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Referencia: SP/LEG/19091

REAL DECRETO 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales

贸rgano emisor: MINISTERIO DE JUSTICIA
publicaci贸n: B.O.E. num. 312 - 30/12/2015
entrada en vigor: 29/02/2016
I
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificaci贸n del sistema de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia, prev茅 en su disposici贸n final decimos茅ptima que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictar谩 en el plazo de seis meses desde la publicaci贸n de la citada ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organizaci贸n del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integr谩ndose en el sistema de registros de apoyo a la Administraci贸n de Justicia.
El principio inspirador al que responde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se estructura sobre la base del derecho fundamental del menor a que su inter茅s superior sea prioritario, como proclama la Ley Org谩nica 8/2015, de 22 de julio, de modificaci贸n del sistema de protecci贸n a la infancia y la adolescencia. En este contexto no s贸lo se plasman los compromisos adquiridos por Espa帽a en el seno de la Uni贸n Europea y del Consejo de Europa, sino que adem谩s permite la equiparaci贸n a los pa铆ses de nuestro entorno en la extensi贸n de la protecci贸n que dispensan a los ni帽os contra la explotaci贸n y el abuso sexual.
Partiendo de estos principios, el real decreto regula la organizaci贸n y contenido del Registro Central de Delincuentes Sexuales, as铆 como los procedimientos de inscripci贸n, acceso, cancelaci贸n, rectificaci贸n y certificaci贸n de la informaci贸n en 茅l contendida, configurando un instrumento eficaz para los fines perseguidos.
En primer lugar, se pretende la prevenci贸n y protecci贸n de los menores frente a la delincuencia de naturaleza sexual, de conformidad con las normas nacionales y supranacionales, y acorde con los sistemas registrales de otros pa铆ses de nuestro entorno.
En segundo t茅rmino, se desarrolla un sistema para conocer si quienes pretenden acceder y ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas, tanto en Espa帽a como en otros pa铆ses, por los delitos a los que se refiere este real decreto.
Y en 煤ltimo lugar, se busca facilitar la investigaci贸n e identificaci贸n de los autores de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, as铆 como de trata de seres humanos con fines de explotaci贸n sexual, incluyendo la pornograf铆a, con independencia de la edad de la v铆ctima.
De este modo, se incorpora a nuestra legislaci贸n la normativa supranacional, en especial, el Convenio del Consejo de Europa para la protecci贸n de los ni帽os contra la explotaci贸n y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, 鈥揺n adelante Convenio de Lanzarote鈥 satisfaciendo el compromiso adquirido de contribuir eficazmente al objetivo com煤n de proteger a los ni帽os contra la explotaci贸n y el abuso sexual; la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotaci贸n sexual de los menores y la pornograf铆a infantil; la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas m铆nimas sobre los derechos, el apoyo y la protecci贸n de las v铆ctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisi贸n marco 2001/220/JAI del Consejo, siguiendo este real decreto la l铆nea ya iniciada con la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la V铆ctima; y la Decisi贸n marco 2002/629/JAI del Consejo de la Uni贸n Europea, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.
II
Por otra parte, de conformidad con el art铆culo 37 del citado Convenio de Lanzarote, se dispone la incorporaci贸n al Registro Central de Delincuentes Sexuales de los datos relativos a la identidad y perfil gen茅tico (ADN) de las personas condenadas por los delitos objeto del mismo, junto con el resto de informaci贸n penal que conste en el Registro Central de Penados as铆 como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
Para ello, el Ministerio de Interior, en cuanto encargado de la Base de Datos Nacional de ADN, ser谩 el interlocutor para incorporar el c贸digo identificador del perfil gen茅tico del condenado, as铆 como para comunicar la cancelaci贸n de la inscripci贸n del Registro Central de Delincuentes Sexuales a efectos de la correspondiente cancelaci贸n del perfil gen茅tico prevista en la Ley Org谩nica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
En el marco de la necesaria coordinaci贸n con las Administraciones p煤blicas competentes en materia de protecci贸n de menores, se establece que el soporte en el que deber谩n almacenarse los datos contenidos en el Registro debe permitir su interoperabilidad. Se pretende con ello hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, no solo en Espa帽a sino tambi茅n en otros pa铆ses, as铆 como colaborar con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Uni贸n Europea y del Consejo de Europa, para facilitar el intercambio de informaci贸n en este 谩mbito.
