caso de los apartados 2 y 3.
6. La transmisi贸n a la que se refiere el art铆culo 11.6 del Reglamento (CE) n.潞 2201/2003, incluir谩 una copia de la resoluci贸n judicial de no restituci贸n con arreglo al art铆culo 13 del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, y una copia de la grabaci贸n original del acta de la vista en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y de la imagen, as铆 como de aquellos documentos que el 贸rgano jurisdiccional estime oportuno adjuntar en cada caso como acreditativos del cumplimiento de las exigencias de los art铆culos 10 y 11 del Reglamento.
7. La reclamaci贸n a la que se refiere el art铆culo 11.7 del Reglamento (CE) n.潞 2201/2003, se sustanciar谩 con arreglo al procedimiento previsto en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil para los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores, si bien la competencia judicial para conocer del mismo se determinar谩 con arreglo a lo previsto para el proceso que regula las medidas relativas a la restituci贸n de menores en los supuestos de sustracci贸n internacional.»
Cuarta. Modificaci贸n de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil
Uno. Los apartados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del art铆culo 58 quedan redactados de la forma siguiente:
«1. El matrimonio en forma civil se celebrar谩 ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, Secretario judicial, Notario, o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil.
2. La celebraci贸n del matrimonio requerir谩 la previa tramitaci贸n o instrucci贸n de un acta o expediente a instancia de los contrayentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obst谩culo, de acuerdo con lo previsto en el C贸digo Civil. La tramitaci贸n del acta competer谩 al Notario del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes. La instrucci贸n del expediente corresponder谩 al Secretario judicial o Encargado del Registro Civil del domicilio de uno de los contrayentes.
5. El Letrado de la Administraci贸n de Justicia, Notario o Encargado del Registro Civil oir谩 a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Asimismo, se podr谩n solicitar los informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas por los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o domicilio de los contrayentes o cualesquiera otros extremos necesarios para apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio.
El Letrado de la Administraci贸n de Justicia, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, cuando sea necesario, podr谩 recabar de las Administraciones o entidades de iniciativa social de promoci贸n y protecci贸n de los derechos de las personas con discapacidad, la provisi贸n de apoyos humanos, t茅cnicos y materiales que faciliten la emisi贸n, interpretaci贸n y recepci贸n del consentimiento del o los contrayentes. Solo en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare una condici贸n de salud que, de modo evidente, categ贸rico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial pese a las medidas de apoyo, se recabar谩 dictamen m茅dico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.
De la realizaci贸n de todas estas actuaciones se dejar谩 constancia en el acta o expediente, archiv谩ndose junto con los documentos previos a la inscripci贸n de matrimonio.
Pasado un a帽o desde la publicaci贸n de los anuncios o de las diligencias sustitutorias sin que se haya contra铆do el matrimonio, no podr谩 celebrarse este sin nueva publicaci贸n o diligencias.
6. Realizadas las anteriores diligencias, el Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil que haya intervenido finalizar谩 el acta o dictar谩 resoluci贸n haciendo constar la concurrencia o no en los contrayentes de los requisitos necesarios para contraer matrimonio, as铆 como la determinaci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial que resulte aplicable y, en su caso, la vecindad civil de los contrayentes, entregando copia a 茅stos. La actuaci贸n o resoluci贸n deber谩 ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el impedimento que concurra.
7. Si el juicio del Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil fuera desfavorable se proceder谩 al cierre del acta o expediente y los interesados podr谩n recurrir ante la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado, someti茅ndose al r茅gimen de recursos previsto por esta Ley.
8. Resuelto favorablemente el expediente por el Secretario judicial, el matrimonio se podr谩 celebrar ante el mismo u otro Secretario judicial, Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, a elecci贸n de los contrayentes. Si se hubiere tramitado por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio deber谩 celebrarse ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, que designen los contrayentes. Finalmente, si fuera el Notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes podr谩n otorgar el consentimiento, a su elecci贸n, ante el mismo Notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue. La prestaci贸n del consentimiento deber谩 realizarse en la forma prevista en el C贸digo Civil.
El matrimonio celebrado ante Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien este delegue o ante el Secretario judicial se har谩 constar en acta; el que se celebre ante Notario constar谩 en escritura p煤blica. En ambos casos deber谩 ser firmada, adem谩s de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.
Extendida el acta o autorizada la escritura p煤blica, se entregar谩 a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebraci贸n del matrimonio y se remitir谩 por el autorizante, en el mismo d铆a y por medios telem谩ticos, testimonio o copia autorizada electr贸nica del documento al Registro Civil para su inscripci贸n, previa calificaci贸n del Encargado del Registro Civil.
9. La celebraci贸n del matrimonio fuera de Espa帽a corresponder谩 al funcionario consular o diplom谩tico Encargado del Registro Civil en el extranjero. Si uno o los dos contrayentes residieran en el extranjero, la tramitaci贸n del expediente previo podr谩 corresponder al funcionario diplom谩tico o consular Encargado del registro civil competente en la demarcaci贸n consular donde residan. El matrimonio as铆 tramitado podr谩 celebrarse ante el mismo funcionario u otro distinto, o ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, a elecci贸n de los contrayentes.
10. Cuando el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente o acta previa, si 茅ste fuera necesario, el Secretario judicial, Notario, o el funcionario Encargado del Registro Civil que lo haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripci贸n, deber谩 comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitaci贸n del acta o expediente al que se refiere este art铆culo.
Si la celebraci贸n del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona competente distinta de las indicadas en el p谩rrafo anterior, el acta de aqu茅lla se remitir谩 al Encargado del Registro Civil del lugar de celebraci贸n para que proceda a la comprobaci贸n de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. Efectuada esa comprobaci贸n, el Encargado del Registro Civil proceder谩 a su inscripci贸n.
12. Si los contrayentes hubieran manifestado su prop贸sito de contraer matrimonio en el extranjero, con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebraci贸n o en forma religiosa y se exigiera la presentaci贸n de un certificado de capacidad matrimonial, lo expedir谩 el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario consular o diplom谩tico del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes, previo expediente instruido o acta que contenga el juicio del autorizante acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes.»
Dos. Se introduce el art铆culo 58 bis con el siguiente contenido:
«Art铆culo 58 bis. Matrimonio celebrado en forma religiosa.
1. Para la celebraci贸n del matrimonio en la forma religiosa prevista en el Acuerdo entre el Estado espa帽ol y la Santa Sede sobre Asuntos Jur铆dicos y en los Acuerdos de cooperaci贸n del Estado con las confesiones religiosas se estar谩 a lo dispuesto en los mismos.
2. En los supuestos de celebraci贸n del matrimonio en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a, requerir谩n la tramitaci贸n de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial conforme al art铆culo anterior. Cumplido este tr谩mite, el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil que haya intervenido expedir谩 dos copias del acta o resoluci贸n, que incluir谩, en su caso, el juicio acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que 茅stos deber谩n entregar al ministro de culto encargado de la celebraci贸n del matrimonio.
El consentimiento deber谩 prestarse ante un ministro de culto y dos testigos mayores de edad. En estos casos, el consentimiento deber谩 prestarse antes de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha del acta o resoluci贸n que contenga el juicio de capacidad matrimonial. A estos efectos se consideran ministros de culto a las personas f铆sicas dedicadas, con car谩cter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y que acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificaci贸n expedida por la iglesia, confesi贸n o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a, con la conformidad de la federaci贸n que en su caso hubiera solicitado dicho reconocimiento.
Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extender谩 certificaci贸n expresiva de la celebraci贸n del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripci贸n y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente o acta previa que necesariamente incluir谩n el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular que la hubiera extendido, la fecha y n煤mero de protocolo en su caso. Esta certificaci贸n se remitir谩 por medios electr贸nicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificaci贸n acreditativa de la condici贸n de ministro de culto, dentro del plazo de cinco d铆as al Encargado del Registro Civil competente para su inscripci贸n. Igualmente extender谩 en las dos copias del acta o resoluci贸n previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebraci贸n del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservar谩 la otra como acta de la celebraci贸n en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto.»
Tres. El art铆culo 59 pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 59. Inscripci贸n del matrimonio
1. El matrimonio cuyos requisitos se hayan constatado y celebrado seg煤n el procedimiento previsto en el art铆culo 58 se inscribir谩 en los registros individuales de los contrayentes.
2. El matrimonio celebrado ante autoridad extranjera acceder谩 al Registro Civil espa帽ol mediante la inscripci贸n de la certificaci贸n correspondiente, siempre que tenga eficacia con arreglo a lo previsto en la presente Ley.
3. El matrimonio celebrado en Espa帽a en forma religiosa acceder谩 al Registro Civil mediante la inscripci贸n de la certificaci贸n emitida por el ministro de culto, conforme a lo previsto en el art铆culo 63 del C贸digo Civil.
4. Practicada la inscripci贸n, el Encargado del Registro Civil pondr谩 a disposici贸n de cada uno de los contrayentes certificaci贸n de la inscripci贸n del matrimonio.
5. La inscripci贸n hace fe del matrimonio y de la fecha y lugar en que se contrae y produce el pleno reconocimiento de los efectos civiles del mismo frente a terceros de buena fe.»
Cuatro. Se modifica el art铆culo 60.
«Art铆culo 60. Inscripci贸n del r茅gimen econ贸mico del matrimonio
1. Junto a la inscripci贸n de matrimonio se inscribir谩 el r茅gimen econ贸mico matrimonial legal o pactado que rija el matrimonio y los pactos, resoluciones judiciales o dem谩s hechos que puedan afectar al mismo.
2. Cuando no se presenten escrituras de capitulaciones se inscribir谩 como r茅gimen econ贸mico matrimonial legal el que fuera supletorio de conformidad con la legislaci贸n aplicable. Para hacer constar en el Registro Civil expresamente el r茅gimen econ贸mico legal aplicable a un matrimonio ya inscrito cuando aqu茅l no constase con anterioridad y no se aporten escrituras de capitulaciones ser谩 necesaria la tramitaci贸n de un acta de notoriedad.
Otorgada ante Notario escritura de capitulaciones matrimoniales, deber谩 茅ste remitir en el mismo d铆a copia autorizada electr贸nica de la escritura p煤blica al Encargado del Registro Civil correspondiente para su constancia en la inscripci贸n de matrimonio. Si el matrimonio no se hubiera celebrado a la fecha de recepci贸n de la escritura de capitulaciones matrimoniales, el Encargado del Registro proceder谩 a su anotaci贸n en el registro individual de cada contrayente.
3. En las inscripciones que en cualquier otro Registro produzcan las capitulaciones y dem谩s hechos que afecten al r茅gimen econ贸mico matrimonial, se expresar谩n los datos de su inscripci贸n en el Registro Civil.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el art铆culo 1333 del C贸digo Civil, en ning煤n caso el tercero de buena fe resultar谩 perjudicado sino desde la fecha de la inscripci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial o de sus modificaciones.»
Cinco. El art铆culo 61 queda redactado del siguiente modo:
«Art铆culo 61. Inscripci贸n de la separaci贸n, nulidad y divorcio
El Secretario judicial del Juzgado o Tribunal que hubiera dictado la resoluci贸n judicial firme de separaci贸n, nulidad o divorcio deber谩 remitir en el mismo d铆a o al siguiente h谩bil y por medios electr贸nicos testimonio de la misma a la Oficina General del Registro Civil, la cual practicar谩 de forma inmediata la correspondiente inscripci贸n. Las resoluciones judiciales que resuelvan sobre la nulidad, separaci贸n y divorcio podr谩n ser objeto de anotaci贸n hasta que adquieran firmeza.
La misma obligaci贸n tendr谩 el Notario que hubiera autorizado la escritura p煤blica formalizando un convenio regulador de separaci贸n o divorcio.
Las resoluciones judiciales o las escrituras p煤blicas que modifiquen las inicialmente adoptadas o convenidas tambi茅n deber谩n ser inscritas en el Registro Civil.
Las resoluciones sobre disoluci贸n de matrimonio can贸nico, dictadas por autoridad eclesi谩stica reconocida, se inscribir谩n si cumplen los requisitos que prev茅 el ordenamiento jur铆dico.»
Seis. Art铆culo 67. Supuestos especiales de inscripci贸n de la defunci贸n
«1. Cuando el cad谩ver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado antes de la inscripci贸n, ser谩 necesaria resoluci贸n del Secretario judicial declarando el fallecimiento u orden de la autoridad judicial en la que se acredite legalmente el fallecimiento.»
Siete. El apartado 1 del art铆culo 74 queda redactado del siguiente modo:
«1. Tienen acceso al registro individual la representaci贸n del ausente y la designaci贸n de defensor judicial en el caso previsto en el art铆culo 299 bis del C贸digo Civil.»
Ocho. Se a帽ade un nuevo apartado 3 al art铆culo 78:
«3. En las inscripciones de la declaraci贸n de ausencia y fallecimiento se har谩 constar cuanto se previene en el art铆culo 198 del C贸digo Civil.»
Nueve. El apartado 2 de la disposici贸n final segunda queda redactado como sigue:
«2. Las referencias que se encuentren en cualquier norma al Juez, Alcalde o funcionario que haga sus veces competentes para autorizar el matrimonio civil, deben entenderse referidas al Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa; y al Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, Secretario judicial, Notario, o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil para la celebraci贸n ante ellos del matrimonio en forma civil.»
Diez. La disposici贸n final quinta de la Ley del Registro Civil queda redactada como sigue:
«Disposici贸n final quinta. Tasas municipales.
Se a帽ade un apartado 5 al art铆culo 20 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con la siguiente redacci贸n:
5. Los Ayuntamientos podr谩n establecer una tasa para la celebraci贸n de los matrimonios en forma civil.»
Once. Se a帽ade una disposici贸n final quinta bis, con la siguiente redacci贸n:
«Disposici贸n final quinta bis. Aranceles notariales.
El Gobierno aprobar谩 los aranceles correspondientes a la intervenci贸n de los Notarios en la tramitaci贸n de las actas matrimoniales previas y por la celebraci贸n de matrimonios en forma civil con la autorizaci贸n de las escrituras p煤blicas correspondientes.»
Doce. La disposici贸n final d茅cima queda redactada del siguiente modo:
«Disposici贸n final d茅cima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrar谩 en vigor el 30 de junio de 2018, excepto las disposiciones adicionales s茅ptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrar谩n en vigor el d铆a siguiente al de su publicaci贸n en el "Bolet铆n Oficial del Estado", y excepto los art铆culos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrar谩n en vigor el d铆a 30 de junio de 2017.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los art铆culos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposici贸n adicional novena, en la redacci贸n dada por el art铆culo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el 谩mbito de la Administraci贸n de Justicia y del Registro Civil.
Hasta la completa entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptar谩 las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organizaci贸n y funcionamiento de los Registros Civiles.»
Precepto modificado por Ley 4/2017, de 28 de junio, con entrada en vigor a partir del 30-6-2017
路 Modificado apartado Uno de la disposici贸n final cuarta
路 Modificado apartado Doce de la disposici贸n final cuarta
Redacci贸n hasta el 30-6-2017
Uno. Los apartados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del art铆culo 58 quedan redactados de la forma siguiente:
«1. El matrimonio en forma civil se celebrar谩 ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, Secretario judicial, Notario, o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil.
2. La celebraci贸n del matrimonio requerir谩 la previa tramitaci贸n o instrucci贸n de un acta o expediente a instancia de los contrayentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obst谩culo, de acuerdo con lo previsto en el C贸digo Civil. La tramitaci贸n del acta competer谩 al Notario del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes. La instrucci贸n del expediente corresponder谩 al Secretario judicial o Encargado del Registro Civil del domicilio de uno de los contrayentes.
5. El Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil oir谩 a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Asimismo, se podr谩n solicitar los informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas por los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o domicilio de los contrayentes o cualesquiera otros extremos necesarios para apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales se exigir谩 dictamen m茅dico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.
De la realizaci贸n de todas estas actuaciones se dejar谩 constancia en el acta o expediente, archiv谩ndose junto con los documentos previos a la inscripci贸n de matrimonio.
Pasado un a帽o desde la publicaci贸n de los anuncios o de las diligencias sustitutorias sin que se haya contra铆do el matrimonio, no podr谩 celebrarse 茅ste sin nueva publicaci贸n o diligencias.
6. Realizadas las anteriores diligencias, el Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil que haya intervenido finalizar谩 el acta o dictar谩 resoluci贸n haciendo constar la concurrencia o no en los contrayentes de los requisitos necesarios para contraer matrimonio, as铆 como la determinaci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial que resulte aplicable y, en su caso, la vecindad civil de los contrayentes, entregando copia a 茅stos. La actuaci贸n o resoluci贸n deber谩 ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el impedimento que concurra.
7. Si el juicio del Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil fuera desfavorable se proceder谩 al cierre del acta o expediente y los interesados podr谩n recurrir ante la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado, someti茅ndose al r茅gimen de recursos previsto por esta Ley.
8. Resuelto favorablemente el expediente por el Secretario judicial, el matrimonio se podr谩 celebrar ante el mismo u otro Secretario judicial, Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, a elecci贸n de los contrayentes. Si se hubiere tramitado por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio deber谩 celebrarse ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, que designen los contrayentes. Finalmente, si fuera el Notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes podr谩n otorgar el consentimiento, a su elecci贸n, ante el mismo Notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue. La prestaci贸n del consentimiento deber谩 realizarse en la forma prevista en el C贸digo Civil.
El matrimonio celebrado ante Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien este delegue o ante el Secretario judicial se har谩 constar en acta; el que se celebre ante Notario constar谩 en escritura p煤blica. En ambos casos deber谩 ser firmada, adem谩s de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.
Extendida el acta o autorizada la escritura p煤blica, se entregar谩 a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebraci贸n del matrimonio y se remitir谩 por el autorizante, en el mismo d铆a y por medios telem谩ticos, testimonio o copia autorizada electr贸nica del documento al Registro Civil para su inscripci贸n, previa calificaci贸n del Encargado del Registro Civil.
9. La celebraci贸n del matrimonio fuera de Espa帽a corresponder谩 al funcionario consular o diplom谩tico Encargado del Registro Civil en el extranjero. Si uno o los dos contrayentes residieran en el extranjero, la tramitaci贸n del expediente previo podr谩 corresponder al funcionario diplom谩tico o consular Encargado del registro civil competente en la demarcaci贸n consular donde residan. El matrimonio as铆 tramitado podr谩 celebrarse ante el mismo funcionario u otro distinto, o ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, a elecci贸n de los contrayentes.
10. Cuando el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente o acta previa, si 茅ste fuera necesario, el Secretario judicial, Notario, o el funcionario Encargado del Registro Civil que lo haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripci贸n, deber谩 comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitaci贸n del acta o expediente al que se refiere este art铆culo.
Si la celebraci贸n del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona competente distinta de las indicadas en el p谩rrafo anterior, el acta de aqu茅lla se remitir谩 al Encargado del Registro Civil del lugar de celebraci贸n para que proceda a la comprobaci贸n de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. Efectuada esa comprobaci贸n, el Encargado del Registro Civil proceder谩 a su inscripci贸n.
