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Referencia: SP/LEG/18211

LEY 26/2015, de 28 de julio, de modificaci贸n del sistema de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia

贸rgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO
publicaci贸n: B.O.E. num. 180 - 29/07/2015
entrada en vigor: 18/08/2015
Correcci贸n de errores. (BOE n.潞 285, de 28 de noviembre de 2015).
PRE脕MBULO
I
La Constituci贸n Espa帽ola establece en su art铆culo 39 la obligaci贸n de los poderes p煤blicos de asegurar la protecci贸n social, econ贸mica y jur铆dica de la familia, y en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
Entre estos acuerdos e instrumentos internacionales destacan dos Convenciones de Naciones Unidas, la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o, de 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990 y sus Protocolos facultativos, y la Convenci贸n de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, instrumento de ratificaci贸n de 23 noviembre de 2007. Adem谩s, resultan rese帽ables dos Convenios impulsados por la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado: el Convenio relativo a la protecci贸n del ni帽o y a la cooperaci贸n en materia de adopci贸n internacional, de 29 de mayo de 1993, ratificado el de 30 de junio de 1995 y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci贸n y la cooperaci贸n en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci贸n de los ni帽os, de 28 de mayo de 2010, ratificado el 6 de septiembre de 2010. Por otra parte, deben destacarse tambi茅n tres Convenios del Consejo de Europa, el relativo a la adopci贸n de menores, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, ratificado el 16 de julio de 2010, el relativo a la protecci贸n de los ni帽os contra la explotaci贸n y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, ratificado el 22 de julio de 2010, as铆 como el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Ni帽os, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, ratificado el 11 de noviembre de 2014. Y, finalmente, el Reglamento (CE) n.潞 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci贸n de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.潞 1347/2000.
La Ley Org谩nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci贸n Jur铆dica del Menor de modificaci贸n parcial del c贸digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en adelante Ley Org谩nica de Protecci贸n Jur铆dica del Menor constituye, junto a las previsiones del c贸digo Civil en esta materia, el principal marco regulador de los derechos de los menores de edad, garantiz谩ndoles una protecci贸n uniforme en todo el territorio del Estado. Esta ley ha sido el referente de la legislaci贸n que las Comunidades Aut贸nomas han ido aprobando posteriormente, de acuerdo con sus competencias en esta materia.
Sin embargo, transcurridos casi veinte a帽os desde su publicaci贸n, se han producido cambios sociales importantes que inciden en la situaci贸n de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protecci贸n jur铆dica, en aras del cumplimiento efectivo del citado art铆culo 39 de la Constituci贸n y las normas de car谩cter internacional mencionadas.
As铆 se constata en diversas propuestas y observaciones formuladas estos a帽os atr谩s por el Comit茅 de los Derechos del Ni帽o de Naciones Unidas (singularmente, la Observaci贸n general n.潞 13 de 2011 sobre el derecho del ni帽o a no ser objeto de ninguna forma de violencia y las observaciones finales a Espa帽a de 3 de noviembre de 2010), por el Defensor del Pueblo (en sus documentos «Menores o adultos. Procedimientos para la determinaci贸n de la edad' de 2011 y «La trata de seres humanos en Espa帽a: v铆ctimas invisibles' de 2012), por la Fiscal铆a General del Estado (en sus Circulares 8/2011, de 16 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuaci贸n especializada del Ministerio Fiscal en materia de protecci贸n de menores, y la 1/2012, de 3 de octubre, sobre el tratamiento sustantivo y procesal ante transfusiones de sangre y otras intervenciones m茅dicas sobre menores de edad en caso de riesgo grave) y en las conclusiones y recomendaciones de la Comisi贸n Especial del Senado de estudio de la problem谩tica de la adopci贸n nacional y otros temas afines (BOCG. Senado, serie I, n煤m. 545, de 17 de noviembre de 2010).
De acuerdo con todo ello, la presente ley tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislaci贸n espa帽ola de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia que permitan continuar garantizando a los menores una protecci贸n uniforme en todo el territorio del Estado y que constituya una referencia para las comunidades aut贸nomas en el desarrollo de su respectiva legislaci贸n en la materia. Adem谩s, y de modo rec铆proco, esta ley incorpora algunas novedades que ya han sido introducidas por algunas normas auton贸micas estos a帽os atr谩s.
La reforma consta de cuatro art铆culos, veintiuna disposiciones finales, adem谩s de siete disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y una disposici贸n derogatoria. En el art铆culo primero se recogen las modificaciones de la Ley Org谩nica, de Protecci贸n Jur铆dica del Menor; en el segundo las que afectan al c贸digo Civil; en el tercero las correspondientes a la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci贸n Internacional, en adelante Ley de Adopci贸n Internacional; en el cuarto las relativas a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en lo sucesivo Ley de Enjuiciamiento Civil; en la disposici贸n final primera las que afectan a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa, en adelante, Ley de Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa; en la disposici贸n final segunda las relativas a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b谩sica reguladora de la autonom铆a del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci贸n y documentaci贸n cl铆nica, en adelante Ley de la Autonom铆a del Paciente; en la disposici贸n final tercera la relativa al Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en la disposici贸n final cuarta la que afecta a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico; en la disposici贸n final quinta las que afectan a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci贸n a las Familias Numerosas; en las disposiciones finales sexta y s茅ptima, las relativas a la Ley Org谩nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci贸n, y a la Ley Org谩nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa; en la disposici贸n final octava las correspondientes a la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo; en la disposici贸n final novena, la que afecta a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoci贸n de la autonom铆a personal y atenci贸n a las personas en situaci贸n de dependencia; en las disposiciones finales d茅cima a decimocuarta las que afectan a la modificaci贸n del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley 35/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicci贸n Social, y al texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Las siete 煤ltimas disposiciones finales se refieren al t铆tulo competencial, habilitaci贸n normativa a las Ciudades de Ceuta y Melilla y al Gobierno en general, a la creaci贸n del registro central de delincuentes sexuales, a las modificaciones y desarrollos reglamentarios, a la incorporaci贸n de normativa europea, al no incremento del gasto presupuestario y a la entrada en vigor.
En la disposici贸n adicional primera, se recoge la referencia a la utilizaci贸n en los textos legales de la expresi贸n «Entidad P煤blica' en relaci贸n a la Entidad P煤blica de protecci贸n de menores competente territorialmente; en la disposici贸n adicional segunda, las referencias al acogimiento preadoptivo, al acogimiento simple y a las Entidades Colaboradoras de Adopci贸n Internacional; la disposici贸n adicional tercera habilita al Gobierno a promover, con las Comunidades Aut贸nomas, el establecimiento de criterios comunes y m铆nimos est谩ndares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicaci贸n de la presente ley; la disposici贸n adicional cuarta establece el r茅gimen jur铆dico de los centros espec铆ficos de protecci贸n de menores con problemas de conducta de entidades privadas colaboradoras de las entidades p煤blicas competentes; la disposici贸n adicional quinta establece un mecanismo interterritorial de asignaciones de familias para acogimiento, o, en su caso, adopci贸n; y la disposici贸n adicional sexta establece una equiparaci贸n de reg铆menes jur铆dicos de acogimiento previstos en la presente ley con relaci贸n a las normas existentes con anterioridad a la misma y a las legislaciones correspondientes de las Comunidades Aut贸nomas. Las dos primeras disposiciones transitorias establecen la normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados a la fecha de su entrada en vigor, as铆 como al cese de los acogimientos constituidos judicialmente.
II
Las modificaciones de la Ley Org谩nica de Protecci贸n Jur铆dica del Menor se refieren, b谩sicamente, a la adaptaci贸n de los principios de actuaci贸n administrativa a las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en Espa帽a, tales como la situaci贸n de los menores extranjeros, los que son v铆ctimas de violencia y la regulaci贸n de determinados derechos y deberes. Por otra parte, se realiza una profunda revisi贸n de las instituciones del sistema de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia.
Los art铆culos 5 y 7 sufren modificaciones derivadas de la ratificaci贸n por Espa帽a de la Convenci贸n de derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de adaptar la regulaci贸n en consecuencia.
Asimismo, se introduce una menci贸n expresa a la alfabetizaci贸n digital y medi谩tica, como herramienta imprescindible para que los menores puedan desarrollar su pensamiento cr铆tico y tomar parte activa en una sociedad participativa y en un mundo actual que no puede entenderse al margen de las nuevas tecnolog铆as de la informaci贸n y de la comunicaci贸n.
Se introduce un nuevo cap铆tulo III en el t铆tulo I con la r煤brica «Deberes del menor', en l铆nea con diversas normas internacionales y tambi茅n auton贸micas, en el que, desde la concepci贸n de los menores como ciudadanos, se les reconoce como corresponsables de las sociedades en las que participan y, por tanto, no solo titulares de derechos sino tambi茅n de deberes. En este sentido, se introducen cuatro nuevos art铆culos en los que se regulan los deberes de los menores en general y en los 谩mbitos familiar, escolar y social en particular.
En el art铆culo 10 se refuerzan las medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de los menores y se establece un marco regulador adecuado de los relativos a los menores extranjeros, reconociendo, respecto de los que se encuentren en Espa帽a y con independencia de su situaci贸n administrativa, sus derechos a la educaci贸n, a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales, tal y como se recogen en la Ley Org谩nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa帽a y su integraci贸n social, y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesi贸n y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, se reconoce el derecho a obtener la preceptiva documentaci贸n de residencia a todos los menores extranjeros que est茅n tutelados por las Entidades P煤blicas una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pa铆s de origen.
En el art铆culo 11 se introduce como principio rector de la actuaci贸n administrativa la protecci贸n de los menores contra cualquier forma de violencia, incluida la producida en su entorno familiar, de g茅nero, la trata y el tr谩fico de seres humanos y la mutilaci贸n genital femenina, entre otras. De acuerdo con ello, los poderes p煤blicos desarrollar谩n actuaciones de sensibilizaci贸n, prevenci贸n, asistencia y protecci贸n frente a cualquier forma de maltrato infantil, estableciendo los procedimientos que aseguren la coordinaci贸n entre las Administraciones P煤blicas competentes.
En estrecha relaci贸n con lo anterior, en el art铆culo 12 se garantiza el apoyo necesario para que los menores bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una v铆ctima de violencia de g茅nero o dom茅stica puedan permanecer con la misma. Asimismo, se introduce la presunci贸n de minor铆a de edad de una persona cuya mayor铆a de edad no haya podido establecerse con seguridad, hasta que se determine finalmente la misma.
En este mismo art铆culo se recogen los principios rectores de la reforma de las instituciones de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia se帽alando que se dar谩 prioridad a las medidas estables frente a las temporales, a las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas. Estos principios, vertebradores del sistema, ya hab铆an sido establecidos en las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los ni帽os de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de febrero de 2010, y en diversos documentos aprobados por el Servicio Social Internacional. Adem谩s, en el art铆culo 12, se recoge otro de los ejes de esta reforma, como es la obligaci贸n de las Entidades P煤blicas de revisar, en plazos concretos, las medidas de protecci贸n adoptadas. De esta manera se obliga a realizar un seguimiento personal de cada ni帽o, ni帽a o adolescente y una revisi贸n de la medida de protecci贸n.
En el art铆culo 13 se incorporan dos nuevos apartados en relaci贸n a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotaci贸n de los menores. Por una parte, se establece el deber que tienen todas las personas que tuvieran noticia de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos o de explotaci贸n de menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Se establece, adem谩s, como requisito para poder acceder y ejercer una profesi贸n o actividad que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o explotaci贸n de menores, dando con ello cumplimiento a los compromisos asumidos por Espa帽a al ratificar el Convenio relativo a la Protecci贸n de los Ni帽os contra la explotaci贸n y abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, y a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotaci贸n sexual de los menores y la pornograf铆a infantil y por la que se sustituye la Decisi贸n marco 2004/68/JAI del Consejo.
Directamente relacionado con lo anterior y a los efectos de prevenci贸n, se crea, dentro del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administraci贸n de Justicia, el Registro Central de Delincuentes Sexuales que contendr谩 la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotaci贸n de menores, e informaci贸n sobre su perfil gen茅tico de ADN. Con ello se pretende hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos no solo en Espa帽a sino tambi茅n en otros pa铆ses. Asimismo, la Administraci贸n General del Estado colaborar谩 con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Uni贸n Europea, para facilitar el intercambio de informaci贸n en este 谩mbito.
De acuerdo a los principios mencionados anteriormente, se opera la reforma de las instituciones de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia, y se establece una regulaci贸n estatal m谩s completa de las situaciones de riesgo y de desamparo, conceptos jur铆dicos indeterminados que, por vez primera, se definen en una normativa de rango estatal que b谩sicamente incorpora, como contenido sustantivo de las mismas, lo que la jurisprudencia y la legislaci贸n auton贸mica hab铆an recogido en estos a帽os.
As铆, en el art铆culo 14 se regula la instituci贸n de la guarda provisional dentro de las medidas de atenci贸n inmediata, que posteriormente se desarrollar谩 en el art铆culo 172 del c贸digo Civil.
En relaci贸n con la situaci贸n de riesgo, y mediante la reforma del art铆culo 17, se desarrolla de forma integral esta figura y su procedimiento, cuestiones ambas que no estaban reguladas a nivel estatal. La intervenci贸n adecuada para paliar e intervenir en las situaciones de riesgo en que pueden encontrarse los menores se torna de capital importancia para preservar su superior inter茅s, evitando en muchos casos que la situaci贸n se agrave, y que deban adoptarse decisiones mucho m谩s traum谩ticas y de mayor coste individual, familiar y social, como la separaci贸n del menor de su familia.
La regulaci贸n prev茅 que el proyecto de actuaci贸n pueda ser consensuado con los progenitores u otros responsables legales, respondiendo as铆 al principio ya aludido de primar las soluciones consensuadas frente a las impuestas. En caso de que se nieguen a su suscripci贸n o no colaboren posteriormente en el mismo, se declarar谩 la situaci贸n de riesgo mediante resoluci贸n administrativa, a fin de garantizarles la informaci贸n de c贸mo deben actuar para evitar una ulterior declaraci贸n de desamparo.
Especial relevancia se otorga a la intervenci贸n en las situaciones de posible riesgo prenatal a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaraci贸n de situaci贸n de riesgo o desamparo del reci茅n nacido. Tambi茅n se prev茅 una soluci贸n para los casos de atenci贸n sanitaria necesaria para el menor no consentida por sus progenitores u otros responsables legales, que conlleva tambi茅n la modificaci贸n de la Ley de la Autonom铆a del Paciente.
Son dos las principales novedades respecto de la regulaci贸n del desamparo. En el art铆culo 18 se completa la definici贸n de la situaci贸n de desamparo regulada en el art铆culo 172 del c贸digo Civil, estableciendo, por primera vez en una norma de car谩cter estatal, las circunstancias que la determinan, con lo que se introduce una importante clarificaci贸n y unificaci贸n de criterios para su declaraci贸n. Debe advertirse que a los efectos del apartado d), que establece como causa de desamparo el consumo habitual de sustancias con potencial adictivo por parte de progenitores, tutores o guardadores, se entiende como habitual los criterios de consumo perjudicial, abuso o dependencia, seg煤n las definiciones de la Organizaci贸n Mundial de la Salud o de la Asociaci贸n Americana de Psiquiatr铆a.
Adem谩s, se regula por vez primera la competencia de las Entidades P煤blicas respecto a la protecci贸n de los menores espa帽oles en situaci贸n de desprotecci贸n en un pa铆s extranjero y el procedimiento a seguir en caso de traslado de un menor protegido desde una Comunidad Aut贸noma a otra distinta, cuestiones que no estaban contempladas hasta el momento.
En el art铆culo 19 se establece la duraci贸n m谩xima de dos a帽os de la guarda de menores solicitada por los progenitores, salvo que el inter茅s superior aconseje excepcionalmente la pr贸rroga de la misma. De esta manera, se pretende evitar que se hagan cr贸nicas situaciones de guardas voluntarias en las que los progenitores ceden el cuidado de sus hijos a las Administraciones P煤blicas «sine die', priv谩ndoles por esta v铆a de soluciones familiares y permanentes, precisamente durante los a帽os clave de la primera infancia.
Debe destacarse el principio de la prioridad de la familia de origen, tanto a trav茅s de la ya mencionada regulaci贸n de la situaci贸n de riesgo, como cuando se se帽ala, en el nuevo art铆culo 19 bis que, en los casos de guarda o tutela administrativa del menor, la Entidad P煤blica deber谩 elaborar un plan individual de protecci贸n en el que se incluir谩 un programa de reintegraci贸n familiar, cuando 茅sta 煤ltima sea posible. Este art铆culo incorpora los criterios que la sentencia 565/2009, de 31 de julio de 2009, del Tribunal Supremo ha establecido para decidir si la reintegraci贸n familiar procede en inter茅s superior del menor, entre los que destacan el paso del tiempo o la integraci贸n en la familia de acogida. En este mismo art铆culo se prev茅 la reagrupaci贸n familiar de los menores extranjeros no acompa帽ados.
En el art铆culo 20, a fin de favorecer la agilidad y preservar el inter茅s de los menores, se simplifica la constituci贸n del acogimiento familiar, equipar谩ndolo al residencial, incluso aunque no exista previa conformidad de los progenitores o tutores, sin perjuicio del control jurisdiccional del mismo. Por otra parte, y por razones de t茅cnica jur铆dica y mejora de ubicaci贸n, se traslada al art铆culo 20 lo establecido hasta ahora en el art铆culo 173 del c贸digo Civil sobre formalizaci贸n del acogimiento y contenido del documento anexo que debe acompa帽ar al mismo, y se introduce la necesidad, como ocurre en la adopci贸n, de que se valore la adecuaci贸n de los acogedores, y se definen los criterios de la misma, criterios que no estaban hasta ahora recogidos en la normativa estatal. Adem谩s, se definen, de forma m谩s acorde con la realidad de la protecci贸n de menores actual, los dos tipos de acogimiento en relaci贸n con las caracter铆sticas de la familia acogedora, refiri茅ndose al acogimiento en la propia familia extensa del menor o en familia ajena.
En el art铆culo 20 bis, por vez primera, se regula el estatuto del acogedor familiar como conjunto de derechos y deberes. La trascendente funci贸n desempe帽ada por las familias de acogida hace muy conveniente que una disposici贸n general perfile su estatus y as铆 se hab铆a destacado en las conclusiones de la Comisi贸n Especial del Senado de Estudio de la problem谩tica de la adopci贸n nacional y otros temas afines. Asimismo, se ha incluido un art铆culo 21 bis en el que se recogen los derechos de los menores acogidos.
En relaci贸n al acogimiento residencial, el art铆culo 21 recoge la previsi贸n de la prioridad del acogimiento familiar respecto al residencial. Se trata de una disposici贸n ambiciosa cuyo fundamento estriba en que el menor necesita un ambiente familiar para un adecuado desarrollo de su personalidad, aspecto 茅ste en el que existe total consenso entre los psic贸logos y pedagogos. Si este objetivo es com煤n para todos, cuando son menores de seis a帽os, y de forma a煤n m谩s se帽alada e imprescindible si son menores de tres, la conveniencia se torna en necesidad ineludible, sin perjuicio de introducir una previsi贸n flexible para dar cobertura a los supuestos en los que, por motivos debidamente justificados, el ingreso en centro de protecci贸n sea la 煤nica medida de la que se disponga, o cuando el acogimiento residencial convenga al inter茅s superior del menor.
Por otra parte, y en lo relativo a los servicios de acogimiento residencial (denominados hasta ahora servicios especializados y ahora llamados «acogimiento residencial' para utilizar una terminolog铆a equivalente a la de «acogimiento familiar'), se establecen con car谩cter general sus caracter铆sticas b谩sicas, su necesario ajuste a criterios de calidad y el car谩cter preferente de las soluciones familiares.
Asimismo, todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a menores en el 谩mbito de la protecci贸n deber谩n estar siempre habilitados administrativamente por la Entidad P煤blica.
Por otra parte, el art铆culo 22 bis recoge la obligaci贸n de la Administraci贸n de preparar para la vida independiente a los j贸venes ex tutelados, cuesti贸n de gran calado social y de la que ya hay buenas pr谩cticas de Entidades P煤blicas y del Tercer Sector de acci贸n social en Espa帽a.
El art铆culo 22 ter establece la creaci贸n de un sistema de informaci贸n estatal sobre protecci贸n de menores a realizar por las Entidades P煤blicas y la Administraci贸n General del Estado que permitir谩 el conocimiento y el seguimiento de la situaci贸n de la protecci贸n de la infancia y la adolescencia en Espa帽a, no solo a efectos estad铆sticos sino tambi茅n de seguimiento concreto de las medidas de protecci贸n adoptadas respecto de cada menor, as铆 como de las personas que se ofrecen para el acogimiento y la adopci贸n. El art铆culo 22 qu谩ter introduce normas que regulan el tratamiento de datos de car谩cter personal de los menores atendiendo a su inter茅s superior y el art铆culo 22 quinquies establece la obligaci贸n de valorar el impacto en la infancia y adolescencia en todos los proyectos normativos.
Finalmente, los art铆culos 23 y 24 sufren reformas terminol贸gicas.
III
Las principales modificaciones del c贸digo Civil est谩n referidas al sistema espa帽ol de protecci贸n de menores y, por tanto, se encuentran en estrecha relaci贸n con las ya se帽aladas en el apartado anterior. No obstante, se modifican tambi茅n otros aspectos relacionados con esta materia.
Se reforman, en primer lugar, las normas de Derecho internacional privado, en concreto los apartados 4, 6 y 7 del art铆culo 9, normas de conflicto relativas a la ley aplicable a la filiaci贸n, a la protecci贸n de menores y mayores y a las obligaciones de alimentos. Estas modificaciones responden, por un lado, a la incorporaci贸n de normas comunitarias o internacionales y adaptaciones terminol贸gicas a las mismas y, por otro, a mejoras t茅cnicas en la determinaci贸n de los supuestos de hecho o de los puntos de conexi贸n y su precisi贸n temporal.
Se introduce un nuevo apartado en el art铆culo 19 para prever el reconocimiento, por parte del ordenamiento jur铆dico espa帽ol, de la doble nacionalidad en supuestos de adopci贸n internacional, en los cuales la legislaci贸n del pa铆s de origen del menor adoptado prev茅 la conservaci贸n de su nacionalidad de origen.
Por otra parte, se modifican las normas sobre acciones de filiaci贸n. La regulaci贸n que se propone responde a que el primer p谩rrafo del art铆culo 133 ha sido declarado inconstitucional, en cuanto impide al progenitor no matrimonial la reclamaci贸n de la filiaci贸n en los casos de inexistencia de posesi贸n de estado (sentencias del Tribunal Constitucional n煤mero 273/2005, de 27 de octubre de 2005, y n煤mero 52/2006, de 16 de febrero).
En parecidos t茅rminos ha sido declarado inconstitucional el primer p谩rrafo del art铆culo 136, en cuanto comporta que el plazo para el ejercicio de la acci贸n de impugnaci贸n de la paternidad matrimonial empiece a correr aunque el marido ignore no ser el progenitor biol贸gico de quien ha sido inscrito como hijo suyo en el Registro Civil (sentencias del Tribunal Constitucional 138/2005, de 26 de mayo de 2005 y 156/2005, de 9 de junio de 2005), siendo 茅sta la principal raz贸n de la reforma que se propone. Se completa el cuadro de reformas en este punto con las recogidas en los art铆culos 137, 138 y 140 del c贸digo Civil.
Se opera una modificaci贸n del art铆culo 158 del c贸digo Civil, partiendo del principio de agilidad e inmediatez aplicables a los incidentes cautelares que afecten a menores, para evitar perjuicios innecesarios que puedan derivarse de rigideces o encorsetamientos procesales, permitiendo adoptar mecanismos protectores, tanto respecto al menor v铆ctima de los malos tratos como en relaci贸n con los que, sin ser v铆ctimas, puedan encontrarse en situaci贸n de riesgo. Con la modificaci贸n del art铆culo 158 se posibilita la adopci贸n de nuevas medidas, prohibici贸n de aproximaci贸n y de comunicaci贸n, en las relaciones paterno-filiales.
El art铆culo 160 ampl铆a el derecho del menor a relacionarse con sus parientes incluyendo expresamente a los hermanos.
En relaci贸n con la regulaci贸n del r茅gimen de visitas y comunicaciones, con la modificaci贸n efectuada en el art铆culo 161, se aclara la competencia de la Entidad P煤blica para establecer por resoluci贸n motivada el r茅gimen de visitas y comunicaciones respecto a los menores en situaci贸n de tutela o guarda, as铆 como su suspensi贸n temporal, informando de ello al Ministerio Fiscal. Debe tenerse en cuenta que el reconocimiento internacional del derecho del ni帽o a mantener contacto directo y regular con ambos progenitores, salvo que ello sea contrario a su superior inter茅s (art铆culo 9.3 de la Convenci贸n de Derechos del Ni帽o), se extiende tambi茅n a los menores separados de su familia por la Entidad P煤blica.
En relaci贸n con la regulaci贸n del desamparo, y adem谩s de lo previsto en el art铆culo 18 de la Ley Org谩nica de Protecci贸n Jur铆dica del Menor ya citado, el anterior art铆culo 172 del c贸digo Civil se desdobla en tres art铆culos al objeto de separar la regulaci贸n de las situaciones de desamparo (art铆culo 172), de la guarda a solicitud de los progenitores o tutores (art铆culo 172 bis) y de las medidas de la intervenci贸n en ambos supuestos (art铆culo 172 ter) mediante el acogimiento residencial y familiar.
En relaci贸n con el art铆culo 172 se mantiene la legitimaci贸n de los progenitores para promover la revocaci贸n de la resoluci贸n administrativa de desamparo y para oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protecci贸n del menor durante el plazo de dos a帽os desde la notificaci贸n, a帽adi茅ndose que transcurridos esos dos a帽os 煤nicamente estar谩 legitimado el Ministerio Fiscal para impugnar las resoluciones que sobre el menor dicte la Entidad P煤blica. Por otra parte, se se帽ala que durante ese periodo de dos a帽os las Entidades P煤blicas, ponderando la situaci贸n, podr谩n adoptar cualquier medida de protecci贸n que consideren necesaria, incluida la propuesta de adopci贸n, cuando exista un pron贸stico de irreversibilidad.
En este mismo art铆culo se establece la posibilidad de asumir la guarda provisional sin declaraci贸n previa de desamparo ni solicitud expresa de los progenitores, mientras tienen lugar las diligencias precisas para la identificaci贸n del menor, la investigaci贸n de sus circunstancias y la constataci贸n de la situaci贸n real de desamparo. La guarda provisional, aunque imprescindible para atender situaciones de urgencia, debe tener l铆mites temporales pues en otro caso podr铆an generarse situaciones de inseguridad jur铆dica. Por ello, se prev茅n las obligaciones de las Entidades y el papel a desempe帽ar por el Ministerio Fiscal, como superior vigilante de la actuaci贸n administrativa. Adem谩s, se prev茅n nuevos supuestos de cese de la tutela administrativa que responden a la creciente movilidad de algunos menores protegidos.
En relaci贸n con la guarda voluntaria, en estrecha conexi贸n con el art铆culo 19 de la Ley Org谩nica de Protecci贸n Jur铆dica del Menor, en el art铆culo 172 bis se establece que la guarda a petici贸n de los progenitores no podr谩 sobrepasar el plazo m谩ximo de dos a帽os, salvo pr贸rroga por concurrir circunstancias excepcionales, transcurrido el cual, o la pr贸rroga, el menor debe regresar con sus progenitores o tutores o ser dictada una nueva medida de protecci贸n permanente.