De conformidad con la previsi贸n legal contenida en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de la que trae causa el presente real decreto, para el cumplimiento de los fines perseguidos por el mismo y anteriormente expuestos y teniendo en todo caso presente el superior inter茅s del menor cuya libertad e indemnidad sexuales se trata de proteger, el acceso directo al Registro se limitar谩, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administraci贸n de Justicia, a los 贸rganos judiciales a los efectos de su utilizaci贸n en los procedimientos y actuaciones de sus respectivas competencias; al Ministerio Fiscal cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Org谩nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Org谩nico del Ministerio Fiscal; y a la polic铆a judicial en el 谩mbito de sus competencias para el desarrollo de las actuaciones que le est茅n encomendadas en relaci贸n con la persecuci贸n y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro, de conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 549.1 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Org谩nica 5/2000, de 12 de enero. En todo caso, el acceso deber谩 estar vinculado a las finalidades y objetivos perseguidos por el Registro.
Por otra parte, se permite la obtenci贸n de los datos inscritos, incluso sin necesidad de contar con el consentimiento del interesado, en el caso de los 贸rganos judiciales o de que la certificaci贸n sea recabada por las entidades p煤blicas de protecci贸n de menores competentes territorialmente.
Para completar la protecci贸n dispensada por el Registro Central de Delincuentes Sexuales a los menores y evitar la reiteraci贸n delictiva tan habitual en los tipos de delitos sexuales, el apartado 5 del art铆culo 13 de la Ley Org谩nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci贸n Jur铆dica del Menor, de modificaci贸n parcial del C贸digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacci贸n dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, exige como requisito para el acceso y ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por alg煤n delito contra la libertad e indemnidad sexuales, as铆 como por trata de seres humanos, debiendo entenderse referida a la que tiene fines de explotaci贸n sexual, tanto en Espa帽a como en el extranjero. En consonancia con la precitada exigencia legal, el presente real decreto recoge un r茅gimen de certificaci贸n de este tipo de inscripciones, a instancia del propio interesado o de las Administraciones p煤blicas con el consentimiento del interesado o su representante.
El r茅gimen de cancelaci贸n de las inscripciones del Registro Central de Delincuentes Sexuales se establece en funci贸n de la edad de la v铆ctima y del condenado. Si la v铆ctima fuera mayor de edad, la cancelaci贸n se hace coincidir con la de los antecedentes penales, sin que se extienda la vigencia de la inscripci贸n m谩s all谩 de los efectos que el C贸digo Penal establece atendiendo a la gravedad del delito cometido.
Por el contrario, si la v铆ctima tuviera la condici贸n de menor de edad, se considera conveniente seguir un r茅gimen distinto en relaci贸n con los l铆mites temporales establecidos para la cancelaci贸n de los antecedentes penales y ampliar la duraci贸n de la inscripci贸n hasta 30 a帽os, atendiendo a la especifica funci贸n y finalidad de las inscripciones de este registro, que no se constituyen como una pena sino como una medida para la protecci贸n de la infancia y adolescencia. Ello no se opone a los principios de proporcionalidad, necesidad o reinserci贸n pues no impide que los antecedentes penales sean cancelados en el plazo establecido legalmente, sin que dichas inscripciones sean consideradas a efectos de reincidencia.
No obstante, si el condenado fuera menor de edad en el momento de la comisi贸n del delito, no ser谩 de aplicaci贸n lo anterior, sino que se estar谩 al plazo de cancelaci贸n de los antecedentes penales con la finalidad de posibilitar la reinserci贸n de los menores infractores y evitar su estigmatizaci贸n.
Por otra parte, previendo la inscripci贸n en el Registro de condenas dictadas por tribunales extranjeros, se establece con car谩cter general, respecto de las mismas, que la cancelaci贸n estar谩 condicionada a la previa comunicaci贸n del Estado de condena, tal como dispone el art. 5.2 de la Ley Org谩nica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de informaci贸n de antecedentes penales y consideraci贸n de resoluciones judiciales penales en la Uni贸n Europea, respecto de las condenas dictadas en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea.
III
A lo largo de la regulaci贸n del presente real decreto late la protecci贸n del inter茅s del menor como 煤ltimo fin de la norma, respondiendo as铆 el legislador, en consonancia con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 185/2012 de 17 de octubre, al mandato constitucional que recibe directamente del art铆culo 39 de la Constituci贸n Espa帽ola, que encomienda a los poderes p煤blicos la obligaci贸n de velar por la protecci贸n integral de los ni帽os de conformidad con los Convenios Internacionales.