12. Si los contrayentes hubieran manifestado su prop贸sito de contraer matrimonio en el extranjero, con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebraci贸n o en forma religiosa y se exigiera la presentaci贸n de un certificado de capacidad matrimonial, lo expedir谩 el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario consular o diplom谩tico del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes, previo expediente instruido o acta que contenga el juicio del autorizante acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes.»
Dos. Se introduce el art铆culo 58 bis con el siguiente contenido:
«Art铆culo 58 bis. Matrimonio celebrado en forma religiosa.
1. Para la celebraci贸n del matrimonio en la forma religiosa prevista en el Acuerdo entre el Estado espa帽ol y la Santa Sede sobre Asuntos Jur铆dicos y en los Acuerdos de cooperaci贸n del Estado con las confesiones religiosas se estar谩 a lo dispuesto en los mismos.
2. En los supuestos de celebraci贸n del matrimonio en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a, requerir谩n la tramitaci贸n de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial conforme al art铆culo anterior. Cumplido este tr谩mite, el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil que haya intervenido expedir谩 dos copias del acta o resoluci贸n, que incluir谩, en su caso, el juicio acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que 茅stos deber谩n entregar al ministro de culto encargado de la celebraci贸n del matrimonio.
El consentimiento deber谩 prestarse ante un ministro de culto y dos testigos mayores de edad. En estos casos, el consentimiento deber谩 prestarse antes de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha del acta o resoluci贸n que contenga el juicio de capacidad matrimonial. A estos efectos se consideran ministros de culto a las personas f铆sicas dedicadas, con car谩cter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y que acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificaci贸n expedida por la iglesia, confesi贸n o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en Espa帽a, con la conformidad de la federaci贸n que en su caso hubiera solicitado dicho reconocimiento.
Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extender谩 certificaci贸n expresiva de la celebraci贸n del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripci贸n y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente o acta previa que necesariamente incluir谩n el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular que la hubiera extendido, la fecha y n煤mero de protocolo en su caso. Esta certificaci贸n se remitir谩 por medios electr贸nicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificaci贸n acreditativa de la condici贸n de ministro de culto, dentro del plazo de cinco d铆as al Encargado del Registro Civil competente para su inscripci贸n. Igualmente extender谩 en las dos copias del acta o resoluci贸n previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebraci贸n del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservar谩 la otra como acta de la celebraci贸n en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto.»
Tres. El art铆culo 59 pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 59. Inscripci贸n del matrimonio
1. El matrimonio cuyos requisitos se hayan constatado y celebrado seg煤n el procedimiento previsto en el art铆culo 58 se inscribir谩 en los registros individuales de los contrayentes.
2. El matrimonio celebrado ante autoridad extranjera acceder谩 al Registro Civil espa帽ol mediante la inscripci贸n de la certificaci贸n correspondiente, siempre que tenga eficacia con arreglo a lo previsto en la presente Ley.
3. El matrimonio celebrado en Espa帽a en forma religiosa acceder谩 al Registro Civil mediante la inscripci贸n de la certificaci贸n emitida por el ministro de culto, conforme a lo previsto en el art铆culo 63 del C贸digo Civil.
4. Practicada la inscripci贸n, el Encargado del Registro Civil pondr谩 a disposici贸n de cada uno de los contrayentes certificaci贸n de la inscripci贸n del matrimonio.
5. La inscripci贸n hace fe del matrimonio y de la fecha y lugar en que se contrae y produce el pleno reconocimiento de los efectos civiles del mismo frente a terceros de buena fe.»
Cuatro. Se modifica el art铆culo 60.
«Art铆culo 60. Inscripci贸n del r茅gimen econ贸mico del matrimonio
1. Junto a la inscripci贸n de matrimonio se inscribir谩 el r茅gimen econ贸mico matrimonial legal o pactado que rija el matrimonio y los pactos, resoluciones judiciales o dem谩s hechos que puedan afectar al mismo.
2. Cuando no se presenten escrituras de capitulaciones se inscribir谩 como r茅gimen econ贸mico matrimonial legal el que fuera supletorio de conformidad con la legislaci贸n aplicable. Para hacer constar en el Registro Civil expresamente el r茅gimen econ贸mico legal aplicable a un matrimonio ya inscrito cuando aqu茅l no constase con anterioridad y no se aporten escrituras de capitulaciones ser谩 necesaria la tramitaci贸n de un acta de notoriedad.
Otorgada ante Notario escritura de capitulaciones matrimoniales, deber谩 茅ste remitir en el mismo d铆a copia autorizada electr贸nica de la escritura p煤blica al Encargado del Registro Civil correspondiente para su constancia en la inscripci贸n de matrimonio. Si el matrimonio no se hubiera celebrado a la fecha de recepci贸n de la escritura de capitulaciones matrimoniales, el Encargado del Registro proceder谩 a su anotaci贸n en el registro individual de cada contrayente.
3. En las inscripciones que en cualquier otro Registro produzcan las capitulaciones y dem谩s hechos que afecten al r茅gimen econ贸mico matrimonial, se expresar谩n los datos de su inscripci贸n en el Registro Civil.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el art铆culo 1333 del C贸digo Civil, en ning煤n caso el tercero de buena fe resultar谩 perjudicado sino desde la fecha de la inscripci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial o de sus modificaciones.»
Cinco. El art铆culo 61 queda redactado del siguiente modo:
«Art铆culo 61. Inscripci贸n de la separaci贸n, nulidad y divorcio
El Secretario judicial del Juzgado o Tribunal que hubiera dictado la resoluci贸n judicial firme de separaci贸n, nulidad o divorcio deber谩 remitir en el mismo d铆a o al siguiente h谩bil y por medios electr贸nicos testimonio de la misma a la Oficina General del Registro Civil, la cual practicar谩 de forma inmediata la correspondiente inscripci贸n. Las resoluciones judiciales que resuelvan sobre la nulidad, separaci贸n y divorcio podr谩n ser objeto de anotaci贸n hasta que adquieran firmeza.
La misma obligaci贸n tendr谩 el Notario que hubiera autorizado la escritura p煤blica formalizando un convenio regulador de separaci贸n o divorcio.
Las resoluciones judiciales o las escrituras p煤blicas que modifiquen las inicialmente adoptadas o convenidas tambi茅n deber谩n ser inscritas en el Registro Civil.
Las resoluciones sobre disoluci贸n de matrimonio can贸nico, dictadas por autoridad eclesi谩stica reconocida, se inscribir谩n si cumplen los requisitos que prev茅 el ordenamiento jur铆dico.»
Seis. Art铆culo 67. Supuestos especiales de inscripci贸n de la defunci贸n
«1. Cuando el cad谩ver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado antes de la inscripci贸n, ser谩 necesaria resoluci贸n del Secretario judicial declarando el fallecimiento u orden de la autoridad judicial en la que se acredite legalmente el fallecimiento.»
Siete. El apartado 1 del art铆culo 74 queda redactado del siguiente modo:
«1. Tienen acceso al registro individual la representaci贸n del ausente y la designaci贸n de defensor judicial en el caso previsto en el art铆culo 299 bis del C贸digo Civil.»
Ocho. Se a帽ade un nuevo apartado 3 al art铆culo 78:
«3. En las inscripciones de la declaraci贸n de ausencia y fallecimiento se har谩 constar cuanto se previene en el art铆culo 198 del C贸digo Civil.»
Nueve. El apartado 2 de la disposici贸n final segunda queda redactado como sigue:
«2. Las referencias que se encuentren en cualquier norma al Juez, Alcalde o funcionario que haga sus veces competentes para autorizar el matrimonio civil, deben entenderse referidas al Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa; y al Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 茅ste delegue, Secretario judicial, Notario, o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil para la celebraci贸n ante ellos del matrimonio en forma civil.»
Diez. La disposici贸n final quinta de la Ley del Registro Civil queda redactada como sigue:
«Disposici贸n final quinta. Tasas municipales.
Se a帽ade un apartado 5 al art铆culo 20 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con la siguiente redacci贸n:
5. Los Ayuntamientos podr谩n establecer una tasa para la celebraci贸n de los matrimonios en forma civil.»
Once. Se a帽ade una disposici贸n final quinta bis, con la siguiente redacci贸n:
«Disposici贸n final quinta bis. Aranceles notariales.
El Gobierno aprobar谩 los aranceles correspondientes a la intervenci贸n de los Notarios en la tramitaci贸n de las actas matrimoniales previas y por la celebraci贸n de matrimonios en forma civil con la autorizaci贸n de las escrituras p煤blicas correspondientes.»
Doce. La disposici贸n final d茅cima queda redactada del siguiente modo:
«Disposici贸n final d茅cima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrar谩 en vigor el 30 de junio de 2017, excepto las disposiciones adicionales s茅ptima, octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrar谩n en vigor el d铆a siguiente al de su publicaci贸n en el "Bolet铆n Oficial del Estado".
Hasta la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, a trav茅s del Ministerio de Justicia, adoptar谩 las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organizaci贸n y funcionamiento de los Registros Civiles dentro del proceso de modernizaci贸n de la Justicia.»
Quinta. Modificaci贸n de Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Entidades Religiosas Evang茅licas de Espa帽a
Los apartados 2 y 5 del art铆culo 7 quedan redactados de la forma siguiente:
«2. Las personas que deseen contraer matrimonio en la forma prevista en el p谩rrafo anterior promover谩n acta o expediente previo al matrimonio ante el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil correspondiente conforme a la Ley del Registro Civil.»
«5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extender谩 certificaci贸n expresiva de la celebraci贸n del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripci贸n y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del acta o expediente previo que necesariamente incluir谩n el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular que la hubiera extendido, la fecha y n煤mero de protocolo en su caso. Esta certificaci贸n se remitir谩 por medios electr贸nicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificaci贸n acreditativa de la condici贸n de ministro de culto, dentro del plazo de cinco d铆as al Encargado del Registro Civil competente para su inscripci贸n. Igualmente extender谩 en las dos copias del acta o resoluci贸n diligencia expresiva de la celebraci贸n del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservar谩 la otra como acta de la celebraci贸n en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto.»
Sexta. Modificaci贸n de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Comunidades Israelitas de Espa帽a
Uno. Se modifica el T铆tulo de esta Ley que pasa a ser «Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Comunidades Jud铆as de Espa帽a».
Dos. Los apartados 2 y 5 del art铆culo 7 quedan redactados de la forma siguiente:
«2. Las personas que deseen contraer matrimonio en la forma prevista en el p谩rrafo anterior promover谩n acta o expediente previo al matrimonio ante el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil correspondiente conforme a la Ley del Registro Civil.»
«5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extender谩 certificaci贸n expresiva de la celebraci贸n del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripci贸n y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente acta previa que necesariamente incluir谩n el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular que la hubiera extendido, la fecha y n煤mero de protocolo en su caso. Esta certificaci贸n se remitir谩 por medios electr贸nicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificaci贸n acreditativa de la condici贸n de ministro de culto, dentro del plazo de cinco d铆as al Encargado del Registro Civil competente para su inscripci贸n. Igualmente extender谩 en las dos copias del acta o resoluci贸n previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebraci贸n del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservar谩 la otra como acta de la celebraci贸n en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa que representa como ministro de culto.»
Tres. Se a帽ade una nueva disposici贸n adicional cuarta con la siguiente redacci贸n:
«Disposici贸n adicional cuarta. Denominaci贸n de la Federaci贸n.
Por acuerdo de las partes se procede a sustituir el nombre de Federaci贸n de Comunidades Israelitas de Espa帽a por el de Federaci贸n de Comunidades Jud铆as de Espa帽a, que ser谩 utilizado en lo sucesivo.
Las referencias realizadas a la Federaci贸n de Comunidades Israelitas de Espa帽a en este Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Comunidades Israelitas de Espa帽a, as铆 como las que figuren en otras normas deber谩n entenderse hechas a la Federaci贸n de Comunidades Jud铆as de Espa帽a.»
S茅ptima. Modificaci贸n de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Comisi贸n Isl谩mica de Espa帽a
Los apartados 2 y 3 del art铆culo 7 quedan redactados de la forma siguiente:
«2. Las personas que deseen inscribir el matrimonio celebrado en la forma prevista en el n煤mero anterior, deber谩n acreditar previamente su capacidad matrimonial, mediante copia del acta o resoluci贸n previa expedida por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular Encargado del Registro Civil conforme a la Ley del Registro Civil y que deber谩 contener, en su caso, juicio acreditativo de la capacidad matrimonial. No podr谩 practicarse la inscripci贸n si se hubiera celebrado el matrimonio transcurridos m谩s de seis meses desde la fecha de dicho acta o desde la fecha de la resoluci贸n correspondiente.
3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad Isl谩mica en que se hubiera contra铆do aquel extender谩 certificaci贸n expresiva de la celebraci贸n del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripci贸n y las menciones de las circunstancias del expediente o acta previa que necesariamente incluir谩n el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplom谩tico o consular que la hubiera extendido, la fecha y n煤mero de protocolo en su caso. Esta certificaci贸n se remitir谩 por medios electr贸nicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificaci贸n acreditativa de la capacidad representante de la Comunidad Isl谩mica para celebrar matrimonios, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del art铆culo 3, dentro del plazo de cinco d铆as al Encargado del Registro Civil competente para su inscripci贸n. Igualmente extender谩 en las dos copias del acta o resoluci贸n previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebraci贸n del matrimonio, entregando una a los contrayentes y conservar谩 la otra como acta de la celebraci贸n en el archivo de la Comunidad.»
Octava. Modificaci贸n de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P煤blicas
Uno. El apartado 6 del art铆culo 20 queda redactado de la forma siguiente:
«6. La sucesi贸n leg铆tima de la Administraci贸n General del Estado y de las Comunidades Aut贸nomas se regir谩 por la presente Ley, el C贸digo Civil y sus normas complementarias o las normas de Derecho foral o especial que fueran aplicables.
Cuando a falta de otros herederos leg铆timos con arreglo al Derecho civil com煤n o foral sea llamada la Administraci贸n General del Estado o las Comunidades Aut贸nomas, corresponder谩 a la Administraci贸n llamada a suceder en cada caso efectuar en v铆a administrativa la declaraci贸n de su condici贸n de heredero abintestato, una vez justificado debidamente el fallecimiento de la persona de cuya sucesi贸n se trate, la procedencia de la apertura de la sucesi贸n intestada y constatada la ausencia de otros herederos leg铆timos.»
Dos. Se a帽ade un nuevo art铆culo 20 bis:
«Art铆culo 20 bis. Procedimiento para la declaraci贸n de la Administraci贸n del Estado como heredera abintestato
1. El procedimiento para la declaraci贸n de la Administraci贸n como heredera abintestato se iniciar谩 de oficio, por acuerdo del 贸rgano competente, adoptado por iniciativa propia o como consecuencia de orden superior, petici贸n razonada de otros 贸rganos o denuncia, o en virtud de las comunicaciones a las que se refieren el art铆culo 791.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y el art铆culo 56.4 de la Ley de 28 de mayo de 1862 del Notariado.
En el caso de que el llamamiento corresponda a la Administraci贸n General del Estado, el 贸rgano competente para acordar la incoaci贸n ser谩 el Director General del Patrimonio del Estado.
2. El expediente ser谩 instruido por la Delegaci贸n de Econom铆a y Hacienda correspondiente al lugar del 煤ltimo domicilio conocido del causante en territorio espa帽ol. De no haber tenido nunca domicilio en Espa帽a, ser谩 competente la correspondiente al lugar donde estuviere la mayor parte de sus bienes.
En caso de que se considere que la tramitaci贸n del expediente no corresponde a la Administraci贸n General del Estado, se dar谩 traslado a la Administraci贸n auton贸mica competente para ello.
3. El acuerdo de incoaci贸n del procedimiento se publicar谩 gratuitamente en el "Bolet铆n Oficial del Estado" y, cuando la tramitaci贸n se efect煤e por la Administraci贸n General del Estado, en la p谩gina web del Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de difusi贸n. Una copia del acuerdo ser谩 remitida para su publicaci贸n en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al 煤ltimo domicilio del causante, al del lugar del fallecimiento y donde radiquen la mayor parte de sus bienes. Los edictos deber谩n estar expuestos durante el plazo de un mes.
Cualquier interesado podr谩 presentar alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio con anterioridad a la resoluci贸n del procedimiento.
4. La Delegaci贸n de Econom铆a y Hacienda realizar谩 los actos y comprobaciones que resulten necesarios para determinar la procedencia de los derechos sucesorios de la Administraci贸n General del Estado, e incluir谩 en el expediente cuantos datos pueda obtener sobre el causante y sus bienes y derechos.
A estos efectos, si dicha documentaci贸n no hubiere sido remitida por el 贸rgano judicial o el Notario, se solicitar谩 de las autoridades y funcionarios p煤blicos, registros y dem谩s archivos p煤blicos, la informaci贸n sobre el causante y los bienes y derechos de su titularidad que se estime necesaria para la mejor instrucci贸n del expediente. Dicha informaci贸n, de acuerdo con lo establecido en el art铆culo 64, ser谩 facilitada de forma gratuita.
Asimismo se podr谩 recabar de los ciudadanos la colaboraci贸n a que se refiere el art铆culo 62.
5. La Abogac铆a del Estado de la provincia deber谩 emitir informe sobre la adecuaci贸n y suficiencia de las actuaciones practicadas para declarar a la Administraci贸n General del Estado como heredero abintestato.
6. La resoluci贸n del expediente y, en su caso, la declaraci贸n de heredero abintestato a favor del Estado en la que se contendr谩 la adjudicaci贸n administrativa de los de bienes y derechos de la herencia, corresponde al Director General del Patrimonio del Estado, previo informe de la Abogac铆a General del Estado-Direcci贸n del Servicio Jur铆dico del Estado.
El plazo m谩ximo para la resoluci贸n del procedimiento ser谩 de un a帽o. No obstante, si el inventario judicial de bienes del causante no se hubiera comunicado a la administraci贸n antes de transcurridos diez meses desde el inicio del procedimiento, el plazo para resolver se entender谩 ampliado hasta dos meses despu茅s de su recepci贸n.
7. La resoluci贸n que se dicte deber谩 publicarse en los mismos sitios en los que se hubiera anunciado el acuerdo de incoaci贸n del expediente y comunicarse, en su caso, al 贸rgano judicial que estuviese conociendo de la intervenci贸n del caudal hereditario. La resoluci贸n que declare la improcedencia de declarar heredera a la Administraci贸n deber谩, adem谩s, notificarse a las personas con derecho a heredar.
8. Los actos administrativos dictados en el procedimiento previsto en esta secci贸n s贸lo podr谩n ser recurridos ante la jurisdicci贸n contencioso-administrativa por infracci贸n de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la v铆a administrativa. Quienes se consideren perjudicados en cuanto a su mejor derecho a la herencia u otros de car谩cter civil por la declaraci贸n de heredero abintestato o la adjudicaci贸n de bienes a favor de la Administraci贸n podr谩n ejercitar las acciones pertinentes ante los 贸rganos del orden jurisdiccional civil, previa reclamaci贸n en v铆a administrativa conforme a las normas del T铆tulo VIII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones P煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n.»