En el art铆culo 172 ter se recoge la prioridad del acogimiento familiar respecto al residencial, y se regula tambi茅n la posibilidad de acordar, por las Entidades P煤blicas, estancias, salidas de fin de semana o vacaciones con familias, de origen o alternativas, o instituciones adecuadas para los menores en acogimiento y se establece la posibilidad de que, en los casos de desamparo o guarda a petici贸n de los progenitores, la Entidad P煤blica pueda fijar una cantidad a abonar por los progenitores o tutores en concepto de alimentos y gastos de cuidado y atenci贸n del menor.
Tras algunas leves modificaciones en el art铆culo 173, el art铆culo 173 bis redefine las modalidades de acogimiento familiar en funci贸n de su duraci贸n. Se suprime el acogimiento provisional, que ya no ser谩 necesario ante la simplificaci贸n del acogimiento familiar, as铆 como el acogimiento preadoptivo que, en definitiva, es actualmente una fase del procedimiento de adopci贸n. Con ello se introduce claridad en los verdaderos supuestos de acogimiento familiar, que quedar谩n concretados en acogimiento de urgencia, acogimiento temporal (hasta ahora denominado simple), con una duraci贸n m谩xima de dos a帽os, salvo que el inter茅s superior del menor aconseje una pr贸rroga, y acogimiento permanente.
Las altas funciones que se encomiendan al Ministerio Fiscal, como superior vigilante de la actuaci贸n administrativa en protecci贸n de menores, deben verse acompa帽adas de los suficientes medios a fin de que pueda ejercerlas de manera efectiva, evitando que sus esfuerzos queden limitados a un simple voluntarismo carente de operatividad pr谩ctica o que su actuaci贸n sea meramente simb贸lica. A tales efectos, expresamente se le asigna la posibilidad de solicitar informes adicionales a los presentados por la Entidad P煤blica.
En el art铆culo 175 y en relaci贸n con la capacidad de los adoptantes, se establece la incapacidad para adoptar de aquellos que no pudieran ser tutores, y, adem谩s de la previsi贸n sobre la diferencia de edad m铆nima entre adoptante y adoptado, se establece tambi茅n una diferencia de edad m谩xima para evitar que las discrepancias que existen en la normativa auton贸mica sobre edades m谩ximas en la idoneidad, provoquen distorsiones no deseables.
Por otra parte, se incorpora al art铆culo 176 una definici贸n de la idoneidad para adoptar a fin de fortalecer la seguridad jur铆dica, y se incluye expresamente una previsi贸n en funci贸n de la cual no podr谩n ser declarados id贸neos para la adopci贸n los progenitores que se encuentren privados de la patria potestad o tengan suspendido su ejercicio, o hayan confiado la guarda de su hijo a una Entidad P煤blica. En relaci贸n con la actuaci贸n de la Entidad P煤blica en el procedimiento judicial de adopci贸n, se producen dos importantes novedades. En primer lugar, se exige que la declaraci贸n de idoneidad de los adoptantes sea necesariamente previa a la propuesta de adopci贸n que la Entidad P煤blica formula al Juez, cuesti贸n que no estaba claramente establecida; y, en segundo lugar, se modifican los supuestos en los que no es preceptiva la propuesta previa de la Entidad P煤blica de protecci贸n de menores para iniciar el expediente judicial de adopci贸n.
Se introduce un art铆culo 176 bis que regula «ex novo' la guarda con fines de adopci贸n. Esta previsi贸n legal permitir谩 que, con anterioridad a que la Entidad P煤blica formule la correspondiente propuesta al Juez para la constituci贸n de la adopci贸n, pueda iniciarse la convivencia provisional entre el menor y las personas consideradas id贸neas para tal adopci贸n hasta que se dicte la oportuna resoluci贸n judicial, con el fin de evitar que el menor tenga que permanecer durante ese tiempo en un centro de protecci贸n o con otra familia. Esto podr谩 tener lugar mediante la correspondiente delegaci贸n de guarda de la Entidad P煤blica.
En relaci贸n con el procedimiento de adopci贸n, el art铆culo 177 a帽ade, entre quienes deben asentir a la adopci贸n, a la persona a la que est茅 unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal. Por otra parte, con el fin de dar coherencia al sistema, se se帽ala que, sin perjuicio del derecho a ser o铆dos, no ser谩 necesario el asentimiento de los progenitores para la adopci贸n cuando hubieran transcurrido dos a帽os sin ejercitar acciones de revocaci贸n de la situaci贸n de desamparo o cuando habi茅ndose ejercitado, 茅stas hubieran sido desestimadas. Igualmente se establece, en este art铆culo, que el asentimiento de la madre no podr谩 prestarse hasta que hayan transcurrido 6 semanas desde el parto, en lugar de los 30 d铆as ahora vigentes, dando as铆 cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio Europeo de Adopci贸n hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y ratificado por Espa帽a.
En el art铆culo 178 se incluye, como una importante novedad, la posibilidad de que, a pesar de que al constituirse la adopci贸n se extingan los v铆nculos jur铆dicos entre el adoptado y su familia de procedencia, pueda mantenerse con alg煤n miembro de ella alguna forma de relaci贸n o contacto a trav茅s de visitas o de comunicaciones, lo que podr铆a denominarse como adopci贸n abierta. Para ello ser谩 necesario que en la resoluci贸n de constituci贸n de la adopci贸n as铆 se acuerde por el Juez, a propuesta de la Entidad P煤blica, previa valoraci贸n positiva en inter茅s del menor por parte de los profesionales de esa Entidad P煤blica, y consentido por la familia adoptiva y el menor que tenga suficiente madurez y, en todo caso, si tuviera m谩s de doce a帽os. Los profesionales de la Entidad P煤blica deber谩n apoyar a las partes y participar en el seguimiento de esa relaci贸n, informando sobre la conveniencia o no de su permanencia en el tiempo, a partir de una valoraci贸n de los resultados y consecuencias que la misma tenga para el menor, como prioridad absoluta, m谩s all谩 del inter茅s que pueda suponer para los adoptantes y su familia de origen.
Se trata de una figura establecida con diferente amplitud y contenido en la legislaci贸n de diversos pa铆ses, tales como los Estados Unidos de Am茅rica, Gran Breta帽a, Austria, Canad谩 o Nueva Zelanda. En unos casos est谩 configurada como «un acuerdo privado entre las partes', con supervisi贸n y apoyo de las Entidades P煤blicas, y en otros debe ser confirmado por un Juez, a quien corresponder铆a la decisi贸n sobre su posible modificaci贸n o finalizaci贸n, como es el modelo que se incluye en esta ley.
La oportunidad de introducir esta figura en nuestro ordenamiento jur铆dico obedece a la b煤squeda de alternativas consensuadas, familiares y permanentes que permitan dotar de estabilidad familiar a algunos menores, especialmente los m谩s mayores, cuya adopci贸n presenta m谩s dificultades. A trav茅s de la adopci贸n abierta, se flexibiliza la instituci贸n de la adopci贸n, posibilitando que la familia de origen acepte mejor la «p茅rdida', y que el menor pueda beneficiarse de una vida estable en su familia adoptante, manteniendo v铆nculos con la familia de la que proviene, en especial con sus hermanos, y con la que, en muchos casos, ha mantenido relaci贸n durante el acogimiento, relaci贸n que aunque no estuviera formalizada contin煤a por la v铆a de hecho.
El art铆culo 180 refuerza el derecho de acceso a los or铆genes de las personas adoptadas, obligando a las Entidades P煤blicas a garantizarlo y mantener la informaci贸n durante el plazo previsto en el Convenio Europeo de Adopci贸n, y al resto de entidades a colaborar con las primeras y con el Ministerio Fiscal.
El art铆culo 216 contiene la limitaci贸n de la legitimaci贸n activa para solicitar las medidas y disposiciones previstas en el art铆culo 158 del c贸digo Civil, en el caso de los menores que est茅n bajo la tutela de la Entidad P煤blica, a instancia de esta, del Ministerio Fiscal o del propio menor.
Se introducen las oportunas modificaciones en la regulaci贸n de la tutela ordinaria de menores y personas con la capacidad modificada judicialmente en situaci贸n de desamparo prevista en los art铆culos 239 y 239 bis. Por otra parte, en el art铆culo 303 se incluye la posibilidad de otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores de hecho. Se establecen adem谩s los supuestos de guarda de hecho que deben motivar la declaraci贸n de desamparo y los supuestos ante los que ha de procederse a la privaci贸n de la patria potestad o nombramiento de tutor.
Finalmente, se da una nueva redacci贸n a los art铆culos 1263 y 1264 en relaci贸n a la prestaci贸n del consentimiento de los menores en determinados 谩mbitos.
IV
Las modificaciones que se proponen a la Ley de Adopci贸n Internacional responden a varias necesidades. Por una parte, se clarifica el 谩mbito de aplicaci贸n de la ley que, en su redacci贸n inicial, solo alud铆a al contenido de los t铆tulos II y III, obviando el t铆tulo I, y se define el concepto de adopci贸n internacional a los efectos de la misma como lo hace el Convenio de La Haya de 1993, toda vez que con la definici贸n que aparec铆a en el apartado 2 del art铆culo 1, las previsiones del t铆tulo I no eran aplicables a muchos de los casos de adopciones internacionales sin desplazamiento internacional de los menores, habi茅ndose generado confusi贸n en situaciones concretas.
Se deslindan las competencias de las diversas Administraciones P煤blicas. As铆, se determinan como competencias de la Administraci贸n General del Estado, por afectar a la pol铆tica exterior, la decisi贸n de iniciar, suspender o limitar la tramitaci贸n de adopciones con determinados pa铆ses, as铆 como la acreditaci贸n de los organismos para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales, en terminolog铆a del Convenio de La Haya, referido a las antes denominadas entidades colaboradoras de adopci贸n internacional, sin perjuicio de la necesaria intervenci贸n de las Entidades P煤blicas de las Comunidades Aut贸nomas.
Por otra parte, se mantiene la competencia auton贸mica para el control, inspecci贸n y seguimiento de los organismos acreditados en cuanto a sus actuaciones en su territorio pero se prev茅 que la Administraci贸n General del Estado sea la competente para el control y seguimiento respecto a la intermediaci贸n que el organismo acreditado lleva a cabo en el extranjero.
Se subraya el inter茅s superior del menor como consideraci贸n fundamental en la adopci贸n y se define a los futuros adoptantes, no como solicitantes, sino como personas que se ofrecen para la adopci贸n. Siguiendo la terminolog铆a del Convenio de La Haya, las Entidades colaboradoras de adopci贸n internacional pasan a denominarse organismos acreditados para la adopci贸n internacional.
Adem谩s, se refuerzan las previsiones de garant铆a de las adopciones internacionales se帽alando que solo podr谩n realizarse a trav茅s de la intermediaci贸n de organismos acreditados y en los casos de pa铆ses signatarios del Convenio de La Haya y con determinadas condiciones por la intermediaci贸n de las Entidades P煤blicas. Se refuerzan en los art铆culos 4, 6 y 26 los controles sobre los beneficios financieros indebidos.
Se detallan con mayor claridad en el art铆culo 11 las obligaciones de los adoptantes, tanto en la fase preadoptiva, dado que la informaci贸n y formaci贸n previa es la mayor garant铆a para el 茅xito de las adopciones, como en la fase postadoptiva mediante el establecimiento de consecuencias jur铆dicas del incumplimiento de las obligaciones postadoptivas a las que los progenitores y las Administraciones P煤blicas est谩n obligadas respecto de los pa铆ses de origen de los menores.
Se introducen importantes modificaciones en las normas de Derecho internacional privado que b谩sicamente responden a las siguientes cuestiones: suprimir las referencias a la modificaci贸n y revisi贸n de la adopci贸n, figuras jur铆dicas inexistentes en nuestro Derecho (art铆culo 15); mejorar la regulaci贸n de la adopci贸n consular circunscribi茅ndola a los supuestos en los que no se precisa propuesta de la Entidad P煤blica (art铆culo 17); establecer la imposibilidad de constituir adopciones de menores cuya ley nacional las proh铆ba, con alguna matizaci贸n, para evitar la existencia de adopciones claudicantes que atentan gravemente a la seguridad jur铆dica del menor (art铆culo 19.4); modificar los presupuestos de reconocimiento de adopciones constituidas por autoridades extranjeras, reformulando el control de la competencia internacional de la autoridad extranjera a trav茅s de la determinaci贸n de los v铆nculos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades la han constituido, lo cual puede valorarse a trav茅s de la bilateralizaci贸n de las normas espa帽olas de competencia previstas en los art铆culos 14 y 15 de la ley, lo que permite a la autoridad que reconoce realizar su funci贸n sin tener que acudir a una compleja e innecesaria prueba de derecho extranjero. Por otra parte, se sustituye el presupuesto del control de la ley aplicada o aplicable, ajeno al sistema espa帽ol de reconocimiento de decisiones y resoluciones extranjeras, por el de la no contrariedad de la adopci贸n constituida en el extranjero con el orden p煤blico espa帽ol, concretando este concepto jur铆dico indeterminado en los casos de adopciones en las que el consentimiento de la familia de origen no ha existido, no ha sido informado o se ha obtenido mediante precio, para evitar que en este 谩mbito de la adopci贸n internacional se produzcan supuestos de «ni帽os robados'.
Finalmente, se modifica el art铆culo 24 para regular la cooperaci贸n internacional de autoridades en los casos de adopciones realizadas por adoptante espa帽ol y residente en el pa铆s de origen del adoptado.
Por 煤ltimo, y en relaci贸n con las otras medidas de protecci贸n de menores, se introduce la oportuna referencia a dos Reglamentos comunitarios y un Convenio de La Haya esenciales en esta materia, y se mejora el sistema de reconocimiento en Espa帽a de estas medidas, de forma similar a la prevista en el Derecho franc茅s, que ha sido recientemente avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso «Harroudj c. Francia', de 4 de enero de 2013.
V
Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de reforzar la tutela judicial efectiva en defensa de los derechos e intereses de los menores, introduciendo mejoras en los procedimientos ya existentes, orientadas a hacerlos m谩s efectivos y aclarando puntos que en la pr谩ctica han generado interpretaciones contradictorias.
Con el fin de fortalecer el principio de celeridad, vital en los procesos en los que se resuelve sobre intereses de menores y con el objeto de evitar resoluciones contradictorias, se introducen disposiciones, en l铆nea con las previsiones de la Ley Org谩nica de Protecci贸n Jur铆dica del Menor, para promover la acumulaci贸n cuando existieran varios procesos de impugnaci贸n de resoluciones administrativas en materia de protecci贸n en curso que afecten a un mismo menor.
Por ello, se introduce en el art铆culo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la regla general de la acumulaci贸n de procesos y se introduce una previsi贸n especial en el art铆culo 76, para determinar que, con car谩cter general, todos los procesos de oposici贸n a resoluciones administrativas que se sigan respecto de un mismo menor de edad se acumulen al m谩s antiguo de ellos y sean seguidos y resueltos, con la debida econom铆a procesal, por el mismo juzgado. Ello se garantiza previendo que la acumulaci贸n sea promovida, incluso de oficio, por el juzgado que tenga conocimiento de la existencia de un segundo o posterior proceso.
La necesidad de clarificar aspectos procesales de la protecci贸n de la infancia y la adolescencia se pone de manifiesto en el r茅gimen actual de ejecuci贸n provisional de las sentencias dictadas en los procesos de oposici贸n a las resoluciones administrativas en materia de protecci贸n de menores. Aunque la interpretaci贸n generalizada del art铆culo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene conduciendo a la imposibilidad de ejecuci贸n provisional de esta clase de sentencias y, en particular, de las dictadas como consecuencia de un proceso de los previstos por el art铆culo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cierto es que el tenor literal del apartado 1.潞 del citado art铆culo 525 no se refiere clara y expresamente a las mismas.
Se introduce, en consecuencia, de forma expresa, clara y terminante en este art铆culo la prohibici贸n de ejecuci贸n provisional de las sentencias que se dicten en los procesos de oposici贸n a las resoluciones administrativas en materia de protecci贸n de menores, con el fin de evitar los perjuicios que para el menor de edad supondr铆a la revocaci贸n de una sentencia de esta naturaleza que se estuviera ejecutando provisionalmente. Cuando la sentencia dictada en primera instancia decide revocar una medida de protecci贸n y la Entidad P煤blica o el Ministerio Fiscal recurren, el inter茅s superior del menor exige que no se modifique su estatus hasta que la cuesti贸n no sea resuelta en segunda instancia, pues otro proceder podr铆a lesionar gravemente sus derechos y perturbar la necesaria estabilidad en sus relaciones familiares. Ello justifica sobradamente la expresa previsi贸n de la exclusi贸n de la ejecuci贸n provisional de este tipo de sentencias.
Por otra parte, en los art铆culos 779 y 780, adem谩s de incluir las adaptaciones terminol贸gicas necesarias en coherencia con la Ley Org谩nica de Protecci贸n Jur铆dica del Menor, se unifica el plazo a dos meses para formular oposici贸n respecto a todas las resoluciones administrativas en materia de protecci贸n de menores, eliminando la diferenciaci贸n que se hac铆a respecto a las declaraciones de desamparo.
Se establece un mismo procedimiento para la oposici贸n a todas las resoluciones administrativas, con independencia de su contenido o de las personas afectadas, ampli谩ndose la legitimaci贸n activa.
Y, finalmente, con la reforma del art铆culo 781 se concentran en un solo procedimiento los supuestos en los que durante la tramitaci贸n del expediente de adopci贸n los progenitores del adoptando pretendieran que se les reconociera la necesidad de otorgar su asentimiento a la adopci贸n, con la finalidad de dar unidad de actuaci贸n a tales pretensiones, lo que repercutir谩 en una agilizaci贸n del procedimiento.
VI
En la disposici贸n final primera se modifica la Ley de Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa. La atribuci贸n de la competencia para la autorizaci贸n de entrada en domicilio para la ejecuci贸n de una resoluci贸n administrativa en materia de protecci贸n de menores al Juzgado de Primera Instancia y no a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, como hasta ahora, hace necesaria la modificaci贸n de las competencias atribuidas a los mismos en la citada ley.
La Ley de la Autonom铆a del Paciente es reformada en la disposici贸n final segunda incorporando los criterios recogidos en la Circular 1/2012 de la Fiscal铆a General del Estado sobre el tratamiento sustantivo y procesal de los conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones m茅dicas sobre menores de edad en caso de riesgo grave. Esta Circular postula en sus conclusiones la necesaria introducci贸n del criterio subjetivo de madurez del menor junto al objetivo, basado en la edad. Este criterio mixto es asumido en el texto legal.
Se introduce, para mayor claridad, un nuevo apartado 4 en el art铆culo 9 referido a los menores emancipados o mayores de 16 a帽os en relaci贸n a los cuales no cabe otorgar el consentimiento por representaci贸n, salvo cuando se trate de una actuaci贸n de grave riesgo para la vida o salud.
Por otra parte, se a帽ade a ese art铆culo 9 un apartado 6 en el que se establece que en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, la decisi贸n debe adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente, y en caso contrario deber谩 ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a trav茅s del Ministerio Fiscal, para que adopte la resoluci贸n correspondiente.
La disposici贸n final tercera modifica el Estatuto de los Trabajadores cuyo art铆culo 37, apartado 3.f), prev茅 el permiso de la trabajadora «por el tiempo indispensable para la realizaci贸n de ex谩menes prenatales y t茅cnicas de preparaci贸n al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo'. Este art铆culo s贸lo tiene en cuenta la maternidad biol贸gica y no la maternidad/paternidad adoptiva y, en algunos casos, el acogimiento familiar. Las familias adoptantes, guardadoras con fines de adopci贸n y acogedoras, en algunas comunidades aut贸nomas, deben acudir obligatoriamente a unas sesiones informativas y a una preparaci贸n, y en el caso de la adopci贸n deben obtener preceptivamente un certificado de idoneidad tras un estudio psicosocial que en ocasiones supone m谩s de cinco entrevistas. Estas exigencias legales podr铆an considerarse propiamente una preparaci贸n para la adopci贸n y deber铆an, por tanto, contemplarse normativamente como permisos retribuidos, ya que son obligatorias para todas las familias adoptantes, a diferencia de la preparaci贸n al parto, que no lo es. Adem谩s, en estos casos, ambos progenitores deben acudir a la preparaci贸n y a las entrevistas, en contraste con los ex谩menes prenatales y las t茅cnicas de preparaci贸n al parto, a los que solo es estrictamente necesario que acuda la madre. Por todo ello, esta modificaci贸n equipara a las familias adoptantes o acogedoras a las biol贸gicas.
En relaci贸n con esta iniciativa, debe significarse que, si bien la modificaci贸n introducida ser铆a aplicable al personal laboral de las Administraciones P煤blicas, no resulta de aplicaci贸n al personal funcionario, que se rige por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril. Por ello, se incorpora en la disposici贸n final cuarta la modificaci贸n del art铆culo 48, letra e), de esta ley que contempla la misma previsi贸n del Estatuto de los Trabajadores, con objeto de que tambi茅n los funcionarios p煤blicos puedan disfrutar de este permiso.
La disposici贸n final quinta modifica la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci贸n a las Familias Numerosas, para reformar las condiciones de mantenimiento de los efectos del t铆tulo oficial de familia numerosa. La normativa actual condiciona la vigencia del t铆tulo hasta que el n煤mero de hijos que cumplan los requisitos previstos sea el m铆nimo establecido. Esto supone que cuando los hermanos mayores van saliendo del t铆tulo, por dejar de cumplir el requisito de edad, fundamentalmente, la familia puede perder el derecho al t铆tulo si quedan menos de tres o dos hermanos que cumplan los requisitos, d谩ndose la paradoja de que los hermanos menores que han generado para la familia el derecho al t铆tulo luego no pueden disfrutar de estos beneficios. Teniendo en cuenta que, en un porcentaje elevad铆simo, los t铆tulos vigentes corresponden a familias numerosas con tres o dos hijos, el cumplimiento de la edad m谩xima por parte del mayor arrastra la p茅rdida del t铆tulo y de todos los beneficios para toda la familia con bastante frecuencia. Por ello, esta reforma pretende acomodarse a la situaci贸n efectiva de las familias numerosas y evitar una situaci贸n de discriminaci贸n entre los hermanos.
Las disposiciones finales sexta y s茅ptima introducen sendas modificaciones de la Ley Org谩nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci贸n, y de la Ley Org谩nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, para revisar los criterios de asignaci贸n de plaza escolar con vistas a tener en cuenta la condici贸n legal de familia numerosa y situaci贸n de acogimiento familiar del alumno o la alumna, as铆 como incrementar la reserva de plazas en los centros educativos para casos del inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.
La disposici贸n final octava modifica la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, como consecuencia de la necesidad de protecci贸n de las personas que hayan sido v铆ctimas de trata de seres humanos.
La disposici贸n final novena modifica la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci贸n de la Autonom铆a Personal y Atenci贸n a las personas en situaci贸n de dependencia para que las prestaciones econ贸micas no puedan ser embargadas salvo en el caso del pago de alimentos, en los que ser谩 el tribunal el que fijar谩 la cantidad que pueda ser objeto de embargo. De este modo se preserva el inter茅s del menor, al que la persona en situaci贸n de dependencia pudiera deber alimentos.
Por su transcendencia e importancia merecen ser destacadas las disposiciones finales d茅cima a decimocuarta que introducen modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social, la Ley de Clases Pasivas del Estado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley reguladora de la Jurisdicci贸n Social, con el fin de regular las consecuencias del delito de homicidio doloso en el 谩mbito de las prestaciones de muerte y supervivencia del sistema de la Seguridad Social y en favor de familiares del R茅gimen de Clases Pasivas del Estado, desde una perspectiva global que refuerza la lucha contra la violencia de g茅nero y garantiza los derechos de los colectivos m谩s vulnerables, singularmente de los menores.
M谩s espec铆ficamente, la nueva normativa impide el acceso a las citadas prestaciones y el mantenimiento de su disfrute a quienes fueran condenados por sentencia firme por la comisi贸n de un delito doloso de homicidio, en cualquiera de sus formas, cuando la v铆ctima sea el sujeto causante de la prestaci贸n. Y todo ello viene acompa帽ado por instrumentos que, desde el respeto de las garant铆as jur铆dicas necesarias, permiten a la Administraci贸n la suspensi贸n cautelar del abono de las prestaciones que, en su caso, se hubieran reconocido cuando haya reca铆do sobre el solicitante resoluci贸n judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisi贸n del indicado delito, as铆 como la revisi贸n de oficio de los derechos reconocidos cuando recaiga sentencia firme al respecto. Adem谩s, se articulan los mecanismos de comunicaci贸n y coordinaci贸n necesarios con los juzgados y tribunales de justicia para una m谩s adecuada aplicaci贸n de la nueva regulaci贸n, dentro de un contexto que tambi茅n presta atenci贸n a los derechos de los hu茅rfanos, a fin de evitar que las personas condenadas por el delito de homicidio doloso puedan percibir en su nombre la pensi贸n correspondiente, contempl谩ndose igualmente los incrementos de cuant铆a pertinentes cuando la pensi贸n de viudedad sea denegada o retirada a los condenados.
Se completa as铆 un nuevo entorno normativo que mejora el anteriormente existente y supone un paso adicional de gran importancia desde la perspectiva de los mecanismos de protecci贸n social dentro de un 谩mbito especialmente sensible y en el que ha de contarse con iniciativas y actuaciones desde las diferentes 谩reas para garantizar un marco de protecci贸n integral.
Art铆culo primero. Modificaci贸n de la Ley Org谩nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci贸n Jur铆dica del Menor, de modificaci贸n parcial del C贸digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
La Ley Org谩nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci贸n Jur铆dica del Menor, de modificaci贸n parcial del C贸digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes t茅rminos:
Uno
Se modifica la r煤brica del t铆tulo I, que queda redactada como sigue:
«T脥TULO I
De los derechos y deberes de los menores'
Se modifican los apartados 1 y 3 del art铆culo 5, que quedan redactados como sigue:
«1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la informaci贸n adecuada a su desarrollo.
Se prestar谩 especial atenci贸n a la alfabetizaci贸n digital y medi谩tica, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en l铆nea con seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilizaci贸n de las nuevas tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n as铆 como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.'
«3. Las Administraciones P煤blicas incentivar谩n la producci贸n y difusi贸n de materiales informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al mismo tiempo que facilitar谩n el acceso de los menores a los servicios de informaci贸n, documentaci贸n, bibliotecas y dem谩s servicios culturales incluyendo una adecuada sensibilizaci贸n sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual.
En particular, velar谩n porque los medios de comunicaci贸n en sus mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a los dem谩s, eviten im谩genes de violencia, explotaci贸n en las relaciones interpersonales, o que reflejen un trato degradante o sexista, o un trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad. En el 谩mbito de la autorregulaci贸n, las autoridades y organismos competentes impulsar谩n entre los medios de comunicaci贸n, la generaci贸n y supervisi贸n del cumplimiento de c贸digos de conducta destinados a salvaguardar la promoci贸n de los valores anteriormente descritos, limitando el acceso a im谩genes y contenidos digitales lesivos para los menores, a tenor de lo contemplado en los c贸digos de autorregulaci贸n de contenidos aprobados. Se garantizar谩 la accesibilidad, con los ajustes razonables precisos, de dichos materiales y servicios, incluidos los de tipo tecnol贸gico, para los menores con discapacidad.