Siguiendo esta m谩xima, cabe destacar que la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o parte de un principio fundamental: el inter茅s del ni帽o ha de considerarse superior a los dem谩s intereses en juego y su exigibilidad no queda al criterio de los Estados. La rotundidad de este postulado se deriva de la posici贸n de partida de los menores, que tienen menos posibilidades que los adultos de defender con fuerza sus propios intereses.
La trascendencia de este principio lleva a que el art铆culo 2 de la Ley Org谩nica 8/2015, de 22 de julio, declare que todo menor tiene derecho a que su inter茅s superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el 谩mbito p煤blico como privado. En la aplicaci贸n de la presente ley y dem谩s normas que le afecten, as铆 como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, p煤blicas o privadas, los tribunales, o los 贸rganos legislativos, primar谩n el inter茅s superior de los mismos sobre cualquier otro inter茅s leg铆timo que pudiera concurrir.
La Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas m铆nimas sobre los derechos, el apoyo y la protecci贸n de las v铆ctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisi贸n marco 2001/220/JAI del Consejo, relativa a los derechos de las v铆ctimas ha dado lugar a la aprobaci贸n de la Ley 4/2015, de 27 de abril, cuyo art铆culo 19, al referirse al derecho de las v铆ctimas, establece la obligaci贸n para las autoridades y funcionarios encargados de la investigaci贸n, persecuci贸n y enjuiciamiento de los delitos, de adoptar las medidas necesarias para su protecci贸n, confiriendo una especial importancia al Ministerio Fiscal cuando la v铆ctima sea menor.
La determinaci贸n del inter茅s superior del menor en cada caso debe basarse en una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el legislador, que deben ser tenidos en cuenta y ponderados en funci贸n de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y as铆 se ha hecho en el presente real decreto, cuyo fin primordial no es otro que la creaci贸n de un instrumento eficaz para dar respuesta al clamor social de proteger el inter茅s de los menores, potenciales v铆ctimas de estos delitos especialmente reprochables y que afectan de una manera fundamental al desarrollo normal de la personalidad de los ni帽os.
Este real decreto ha sido informado por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobaci贸n previa del Ministro de Hacienda y Administraciones P煤blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci贸n del Consejo de Ministros en su reuni贸n del d铆a 11 de diciembre de 2015,
DISPONGO:
Art铆culo 1. Objeto y 谩mbito
1. Este real decreto tiene por objeto crear y regular la organizaci贸n y funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales previsto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaci贸n del sistema de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia, as铆 como el r茅gimen de inscripci贸n, consulta, certificaci贸n y cancelaci贸n de los datos contenidos en aqu茅l.
2. Su 谩mbito de actividad se extiende a todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos en esta materia por Espa帽a.
Art铆culo 2. Derecho de aplicaci贸n supletoria
En todo aquello que no est茅 espec铆ficamente previsto en el presente real decreto resultar谩 de aplicaci贸n supletoria el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administraci贸n de Justicia.
Art铆culo 3. Naturaleza y finalidad
1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de informaci贸n, de car谩cter no p煤blico y gratuito, relativo a la identidad, perfil gen茅tico, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotaci贸n sexual, incluyendo la pornograf铆a, regulados en el Ley Org谩nica 10/1995, de 23 de noviembre, del C贸digo Penal, con independencia de la edad de la v铆ctima. Esta informaci贸n se referir谩 a las condenas dictadas tanto en Espa帽a como en otros pa铆ses, en particular los Estados miembros de la Uni贸n Europea y del Consejo de Europa.
2. La finalidad del Registro es contribuir a la protecci贸n de los menores contra la explotaci贸n y el abuso sexual, con independencia de qui茅n sea el autor del delito, mediante el establecimiento de un mecanismo de prevenci贸n que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, carecen o no de condenas penales por los delitos a los que se refiere el apartado anterior.
Asimismo, el Registro tiene como fin facilitar la investigaci贸n y persecuci贸n de los delitos a que se refiere el presente real decreto con objeto de proteger a las v铆ctimas menores de edad de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificaci贸n de sus autores y de cooperaci贸n con las autoridades judiciales y policiales de otros pa铆ses, en particular con los Estados miembros de la Uni贸n Europea y del Consejo de Europa.