Tres. Se a帽ade un nuevo art铆culo 20 ter:
«Art铆culo 20 ter. Efectos de la declaraci贸n de heredero abintestato
1. Realizada la declaraci贸n administrativa de heredero abintestato, que supondr谩 la aceptaci贸n de la herencia a beneficio de inventario, se podr谩 proceder a tomar posesi贸n de los bienes y derechos del causante y, en su caso, a recabar de la autoridad judicial la entrega de los que se encuentren bajo su custodia.
2. Los bienes y derechos del causante no incluidos en el inventario judicial y que se identifiquen con posterioridad a la declaraci贸n de la Administraci贸n General del Estado como heredera abintestato y a la adjudicaci贸n de los bienes y derechos hereditarios, se incorporaran al caudal hereditario y se adjudicar谩n por resoluci贸n del Director General del Patrimonio del Estado y mediante el procedimiento de investigaci贸n regulado en el art铆culo 47.
No obstante, en los casos en que el derecho de propiedad del causante constase en registros p煤blicos o sistemas de anotaciones en cuenta, o derivase de la titularidad de cuentas bancarias, t铆tulos valores, dep贸sitos, y, en general, en cualesquiera supuestos en los que su derecho sea indubitado por estar asentado en una titularidad formal, la incorporaci贸n de los bienes se realizar谩 por acuerdo del Delegado de Econom铆a y Hacienda.
3. A efectos de estas actuaciones de investigaci贸n, las autoridades y funcionarios, registros y dem谩s archivos p煤blicos, deber谩n suministrar gratuitamente la informaci贸n de que dispongan sobre los bienes y derechos de titularidad del causante. Igual obligaci贸n de colaborar y suministrar la informaci贸n de que dispongan tendr谩n los 贸rganos de la Administraci贸n tributaria.
4. A los efectos previstos en los art铆culos 14 y 16 de la Ley Hipotecaria, la declaraci贸n administrativa de heredero abintestato en la que se contenga la adjudicaci贸n de los bienes hereditarios, o, en su caso, las resoluciones posteriores del Director General del Patrimonio del Estado o del Delegado de Econom铆a y Hacienda acordando la incorporaci贸n de bienes y derechos al caudal relicto y su adjudicaci贸n, ser谩n t铆tulo suficiente para inscribir a favor de la Administraci贸n en el Registro de la Propiedad los inmuebles o derechos reales que figurasen en las mismas a nombre del causante. Si los inmuebles o derechos reales no estuviesen previamente inscritos, dicho t铆tulo ser谩 bastante para proceder a su inmatriculaci贸n.
5. No se derivar谩n responsabilidades para la Administraci贸n General del Estado por raz贸n de la titularidad de los bienes y derechos integrantes del caudal hereditario hasta el momento en que 茅stos le sean entregados por el 贸rgano judicial, o se tome posesi贸n efectiva de los mismos.»
Cuatro. Se a帽ade un nuevo art铆culo 20 qu谩ter:
«Art铆culo 20 qu谩ter. Liquidaci贸n del caudal hereditario
1. Una vez se encuentre en posesi贸n de la herencia, la Administraci贸n General del Estado proceder谩 a la liquidaci贸n de los bienes y derechos de la misma, distribuy茅ndose la cantidad obtenida en la forma prevista en el art铆culo 956 del C贸digo Civil.
2. No obstante, el Consejo de Ministros, atendidas las caracter铆sticas de los bienes y derechos incluidos en el caudal relicto, podr谩 excluir de la liquidaci贸n y reparto, todos o algunos de ellos.
3. Asimismo, el Director General del Patrimonio del Estado podr谩 excluir de la liquidaci贸n aquellos bienes que convenga conservar en el patrimonio de la Administraci贸n General del Estado para su afectaci贸n o adscripci贸n a fines o servicios propios de sus 贸rganos o de los Organismos p煤blicos dependientes. En este caso, de ser el valor de esos bienes superior al del tercio que corresponda a la Administraci贸n General del Estado, se compensar谩 el exceso al resto del caudal mediante la correspondiente modificaci贸n presupuestaria.
4. Una vez aprobada la cuenta de liquidaci贸n del abintestato y realizado el ingreso de las cantidades pertinentes en el Tesoro, se generar谩 cr茅dito por un importe equivalente a las dos terceras partes del valor del caudal relicto en la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para atender las transferencias para fines de inter茅s social que se dota con la asignaci贸n tributaria para esta finalidad derivada de la cuota 铆ntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas.»
Cinco. Se a帽ade una nueva disposici贸n adicional vig茅sima cuarta.
«Disposici贸n adicional vig茅sima cuarta. Sucesi贸n abintestato del Hospital de Nuestra Se帽ora de Gracia de Zaragoza.
La declaraci贸n como heredero abintestato del Hospital de Nuestra Se帽ora de Gracia de Zaragoza se realizar谩 por la Diputaci贸n General de Arag贸n.»
Seis. Se a帽ade una nueva disposici贸n adicional vig茅sima quinta.
«Disposici贸n adicional vig茅sima quinta. Sucesi贸n abintestato de las Diputaciones forales de los territorios hist贸ricos del Pa铆s Vasco.
La declaraci贸n como herederas abintestato de las Diputaciones forales de los Territorios Hist贸ricos del Pa铆s Vasco se realizar谩 por la Diputaci贸n Foral correspondiente.»
Siete. Se modifican los apartados 1, 2 y 5 de la disposici贸n final segunda:
«1. Las siguientes disposiciones de esta Ley se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislaci贸n procesal del art铆culo 149.1.6.陋 de la Constituci贸n, y son de aplicaci贸n general el art铆culo 20 bis, apartado 8; art铆culo 43; y art铆culo 110, apartado 3.
2. Las siguientes disposiciones de esta Ley se dictan al amparo del art铆culo 149.1.8.陋 de la Constituci贸n, y son de aplicaci贸n general, sin perjuicio de lo dispuesto en los derechos civiles forales o especiales, all铆 donde existan: Art铆culo 4; art铆culo 5, apartados 1, 2 y 4; art铆culo 7, apartado 1; art铆culo 15; art铆culo 17; art铆culo 18; art铆culo 20, apartados 2, 3 y 6; art铆culo 22; art铆culo 23; art铆culo 30, apartados 1 y 2; art铆culo 37, apartados 1, 2 y 3; art铆culo 38, apartados 1 y 2; art铆culo 39; art铆culo 40; art铆culo 49; art铆culo 53; art铆culo 83, apartado 1; art铆culo 97; art铆culo 98; y art铆culo 99, apartado 1.»
«5. Tienen el car谩cter de la legislaci贸n b谩sica, de acuerdo con lo preceptuado en el art铆culo 149.1.18.陋 de la Constituci贸n, las siguientes disposiciones de esta Ley: Art铆culo 1; art铆culo 2; art铆culo 3; art铆culo 6; art铆culo 8, apartado 1; apartados 1 a 6 del art铆culo 20 bis; art铆culo 20 ter, art铆culo 27; art铆culo 28; art铆culo 29, apartado 2; art铆culo 32, apartados 1 y 4; art铆culo 36, apartado 1; art铆culo 41; art铆culo 42; art铆culo 44; art铆culo 45; art铆culo 50; art铆culo 55; art铆culo 58; art铆culo 61; art铆culo 62; art铆culo 84; art铆culo 91, apartado 4; art铆culo 92, apartados 1, 2, y 4; art铆culo 93, apartados 1, 2, 3 y 4; art铆culo 94; art铆culo 97; art铆culo 98; art铆culo 100; art铆culo 101, apartados 1, 3 y 4; art铆culo 102, apartados 2 y 3; art铆culo 103, apartados 1 y 3; art铆culo 106, apartado 1; art铆culo 107, apartado 1; art铆culo 109, apartado 3; art铆culo 121, apartado 4; art铆culo 183; art铆culo 184; art铆culo 189; art铆culo 190; art铆culo 190 bis; art铆culo 191; disposici贸n transitoria primera, apartado 1; disposici贸n transitoria quinta; la disposici贸n adicional vig茅sima tercera y la vig茅sima cuarta.»
Novena. Modificaci贸n de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro
El sexto p谩rrafo del art铆culo 38 pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designar谩n un tercer perito de conformidad. De no existir esta, se podr谩 promover expediente en la forma prevista en la Ley de la Jurisdicci贸n Voluntaria o en la legislaci贸n notarial. En estos casos, el dictamen pericial se emitir谩 en el plazo se帽alado por las partes o, en su defecto, en el de treinta d铆as a partir de la aceptaci贸n de su nombramiento por el perito tercero.»
D茅cima. Modificaci贸n de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protecci贸n patrimonial de las personas con discapacidad y modificaci贸n del C贸digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 5 que pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«2. En los dem谩s casos, las reglas de administraci贸n, establecidas en el documento p煤blico de constituci贸n, deber谩n prever la obligatoriedad de autorizaci贸n judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a los art铆culos 271 y 272 del C贸digo Civil o, en su caso, conforme a lo dispuesto en las normas de Derecho civil, foral o especial, que fueran aplicables.
No obstante lo dispuesto en el p谩rrafo anterior la autorizaci贸n no es necesaria cuando el beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente.
En ning煤n caso ser谩 necesaria la subasta p煤blica para la enajenaci贸n de los bienes o derechos que integran el patrimonio protegido.
En todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios protegidos de satisfacci贸n de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos bienes y derechos en 茅l integrados, as铆 como con sus frutos, productos y rendimientos, no se considerar谩n actos de disposici贸n el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.»
Und茅cima. Modificaci贸n de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado
Uno. Se introduce un nuevo T铆tulo VII, con el siguiente contenido:
«T脥TULO VII
Intervenci贸n de los Notarios en expedientes y actas especiales
CAP脥TULO I
Reglas generales
Art铆culo 49
Los Notarios intervendr谩n en los expedientes especiales autorizando actas o escrituras p煤blicas:
1.潞 Cuando el expediente tenga por objeto la declaraci贸n de voluntad de quien lo inste o la realizaci贸n de un acto jur铆dico que implique prestaci贸n de consentimiento, el Notario autorizar谩 una escritura p煤blica.
2.潞 Cuando el expediente tenga por objeto la constataci贸n o verificaci贸n de un hecho, la percepci贸n del mismo, as铆 como sus juicios o calificaciones, el Notario proceder谩 a extender y autorizar un acta.
Art铆culo 50
1. En el mes de enero de cada a帽o se interesar谩 por parte del Decano de cada Colegio Notarial de los distintos Colegios profesionales, de entidades an谩logas, as铆 como de las Academias e instituciones culturales y cient铆ficas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia el env铆o de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos, que estar谩 a disposici贸n de los Notarios en el Colegio Notarial. Igualmente podr谩n solicitar formar parte de esa lista aquellos profesionales que acrediten conocimientos necesarios en la materia correspondiente, con independencia de su pertenencia o no a un Colegio Profesional. La primera designaci贸n de cada lista se efectuar谩 por sorteo realizado en presencia del Decano del Colegio Notarial, y a partir de ella se efectuar谩n por el Colegio las siguientes designaciones por orden correlativo conforme sean solicitadas por los Notarios que pertenezcan al mismo.
2. Cuando haya de designarse perito a persona sin t铆tulo oficial, pr谩ctica o entendida en la materia, previa citaci贸n de las partes, se realizar谩 la designaci贸n por el procedimiento establecido en el apartado anterior, us谩ndose para ello una lista de personas que cada a帽o se solicitar谩 de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, y que deber谩 estar integrada por al menos cinco de aquellas personas. Si, por raz贸n de la singularidad de la materia de dictamen, 煤nicamente se dispusiera del nombre de una persona entendida o pr谩ctica, se recabar谩 de las partes su consentimiento y s贸lo si todas lo otorgan se designar谩 perito a esa persona.
CAP脥TULO II
De las actas y escrituras p煤blicas en materia matrimonial
SECCI脫N 1.陋 Del acta matrimonial y de la escritura p煤blica de celebraci贸n del matrimonio
Art铆culo 51
1. Los que vayan a contraer matrimonio para el que se precise acta en la que se constate el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes, la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier g茅nero de obst谩culos para contraer matrimonio, deber谩n instar previamente su tramitaci贸n ante el Notario que tenga su residencia en el lugar del domicilio de cualquiera de ellos.
2. La solicitud, tramitaci贸n y autorizaci贸n del acta se ajustar谩n a lo dispuesto en el art铆culo 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y, en lo no previsto, en esta Ley.
Art铆culo 52
1. Si el acta fuera favorable a la celebraci贸n del matrimonio, este se llevar谩 a cabo ante el Notario que haya intervenido en la tramitaci贸n de aqu茅lla mediante el otorgamiento de escritura p煤blica en la que har谩 constar todas las circunstancias establecidas en la Ley del Registro Civil y su reglamento.
2. Cuando los contrayentes, en la solicitud inicial o durante la tramitaci贸n del acta, hayan solicitado que la prestaci贸n del consentimiento se realice ante Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien este delegue u otro Notario, se remitir谩 copia del acta al oficiante elegido, el cual se limitar谩 a celebrar el matrimonio y levantar谩 acta u otorgar谩 escritura p煤blica, seg煤n proceda, con todos los requisitos legalmente exigidos.
3. Si el matrimonio se celebrase en peligro de muerte, el Notario otorgar谩 escritura p煤blica donde se recoja la prestaci贸n del consentimiento matrimonial, previo dictamen m茅dico sobre su aptitud para prestar 茅ste y sobre la gravedad de la situaci贸n cuando el riesgo se derive de enfermedad o estado f铆sico de alguno de los contrayentes, salvo imposibilidad acreditada. Con posterioridad, el Notario proceder谩 a la tramitaci贸n del acta de comprobaci贸n de los requisitos de validez del matrimonio.
SECCI脫N 2.陋 Del acta de notoriedad para la constancia del r茅gimen econ贸mico matrimonial legal
Art铆culo 53
1. Quienes deseen hacer constar expresamente en el Registro Civil el r茅gimen econ贸mico matrimonial legal que corresponda a su matrimonio cuando este no constare con anterioridad deber谩n solicitar la tramitaci贸n de un acta de notoriedad al Notario con residencia en cualquiera de los domicilios conyugales que hubieran tenido, o en el domicilio o residencia habitual de cualquiera de los c贸nyuges, o donde estuvieran la mayor parte de sus bienes o donde desarrollen su actividad laboral o empresarial, a elecci贸n del requirente. Tambi茅n podr谩 elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores.
2. La solicitud de inicio del acta deber谩 ir acompa帽ada de los documentos acreditativos de identidad y domicilio del requirente. Deber谩 acreditarse con informaci贸n del Registro Civil la inexistencia de un r茅gimen econ贸mico matrimonial inscrito.
Los solicitantes deber谩n aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos en que se deba fundar el acta, aportar谩n la documentaci贸n que estimen conveniente para la determinaci贸n de los hechos y deber谩n acompa帽ar los documentos acreditativos de su vecindad civil en el momento de contraer matrimonio y, en caso de no poder hacerlo, deber谩n ofrecer informaci贸n de, al menos, dos testigos que aseguren la realidad de los hechos de los que se derive la aplicaci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial legal.
3. Ultimadas las anteriores diligencias, el Notario har谩 constar su juicio de conjunto sobre si quedan acreditados por notoriedad los hechos y, si considera suficientemente acreditado el r茅gimen econ贸mico legal del matrimonio, remitir谩, en el mismo d铆a y por medios telem谩ticos, copia electr贸nica del acta al Registro Civil correspondiente. En caso contrario, el Notario cerrar谩 igualmente el acta y los interesados no conformes podr谩n ejercer su derecho en el juicio que corresponda.
SECCI脫N 3.陋. De la escritura publica de separaci贸n matrimonial o divorcio
Art铆culo 54
1. Los c贸nyuges, cuando no tuvieren hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de ellos, podr谩n acordar su separaci贸n matrimonial o divorcio de mutuo acuerdo, mediante la formulaci贸n de un convenio regulador en escritura p煤blica. Deber谩n prestar su consentimiento ante el Notario del 煤ltimo domicilio com煤n o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.
2. Los c贸nyuges deber谩n estar asistidos en el otorgamiento de la escritura p煤blica de Letrado en ejercicio.
3. La solicitud, tramitaci贸n y otorgamiento de la escritura p煤blica se ajustar谩n a lo dispuesto en el C贸digo Civil y en esta ley.
CAP脥TULO III
De los expedientes en materia de sucesiones
SECCI脫N 1.陋 De la declaraci贸n de herederos abintestato
Art铆culo 55
1. Quienes se consideren con derecho a suceder abintestato a una persona fallecida y sean sus descendientes, ascendientes, c贸nyuge o persona unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal, o sus parientes colaterales, podr谩n instar la declaraci贸n de herederos abintestato. Esta se tramitar谩 en acta de notoriedad autorizada por Notario competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su 煤ltimo domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en Espa帽a, a elecci贸n del solicitante. Tambi茅n podr谩 elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, ser谩 competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.
2. El acta se iniciar谩 a requerimiento de cualquier persona con inter茅s leg铆timo, a juicio del Notario, y su tramitaci贸n se efectuar谩 con arreglo a lo previsto en la presente Ley y a la normativa notarial.
Art铆culo 56
1. El requerimiento para la iniciaci贸n del acta deber谩 contener la designaci贸n y datos identificativos de las personas que el requirente considere llamadas a la herencia e ir acompa帽ado de los documentos acreditativos del parentesco con el fallecido de las personas designadas como herederos, as铆 como de la identidad y domicilio del causante. En todo caso deber谩 acreditarse el fallecimiento del causante y que 茅ste ocurri贸 sin t铆tulo sucesorio mediante informaci贸n del Registro Civil y del Registro General de Actos de 脷ltima Voluntad, o, en su caso, mediante documento aut茅ntico del que resulte a juicio del Notario, indubitadamente, que, a pesar de la existencia de testamento o contrato sucesorio, procede la sucesi贸n abintestato, o bien mediante sentencia firme que declare la invalidez del t铆tulo sucesorio o de la instituci贸n de heredero. Los documentos presentados o testimonio de los mismos quedar谩n incorporados al acta.
El requirente deber谩 aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos, en que se haya de fundar el acta y deber谩 ofrecer informaci贸n testifical relativa a que la persona de cuya sucesi贸n se trate ha fallecido sin disposici贸n de 煤ltima voluntad y de que las personas designadas son sus 煤nicos herederos.
Cuando cualquiera de los interesados fuera menor o persona con capacidad modificada judicialmente y careciera de representante legal, el Notario comunicar谩 esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designaci贸n de un defensor judicial.
2. En el acta habr谩 de constar necesariamente, al menos, la declaraci贸n de dos testigos que aseveren que de ciencia propia o por notoriedad les constan los hechos positivos y negativos cuya declaraci贸n de notoriedad se pretende. Dichos testigos podr谩n ser, en su caso, parientes del fallecido, sea por consanguinidad o afinidad, cuando no tengan inter茅s directo en la sucesi贸n.
El Notario, a fin de procurar la audiencia de cualquier interesado, practicar谩, adem谩s de las pruebas propuestas por el requirente, las que se estimen oportunas, y en especial aquellas dirigidas a acreditar su identidad, domicilio, nacionalidad y vecindad civil y, en su caso, la ley extranjera aplicable.