Los poderes p煤blicos y los prestadores fomentar谩n el disfrute pleno de la comunicaci贸n audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas pr谩cticas que evite cualquier discriminaci贸n o repercusi贸n negativa hacia dichas personas.'
Tres
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 7, que queda redactado como sigue:
«1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, art铆stica y recreativa de su entorno, as铆 como a una incorporaci贸n progresiva a la ciudadan铆a activa.
Los poderes p煤blicos promover谩n la constituci贸n de 贸rganos de participaci贸n de los menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia.
Se garantizar谩 la accesibilidad de los entornos y la provisi贸n de ajustes razonables para que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida social, cultural, art铆stica y recreativa.'
Cuatro
Se introduce un nuevo cap铆tulo III en el t铆tulo I, con la redacci贸n siguiente, pasando el actual cap铆tulo III a ser el cap铆tulo IV:
«CAP脥TULO III
Deberes del menor
Art铆culo 9 bis. Deberes de los menores.
1. Los menores, de acuerdo a su edad y madurez, deber谩n asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los 谩mbitos de la vida, tanto familiar, escolar como social.
2. Los poderes p煤blicos promover谩n la realizaci贸n de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en condiciones de igualdad, no discriminaci贸n y accesibilidad universal.
Art铆culo 9 ter. Deberes relativos al 谩mbito familiar.
1. Los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus progenitores y hermanos as铆 como a otros familiares.
2. Los menores deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realizaci贸n de las tareas dom茅sticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonom铆a personal y capacidad, y con independencia de su sexo.
Art铆culo 9 qu谩ter. Deberes relativos al 谩mbito escolar.
1. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de ense帽anza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo.
2. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, as铆 como al resto de sus compa帽eros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.
3. A trav茅s del sistema educativo se implantar谩 el conocimiento que los menores deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilizaci贸n en el entorno docente de las Tecnolog铆as de la Informaci贸n y Comunicaci贸n.
Art铆culo 9 quinquies. Deberes relativos al 谩mbito social.
1. Los menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en el que se desenvuelven.
2. Los deberes sociales incluyen, en particular:
a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o 茅tnico, religi贸n, sexo, orientaci贸n e identidad sexual, discapacidad, caracter铆sticas f铆sicas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.
b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades fundamentales de las otras personas, as铆 como asumir una actitud responsable y constructiva en la sociedad.
c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos p煤blicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad.
d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservaci贸n dentro de un desarrollo sostenible.'
Cinco
Se modifican los apartados 1, 3 y 4, y se introducen una nueva letra f) en el apartado 2 y un apartado 5 al art铆culo 10, que quedan redactados como sigue:
«1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones P煤blicas, o a trav茅s de sus entidades colaboradoras, la informaci贸n en formato accesible y asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos, as铆 como a que se garantice su respeto.'
« 2. (鈥)
f) Presentar denuncias individuales al Comit茅 de Derechos del Ni帽o, en los t茅rminos de la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o y de la normativa que la desarrolle.'
«3. Los menores extranjeros que se encuentren en Espa帽a tienen derecho a la educaci贸n, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales b谩sicas, en las mismas condiciones que los menores espa帽oles. Las Administraciones P煤blicas velar谩n por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompa帽ados, los que presenten necesidades de protecci贸n internacional, los menores con discapacidad y los que sean v铆ctimas de abusos sexuales, explotaci贸n sexual, pornograf铆a infantil, de trata o de tr谩fico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.
Los poderes p煤blicos, en el dise帽o y elaboraci贸n de las pol铆ticas p煤blicas, tendr谩n como objetivo lograr la plena integraci贸n de los menores extranjeros en la sociedad espa帽ola, mientras permanezcan en el territorio del Estado espa帽ol, en los t茅rminos establecidos en la Ley Org谩nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa帽a y su integraci贸n social.
4. Cuando la Entidad P煤blica asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre en Espa帽a, la Administraci贸n General del Estado le facilitar谩, si no la tuviere, a la mayor celeridad, y junto con la presentaci贸n del certificado de tutela expedido por dicha Entidad P煤blica, la documentaci贸n acreditativa de su situaci贸n y la autorizaci贸n de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al pa铆s de origen, y seg煤n lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjer铆a e inmigraci贸n.
5. Respecto de los menores tutelados o guardados por las Entidades P煤blicas, el reconocimiento de su condici贸n de asegurado en relaci贸n con la asistencia sanitaria se realizar谩 de oficio, previa presentaci贸n de la certificaci贸n de su tutela o guarda expedida por la Entidad P煤blica, durante el periodo de duraci贸n de las mismas.'
Seis
Se modifica el art铆culo 11, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 11. Principios rectores de la acci贸n administrativa.
1. Las Administraciones P煤blicas facilitar谩n a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen.
Las Administraciones P煤blicas, en los 谩mbitos que les son propios, articular谩n pol铆ticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, las referidas a los derechos enumerados en esta ley. Los menores tendr谩n derecho a acceder a tales servicios por s铆 mismos o a trav茅s de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, quienes a su vez tendr谩n el deber de utilizarlos en inter茅s de los menores.
Se impulsar谩n pol铆ticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podr谩 quedar afectado por falta de recursos sociales b谩sicos. Se garantizar谩 a los menores con discapacidad y a sus familias los servicios sociales especializados que su discapacidad precise.
Las Administraciones P煤blicas deber谩n tener en cuenta las necesidades de los menores al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educaci贸n, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, espect谩culos, medios de comunicaci贸n, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y nuevas tecnolog铆as (TICs).
Las Administraciones P煤blicas tendr谩n particularmente en consideraci贸n la adecuada regulaci贸n y supervisi贸n de aquellos espacios, centros y servicios en los que permanezcan habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones f铆sico-ambientales, higi茅nico-sanitarias, de accesibilidad y dise帽o universal y de recursos humanos, as铆 como a sus proyectos educativos inclusivos, a la participaci贸n de los menores y a las dem谩s condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.
2. Ser谩n principios rectores de la actuaci贸n de los poderes p煤blicos en relaci贸n con los menores:
a) La supremac铆a de su inter茅s superior.
b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su inter茅s, en cuyo caso se garantizar谩 la adopci贸n de medidas de protecci贸n familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.
c) Su integraci贸n familiar y social.
d) La prevenci贸n y la detecci贸n precoz de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.
e) La sensibilizaci贸n de la poblaci贸n ante situaciones de desprotecci贸n.
f) El car谩cter educativo de todas las medidas que se adopten.
g) La promoci贸n de la participaci贸n, voluntariado y solidaridad social.
h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jur铆dica en la actuaci贸n protectora, garantizando el car谩cter colegiado e interdisciplinar en la adopci贸n de medidas que les afecten.
i) La protecci贸n contra toda forma de violencia, incluido el maltrato f铆sico o psicol贸gico, los castigos f铆sicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotaci贸n, la realizada a trav茅s de las nuevas tecnolog铆as, los abusos sexuales, la corrupci贸n, la violencia de g茅nero o en el 谩mbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, as铆 como la trata y el tr谩fico de seres humanos, la mutilaci贸n genital femenina y cualquier otra forma de abuso.
j) La igualdad de oportunidades y no discriminaci贸n por cualquier circunstancia.
k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, as铆 como su inclusi贸n y participaci贸n plenas y efectivas.
l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientaci贸n e identidad sexual.
m) El respeto y la valoraci贸n de la diversidad 茅tnica y cultural.
3. Los poderes p煤blicos desarrollar谩n actuaciones encaminadas a la sensibilizaci贸n, prevenci贸n, detecci贸n, notificaci贸n, asistencia y protecci贸n de cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la coordinaci贸n y la colaboraci贸n entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto p煤blicos como privados, para garantizar una actuaci贸n integral.
4. Las Entidades P煤blicas dispondr谩n de programas y recursos destinados al apoyo y orientaci贸n de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayor铆a de edad y queden fuera del sistema de protecci贸n, con especial atenci贸n a los que presentan discapacidad.'
Siete
Se modifica el art铆culo 12, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 12. Actuaciones de protecci贸n.
1. La protecci贸n de los menores por los poderes p煤blicos se realizar谩 mediante la prevenci贸n, detecci贸n y reparaci贸n de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaraci贸n de desamparo, la asunci贸n de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de protecci贸n deber谩n primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.
2. Los poderes p煤blicos velar谩n para que los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitar谩n servicios accesibles de prevenci贸n, asesoramiento y acompa帽amiento en todas las 谩reas que afectan al desarrollo de los menores.
3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una v铆ctima de violencia de g茅nero o dom茅stica, las actuaciones de los poderes p煤blicos estar谩n encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aqu茅lla, as铆 como su protecci贸n, atenci贸n especializada y recuperaci贸n.
4. Cuando no pueda ser establecida la mayor铆a de edad de una persona, ser谩 considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deber谩 realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realizaci贸n de pruebas m茅dicas para la determinaci贸n de la edad de los menores se someter谩 al principio de celeridad, exigir谩 el previo consentimiento informado del afectado y se llevar谩 a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas.
5. Cualquier medida de protecci贸n no permanente que se adopte respecto de menores de tres a帽os se revisar谩 cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisar谩 cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisi贸n tendr谩 lugar el primer a帽o cada seis meses y, a partir del segundo a帽o, cada doce meses.
6. Adem谩s, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad P煤blica remitir谩 al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situaci贸n de un determinado menor cuando 茅ste se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a dos a帽os, debiendo justificar la Entidad P煤blica las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de car谩cter m谩s estable en ese intervalo.
7. Los poderes p煤blicos garantizar谩n los derechos y obligaciones de los menores con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopci贸n o instituciones similares, velando al m谩ximo por el inter茅s superior del menor. Asimismo, garantizar谩n que los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultaci贸n, abandono, negligencia o segregaci贸n velar谩n porque se proporcione con anticipaci贸n informaci贸n, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.'
Ocho
Se modifica el apartado 1 y se a帽aden los apartados 4 y 5 al art铆culo 13, que quedan redactados como sigue:
«1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesi贸n o funci贸n detecten una situaci贸n de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicar谩n a la autoridad o sus agentes m谩s pr贸ximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.'
«4. Toda persona que tuviera noticia, a trav茅s de cualquier fuente de informaci贸n, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotaci贸n de menores, tendr谩 la obligaci贸n de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaci贸n procesal penal.'
«5. Ser谩 requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por alg煤n delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresi贸n y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocaci贸n sexual, prostituci贸n y explotaci贸n sexual y corrupci贸n de menores, as铆 como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deber谩 acreditar esta circunstancia mediante la aportaci贸n de una certificaci贸n negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.'
Nueve
Se modifica el art铆culo 14, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 14. Atenci贸n inmediata.
Las autoridades y servicios p煤blicos tendr谩n la obligaci贸n de prestar la atenci贸n inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su 谩mbito de competencias o de dar traslado en otro caso al 贸rgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad P煤blica y del Ministerio Fiscal.
La Entidad P煤blica podr谩 asumir, en cumplimiento de la obligaci贸n de prestar la atenci贸n inmediata, la guarda provisional de un menor prevista en el art铆culo 172.4 del C贸digo Civil, que ser谩 comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simult谩neamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situaci贸n real de desamparo.'
Diez
Se modifica el art铆culo 17, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 17. Actuaciones en situaci贸n de riesgo.
1. Se considerar谩 situaci贸n de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentar铆an su declaraci贸n de situaci贸n de desamparo y la asunci贸n de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervenci贸n de la administraci贸n p煤blica competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptaci贸n que le afectan y evitar su desamparo y exclusi贸n social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. A tales efectos, se considerar谩 indicador de riesgo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situaci贸n salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerar谩 indicador de riesgo, pero nunca podr谩 desembocar en la separaci贸n del entorno familiar.
2. En situaci贸n de riesgo de cualquier 铆ndole, la intervenci贸n de la administraci贸n p煤blica competente deber谩 garantizar, en todo caso, los derechos del menor y se orientar谩 a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la situaci贸n personal, familiar y social en que se encuentra, y a promover medidas para su protecci贸n y preservaci贸n del entorno familiar.
3. La intervenci贸n en la situaci贸n de riesgo corresponde a la administraci贸n p煤blica competente conforme a lo dispuesto en la legislaci贸n estatal y auton贸mica aplicable, en coordinaci贸n con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo 谩mbito territorial o cualesquiera otras.
4. La valoraci贸n de la situaci贸n de riesgo conllevar谩 la elaboraci贸n y puesta en marcha de un proyecto de intervenci贸n social y educativo familiar que deber谩 recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsi贸n de plazos, promoviendo los factores de protecci贸n del menor y manteniendo a 茅ste en su medio familiar. Se procurar谩 la participaci贸n de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores en la elaboraci贸n del proyecto. En cualquier caso, ser谩 o铆da y tenida en cuenta la opini贸n de 茅stos en el intento de consensuar el proyecto, que deber谩 ser firmado por las partes, para lo que se les comunicar谩 de manera comprensible y en formato accesible. Tambi茅n se comunicar谩 y consultar谩 con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce a帽os.
5. Los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus respectivas funciones, colaborar谩n activamente, seg煤n su capacidad, en la ejecuci贸n de las medidas indicadas en el referido proyecto. La omisi贸n de la colaboraci贸n prevista en el mismo dar谩 lugar a la declaraci贸n de la situaci贸n de riesgo del menor.
6. La situaci贸n de riesgo ser谩 declarada por la administraci贸n p煤blica competente conforme a lo dispuesto en la legislaci贸n estatal y auton贸mica aplicable mediante una resoluci贸n administrativa motivada, previa audiencia a los progenitores, tutores, guardadores o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce a帽os. La resoluci贸n administrativa incluir谩 las medidas tendentes a corregir la situaci贸n de riesgo del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores. Frente a la resoluci贸n administrativa que declare la situaci贸n de riesgo del menor, se podr谩 interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
7. Cuando la administraci贸n p煤blica competente est茅 desarrollando una intervenci贸n ante una situaci贸n de riesgo de un menor y tenga noticia de que va a ser trasladado al 谩mbito de otra entidad territorial, la administraci贸n p煤blica de origen lo pondr谩 en conocimiento de la de destino al efecto de que, si procede, 茅sta contin煤e la intervenci贸n que se ven铆a realizando, con remisi贸n de la informaci贸n y documentaci贸n necesaria. Si la administraci贸n p煤blica de origen desconociera el lugar de destino, podr谩 solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que procedan a su averiguaci贸n. Una vez conocida la localizaci贸n del menor, se pondr谩 en conocimiento de la Entidad P煤blica competente en dicho territorio, que continuar谩 la intervenci贸n.
8. En los supuestos en que la administraci贸n p煤blica competente para apreciar e intervenir en la situaci贸n de riesgo estime que existe una situaci贸n de desprotecci贸n que puede requerir la separaci贸n del menor de su 谩mbito familiar o cuando, concluido el per铆odo previsto en el proyecto de intervenci贸n o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el desempe帽o de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria asistencia moral o material, lo pondr谩 en conocimiento de la Entidad P煤blica a fin de que valore la procedencia de declarar la situaci贸n de desamparo, comunic谩ndolo al Ministerio Fiscal.
Cuando la Entidad P煤blica considere que no procede declarar la situaci贸n de desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administraci贸n p煤blica competente para apreciar la situaci贸n de riesgo, lo pondr谩 en conocimiento de la administraci贸n p煤blica que haya intervenido en la situaci贸n de riesgo y del Ministerio Fiscal. Este 煤ltimo har谩 una supervisi贸n de la situaci贸n del menor, pudiendo para ello recabar la colaboraci贸n de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera otros.
9. La administraci贸n p煤blica competente para intervenir en la situaci贸n de riesgo adoptar谩, en colaboraci贸n con los servicios de salud correspondientes, las medidas adecuadas de prevenci贸n, intervenci贸n y seguimiento, de las situaciones de posible riesgo prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaraci贸n de situaci贸n de riesgo o desamparo del reci茅n nacido. A tales efectos, se entender谩 por situaci贸n de riesgo prenatal la falta de cuidado f铆sico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, as铆 como cualquier otra acci贸n propia de la mujer o de terceros tolerada por 茅sta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomal铆as f铆sicas, mentales o sensoriales al reci茅n nacido. Los servicios de salud y el personal sanitario deber谩n notificar esta situaci贸n a la administraci贸n p煤blica competente, as铆 como al Ministerio Fiscal. Tras el nacimiento se mantendr谩 la intervenci贸n con el menor y su unidad familiar para que, si fuera necesario, se declare la situaci贸n de riesgo o desamparo del menor para su adecuada protecci贸n.
10. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos m茅dicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad f铆sica o ps铆quica de un menor constituye una situaci贸n de riesgo. En tales casos, las autoridades sanitarias, pondr谩n inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a trav茅s del Ministerio Fiscal, tales situaciones a los efectos de que se adopte la decisi贸n correspondiente en salvaguarda del mejor inter茅s del menor.'
Once
Se modifica el art铆culo 18, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 18. Actuaciones en situaci贸n de desamparo.
1. Cuando la Entidad P煤blica constate que el menor se encuentra en situaci贸n de desamparo, actuar谩 en la forma prevista en el art铆culo 172 y siguientes del C贸digo Civil, asumiendo la tutela de aqu茅l por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de protecci贸n y poni茅ndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acord贸 la tutela ordinaria.
2. De acuerdo con lo establecido en el art铆culo 172 y siguientes del C贸digo Civil, se considerar谩 situaci贸n de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protecci贸n establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando 茅stos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.
La situaci贸n de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podr谩 ser tenida en cuenta para la valoraci贸n de la situaci贸n de desamparo. Asimismo, en ning煤n caso se separar谩 a un menor de sus progenitores en raz贸n de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos.
Se considerar谩 un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situaci贸n, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.
En particular se entender谩 que existe situaci贸n de desamparo cuando se d茅 alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad f铆sica o mental del menor:
a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque 茅stas no quieran o no puedan ejercerla.
b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no est茅n en condiciones para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada m谩s all谩 del plazo de dos a帽os.
c) El riesgo para la vida, salud e integridad f铆sica del menor. En particular cuando se produzcan malos tratos f铆sicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; tambi茅n cuando el menor sea identificado como v铆ctima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecuci贸n de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas. Tambi茅n se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al reci茅n nacido causados por maltrato prenatal.
d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato psicol贸gico continuado o a la falta de atenci贸n grave y cr贸nica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atenci贸n est茅 condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorar谩 como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o guardadores o la falta de colaboraci贸n suficiente durante el mismo.
e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental.
f) La inducci贸n a la mendicidad, delincuencia o prostituci贸n, o cualquier otra explotaci贸n del menor de similar naturaleza o gravedad.
g) La ausencia de escolarizaci贸n o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducci贸n al absentismo escolar durante las etapas de escolarizaci贸n obligatoria.
h) Cualquier otra situaci贸n gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia.
3. Cada Entidad P煤blica designar谩 al 贸rgano que ejercer谩 la tutela de acuerdo con sus estructuras org谩nicas de funcionamiento.
4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de protecci贸n desde la Comunidad Aut贸noma que la adopt贸 a otra distinta, corresponde a 茅sta asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo m谩ximo de tres meses desde que esta 煤ltima sea informada por la primera de dicho traslado. No obstante lo anterior, cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad Aut贸noma de origen y sea previsible una reintegraci贸n familiar a corto o medio plazo, se mantendr谩 la medida adoptada y la Entidad P煤blica del lugar de residencia del menor colaborar谩 en el seguimiento de la evoluci贸n de 茅ste. Tampoco ser谩 necesaria la adopci贸n de nuevas medidas de protecci贸n en los casos de traslado temporal de un menor a un centro residencial ubicado en otra Comunidad Aut贸noma o cuando se establezca un acogimiento con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Aut贸nomas.
5. En los supuestos en los que se detecte una situaci贸n de posible desprotecci贸n de un menor de nacionalidad espa帽ola que se encuentre fuera del territorio nacional, para su protecci贸n en Espa帽a ser谩 competente la Entidad P煤blica correspondiente a la Comunidad Aut贸noma en la que residan los progenitores o tutores del menor. En su defecto, ser谩 competente la Entidad P煤blica correspondiente a la Comunidad Aut贸noma con la cual el menor o sus familiares tuvieren mayores v铆nculos. Cuando, conforme a tales criterios, no pudiere determinarse la competencia, ser谩 competente la Entidad P煤blica de la Comunidad Aut贸noma en la que el menor o sus familiares hubieran tenido su 煤ltima residencia habitual.
En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de Espa帽a hubiera sido objeto de una medida de protecci贸n previamente a su desplazamiento, ser谩 competente la Entidad P煤blica que ostente su guarda o tutela.
Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habr谩n de resolverse conforme a los principios de celeridad y de inter茅s superior del menor, evitando dilaciones en la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al mismo.
La Administraci贸n General del Estado se encargar谩 del traslado del menor a Espa帽a. La Comunidad Aut贸noma que corresponda asumir谩 la competencia desde el momento en que el menor se encuentre en Espa帽a.
6. En los supuestos en que las medidas de protecci贸n adoptadas en un Estado extranjero deban cumplirse en Espa帽a, se atender谩, en primer lugar, a lo previsto en el Reglamento (CE) n.潞 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci贸n de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.潞 1347/2000, o norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la normativa europea, se estar谩 a los Tratados y Convenios internacionales en vigor para Espa帽a y, en especial, al Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci贸n y la cooperaci贸n en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci贸n de los ni帽os, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o Convenio que lo sustituya. En defecto de toda normativa internacional, se estar谩 a las normas espa帽olas de producci贸n interna sobre eficacia en Espa帽a de medidas de protecci贸n de menores.'
Doce
Se modifica el art铆culo 19, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 19. Guarda de menores.
1. Adem谩s de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situaci贸n de desamparo, la Entidad P煤blica deber谩 asumir la guarda en los t茅rminos previstos en el art铆culo 172 bis del C贸digo Civil, cuando los progenitores o tutores no puedan cuidar de un menor por circunstancias graves y transitorias o cuando as铆 lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.
2. La guarda voluntaria tendr谩 una duraci贸n m谩xima de dos a帽os, salvo que el inter茅s superior del menor aconseje, excepcionalmente, la pr贸rroga de la medida por la previsible reintegraci贸n familiar en un plazo breve de tiempo.
En estos supuestos de guarda voluntaria ser谩 necesario el compromiso de la familia de someterse, en su caso, a la intervenci贸n profesional.'
Trece
Se incluye un art铆culo 19 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 19 bis. Disposiciones comunes a la guarda y tutela.
1. Cuando la Entidad P煤blica asuma la tutela o guarda del menor elaborar谩 un plan individualizado de protecci贸n que establecer谩 los objetivos, la previsi贸n y el plazo de las medidas de intervenci贸n a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el programa de reintegraci贸n familiar.
En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad P煤blica garantizar谩 la continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopci贸n de otros m谩s adecuados para sus necesidades.
2. Cuando del pron贸stico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, la Entidad P煤blica aplicar谩 el programa de reintegraci贸n familiar, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa relativa a los menores extranjeros no acompa帽ados.
3. Para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen ser谩 imprescindible que se haya comprobado una evoluci贸n positiva de la misma, objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los v铆nculos, que concurra el prop贸sito de desempe帽ar las responsabilidades parentales adecuadamente y que se constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes para el menor a trav茅s del correspondiente informe t茅cnico. En los casos de acogimiento familiar, deber谩 ponderarse, en la toma de decisi贸n sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integraci贸n en la familia de acogida y su entorno, as铆 como el desarrollo de v铆nculos afectivos con la misma.
4. Cuando se proceda a la reunificaci贸n familiar, la Entidad P煤blica realizar谩 un seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor.
5. En el caso de los menores extranjeros no acompa帽ados, se procurar谩 la b煤squeda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su inter茅s superior y no coloque al menor o a su familia en una situaci贸n que ponga en riesgo su seguridad.
6. Las menores y las j贸venes sujetas a medidas de protecci贸n que est茅n embarazadas, recibir谩n el asesoramiento y el apoyo adecuados a su situaci贸n. En el plan individual de protecci贸n se contemplar谩 esta circunstancia, as铆 como la protecci贸n del reci茅n nacido.'
Catorce
Se modifica el art铆culo 20, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 20. Acogimiento familiar.
1. El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del procedimiento en que se acuerde, revestir谩 las modalidades establecidas en el C贸digo Civil y, en raz贸n de la vinculaci贸n del menor con la familia acogedora, podr谩 tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena.
El acogimiento en familia ajena podr谩 ser especializado, entendiendo por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificaci贸n, experiencia y formaci贸n espec铆fica para desempe帽ar esta funci贸n respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente compensaci贸n econ贸mica, sin suponer en ning煤n caso una relaci贸n laboral.
El acogimiento especializado podr谩 ser profesionalizado cuando, reuniendo los requisitos anteriormente citados de cualificaci贸n, experiencia y formaci贸n espec铆fica, exista una relaci贸n laboral del acogedor o los acogedores con la Entidad P煤blica.
2. El acogimiento familiar se formalizar谩 por resoluci贸n de la Entidad P煤blica que tenga la tutela o la guarda, previa valoraci贸n de la adecuaci贸n de la familia para el acogimiento. En esta valoraci贸n se tendr谩 en cuenta su situaci贸n familiar y aptitud educadora, su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda 铆ndole del menor o menores de que se trate, la congruencia entre su motivaci贸n y la naturaleza y finalidad del acogimiento seg煤n su modalidad, as铆 como la disposici贸n a facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atenci贸n y, si lo hubiera, del programa de reintegraci贸n familiar, propiciando la relaci贸n del menor con su familia de procedencia. El r茅gimen de visitas podr谩 tener lugar en los puntos de encuentro familiar habilitados, cuando as铆 lo aconseje el inter茅s superior del menor y el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogedora. Cuando el tipo de acogimiento as铆 lo aconseje, se valorar谩 la adecuaci贸n de la edad de los acogedores con la del menor acogido, as铆 como la relaci贸n previa entre ellos, priorizando, salvo que el inter茅s del menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su familia extensa, re煤nan condiciones adecuadas para el acogimiento.
3. A la resoluci贸n de formalizaci贸n del acogimiento familiar a que se refiere el apartado anterior, acordada conforme a los t茅rminos previstos en el C贸digo Civil, se acompa帽ar谩 un documento anexo que incluir谩 los siguientes extremos:
a) La identidad del acogedor o acogedores y del acogido.
b) Los consentimientos y audiencias necesarias.
c) La modalidad del acogimiento, duraci贸n prevista para el mismo, as铆 como su car谩cter de acogimiento en familia extensa o en familia ajena en raz贸n de la vinculaci贸n del menor con la familia o persona acogedora.
d) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:
1.潞 El r茅gimen de visitas, estancia, relaci贸n o comunicaci贸n, en los supuestos de declaraci贸n de desamparo, por parte de la familia de origen, que podr谩 modificarse por la Entidad P煤blica en atenci贸n al inter茅s superior del menor.
2.潞 El sistema de cobertura por parte de la Entidad P煤blica de los da帽os que sufra el menor o de los que pueda causar a terceros.
3.潞 La asunci贸n por parte de los acogedores de los gastos de manutenci贸n, educaci贸n y atenci贸n socio-sanitaria.
e) El contenido del seguimiento que, en funci贸n de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la Entidad P煤blica y el compromiso de colaboraci贸n con dicho seguimiento por parte de la familia acogedora.
f) En el caso de menores con discapacidad, los recursos de apoyo que precisa.
g) La compensaci贸n econ贸mica, apoyos t茅cnicos y otro tipo de ayudas que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.
h) El plazo en el cual la medida vaya a ser revisada.