Art铆culo 4. Organizaci贸n
1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales se integra en el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administraci贸n de Justicia regulado en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Su gesti贸n corresponde a la Secretaria de Estado de Justicia a trav茅s de la Secretar铆a General de la Administraci贸n de Justicia.
2. El encargado del Registro ser谩 responsable de su control, organizaci贸n y gesti贸n; adoptar谩 las medidas necesarias para asegurar la agilidad en la transmisi贸n de la informaci贸n regulada en el art铆culo siguiente, as铆 como la veracidad, integridad, confidencialidad y accesibilidad de los datos contenidos en las inscripciones. Asimismo, garantizar谩, con plena eficacia jur铆dica, la autenticidad e integridad de los datos certificados e impulsar谩 el cumplimiento de lo previsto en materia de cancelaciones de las inscripciones.
Art铆culo 5. Informaci贸n contenida en las inscripciones
1. El Registro Central de Delincuentes Sexuales contendr谩 toda la informaci贸n penal que conste tanto en el Registro Central de Penados como en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores respecto de quienes hubieran sido condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, as铆 como por trata de seres humanos con fines de explotaci贸n sexual, incluyendo la pornograf铆a, con independencia de la edad de la v铆ctima, en los t茅rminos previstos en los art铆culos 8 y 9 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero. Asimismo, deber谩 constar el c贸digo identificador del perfil gen茅tico (ADN) del condenado cuando as铆 se haya acordado por el 贸rgano judicial.
No acceder谩n al Registro los datos de identidad de la v铆ctima, salvo, en su caso, su condici贸n de menor de edad.
2. La inscripci贸n, el acceso, rectificaci贸n, cancelaci贸n y certificaci贸n de los datos, as铆 como las medidas de seguridad de la informaci贸n contenida en el Registro se regir谩n por lo establecido en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, con las especialidades establecidas en el presente real decreto.
Art铆culo 6. Comunicaci贸n entre registros
1. El Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores remitir谩n de forma autom谩tica al Registro Central de Delincuentes Sexuales, la informaci贸n relativa a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere el art铆culo anterior, en el mismo momento en que proceda su inscripci贸n en los respectivos registros, as铆 como cualquier modificaci贸n que se produzca con posterioridad, incluida la cancelaci贸n del antecedente penal.
2. La transmisi贸n de datos al Registro Central de Delincuentes Sexuales se realizar谩 a trav茅s de los procedimientos regulados en este real decreto y en las disposiciones administrativas que lo desarrollen.
Art铆culo 7. Soporte de la informaci贸n
Los datos se almacenar谩n en soportes apropiados para su mantenimiento y expresi贸n, con garant铆a jur铆dica y de modo indubitado, de toda la informaci贸n que ha de constar en el Registro, asegurando su disponibilidad, acceso, integridad, autenticidad, confidencialidad, conservaci贸n e interoperabilidad.
Art铆culo 8. Acceso a la informaci贸n contenida en las inscripciones
1. El Ministerio de Justicia autorizar谩 para la satisfacci贸n de las finalidades y objetivos perseguidos por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, estableciendo las medidas de seguridad oportunas, el acceso directo a la informaci贸n contenida en el Registro:
a) A los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, a trav茅s del personal de cada 贸rgano u oficina judicial autorizado por el Letrado de la Administraci贸n de Justicia, incluidos los datos de las inscripciones canceladas, a los efectos de su utilizaci贸n en los procedimientos y actuaciones de los que est茅n conociendo en el 谩mbito de sus respectivas competencias.
b) Al Ministerio Fiscal, a trav茅s del personal de cada 贸rgano u oficina fiscal autorizado por el Fiscal Jefe, cuando ello resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones legalmente atribuidas.
c) A la polic铆a judicial, a trav茅s de los funcionarios autorizados que desempe帽en estas funciones, en tanto sea necesario para el ejercicio de las competencias previstas en el art铆culo 549. 1 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, en relaci贸n con la prevenci贸n, persecuci贸n y seguimiento de las conductas inscritas en este Registro.
2. El Ministerio de Justicia habilitar谩 a los funcionarios autorizados encargados de la Base de Datos Nacional de ADN del Ministerio del Interior para que puedan incorporar el c贸digo identificador del perfil gen茅tico previsto en el art铆culo 5.