Si se ignorase la identidad o domicilio de alguno de los interesados, el Notario recabar谩, mediante oficio, el auxilio de los 贸rganos, registros, autoridades p煤blicas y consulares que, por raz贸n de su competencia, tengan archivos o registros relativos a la identidad de las personas o sus domicilios, a fin de que le sea librada la informaci贸n que solicite, si ello fuera posible.
Si no lograse averiguar la identidad o el domicilio de alguno de los interesados, el Notario deber谩 dar publicidad a la tramitaci贸n del acta mediante anuncio publicado en el "Bolet铆n Oficial del Estado" y podr谩, si lo considera conveniente, utilizar otros medios adicionales de comunicaci贸n. Tambi茅n deber谩 exponer el anuncio del acta en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al 煤ltimo domicilio del causante, al del lugar del fallecimiento, si fuera distinto, o al del lugar donde radiquen la mayor parte de sus bienes inmuebles.
Cualquier interesado podr谩 oponerse a la pretensi贸n, presentar alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio dentro del plazo de un mes a contar desde el d铆a de la publicaci贸n o, en su caso, de la 煤ltima exposici贸n del anuncio.
3. Ultimadas las anteriores diligencias y transcurrido el plazo de veinte d铆as h谩biles, a contar desde el requerimiento inicial o desde la terminaci贸n del plazo del mes otorgado para hacer alegaciones en caso de haberse publicado anuncio, el Notario har谩 constar su juicio de conjunto sobre la acreditaci贸n por notoriedad de los hechos y presunciones en que se funda la declaraci贸n de herederos. Cualquiera que fuera el juicio del Notario, terminar谩 el acta y se proceder谩 a su protocolizaci贸n.
En caso afirmativo, declarar谩 qu茅 parientes del causante son los herederos abintestato, expresando sus circunstancias de identidad y los derechos que por ley les corresponden en la herencia.
Se har谩 constar en el acta la reserva del derecho a ejercitar su pretensi贸n ante los Tribunales de los que no hubieran acreditado a juicio del Notario su derecho a la herencia y de los que no hubieran podido ser localizados. Tambi茅n quienes se consideren perjudicados en su derecho podr谩n acudir al proceso declarativo que corresponda.
Realizada la declaraci贸n de heredero abintestato, se podr谩, en su caso, recabar de la autoridad judicial la entrega de los bienes que se encuentren bajo su custodia, a no ser que alguno de los herederos pida la divisi贸n judicial de la herencia.
4. Transcurrido el plazo de dos meses desde que se cit贸 a los interesados sin que nadie se hubiera presentado o si fuesen declarados sin derecho los que hubieren acudido reclamando la herencia y si a juicio del Notario no hay persona con derecho a ser llamada, se remitir谩 copia del acta de lo actuado a la Delegaci贸n de Econom铆a y Hacienda correspondiente por si resultare procedente la declaraci贸n administrativa de heredero. En caso de que dicha declaraci贸n no correspondiera a la Administraci贸n General del Estado, la citada Delegaci贸n dar谩 traslado de dicha notificaci贸n a la Administraci贸n auton贸mica competente para ello.
SECCI脫N 2.陋 De la presentaci贸n, adveraci贸n, apertura y protocolizaci贸n de los testamentos cerrados
Art铆culo 57
1. La presentaci贸n, adveraci贸n, apertura y protocolizaci贸n de los testamentos cerrados se efectuar谩 ante Notario competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su 煤ltimo domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en Espa帽a, a elecci贸n del solicitante. Tambi茅n podr谩 elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, ser谩 competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.
2. Si transcurridos diez d铆as desde el fallecimiento del otorgante, el testamento no fuera presentado conforme a lo previsto en el C贸digo Civil, cualquier interesado podr谩 solicitar al Notario que requiera a la persona que tenga en su poder un testamento cerrado para que lo presente ante 茅l. Deber谩n acreditarse los datos identificativos del causante y, mediante informaci贸n del Registro Civil y del Registro General de Actos de 脷ltima Voluntad, el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado otras disposiciones testamentarias. Si fuese extra帽o a la familia del fallecido, adem谩s, deber谩 expresar y acreditar en la solicitud la raz贸n por la que crea tener inter茅s en la presentaci贸n del testamento.
3. Cuando comparezca ante Notario quien tenga en su poder un testamento cerrado en cumplimiento del deber establecido en el art铆culo 712 del C贸digo Civil y manifestara no tener inter茅s en la adveraci贸n y protocolizaci贸n del testamento, el Notario requerir谩 a quienes pudieran tener inter茅s en la herencia, de acuerdo con lo manifestado por el compareciente, y, en todo caso si le fueran conocidos, al c贸nyuge sobreviviente, a los descendientes y a los ascendientes del testador y, en defecto de 茅stos, a los parientes colaterales hasta el cuarto grado para que promuevan el expediente ante Notario competente, si les interesase.
Cuando cualesquiera de los interesados fuera menor o persona con capacidad modificada judicialmente y careciera de representante legal, el Notario comunicar谩 esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designaci贸n de un defensor judicial.
4. Si se ignorase la identidad o domicilio de estas personas, el Notario dar谩 publicidad del expediente en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al 煤ltimo domicilio o residencia habitual del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera distinto y donde radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de comunicaci贸n. Los anuncios deber谩n estar expuestos durante el plazo de un mes.
5. Transcurridos tres meses desde que se realizaron los requerimientos o desde la finalizaci贸n del plazo de la 煤ltima exposici贸n del anuncio sin que se haya presentado el testamento, a pesar del requerimiento, o sin que ning煤n interesado haya promovido el expediente, se archivar谩 el mismo, sin perjuicio de reanudarlo a solicitud de cualquier interesado.
Art铆culo 58
1. Quien presente el testamento u otro interesado, podr谩 solicitar al Notario para que, una vez acreditado el fallecimiento del testador, cite para la fecha m谩s pr贸xima posible al Notario autorizante del testamento, si fuera distinto, y, en su caso, a los testigos instrumentales que hubieran intervenido en el otorgamiento.
2. Los testigos citados, que hubiesen comparecido en el d铆a se帽alado, ser谩n examinados y se les pondr谩 de manifiesto el pliego cerrado para que lo examinen y declaren bajo juramento o promesa si reconocen como leg铆timas la firma y r煤brica que con su nombre aparecen en 茅l, y si lo hallan en el mismo estado que ten铆a cuando pusieron su firma.
3. Cuando no comparezca alguno o algunos de los citados, se preguntar谩 a los dem谩s si vieron que 茅stos pusieron su firma y r煤brica. El Notario podr谩 acordar, si lo considera necesario, el cotejo de letras y otras diligencias conducentes a la averiguaci贸n de la autenticidad de las firmas de los no comparecidos y del fallecido.
Art铆culo 59
1. Practicadas las diligencias a que se refiere el art铆culo anterior, y resultando de ellas que en el otorgamiento del testamento se han guardado las solemnidades prescritas por la ley, el Notario abrir谩 el pliego y leer谩 en voz alta la disposici贸n testamentaria, a no ser que contenga disposici贸n del testador ordenando que alguna o algunas cl谩usulas queden reservadas y secretas hasta cierta 茅poca, en cuyo caso la lectura se limitar谩 a las dem谩s cl谩usulas de la disposici贸n testamentaria.
2. Los parientes del testador u otras personas en quienes pueda presumirse alg煤n inter茅s podr谩n presenciar la apertura del pliego y lectura del testamento, si lo tienen por conveniente, sin permitirles que se opongan a la pr谩ctica de la diligencia por ning煤n motivo, aunque presenten otro testamento posterior.
Art铆culo 60
1. Cumplidos los anteriores tr谩mites, el Notario extender谩 acta de protocolizaci贸n, de acuerdo con la presente Ley y su reglamento de ejecuci贸n.
2. Cuando el Notario concluya que el testamento no re煤ne las solemnidades prescritas por la ley o que, a su juicio no qued贸 acreditada la autenticidad del pliego, lo har谩 constar as铆, cerrar谩 el acta y no autorizar谩 la protocolizaci贸n del testamento.
Autorizada o no la protocolizaci贸n, los interesados no conformes podr谩n ejercer su derecho en el juicio que corresponda.
SECCI脫N 3.陋 De la presentaci贸n, adveraci贸n, apertura y protocolizaci贸n de los testamentos ol贸grafos
Art铆culo 61
1. La presentaci贸n, adveraci贸n, apertura y protocolizaci贸n de los testamentos ol贸grafos se efectuar谩 ante Notario competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su 煤ltimo domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en Espa帽a, a elecci贸n del solicitante. Tambi茅n podr谩 elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, ser谩 competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.
2. Si transcurridos diez d铆as desde el fallecimiento del otorgante, el testamento no fuera presentado conforme a lo previsto en el C贸digo Civil, cualquier interesado podr谩 solicitar al Notario que requiera a la persona que tenga en su poder un testamento ol贸grafo para que lo presente ante 茅l. Deber谩n acreditarse los datos identificativos del causante y, mediante informaci贸n del Registro Civil y del Registro General de Actos de 脷ltima Voluntad, el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado otras disposiciones testamentarias. Si fuese extra帽o a la familia del fallecido, adem谩s, deber谩 expresar en la solicitud la raz贸n por la que crea tener inter茅s en la presentaci贸n del testamento.
3. Cuando comparezca ante Notario quien tenga en su poder un testamento ol贸grafo en cumplimiento del deber establecido en el art铆culo 690 del C贸digo Civil y manifestara no tener inter茅s en la adveraci贸n y protocolizaci贸n del testamento, el Notario proceder谩 conforme a lo establecido en el apartado 3 del art铆culo 57.
4. No se admitir谩n las solicitudes que se presenten despu茅s de transcurridos cinco a帽os desde el fallecimiento del testador.
Art铆culo 62
1. Una vez presentado el testamento ol贸grafo, a solicitud de quien lo presente o de otro interesado, el Notario deber谩 requerir para que comparezcan ante 茅l, en el d铆a y hora que se帽ale, el c贸nyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y ascendientes del testador y, en defecto de unos y otros, los parientes colaterales hasta el cuarto grado.
2. Si se ignorase su identidad o domicilio, el Notario dar谩 publicidad del expediente en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al 煤ltimo domicilio o residencia del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera distinto y donde radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de comunicaci贸n. Los anuncios deber谩n estar expuestos durante el plazo de un mes.
3. Cuando cualquiera de las referidas personas fuese menor o persona con capacidad modificada judicialmente y carezca de representante legal, el Notario comunicar谩 esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designaci贸n de un defensor judicial.
4. Si el solicitante hubiera pedido al Notario la comparecencia de testigos para declarar sobre la autenticidad del testamento, el Notario los citar谩 para que comparezcan ante 茅l en el d铆a y hora que se帽ale.
5. En el d铆a se帽alado, el Notario abrir谩 el testamento ol贸grafo cuando est茅 en pliego cerrado, lo rubricar谩 en todas sus hojas y ser谩n examinados los testigos. Cuando al menos tres testigos, que conocieran la letra y firma del testador, declarasen que no abrigan duda racional de que fue manuscrito y firmado por 茅l, podr谩 prescindirse de las declaraciones testificales que faltaren.
A falta de testigos id贸neos o si dudan los examinados, el Notario podr谩 acordar, si lo estima conveniente, que se practique una prueba pericial caligr谩fica.
6. Los interesados podr谩n presenciar la pr谩ctica de las diligencias y hacer en el acto las observaciones que estimen oportunas sobre la autenticidad del testamento, que, en su caso, ser谩n reflejadas por el Notario en el acta.
Art铆culo 63
Si el Notario considera justificada la autenticidad del testamento, autorizar谩 el acta de protocolizaci贸n y expedir谩 copia de la misma a los interesados que la soliciten.
En caso contrario, lo har谩 constar as铆, cerrar谩 el acta y no autorizar谩 la protocolizaci贸n del testamento.
Autorizada o no la protocolizaci贸n del testamento, los interesados no conformes podr谩n ejercer su derecho en el juicio que corresponda.
SECCI脫N 4.陋 De la presentaci贸n, adveraci贸n, apertura y protocolizaci贸n de los testamentos otorgados en forma oral
Art铆culo 64
1. La presentaci贸n, adveraci贸n, apertura y protocolizaci贸n de los testamentos otorgados en forma oral se efectuar谩 ante Notario competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su 煤ltimo domicilio o residencia habitual o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en Espa帽a, a elecci贸n del solicitante. Tambi茅n podr谩 elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, ser谩 competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.
2. Cualquier interesado podr谩 solicitar al Notario que otorgue el correspondiente acta de protocolizaci贸n del testamento otorgado en forma oral.
3. Deber谩n acreditarse los datos identificativos del causante y, mediante informaci贸n del Registro Civil y del Registro General de Actos de 脷ltima Voluntad, el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado otras disposiciones testamentarias. Si fuese extra帽o a la familia del fallecido, adem谩s, deber谩 expresar en la solicitud la raz贸n por la que crea tener inter茅s en la presentaci贸n del testamento.
A la solicitud se acompa帽ar谩 la nota, la memoria o el soporte en el que se encuentre grabada la voz o el audio y el v铆deo con las 煤ltimas disposiciones del testador, siempre que permita su reproducci贸n, y se hubieran tomado al otorgarse el testamento.
Igualmente se expresar谩n los nombres de los testigos que deban ser citados por el Notario para que comparezcan ante 茅l a los efectos de su otorgamiento.
Art铆culo 65
1. El Notario, tras aceptar la solicitud, citar谩 a los testigos que hubiere indicado el solicitante, para que comparezcan ante 茅l en el d铆a y hora que se se帽ale. Si el citado como testigo, no compareciese y no alegase causa que justifique su ausencia, el Notario volver谩 a practicar la citaci贸n indicando el d铆a y hora de la nueva comparecencia.
Cuando la voluntad del testador se hubiere consignado en alguna nota, memoria o soporte magn茅tico o digital duradero, se pondr谩 de manifiesto a los testigos para que digan si es el mismo que se les ley贸 o grab贸 y si reconocen por leg铆timas sus respectivas firmas y r煤bricas, en el caso de haberlas puesto.
2. Son de aplicaci贸n las disposiciones establecidas en los art铆culos anteriores en cuanto a la citaci贸n y presencia de aquellas personas que tuvieran inter茅s en la pr谩ctica de dichas actuaciones.
3. El Notario reflejar谩 todas las actuaciones en el acta y autorizar谩 la protocolizaci贸n del testamento, con la calidad de sin perjuicio de tercero, cuando de las declaraciones de los testigos resultaran clara y terminantemente acreditadas las circunstancias siguientes:
1.潞 Qu茅 concurri贸 causa legal para el otorgamiento del testamento en forma oral.
2.潞 Que el testador tuvo el prop贸sito serio y deliberado de otorgar su 煤ltima disposici贸n.
3.潞 Que los testigos oyeron simult谩neamente de boca del testador todas las disposiciones que quer铆a se tuviesen como su 煤ltima voluntad, bien lo manifestase de palabra, bien leyendo o dando a leer alguna nota o memoria en que se contuviese.
4.潞 Que los testigos fueron en el n煤mero que exige la ley, seg煤n las circunstancias del lugar y tiempo en que se otorg贸, y que re煤nen las cualidades que se requiere para ser testigo en los testamentos.
4. Cuando resulte alguna divergencia en las declaraciones de los testigos, se har谩 constar as铆 en el acta y tan s贸lo se protocolizar谩n como testamentarias aquellas manifestaciones en las que todos estuvieren conformes. Si no lo estuvieren en ninguna de las manifestaciones, se archivar谩 el expediente sin protocolizaci贸n.
5. Si la 煤ltima voluntad se hubiere consignado en nota, memoria o soporte magn茅tico o digital duradero, en el acto del otorgamiento, se tendr谩 como testamento lo que de ella resulte siempre que todos los testigos est茅n conformes en su autenticidad, aun cuando alguno de ellos no recuerde alguna de sus disposiciones y as铆 se reflejar谩 en el acta de protocolizaci贸n a la que quedar谩 unida la nota, memoria o soporte magn茅tico o digital duradero.
6. Si el Notario no considera justificada la autenticidad del testamento lo har谩 constar as铆, cerrar谩 el acta y no autorizar谩 la protocolizaci贸n del testamento.
Autorizada o no la protocolizaci贸n del testamento, los interesados no conformes podr谩n ejercer su derecho en el juicio que corresponda.
SECCI脫N 5.陋 Del albaceazgo y de los contadores partidores dativos
Art铆culo 66
1. El Notario autorizar谩 escritura p煤blica:
a) En los casos de renuncia del albacea a su cargo o de pr贸rroga del plazo del albaceazgo por concurrir justa causa.
b) Para el nombramiento de contador-partidor dativo en los casos previstos en el art铆culo 1057 del C贸digo Civil. El nombramiento se realizar谩 de conformidad con lo previsto en el art铆culo 50.
c) En los casos de renuncia del contador-partidor nombrado o de pr贸rroga del plazo fijado para la realizaci贸n de su encargo.
d) Para la aprobaci贸n de la partici贸n realizada por el contador-partidor cuando resulte necesario por no haber confirmaci贸n expresa de todos los herederos y legatarios.
2. Ser谩 competente el Notario que tenga su residencia en el lugar en que hubiera tenido el causante su 煤ltimo domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en Espa帽a, a elecci贸n del solicitante. Tambi茅n podr谩 elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, ser谩 competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.
3. El Notario podr谩 tambi茅n autorizar escritura p煤blica, si fuera requerido para ello, de excusa o aceptaci贸n del cargo de albacea.
SECCI脫N 6.陋 De la formaci贸n de inventario
Art铆culo 67
1. Ser谩 competente para la formaci贸n de inventario de los bienes y derechos del causante a los efectos de aceptar o repudiar la herencia por los llamados a ella, el Notario con residencia en el lugar en que hubiera tenido el causante su 煤ltimo domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en Espa帽a, a elecci贸n del solicitante. Tambi茅n podr谩 elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, ser谩 competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.
2. El heredero que solicite la formaci贸n de inventario deber谩 presentar su t铆tulo de sucesi贸n hereditaria y deber谩 acreditar al Notario o bien comprobar 茅ste mediante informaci贸n del Registro Civil y del Registro General de Actos de 脷ltima Voluntad el fallecimiento del otorgante y la existencia de disposiciones testamentarias.
3. Aceptado el requerimiento, el Notario deber谩 citar a los acreedores y legatarios para que acudan, si les conviniera, a presenciar el inventario. Si se ignorase su identidad o domicilio, el Notario dar谩 publicidad del expediente en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al 煤ltimo domicilio o residencia habitual del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera distinto y donde radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de comunicaci贸n. Los anuncios deber谩n estar expuestos durante el plazo de un mes.
Art铆culo 68
1. El inventario comenzar谩 dentro de los treinta d铆as de la citaci贸n de los acreedores y legatarios.
2. El inventario contendr谩 relaci贸n de los bienes del causante, as铆 como las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren, referidos a bienes muebles e inmuebles. De los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad, se aportar谩n o se obtendr谩n por el Notario certificaciones de dominio y cargas. Del met谩lico y valores mobiliarios depositados en entidades financieras, se aportar谩 certificaci贸n o documento expedido por la entidad depositaria, y si dichos valores estuvieran sometidos a cotizaci贸n oficial, se incluir谩 su valoraci贸n a fecha determinada. Si por la naturaleza de los bienes considerasen los interesados necesaria la intervenci贸n de peritos para su valoraci贸n, los designar谩 el Notario con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
3. El pasivo incluir谩 relaci贸n circunstanciada de las deudas y obligaciones as铆 como de los plazos para su cumplimiento, solicit谩ndose de los acreedores indicaci贸n actualizada de la cuant铆a de las mismas, as铆 como de la circunstancia de estar alguna vencida y no satisfecha. No recibi茅ndose por parte de los acreedores respuesta, se incluir谩 por entero la cuant铆a de la deuda u obligaci贸n.