La resoluci贸n y el documento anexo se remitir谩n al Ministerio Fiscal en el plazo m谩ximo de un mes.'
Quince
Se incluye el art铆culo 20 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 20 bis. Derechos y deberes de los acogedores familiares.
1. Los acogedores familiares tendr谩n derecho a:
a) Recibir informaci贸n acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, as铆 como preparaci贸n previa, seguimiento y apoyo t茅cnico especializado durante y al t茅rmino del mismo. En el caso de menores con discapacidad, los acogedores tendr谩n derecho a orientaci贸n, acompa帽amiento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor.
b) Ser o铆dos por la Entidad P煤blica antes de que 茅sta adopte cualquier resoluci贸n que afecte al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el r茅gimen de visitas o de relaci贸n o comunicaci贸n con la familia de origen.
c) Ser informados del plan individual de protecci贸n as铆 como de las medidas de protecci贸n relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de las revisiones peri贸dicas y a obtener informaci贸n del expediente de protecci贸n del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepci贸n de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protecci贸n de datos de car谩cter personal.
d) Ser parte en todos los procesos de oposici贸n a las medidas de protecci贸n y a la declaraci贸n de situaci贸n de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de oposici贸n relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que tenga formalizada.
e) Cooperar con la Entidad P煤blica en los planes de actuaci贸n y seguimiento establecidos para el acogimiento.
f) Disponer de la documentaci贸n identificativa, sanitaria y educativa del menor que acogen.
g) Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.
h) Ser respetados por el menor acogido.
i) Recabar el auxilio de la Entidad P煤blica en el ejercicio de sus funciones.
j) Realizar viajes con el menor siempre que se informe a la Entidad P煤blica y no exista oposici贸n de 茅sta.
k) Percibir una compensaci贸n econ贸mica y otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado, en su caso.
l) Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biol贸gicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el menor conviva con ellos.
m) Relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la Entidad P煤blica entiende que conviniere a su inter茅s superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente, y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a帽os.
n) Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con la legislaci贸n vigente.
帽) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Entidad P煤blica que deber谩n ser tramitadas en un plazo inferior a los 30 d铆as y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado con anterioridad a dicho plazo.
o) La familia acogedora tendr谩 los mismos derechos que la Administraci贸n reconoce al resto de unidades familiares.
2. Los acogedores familiares tendr谩n los siguientes deberes:
a) Velar por el bienestar y el inter茅s superior del menor, tenerlo en su compa帽铆a, alimentarlo, educarlo y procurarle una formaci贸n integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad, deber谩 continuar prestando los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros m谩s adecuados a sus necesidades.
b) O铆r al menor siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 a帽os, sin exclusi贸n alguna por discapacidad, y a transmitir a la Entidad P煤blica las peticiones que 茅ste pueda realizar dentro de su madurez.
c) Asegurar la plena participaci贸n del menor en la vida de familia.
d) Informar a la Entidad P煤blica de cualquier hecho de trascendencia en relaci贸n con el menor.
e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del r茅gimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegraci贸n familiar, en su caso.
f) Colaborar activamente con las Entidades P煤blicas en el desarrollo de la intervenci贸n individualizada con el menor y seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de la misma.
g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y familiares del menor.
h) Comunicar a la Entidad Publica cualquier cambio en la situaci贸n familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron en consideraci贸n como base para el acogimiento.
i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores acogidos y el respeto a su propia imagen, as铆 como velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
j) Participar en las acciones formativas que se propongan.
k) Colaborar en el tr谩nsito de la medida de protecci贸n del menor a la reintegraci贸n a su entorno de origen, la adopci贸n, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se establezca tras la adopci贸n de una medida de protecci贸n m谩s estable.
l) Los acogedores familiares tendr谩n las mismas obligaciones respecto del menor acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.'
Diecis茅is
Se modifica el art铆culo 21, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 21. Acogimiento residencial.
1. En relaci贸n con los menores en acogimiento residencial, las Entidades P煤blicas y los servicios y centros donde se encuentren deber谩n actuar conforme a los principios rectores de esta ley, con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos, y tendr谩n las siguientes obligaciones b谩sicas:
a) Asegurar谩n la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizar谩n los derechos de los menores adaptando su proyecto general a las caracter铆sticas personales de cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que persiga el bienestar del menor, su desarrollo f铆sico, psicol贸gico, social y educativo en el marco del plan individualizado de protecci贸n que defina la Entidad P煤blica.
b) Contar谩n con el plan individual de protecci贸n de cada menor que establezca claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su consecuci贸n, en el cual se prever谩 la preparaci贸n del menor, tanto a la llegada como a la salida del centro.
c) Adoptar谩n todas sus decisiones en relaci贸n con el acogimiento residencial de los menores en inter茅s de los mismos.
d) Fomentar谩n la convivencia y la relaci贸n entre hermanos siempre que ello redunde en inter茅s de los menores y procurar谩n la estabilidad residencial de los menores, as铆 como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la provincia de origen del menor.
e) Promover谩n la relaci贸n y colaboraci贸n familiar, program谩ndose, al efecto, los recursos necesarios para posibilitar el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es el inter茅s del menor.
f) Potenciar谩n la educaci贸n integral e inclusiva de los menores, con especial consideraci贸n a las necesidades de los menores con discapacidad, y velar谩n por su preparaci贸n para la vida plena, de manera especial su escolarizaci贸n y formaci贸n.
En el caso de los menores de diecis茅is a dieciocho a帽os uno de los objetivos prioritarios ser谩 la preparaci贸n para la vida independiente, la orientaci贸n e inserci贸n laboral.
g) Poseer谩n una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las necesidades educativas y de protecci贸n, y tendr谩n recogido un procedimiento de formulaci贸n de quejas y reclamaciones.
h) Administrar谩n los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo prescripci贸n y seguimiento m茅dico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos efectos se llevar谩 un registro con la historia m茅dica de cada uno de los menores.
i) Revisar谩n peri贸dicamente el plan individual de protecci贸n con el objeto de valorar la adecuaci贸n del recurso residencial a las circunstancias personales del menor.
j) Potenciar谩n las salidas de los menores en fines de semana y per铆odos vacacionales con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias alternativas.
k) Promover谩n la integraci贸n normalizada de los menores en los servicios y actividades de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se encuentran.
l) Establecer谩n los necesarios mecanismos de coordinaci贸n con los servicios sociales especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protecci贸n.
m) Velar谩n por la preparaci贸n para la vida independiente, promoviendo la participaci贸n en las decisiones que le afecten, incluida la propia gesti贸n del centro, la autonom铆a y la asunci贸n progresiva de responsabilidades.
n) Establecer谩n medidas educativas y de supervisi贸n que garanticen la protecci贸n de los datos personales del menor al acceder a las tecnolog铆as de la informaci贸n y de la comunicaci贸n y a las redes sociales.
2. Todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios dirigidos a menores en el 谩mbito de la protecci贸n deber谩n estar siempre habilitados administrativamente por la Entidad P煤blica, debiendo respetar el r茅gimen de habilitaci贸n lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant铆a de la unidad de mercado. Adem谩s, deber谩n existir est谩ndares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio.
La Entidad P煤blica regular谩 el r茅gimen de funcionamiento de los centros de acogimiento residencial e inscribir谩 en el registro correspondiente a las entidades de acuerdo con sus disposiciones, prestando especial atenci贸n a la seguridad, sanidad, accesibilidad para personas con discapacidad, n煤mero, ratio y cualificaci贸n profesional de su personal, proyecto educativo, participaci贸n de los menores en su funcionamiento interno y dem谩s condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.
Asimismo, la Entidad P煤blica promover谩 modelos de acogimiento residencial con n煤cleos reducidos de menores que convivan en condiciones similares a las familiares.
3. Con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecer谩 la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis a帽os. No se acordar谩 el acogimiento residencial para menores de tres a帽os salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al inter茅s superior del menor. Esta limitaci贸n para acordar el acogimiento residencial se aplicar谩 tambi茅n a los menores de seis a帽os en el plazo m谩s breve posible. En todo caso, y con car谩cter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendr谩 una duraci贸n superior a tres meses.
4. A los efectos de asegurar la protecci贸n de los derechos de los menores, la Entidad P煤blica deber谩 realizar la inspecci贸n y supervisi贸n de los centros y servicios semestralmente y siempre que as铆 lo exijan las circunstancias.
5. Asimismo, el Ministerio Fiscal deber谩 ejercer la vigilancia sobre las decisiones de acogimiento residencial que se adopten, as铆 como la inspecci贸n sobre todos los servicios y centros de acogimiento residencial, analizando, entre otros, los Proyectos Educativos Individualizados, el Proyecto Educativo del Centro y el Reglamento Interno.
6. La administraci贸n p煤blica competente podr谩 adoptar las medidas adecuadas para garantizar la convivencia del centro, actuando sobre aquellas conductas con medidas de car谩cter educativo, que no podr谩n atentar, en ning煤n caso, contra la dignidad de los menores. En casos graves de perturbaci贸n de la convivencia, podr谩n limitarse las salidas del centro de acogida. Estas medidas deber谩n ejercerse de forma inmediata y proporcional a la conducta de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias personales de 茅stos, su actitud y los resultados derivados de su comportamiento.
7. De aquellas medidas que se impusieran por conductas o actitudes que fueren atentatorias contra la convivencia en el 谩mbito residencial, se dar谩 cuenta inmediata a los progenitores, tutores o representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal.'
Diecisiete
Se incluye un art铆culo 21 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 21 bis. Derechos de los menores acogidos.
1. El menor acogido, con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendr谩 derecho a:
a) Ser o铆do en los t茅rminos del art铆culo 9 y, en su caso, ser parte en el proceso de oposici贸n a las medidas de protecci贸n y declaraci贸n en situaci贸n de desamparo de acuerdo con la normativa aplicable, y en funci贸n de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser informado y notificado de todas las resoluciones de formalizaci贸n y cese del acogimiento.
b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jur铆dica gratuita cuando se encuentre en situaci贸n de desamparo.
c) Dirigirse directamente a la Entidad P煤blica y ser informado de cualquier hecho trascendente relativo al acogimiento.
d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del r茅gimen de visitas, relaci贸n y comunicaci贸n establecido por la Entidad P煤blica.
e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para facilitar la asunci贸n de las mismas.
f) Recibir con la suficiente anticipaci贸n la informaci贸n, los servicios y los apoyos generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con discapacidad.
g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que considere, sobre las circunstancias de su acogimiento.
h) Recibir el apoyo educativo y psicoterap茅utico por parte de la Entidad P煤blica, para superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento residencial, como en acogimiento familiar.
i) Recibir el apoyo educativo y psicoterap茅utico que sea necesario.
j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus or铆genes y parientes biol贸gicos, una vez alcanzada la mayor铆a de edad.
2. En los supuestos de acogimiento familiar, tiene, adem谩s, los siguientes derechos:
a) Participar plenamente en la vida familiar del acogedor.
b) Mantener relaci贸n con la familia de acogida tras el cese del acogimiento si la Entidad P煤blica entiende que conviniere a su inter茅s superior y siempre que lo consintieren el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a帽os, la familia de acogida y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.
c) Solicitar informaci贸n o pedir, por s铆 mismo si tuviera suficiente madurez, el cese del acogimiento familiar.
3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene, adem谩s, los siguientes derechos:
a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no sean inadecuadas para el contexto educativo.
b) Participar en la elaboraci贸n de la programaci贸n de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas.
c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atenci贸n y reclamaci贸n que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad P煤blica.'
Dieciocho
Se a帽ade el art铆culo 22 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 bis. Programas de preparaci贸n para la vida independiente.
Las Entidades P煤blicas ofrecer谩n programas de preparaci贸n para la vida independiente dirigidos a los j贸venes que est茅n bajo una medida de protecci贸n, particularmente en acogimiento residencial o en situaci贸n de especial vulnerabilidad, desde dos a帽os antes de su mayor铆a de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de participaci贸n activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deber谩n propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserci贸n socio-laboral, apoyo psicol贸gico y ayudas econ贸micas.'
Diecinueve
Se a帽ade el art铆culo 22 ter, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 ter. Sistema de informaci贸n sobre la protecci贸n a la infancia y a la adolescencia.
Las Comunidades Aut贸nomas y la Administraci贸n General del Estado establecer谩n un sistema de informaci贸n compartido que permita el conocimiento uniforme de la situaci贸n de la protecci贸n a la infancia y a la adolescencia en Espa帽a, y de ofrecimientos para el acogimiento y la adopci贸n, con datos desagregados por g茅nero y discapacidad, tanto a efectos de seguimiento de las medidas concretas de protecci贸n de menores como a efectos estad铆sticos. A estos mismos efectos se desarrollar谩 el Registro Unificado de Maltrato Infantil.'
Veinte
Se a帽ade el art铆culo 22 qu谩ter, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 qu谩ter. Tratamiento de datos de car谩cter personal.
1. Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el cap铆tulo I del t铆tulo II de esta ley, las Administraciones P煤blicas competentes podr谩n proceder, sin el consentimiento del interesado, a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la situaci贸n del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o social.
Los profesionales, las Entidades P煤blicas y privadas y, en general, cualquier persona facilitar谩n a las Administraciones P煤blicas los informes y antecedentes sobre los menores, sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, que les sean requeridos por ser necesarios para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado.
2. Las entidades a las que se refiere el art铆culo 13 podr谩n tratar sin consentimiento del interesado la informaci贸n que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho precepto con la 煤nica finalidad de poner dichos datos en conocimiento de las Administraciones P煤blicas competentes o del Ministerio Fiscal.
3. Los datos recabados por las Administraciones P煤blicas podr谩n utilizarse 煤nica y exclusivamente para la adopci贸n de las medidas de protecci贸n establecidas en la presente ley, atendiendo en todo caso a la garant铆a del inter茅s superior del menor y s贸lo podr谩n ser comunicados a las Administraciones P煤blicas que hubieran de adoptar las resoluciones correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los 贸rganos judiciales.
4. Los datos podr谩n ser igualmente cedidos sin consentimiento del interesado al Ministerio Fiscal, que los tratar谩 para el ejercicio de las funciones establecidas en esta ley y en la normativa que le es aplicable.
5. En todo caso, el tratamiento de los mencionados datos quedar谩 sometido a lo dispuesto en la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal y sus disposici贸n de desarrollo, siendo exigible la implantaci贸n de las medidas de seguridad de nivel alto previstas en dicha normativa.'
Veintiuno
Se a帽ade el art铆culo 22 quinquies, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22 quinquies. Impacto de las normas en la infancia y en la adolescencia.
Las memorias del an谩lisis de impacto normativo que deben acompa帽ar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluir谩n el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia.'
Veintid贸s
Se modifica el art铆culo 23, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 23. 脥ndice de tutelas.
Para el ejercicio de la funci贸n de vigilancia atribuida al Ministerio Fiscal en el C贸digo Civil respecto de la tutela asumida por la Entidad P煤blica por ministerio de la ley, se llevar谩 en cada Fiscal铆a un 脥ndice de Tutelas de Menores.'
Veintitr茅s
Se modifica el art铆culo 24 que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 24. Adopci贸n de menores.
La adopci贸n nacional e internacional se ajustar谩 a lo establecido por la legislaci贸n civil aplicable.'
Art铆culo segundo. Modificaci贸n del C贸digo Civil
El C贸digo Civil queda modificado en los siguientes t茅rminos:
Uno
Se modifican los apartados 4, 6 y 7 del art铆culo 9, que quedan redactados como sigue:
«4. La determinaci贸n y el car谩cter de la filiaci贸n por naturaleza se regir谩n por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiaci贸n. A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiaci贸n, se aplicar谩 la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiaci贸n o si el hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicar谩 la ley sustantiva espa帽ola. En lo relativo al establecimiento de la filiaci贸n por adopci贸n, se estar谩 a lo dispuesto en el apartado 5.
La ley aplicable al contenido de la filiaci贸n, por naturaleza o por adopci贸n, y al ejercicio de la responsabilidad parental, se determinar谩 con arreglo al Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci贸n y la cooperaci贸n en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci贸n de los ni帽os.'
«6. La ley aplicable a la protecci贸n de menores se determinar谩 de acuerdo con el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, a que se hace referencia en el apartado 4 de este art铆culo.
La ley aplicable a la protecci贸n de las personas mayores de edad se determinar谩 por la ley de su residencia habitual. En el caso de cambio de la residencia a otro Estado, se aplicar谩 la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en Espa帽a de las medidas de protecci贸n acordadas en otros Estados. Ser谩 de aplicaci贸n, sin embargo, la ley espa帽ola para la adopci贸n de medidas provisionales o urgentes de protecci贸n.
7. La ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se determinar谩 de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya.'
Dos
Se introduce un apartado 3 en el art铆culo 19, que queda redactado como sigue:
«3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si de acuerdo con el sistema jur铆dico del pa铆s de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, 茅sta ser谩 reconocida tambi茅n en Espa帽a.'
Tres
Se modifica el art铆culo 133, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 133.
1. La acci贸n de reclamaci贸n de filiaci贸n no matrimonial, cuando falte la respectiva posesi贸n de estado, corresponder谩 al hijo durante toda su vida.
Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro a帽os desde que alcanzare mayor铆a de edad o recobrare capacidad suficiente a tales efectos, o durante el a帽o siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funde la demanda, su acci贸n corresponder谩 a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.
2. Igualmente podr谩n ejercitar la presente acci贸n de filiaci贸n los progenitores en el plazo de un a帽o contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamaci贸n.
Esta acci贸n no ser谩 transmisible a los herederos quienes solo podr谩n continuar la acci贸n que el progenitor hubiere iniciado en vida.'
Cuatro
Se modifica el art铆culo 136, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 136.
1. El marido podr谩 ejercitar la acci贸n de impugnaci贸n de la paternidad en el plazo de un a帽o contado desde la inscripci贸n de la filiaci贸n en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo no correr谩 mientras el marido ignore el nacimiento. Fallecido el marido sin conocer el nacimiento, el a帽o se contar谩 desde que lo conozca el heredero.
2. Si el marido, pese a conocer el hecho del nacimiento de quien ha sido inscrito como hijo suyo, desconociera su falta de paternidad biol贸gica, el c贸mputo del plazo de un a帽o comenzar谩 a contar desde que tuviera tal conocimiento.
3. Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo se帽alado en los p谩rrafos anteriores, la acci贸n corresponder谩 a cada heredero por el tiempo que faltare para completar dicho plazo.'
Cinco
Se modifica el art铆culo 137, que pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 137.
1. La paternidad podr谩 ser impugnada por el hijo durante el a帽o siguiente a la inscripci贸n de la filiaci贸n. Si fuere menor o tuviere la capacidad modificada judicialmente, el plazo contar谩 desde que alcance la mayor铆a de edad o recobrare capacidad suficiente a tales efectos.
El ejercicio de la acci贸n, en inter茅s del hijo que sea menor o tuviere la capacidad modificada judicialmente, corresponder谩, asimismo, durante el a帽o siguiente a la inscripci贸n de la filiaci贸n, a la madre que ostente la patria potestad, a su representante legal o al Ministerio Fiscal.
2. Si el hijo, pese a haber transcurrido m谩s de un a帽o desde la inscripci贸n en el registro, desde su mayor铆a de edad o desde la recuperaci贸n de la capacidad suficiente a tales efectos, desconociera la falta de paternidad biol贸gica de quien aparece inscrito como su progenitor, el c贸mputo del plazo de un a帽o comenzar谩 a contar desde que tuviera tal conocimiento.
3. Cuando el hijo falleciere antes de transcurrir los plazos establecidos en los p谩rrafos anteriores, su acci贸n corresponder谩 a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.
4. Si falta en las relaciones familiares la posesi贸n de estado de filiaci贸n matrimonial, la demanda podr谩 ser interpuesta en cualquier tiempo por el hijo o sus herederos.'
Seis
Se modifica el art铆culo 138, que pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 138.
El reconocimiento y dem谩s actos jur铆dicos que determinen conforme a la ley una filiaci贸n matrimonial o no matrimonial podr谩n ser impugnados por vicio de consentimiento seg煤n lo dispuesto en el art铆culo 141. La impugnaci贸n de la paternidad por otras causas se atendr谩 a las normas contenidas en esta secci贸n.'
Siete
Se modifica el p谩rrafo final del art铆culo 140, que tendr谩 la siguiente redacci贸n:
«Los hijos tendr谩n en todo caso acci贸n durante un a帽o despu茅s de alcanzar la mayor铆a de edad o de recobrar capacidad suficiente a tales efectos.'
Ocho
Se modifica el art铆culo 154, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 154.
Los hijos no emancipados est谩n bajo la patria potestad de los progenitores.
La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercer谩 siempre en inter茅s de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad f铆sica y mental.
Esta funci贸n comprende los siguientes deberes y facultades:
1.潞 Velar por ellos, tenerlos en su compa帽铆a, alimentarlos, educarlos y procurarles una formaci贸n integral.
2.潞 Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente madurez deber谩n ser o铆dos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.
Los progenitores podr谩n, en el ejercicio de su funci贸n, recabar el auxilio de la autoridad.'
Nueve
Se modifica el n煤mero 4.潞, se a帽aden los n煤meros 5.潞 y 6.潞 y se modifica el 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 158, que quedan redactados como sigue:
«4.潞 La medida de prohibici贸n a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad.
5.潞 La medida de prohibici贸n de comunicaci贸n con el menor, que impedir谩 a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicaci贸n o medio inform谩tico o telem谩tico, con respeto al principio de proporcionalidad.
6.潞 En general, las dem谩s disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizar谩 por el Juez que el menor pueda ser o铆do en condiciones id贸neas para la salvaguarda de sus intereses.
En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicar谩 las medidas a la Entidad P煤blica.
Todas estas medidas podr谩n adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicci贸n voluntaria.'
Diez
Se modifica el art铆culo 160, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 160.
1. Los hijos menores tienen derecho a relacionarse con sus progenitores aunque 茅stos no ejerzan la patria potestad, salvo que se disponga otra cosa por resoluci贸n judicial o por la Entidad P煤blica en los casos establecidos en el art铆culo 161. En caso de privaci贸n de libertad de los progenitores, y siempre que el inter茅s superior del menor recomiende visitas a aquellos, la Administraci贸n deber谩 facilitar el traslado acompa帽ado del menor al centro penitenciario, ya sea por un familiar designado por la administraci贸n competente o por un profesional que velar谩n por la preparaci贸n del menor a dicha visita. Asimismo la visita a un centro penitenciario se deber谩 realizar fuera de horario escolar y en un entorno adecuado para el menor.
Los menores adoptados por otra persona, solo podr谩n relacionarse con su familia de origen en los t茅rminos previstos en el art铆culo 178.4.
2. No podr谩n impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.
En caso de oposici贸n, el Juez, a petici贸n del menor, hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolver谩 atendidas las circunstancias. Especialmente deber谩 asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infracci贸n de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.'
Once
Se modifica el art铆culo 161, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 161.
La Entidad P煤blica a la que, en el respectivo territorio, est茅 encomendada la protecci贸n de menores regular谩 las visitas y comunicaciones que correspondan a los progenitores, abuelos, hermanos y dem谩s parientes y allegados respecto a los menores en situaci贸n de desamparo, pudiendo acordar motivadamente, en inter茅s del menor, la suspensi贸n temporal de las mismas previa audiencia de los afectados y del menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a帽os, con inmediata notificaci贸n al Ministerio Fiscal. A tal efecto, el Director del centro de acogimiento residencial o la familia acogedora u otros agentes o profesionales implicados informar谩n a la Entidad P煤blica de cualquier indicio de los efectos nocivos de estas visitas sobre el menor.
El menor, los afectados y el Ministerio Fiscal podr谩n oponerse a dichas resoluciones administrativas conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.'
Doce
Se modifica la redacci贸n del punto primero del art铆culo 162, en los siguientes t茅rminos:
«Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representaci贸n legal de sus hijos menores no emancipados.
Se except煤an:
1.潞 Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por s铆 mismo.
No obstante, los responsables parentales intervendr谩n en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia.
2.潞 Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo.
3.潞 Los relativos a bienes que est茅n excluidos de la administraci贸n de los padres.
Para celebrar contratos que obliguen al hijo a realizar prestaciones personales se requiere el previo consentimiento de 茅ste si tuviere suficiente juicio, sin perjuicio de lo establecido en el art铆culo 158.'
Trece
Se modifica el art铆culo 172, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 172.
1. Cuando la Entidad P煤blica a la que, en el respectivo territorio, est茅 encomendada la protecci贸n de los menores constate que un menor se encuentra en situaci贸n de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deber谩 adoptar las medidas de protecci贸n necesarias para su guarda, poni茅ndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acord贸 la tutela ordinaria. La resoluci贸n administrativa que declare la situaci贸n de desamparo y las medidas adoptadas se notificar谩 en legal forma a los progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce a帽os, de forma inmediata sin que sobrepase el plazo m谩ximo de cuarenta y ocho horas. La informaci贸n ser谩 clara, comprensible y en formato accesible, incluyendo las causas que dieron lugar a la intervenci贸n de la Administraci贸n y los efectos de la decisi贸n adoptada, y en el caso del menor, adaptada a su grado de madurez. Siempre que sea posible, y especialmente en el caso del menor, esta informaci贸n se facilitar谩 de forma presencial.
Se considera como situaci贸n de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protecci贸n establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando 茅stos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.
La asunci贸n de la tutela atribuida a la Entidad P煤blica lleva consigo la suspensi贸n de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, ser谩n v谩lidos los actos de contenido patrimonial que realicen los progenitores o tutores en representaci贸n del menor y que sean en inter茅s de 茅ste.
La Entidad P煤blica y el Ministerio Fiscal podr谩n promover, si procediere, la privaci贸n de la patria potestad y la remoci贸n de la tutela.
2. Durante el plazo de dos a帽os desde la notificaci贸n de la resoluci贸n administrativa por la que se declare la situaci贸n de desamparo, los progenitores que contin煤en ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida conforme a lo previsto en el apartado 1, o los tutores que, conforme al mismo apartado, tengan suspendida la tutela, podr谩n solicitar a la Entidad P煤blica que cese la suspensi贸n y quede revocada la declaraci贸n de situaci贸n de desamparo del menor, si, por cambio de las circunstancias que la motivaron, entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela.
Igualmente, durante el mismo plazo podr谩n oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protecci贸n del menor.
Pasado dicho plazo decaer谩 el derecho de los progenitores o tutores a solicitar u oponerse a las decisiones o medidas que se adopten para la protecci贸n del menor. No obstante, podr谩n facilitar informaci贸n a la Entidad P煤blica y al Ministerio Fiscal sobre cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaraci贸n de situaci贸n de desamparo.
En todo caso, transcurridos los dos a帽os, 煤nicamente el Ministerio Fiscal estar谩 legitimado para oponerse a la resoluci贸n de la Entidad P煤blica.
Durante ese plazo de dos a帽os, la Entidad P煤blica, ponderando la situaci贸n y poni茅ndola en conocimiento del Ministerio Fiscal, podr谩 adoptar cualquier medida de protecci贸n, incluida la propuesta de adopci贸n, cuando exista un pron贸stico fundado de imposibilidad definitiva de retorno a la familia de origen.
3. La Entidad P煤blica, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podr谩 revocar la declaraci贸n de situaci贸n de desamparo y decidir el retorno del menor con su familia, siempre que se entienda que es lo m谩s adecuado para su inter茅s. Dicha decisi贸n se notificar谩 al Ministerio Fiscal.