3. En todo caso, conforme a lo previsto en el cap铆tulo IV del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, quedar谩 constancia de la identidad de las personas que accedan al Registro Central de Delincuentes Sexuales y de los datos consultados, correspondiendo al encargado del Registro la realizaci贸n de auditor铆as peri贸dicas para verificar que los accesos acaecidos se corresponden con las finalidades previstas en el presente real decreto.
Art铆culo 9. Certificaci贸n de los datos inscritos
1. Los 贸rganos judiciales, en relaci贸n con las causas que tramiten y para su uni贸n al procedimiento, podr谩n obtener directamente los datos contenidos en el Registro y aportarlos al procedimiento judicial mediante diligencia de constancia del Letrado de la Administraci贸n de Justicia, con plena validez jur铆dica, sin necesidad de solicitar certificaci贸n al responsable del registro.
2. El encargado del Registro, siempre que no se trate de informaci贸n reservada a Jueces y Tribunales, y previo consentimiento del interesado o de su representante, informar谩 de los datos relativos al mismo contenidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, a instancia de cualquier 贸rgano de las Administraciones P煤blicas ante el que se tramite un procedimiento para acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con menores, as铆 como para su ejercicio. En ausencia de tal consentimiento, el certificado se expedir谩 a instancia del propio interesado en los t茅rminos previstos en el apartado siguiente.
3. A petici贸n del titular interesado, podr谩n certificarse directamente los datos relativos a su persona y suscribir certificaciones negativas respecto a personas que no figuren inscritas. Trat谩ndose de menores de edad o personas con la capacidad modificada judicialmente la solicitud habr谩 de efectuarse, en todo caso, por su representante legal. La certificaci贸n positiva contendr谩 la transcripci贸n de los datos inscritos, tal y como obren en el Registro en el momento de su expedici贸n, excluyendo las inscripciones que, conforme a una norma con rango de ley, se hallen a disposici贸n exclusiva de Jueces y Tribunales.
En todo caso, los ciudadanos de origen extranjero o que tuvieran otra nacionalidad, deber谩n, adem谩s, aportar certificaci贸n negativa de condenas penales expedido por las autoridades de su pa铆s de origen o de donde sean nacionales respecto de los delitos relacionados en el apartado 1 del art铆culo 3.
4. Las Entidades P煤blicas de protecci贸n de menores competentes territorialmente podr谩n solicitar, por v铆a telem谩tica, al encargado del Registro Central de Delincuentes Sexuales los datos que resulten necesarios del inscrito para valorar la situaci贸n de desprotecci贸n de un menor respecto de quien sea su progenitor, tutor, guardador o acogedor, a煤n sin consentimiento de aqu茅l y siempre que no se trate de informaci贸n reservada a Jueces y Tribunales. Cada una de estas Entidades P煤blicas identificar谩 al 贸rgano responsable del control de esos datos y lo comunicar谩 al encargado del Registro para garantizar su confidencialidad.
5. Asimismo, a instancia de autoridades judiciales o policiales extranjeras que lo requieran en el marco de una investigaci贸n judicial o policial, o de prevenci贸n del delito, el encargado del Registro comunicar谩 la informaci贸n que constara en 茅l, sin consentimiento del interesado, en las formas y supuestos que determinen las normas comunitarias y los tratados internacionales de asistencia judicial en materia penal suscritos por Espa帽a.
6. En todo caso, la solicitud, expedici贸n y obtenci贸n de los certificados se har谩 preferentemente por medios electr贸nicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr贸nico de los ciudadanos a los servicios p煤blicos.
Art铆culo 10. Cancelaci贸n de datos relativos a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme
1. Las inscripciones contenidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales se cancelar谩n de oficio, a instancia del titular de los datos o su representante legal si aquel fuera menor de edad o persona con la capacidad modificada judicialmente, o por comunicaci贸n del 贸rgano judicial, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la v铆ctima sea mayor de edad o si el condenado lo hubiera sido por hechos cometidos durante su minor铆a de edad, la cancelaci贸n se regir谩 por lo dispuesto en el cap铆tulo VI del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, en funci贸n de que las inscripciones tengan su origen en el Registro Central de Penados o en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
b) Cuando la v铆ctima fuera menor de edad y el condenado mayor de edad, la cancelaci贸n se realizar谩 cuando haya transcurrido el plazo de treinta a帽os, a contar desde el d铆a en que se considere cumplida la pena de conformidad con el art铆culo 136 del C贸digo Penal sin haber vuelto a delinquir. En este caso, la cancelaci贸n de los antecedentes penales que consten en la inscripci贸n del Registro Central de Penados del que aqu茅lla tiene su origen no conllevar谩 la cancelaci贸n de esta informaci贸n. Por otra parte, dicha informaci贸n no podr谩, por s铆 misma, servir de prueba para constatar la reincidencia.