4. El inventario deber谩 concluir dentro de los sesenta d铆as a contar desde su comienzo. Si por justa causa se considerase insuficiente el plazo de sesenta d铆as, podr谩 el Notario prorrogar el mismo hasta el m谩ximo de un a帽o. Terminado el inventario, se cerrar谩 y protocolizar谩 el acta. Quedar谩n a salvo en todo caso los derechos de terceros.
CAP脥TULO IV
De los expedientes en materia de obligaciones
SECCI脫N 1.陋 Del ofrecimiento de pago y la consignaci贸n
Art铆culo 69
1. El ofrecimiento de pago y la consignaci贸n de los bienes de que se trate podr谩n efectuarse ante Notario.
2. El que promueva expediente expresar谩 los datos y circunstancias de identificaci贸n de los interesados en la obligaci贸n a que se refiera el ofrecimiento de pago o la consignaci贸n, el domicilio en que puedan ser hallados as铆 como las razones de la actuaci贸n, todo lo relativo al objeto del pago o la consignaci贸n y su puesta a disposici贸n del Notario.
3. Cuando los bienes consignados consistan en dinero, valores e instrumentos financieros, en sentido amplio, ser谩n depositados por el Notario necesariamente en la Entidad financiera colaboradora de la Administraci贸n de Justicia.
Si fueran de distinta naturaleza a los indicados en el apartado anterior, el Notario dispondr谩 su dep贸sito o encargar谩 su custodia a establecimiento adecuado a tal fin, asegur谩ndose de que se adoptan las medidas necesarias para su conservaci贸n, que quedar谩 adecuadamente justificado por diligencia en el acta.
4. El Notario notificar谩 a los interesados la existencia del ofrecimiento de pago o la consignaci贸n, a los efectos de que en el plazo de diez d铆as h谩biles acepten el pago, retiren la cosa debida o realicen las alegaciones que consideren oportunas.
Si el acreedor contestara al requerimiento aceptando el pago o lo consignado en plazo, el Notario le har谩 entrega del bien haciendo constar en acta tal circunstancia, dando por finalizado el expediente.
Si transcurrido dicho plazo no procediera a retirarla, no realizara ninguna alegaci贸n o se negara a recibirla, se proceder谩 a la devoluci贸n de lo consignado sin m谩s tr谩mites y se archivar谩 el expediente.
SECCI脫N 2.陋Reclamaci贸n de deudas dinerarias no contradichas
Art铆culo 70
1. El acreedor que pretenda el pago de una deuda dineraria de naturaleza civil o mercantil, cualquiera que sea su cuant铆a y origen, l铆quida, determinada, vencida y exigible, podr谩 solicitar de Notario con residencia en el domicilio del deudor consignado en el documento que acredite la deuda o el documentalmente demostrado, o en la residencia habitual del deudor o en el lugar en que el deudor pudiera ser hallado, que requiera a 茅ste de pago, cuando la deuda, se acredite en la forma documental, que a juicio del Notario, sea indubitada. La deuda habr谩 de desglosar necesariamente principal, intereses remuneratorios y de demora aplicados.
No podr谩n reclamarse mediante este expediente:
a) Las deudas que se funden en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario.
b) Las basadas en el art铆culo 21 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
c) Las deudas de alimentos en las que est茅n interesados menores o personas con la capacidad modificada judicialmente, ni las que recaigan sobre materias indisponibles u operaciones sujetas a autorizaci贸n judicial.
d) Las reclamaciones en la que est茅 concernida una Administraci贸n Publica.
2. A tal efecto, se autorizar谩 acta notarial, que recoger谩 las siguientes circunstancias: la identidad de acreedor y deudor; el domicilio de ambos, seg煤n fueron consignados en el documento que origina la reclamaci贸n, salvo que documentalmente se acredite su modificaci贸n, en cuyo caso deber谩n ser consignados ambos y el origen, naturaleza y cuant铆a de la deuda. Tambi茅n se acompa帽ar谩 al acta el documento o documentos que constituyan el t铆tulo de la reclamaci贸n.
El Notario no aceptar谩 la solicitud si se tratara de alguna de las reclamaciones excluidas, faltara alguno de los datos o documentos anteriores o no fuera competente.
3. Una vez aceptada la solicitud del acreedor y comprobada la concurrencia de los requisitos previstos en los apartados anteriores, el Notario requerir谩 al deudor para que, en el plazo de veinte d铆as h谩biles, pague al peticionario.
Si el deudor no pudiere ser localizado en alguno de los domicilios posibles acreditados en el acta o no se pudiere hacer entrega del requerimiento, el Notario dar谩 por terminada su actuaci贸n, haciendo constar tal circunstancia y quedando a salvo el ejercicio del derecho del acreedor por v铆a judicial.
5. Se tendr谩 por realizado v谩lidamente el requerimiento al deudor si es localizado y efectivamente requerido por el Notario, aunque rehusare hacerse cargo de la documentaci贸n que lo acompa帽a, que quedar谩 a su disposici贸n en la Notar铆a. Tambi茅n ser谩 v谩lido el requerimiento realizado a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva el deudor, siempre que sea mayor de edad, cuando se encuentre en su domicilio, debiendo el Notario advertir al receptor que est谩 obligado a entregar el requerimiento a su destinatario o a darle aviso si sabe su paradero. Si el requerimiento se hiciere en el lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de 茅ste, se efectuar谩 a la persona que estuviere a cargo de la dependencia destinada a recibir documentos u objetos.
En caso de que el destinatario sea una persona jur铆dica el Notario entender谩 la diligencia con la persona mayor de edad que se encontrare en el domicilio se帽alado en el documento anteriormente expresado y que forme parte del 贸rgano de administraci贸n, que acredite ser representante con facultades suficientes o que a juicio del Notario act煤e notoriamente como persona encargada por la persona jur铆dica de recibir requerimientos o notificaciones fehacientes en su inter茅s.
Art铆culo 71
1. Una vez practicado el requerimiento, si el deudor compareciere ante el Notario requirente y pagare 铆ntegramente la deuda dentro del plazo de veinte d铆as h谩biles siguientes, se har谩 constar as铆 por diligencia en el acta, que tendr谩 el car谩cter de carta de pago. En tal caso el Notario proceder谩, sin demora a hacer entrega de la cantidad abonada al acreedor en la forma que 茅ste hubiera solicitado.
Si el deudor pagare directamente al acreedor, y en el plazo establecido, acredita esta circunstancia, con confirmaci贸n expresa por el acreedor, el Notario cerrar谩 el acta, dando por terminada la actuaci贸n.
Si no hubiera confirmaci贸n expresa por el acreedor en el plazo previsto para el pago, el Notario cerrar谩, asimismo, el acta, quedando abierta la v铆a judicial.
2. Si el deudor compareciera ante el Notario para formular oposici贸n, se recoger谩n los motivos que fundamenta 茅sta, haci茅ndolo constar por diligencia. Una vez comunicada tal circunstancia al acreedor, se pondr谩 fin a la actuaci贸n notarial, quedando a salvo los derechos de aquel para la reclamaci贸n de la deuda en la v铆a judicial.
Cuando se hubiere requerido a varios deudores por una 煤nica deuda, la oposici贸n de uno podr谩 dar lugar al fin de la actuaci贸n notarial respecto de todos, si la causa fuere concurrente, haciendo constar los pagos que hubieran podido realizar alguno de ellos.
3. Si en el plazo establecido el deudor no compareciere o no alegare motivos de oposici贸n, el Notario dejar谩 constancia de dicha circunstancia.
En este caso, el acta ser谩 documento que llevara aparejada ejecuci贸n a los efectos del n煤mero 9.潞 del apartado 2 del art铆culo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicha ejecuci贸n se tramitar谩 conforme a lo establecido para los t铆tulos ejecutivos extrajudiciales.
CAP脥TULO V
Del expediente de subasta notarial
Art铆culo 72
1. Las subastas que se hicieren ante Notario en cumplimiento de una disposici贸n legal se regir谩n por las normas que respectivamente las establezcan y, en su defecto, por las del presente Cap铆tulo.
Las subastas que se hicieren ante Notario en cumplimiento de una resoluci贸n judicial o administrativa, o de cl谩usula contractual o testamentaria, o en ejecuci贸n de un laudo arbitral o acuerdo de mediaci贸n o bien por pacto especial en instrumento p煤blico, o las voluntarias se regir谩n, asimismo, por las normas del presente Cap铆tulo.
2. En todo caso, se aplicar谩n con car谩cter supletorio las normas que para las subastas electr贸nicas se establecen en la legislaci贸n procesal siempre que fueren compatibles.
3. Si no hubiera nada dispuesto, y la subasta fuera celebrada en cumplimiento de una resoluci贸n judicial o administrativa, ser谩 competente, en defecto de designaci贸n por acuerdo de todos los interesados entre los Notarios con residencia en el 谩mbito de competencia de la autoridad judicial o administrativa, el que designe el titular del bien o derecho subastado o de la mayor parte del mismo, si fueran varios, de entre los competentes. Si los diversos titulares fueran propietarios por partes iguales, la elecci贸n del Notario corresponder谩 a aquel que lo fuera con anterioridad. Si no se pudiera determinar a qui茅n le corresponde la designaci贸n del Notario, o si no se comunicara a la autoridad judicial o administrativa por quien corresponda en el plazo de cinco d铆as desde el requerimiento para efectuarla, se proceder谩 a designar conforme a lo establecido reglamentariamente entre los que resulten competentes.
En los restantes casos, ser谩 Notario competente el libremente designado por todos los interesados. En su defecto y a falta de previsi贸n al respecto, ser谩 competente el libremente designado por el requirente, si fuera un titular del bien o derecho subastado. Si no lo fuera, ser谩 competente el Notario h谩bil en el domicilio o residencia habitual del titular o de cualquiera de los titulares, si fueran varios, o el de la situaci贸n del bien o de la mayor parte de los bienes, a elecci贸n del requirente. Tambi茅n podr谩 elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores.
Art铆culo 73
1. El Notario, a requerimiento de persona legitimada para instar la venta de un bien, mueble o inmueble, o derecho determinado, proceder谩 a convocar la subasta, previo examen de la solicitud, dando fe de la identidad y capacidad de su promotor y de la legitimidad para instarla.
La subasta ser谩 electr贸nica y se llevar谩 a cabo en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Bolet铆n Oficial del Estado. En todo caso corresponder谩 al Notario la autorizaci贸n del acta que refleje las circunstancias esenciales y el resultado de la subasta y, en su caso, la autorizaci贸n de la correspondiente escritura p煤blica de venta.
2. El solicitante acreditar谩 al Notario la propiedad del bien o derecho a subastar o su legitimaci贸n para disponer de 茅l, la libertad o estado de cargas del bien o derecho, la situaci贸n arrendaticia y posesoria, el estado f铆sico en que se encuentre, obligaciones pendientes, valoraci贸n para la subasta y cuantas circunstancias tengan influencia en su valor, as铆 como, en su caso, la representaci贸n con que act煤e.
3. El Notario, tras comprobar el cumplimiento de los anteriores extremos y previa consulta al Registro P煤blico Concursal a los efectos previstos en la legislaci贸n especial, aceptar谩, en su caso, el requerimiento. Si acordare su procedencia, el Notario pondr谩 en conocimiento del Registro P煤blico Concursal la existencia del expediente con expresa especificaci贸n del n煤mero de identificaci贸n fiscal del titular persona f铆sica o jur铆dica cuyo bien vaya a ser objeto de la subasta. El Registro P煤blico Concursal notificar谩 al Notario que est茅 conociendo del expediente la pr谩ctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al n煤mero de identificaci贸n fiscal notificado a los efectos previstos en la legislaci贸n concursal.
El Notario pondr谩 en conocimiento del Registro P煤blico Concursal la finalizaci贸n del expediente cuando la misma se produzca.
4. Acordada su celebraci贸n, si se tratara de un inmueble o derecho real inscrito en el Registro de la Propiedad o bienes muebles sujetos a un r茅gimen de publicidad registral similar al de aqu茅llos, el Notario solicitar谩 por procedimientos electr贸nicos certificaci贸n registral de dominio y cargas. El Registrador expedir谩 la certificaci贸n con informaci贸n continuada por igual medio y har谩 constar por nota al margen de la finca o derecho esta circunstancia. Esta nota producir谩 el efecto de indicar la situaci贸n de venta en subasta del bien o derecho y caducar谩 a los seis meses de su fecha salvo que con anterioridad el Notario notifique al Registrador el cierre del expediente o su suspensi贸n, en cuyo caso el plazo se computar谩 desde que el Notario notifique su reanudaci贸n.
El Registrador notificar谩, inmediatamente y de forma telem谩tica, al Notario y al Portal de Subastas de la Agencia Estatal Bolet铆n Oficial del Estado el hecho de haberse presentado otro u otros t铆tulos que afecten o modifiquen la informaci贸n inicial.
El Portal de Subastas recoger谩 la informaci贸n proporcionada por el Registro de modo inmediato para su traslado a los que consulten su contenido.
Art铆culo 74
1. El anuncio de la convocatoria de la subasta se publicar谩, adem谩s de los lugares designados por el promotor del expediente, en el "Bolet铆n Oficial del Estado".
La convocatoria de la subasta deber谩 anunciarse con una antelaci贸n de, al menos, 24 horas respecto al momento en que se haya de abrir el plazo de presentaci贸n de posturas.
El anuncio contendr谩 煤nicamente su fecha, el nombre y apellidos del Notario encargado de la subasta, lugar de residencia y n煤mero de protocolo asignado a la apertura del acta, y la direcci贸n electr贸nica que corresponda a la subasta en el Portal de Subastas. En 茅ste se indicar谩n las condiciones generales y particulares de la subasta y de los bienes a subastar, as铆 como cuantos datos y circunstancias sean relevantes y la cantidad m铆nima admisible para la licitaci贸n en su caso. La certificaci贸n registral, trat谩ndose de bienes sujetos a publicidad registral, podr谩 consultarse a trav茅s del Portal de Subastas, que informar谩 de cualquier alteraci贸n en su titularidad o estado de cargas. Tambi茅n se indicar谩, en su caso, la posibilidad de visitar el inmueble objeto de subasta o de examinar con las necesarias garant铆as el bien mueble o los t铆tulos acreditativos del cr茅dito, si procediera.
2. El Notario notificar谩 al titular del bien o derecho, salvo que sea el propio solicitante, la iniciaci贸n del expediente, as铆 como todo el contenido de su anuncio y el procedimiento seguido para la fijaci贸n del tipo de subasta. Tambi茅n le requerir谩 para que comparezca en el acta, en defensa de sus intereses.
La diligencia se practicar谩 bien personalmente, bien mediante env铆o de carta certificada con acuse de recibo al domicilio fijado registralmente o, en su defecto, en documento p煤blico, o trat谩ndose de bienes no registrados, se remitir谩 al domicilio habitual acreditado. Si el domicilio no fuere conocido, la notificaci贸n se realizar谩 mediante edictos.
La diligencia se practicar谩 bien personalmente, bien mediante env铆o de carta certificada con acuse de recibo o en cualquiera de las formas previstas por la legislaci贸n notarial al domicilio fijado registralmente. Trat谩ndose de bienes no registrados, se dirigir谩 al domicilio habitual acreditado. Si el domicilio no fuere conocido, la notificaci贸n se realizar谩 mediante edictos.
El Notario comunicar谩 por los mismos medios, en su caso, la celebraci贸n de la subasta a los titulares de derechos y de las cargas que figuren en la certificaci贸n de dominio, as铆 como a los arrendatarios u ocupantes que consten identificados en la solicitud. Si no pudiera localizarlos, le dar谩 la misma publicidad que la que se prev茅 para la subasta.
3. Si la valoraci贸n no estuviere contractualmente establecida o no hubiera sido suministrada por el solicitante cuando 茅ste pudiera hacerlo por s铆 mismo, ser谩 fijada por perito designado por el Notario conforme a lo dispuesto en esta Ley. El perito comparecer谩 ante el Notario para entregar su dictamen y ratificarse sobre el mismo. Dicha valoraci贸n constituir谩 el tipo de la licitaci贸n. No se admitir谩n posturas por debajo del tipo.
4. Si el titular del bien o un tercero que se considerara con derecho a ello, comparecieran oponi茅ndose a la celebraci贸n de la subasta, el Notario har谩 constar su oposici贸n y las razones y documentos que para ello aduzcan, con reserva de las acciones que fueran procedentes. El Notario suspender谩 el expediente cuando se justifique la interposici贸n de la correspondiente demanda, procediendo a su reanudaci贸n si no se admitiera 茅sta.
Art铆culo 75
1. La subasta electr贸nica se realizar谩 con sujeci贸n a las siguientes reglas:
1.陋 La subasta tendr谩 lugar en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Bolet铆n Oficial del Estado, a cuyo sistema de gesti贸n estar谩n conectados los Notarios a trav茅s de los sistemas inform谩ticos del Consejo General del Notariado. Todos los intercambios de informaci贸n que deban realizarse entre los Notarios y el Portal de Subastas se realizar谩n de manera telem谩tica.
2.a La subasta se abrir谩 transcurridas, al menos, 24 horas desde la fecha de publicaci贸n del anuncio en el "Bolet铆n Oficial del Estado", una vez haya sido remitida al Portal de Subastas la informaci贸n necesaria para el comienzo de la misma.
3.a Una vez abierta la subasta solamente se podr谩n realizar pujas electr贸nicas durante, al menos, un plazo de veinte d铆as naturales desde su apertura. Su desarrollo se ajustar谩, en todo aquello que no se oponga al presente cap铆tulo, a las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil que le fueren aplicables. En todo caso, el Portal de Subastas informar谩 durante su celebraci贸n de la existencia y cuant铆a de las pujas.
4.a Para poder participar en la subasta ser谩 necesario estar en posesi贸n de la correspondiente acreditaci贸n para intervenir en la misma, tras haber consignado en forma electr贸nica el 5 por 100 del valor de los bienes o derechos.
Si el solicitante quisiera participar en la subasta no le ser谩 exigida la constituci贸n de esa consignaci贸n. Tampoco le ser谩 exigida a los copropietarios o cotitulares del bien o derecho a subastar.
2. En la fecha de cierre de la subasta y a continuaci贸n del mismo, el Portal de Subastas remitir谩 al Notario informaci贸n certificada de la postura telem谩tica que hubiera resultado vencedora, as铆 como, por orden decreciente de importe y cronol贸gico en el caso de ser este id茅ntico, de todas las dem谩s que hubieran optado por la reserva de postura.