4. En cumplimiento de la obligaci贸n de prestar la atenci贸n inmediata, la Entidad P煤blica podr谩 asumir la guarda provisional de un menor mediante resoluci贸n administrativa, y lo comunicar谩 al Ministerio Fiscal, procediendo simult谩neamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situaci贸n real de desamparo.
Tales diligencias se realizar谩n en el plazo m谩s breve posible, durante el cual deber谩 procederse, en su caso, a la declaraci贸n de la situaci贸n de desamparo y consecuente asunci贸n de la tutela o a la promoci贸n de la medida de protecci贸n procedente. Si existieran personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, pudieran asumir la tutela en inter茅s de 茅ste, se promover谩 el nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias.
Cuando hubiera transcurrido el plazo se帽alado y no se hubiera formalizado la tutela o adoptado otra resoluci贸n, el Ministerio Fiscal promover谩 las acciones procedentes para asegurar la adopci贸n de la medida de protecci贸n m谩s adecuada del menor por parte de la Entidad P煤blica.
5. La Entidad P煤blica cesar谩 en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situaci贸n de desamparo cuando constate, mediante los correspondientes informes, la desaparici贸n de las causas que motivaron su asunci贸n, por alguno de los supuestos previstos en los art铆culos 276 y 277.1, y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro pa铆s.
b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad aut贸noma cuya Entidad P煤blica hubiere dictado resoluci贸n sobre declaraci贸n de situaci贸n de desamparo y asumido su tutela o medida de protecci贸n correspondiente, o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de protecci贸n a tenor de la situaci贸n del menor.
c) Que hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandon贸 voluntariamente el centro de protecci贸n, encontr谩ndose en paradero desconocido.
La guarda provisional cesar谩 por las mismas causas que la tutela.'
Catorce
Se incluye el art铆culo 172 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 172 bis.
1. Cuando los progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, no puedan cuidar al menor, podr谩n solicitar de la Entidad P煤blica que 茅sta asuma su guarda durante el tiempo necesario, que no podr谩 sobrepasar dos a帽os como plazo m谩ximo de cuidado temporal del menor, salvo que el inter茅s superior del menor aconseje, excepcionalmente, la pr贸rroga de las medidas. Transcurrido el plazo o la pr贸rroga, en su caso, el menor deber谩 regresar con sus progenitores o tutores o, si no se dan las circunstancias adecuadas para ello, ser declarado en situaci贸n legal de desamparo.
La entrega voluntaria de la guarda se har谩 por escrito dejando constancia de que los progenitores o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor, as铆 como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Entidad P煤blica garantiz谩ndose, en particular a los menores con discapacidad, la continuidad de los apoyos especializados que vinieran recibiendo o la adopci贸n de otros m谩s adecuados a sus necesidades.
La resoluci贸n administrativa sobre las asunci贸n de la guarda por la Entidad P煤blica, as铆 como sobre cualquier variaci贸n posterior de su forma de ejercicio, ser谩 fundamentada y comunicada a los progenitores o tutores y al Ministerio Fiscal.
2. Asimismo, la Entidad P煤blica asumir谩 la guarda cuando as铆 lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda, adoptando la medida de protecci贸n correspondiente.'
Quince
Se a帽ade el art铆culo 172 ter, con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 172 ter.
1. La guarda se realizar谩 mediante el acogimiento familiar y, no siendo 茅ste posible o conveniente para el inter茅s del menor, mediante el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se realizar谩 por la persona o personas que determine la Entidad P煤blica. El acogimiento residencial se ejercer谩 por el Director o responsable del centro donde est茅 acogido el menor, conforme a los t茅rminos establecidos en la legislaci贸n de protecci贸n de menores.
No podr谩n ser acogedores los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en la ley.
La resoluci贸n de la Entidad P煤blica en la que se formalice por escrito la medida de guarda se notificar谩 a los progenitores o tutores que no estuvieran privados de la patria potestad o tutela, as铆 como al Ministerio Fiscal.
2. Se buscar谩 siempre el inter茅s del menor y se priorizar谩, cuando no sea contrario a ese inter茅s, su reintegraci贸n en la propia familia y que la guarda de los hermanos se conf铆e a una misma instituci贸n o persona para que permanezcan unidos. La situaci贸n del menor en relaci贸n con su familia de origen, tanto en lo que se refiere a su guarda como al r茅gimen de visitas y otras formas de comunicaci贸n, ser谩 revisada, al menos cada seis meses.
3. La Entidad P煤blica podr谩 acordar, en relaci贸n con el menor en acogida familiar o residencial, cuando sea conveniente a su inter茅s, estancias, salidas de fines de semana o de vacaciones con familias o con instituciones dedicadas a estas funciones. A tal efecto s贸lo se seleccionar谩 a personas o instituciones adecuadas a las necesidades del menor. Dichas medidas deber谩n ser acordadas una vez haya sido o铆do el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a帽os.
La delegaci贸n de guarda para estancias, salidas de fin de semana o vacaciones contendr谩 los t茅rminos de la misma y la informaci贸n que fuera necesaria para asegurar el bienestar del menor, en especial de todas las medidas restrictivas que haya establecido la Entidad P煤blica o el Juez. Dicha medida ser谩 comunicada a los progenitores o tutores, siempre que no hayan sido privados del ejercicio de la patria potestad o removidos del ejercicio de la tutela, as铆 como a los acogedores. Se preservar谩n los datos de estos guardadores cuando resulte conveniente para el inter茅s del menor o concurra justa causa.
4. En los casos de declaraci贸n de situaci贸n de desamparo o de asunci贸n de la guarda por resoluci贸n administrativa o judicial, podr谩 establecerse por la Entidad P煤blica la cantidad que deben abonar los progenitores o tutores para contribuir, en concepto de alimentos y en funci贸n de sus posibilidades, a los gastos derivados del cuidado y atenci贸n del menor, as铆 como los derivados de la responsabilidad civil que pudiera imputarse a los menores por actos realizados por los mismos.'
Diecis茅is
Se modifica el art铆culo 173, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 173.
1. El acogimiento familiar produce la plena participaci贸n del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por 茅l, tenerlo en su compa帽铆a, alimentarlo, educarlo y procurarle una formaci贸n integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad, deber谩 continuar con los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros m谩s adecuados a sus necesidades.
2. El acogimiento requerir谩 el consentimiento de los acogedores y del menor acogido si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a帽os.
3. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado la guarda en acogimiento familiar, aqu茅l, el acogedor, el Ministerio Fiscal, los progenitores o tutor que no estuvieran privados de la patria potestad o de la tutela o cualquier persona interesada podr谩n solicitar a la Entidad P煤blica la remoci贸n de la guarda.
4. El acogimiento familiar del menor cesar谩:
a) Por resoluci贸n judicial.
b) Por resoluci贸n de la Entidad P煤blica, de oficio o a propuesta del Ministerio Fiscal, de los progenitores, tutores, acogedores o del propio menor si tuviera suficiente madurez, cuando se considere necesario para salvaguardar el inter茅s del mismo, o铆dos los acogedores, el menor, sus progenitores o tutor.
c) Por la muerte o declaraci贸n de fallecimiento del acogedor o acogedores del menor.
d) Por la mayor铆a de edad del menor.
5. Todas las actuaciones de formalizaci贸n y cesaci贸n del acogimiento se practicar谩n con la obligada reserva.'
Diecisiete
Se modifica el art铆culo 173 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 173 bis.
1. El acogimiento familiar podr谩 tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena, pudiendo en este 煤ltimo caso ser especializado.
2. El acogimiento familiar podr谩 adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su duraci贸n y objetivos:
a) Acogimiento familiar de urgencia, principalmente para menores de seis a帽os, que tendr谩 una duraci贸n no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protecci贸n familiar que corresponda.
b) Acogimiento familiar temporal, que tendr谩 car谩cter transitorio, bien porque de la situaci贸n del menor se prevea la reintegraci贸n de 茅ste en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de protecci贸n que revista un car谩cter m谩s estable como el acogimiento familiar permanente o la adopci贸n. Este acogimiento tendr谩 una duraci贸n m谩xima de dos a帽os, salvo que el inter茅s superior del menor aconseje la pr贸rroga de la medida por la previsible e inmediata reintegraci贸n familiar, o la adopci贸n de otra medida de protecci贸n definitiva.
c) Acogimiento familiar permanente, que se constituir谩 bien al finalizar el plazo de dos a帽os de acogimiento temporal por no ser posible la reintegraci贸n familiar, o bien directamente en casos de menores con necesidades especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia as铆 lo aconsejen. La Entidad P煤blica podr谩 solicitar del Juez que atribuya a los acogedores permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempe帽o de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al inter茅s superior del menor.'
Dieciocho
Se modifica el art铆culo 174, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 174.
1. Incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores a que se refiere esta secci贸n.
2. A tal fin, la Entidad P煤blica le dar谩 noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores y le remitir谩 copia de las resoluciones administrativas de formalizaci贸n de la constituci贸n, variaci贸n y cesaci贸n de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dar谩 cuenta de cualquier novedad de inter茅s en las circunstancias del menor.
El Ministerio Fiscal habr谩 de comprobar, al menos semestralmente, la situaci贸n del menor y promover谩 ante la Entidad P煤blica o el Juez, seg煤n proceda, las medidas de protecci贸n que estime necesarias.
3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximir谩 a la Entidad P煤blica de su responsabilidad para con el menor y de su obligaci贸n de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomal铆as que observe.
4. Para el cumplimiento de la funci贸n de la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores, cuando sea necesario, podr谩 el Ministerio Fiscal recabar la elaboraci贸n de informes por parte de los servicios correspondientes de las Administraciones P煤blicas competentes.
A estos efectos, los servicios correspondientes de las Administraciones P煤blicas competentes atender谩n las solicitudes de informaci贸n remitidas por el Ministerio Fiscal en el curso de las investigaciones tendentes a determinar la situaci贸n de riesgo o desamparo en la que pudiera encontrarse un menor.'
Diecinueve
Se modifica el art铆culo 175, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 175.
1. La adopci贸n requiere que el adoptante sea mayor de veinticinco a帽os. Si son dos los adoptantes bastar谩 con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, la diferencia de edad entre adoptante y adoptando ser谩 de, al menos, diecis茅is a帽os y no podr谩 ser superior a cuarenta y cinco a帽os, salvo en los casos previstos en el art铆culo 176.2. Cuando fueran dos los adoptantes, ser谩 suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia m谩xima de edad con el adoptando. Si los futuros adoptantes est谩n en disposici贸n de adoptar grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, la diferencia m谩xima de edad podr谩 ser superior.
No pueden ser adoptantes los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en este c贸digo.
2. 脷nicamente podr谩n ser adoptados los menores no emancipados. Por excepci贸n, ser谩 posible la adopci贸n de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipaci贸n, hubiere existido una situaci贸n de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos de, al menos, un a帽o.
3. No puede adoptarse:
1.潞 A un descendiente.
2.潞 A un pariente en segundo grado de la l铆nea colateral por consanguinidad o afinidad.
3.潞 A un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela.
4. Nadie podr谩 ser adoptado por m谩s de una persona, salvo que la adopci贸n se realice conjunta o sucesivamente por ambos c贸nyuges o por una pareja unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopci贸n permitir谩 al c贸nyuge la adopci贸n de los hijos de su consorte. Esta previsi贸n ser谩 tambi茅n de aplicaci贸n a las parejas que se constituyan con posterioridad. En caso de muerte del adoptante, o cuando el adoptante sufra la exclusi贸n prevista en el art铆culo 179, ser谩 posible una nueva adopci贸n del adoptado.
5. En caso de que el adoptando se encontrara en acogimiento permanente o guarda con fines de adopci贸n de dos c贸nyuges o de una pareja unida por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal, la separaci贸n o divorcio legal o ruptura de la relaci贸n de los mismos que conste fehacientemente con anterioridad a la propuesta de adopci贸n no impedir谩 que pueda promoverse la adopci贸n conjunta siempre y cuando se acredite la convivencia efectiva del adoptando con ambos c贸nyuges o con la pareja unida por an谩loga relaci贸n de naturaleza an谩loga a la conyugal durante al menos dos a帽os anteriores a la propuesta de adopci贸n.'
Veinte
Se modifica el art铆culo 176, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 176.
1. La adopci贸n se constituir谩 por resoluci贸n judicial, que tendr谩 en cuenta siempre el inter茅s del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.
2. Para iniciar el expediente de adopci贸n ser谩 necesaria la propuesta previa de la Entidad P煤blica a favor del adoptante o adoptantes que dicha Entidad P煤blica haya declarado id贸neos para el ejercicio de la patria potestad. La declaraci贸n de idoneidad deber谩 ser previa a la propuesta.
No obstante, no se requerir谩 tal propuesta cuando en el adoptando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.陋 Ser hu茅rfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad.
2.陋 Ser hijo del c贸nyuge o de la persona unida al adoptante por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal.
3.陋 Llevar m谩s de un a帽o en guarda con fines de adopci贸n o haber estado bajo tutela del adoptante por el mismo tiempo.
4.陋 Ser mayor de edad o menor emancipado.
3. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivaci贸n adecuadas para ejercer la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopci贸n.
La declaraci贸n de idoneidad por la Entidad P煤blica requerir谩 una valoraci贸n psicosocial sobre la situaci贸n personal, familiar, relacional y social de los adoptantes, as铆 como su capacidad para establecer v铆nculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en funci贸n de sus singulares circunstancias. Dicha declaraci贸n de idoneidad se formalizar谩 mediante la correspondiente resoluci贸n.
No podr谩n ser declarados id贸neos para la adopci贸n quienes se encuentren privados de la patria potestad o tengan suspendido su ejercicio, ni quienes tengan confiada la guarda de su hijo a la Entidad P煤blica.
Las personas que se ofrezcan para la adopci贸n deber谩n asistir a las sesiones informativas y de preparaci贸n organizadas por la Entidad P煤blica o por Entidad colaboradora autorizada.
4. Cuando concurra alguna de las circunstancias 1.陋, 2.陋 o 3.陋 previstas en el apartado 2 podr谩 constituirse la adopci贸n, aunque el adoptante hubiere fallecido, si 茅ste hubiese prestado ya ante el Juez su consentimiento o el mismo hubiera sido otorgado mediante documento p煤blico o en testamento. Los efectos de la resoluci贸n judicial en este caso se retrotraer谩n a la fecha de prestaci贸n de tal consentimiento.'
Veintiuno
Se a帽ade el art铆culo 176 bis, con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 176 bis.
1. La Entidad P煤blica podr谩 delegar la guarda de un menor declarado en situaci贸n de desamparo en las personas que, reuniendo los requisitos de capacidad para adoptar previstos en el art铆culo 175 y habiendo prestado su consentimiento, hayan sido preparadas, declaradas id贸neas y asignadas para su adopci贸n. A tal efecto, la Entidad P煤blica, con anterioridad a la presentaci贸n de la propuesta de adopci贸n, delegar谩 la guarda con fines de adopci贸n hasta que se dicte la resoluci贸n judicial de adopci贸n, mediante resoluci贸n administrativa debidamente motivada, previa audiencia de los afectados y del menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce a帽os, que se notificar谩 a los progenitores o tutores no privados de la patria potestad o tutela.
Los guardadores con fines de adopci贸n tendr谩n los mismos derechos y obligaciones que los acogedores familiares.
2. Salvo que convenga otra cosa al inter茅s del menor, la Entidad P煤blica proceder谩 a suspender el r茅gimen de visitas y relaciones con la familia de origen cuando se inicie el per铆odo de convivencia preadoptiva a que se refiere el apartado anterior, excepto en los casos previstos en el art铆culo 178.4.
3. La propuesta de adopci贸n al Juez tendr谩 que realizarse en el plazo m谩s breve posible y, en todo caso, antes de transcurridos tres meses desde el d铆a en el que se hubiera acordado la delegaci贸n de guarda con fines de adopci贸n. No obstante, cuando la Entidad P煤blica considere necesario, en funci贸n de la edad y circunstancias del menor, establecer un per铆odo de adaptaci贸n del menor a la familia, dicho plazo de tres meses podr谩 prorrogarse hasta un m谩ximo de un a帽o.
En el supuesto de que el Juez no considerase procedente esa adopci贸n, la Entidad P煤blica deber谩 determinar la medida protectora m谩s adecuada para el menor.'
Veintid贸s
Se modifica el art铆culo 177, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 177.
1. Habr谩n de consentir la adopci贸n, en presencia del Juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de doce a帽os.
2. Deber谩n asentir a la adopci贸n:
1.潞 El c贸nyuge o persona unida al adoptante por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal salvo que medie separaci贸n o divorcio legal o ruptura de la pareja que conste fehacientemente, excepto en los supuestos en los que la adopci贸n se vaya a formalizar de forma conjunta.
2.潞 Los progenitores del adoptando que no se hallare emancipado, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privaci贸n. Esta situaci贸n solo podr谩 apreciarse en el procedimiento judicial contradictorio que se tramitar谩 conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No ser谩 necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciar谩 motivadamente en la resoluci贸n judicial que constituya la adopci贸n.
Tampoco ser谩 necesario el asentimiento de los progenitores que tuvieren suspendida la patria potestad cuando hubieran transcurrido dos a帽os desde la notificaci贸n de la declaraci贸n de situaci贸n de desamparo, en los t茅rminos previstos en el art铆culo 172.2, sin oposici贸n a la misma o cuando, interpuesta en plazo, hubiera sido desestimada.
El asentimiento de la madre no podr谩 prestarse hasta que hayan transcurrido seis semanas desde el parto.
En las adopciones que exijan propuesta previa no se admitir谩 que el asentimiento de los progenitores se refiera a adoptantes determinados.
3. Deber谩n ser o铆dos por el Juez:
1.潞 Los progenitores que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su asentimiento no fuera necesario para la adopci贸n.
2.潞 El tutor y, en su caso, la familia acogedora, y el guardador o guardadores.
3.潞 El adoptando menor de doce a帽os de acuerdo con su edad y madurez.
4. Los consentimientos y asentimientos deber谩n otorgarse libremente, en la forma legal requerida y por escrito, previa informaci贸n de sus consecuencias.'
Veintitr茅s
Se modifica el art铆culo 178, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 178.
1. La adopci贸n produce la extinci贸n de los v铆nculos jur铆dicos entre el adoptado y su familia de origen.
2. Por excepci贸n subsistir谩n los v铆nculos jur铆dicos con la familia del progenitor que, seg煤n el caso, corresponda:
a) Cuando el adoptado sea hijo del c贸nyuge o de la persona unida al adoptante por an谩loga relaci贸n de afectividad a la conyugal, aunque el consorte o la pareja hubiera fallecido.
b) Cuando s贸lo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiera sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce a帽os y el progenitor cuyo v铆nculo haya de persistir.
3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales.
4. Cuando el inter茅s del menor as铆 lo aconseje, en raz贸n de su situaci贸n familiar, edad o cualquier otra circunstancia significativa valorada por la Entidad P煤blica, podr谩 acordarse el mantenimiento de alguna forma de relaci贸n o contacto a trav茅s de visitas o comunicaciones entre el menor, los miembros de la familia de origen que se considere y la adoptiva, favoreci茅ndose especialmente, cuando ello sea posible, la relaci贸n entre los hermanos biol贸gicos.
En estos casos el Juez, al constituir la adopci贸n, podr谩 acordar el mantenimiento de dicha relaci贸n, determinando su periodicidad, duraci贸n y condiciones, a propuesta de la Entidad P煤blica o del Ministerio Fiscal y con el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptando si tuviera suficiente madurez y siempre si fuere mayor de doce a帽os. En todo caso, ser谩 o铆do el adoptando menor de doce a帽os de acuerdo a su edad y madurez. Si fuere necesario, dicha relaci贸n se llevar谩 a cabo con la intermediaci贸n de la Entidad P煤blica o entidades acreditadas a tal fin. El Juez podr谩 acordar, tambi茅n, su modificaci贸n o finalizaci贸n en atenci贸n al inter茅s superior del menor. La Entidad P煤blica remitir谩 al Juez informes peri贸dicos sobre el desarrollo de las visitas y comunicaciones, as铆 como propuestas de mantenimiento o modificaci贸n de las mismas durante los dos primeros a帽os, y, transcurridos estos a petici贸n del Juez.
Est谩n legitimados para solicitar la suspensi贸n o supresi贸n de dichas visitas o comunicaciones la Entidad P煤blica, la familia adoptiva, la familia de origen y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce a帽os.
En la declaraci贸n de idoneidad deber谩 hacerse constar si las personas que se ofrecen a la adopci贸n aceptar铆an adoptar a un menor que fuese a mantener la relaci贸n con la familia de origen.'
Veinticuatro
Se modifican los apartados 2 y 5 y se introduce el apartado 6 en el art铆culo 180, que quedan redactados como sigue:
«2. El Juez acordar谩 la extinci贸n de la adopci贸n a petici贸n de cualquiera de los progenitores que, sin culpa suya, no hubieren intervenido en el expediente en los t茅rminos expresados en el art铆culo 177. Ser谩 tambi茅n necesario que la demanda se interponga dentro de los dos a帽os siguientes a la adopci贸n y que la extinci贸n solicitada no perjudique gravemente al menor.
Si el adoptado fuere mayor de edad, la extinci贸n de la adopci贸n requerir谩 su consentimiento expreso.'
«5. Las Entidades P煤blicas asegurar谩n la conservaci贸n de la informaci贸n de que dispongan relativa a los or铆genes del menor, en particular la informaci贸n respecto a la identidad de sus progenitores, as铆 como la historia m茅dica del menor y de su familia, y se conservar谩n durante al menos cincuenta a帽os con posterioridad al momento en que la adopci贸n se haya hecho definitiva. La conservaci贸n se llevar谩 a cabo a los solos efectos de que la persona adoptada pueda ejercitar el derecho al que se refiere el apartado siguiente.
6. Las personas adoptadas, alcanzada la mayor铆a de edad o durante su minor铆a de edad a trav茅s de sus representantes legales, tendr谩n derecho a conocer los datos sobre sus or铆genes biol贸gicos. Las Entidades P煤blicas, previa notificaci贸n a las personas afectadas, prestar谩n a trav茅s de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer efectivo este derecho.
A estos efectos, cualquier entidad privada o p煤blica tendr谩 obligaci贸n de facilitar a las Entidades P煤blicas y al Ministerio Fiscal, cuando les sean requeridos, los informes y antecedentes necesarios sobre el menor y su familia de origen.'
Veinticinco
Se modifica el art铆culo 216, al que se a帽ade el siguiente p谩rrafo:
«Si se tratara de menores que est茅n bajo la tutela de la Entidad P煤blica, estas medidas solo podr谩n ser acordadas de oficio, o a instancia de 茅sta, del Ministerio Fiscal o del propio menor. La Entidad P煤blica ser谩 parte en el procedimiento y las medidas acordadas ser谩n comunicadas a la Entidad P煤blica, la cual dar谩 traslado de dicha comunicaci贸n al Director del centro residencial o a la familia acogedora.'
Veintis茅is
Se modifica el art铆culo 239, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 239.
1. La tutela de los menores que se encuentren en situaci贸n de desamparo corresponder谩 por ministerio de la ley a la Entidad P煤blica.
2. No obstante, se proceder谩 al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias cuando existan personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela en inter茅s de 茅ste.
En estos supuestos, previamente a la designaci贸n judicial de tutor ordinario o en la misma resoluci贸n, deber谩 acordarse la suspensi贸n o la privaci贸n de la patria potestad o remoci贸n del tutor, en su caso.
3. Estar谩n legitimados para el ejercicio de las acciones de privaci贸n de patria potestad, remoci贸n del tutor y para la solicitud de nombramiento de tutor de los menores en situaci贸n de desamparo, el Ministerio Fiscal, la Entidad P煤blica y los llamados al ejercicio de la tutela.'
Veintisiete
Se a帽ade el art铆culo 239 bis, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 239 bis.
La Entidad P煤blica a la que en el respectivo territorio est茅 encomendada la protecci贸n y apoyo de las personas con la capacidad modificada judicialmente, ser谩 designada como tutora cuando no haya sido constituida la tutela en favor de persona alguna conforme al art铆culo 234.
Asimismo, asumir谩 por ministerio de la ley la tutela de las personas con la capacidad modificada judicialmente cuando se encuentren en situaci贸n de desamparo, debiendo dar cuenta a la autoridad judicial que modific贸 su capacidad.
Se considera como situaci贸n de desamparo a estos efectos, la que se produce de hecho cuando la persona con la capacidad modificada judicialmente quede privada de la necesaria asistencia a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que incumben a la persona designada para ejercer la tutela, de conformidad a las leyes, o por carecer de tutor.'
Veintiocho
Se modifica el art铆culo 303, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 303.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 228, cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podr谩 requerirle para que informe de la situaci贸n de la persona y los bienes del menor, o de la persona que pudiera precisar de una instituci贸n de protecci贸n y apoyo, y de su actuaci贸n en relaci贸n con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.
Cautelarmente, mientras se mantenga la situaci贸n de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de protecci贸n adecuada, si procediera, se podr谩n otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente, si fuera menor de edad, se podr谩 constituir un acogimiento temporal, siendo acogedores los guardadores.
2. Proceder谩 la declaraci贸n de situaci贸n de desamparo de los menores y de las personas con la capacidad modificada judicialmente en situaci贸n de guarda de hecho, cuando, adem谩s de esta circunstancia, se den los presupuestos objetivos de falta de asistencia contemplados en los art铆culos 172 y 239 bis.
En los dem谩s casos, el guardador de hecho podr谩 promover la privaci贸n o suspensi贸n de la patria potestad, remoci贸n de la tutela o el nombramiento de tutor.'
Veintinueve
Se modifica el art铆culo 1263, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 1263.
No pueden prestar consentimiento:
1.潞 Los menores no emancipados, salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por s铆 mismos o con asistencia de sus representantes, y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales.
2.潞 Los que tienen su capacidad modificada judicialmente, en los t茅rminos se帽alados por la resoluci贸n judicial.'
Treinta
Se modifica el art铆culo 1264, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 1264.
Lo previsto en el art铆culo anterior se entiende sin perjuicio de las prohibiciones legales o de los requisitos especiales de capacidad que las leyes puedan establecer.'
Art铆culo tercero. Modificaci贸n de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci贸n Internacional
La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci贸n Internacional, queda modificada en los siguientes t茅rminos:
Uno
Se modifica el art铆culo 1, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 1. Objeto y 谩mbito de aplicaci贸n de la ley.
1. La presente ley regula la intervenci贸n de la Administraci贸n General del Estado, de las Entidades P煤blicas y de los organismos acreditados para la adopci贸n internacional, la capacidad y requisitos que deben reunir las personas que se ofrecen para adoptar, as铆 como las normas de Derecho internacional privado relativas a la adopci贸n y otras medidas de protecci贸n internacional de menores en los supuestos en que exista alg煤n elemento extranjero.
2. A los efectos del t铆tulo I de esta ley se entiende por adopci贸n internacional aquella en la que un menor considerado adoptable por la autoridad extranjera competente y con residencia habitual en el extranjero, es o va a ser desplazado a Espa帽a por adoptantes con residencia habitual en Espa帽a, bien despu茅s de su adopci贸n en el Estado de origen, bien con la finalidad de constituir tal adopci贸n en Espa帽a.'
Dos
Se modifica el apartado segundo del art铆culo 2, que queda redactado como sigue:
«2. La finalidad de esta ley es proteger los derechos de los menores que van a ser adoptados, considerando tambi茅n los de las personas que se ofrecen para la adopci贸n y dem谩s personas implicadas en el proceso de adopci贸n internacional.'