2. La cancelaci贸n de las inscripciones derivadas de sentencias dictadas por Jueces o Tribunales extranjeros que consten en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, exigir谩 la previa comunicaci贸n en tal sentido por parte del Estado de condena.
3. Una vez se produzca la cancelaci贸n de los antecedentes penales de los inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y respecto de aquellas causas en las que constara el c贸digo identificador del perfil gen茅tico del condenado, el encargado del Registro comunicar谩 tal circunstancia a la Base de Datos Nacional de ADN del Ministerio del Interior, a los efectos previstos en el art铆culo 9 de la Ley Org谩nica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
Art铆culo 11. Elaboraci贸n de estad铆sticas
La Administraci贸n General del Estado y las comunidades aut贸nomas con competencias en materia de justicia, en el marco del Plan de Transparencia Judicial, podr谩n elaborar estad铆sticas de los datos contenidos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, eludiendo toda referencia personal en la informaci贸n y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Org谩nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal, y sus disposiciones complementarias.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Incorporaci贸n de datos relativos a penas y medidas de seguridad anteriores a la entrada en vigor de este real decreto
Los datos relativos a penas y medidas de seguridad por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, as铆 como por trata de seres humanos con fines de explotaci贸n sexual, incluyendo la pornograf铆a, que figuren inscritos en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, se remitir谩n autom谩ticamente al Registro Central de Delincuentes Sexuales en el estado en que se encuentren.
Segunda. Colaboraci贸n entre las Administraciones p煤blicas y otras instituciones
1. El Ministerio de Justicia colaborar谩 con las Administraciones p煤blicas y otras Instituciones a fin de favorecer la aplicaci贸n del presente real decreto durante el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, estableciendo a tal fin los convenios que resulten necesarios en aquellos 谩mbitos donde la actividad se desarrolle con menores de edad.
2. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Justicia adoptar谩 las medidas necesarias, en colaboraci贸n con los Ministerios de Educaci贸n, Cultura y Deporte, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Empleo y Seguridad Social y, en su caso, promover谩 las adaptaciones reglamentarias que sean precisas para facilitar el cumplimiento de la prohibici贸n establecida en el apartado 5 del art铆culo 13 de la Ley Org谩nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci贸n Jur铆dica del Menor, durante el ejercicio de las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificaci贸n del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administraci贸n de Justicia
El Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administraci贸n de Justicia queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 2 del art铆culo 1 queda redactado del siguiente modo:
«2. Dicho Sistema de registros estar谩 integrado por el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protecci贸n de las V铆ctimas de la Violencia Dom茅stica y de G茅nero, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, el Registro Central de Rebeldes Civiles, el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y el Registro Central de Delincuentes Sexuales.'
Dos. Se incluye una letra f) en el apartado 3 del art铆culo 2 con la siguiente redacci贸n:
«f) Registro Central de Delincuentes Sexuales: la inscripci贸n de la informaci贸n relativa a quienes hayan sido condenados por sentencia judicial firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, as铆 como por trata de seres humanos con fines de explotaci贸n sexual, incluyendo la pornograf铆a, de conformidad con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificaci贸n del sistema de protecci贸n a la infancia y a la adolescencia.'
Segunda. T铆tulo competencial
El presente real decreto se dicta al amparo del art铆culo 149.1.5.陋 de la Constituci贸n que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administraci贸n de Justicia.
Tercera. Facultades de desarrollo
Se autoriza al Ministro de Justicia para adoptar las disposiciones administrativas y medidas necesarias para el desarrollo y ejecuci贸n de este real decreto.
Cuarta. No incremento del gasto
Las medidas recogidas en este real decreto no pueden generar incremento, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal al servicio del sector p煤blico.
Quinta. Entrada en vigor
El presente real decreto entrar谩 en vigor a los dos meses de su publicaci贸n en el «Bolet铆n Oficial del Estado'.