El Notario extender谩 la correspondiente diligencia en la que har谩 constar los aspectos de trascendencia jur铆dica; las reclamaciones que se hubieren presentado y la reserva de los derechos correspondientes ante los Tribunales de Justicia; la identidad del mejor postor y el precio ofrecido por 茅l, las posturas que siguen a la mejor y la identidad de los postores; el juicio del Notario de que en la subasta se han observado las normas legales que la regulan, as铆 como la adjudicaci贸n del bien o derecho subastado por el solicitante. El Notario cerrar谩 el acta, haciendo constar en ella que la subasta ha quedado concluida y el bien o derecho adjudicado, procediendo a su protocolizaci贸n.
Si no concurriere ning煤n postor, el Notario as铆 lo har谩 constar, declarar谩 desierta la subasta y acordar谩 el cierre del expediente.
3. En diligencias sucesivas se har谩n constar, en su caso, el pago del resto del precio por el adjudicatario en el plazo de diez d铆as h谩biles en la entidad adherida al Portal de Subastas a disposici贸n del Notario; la entrega por el Notario al solicitante o su dep贸sito a disposici贸n judicial o a favor de los interesados de las cantidades que hubiere percibido del adjudicatario; y la devoluci贸n de las consignaciones electr贸nicas hechas para tomar parte en la subasta por personas que no hayan resultado adjudicatarias.
La devoluci贸n de las consignaciones hechas para tomar parte en la subasta por personas que no hayan resultado adjudicatarias, no se efectuar谩 hasta que no se haya abonado el total del precio de la adjudicaci贸n si as铆 se hubiera solicitado por parte de los postores.
Si el adjudicatario incumpliere su obligaci贸n de entrega de la diferencia del precio entre lo consignado y lo efectivamente rematado, la adjudicaci贸n se realizar谩 al segundo o sucesivo mejor postor que hubiera solicitado la reserva de su consignaci贸n, perdiendo las consignaciones los incumplidores y d谩ndole a 茅stas el destino establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No obstante, se proceder谩 a la suspensi贸n provisional del remate o adjudicaci贸n hasta que haya transcurrido el plazo establecido para el ejercicio, en su caso, del derecho de adquisici贸n preferente de los socios o, en su caso, de la sociedad.
4. En todos los supuestos en los que la ley exige documento p煤blico como requisito de validez o eficacia de la transmisi贸n, subastado el bien o derecho, el titular o su representante, otorgar谩 ante el Notario escritura p煤blica de venta a favor del adjudicatario al tiempo de completar 茅ste el pago del precio. Si el titular o su representante se negare a otorgar escritura de venta, el acta de subasta ser谩 t铆tulo suficiente para solicitar del Tribunal competente el dictado del correspondiente auto teniendo por emitida la declaraci贸n de voluntad, en los t茅rminos previstos en el art铆culo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En los dem谩s supuestos, la copia autorizada del acta servir谩 de t铆tulo al rematante.
Art铆culo 76
1. La subasta notarial que cause una venta forzosa solo se podr谩 suspender, y en su caso cerrar el expediente, con base en las siguientes causas:
a) Cuando se presentare al Notario resoluci贸n judicial, aunque no sea firme, justificativa de la inexistencia o extinci贸n de la obligaci贸n garantizada y en el caso de bienes o cr茅ditos registrables, certificaci贸n del registro correspondiente acreditativa de estar cancelada la carga o presentada escritura p煤blica de carta de pago o de la alteraci贸n en la situaci贸n de titularidad o cargas de la finca.
El ejecutante deber谩 consentir expresamente en su continuaci贸n pese a la modificaci贸n registral del estado de cargas.
Trat谩ndose de acciones, participaciones sociales o partes sociales en general, certificaci贸n, con firma legitimada notarialmente del administrador o secretario no consejero de la sociedad, acreditativa del asiento de cancelaci贸n del derecho real o embargo sobre los derechos del socio.
b) Cuando se acredite documentalmente la existencia de causa criminal que pudiere determinar la falsedad del t铆tulo en virtud del cual se proceda, la invalidez o ilicitud del procedimiento de venta. La suspensi贸n subsistir谩 hasta el fin del proceso.
c) Si se justifica al Notario la declaraci贸n de concurso del deudor o la paralizaci贸n de las acciones de ejecuci贸n, en los supuestos previstos en la legislaci贸n concursal aunque ya estuvieran publicados los anuncios de la subasta del bien. En este caso solo se alzar谩 la suspensi贸n cuando se acredite, mediante testimonio de la resoluci贸n del Juez del concurso, que los bienes o derechos no est谩n afectos, o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Tambi茅n se alzar谩 en su caso, cuando se presente la resoluci贸n judicial que homologue el acuerdo alcanzado o la escritura p煤blica o la certificaci贸n que cierre el expediente junto con su comunicaci贸n al Juez competente y al Registro P煤blico Concursal.
d) Si se interpusiera demanda de tercer铆a de dominio, acompa帽ando inexcusablemente con ella t铆tulo de propiedad, anterior a la fecha del t铆tulo en el que base la subasta. La suspensi贸n subsistir谩 hasta la resoluci贸n de la tercer铆a.
e) Si se acreditare que se ha iniciado un procedimiento de subasta sobre los mismos bienes o derechos. Siendo notarial, esta acreditaci贸n se realizar谩 mediante copia autorizada o notificaci贸n de los sistemas inform谩ticos del Consejo General del Notariado. Estos hechos podr谩n ponerse en conocimiento del Juzgado correspondiente, a juicio del Notario.
2. En los casos precedentes, si la causa de la suspensi贸n afectare s贸lo a parte de los bienes o derechos comprendidos en la venta extrajudicial, podr谩 seguir el procedimiento respecto de los dem谩s, si as铆 lo solicitare el acreedor o promotor del procedimiento.
3. Para el caso de pr茅stamos o cr茅ditos personales, o cualquier otro instrumento de financiaci贸n hipotecaria o no hipotecaria, sin perjuicio de lo previsto en su normativa especial, se suspender谩 la venta extrajudicial cuando se acredite haber planteado ante el Juez competente el car谩cter abusivo o no transparente de alguna de las cl谩usulas que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese determinado la cantidad exigible. Una vez sustanciada la cuesti贸n y siempre que, de acuerdo con la resoluci贸n judicial correspondiente, no se trate de una cl谩usula abusiva o no transparente que constituya el fundamento de la ejecuci贸n o hubiera determinado la cantidad exigible, el Notario podr谩 proseguir la venta extrajudicial a requerimiento del acreedor o promotor del mismo.
4. La suspensi贸n de la subasta por un periodo superior a 15 d铆as llevar谩 consigo la liberaci贸n de las consignaciones o devoluci贸n de los avales prestados, retrotrayendo la situaci贸n al momento inmediatamente anterior a la publicaci贸n del anuncio. La reanudaci贸n de la subasta se realizar谩 mediante una nueva publicaci贸n del anuncio y una nueva petici贸n de informaci贸n registral como si de una nueva subasta de tratase.
5. Trat谩ndose de bienes registrables, si la reclamaci贸n del acreedor y la iniciaci贸n de la venta extrajudicial tuvieran su base en alguna causa que no sea el vencimiento del plazo o la falta de pago de intereses o de cualquier otra prestaci贸n a que estuviere obligado el deudor, se suspender谩 dicho procedimiento siempre que con anterioridad a la subasta se hubiere hecho constar en el Registro de la Propiedad o de bienes muebles la oposici贸n al mismo, formulada en juicio declarativo. A este efecto, el Juez, al mismo tiempo que ordene la anotaci贸n preventiva de la demanda, acordar谩 que se notifique al Notario la resoluci贸n reca铆da.
Art铆culo 77
Las subastas voluntarias podr谩n convocarse bajo condiciones particulares incluidas en el pliego de condiciones, debiendo 茅stas consignarse en el Portal de Subastas. Por ello, el solicitante, en el pliego de condiciones particulares, podr谩 aumentar, disminuir o suprimir la consignaci贸n electr贸nica previa y tomar cualquier otra determinaci贸n an谩loga a la expresada.
En todo lo dem谩s, se aplicar谩n a las subastas voluntarias las reglas generales contenidas en el presente cap铆tulo, sin sujeci贸n de lo dispuesto en el apartado 3 del art铆culo 74.
CAP脥TULO VI
De los expedientes en materia mercantil
SECCI脫N 1.陋 Del robo, hurto, extrav铆o o destrucci贸n de t铆tulo-valor
Art铆culo 78
1. Estar谩n legitimados para solicitar del Notario la adopci贸n de las medidas previstas en la legislaci贸n mercantil en los casos de robo, hurto, extrav铆o o destrucci贸n de t铆tulos-valores o representaci贸n de partes de socio los poseedores leg铆timos de estos t铆tulos que hubieren sido despose铆dos de los mismos o que hubieren sufrido su destrucci贸n o extrav铆o.
2. Ser谩 competente para conocer de estos expedientes el Notario del lugar de pago cuando se trate de un t铆tulo de cr茅dito; del lugar de dep贸sito en el caso de t铆tulos de dep贸sito; o el del lugar del domicilio de la entidad emisora cuando los t铆tulos fueran valores mobiliarios, seg煤n proceda.
3. El Notario, tras aceptar la solicitud del legitimado y previo examen de la misma, dando fe de la identidad y apreciando la capacidad del promotor y la legitimidad para instarla, lo comunicar谩, mediante requerimiento, al emisor de los t铆tulos y, si se tratara de un t铆tulo cotizable, a la Sociedad Rectora de la Bolsa correspondiente, y solicitar谩 la publicaci贸n en la secci贸n correspondiente del "Bolet铆n Oficial del Estado" y en un peri贸dico de gran circulaci贸n en su provincia. Tanto en el requerimiento como en los anuncios se citar谩 a quien pueda estar interesado en el procedimiento para que comparezca en la Notar铆a en el d铆a y hora que se se帽alen.
4. Si compareciera, el Notario levantar谩 acta de la celebraci贸n de la comparecencia y, de conformidad con lo solicitado, instar谩 al promotor del expediente y al emisor de los t铆tulos a que no procedan a su negociaci贸n o trasmisi贸n, as铆 como a la suspensi贸n del cumplimiento de la obligaci贸n de pago documentada en el t铆tulo o del pago del capital, intereses o dividendos, o bien al dep贸sito de las mercanc铆as, seg煤n proceda en atenci贸n al t铆tulo de que se trate.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se tratase de un t铆tulo de tradici贸n, no proceder谩 el dep贸sito de las mercanc铆as si fueran de imposible, dif铆cil o muy costosa conservaci贸n o corrieran el peligro de sufrir grave deterioro o de disminuir considerablemente de valor. En ese caso, el Notario instar谩 al porteador o al depositario, previa audiencia del tenedor del t铆tulo, que entregue las mercanc铆as al solicitante si 茅ste hubiera prestado cauci贸n suficiente por el valor de las mercanc铆as depositadas m谩s la eventual indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios al tenedor del t铆tulo si se acreditara posteriormente que el solicitante no ten铆a derecho a la entrega.
6. A petici贸n del solicitante, el Notario podr谩 nombrar un administrador para el ejercicio de los derechos de asistencia y de voto a las juntas generales y especiales de accionistas correspondientes a los t铆tulos que fueran valores mobiliarios, as铆 como para la impugnaci贸n de los acuerdos sociales. La retribuci贸n del nombrado correr谩 a cargo del solicitante.
7. Transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya suscitado controversia, el Notario autorizar谩 al que promovi贸 el expediente a cobrar los rendimientos que produzca el t铆tulo, requiriendo, a su instancia, al emisor para que proceda a su pago.
8. Transcurrido el plazo de un a帽o sin mediar oposici贸n, el Notario requerir谩 al emisor para que expida los nuevos t铆tulos, que se entregar谩n al solicitante.
9. En ning煤n caso proceder谩 la anulaci贸n del t铆tulo o t铆tulos, si el tenedor actual que formule oposici贸n los hubiera adquirido de buena fe conforme a la ley de circulaci贸n del propio t铆tulo.
10. En caso de que no fuera procedente la anulaci贸n del t铆tulo o t铆tulos, quien hubiera sido tenedor leg铆timo en el momento de la p茅rdida de la posesi贸n tendr谩 las acciones civiles o penales que correspondan contra aquella persona que hubiera adquirido de mala fe la posesi贸n del documento.
SECCI脫N 2.陋 De los dep贸sitos en materia mercantil y de la venta de los bienes depositados
Art铆culo 79
1. En todos aquellos casos en que, por disposici贸n legal o pacto, proceda el dep贸sito de bienes muebles, valores o efectos mercantiles, podr谩 realizarse ante Notario mediante acta de dep贸sito, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en su reglamento de ejecuci贸n.
2. Si el dep贸sito consistiere en letras de cambio u otros efectos que se pudieran perjudicar por su no presentaci贸n en ciertas fechas a la aceptaci贸n o al pago, el Notario, a instancias del depositante, podr谩 proceder a realizar dicha presentaci贸n. En caso de serle satisfecho el importe, quedar谩 sustituido el dep贸sito de los efectos por su importe en dinero.
3. En todos los casos en que, por la legislaci贸n mercantil, se permita la venta de los bienes o efectos depositados, el Notario, a instancia del depositante o del propio depositario, podr谩 convocar y proceder a la venta de los bienes. A ese efecto se proceder谩 seg煤n lo previsto en esta Ley para las actas notariales de subasta, y se dar谩 al importe obtenido el destino establecido en la legislaci贸n mercantil.
SECCI脫N 3.陋 Del nombramiento de peritos en los contratos de seguros
Art铆culo 80
1. Se aplicar谩 el procedimiento regulado en este art铆culo cuando en el contrato de seguro, conforme a su legislaci贸n espec铆fica, no haya acuerdo entre los peritos nombrados por el asegurador y el asegurado para determinar los da帽os producidos, y aqu茅llos no est茅n conformes con la designaci贸n de un tercero.
2. La competencia para proceder al nombramiento corresponder谩 al Notario al que acudan de mutuo acuerdo el asegurado y la aseguradora. En defecto de acuerdo, cualquiera entre los que tengan su residencia en el lugar del domicilio o residencia habitual del asegurado o donde se encuentre el objeto de la valoraci贸n, a elecci贸n del requirente. Tambi茅n podr谩 elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores.
3. Podr谩 promover este expediente cualquiera de las partes del contrato de seguro o ambas conjuntamente.
4. Se iniciar谩 el expediente mediante escrito presentado por cualquiera de los interesados, en que se har谩 constar el hecho de la discordia de los peritos designados para valorar los da帽os sufridos, y se solicitar谩 el nombramiento de un tercer perito. Al escrito se acompa帽ar谩 la p贸liza de seguro y los dict谩menes de los peritos.
5. Admitida a tr谩mite la solicitud por el Notario, 茅ste convocar谩 a una comparecencia a fin de que los interesados se pongan de acuerdo en el nombramiento de otro perito; si no hubiere acuerdo, se proceder谩 a nombrarlo con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 50.
6. Verificado el nombramiento, se har谩 saber al designado para que manifieste si lo acepta o no, lo que podr谩 realizar alegando justa causa. Una vez aceptado, se proveer谩 el consiguiente nombramiento, requiriendo a las partes para que en tres d铆as hagan la provisi贸n de fondos que se considere necesaria, debiendo el perito emitir el dictamen en el plazo previsto por las partes y, en su defecto, en el plazo de treinta d铆as a partir de la aceptaci贸n del nombramiento. Emitido el dictamen, se incorporar谩 al acta y se dar谩 por finalizada.
CAP脥TULO VII
De los expedientes de conciliaci贸n
Art铆culo 81
1. Podr谩 realizarse ante Notario la conciliaci贸n de los distintos intereses de los otorgantes con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial.
2. La conciliaci贸n podr谩 realizarse sobre cualquier controversia contractual, mercantil, sucesoria o familiar siempre que no recaiga sobre materia indisponible.
Las cuestiones previstas en la Ley Concursal no podr谩n conciliarse siguiendo este tr谩mite.
Son indisponibles:
a) Las cuestiones en las que se encuentren interesados los menores y las personas con capacidad modificada judicialmente para la libre administraci贸n de sus bienes.
b) Las cuestiones en las que est茅n interesados el Estado, las Comunidades Aut贸nomas y las dem谩s Administraciones p煤blicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza.
c) Los juicios sobre responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados.
d) En general, los acuerdos que se pretendan sobre materias no susceptibles de transacci贸n ni compromiso.
Art铆culo 82
1. La escritura p煤blica que formalice la avenencia entre los interesados o, en su caso, que se intent贸 sin efecto o avenencia se someter谩 a los requisitos de autorizaci贸n establecidos en la legislaci贸n notarial.
2. Si hubiere conformidad entre los interesados en todo o en parte del objeto de la conciliaci贸n, se har谩 constar detalladamente en la escritura p煤blica todo cuanto acuerden y que el acto termin贸 con avenencia as铆 como los t茅rminos de la misma. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se har谩 constar que el acto termin贸 sin avenencia.
3. La modificaci贸n del contenido pactado habr谩 de constar, asimismo, en escritura p煤blica notarial siempre que no se hubiere iniciado la ejecuci贸n judicial.
Art铆culo 83
1. La escritura p煤blica notarial que formalice la conciliaci贸n gozar谩 en general de la eficacia de un instrumento p煤blico y, en especial, estar谩 dotada de eficacia ejecutiva en los t茅rminos del n煤mero 9.潞 del apartado 2 del art铆culo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ejecuci贸n se verificar谩 conforme a lo previsto para los t铆tulos ejecutivos extrajudiciales.
2. Cualquiera de las partes podr谩 solicitar del Notario copia autorizada dotada de car谩cter ejecutivo en tanto no conste en la matriz nota relativa a la modificaci贸n de su contenido o su ejecuci贸n.»
Dos. Se introduce una disposici贸n adicional con la siguiente redacci贸n:
«Disposici贸n adicional primera. Referencias al C贸digo Civil.
Las referencias realizadas en esta Ley al C贸digo Civil deber谩n entenderse realizadas, en su caso, tambi茅n a las leyes civiles forales o especiales all铆 donde existan.»
Duod茅cima. Modificaci贸n de la Ley Hipotecaria
Uno. El p谩rrafo primero del art铆culo 14 queda redactado como sigue:
«El t铆tulo de la sucesi贸n hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaraci贸n de herederos abintestato, la declaraci贸n administrativa de heredero abintestato a favor del Estado y en su caso, el certificado sucesorio europeo.»
Dos. Se incluye un nuevo T铆tulo IV bis, que queda redactado como sigue:
«T脥TULO IV BIS
De la conciliaci贸n
Art铆culo 103 bis
1. Los Registradores ser谩n competentes para conocer de los actos de conciliaci贸n sobre cualquier controversia inmobiliaria, urban铆stica y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro p煤blico que sean de su competencia, siempre que no recaiga sobre materia indisponible, con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. La conciliaci贸n por estas controversias puede tambi茅n celebrarse, a elecci贸n de los interesados, ante Notario o Secretario judicial.
Las cuestiones previstas en la Ley Concursal no podr谩n conciliarse siguiendo este tr谩mite.
2. Celebrado el acto de conciliaci贸n, el Registrador certificar谩 la avenencia entre los interesados o, en su caso, que se intent贸 sin efecto o avenencia.»