Tres
Se modifica el art铆culo 3, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 3. Principios informadores.
La regulaci贸n contenida en esta ley, as铆 como en el resto de normas del ordenamiento jur铆dico espa帽ol relativas a la adopci贸n y otras medidas de protecci贸n internacional de menores, respetar谩n los principios inspiradores de la Convenci贸n de Derechos del Ni帽o, de 20 de noviembre de 1989, del Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci贸n de derechos del ni帽o y a la cooperaci贸n en materia de adopci贸n internacional, del Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci贸n y la cooperaci贸n en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci贸n de los ni帽os, del Convenio del Consejo de Europa en materia de adopci贸n de menores hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, y del Reglamento (CE) n.潞 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci贸n de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
El Estado, en la medida de lo posible, incluir谩 los est谩ndares y salvaguardas previstos en dichos instrumentos en los acuerdos o Convenios bilaterales relativos a la adopci贸n y protecci贸n internacional de menores que suscriba con Estados no contratantes u obligados por los mismos.'
Cuatro
Se modifica el art铆culo 4, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 4. Pol铆tica Exterior.
1. La Administraci贸n General del Estado, en colaboraci贸n con las Entidades P煤blicas, determinar谩 la iniciaci贸n de la tramitaci贸n de adopciones con cada pa铆s de origen de los menores, as铆 como la suspensi贸n o paralizaci贸n de la misma.
2. No se tramitar谩n ofrecimientos para la adopci贸n de menores nacionales de otro pa铆s o con residencia habitual en otro Estado en las siguientes circunstancias:
a) Cuando el pa铆s en que el menor adoptando tenga su residencia habitual se encuentre en conflicto b茅lico o inmerso en un desastre natural.
b) Si no existe en el pa铆s una autoridad espec铆fica que controle y garantice la adopci贸n y que remita a las autoridades espa帽olas la propuesta de asignaci贸n con informaci贸n sobre la adoptabilidad del menor y el resto de la informaci贸n recogida en el p谩rrafo e) del art铆culo 5.1.
c) Cuando en el pa铆s no se den las garant铆as adecuadas para la adopci贸n y las pr谩cticas y tr谩mites de la misma no respeten el inter茅s del menor o no cumplan los principios 茅ticos y jur铆dicos internacionales referidos en el art铆culo 3.
3. La Administraci贸n General del Estado, en colaboraci贸n con las Entidades P煤blicas, determinar谩 en cada momento qu茅 pa铆ses est谩n incursos en alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior a efectos de decidir si procede iniciar o suspender la tramitaci贸n de adopciones en ellos.
4. La tramitaci贸n de ofrecimientos para la adopci贸n de aquellos menores extranjeros que hayan sido desplazados a Espa帽a en programas humanitarios de estancia temporal por motivo de vacaciones, estudios o tratamiento m茅dico, requerir谩 que tales estancias hayan finalizado y que en su pa铆s de origen hayan sido declarados adoptables.
5. La Administraci贸n General del Estado, en colaboraci贸n con las Entidades P煤blicas, establecer谩 el n煤mero de expedientes de adopci贸n internacional que remitir谩 anualmente a cada pa铆s de origen de los menores, teniendo en cuenta la media de adopciones constituidas en los 煤ltimos dos a帽os y el n煤mero de expedientes que se encuentran pendientes de asignaci贸n de un menor.
A tal efecto, no podr谩 tramitarse con cada pa铆s un n煤mero de expedientes superior a tres veces la media de adopciones constituidas en dicho periodo, salvo que los cambios de legislaci贸n, pr谩cticas y pol铆ticas sobre adopci贸n internacional de los pa铆ses de origen lo justifiquen.
En el supuesto de inicio de la tramitaci贸n con un nuevo pa铆s, se fijar谩 este n煤mero en funci贸n de la informaci贸n disponible sobre expectativas de adopci贸n con ese pa铆s.
La distribuci贸n de este n煤mero m谩ximo entre comunidades aut贸nomas y organismos acreditados se fijar谩 por acuerdo con las Entidades P煤blicas.
No se establecer谩 cupo alguno para la tramitaci贸n de adopciones de menores con necesidades especiales, salvo que existan circunstancias que lo justifiquen.
Lo dispuesto en el presente apartado se realizar谩 con los criterios y con el procedimiento que reglamentariamente se determinen.
6. La Administraci贸n General del Estado, antes de determinar la iniciaci贸n, suspensi贸n o paralizaci贸n de la tramitaci贸n de adopciones con cada pa铆s de origen de los menores, recabar谩 informaci贸n de los organismos acreditados, si los hubiera. Tambi茅n podr谩 recabar informaci贸n de aquellos terceros pa铆ses que hayan iniciado, suspendido o paralizado la tramitaci贸n de adopciones con el citado pa铆s de origen, as铆 como con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.'
Cinco
Se modifica la r煤brica del cap铆tulo II del t铆tulo I, que pasa a tener la siguiente redacci贸n:
«CAP脥TULO II
Entidades P煤blicas y organismos acreditados'
Seis
Se modifica el art铆culo 5, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 5. Intervenci贸n de las Entidades P煤blicas.
1. En materia de adopci贸n internacional corresponde a las Entidades P煤blicas:
a) Organizar y facilitar la informaci贸n sobre legislaci贸n, requisitos y tr谩mites necesarios en Espa帽a y en los pa铆ses de origen de los menores, velando para que esa informaci贸n sea lo m谩s completa, veraz y actualizada posible y de libre acceso para las familias interesadas y por los organismos acreditados.
b) Facilitar a las familias la formaci贸n necesaria a lo largo de todo el proceso que les permita comprender y afrontar las implicaciones de la adopci贸n internacional, prepar谩ndolas para el adecuado ejercicio de sus responsabilidades parentales una vez constituida aqu茅lla. Podr谩n delegar esta funci贸n en organismos acreditados o en instituciones o entidades debidamente autorizadas.
c) Recibir los ofrecimientos para la adopci贸n en todo caso, y su tramitaci贸n, ya sea directamente o a trav茅s de organismos acreditados.
d) Expedir, en todo caso, los certificados de idoneidad, previa elaboraci贸n, bien directamente o a trav茅s de instituciones o entidades debidamente autorizadas, del informe psicosocial de las personas que se ofrecen para la adopci贸n, y, cuando lo exija el pa铆s de origen del adoptando, el compromiso de seguimiento.
e) Recibir la asignaci贸n del menor de las autoridades competentes del pa铆s de origen en la que figure informaci贸n sobre su identidad, su adoptabilidad, su medio social y familiar, su historia m茅dica y necesidades particulares; as铆 como la informaci贸n relativa al otorgamiento de los consentimientos de personas, instituciones y autoridades requeridas por la legislaci贸n del pa铆s de origen.
f) Dar la conformidad respecto a la adecuaci贸n de las caracter铆sticas del menor asignado por el organismo competente del pa铆s de origen con las que figuren en el informe psicosocial que acompa帽a al certificado de idoneidad.
g) Ofrecer a lo largo del proceso de adopci贸n internacional apoyo t茅cnico dirigido a los menores y a las personas que se ofrecen para la adopci贸n, prest谩ndose particular atenci贸n a las personas que vayan a adoptar o hayan adoptado menores con caracter铆sticas o necesidades especiales. Durante la estancia de los adoptantes en el extranjero podr谩n contar con la colaboraci贸n del Servicio Exterior.
h) Realizar los informes de los seguimientos requeridos por el pa铆s de origen del menor, que podr谩n encomendarse a los organismos acreditados o a otras entidades autorizadas.
i) Establecer recursos cualificados de apoyo postadoptivo y de mediaci贸n para la b煤squeda de or铆genes, para la adecuada atenci贸n de adoptados y adoptantes, que podr谩n encomendarse a organismos acreditados o a entidades autorizadas.
j) Informar preceptivamente a la Administraci贸n General del Estado sobre la acreditaci贸n de los organismos, as铆 como controlar, inspeccionar y elaborar las directrices de seguimiento de los organismos que tengan su sede en su 谩mbito territorial para aquellas actividades de intermediaci贸n que se lleven a cabo en su territorio.
2. En sus actuaciones en materia de adopci贸n internacional, las Entidades P煤blicas promover谩n medidas para lograr la m谩xima coordinaci贸n y colaboraci贸n entre ellas. En particular, procurar谩n la homogeneizaci贸n de procedimientos, plazos y costes.
3. Las Entidades P煤blicas facilitar谩n a la Administraci贸n General del Estado informaci贸n estad铆stica sobre la tramitaci贸n de expedientes de adopci贸n internacional.'
Siete
Se modifica el art铆culo 6, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 6. La actividad de intermediaci贸n en la adopci贸n internacional.
1. Se entiende por intermediaci贸n en adopci贸n internacional toda actividad que tenga por objeto intervenir poniendo en contacto o en relaci贸n a las personas que se ofrecen para la adopci贸n con las autoridades, organizaciones e instituciones del pa铆s de origen o residencia del menor susceptible de ser adoptado y prestar la asistencia suficiente para que la adopci贸n se pueda llevar a cabo.
2. La funci贸n de intermediaci贸n en la adopci贸n internacional podr谩 efectuarse por las entidades P煤blicas directamente con las autoridades centrales en los pa铆ses de origen de los menores que hayan ratificado el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci贸n del ni帽o y a la cooperaci贸n en materia de adopci贸n internacional, siempre que en la fase de tramitaci贸n administrativa en el pa铆s de origen no intervenga persona f铆sica o jur铆dica u organismo que no haya sido debidamente acreditado.
La funci贸n de intermediaci贸n en la adopci贸n internacional podr谩 efectuarse por los organismos debidamente acreditados.
Ninguna otra persona o entidad podr谩 intervenir en funciones de intermediaci贸n para adopciones internacionales.
No obstante, la Administraci贸n General del Estado, en colaboraci贸n con las Entidades P煤blicas, podr谩 establecer que, con respecto a un determinado Estado, 煤nicamente se tramiten ofrecimientos de adopci贸n internacional a trav茅s de organismos acreditados o autorizados por las autoridades de ambos Estados.
3. Las funciones que deben realizar los organismos acreditados para la intermediaci贸n ser谩n las siguientes:
a) Informaci贸n a los interesados en materia de adopci贸n internacional.
b) Asesoramiento, formaci贸n y apoyo a las personas que se ofrecen para la adopci贸n en el significado e implicaciones de la adopci贸n, en los aspectos culturales relevantes y en los tr谩mites que necesariamente deben realizar en Espa帽a y en los pa铆ses de origen de los menores.
c) Intervenci贸n en la tramitaci贸n de expedientes de adopci贸n ante las autoridades competentes, tanto espa帽olas como extranjeras.
d) Intervenci贸n en la tramitaci贸n y realizaci贸n de las gestiones correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones postadoptivas establecidas para los adoptantes en la legislaci贸n del pa铆s de origen del menor adoptado, que les ser谩n encomendadas en los t茅rminos fijados por la Entidad P煤blica espa帽ola donde resida la familia que se ofrece para la adopci贸n.
4. Los organismos acreditados intervendr谩n en los t茅rminos y con las condiciones establecidas en esta ley y en las normas de las comunidades aut贸nomas.
5. Los organismos acreditados podr谩n establecer entre ellos acuerdos de cooperaci贸n para solventar situaciones sobrevenidas o para un mejor cumplimiento de sus fines.
6. En las adopciones internacionales nunca podr谩n producirse beneficios financieros distintos de aquellos que fueran precisos para cubrir estrictamente los gastos necesarios de la intermediaci贸n y aprobados por la Administraci贸n General del Estado y por las Entidades P煤blicas.'
Ocho
Se modifica el art铆culo 7, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 7. Acreditaci贸n, seguimiento y control de los organismos acreditados.
1. S贸lo podr谩n ser acreditadas para la adopci贸n internacional las entidades sin 谩nimo de lucro inscritas en el registro correspondiente, que tengan como finalidad en sus estatutos la protecci贸n de menores, dispongan en territorio nacional de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y est茅n dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad moral, por su formaci贸n y por su experiencia en el 谩mbito de la adopci贸n internacional.
2. Competer谩 a la Administraci贸n General del Estado, en los t茅rminos y con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, la acreditaci贸n de los organismos anteriormente referenciados, previo informe de la Entidad P煤blica en cuyo territorio tengan su sede, as铆 como su control y seguimiento respecto a las actividades de intermediaci贸n que vayan a desarrollar en el pa铆s de origen de los menores.
En la Administraci贸n General del Estado existir谩 un registro p煤blico nacional espec铆fico de organismos acreditados, cuyo funcionamiento ser谩 objeto de desarrollo reglamentario.
3. El control, inspecci贸n y seguimiento de estos organismos con respecto a las actividades que se vayan a desarrollar en el territorio de cada comunidad aut贸noma corresponder谩 a la Entidad P煤blica competente en cada una de ellas, de acuerdo con la normativa auton贸mica aplicable.
Las Entidades P煤blicas competentes procurar谩n la mayor homogeneidad posible en los requisitos b谩sicos para la realizaci贸n de esa actividad de control, inspecci贸n y seguimiento.
4. Los organismos acreditados designar谩n a la persona que actuar谩 como su representante y de las familias ante la autoridad del pa铆s de origen del menor. Los profesionales empleados por los organismos acreditados en los pa铆ses de origen de los menores se considerar谩n personal adscrito al organismo, que ser谩 responsable de los actos de dichos profesionales en el ejercicio de sus funciones de intermediaci贸n. Estos profesionales deber谩n ser evaluados por la Administraci贸n General del Estado, previa informaci贸n de las Entidades P煤blicas.
5. En el supuesto de que el pa铆s extranjero para el que se prev茅 la autorizaci贸n fije un n煤mero limitado de organismos acreditados, la Administraci贸n General del Estado, en colaboraci贸n con las Entidades P煤blicas y con las autoridades de dicho pa铆s, determinar谩 cu谩les son los organismos que deben ser acreditados para actuar en el mismo.
Si alg煤n pa铆s de origen de menores susceptibles de adopci贸n estableciera un l铆mite en el n煤mero de expedientes a tramitar por cada organismo acreditado y resultase que alguno de ellos con cupo asignado no tuviera expedientes que tramitar en dicho pa铆s, los mismos podr谩n tramitar, previa autorizaci贸n de la Administraci贸n General del Estado en colaboraci贸n con las Entidades P煤blicas y con el consentimiento de las personas que se ofrecen para la adopci贸n, expedientes que estuvieran tramit谩ndose por otros organismos acreditados.
6. La Administraci贸n General del Estado, en colaboraci贸n con las Comunidades Aut贸nomas, podr谩 establecer un n煤mero m谩ximo de organismos acreditados para intermediaci贸n en un pa铆s concreto, en funci贸n de las necesidades de adopci贸n internacional en ese pa铆s, las adopciones constituidas u otras cuestiones sobre la previsi贸n de posibilidades de adopci贸n internacional en el mismo.
7. La Administraci贸n General de Estado, a iniciativa propia o a propuesta de las Entidades P煤blicas en su 谩mbito territorial, podr谩 suspender o retirar, mediante expediente contradictorio, la acreditaci贸n concedida a aquellos organismos que dejen de cumplir las condiciones que motivaron su concesi贸n o que infrinjan en su actuaci贸n el ordenamiento jur铆dico. Esta suspensi贸n o retirada de la acreditaci贸n podr谩 tener lugar con car谩cter general para todos los pa铆ses autorizados o s贸lo para alg煤n pa铆s concreto. En estos casos se podr谩 determinar, si procede, la necesaria finalizaci贸n de los expedientes pendientes por parte del organismo acreditado objeto de p茅rdida de habilitaci贸n.
8. Para el seguimiento y control de los organismos acreditados se establecer谩 la correspondiente coordinaci贸n de la Administraci贸n General del Estado con las Entidades P煤blicas.
9. Los organismos acreditados facilitar谩n a la Administraci贸n General del Estado informaci贸n estad铆stica sobre la tramitaci贸n de expedientes de adopci贸n internacional.
10. La Administraci贸n General del Estado ejercer谩 las competencias previstas en los apartados 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del presente art铆culo, en los t茅rminos y con el procedimiento que reglamentariamente se determinen.'
Nueve
Se modifica el art铆culo 8, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 8. Relaci贸n de las personas que se ofrecen para la adopci贸n y los organismos acreditados.
1. Las personas que se ofrecen para la adopci贸n podr谩n contratar los servicios de intermediaci贸n de cualquier organismo que se encuentre acreditado por la Administraci贸n General del Estado.
2. El organismo y las personas que se ofrecen para la adopci贸n formalizar谩n un contrato referido exclusivamente a las funciones de intermediaci贸n que aqu茅lla asume con respecto a la tramitaci贸n del ofrecimiento de adopci贸n.
El modelo b谩sico de contrato ha de ser previamente homologado por la Administraci贸n General del Estado y las Entidades P煤blicas, en la forma en que se determine reglamentariamente.
3. Para el exclusivo cumplimiento de las competencias establecidas en los art铆culos 5.1.j) y 7.2, la Administraci贸n General del Estado y las Entidades P煤blicas llevar谩n un registro de las reclamaciones y de incidencias sobre procesos de adopci贸n internacional, cuyo funcionamiento ser谩 objeto de desarrollo reglamentario.
4. Los organismos acreditados deber谩n llevar un registro 煤nico de procedimientos de adopci贸n en el que figuren todas aquellas personas que se ofrecen para la adopci贸n para cuya tramitaci贸n tengan firmado un contrato, independientemente de cual sea la comunidad aut贸noma de residencia.'
Diez
Se modifica el art铆culo 9, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 9. Comunicaci贸n entre autoridades competentes espa帽olas y autoridades competentes de otros Estados.
La comunicaci贸n entre las autoridades centrales espa帽olas competentes y las autoridades competentes de otros Estados se coordinar谩 de acuerdo con lo previsto en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci贸n del ni帽o y a la cooperaci贸n en materia de adopci贸n internacional, aunque no sean parte del mismo.'
Once
Se modifica el art铆culo 10, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 10. Idoneidad de los adoptantes.
1. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivaci贸n adecuadas para ejercer la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los menores a adoptar, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopci贸n.
2. A tal efecto, la declaraci贸n de idoneidad requerir谩 una valoraci贸n psicosocial sobre la situaci贸n personal, familiar y relacional de las personas que se ofrecen para la adopci贸n, su capacidad para establecer v铆nculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en funci贸n de sus particulares circunstancias, as铆 como cualquier otro elemento 煤til relacionado con la singularidad de la adopci贸n internacional. Asimismo, en dicha valoraci贸n psicosocial se deber谩 escuchar a los hijos de quienes se ofrecen para la adopci贸n, de conformidad con lo establecido en el art铆culo 9 de la Ley Org谩nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci贸n Jur铆dica del Menor, de modificaci贸n parcial del C贸digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Las Entidades P煤blicas procurar谩n la necesaria coordinaci贸n con el fin de homogeneizar los criterios de valoraci贸n de la idoneidad.
3. La declaraci贸n de idoneidad y los informes psicosociales referentes a la misma tendr谩n una vigencia m谩xima de tres a帽os desde la fecha de su emisi贸n por la Entidad P煤blica, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en la situaci贸n personal y familiar de las personas que se ofrecen para la adopci贸n que dieron lugar a dicha declaraci贸n, sujeta a las condiciones y a las limitaciones establecidas, en su caso, en la legislaci贸n auton贸mica aplicable en cada supuesto.
4. Corresponde a las Entidades P煤blicas la declaraci贸n de idoneidad de las personas que se ofrecen para la adopci贸n a partir de la valoraci贸n psicosocial a la que se refiere el apartado 2, que estar谩 sujeta a las condiciones, requisitos y limitaciones establecidos en la legislaci贸n correspondiente.
5. Las personas que se ofrecen para la adopci贸n podr谩n ser valoradas y, si corresponde, ser declaradas id贸neas simult谩neamente para la adopci贸n nacional y la adopci贸n internacional, siendo compatible la tramitaci贸n de su ofrecimiento para los dos 谩mbitos.'
Doce
Se modifica el art铆culo 11, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 11. Obligaciones preadoptivas y postadoptivas de los adoptantes.
1. Las personas que se ofrecen para la adopci贸n deben asistir a las sesiones informativas y de preparaci贸n organizadas por la Entidad P煤blica o por el organismo acreditado con car谩cter previo y obligatorio a la solicitud de la declaraci贸n de idoneidad.
2. Los adoptantes deber谩n facilitar, en el tiempo previsto, la informaci贸n, documentaci贸n y entrevistas que la Entidad P煤blica, organismo acreditado o entidad autorizada precisen para la elaboraci贸n de los informes de seguimiento postadoptivo exigidos por la Entidad P煤blica o por la autoridad competente del pa铆s de origen. La no colaboraci贸n de los adoptantes en esta fase podr谩 dar lugar a sanciones administrativas previstas en la legislaci贸n auton贸mica y podr谩 ser considerada causa de no idoneidad en un proceso posterior de adopci贸n.
3. Los adoptantes deber谩n cumplir en el tiempo previsto los tr谩mites postadoptivos establecidos por la legislaci贸n del pa铆s de origen del menor adoptado, recibiendo para ello la ayuda y asesoramiento preciso por parte de las Entidades P煤blicas y los organismos acreditados.'
Trece
Se modifica el art铆culo 12, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 12. Derecho a conocer los or铆genes biol贸gicos.
Las personas adoptadas, alcanzada la mayor铆a de edad o durante su minor铆a de edad a trav茅s de sus representantes legales, tendr谩n derecho a conocer los datos que sobre sus or铆genes obren en poder de las Entidades P煤blicas, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran derivarse de la legislaci贸n de los pa铆ses de procedencia de los menores. Este derecho se har谩 efectivo con el asesoramiento, la ayuda y mediaci贸n de los servicios especializados de la Entidad P煤blica, los organismos acreditados o entidades autorizadas para tal fin.
Las Entidades P煤blicas competentes asegurar谩n la conservaci贸n de la informaci贸n de que dispongan relativa a los or铆genes del ni帽o, en particular la informaci贸n respecto a la identidad de sus progenitores, as铆 como la historia m茅dica del ni帽o y de su familia.
Los organismos acreditados que hubieran intermediado en la adopci贸n deber谩n informar a las Entidades P煤blicas de los datos de los que dispongan sobre los or铆genes del menor.'
Catorce
Se modifica el art铆culo 13, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 13. Protecci贸n de datos de car谩cter personal.
1. El tratamiento y la cesi贸n de datos derivados del cumplimiento de las previsiones de la presente ley se encontrar谩n sometidos a lo dispuesto en la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal.
2. Los datos obtenidos por las Entidades P煤blicas o por los organismos acreditados 煤nicamente podr谩n ser tratados para las finalidades relacionadas con el desarrollo, en cada caso, de las funciones descritas para cada una de ellas en los art铆culos 5 y 6.3 de la presente ley.
3. La transferencia internacional de los datos a autoridades extranjeras de adopci贸n 煤nicamente se efectuar谩 en los supuestos expresamente previstos en esta ley y en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci贸n del ni帽o y a la cooperaci贸n en materia de adopci贸n internacional y dem谩s legislaci贸n internacional.'
Quince
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 14, que queda redactado como sigue:
«2. La nacionalidad espa帽ola y la residencia habitual en Espa帽a se apreciar谩n, en todo caso, en el momento de la presentaci贸n del ofrecimiento para la adopci贸n a la Entidad P煤blica.'
Diecis茅is
Se modifica la r煤brica del art铆culo 15, se suprime su apartado 3 y se reenumera el apartado 4 que pasa a ser el 3, quedando redactados como sigue:
«Art铆culo 15. Competencia judicial internacional para la declaraci贸n de nulidad o conversi贸n en adopci贸n plena de una adopci贸n no plena en supuestos internacionales.'
«3. A efectos de lo establecido en esta ley, se entender谩 por adopci贸n simple o no plena aquella constituida por autoridad extranjera competente cuyos efectos no se correspondan sustancialmente con los previstos para la adopci贸n en la legislaci贸n espa帽ola.'
Diecisiete
Se modifica el art铆culo 17, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 17. Competencia de los c贸nsules en la constituci贸n de adopciones internacionales.
1. Siempre que el Estado local no se oponga a ello ni lo proh铆ba su legislaci贸n, de conformidad con los Tratados internacionales y otras normas internacionales de aplicaci贸n, los C贸nsules podr谩n constituir adopciones en el caso de que el adoptante sea espa帽ol, el adoptando tenga su residencia habitual en la demarcaci贸n consular correspondiente y no sea necesaria la propuesta previa de la Entidad P煤blica de acuerdo con lo establecido en las circunstancias 1.陋, 2.陋 y 4.陋 del art铆culo 176.2 del C贸digo Civil. La nacionalidad del adoptante y la residencia habitual del adoptando se determinar谩n en el momento de inicio del expediente de adopci贸n.
2. En la tramitaci贸n y resoluci贸n de este expediente de adopci贸n ser谩 de aplicaci贸n la legislaci贸n sobre jurisdicci贸n voluntaria.'
Dieciocho
Se suprime la divisi贸n por secciones del cap铆tulo II del t铆tulo II.
Diecinueve
Se modifica el art铆culo 18, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 18. Ley aplicable a la constituci贸n de la adopci贸n.
La constituci贸n de la adopci贸n por la autoridad competente espa帽ola se regir谩 por lo dispuesto en la ley material espa帽ola en los siguientes casos:
a) Cuando el adoptando tenga su residencia habitual en Espa帽a en el momento de constituci贸n de la adopci贸n.
b) Cuando el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a Espa帽a con la finalidad de establecer su residencia habitual en Espa帽a.'
Veinte
Se a帽ade un apartado 4 en el art铆culo 19, que queda redactado como sigue:
«4. En el caso de menores cuya ley nacional proh铆ba o no contemple la adopci贸n se denegar谩 la constituci贸n de la adopci贸n, excepto cuando el menor se encuentre en situaci贸n de desamparo y tutelado por la Entidad P煤blica.'
Veintiuno
Se suprime el art铆culo 21.
Veintid贸s
Se modifica el art铆culo 22, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 22. Ley aplicable a la conversi贸n y nulidad de la adopci贸n.
La ley aplicable a la conversi贸n de la adopci贸n no plena en plena y a la nulidad de la adopci贸n ser谩 la aplicada para su constituci贸n.'
Veintitr茅s
Se modifica el art铆culo 24, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 24. Cooperaci贸n internacional de autoridades.
Cuando la autoridad extranjera que va a constituir la adopci贸n, siendo el adoptante espa帽ol y residente en dicho pa铆s, solicite informaci贸n sobre 茅l a las autoridades espa帽olas, el C贸nsul podr谩 recabarla de las autoridades del 煤ltimo lugar de residencia en Espa帽a, o facilitar la informaci贸n que obre en poder del Consulado o pueda obtener por otros medios.'
Veinticuatro
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 26, que queda redactado como sigue:
«1. En defecto de Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para Espa帽a que resulten aplicables, la adopci贸n constituida por autoridades extranjeras ser谩 reconocida en Espa帽a como adopci贸n si se cumplen los siguientes requisitos:
1.潞 Que haya sido constituida por autoridad extranjera competente. Se considerar谩 que la autoridad extranjera es competente si el supuesto presenta v铆nculos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades la han constituido. Se presumir谩, en todo caso, que son competentes aplicando de forma rec铆proca las normas de competencia previstas en el art铆culo 14 de esta Ley.
2.潞 Que la adopci贸n no vulnere el orden p煤blico.