Decimotercera. Modificaci贸n de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesi贸n
Uno. La Secci贸n segunda del Cap铆tulo I del T铆tulo V pasa a tener la siguiente denominaci贸n:
«Secci贸n segunda. Venta extrajudicial»
Dos. El art铆culo 86 queda redactado de la siguiente forma:
«Art铆culo 86
Para que sea aplicable el procedimiento de venta extrajudicial ser谩 necesario:
1.潞 Que en la escritura de constituci贸n de la hipoteca se designe por el deudor, o por el hipotecante no deudor, en su caso, un mandatario que le represente, en su d铆a, en la venta de los bienes hipotecarios. Este mandatario podr谩 ser el propio acreedor.
2.潞 Que asimismo se haga constar el precio en el que los interesados tasan los bienes. El tipo de subasta pactado no podr谩 ser distinto del que se fije, en su caso, para el procedimiento judicial.
3.潞 Que se fije por el deudor, o hipotecante no deudor en su caso, un domicilio para requerimientos y notificaciones. Tambi茅n podr谩 designarse una direcci贸n electr贸nica, en cuyo caso los requerimientos y notificaciones se har谩n, adem谩s, en esa forma.
En todo lo no especialmente regulado en esta Ley, se aplicar谩 supletoriamente a la venta forzosa extrajudicial derivada de la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, las normas sobre subasta electr贸nica contenidas en la legislaci贸n procesal.»
Tres. El art铆culo 87 queda redactado en la siguiente forma:
«Art铆culo 87
El procedimiento extrajudicial se ajustar谩 necesariamente a las siguientes reglas:
1.陋 S贸lo podr谩 ser seguido ante Notario competente para actuar en el lugar donde radiquen los bienes hipotecados o de un distrito colindante a 茅l.
2.陋 Se iniciar谩 por un requerimiento dirigido por el acreedor al Notario que, previo el cumplimiento de los requisitos de este art铆culo, proceda a la venta de los bienes en p煤blica subasta.
En el requerimiento har谩 constar el acreedor la cantidad exacta que sea objeto de la reclamaci贸n, por principal e intereses, y la causa del vencimiento, entregando al Notario el t铆tulo o t铆tulos de su cr茅dito, revestidos de todos los requisitos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que tengan car谩cter ejecutivo.
Este requerimiento se har谩 constar en acta.
3.陋 A solicitud del acreedor, el Notario requerir谩 de pago al deudor, y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor, con expresi贸n de la causa del vencimiento y de la cantidad total reclamada, y se har谩 constar que si no se hiciere el pago se proceder谩 a la subasta de los bienes hipotecados, sin necesidad de nuevas notificaciones ni requerimientos.
Los requeridos, dentro de los cinco d铆as siguientes al del requerimiento, deber谩n pagar o entregar la posesi贸n material de los bienes hipotecados al acreedor o mandatario designado en la escritura de constituci贸n de la hipoteca.
Cuando el deudor incumpliere la obligaci贸n de entregar la posesi贸n de los bienes, el Notario no seguir谩 adelante con el procedimiento de venta si as铆 lo solicitare el acreedor, quien podr谩 tambi茅n, para hacer efectivo su cr茅dito, acudir a cualquiera de los procedimientos judiciales, sin perjuicio de ejercitar las acciones civiles y criminales que le correspondan.
4.陋 A instancia del acreedor, a la que se acompa帽ar谩 el requerimiento de pago, el Registrador expedir谩 certificaci贸n literal del asiento de la hipoteca, en la que se expresar谩 que se halla subsistente y sin cancelar o, en su caso, la cancelaci贸n o modificaciones que constaren en el Registro, y se relacionar谩n los asientos posteriores.
El Registrador har谩 constar, al margen de la inscripci贸n de hipoteca, que ha expedido la certificaci贸n expresando su fecha, la iniciaci贸n del procedimiento y el Notario ante quien se sigue.
Cuando de la certificaci贸n del Registro aparezca alg煤n asiento con posterioridad a la inscripci贸n de la hipoteca, se notificar谩 al deudor y a su titular la existencia del procedimiento para que pueda, si le conviniere, intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate el importe del cr茅dito, intereses y costas. En este 煤ltimo caso, los acreedores quedar谩n subrogados en los derechos del actor y se har谩 constar el pago y la subrogaci贸n al margen de la inscripci贸n de la hipoteca en que dichos acreedores se subroguen y de los respectivos asientos, mediante presentaci贸n en el Registro del acta notarial de entrega de las cantidades adeudadas o del mandamiento judicial, en su caso.
5.陋 Transcurridos cinco d铆as desde la pr谩ctica del requerimiento, se proceder谩 a la subasta, cuya convocatoria se anunciar谩 en el "Bolet铆n Oficial del Estado". La subasta se celebrar谩 de forma electr贸nica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Bolet铆n Oficial del Estado. La subasta admitir谩 posturas durante un plazo m铆nimo de veinte d铆as naturales desde su apertura y no se cerrar谩 hasta transcurrida una hora desde la realizaci贸n de la 煤ltima postura, aunque ello conlleve la ampliaci贸n del plazo inicial de veinte d铆as a que se refiere este art铆culo por un m谩ximo de 24 horas.
6.陋 La realizaci贸n del valor del bien se llevar谩 a cabo a trav茅s de una 煤nica subasta para la que servir谩 de tipo el valor de tasaci贸n establecido en la escritura de constituci贸n de hipoteca. No obstante, si se presentaran posturas por un importe igual o superior al 70 por ciento del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, se entender谩 adjudicada la finca a quien presente la mejor postura.
Cuando la mejor postura presentada fuera inferior al 70 por ciento del tipo se帽alado para la subasta, podr谩 el deudor presentar, en plazo de diez d铆as, tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad igual o superior al 70 por ciento del valor de tasaci贸n o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacci贸n del derecho del acreedor.
Transcurrido el expresado plazo sin que el deudor o el titular registral del dominio de los bienes realice lo previsto en el p谩rrafo anterior, el acreedor podr谩 pedir, dentro del t茅rmino de cinco d铆as, la adjudicaci贸n del bien o bienes por el 70 por ciento del valor en que hubiera salido a subasta, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que dicha cantidad sea superior al 60 por ciento del valor de tasaci贸n y a la mejor postura.
Si el acreedor no hiciese uso de la mencionada facultad, se entender谩 rematado el bien por quien haya presentado la mejor postura, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por ciento del valor de tasaci贸n o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad reclamada por todos los conceptos.
Si en la subasta no hubiere ning煤n postor podr谩 el acreedor, en el plazo de diez d铆as, pedir la adjudicaci贸n por cantidad igual o superior al 50 por ciento de su valor de tasaci贸n o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
7.陋 El acreedor ejecutante podr谩 concurrir a la subasta como licitador, siempre que existan otros licitadores, sin necesidad de consignar cantidad alguna. Todos los dem谩s licitadores deber谩n depositar, para tomar parte en la subasta, el 5 por 100 del valor de tasaci贸n. La consignaci贸n podr谩 realizarse consintiendo su reserva a los efectos de la regla siguiente.
8.陋 Terminada la subasta con adjudicaci贸n al mejor postor, depositar谩 茅ste en poder del Notario, dentro del segundo d铆a, la diferencia entre el dep贸sito previo y el precio de adjudicaci贸n, y se devolver谩 a los dem谩s licitadores el dep贸sito que hubieren constituido. Si el adjudicatario no consignare aquella cantidad, ser谩 adjudicado el bien al postor que siguiese al primero en el orden de sus posturas y que hubiera consentido la reserva de su consignaci贸n. Las consignaciones de aquellos postores que no hubieran acudido a satisfacer la diferencia, se destinar谩n al pago de los gastos del procedimiento y el exceso, si lo hubiere, al pago del cr茅dito e intereses.
Cuando el adjudicatario fuere el propio acreedor, deber谩 consignar la diferencia entre la cantidad reclamada y el precio de la adjudicaci贸n, y si no lo hiciere ser谩 responsable de los gastos de la subasta celebrada y de las posteriores que fueren necesarias.
9.陋 La cantidad obtenida en la subasta se destinar谩, una vez satisfechos todos los gastos del procedimiento, al pago del cr茅dito por principal e intereses.
El exceso se entregar谩, por el Notario, al hipotecante o al tercer poseedor si no existieren otras personas que hubieren trabado embargo sobre ellos o interpuesto reclamaci贸n judicial, y si las hubiere, se depositar谩 a su disposici贸n en un establecimiento p煤blico destinado al efecto.
10.陋 La adjudicaci贸n de los bienes se har谩 constar en escritura p煤blica otorgada por el adjudicatario y el deudor, o el hipotecante no deudor o tercer poseedor, seg煤n proceda, o su respectivo causahabiente y, si estos 煤ltimos no hubieren comparecido, la otorgar谩 en su nombre el mandatario designado al efecto.
En esta escritura p煤blica se har谩n constar los tr谩mites observados, el precio de la adjudicaci贸n, su pago por el adjudicatario, el pago hecho al acreedor y el destino dado al exceso, si lo hubiere.
Si el adjudicatario fuere el mismo acreedor y hubiere sido adem谩s nombrado mandatario, podr谩 otorgar la escritura p煤blica en este doble concepto, haci茅ndose constar lo antes dicho.
La escritura p煤blica de adjudicaci贸n ser谩 t铆tulo bastante para acreditar la propiedad de los bienes y para practicar la cancelaci贸n de la hipoteca y de los asientos posteriores, si en ella constare el pago hecho al acreedor y el destino dado al exceso si lo hubiere.
Si el rematante fuere copropietario o tercer poseedor de los bienes subastados, una vez consignado el importe del remate, el Notario limitar谩 la adjudicaci贸n a las dem谩s participaciones indivisas que se ejecuten o, sin verificarla, declarar谩 terminado el procedimiento, seg煤n los casos. Una copia del acta de la subasta, cuando no exista adjudicaci贸n, ser谩 igualmente t铆tulo bastante para practicar la cancelaci贸n de la hipoteca y de los asientos posteriores, si en ella constare el pago hecho al acreedor y el destino dado al exceso si lo hubiere.
11.陋 Si la subasta quedara desierta y el acreedor no pidiere la adjudicaci贸n, se dar谩 por terminado el procedimiento sin efecto, y quedar谩 expedito el derecho de aqu茅l para ejercitarlo en procedimiento judicial correspondiente.
Si el precio de los bienes rematados fuere insuficiente para pagar el cr茅dito total del acreedor, conservar谩 茅ste su derecho por la diferencia.
12.陋 Los tr谩mites del procedimiento, excepci贸n hecha de la escritura de adjudicaci贸n de los bienes, se har谩n constar por diligencias a continuaci贸n del acta de iniciaci贸n a que se refiere la regla segunda.
Esta acta se incorporar谩 al protocolo en la fecha que corresponda a la 煤ltima diligencia practicada. Otorgada la escritura p煤blica de adjudicaci贸n, se har谩 constar por nota en dicha acta.
13.陋 El adjudicatario de los bienes ser谩 puesto en posesi贸n de los mismos por la persona que la tuviere, conforme a la regla tercera. Si no le fueren entregados, podr谩 pedir la posesi贸n judicial de los mismos conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudiera ejercitar contra quien se hubiere negado injustamente a la entrega.»
Cuatro. El art铆culo 88 queda redactado en la siguiente forma:
«Art铆culo 88
El procedimiento de venta extrajudicial s贸lo podr谩 suspenderse por alguna de las causas siguientes:
Primera. Que se presentare certificaci贸n del Registro acreditativa de estar cancelada la hipoteca o presentada escritura p煤blica de carta de pago o cancelaci贸n de aqu茅lla.
Segunda. Cuando se acredite documentalmente la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del t铆tulo en virtud del cual se proceda, la invalidez o ilicitud del procedimiento de venta.
Tercera. Si constare al Notario la declaraci贸n de concurso del deudor, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de la subasta del bien. En este caso s贸lo se alzar谩 la suspensi贸n cuando se acredite, mediante testimonio de la resoluci贸n del Juez del concurso, que los bienes o derechos no est谩n afectos, o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.
Cuarta. Si se interpusiera demanda de tercer铆a de dominio, acompa帽ando inexcusablemente con ella t铆tulo de propiedad, anterior a la fecha de la escritura de hipoteca. Si se tratare de bienes susceptibles de inscripci贸n en alg煤n Registro, dicho t铆tulo habr谩 de estar inscrito tambi茅n con fecha anterior a la hipoteca. La suspensi贸n subsistir谩 hasta el t茅rmino de juicio de tercer铆a.
Quinta. Si se acreditare, con certificaci贸n del Registro correspondiente, que los mismos bienes est谩n sujetos a otra hipoteca mobiliaria o afectos a hipoteca inmobiliaria, en virtud del art铆culo 111 de la Ley Hipotecaria, vigentes o inscritas antes de la que motivare el procedimiento. Estos hechos se pondr谩n en conocimiento del Juzgado correspondiente, a los efectos prevenidos en el art铆culo 1862 del C贸digo Civil.
En los dos casos precedentes, si la causa de la suspensi贸n afectare s贸lo a parte de los bienes comprendidos en la hipoteca mobiliaria, podr谩 seguir el procedimiento respecto de los dem谩s, si as铆 lo solicitare el acreedor.
Tambi茅n se suspender谩 la venta extrajudicial cuando cualquiera de las partes acredite haber planteado ante el Juez que sea competente el car谩cter abusivo de alguna de las cl谩usulas contractuales del pr茅stamo hipotecario que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese determinado la cantidad exigible. Una vez sustanciada la cuesti贸n, y siempre que, de acuerdo con la resoluci贸n judicial correspondiente, no se trate de una cl谩usula abusiva que constituya el fundamento de la ejecuci贸n o hubiera determinado la cantidad exigible, el Notario podr谩 proseguir la venta extrajudicial a requerimiento del acreedor.
Verificada alguna de las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el Notario acordar谩 la suspensi贸n del procedimiento hasta que, respectivamente, terminen el procedimiento criminal o el procedimiento registral si no se declarase la falsedad o no se inscribiese la cancelaci贸n de la hipoteca.
La suspensi贸n de la subasta por un periodo superior a 15 d铆as llevar谩 consigo la liberaci贸n de las consignaciones o devoluci贸n de los avales prestados, retrotrayendo la situaci贸n al momento inmediatamente anterior a la publicaci贸n del anuncio. La reanudaci贸n de la subasta se realizar谩 mediante una nueva publicaci贸n del anuncio y una nueva petici贸n de informaci贸n registral como si de una nueva subasta se tratase.
Si la reclamaci贸n del acreedor y la iniciaci贸n de la venta extrajudicial tuvieran su base en alguna causa que no sea el vencimiento del plazo o la falta de pago de intereses o de cualquier otra prestaci贸n a que estuviere obligado el deudor, se suspender谩 dicho procedimiento siempre que con anterioridad a la subasta se hubiere hecho constar en el Registro la oposici贸n al mismo, formulada en juicio declarativo. A este efecto, el Juez, al mismo tiempo que ordene la anotaci贸n preventiva de la demanda, acordar谩 que se notifique al Notario la resoluci贸n reca铆da.»
Cinco. El p谩rrafo primero del art铆culo 89 queda redactado en la siguiente forma:
«En la hipoteca de establecimientos mercantiles se observar谩n, adem谩s de las reglas establecidas anteriormente, las siguientes:»
Decimocuarta. Modificaci贸n del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio
Uno. Los apartados 3 y 4 del art铆culo 139 y el apartado 2 del art铆culo 141 quedan redactados de la siguiente forma:
«Art铆culo 139
3. En el caso de que la sociedad no hubiera reducido el capital social dentro de los dos meses siguientes a la fecha de finalizaci贸n del plazo para la enajenaci贸n, cualquier interesado podr谩 solicitar la reducci贸n del capital al Secretario judicial o Registrador mercantil del lugar del domicilio social. Los administradores est谩n obligados a solicitar la reducci贸n judicial o registral del capital social cuando el acuerdo de la junta hubiera sido contrar铆o a esa reducci贸n o no pudiera ser logrado.
El expediente ante el Secretario judicial se tramitar谩 conforme a lo establecido en la Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria. La solicitud dirigida al Registrador mercantil se tramitar谩 de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil.
La decisi贸n favorable o desfavorable ser谩 recurrible ante el Juez de lo Mercantil.
4. Las participaciones sociales o acciones de la sociedad dominante ser谩n enajenadas a instancia de parte interesada por el Secretario judicial o Registrador mercantil de conformidad con el procedimiento previsto para aqu茅llos en la Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria y en el Reglamento del Registro Mercantil para 茅stos.»
«Art铆culo 141
2. Si las participaciones no fueran enajenadas en el plazo se帽alado, la sociedad deber谩 acordar inmediatamente su amortizaci贸n y la reducci贸n del capital. Si la sociedad omite estas medidas, cualquier interesado podr谩 solicitar su adopci贸n por el Secretario judicial o por el Registrador mercantil del domicilio social. Los administradores de la sociedad adquirente est谩n obligados a solicitar la adopci贸n de estas medidas, cuando, por las circunstancias que fueran, no pueda lograrse el correspondiente acuerdo de amortizaci贸n y de reducci贸n del capital.
El expediente ante el Secretario judicial se acomodar谩 a los tr谩mites de jurisdicci贸n voluntaria. La solicitud dirigida al Registrador mercantil se tramitar谩 de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil.
La decisi贸n favorable o desfavorable podr谩 recurrirse ante el Juez de lo Mercantil.»
Dos. Los art铆culos 169, 170 y 171 quedan redactados de la siguiente forma:
«Art铆culo 169. Competencia para la convocatoria
1. Si la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, no fueran convocadas dentro del correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podr谩 serlo, a solicitud de cualquier socio, previa audiencia de los administradores, por el Secretario judicial o Registrador mercantil del domicilio social.
2. Si los administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la junta general efectuada por la minor铆a, podr谩 realizarse la convocatoria, previa audiencia de los administradores, por el Secretario judicial o por el Registrador mercantil del domicilio social.
Art铆culo 170. R茅gimen de la convocatoria
1. El Secretario judicial proceder谩 a convocar a la junta general de conformidad con lo establecido en la legislaci贸n de jurisdicci贸n voluntaria.
2. El Registrador mercantil proceder谩 a convocar la junta general en el plazo de un mes desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicar谩 el lugar, d铆a y hora para la celebraci贸n as铆 como el orden del d铆a y designar谩 al presidente y secretario de la junta.
3. Contra la resoluci贸n por la que se acuerde la convocatoria de la junta general no cabr谩 recurso alguno.
4. Los gastos de la convocatoria registral ser谩n de cuenta de la sociedad.
Art铆culo 171. Convocatoria en casos especiales
En caso de muerte o de cese del administrador 煤nico, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayor铆a de los miembros del consejo de administraci贸n, sin que existan suplentes, cualquier socio podr谩 solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores.
Adem谩s, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podr谩 convocar la junta general con ese 煤nico objeto.»
Tres. Los art铆culos 265 y 266 quedan redactados de la siguiente forma:
«Art铆culo 265. Competencia para el nombramiento de auditor
1. Cuando la junta general no hubiera nombrado al auditor antes de que finalice el ejercicio a auditar, debiendo hacerlo, o la persona nombrada no acepten el cargo o no pueda cumplir sus funciones, los administradores y cualquier socio podr谩n solicitar del Secretario judicial o Registrador mercantil del domicilio social la designaci贸n de la persona o personas que deban realizar la auditor铆a.