A estos efectos se considerar谩 que vulneran el orden p煤blico espa帽ol aquellas adopciones en cuya constituci贸n no se ha respetado el inter茅s superior del menor, en particular cuando se ha prescindido de los consentimientos y audiencias necesarios, o cuando se constate que no fueron informados y libres o se obtuvieron mediante pago o compensaci贸n.'
Veinticinco
Se modifica el art铆culo 27, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 27. Control de la validez de la adopci贸n constituida por autoridad extranjera.
La autoridad p煤blica espa帽ola ante la que se suscite la validez de una adopci贸n constituida por autoridad extranjera y, en especial, el Encargado del Registro Civil en el que se inste la inscripci贸n de la adopci贸n constituida en el extranjero para su reconocimiento en Espa帽a, controlar谩, incidentalmente, la validez de dicha adopci贸n en Espa帽a con arreglo a las normas contenidas en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protecci贸n del ni帽o y a la cooperaci贸n en materia de adopci贸n internacional, a trav茅s de la presentaci贸n del certificado de conformidad con lo previsto en su art铆culo 23 y de que no se ha incurrido en la causa de no reconocimiento prevista en el art铆culo 24 de dicho Convenio.
En los casos de menores que provengan de pa铆ses no signatarios del mismo, el Encargado del Registro Civil realizar谩 dicho control incidental verificando si la adopci贸n re煤ne las condiciones de reconocimiento previstas en los art铆culos 5.1.e), 5.1.f) y 26.'
Veintis茅is
Se modifica el art铆culo 28, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 28. Requisitos para la validez en Espa帽a de decisiones extranjeras de conversi贸n o nulidad de una adopci贸n.
Las decisiones de la autoridad p煤blica extranjera en cuya virtud se establezca la conversi贸n o nulidad de una adopci贸n surtir谩n efectos legales en Espa帽a con arreglo a las exigencias recogidas en el art铆culo 26.'
Veintisiete
Se modifica el art铆culo 29, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 29. Inscripci贸n de la adopci贸n en el Registro Civil.
Cuando la adopci贸n internacional se haya constituido en el extranjero y los adoptantes tengan su residencia habitual en Espa帽a deber谩n solicitar la inscripci贸n de nacimiento del menor y de adopci贸n conforme a las normas contenidas en la Ley de Registro Civil para que la adopci贸n se reconozca en Espa帽a.'
Veintiocho
Se modifica el art铆culo 30, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 30. Adopci贸n simple o no plena legalmente constituida por autoridad extranjera.
1. La adopci贸n simple o no plena constituida por autoridad extranjera surtir谩 efectos en Espa帽a, como adopci贸n simple o no plena, si se ajusta a la ley designada por el art铆culo 9.4 del C贸digo Civil.
2. La ley designada por el art铆culo 9.4 del C贸digo Civil determinar谩 la existencia, validez y efectos de tales adopciones, as铆 como la atribuci贸n de la patria potestad.
3. La adopci贸n simple o no plena no ser谩 objeto de inscripci贸n en el Registro Civil espa帽ol como adopci贸n ni comportar谩 la adquisici贸n de la nacionalidad espa帽ola con arreglo al art铆culo 19 del C贸digo Civil.
4. La adopci贸n simple o no plena constituida por autoridad extranjera competente podr谩 ser convertida en la adopci贸n regulada por el Derecho espa帽ol cuando se den los requisitos previstos para ello, a trav茅s de un expediente de jurisdicci贸n voluntaria. La conversi贸n se regir谩 por la ley determinada con arreglo a la ley de su constituci贸n.
Para instar el correspondiente expediente judicial no ser谩 necesaria la propuesta previa de la Entidad P煤blica competente.
En todo caso, para la conversi贸n de una adopci贸n simple o no plena en una adopci贸n plena el Juez competente deber谩 examinar la concurrencia de los siguientes extremos:
a) Que las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopci贸n hayan sido convenientemente asesoradas e informadas sobre las consecuencias de su consentimiento, sobre los efectos de la adopci贸n y, en concreto, sobre la extinci贸n de los v铆nculos jur铆dicos entre el menor y su familia de origen.
b) Que tales personas hayan manifestado su consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento haya sido prestado por escrito.
c) Que los consentimientos no se hayan obtenido mediante pago o compensaci贸n de clase alguna y que tales consentimientos no hayan sido revocados.
d) Que el consentimiento de la madre, cuando se exija, se haya prestado tras el nacimiento del menor.
e) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del menor, 茅ste haya sido convenientemente asesorado e informado sobre los efectos de la adopci贸n y, cuando se exija, de su consentimiento a la misma.
f) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del menor, 茅ste haya sido o铆do.
g) Que, cuando haya de recabarse el consentimiento del menor en la adopci贸n, se examine que 茅ste lo manifest贸 libremente, en la forma y con las formalidades legalmente previstas, y sin que haya mediado precio o compensaci贸n de ninguna clase.'
Veintinueve
Se modifica el art铆culo 31, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 31. Orden p煤blico internacional.
En ning煤n caso proceder谩 el reconocimiento de una decisi贸n extranjera de adopci贸n simple o no plena si produce efectos manifiestamente contrarios al orden p煤blico internacional espa帽ol. A tal efecto, se tendr谩 en cuenta el inter茅s superior del menor.'
Treinta
Se modifica el art铆culo 32, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 32. Competencia para la constituci贸n de otras medidas de protecci贸n de menores.
La competencia para la constituci贸n de las dem谩s medidas de protecci贸n de menores se regir谩 por los criterios recogidos en los Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para Espa帽a, en particular por el Reglamento (CE) n.潞 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci贸n de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y por el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci贸n y la cooperaci贸n en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci贸n de los ni帽os.'
Treinta y uno
Se modifica el art铆culo 33, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 33. Ley aplicable a otras medidas de protecci贸n de menores.
La ley aplicable a las dem谩s medidas de protecci贸n de los menores se determinar谩 con arreglo a los Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para Espa帽a, en particular por el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecuci贸n y la cooperaci贸n en materia de responsabilidad parental y de medidas de protecci贸n de los ni帽os.'
Treinta y dos
Se modifica el art铆culo 34, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 34. Efectos legales en Espa帽a de las decisiones relativas a instituciones de protecci贸n de menores que no produzcan v铆nculos de filiaci贸n acordadas por autoridades extranjeras.
1. Las instituciones de protecci贸n de menores constituidas por autoridad extranjera y que, seg煤n la ley de su constituci贸n, no determinen ning煤n v铆nculo de filiaci贸n se equiparar谩n al acogimiento familiar o, en su caso, a una tutela, regulados en el derecho espa帽ol, si concurren los requisitos siguientes:
1.潞 Que los efectos sustanciales de la instituci贸n extranjera sean equivalentes a los del acogimiento familiar o, en su caso, a los de una tutela, previstos por la ley espa帽ola.
2.潞 Que las instituciones de protecci贸n hayan sido acordadas por autoridad extranjera competente, sea judicial o administrativa. Se considerar谩 que la autoridad extranjera que constituy贸 la medida de protecci贸n era internacionalmente competente si el supuesto presenta v铆nculos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades la han constituido.
No obstante lo establecido en la regla anterior, en el caso de que la instituci贸n de protecci贸n no presentare conexiones razonables de origen, de antecedentes familiares o de otros 贸rdenes similares con el pa铆s cuya autoridad ha constituido esa instituci贸n se estimar谩 que la autoridad extranjera carec铆a de competencia internacional.
3.潞 Que los efectos de la instituci贸n de protecci贸n extranjera no vulneren el orden p煤blico espa帽ol atendiendo al inter茅s superior del menor.
4.潞 Que el documento en el que consta la instituci贸n constituida ante autoridad extranjera re煤na los requisitos formales de autenticidad consistentes en la legalizaci贸n o apostilla y en la traducci贸n al idioma espa帽ol oficial. Se except煤an los documentos eximidos de legalizaci贸n o traducci贸n en virtud de otras normas vigentes.
2. La autoridad p煤blica espa帽ola ante la que se suscite la cuesti贸n de la validez de una medida de protecci贸n constituida por autoridad extranjera y, en especial, el Encargado del Registro Civil en el que se inste la anotaci贸n de la medida de protecci贸n constituida en el extranjero para su reconocimiento en Espa帽a, controlar谩, incidentalmente, la validez de dicha medida en Espa帽a con arreglo a este art铆culo.'
Art铆culo cuarto. Modificaci贸n de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los siguientes t茅rminos:
Uno
Se incluye un nuevo ordinal 3.潞 en el apartado 2 del art铆culo 76 y se modifica el 煤ltimo p谩rrafo de dicho apartado, con la siguiente redacci贸n:
«3.潞 Cuando se trate de procesos en los que se sustancie la oposici贸n a resoluciones administrativas en materia de protecci贸n de un mismo menor, tramitados conforme al art铆culo 780, siempre que en ninguno de ellos se haya iniciado la vista.
En todo caso, en los lugares donde hubiere m谩s de un Juzgado que tuviera asignadas competencias en materia mercantil, en los casos de los n煤meros 1.潞 y 2.潞, o en materia civil, en el caso del n煤mero 3.潞, las demandas que se presenten con posterioridad a otra se repartir谩n al Juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera.'
Dos
Se modifica la circunstancia 1.陋 del apartado 1 del art铆culo 525, que queda redactada como sigue:
«1.陋 Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiaci贸n, nulidad de matrimonio, separaci贸n y divorcio, oposici贸n a las resoluciones administrativas en materia de protecci贸n de menores, capacidad y estado civil y derechos honor铆ficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.'
Tres
Se modifica el art铆culo 779, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 779. Car谩cter preferente del procedimiento. Competencia.
Los procedimientos en los que se sustancie la oposici贸n a las resoluciones administrativas en materia de protecci贸n de menores tendr谩n car谩cter preferente.
Ser谩 competente para conocer de los mismos el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la Entidad P煤blica y, en su defecto o en los supuestos de los art铆culos 179 y 180 del C贸digo Civil, el Tribunal del domicilio del adoptante.'
Cuatro
Se modifican los apartados 1 y 2 y se a帽ade un apartado 5 al art铆culo 780, que quedan redactados como sigue:
«1. No ser谩 necesaria reclamaci贸n previa en v铆a administrativa para formular oposici贸n, ante los Tribunales civiles, a las resoluciones administrativas en materia de protecci贸n de menores. La oposici贸n a las mismas podr谩 formularse en el plazo de dos meses desde su notificaci贸n.
Estar谩n legitimados para formular oposici贸n a las resoluciones administrativas en materia de protecci贸n de menores, siempre que tengan inter茅s leg铆timo y directo en tal resoluci贸n, los menores afectados por la resoluci贸n, los progenitores, tutores, acogedores, guardadores, el Ministerio Fiscal y aquellas personas que expresamente la ley les reconozca tal legitimaci贸n. Aunque no fueran actores podr谩n personarse en cualquier momento en el procedimiento, sin que se retrotraigan las actuaciones.
Los menores tendr谩n derecho a ser parte y a ser o铆dos en el proceso conforme a lo establecido en la Ley Org谩nica de Protecci贸n Jur铆dica del Menor. Ejercitar谩n sus pretensiones en relaci贸n a las resoluciones administrativas que les afecten a trav茅s de sus representantes legales siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a trav茅s de la persona que se designe como su defensor para que les represente.
2. El proceso de oposici贸n a una resoluci贸n administrativa en materia de protecci贸n de menores se iniciar谩 mediante la presentaci贸n de un escrito inicial en el que el actor sucintamente expresar谩 la pretensi贸n y la resoluci贸n a que se opone.
En el escrito consignar谩 expresamente la fecha de notificaci贸n de la resoluci贸n administrativa y manifestar谩 si existen procedimientos relativos a ese menor.'
«5. Si el Ministerio Fiscal, las partes o el Juez competente tuvieren conocimiento de la existencia de m谩s de un procedimiento de oposici贸n a resoluciones administrativas relativas a la protecci贸n de un mismo menor, pedir谩n los primeros y dispondr谩 el segundo, incluso de oficio, la acumulaci贸n ante el Juzgado que estuviera conociendo del procedimiento m谩s antiguo.
Acordada la acumulaci贸n, se proceder谩 seg煤n dispone el art铆culo 84, con la especialidad de que no se suspender谩 la vista que ya estuviera se帽alada si fuera posible tramitar el resto de procesos acumulados dentro del plazo determinado por el se帽alamiento. En caso contrario, el Secretario Judicial acordar谩 la suspensi贸n del que tuviera la vista ya fijada, hasta que los otros se hallen en el mismo estado, procediendo a realizar el nuevo se帽alamiento para todos con car谩cter preferente y, en todo caso, dentro de los diez d铆as siguientes.
Contra el auto que deniegue la acumulaci贸n podr谩n interponerse los recursos de reposici贸n y apelaci贸n sin efectos suspensivos. Contra el auto que acuerde la acumulaci贸n no se dar谩 recurso alguno.'
Cinco
Se modifica el art铆culo 781, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 781. Procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopci贸n.
1. Los progenitores que pretendan que se reconozca la necesidad de su asentimiento para la adopci贸n podr谩n comparecer ante el Tribunal que est茅 conociendo del correspondiente expediente de adopci贸n y manifestarlo as铆. El Secretario Judicial, con suspensi贸n del expediente, otorgar谩 el plazo de quince d铆as para la presentaci贸n de la demanda, para cuyo conocimiento ser谩 competente el mismo Tribunal.
2. Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, el Secretario Judicial dictar谩 decreto dando por finalizado el tr谩mite y alzando la suspensi贸n del expediente de adopci贸n, que continuar谩 tramit谩ndose de conformidad con lo establecido en la legislaci贸n de jurisdicci贸n voluntaria. El decreto ser谩 recurrible directamente en revisi贸n ante el Tribunal. Firme dicha resoluci贸n, no se admitir谩 ninguna reclamaci贸n posterior de los mismos sujetos sobre la necesidad de asentimiento para la adopci贸n de que se trate.
3. Presentada la demanda dentro de plazo, el Secretario Judicial dictar谩 decreto declarando contencioso el expediente de adopci贸n y acordar谩 la tramitaci贸n de la demanda presentada en el mismo procedimiento, como pieza separada, con arreglo a lo previsto en el art铆culo 753.
Una vez firme la resoluci贸n que se dicte en la pieza separada sobre la necesidad del asentimiento de los progenitores del adoptando, el Secretario Judicial acordar谩 la citaci贸n ante el Juez de las personas indicadas en el art铆culo 177 del C贸digo Civil que deban prestar el consentimiento o el asentimiento a la adopci贸n as铆 como ser o铆dos, y que todav铆a no lo hayan hecho, debiendo resolver a continuaci贸n sobre la adopci贸n.
Las citaciones se efectuaran de conformidad con las normas establecidas en la Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria para tales supuestos.
El auto que ponga fin al procedimiento ser谩 susceptible de recurso de apelaci贸n, que tendr谩 efectos suspensivos.
El testimonio de la resoluci贸n firme en la que se acuerde la adopci贸n se remitir谩 al Registro Civil, para que se practique su inscripci贸n.'
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Utilizaci贸n de la expresi贸n 芦Entidad P煤blica禄
Se utilizar谩 en los textos legales la expresi贸n «Entidad P煤blica' referida a la Entidad P煤blica de protecci贸n de menores competente territorialmente.
Segunda. Referencias al acogimiento preadoptivo y al acogimiento simple y a las Entidades Colaboradoras de Adopci贸n Internacional
Todas las referencias que en las leyes y dem谩s disposiciones se realizasen al acogimiento preadoptivo deber谩n entenderse hechas a la delegaci贸n de guarda para la convivencia preadoptiva prevista en el art铆culo 176 bis del C贸digo Civil. Las que se realizasen al acogimiento simple deber谩n entenderse hechas al acogimiento familiar temporal previsto en el art铆culo 173 bis del C贸digo Civil; y cuando lo fueran a las Entidades colaboradoras de adopci贸n internacional se entender谩n hechas a los organismos acreditados para la adopci贸n internacional.
Tercera. Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad
El Gobierno promover谩 con las Comunidades Aut贸nomas el establecimiento de criterios comunes y m铆nimos est谩ndares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicaci贸n de esta ley en todo el territorio y, en todo caso, en lo relativo a:
1. Composici贸n, n煤mero y titulaci贸n de los equipos profesionales de la entidad p煤blica de protecci贸n de menores competente territorialmente que deben intervenir en situaciones tales como: riesgo y desamparo de menores, entrega voluntaria de la guarda, programas para la vida independiente de los j贸venes que est茅n bajo una medida de protecci贸n, procesos de acogimiento y adopci贸n.
2. Elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar: valoraci贸n de la aptitud educadora de las familias; compensaci贸n econ贸mica, para el acogimiento especializado como para el ordinario, con especial atenci贸n a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad; medidas de fomento y apoyo al acogimiento familiar; campa帽as informativas; fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras.
3. Elementos esenciales en los procedimientos de adopci贸n relativos a: preparaci贸n preadoptiva; declaraci贸n de idoneidad; concepto de menores «con necesidades especiales'; acreditaci贸n de organismos Acreditados para la adopci贸n internacional; campa帽as informativas, con especial atenci贸n a las enfocadas a la adopci贸n de menores con necesidades especiales.
4. Est谩ndares de calidad y accesibilidad, instalaciones y dotaci贸n de cada tipo de servicio de los centros de acogimiento residencial. Medidas a adoptar para que su organizaci贸n y funcionamiento tienda a seguir patrones de organizaci贸n familiar. Incorporaci贸n de modelos de excelencia en la gesti贸n.
5. Est谩ndares de cobertura, calidad y accesibilidad, instalaciones y dotaci贸n de los puntos de encuentro familiar.
6. Atenci贸n integral a j贸venes ex tutelados: formaci贸n en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonom铆a personal y social al cumplir los 18 a帽os de edad; garant铆a de ingresos suficientes para subsistir; alojamiento; formaci贸n para el empleo, que facilite o priorice su participaci贸n en ofertas de empleo como medida de discriminaci贸n.
Cuarta. R茅gimen jur铆dico de los centros espec铆ficos de protecci贸n de menores con problemas de conducta de entidades privadas colaboradoras de las entidades p煤blicas competentes
A los centros de protecci贸n espec铆ficos de menores con problemas de conducta de las entidades privadas colaboradoras de las entidades p煤blicas competentes donde est茅n previstas la utilizaci贸n de medidas de seguridad y de restricci贸n de libertades o derechos fundamentales les ser谩 de aplicaci贸n lo previsto en el t铆tulo II, cap铆tulo IV de la Ley Org谩nica de Protecci贸n Jur铆dica del Menor.
Estos centros privados deber谩n contar con la autorizaci贸n administrativa para su funcionamiento emitida por la Entidad P煤blica competente en materia de protecci贸n a las personas menores de edad, y sujetos a su r茅gimen de inspecci贸n y, en su caso, sanci贸n administrativa.
Quinta. Mecanismo interterritorial de asignaciones
Las Administraciones P煤blicas realizar谩n las actuaciones necesarias para establecer un mecanismo eficaz que permita la asignaci贸n a familias adecuadas de aquellos menores con un perfil determinado en cuya Comunidad Aut贸noma no existan ofrecimientos de familias para acogimientos o, en su caso, adopciones.
Sexta. Equiparaci贸n de reg铆menes jur铆dicos en materia de acogimiento
A los efectos de las normas y leyes existentes con anterioridad a la presente ley y de las legislaciones correspondientes de las Comunidades Aut贸nomas con C贸digo Civil propio o con leyes civiles que lo regulen, se equipara la situaci贸n de acogimiento familiar temporal con acogimiento familiar simple, y la situaci贸n de guarda con fines de adopci贸n con el acogimiento preadoptivo.
S茅ptima. Planes espec铆ficos de protecci贸n para los menores
Las Administraciones P煤blicas, en el 谩mbito de sus respectivas competencias, deber谩n aprobar planes espec铆ficos de protecci贸n para los menores de seis a帽os en los que se recojan medidas concretas de fomento del acogimiento familiar de los mismos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Normativa aplicable a los procedimientos judiciales ya iniciados
Los procedimientos y expedientes judiciales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y que se encontraren en tramitaci贸n se continuar谩n tramitando conforme a la legislaci贸n procesal vigente en el momento del inicio del procedimiento o expediente judicial.
Segunda. Cese de los acogimientos constituidos judicialmente
Los acogimientos constituidos judicialmente con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley podr谩n cesar por resoluci贸n de la Entidad P煤blica sin necesidad de resoluci贸n judicial.
Tercera. Normativa aplicable a los expedientes de adopci贸n internacional ya iniciados; y vigencia de la acreditaci贸n de los organismos acreditados
1. Los expedientes de adopci贸n internacional de menores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y que se encontraren en tramitaci贸n se continuar谩n tramitando conforme a la legislaci贸n vigente en el momento del inicio del expediente.
2. Los organismos acreditados para intermediar en la adopci贸n internacional que tengan la acreditaci贸n en la fecha de entrada en vigor de esta ley, la mantendr谩n vigente hasta su caducidad o en tanto se produce una nueva acreditaci贸n o autorizaci贸n, en su caso, en los t茅rminos previstos en esta ley.
Cuarta. Certificaci贸n de antecedentes penales
Hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificaci贸n a la que se refiere el art铆culo 13 de la Ley Org谩nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci贸n Jur铆dica del Menor, de modificaci贸n parcial del C贸digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ser谩 emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.
Quinta. Extensi贸n de los beneficios relativos a los derechos de matriculaci贸n y examen en el 谩mbito de la educaci贸n a los t铆tulos de familia numerosa en vigor a partir de 1 de enero de 2015
a modificaci贸n del art铆culo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci贸n a las Familias Numerosas, prevista en la disposici贸n final quinta, ser谩 aplicable, a los exclusivos efectos de acceder a los beneficios en el 谩mbito de la educaci贸n relativos a los derechos de matriculaci贸n y examen previstos en el art铆culo 12.2.a) de la citada ley, a los t铆tulos de familia numerosa que estuvieran en vigor a 1 de enero de 2015.
DISPOSICI脫N DEROGATORIA
脷nica. Derogaci贸n de normas
Se deroga la disposici贸n adicional 煤nica de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopci贸n Internacional.
Asimismo, quedan derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificaci贸n de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa
Se modifica el apartado 6 del art铆culo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa, que queda redactado como sigue:
«6. Conocer谩n tambi茅n los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecuci贸n forzosa de actos de la administraci贸n p煤blica, salvo que se trate de la ejecuci贸n de medidas de protecci贸n de menores acordadas por la Entidad P煤blica competente en la materia.
Asimismo, corresponder谩 a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorizaci贸n o ratificaci贸n judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud p煤blica e impliquen privaci贸n o restricci贸n de la libertad o de otro derecho fundamental.
Adem谩s, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocer谩n de las autorizaciones para la entrada e inspecci贸n de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisi贸n Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspecci贸n el consentimiento de su titular, 茅ste se oponga a ello o exista riesgo de tal oposici贸n.'
Segunda. Modificaci贸n de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b谩sica reguladora de la autonom铆a del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci贸n y documentaci贸n cl铆nica
Se modifican los apartados 3, 4 y 5 y se a帽aden los apartados 6 y 7 al art铆culo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, b谩sica reguladora de la autonom铆a del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informaci贸n y documentaci贸n cl铆nica, que quedan redactados como sigue:
«3. Se otorgar谩 el consentimiento por representaci贸n en los siguientes supuestos:
a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del m茅dico responsable de la asistencia, o su estado f铆sico o ps铆quico no le permita hacerse cargo de su situaci贸n. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestar谩n las personas vinculadas a 茅l por razones familiares o de hecho.
b) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y as铆 conste en la sentencia.
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervenci贸n. En este caso, el consentimiento lo dar谩 el representante legal del menor, despu茅s de haber escuchado su opini贸n, conforme a lo dispuesto en el art铆culo 9 de la Ley Org谩nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci贸n Jur铆dica del Menor.
4. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 a帽os que no se encuentren en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representaci贸n.
No obstante lo dispuesto en el p谩rrafo anterior, cuando se trate de una actuaci贸n de grave riesgo para la vida o salud del menor, seg煤n el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestar谩 el representante legal del menor, una vez o铆da y tenida en cuenta la opini贸n del mismo.
5. La pr谩ctica de ensayos cl铆nicos y la pr谩ctica de t茅cnicas de reproducci贸n humana asistida se rigen por lo establecido con car谩cter general sobre mayor铆a de edad y por las disposiciones especiales de aplicaci贸n.
6. En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos descritos en los apartados 3 a 5, la decisi贸n deber谩 adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deber谩n ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a trav茅s del Ministerio Fiscal, para que adopte la resoluci贸n correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorizaci贸n judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptar谩n las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificaci贸n de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad.
7. La prestaci贸n del consentimiento por representaci贸n ser谩 adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participar谩 en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecer谩n las medidas de apoyo pertinentes, incluida la informaci贸n en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del dise帽o para todos de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por s铆 su consentimiento.'
Tercera. Modificaci贸n del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo
Se modifica la letra f) del apartado 3 del art铆culo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que queda redactado como sigue:
«f) Por el tiempo indispensable para la realizaci贸n de ex谩menes prenatales y t茅cnicas de preparaci贸n al parto y, en los casos de adopci贸n o acogimiento, o guarda con fines de adopci贸n, para la asistencia a las preceptivas sesiones de informaci贸n y preparaci贸n y para la realizaci贸n de los preceptivos informes psicol贸gicos y sociales previos a la declaraci贸n de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.'
Cuarta. Modificaci贸n de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico
Precepto modificado por RD Leg 5/2015, de 30 de Octubre, con entrada en vigor a partir del 1-11-2015
路 Derogada disposici贸n final cuarta
Redacci贸n hasta el 1-11-2015
Se modifica la letra e) del art铆culo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico, que queda redactado como sigue:
«e) Por el tiempo indispensable para la realizaci贸n de ex谩menes prenatales y t茅cnicas de preparaci贸n al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopci贸n o acogimiento, o guarda con fines de adopci贸n, para la asistencia a las preceptivas sesiones de informaci贸n y preparaci贸n y para la realizaci贸n de los preceptivos informes psicol贸gicos y sociales previos a la declaraci贸n de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.'
Quinta. Modificaci贸n de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci贸n a las Familias Numerosas
Uno. Se modifica el apartado 4 del art铆culo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci贸n a las Familias Numerosas, que queda redactado como sigue:
«4. Tendr谩n la misma consideraci贸n que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido. Los menores que habiendo estado en alguna de estas situaciones alcancen la mayor铆a de edad y permanezcan en la unidad familiar, conservar谩n la condici贸n de hijos en los t茅rminos establecidos en el art铆culo 3 de la presente ley.'
Dos. Se modifica el art铆culo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci贸n a las Familias Numerosas, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 6. Renovaci贸n, modificaci贸n o p茅rdida del t铆tulo.
El t铆tulo de familia numerosa deber谩 renovarse o dejarse sin efecto cuando var铆e el n煤mero de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedici贸n del t铆tulo y ello suponga un cambio de categor铆a o la p茅rdida de la condici贸n de familia numerosa.
El t铆tulo seguir谩 en vigor, aunque el n煤mero de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del t铆tulo sea inferior al establecido en el art铆culo 2, mientras al menos uno de ellos re煤na las condiciones previstas en el art铆culo 3. No obstante, en estos casos la vigencia del t铆tulo se entender谩 exclusivamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del mismo y no ser谩 aplicable a los hijos que ya no las cumplen.'
Tres. Se a帽ade una disposici贸n adicional en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci贸n a las Familias Numerosas, con el siguiente texto:
«Disposici贸n adicional d茅cima. Impacto de las normas en la familia.