En las sociedades an贸nimas, la solicitud podr谩 ser realizada tambi茅n por el comisario del sindicato de obligacionistas.
2. En las sociedades que no est茅n obligadas a someter las cuentas anuales a verificaci贸n por un auditor, los socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podr谩n solicitar del Secretario judicial o Registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un auditor de cuentas para que efect煤e la revisi贸n de las cuentas anuales de un determinado ejercicio siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio.
3. La solicitud dirigida al Registrador mercantil se tramitar谩 de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.
Si el nombramiento se instar谩 ante el Secretario judicial, se seguir谩n los tr谩mites establecidos en la legislaci贸n de jurisdicci贸n voluntaria.
4. La resoluci贸n del Registrador mercantil por la que se acuerde o rechace el nombramiento ser谩 recurrible de conformidad con las previsiones del Reglamento del Registro Mercantil. La resoluci贸n del Secretario judicial ser谩 recurrible ante el Juez de lo Mercantil.
Art铆culo 266. Revocaci贸n del auditor
1. Cuando concurra justa causa, los administradores de la sociedad y las personas legitimadas para solicitar el nombramiento de auditor podr谩n pedir al Secretario judicial o Registrador mercantil la revocaci贸n del que hubieran nombrado ellos o del designado por la junta general y el nombramiento de otro.
2. La solicitud dirigida al Registrador mercantil se tramitar谩 de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.
Si la revocaci贸n se instar谩 ante el Secretario judicial, se seguir谩n los tr谩mites establecidos en la legislaci贸n de jurisdicci贸n voluntaria.
3. La resoluci贸n que se dicte sobre la revocaci贸n del auditor ser谩 recurrible ante el Juez de lo Mercantil.»
Cuatro. Los art铆culos 377 y 380 quedan redactados de la siguiente forma:
«Art铆culo 377. Cobertura de vacantes
1. En caso de fallecimiento o de cese del liquidador 煤nico, de todos los liquidadores solidarios, de alguno de los liquidadores que act煤en conjuntamente, o de la mayor铆a de los liquidadores que act煤en colegiadamente, sin que existan suplentes, cualquier socio o persona con inter茅s leg铆timo podr谩 solicitar del Secretario judicial o Registrador mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los liquidadores. Adem谩s, cualquiera de los liquidadores que permanezcan en el ejercicio del cargo podr谩 convocar la junta general con ese 煤nico objeto.
2. Cuando la junta convocada de acuerdo con el apartado anterior no proceda al nombramiento de liquidadores, cualquier interesado podr谩 solicitar su designaci贸n al Secretario judicial o Registrador mercantil del domicilio social.
3. La solicitud dirigida al Registrador mercantil se tramitar谩 de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. La instada ante el Secretario judicial seguir谩 los tr谩mites establecidos en la legislaci贸n de jurisdicci贸n voluntaria.
4. La resoluci贸n por la que se acuerde o rechace el nombramiento, ser谩 recurrible ante el Juez de lo Mercantil.»
«Art铆culo 380. Separaci贸n de los liquidadores
1. La separaci贸n de los liquidadores designados por la junta general, podr谩 ser acordada por la misma aun cuando no conste en el orden del d铆a. Si los liquidadores hubieran sido designados en los estatutos sociales, el acuerdo deber谩 ser adoptado con los requisitos de mayor铆a y, en el caso de sociedades an贸nimas, de qu贸rum, establecidos para la modificaci贸n de los estatutos.
Los liquidadores de la sociedad an贸nima podr谩n tambi茅n ser separados por decisi贸n del Secretario judicial o Registrador mercantil del domicilio social, mediante justa causa, a petici贸n de accionistas que representen la vig茅sima parte del capital social.
2. La separaci贸n de los liquidadores nombrados por el Secretario judicial o por Registrador mercantil s贸lo podr谩 ser decidida por aqu茅l que los hubiera nombrado, a solicitud fundada de quien acredite inter茅s leg铆timo.
3. La resoluci贸n que se dicte sobre la separaci贸n de los liquidadores ser谩 recurrible ante el Juez de lo Mercantil.»
Cinco. Los art铆culos 381 y 389 quedan redactados de la siguiente forma:
«Art铆culo 381. Interventores
1. En caso de liquidaci贸n de sociedades an贸nimas, los accionistas que representen la vig茅sima parte del capital social podr谩n solicitar del Secretario judicial o del Registrador mercantil del domicilio social la designaci贸n de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidaci贸n.
Si la sociedad hubiera emitido y tuviera en circulaci贸n obligaciones, tambi茅n podr谩 nombrar un interventor el sindicato de obligacionistas.
2. La solicitud dirigida al Registrador mercantil se tramitar谩 de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. La instada ante el Secretario judicial seguir谩 los tr谩mites establecidos en la legislaci贸n de jurisdicci贸n voluntaria.
3. La resoluci贸n por la que se acuerde o rechace el nombramiento, ser谩 recurrible ante el Juez de lo Mercantil.»
«Art铆culo 389. Sustituci贸n de los liquidadores por duraci贸n excesiva de la liquidaci贸n
1. Transcurridos tres a帽os desde la apertura de la liquidaci贸n sin que se haya sometido a la aprobaci贸n de la junta general el balance final de liquidaci贸n, cualquier socio o persona con inter茅s leg铆timo podr谩 solicitar del Secretario judicial o Registrador mercantil del domicilio social la separaci贸n de los liquidadores.
2. El Secretario judicial o Registrador mercantil, previa audiencia de los liquidadores, acordar谩 la separaci贸n si no existiere causa que justifique la dilaci贸n y nombrar谩 liquidadores a la persona o personas que tenga por conveniente, fijando su r茅gimen de actuaci贸n.
3. La resoluci贸n que se dicte sobre la revocaci贸n del auditor ser谩 recurrible ante el Juez de lo Mercantil.»
Seis. El art铆culo 422 queda redactado de la siguiente forma:
«Art铆culo 422. Facultad y obligaci贸n de convocar la asamblea
1. La asamblea general de obligacionistas podr谩 ser convocada por los administradores de la sociedad o por el comisario. 脡ste, adem谩s, deber谩 convocarla siempre que lo soliciten obligacionistas que representen, por los menos, la vig茅sima parte de las obligaciones emitidas y no amortizadas.
2. El comisario podr谩 requerir la asistencia de los administradores de la sociedad y 茅stos asistir aunque no hubieren sido convocados.
3. Si el comisario no atiende oportunamente la solicitud de convocatoria de la asamblea efectuada por los obligacionistas a que se refiere el apartado 1, podr谩 realizarse la convocatoria, previa audiencia del comisario, por el Secretario judicial o por el Registrador mercantil del domicilio social.
El Secretario judicial proceder谩 a convocar la asamblea general de obligacionistas de conformidad con lo establecido en la legislaci贸n de jurisdicci贸n voluntaria.
El Registrador mercantil proceder谩 a convocar la asamblea general en la forma contemplada en el Reglamento del Registro Mercantil.
Contra el decreto o resoluci贸n por la que se acuerde la convocatoria de la asamblea general de obligacionistas no cabr谩 recurso alguno.»
Siete. El apartado 2 del art铆culo 492 pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«2. Si las juntas no fueran convocadas dentro de los plazos establecidos por el Reglamento (CE) n.潞 2157/2001 o los estatutos, podr谩n serlo por el consejo de control o, a petici贸n de cualquier socio, por el Registrador mercantil del domicilio social conforme a lo previsto para las juntas generales en esta Ley.»
Decimoquinta. Modificaci贸n de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulaci贸n de la emisi贸n de obligaciones por Sociedades que no hayan adoptado la forma de An贸nimas, Asociaciones u otras personas jur铆dicas y la constituci贸n del Sindicato de Obligacionistas
El art铆culo sexto queda redactado de la siguiente forma:
«Art铆culo sexto
Las Sociedades que no hayan adoptado la forma de An贸nimas y las Asociaciones y dem谩s personas jur铆dicas que emitan obligaciones de cualquier clase, deber谩n constituir el Sindicato de Obligacionistas y designar un Comisario, que concurrir谩 al otorgamiento de la escritura de emisi贸n en nombre de los futuros tenedores de los t铆tulos.
Si las Entidades emisoras no constituyen el Sindicato de Obligacionistas a que se refiere el p谩rrafo anterior, podr谩n tomar la iniciativa y solicitar su constituci贸n los propios obligacionistas que representen, como m铆nimo el treinta por ciento del total de la serie o emisi贸n, previa deducci贸n de las amortizaciones realizadas mediante solicitud ante el Registrador mercantil del domicilio de la entidad emisora, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. A la Asamblea en que se adopten estas decisiones deber谩 ser convocada la Entidad emisora y el Comisario designado en la escritura de emisi贸n.»
Decimosexta. Modificaci贸n de la disposici贸n transitoria 煤nica de la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesi贸n de los t铆tulos nobiliarios
El apartado 3 de la disposici贸n transitoria 煤nica queda redactado en los siguientes t茅rminos:
«3. No obstante lo previsto por el apartado 1 de esta disposici贸n transitoria, la presente Ley se aplicar谩 a todos los expedientes relativos a Grandezas de Espa帽a y t铆tulos nobiliarios que el d铆a 27 de julio de 2005 estuvieran pendientes de resoluci贸n administrativa o jurisdiccional, tanto en la instancia como en v铆a de recurso, as铆 como a los expedientes que se hubieran promovido entre aquella fecha, en la cual se present贸 la originaria proposici贸n de Ley en el Congreso de los Diputados, y el 20 de noviembre de 2006, fecha de entrada en vigor de la presente Ley. La autoridad administrativa o jurisdiccional ante quien penda el expediente o el proceso conceder谩 de oficio tr谩mite a las partes personadas a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga de conformidad con la nueva Ley en el plazo com煤n de cinco d铆as.»
Decimos茅ptima. Modificaci贸n del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre
Uno. El apartado 2 del art铆culo 19 queda redactado como sigue:
«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, para la protecci贸n de los leg铆timos intereses econ贸micos y sociales de los consumidores y usuarios, las pr谩cticas comerciales de los empresarios dirigidas a ellos est谩n sujetas a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley de Ordenaci贸n del Comercio Minorista. A estos efectos, se consideran pr谩cticas comerciales de los empresarios con los consumidores y usuarios todo acto, omisi贸n, conducta, manifestaci贸n o comunicaci贸n comercial, incluida la publicidad y la comercializaci贸n, directamente relacionada con la promoci贸n, la venta o el suministro de bienes o servicios, incluidos los bienes inmuebles, as铆 como los derechos y obligaciones, con independencia de que sea realizada antes, durante o despu茅s de una operaci贸n comercial.
No tienen la consideraci贸n de pr谩cticas comerciales las relaciones de naturaleza contractual, que se regir谩n conforme a lo previsto en el art铆culo 59.»
Dos. La letra a) del art铆culo 141 queda redactada como sigue:
«a) De la cuant铆a de la indemnizaci贸n de los da帽os materiales se deducir谩 una franquicia de 500,00 euros.»
Tres. El art铆culo 163 queda redactado como sigue:
«Art铆culo 163. Garant铆a de la responsabilidad contractual
1. Los organizadores y detallistas de viajes combinados tendr谩n la obligaci贸n de constituir y mantener de manera permanente una garant铆a en los t茅rminos que determine la Administraci贸n tur铆stica competente, para responder con car谩cter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestaci贸n de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado y, especialmente, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos los pagos realizados por los viajeros en la medida en que no se hayan realizado los servicios correspondientes y, en el caso de que se incluya el transporte, de la repatriaci贸n efectiva de los mismos. La exigencia de esta garant铆a se sujetar谩 en todo caso a lo establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant铆a de la unidad de mercado.
2. Tan pronto como sea evidente que la ejecuci贸n del viaje combinado se vea afectado por la falta de liquidez de los organizadores o detallistas, en la medida en que el viaje no se ejecute o se ejecute parcialmente o los prestadores de servicios requieran a los viajeros pagar por ellos, el viajero podr谩 acceder f谩cilmente a la protecci贸n garantizada, sin tr谩mites excesivos, sin ninguna demora indebida y de forma gratuita.
3. En caso de ejecutarse la garant铆a, deber谩 reponerse en el plazo de quince d铆as, hasta cubrir nuevamente la totalidad inicial de la misma.»
Decimoctava. Modificaci贸n de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 谩mbito de la Administraci贸n de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses
Se modifica la letra e) del apartado 1 del art铆culo 4 queda redactada como sigue:
«e) La interposici贸n de la demanda de ejecuci贸n de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo y por las Juntas Arbitrales del Transporte, en este 煤ltimo caso cuando la cuant铆a por la que se pide ejecuci贸n sea inferior a 2.000 euros, as铆 como del acta notarial de reclamaci贸n de deuda dineraria no contradicha.»
Decimonovena. Gratuidad de determinados expedientes notariales y registrales
1. Se reconocer谩n las prestaciones previstas en la normativa de asistencia jur铆dica gratuita referidas a la reducci贸n de los aranceles notariales y registrales, la gratuidad de las publicaciones y, en su caso, la intervenci贸n de peritos, a los siguientes expedientes:
a) En materia de sucesiones: El de declaraci贸n de herederos abintestato; el de presentaci贸n, adveraci贸n, apertura y lectura, y protocolizaci贸n de testamentos, y el de formaci贸n de inventario de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado.
b) En materia de derechos reales: el deslinde y amojonamiento de las fincas inscritas; el de dominio para la inmatriculaci贸n de fincas que no est茅n inscritas a favor de persona alguna; el de reanudaci贸n del tracto sucesivo interrumpido; el de subsanaci贸n de la doble o m煤ltiple inmatriculaci贸n y el de liberaci贸n registral de cargas o grav谩menes extinguidos por prescripci贸n, caducidad o no uso, de la Ley Hipotecaria.
2. La acreditaci贸n de los requisitos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones se帽aladas en el apartado anterior tendr谩 lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, ante el Colegio Notarial o Registro que corresponda, los cuales tendr谩n las facultades previstas por dicha ley para verificar la exactitud y realidad de los datos econ贸micos que proporcionen los solicitantes.
Cuando se solicite el reconocimiento del derecho para la asistencia de Letrado en los casos de separaci贸n o divorcio ante Notario, la acreditaci贸n se realizar谩 en la misma forma prevista en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita.
Vig茅sima. T铆tulo competencial
La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que, en materia de legislaci贸n procesal, corresponde al Estado conforme al art铆culo 149.1.6.陋 de la Constituci贸n.
Se except煤an de lo anterior las disposiciones finales primera, cuarta, quinta, sexta, s茅ptima, octava, d茅cima, decimocuarta y decimoctava, que se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de legislaci贸n civil conforme al art铆culo 149.1.8.陋 de la Constituci贸n. Asimismo, la disposici贸n adicional cuarta y las disposiciones finales und茅cima, duod茅cima y decimotercera, que se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de ordenaci贸n de los registros e instrumentos p煤blicos, conforme al art铆culo 149.1.8.陋 de la Constituci贸n. Finalmente, las disposiciones finales segunda, novena, decimoquinta y decimosexta, que se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de legislaci贸n mercantil, conforme al art铆culo 149.1.6.陋 de la Constituci贸n.
Vig茅sima primera. Entrada en vigor
La presente ley entrar谩 en vigor a los veinte d铆as de su publicaci贸n oficial en el «Bolet铆n Oficial del Estado» excepto:
1. Las disposiciones del Cap铆tulo III del T铆tulo II de esta Ley, reguladoras de la adopci贸n, que entrar谩n en vigor cuando entre en vigor la Ley de Modificaci贸n del sistema de Protecci贸n a la infancia y a la adolescencia.
2. Las disposiciones del T铆tulo VII de esta Ley que regulan las subastas voluntarias celebradas por los Secretarios judiciales, y las del Cap铆tulo V del T铆tulo VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado contenidas en la disposici贸n final und茅cima, que establecen el r茅gimen de las subastas notariales, que entrar谩n en vigor el 15 de octubre de 2015.
3. Las modificaciones de los art铆culos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del C贸digo Civil contenidas en la disposici贸n final primera, as铆 como las modificaciones de los art铆culos 58, 58 bis, disposici贸n final segunda y disposici贸n final quinta bis de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposici贸n final cuarta, relativas a la tramitaci贸n y celebraci贸n del matrimonio civil, que lo har谩n en la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
4. Las modificaciones del art铆culo 7 del Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Entidades Religiosas Evang茅licas de Espa帽a, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre; las del art铆culo 7 del Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Comunidades Israelitas de Espa帽a, aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre; y las del art铆culo 7 del Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Comisi贸n Isl谩mica de Espa帽a, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, contenidas en las disposiciones finales quinta, sexta y s茅ptima respectivamente, que lo har谩n en la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
5. Las disposiciones de la secci贸n 1.陋 del cap铆tulo II del t铆tulo VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, contenidas en la disposici贸n final und茅cima, que establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura p煤blica de celebraci贸n del matrimonio, que lo har谩n en la fecha de la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Precepto modificado por Ley 4/2017, de 28 de junio, con entrada en vigor a partir del 30-6-2017
路 Modificados puntos 3, 4 y 5 de la disposici贸n final vig茅sima primera
Redacci贸n hasta el 30-6-2017
La presente ley entrar谩 en vigor a los veinte d铆as de su publicaci贸n oficial en el «Bolet铆n Oficial del Estado» excepto:
1. Las disposiciones del Cap铆tulo III del T铆tulo II de esta Ley, reguladoras de la adopci贸n, que entrar谩n en vigor cuando entre en vigor la Ley de Modificaci贸n del sistema de Protecci贸n a la infancia y a la adolescencia.
2. Las disposiciones del T铆tulo VII de esta Ley que regulan las subastas voluntarias celebradas por los Secretarios judiciales, y las del Cap铆tulo V del T铆tulo VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado contenidas en la disposici贸n final und茅cima, que establecen el r茅gimen de las subastas notariales, que entrar谩n en vigor el 15 de octubre de 2015.
3. Las modificaciones de los art铆culos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del C贸digo Civil contenidas en la Disposici贸n final primera, as铆 como las modificaciones de los art铆culos 58, 58 bis, disposici贸n final segunda y disposici贸n final quinta bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposici贸n final cuarta, relativas a la tramitaci贸n y celebraci贸n del matrimonio civil, que entrar谩n en vigor el 30 de junio de 2017.
4. Las modificaciones del art铆culo 7 del Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Entidades Religiosas Evang茅licas de Espa帽a, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre; las del art铆culo 7 del Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Federaci贸n de Comunidades Israelitas de Espa帽a, aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre; y las del art铆culo 7 del Acuerdo de Cooperaci贸n del Estado con la Comisi贸n Isl谩mica de Espa帽a, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, contenidas en las disposiciones finales quinta, sexta y s茅ptima respectivamente, que entrar谩n en vigor el 30 de junio de 2017.
5. Las disposiciones de la Secci贸n 1.陋 del Cap铆tulo II del T铆tulo VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, contenidas en la disposici贸n final und茅cima, que establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura p煤blica de celebraci贸n del matrimonio, que entrar谩n en vigor el 30 de junio de 2017.