Las memorias del an谩lisis de impacto normativo que deben acompa帽ar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluir谩n el impacto de la normativa en la familia.'
Cuatro. El Gobierno remitir谩 a las Cortes Generales, en el plazo m谩s breve posible, un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protecci贸n a las Familias Numerosas, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los bienes y servicios p煤blicos, contribuyendo a la redistribuci贸n de la renta y la riqueza de las familias.
Sexta. Modificaci贸n de la Ley Org谩nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci贸n
La Ley Org谩nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci贸n, queda modificada en los siguientes t茅rminos:
Uno. Se modifica el apartado 2 del art铆culo 84, que queda redactado como sigue:
«2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisi贸n se regir谩 por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, renta per c谩pita de la unidad familiar y condici贸n legal de familia numerosa, situaci贸n de acogimiento familiar del alumno o la alumna, y concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga car谩cter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este art铆culo.
No obstante, aquellos centros que tengan reconocida una especializaci贸n curricular por las Administraciones educativas, o que participen en una acci贸n destinada a fomentar la calidad de los centros docentes de las descritas en el art铆culo 122 bis, podr谩n reservar al criterio del rendimiento acad茅mico del alumno o alumna hasta un 20 por ciento de la puntuaci贸n asignada a las solicitudes de admisi贸n a ense帽anzas postobligatorias. Dicho porcentaje podr谩 reducirse o modularse cuando sea necesario para evitar la ruptura de criterios de equidad y de cohesi贸n del sistema.'
Dos. Se modifica el apartado 2 del art铆culo 87, que queda redactado como sigue:
«2. Para facilitar la escolarizaci贸n y garantizar el derecho a la educaci贸n del alumnado con necesidad espec铆fica de apoyo educativo, las Administraciones educativas deber谩n reservarle hasta el final del per铆odo de preinscripci贸n y matr铆cula una parte de las plazas de los centros p煤blicos y privados concertados.
Asimismo, podr谩n autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del n煤mero m谩ximo de alumnos y alumnas por aula en los centros p煤blicos y privados concertados de una misma 谩rea de escolarizaci贸n, bien para atender necesidades inmediatas de escolarizaci贸n del alumnado de incorporaci贸n tard铆a, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en per铆odo de escolarizaci贸n extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.'
S茅ptima. Modificaci贸n de la Ley Org谩nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
Uno. El apartado sesenta del art铆culo 煤nico de la Ley Org谩nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa queda modificado del modo que el primer p谩rrafo del apartado 2 del art铆culo 84 de la Ley Org谩nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci贸n, tendr谩 el siguiente contenido:
«Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisi贸n se regir谩 por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, renta per c谩pita de la unidad familiar y condici贸n legal de familia numerosa, situaci贸n de acogimiento familiar del alumno o alumna, y concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en alguno de sus padres, madres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga car谩cter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este art铆culo.'
Dos. El apartado sesenta del art铆culo 煤nico de la Ley Org谩nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa queda modificado del modo que el apartado 2 del art铆culo 87 de la Ley Org谩nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci贸n, tendr谩 el siguiente contenido:
«Asimismo, podr谩n autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del n煤mero m谩ximo de alumnos y alumnas por aula en los centros p煤blicos y privados concertados de una misma 谩rea de escolarizaci贸n, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en per铆odo de escolarizaci贸n extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna.'
Octava. Modificaci贸n de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo
Se introduce un nuevo apartado 4 ter en el art铆culo 2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo en los siguientes t茅rminos:
«4 ter. Los empleadores que contraten indefinidamente a v铆ctimas de trata de seres humanos, identificadas de acuerdo con lo dispuesto en el art铆culo 59 bis de la Ley Org谩nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa帽a y su integraci贸n social, y que, en su caso, hayan obtenido la autorizaci贸n de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, sin que sea necesaria la condici贸n de estar en desempleo, tendr谩n derecho, desde la fecha de celebraci贸n del contrato, a una bonificaci贸n mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 125 euros/mes (1.500 euros/a帽o) durante 2 a帽os.
En el caso de que se celebren contratos temporales con estas personas se tendr谩 derecho a una bonificaci贸n mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/a帽o), durante toda la vigencia del contrato.'
Novena. Modificaci贸n de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci贸n de la Autonom铆a Personal y Atenci贸n a las personas en situaci贸n de dependencia
Se a帽ade un nuevo apartado 8 al art铆culo 14 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci贸n de la Autonom铆a Personal y Atenci贸n a las personas en situaci贸n de dependencia, con la siguiente redacci贸n:
«8. Las prestaciones econ贸micas establecidas en virtud de esta Ley son inembargables, salvo para el supuesto previsto en el art铆culo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.'
D茅cima. Modificaci贸n del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado como sigue:
Uno. Se a帽ade un nuevo art铆culo 179 ter con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 179 ter. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposici贸n adicional primera de la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero, no podr谩 tener la condici贸n de beneficiario de las prestaciones de muerte y supervivencia que hubieran podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisi贸n de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la v铆ctima fuera el sujeto causante de la prestaci贸n.
2. La Entidad Gestora podr谩 revisar, por s铆 misma y en cualquier momento, la resoluci贸n por la cual hubiera reconocido el derecho a una prestaci贸n de muerte y supervivencia a quien fuera condenado por sentencia firme en el supuesto indicado, viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.
La facultad de revisi贸n de oficio a que se refiere el p谩rrafo anterior no estar谩 sujeta a plazo, si bien la obligaci贸n de reintegro del importe de las prestaciones percibidas prescribir谩 en el plazo previsto en el art铆culo 45.3. En todo caso, la prescripci贸n de esta obligaci贸n se interrumpir谩 cuando recaiga resoluci贸n judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio, as铆 como por la tramitaci贸n del proceso penal y de los diferentes recursos.
En el acuerdo de inicio del procedimiento de revisi贸n del reconocimiento de la prestaci贸n a que se refiere este art铆culo se acordar谩, si no se hubiera producido antes, la suspensi贸n cautelar de su percibo hasta la resoluci贸n firme que ponga fin a dicho procedimiento.'
Dos. Se a帽ade un nuevo art铆culo 179 qu谩ter con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 179 qu谩ter. Suspensi贸n cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia, en determinados supuestos.
1. La Entidad Gestora suspender谩 cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y supervivencia que, en su caso, hubiera reconocido, cuando recaiga resoluci贸n judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la v铆ctima fuera el sujeto causante de la prestaci贸n, con efectos del d铆a primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia.
Cuando la Entidad Gestora tenga conocimiento, antes o durante el tr谩mite del procedimiento para el reconocimiento de la prestaci贸n de muerte y supervivencia, de que ha reca铆do contra el solicitante resoluci贸n judicial de la que deriven indicios racionales de criminalidad por la comisi贸n del indicado delito, proceder谩 a su reconocimiento si concurrieran todos los restantes requisitos para ello, con suspensi贸n cautelar de su abono desde la fecha en que hubiera debido tener efectos econ贸micos.
En los casos indicados en los dos p谩rrafos precedentes, la suspensi贸n cautelar se mantendr谩 hasta que recaiga sentencia firme u otra resoluci贸n firme que ponga fin al procedimiento penal, o determine la no culpabilidad del beneficiario.
Si el beneficiario de la prestaci贸n fuera finalmente condenado por sentencia firme por la comisi贸n del indicado delito, proceder谩 la revisi贸n del reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las prestaciones percibidas, de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 179 ter. Cuando recaiga sentencia absolutoria o resoluci贸n judicial firme que declare la no culpabilidad del beneficiario, se rehabilitar谩 el pago de la prestaci贸n suspendida con los efectos que hubieran procedido de no haberse acordado la suspensi贸n, una vez descontadas, en su caso, las cantidades satisfechas en concepto de obligaci贸n de alimentos conforme a lo dispuesto en el apartado 3.
2. No obstante, si recayera sentencia absolutoria en primera instancia y esta fuera recurrida, la suspensi贸n cautelar se alzar谩 hasta la resoluci贸n del recurso por sentencia firme. En este caso, si la sentencia firme reca铆da en dicho recurso fuese tambi茅n absolutoria, se abonar谩n al beneficiario las prestaciones dejadas de percibir desde que se acord贸 la suspensi贸n cautelar hasta que se alz贸 esta, con descuento de las cantidades que, en su caso, se hubieran satisfecho a terceros en concepto de obligaci贸n de alimentos conforme a lo dispuesto en el apartado 3. Por el contrario, si la sentencia firme reca铆da en el recurso resultara condenatoria, proceder谩 la revisi贸n del reconocimiento de la prestaci贸n as铆 como la devoluci贸n de las prestaciones percibidas por el condenado, conforme a lo indicado en el apartado 1 de este art铆culo, incluidas las correspondientes al per铆odo en que estuvo alzada la suspensi贸n.
3. Durante la suspensi贸n del pago de una pensi贸n de viudedad, acordada conforme a lo previsto en este art铆culo, se podr谩n hacer efectivas con cargo a la misma, hasta el l铆mite del importe que le hubiera correspondido por tal concepto al beneficiario de dicha pensi贸n, las obligaciones de alimentos a favor de los titulares de pensi贸n de orfandad o en favor de familiares causada por la v铆ctima del delito, siempre que dichos titulares hubieran de ser beneficiarios de los incrementos a que se refiere el art铆culo 179 quinquies si finalmente recayera sentencia firme condenatoria de aquel. La cantidad a percibir en concepto de alimentos por cada uno de los pensionistas de orfandad o en favor de familiares no podr谩 superar el importe que, en cada momento, le hubiera correspondido por dicho incremento.'
Tres. Se a帽ade un nuevo art铆culo 179 quinquies con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 179 quinquies. Incremento de las pensiones de orfandad y en favor de familiares, en determinados supuestos.
1. Cuando, a tenor de lo establecido en el art铆culo 179 ter, el condenado por sentencia firme por la comisi贸n de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas no pudiese adquirir la condici贸n de beneficiario de la pensi贸n de viudedad, o la hubiese perdido, los hijos del mismo que sean titulares de la pensi贸n de orfandad causada por la v铆ctima del delito tendr谩n derecho al incremento previsto reglamentariamente para los casos de orfandad absoluta.
Los titulares de la pensi贸n en favor de familiares podr谩n, en esos mismos supuestos, ser beneficiarios del incremento previsto reglamentariamente, siempre y cuando no haya otras personas con derecho a pensi贸n de muerte y supervivencia causada por la v铆ctima.
2. Los efectos econ贸micos del citado incremento se retrotraer谩n a la fecha de efectos del reconocimiento inicial de la pensi贸n de orfandad o en favor de familiares, cuando no se hubiera reconocido previamente la pensi贸n de viudedad a quien resulte condenado por sentencia firme. En otro caso, dichos efectos econ贸micos se iniciar谩n a partir de la fecha en que hubiera cesado el pago de la pensi贸n de viudedad, como consecuencia de la revisi贸n de su reconocimiento por la Entidad gestora conforme a lo previsto en el art铆culo 179 ter o, en su caso, a partir de la fecha de la suspensi贸n cautelar contemplada en el art铆culo 179 qu谩ter.
En todo caso, el abono del incremento de la pensi贸n de orfandad o en favor de familiares por los per铆odos en que el condenado hubiera percibido la pensi贸n de viudedad solo podr谩 llevarse a cabo una vez que este haga efectivo su reintegro, sin que la Entidad Gestora, de no producirse el reintegro, sea responsable subsidiaria ni solidaria del abono al pensionista de orfandad o en favor de familiares del incremento se帽alado, ni venga obligada a su anticipo.
De las cantidades que correspondan en concepto de incremento de la pensi贸n de orfandad o en favor de familiares se descontar谩, en su caso, el importe que por alimentos hubiera percibido su beneficiario a cargo de la pensi贸n de viudedad suspendida, conforme a lo dispuesto en el art铆culo 179 qu谩ter.'
Cuatro. Se a帽ade un nuevo art铆culo 179 sexies con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 179 sexies. Abono de las pensiones de orfandad, en determinados supuestos.
En el caso de que los hijos de quien fuera condenado por sentencia firme por la comisi贸n de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en los t茅rminos se帽alados en el art铆culo 179 ter, siendo menores de edad o personas con capacidad judicialmente modificada, fueran beneficiarios de pensi贸n de orfandad causada por la v铆ctima, dicha pensi贸n no le ser谩 abonable a la persona condenada.
En todo caso, la Entidad Gestora pondr谩 en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de la pensi贸n de orfandad, as铆 como toda resoluci贸n judicial de la que se deriven indicios racionales de que el progenitor es responsable de un delito doloso de homicidio para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art铆culo 158 del C贸digo Civil, proceda, en su caso, a instar la adopci贸n de las medidas oportunas en relaci贸n con la persona f铆sica o instituci贸n tutelar del menor o persona con capacidad judicialmente modificada a las que debe abonarse la pensi贸n de orfandad. Adoptadas dichas medidas con motivo de dicha situaci贸n procesal, la Entidad Gestora, cuando as铆 proceda, comunicar谩 tambi茅n al Ministerio Fiscal la resoluci贸n por la que se ponga fin al proceso y la firmeza o no de la resoluci贸n judicial en que se acuerde.'
Cinco. El apartado 1 de la disposici贸n adicional octava queda redactado de la siguiente forma:
«1. Ser谩 de aplicaci贸n a todos los reg铆menes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto en los art铆culos 137, apartados 2 y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1, 2 y 3; 161 bis, apartado 1 y apartado 2. B); 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 177, apartado 1, segundo p谩rrafo; 179, 179 ter, 179 qu谩ter, 179 quinquies y 179 sexies. Igualmente, ser谩n de aplicaci贸n las normas sobre las prestaciones familiares contenidas en el cap铆tulo IX del t铆tulo II; las disposiciones adicionales s茅ptima bis, cuadrag茅sima tercera y quincuag茅sima novena y las disposiciones transitorias quinta, apartado 1, quinta bis, sexta bis y decimosexta.
No obstante lo dispuesto en el p谩rrafo anterior, se except煤a la aplicaci贸n a los reg铆menes especiales de lo previsto en el art铆culo 138 en el 煤ltimo p谩rrafo de su apartado 2, as铆 como lo regulado por su apartado 5.'
Und茅cima. Modificaci贸n del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril
El texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, queda modificado como sigue:
Uno. Se a帽ade un apartado tres al art铆culo 15 con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 15.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el n煤mero 1, la Administraci贸n podr谩 revisar los actos de reconocimiento del derecho a una prestaci贸n en favor de familiares motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisi贸n de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la v铆ctima fuera el sujeto causante de la prestaci贸n, que podr谩 efectuarse en cualquier momento, as铆 como la reclamaci贸n de las cantidades que, en su caso, hubiere percibido por tal concepto.'
Dos. Se a帽ade un nuevo art铆culo, el 37 bis, con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 37 bis. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposici贸n adicional primera de la Ley Org谩nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero, no podr谩 tener la condici贸n de beneficiario de las prestaciones en favor de los familiares que hubieran podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia firme por la comisi贸n de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la v铆ctima fuera el sujeto causante de la prestaci贸n.
La Administraci贸n podr谩 revisar, por s铆 misma y en cualquier momento, el acto o acuerdo por el cual hubiera reconocido el derecho a una prestaci贸n en favor de los familiares a quien fuera condenado por sentencia firme en el supuesto indicado, viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.
En el acuerdo de inicio del procedimiento de revisi贸n del reconocimiento de la prestaci贸n a que se refiere este art铆culo se acordar谩, si no se hubiera producido antes, la suspensi贸n cautelar de su percibo hasta la resoluci贸n que ponga fin a dicho procedimiento.'
Tres. Se a帽ade un nuevo art铆culo, el 37 ter, con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 37 ter. Suspensi贸n cautelar del abono de las prestaciones en favor de los familiares, en determinados supuestos.
1. La Direcci贸n General de Costes de Personal y Pensiones P煤blicas suspender谩 cautelarmente el abono de las prestaciones reconocidas en favor de los familiares, cuando recaiga sobre el beneficiario resoluci贸n judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisi贸n de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la v铆ctima fuera el sujeto causante de la prestaci贸n, con efectos del d铆a primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia.
En los casos indicados, la suspensi贸n cautelar se mantendr谩 hasta que recaiga sentencia firme u otra resoluci贸n firme que ponga fin al procedimiento penal o determine la no culpabilidad del beneficiario.
Si el beneficiario de la prestaci贸n fuera finalmente condenado por sentencia firme por la comisi贸n del indicado delito, proceder谩 la revisi贸n del reconocimiento y, en su caso, el reintegro de las prestaciones percibidas, de acuerdo con lo previsto en el art铆culo 37 bis. En este supuesto la Direcci贸n General de Costes de Personal y Pensiones P煤blicas o la Direcci贸n General de Personal del Ministerio de Defensa, en el 谩mbito de sus respectivas competencias, fijar谩n el importe de las pensiones, si las hubiere, como si no existiera la persona condenada.
Cuando, mediante sentencia o resoluci贸n judicial firme, finalice el proceso sin la referida condena o se determine la no culpabilidad del beneficiario, se rehabilitar谩 el pago de la prestaci贸n suspendida con los efectos que hubieran procedido de no haberse acordado la suspensi贸n.
2. No obstante, si recayera sentencia absolutoria en primera instancia y 茅sta fuera recurrida, la suspensi贸n cautelar se alzar谩 hasta la resoluci贸n del recurso por sentencia firme. En este caso, si la sentencia firme reca铆da en dicho recurso fuese tambi茅n absolutoria se abonar谩n al beneficiario las prestaciones dejadas de percibir desde que se acord贸 la suspensi贸n cautelar hasta que se alz贸 茅sta. Por el contrario, si la sentencia firme reca铆da en el recurso resultara condenatoria proceder谩 la revisi贸n del reconocimiento de la prestaci贸n, as铆 como la devoluci贸n de las prestaciones percibidas por el condenado, conforme a lo indicado en el apartado 1 de este art铆culo, incluidas las correspondientes al per铆odo en que estuvo alzada la suspensi贸n.
3. Durante la suspensi贸n del pago de una prestaci贸n acordada conforme a lo previsto en este art铆culo, la Direcci贸n General de Costes de Personal y Pensiones P煤blicas o la Direcci贸n General de Personal del Ministerio de Defensa, en el 谩mbito de sus respectivas competencias, fijar谩n el importe de las pensiones, si las hubiere, como si no existiera la persona contra la que se hubiera dictado la resoluci贸n a que se refiere el apartado 1. Dicho importe tendr谩 car谩cter provisional hasta que se dicte la resoluci贸n firme que ponga fin al proceso penal.
En el caso de archivo de la causa o de sentencia firme absolutoria, se proceder谩 al abono de las prestaciones cautelarmente suspendidas. No obstante, el beneficiario de la pensi贸n calculada conforme a lo dispuesto en el p谩rrafo anterior no vendr谩 obligado a devolver cantidad alguna.'
Cuatro. Se a帽ade un nuevo art铆culo, 37 qu谩ter, con la siguiente redacci贸n:
Art铆culo 37 qu谩ter. Abono de las pensiones en favor de familiares en determinados supuestos.
«En el caso de que hubiera beneficiarios menores o incapacitados judicialmente, cuya patria potestad o tutela estuviera atribuida a una persona contra la que se hubiera dictado resoluci贸n judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad o sentencia condenatoria firme por la comisi贸n del delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, la pensi贸n no le ser谩 abonable a dicha persona.
En todo caso, la Direcci贸n General de Costes de Personal y Pensiones P煤blicas pondr谩 en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de la pensi贸n, as铆 como toda resoluci贸n judicial de la que se deriven indicios racionales de que una persona que tenga atribuida la patria potestad o tutela es responsable del delito doloso de homicidio para que proceda, en su caso, a instar la adopci贸n de las medidas oportunas en relaci贸n con la persona f铆sica o instituci贸n tutelar del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente a las que debe abonarse la pensi贸n. Adoptadas dichas medidas con motivo de dicha situaci贸n procesal, la Administraci贸n, cuando as铆 proceda, comunicar谩 tambi茅n al Ministerio Fiscal la resoluci贸n por la que se ponga fin al proceso penal y la firmeza o no de la resoluci贸n judicial en que se acuerde.'
Cinco. La disposici贸n adicional und茅cima queda redactada de la siguiente forma:
«Disposici贸n adicional und茅cima. Prestaciones en favor de los familiares.
La regulaci贸n contenida tanto en el art铆culo 38 y en la disposici贸n transitoria duod茅cima como en el art铆culo 41 de este texto, a excepci贸n de lo dispuesto en el p谩rrafo segundo del apartado 1 del 煤ltimo art铆culo citado, ser谩 de aplicaci贸n, respectivamente, a las pensiones de viudedad y de orfandad de Clases Pasivas del Estado causadas al amparo de la legislaci贸n vigente a 31 de diciembre de 1984, as铆 como a las causadas en aplicaci贸n de la legislaci贸n especial de guerra; siempre que, en uno y otro caso y trat谩ndose de orfandad, el l铆mite de edad determinante de la condici贸n de beneficiario de la pensi贸n de orfandad fuese igual o menor de veinti煤n a帽os.
Asimismo, lo dispuesto en los art铆culos 37 bis y 37 ter ser谩 de aplicaci贸n a todas las pensiones de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su legislaci贸n reguladora, as铆 como a las pensiones causadas al amparo de la legislaci贸n especial de guerra.'
Duod茅cima. Modificaci贸n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Se a帽ade una nueva disposici贸n adicional en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, con la siguiente redacci贸n:
«Disposici贸n adicional quinta. Comunicaci贸n de actuaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina, a la Direcci贸n General de Costes de Personal y Pensiones P煤blicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas y a la Direcci贸n General de Personal del Ministerio de Defensa.
Los secretarios judiciales de los juzgados y tribunales comunicar谩n al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de la Marina y a la Direcci贸n General de Costes de Personal y Pensiones P煤blicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones P煤blicas, cualquier resoluci贸n judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisi贸n de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en que la v铆ctima fuera ascendiente, descendiente, hermano, c贸nyuge o exc贸nyuge del investigado, o estuviera o hubiese estado ligada a 茅l por una relaci贸n de afectividad an谩loga a la conyugal. Asimismo, comunicar谩n a dichos organismos oficiales las resoluciones judiciales firmes que pongan fin a los procedimientos penales. Dichas comunicaciones se realizar谩n a los efectos previstos en los art铆culos 179 ter, 179 qu谩ter, 179 quinquies y 179 sexies del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y en los art铆culos 37 bis y 37 ter del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.'
Decimotercera. Modificaci贸n de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicci贸n Social
El art铆culo 146.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicci贸n Social, queda redactado del siguiente modo:
«2. Se except煤an de lo dispuesto en el apartado anterior:
a) La rectificaci贸n de errores materiales o de hecho y los aritm茅ticos, as铆 como las revisiones motivadas por la constataci贸n de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, as铆 como la reclamaci贸n de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.
b) Las revisiones de los actos en materia de protecci贸n por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores aut贸nomos, siempre que se efect煤en dentro del plazo m谩ximo de un a帽o desde la resoluci贸n administrativa o del 贸rgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 147.
c) La revisi贸n de los actos de reconocimiento del derecho a una prestaci贸n de muerte y supervivencia, motivada por la condena al beneficiario, mediante sentencia firme, por la comisi贸n de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando la v铆ctima fuera el sujeto causante de la prestaci贸n, que podr谩 efectuarse en cualquier momento, as铆 como la reclamaci贸n de las cantidades que, en su caso, hubiera percibido por tal concepto.'
Decimocuarta. Eficacia en la aplicaci贸n de las modificaciones legales
Las modificaciones introducidas en la Ley General de la Seguridad Social, en la ley de Clases Pasivas del Estado, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley reguladora de la Jurisdicci贸n Social por medio de las disposiciones finales d茅cima a decimotercera de la presente Ley, ser谩n de aplicaci贸n a los hechos causantes de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y del R茅gimen especial de Clases Pasivas del Estado producidos a partir de la fecha de su entrada en vigor, siempre que los hechos delictivos hayan ocurrido, asimismo, a partir de la misma fecha.
Decimoquinta. T铆tulos competenciales
La presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva para dictar la legislaci贸n civil atribuida al Estado por el art铆culo 149.1.8.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola, sin perjuicio de la conservaci贸n, modificaci贸n y desarrollo por las Comunidades Aut贸nomas de los derechos civiles forales o especiales, all铆 donde existan.
El art铆culo cuarto, la disposici贸n transitoria primera y la disposici贸n final primera se dictan al amparo del art铆culo 149.1.6.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislaci贸n procesal.
La disposici贸n final segunda tiene la condici贸n de b谩sica, de conformidad con lo establecido en el art铆culo 149.1.1.陋 y 16.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola.
La disposici贸n final tercera se dicta al amparo del art铆culo 149.1.7.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola, que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislaci贸n laboral.
La disposici贸n final cuarta se dicta al amparo del art铆culo 149.1.18.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola, constituyendo bases del r茅gimen estatutario de los funcionarios, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Aut贸nomas que ya disponen de competencia exclusiva sobre el r茅gimen estatutario del personal al servicio de las Administraciones P煤blicas y especialidades derivadas de la organizaci贸n administrativa y funcionarial propias de las Comunidades Aut贸nomas.
La disposici贸n final quinta se dicta al amparo del art铆culo 149.1.1.陋, 7.陋 y 17.陋 de la Constituci贸n Espa帽ola.
Decimosexta. Desarrollo reglamentario de las Ciudades de Ceuta y Melilla
De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposici贸n adicional cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizaci贸n y sostenibilidad de la Administraci贸n Local, las Ciudades de Ceuta y Melilla, en ejercicio de su potestad reglamentaria, podr谩n desarrollar el contenido de la presente ley de acuerdo con los criterios y circunstancias en ella contenidos, al objeto de ajustarlo a las condiciones particulares de 茅stas, en desarrollo de su capacidad reglamentaria y dentro del alcance de la misma.
Decimos茅ptima. Creaci贸n del registro central de delincuentes sexuales
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, o铆do el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protecci贸n de Datos, dictar谩 en el plazo de seis meses desde la publicaci贸n de esta Ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organizaci贸n del Registro Central de delincuentes sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integr谩ndose en el sistema de registros de apoyo a la Administraci贸n de Justicia, as铆 como el r茅gimen de inscripci贸n y cancelaci贸n de sus asientos y el acceso a la informaci贸n contenida en aqu茅l, asegurando en todo caso su confidencialidad. Se formar谩, al menos, con los datos relativos a la identidad y perfil gen茅tico (ADN) de las personas condenadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los que incluyen la agresi贸n y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocaci贸n sexual, prostituci贸n y explotaci贸n sexual y corrupci贸n de menores. La Administraci贸n General del Estado colaborar谩 con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Uni贸n Europea para facilitar el intercambio de informaci贸n en este 谩mbito.
Decimoctava. Modificaciones y desarrollos reglamentarios
El Gobierno llevar谩 a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean precisos para la aplicaci贸n de la presente ley.
Decimonovena. Incorporaci贸n de normas de la Uni贸n Europea
En esta ley se contienen las normas de incorporaci贸n al Derecho espa帽ol de los art铆culos 10 y 15 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotaci贸n sexual de los menores y la pornograf铆a infantil y por la que se sustituye la Decisi贸n marco 2004/68/JAI del Consejo.
Vig茅sima. No incremento del gasto
Las medidas incluidas en esta norma no podr谩n suponer incremento de gasto p煤blico, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.
Vigesimoprimera. Entrada en vigor
La presente ley entrar谩 en vigor a los veinte d铆as de su publicaci贸n en el «Bolet铆n Oficial del Estado'.