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Referencia: SP/LEG/2012

LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

贸rgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO
publicaci贸n: B.O.E. num. 7 - 08/01/2000
entrada en vigor: 08/01/2001
T茅ngase en cuenta que el Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administraci贸n de Justicia conforme se establece en el apartado IX del Pre谩mbulo de la Ley Org谩nica 7/2015, de 21 de julio.
Correcci贸n de errores (BOE n.潞 180, de 28 de julio de 2001)
Correcci贸n de errores (BOE n.潞 90, de 14 de abril de 2000)
I
El derecho de todos a una tutela judicial efectiva, expresado en el apartado primero del art铆culo 24 de la Constituci贸n, coincide con el anhelo y la necesidad social de una Justicia civil nueva, caracterizada precisamente por la efectividad.
Justicia civil efectiva significa, por consustancial al concepto de Justicia, plenitud de garant铆as procesales. Pero tiene que significar, a la vez, una respuesta judicial m谩s pronta, mucho m谩s cercana en el tiempo a las demandas de tutela, y con mayor capacidad de transformaci贸n real de las cosas. Significa, por tanto, un conjunto de instrumentos encaminados a lograr un acortamiento del tiempo necesario para una definitiva determinaci贸n de lo jur铆dico en los casos concretos, es decir, sentencias menos alejadas del comienzo del proceso, medidas cautelares m谩s asequibles y eficaces, ejecuci贸n forzosa menos gravosa para quien necesita promoverla y con m谩s posibilidades de 茅xito en la satisfacci贸n real de los derechos e intereses leg铆timos.
Ni la naturaleza del cr茅dito civil o mercantil ni las situaciones personales y familiares que incumbe resolver en los procesos civiles justifican un per铆odo de a帽os hasta el logro de una resoluci贸n eficaz, con capacidad de producir transformaciones reales en las vidas de quienes han necesitado acudir a los tribunales civiles.
La efectividad de la tutela judicial civil debe suponer un acercamiento de la Justicia al justiciable, que no consiste en mejorar la imagen de la Justicia, para hacerla parecer m谩s accesible, sino en estructurar procesalmente el trabajo jurisdiccional de modo que cada asunto haya de ser mejor seguido y conocido por el tribunal, tanto en su planteamiento inicial y para la eventual necesidad de depurar la existencia de 贸bices y falta de presupuestos procesales -nada m谩s ineficaz que un proceso con sentencia absolutoria de la instancia-, como en la determinaci贸n de lo verdaderamente controvertido y en la pr谩ctica y valoraci贸n de la prueba, con oralidad, publicidad e inmediaci贸n. As铆, la realidad del proceso disolver谩 la imagen de una Justicia lejana, aparentemente situada al final de tr谩mites excesivos y dilatados, en los que resulta dif铆cil percibir el inter茅s y el esfuerzo de los Juzgados y Tribunales y de quienes los integran.
Justicia civil efectiva significa, en fin, mejores sentencias, que, dentro de nuestro sistema de fuentes del Derecho, constituyan referencias s贸lidas para el futuro y contribuyan as铆 a evitar litigios y a reforzar la igualdad ante la ley, sin merma de la libertad enjuiciadora y de la evoluci贸n y el cambio jurisprudencial necesarios.
Esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se inspira y se dirige en su totalidad al inter茅s de los justiciables, lo que es tanto como decir al inter茅s de todos los sujetos jur铆dicos y, por consiguiente, de la sociedad entera. Sin ignorar la experiencia, los puntos de vista y las propuestas de todos los profesionales protagonistas de la Justicia civil, esta Ley mira, sin embargo, ante todo y sobre todo, a quienes demandan o pueden demandar tutela jurisdiccional, en verdad efectiva, para sus derechos e intereses leg铆timos.
II
Con todas sus disposiciones encaminadas a estas finalidades, esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se alinea con las tendencias de reforma universalmente consideradas m谩s razonables y con las experiencias de m谩s 茅xito real en la consecuci贸n de una tutela judicial que se demore s贸lo lo justo, es decir, lo necesario para la insoslayable confrontaci贸n procesal, con las actuaciones precisas para preparar la sentencia, garantizando su acierto.
No se aceptan ya en el mundo, a causa de la endeblez de sus bases jur铆dicas y de sus fracasos reales, f贸rmulas simplistas de renovaci贸n de la Justicia civil, inspiradas en unos pocos elementos entendidos como panaceas. Se ha advertido ya, por ejemplo, que el cambio positivo no estriba en una concentraci贸n a ultranza de los actos procesales, aplicada a cualquier tipo de casos. Tampoco se estima aconsejable ni se ha probado eficaz una alteraci贸n sustancial de los papeles atribuibles a los protagonistas de la Justicia civil.
Son conocidos, por otra parte, los malos resultados de las reformas mim茅ticas, basadas en el trasplante de institutos procesales pertenecientes a modelos jur铆dicos diferentes. La identidad o similitud de denominaciones entre Tribunales o entre instrumentos procesales no constituye base razonable y suficiente para ese mimetismo. Y a煤n menos razonable resulta el impulso, de ordinario inconsciente, de sustituir en bloque la Justicia propia por la de otros pa铆ses o 谩reas geogr谩ficas y culturales. Una tal sustituci贸n es, desde luego, imposible, pero la mera influencia de ese impulso resulta muy perturbadora para las reformas legales: se generan nuevos y m谩s graves problemas, sin que apenas se propongan y se logren mejoras apreciables.
El aprovechamiento positivo de instituciones y experiencias ajenas requiere que unas y otras sean bien conocidas y comprendidas, lo que significa cabal conocimiento y comprensi贸n del entero modelo o sistema en que se integran, de sus principios inspiradores, de sus ra铆ces hist贸ricas, de los diversos presupuestos de su funcionamiento, empezando por los humanos, y de sus ventajas y desventajas reales.
Esta Ley de Enjuiciamiento Civil se ha elaborado rechazando, como m茅todo para el cambio, la importaci贸n e implantaci贸n inconexa de piezas aisladas, que inexorablemente conduce a la ausencia de modelo o de sistema coherente, mezclando perturbadoramente modelos opuestos o contradictorios. La Ley configura una Justicia civil nueva en la medida en que, a partir de nuestra actual realidad, dispone, no mediante palabras y preceptos aislados, sino con regulaciones plenamente articuladas y coherentes, las innovaciones y cambios sustanciales, antes aludidos, para la efectividad, con plenas garant铆as, de la tutela que se conf铆a a la Jurisdicci贸n civil.
En la elaboraci贸n de una nueva Ley procesal civil y com煤n, no cabe despreocuparse del acierto de las sentencias y resoluciones y afrontar la reforma con un rechazable reduccionismo cuantitativo y estad铆stico, s贸lo preocupado de que los asuntos sean resueltos, y resueltos en el menor tiempo posible. Porque es necesaria una pronta tutela judicial en verdad efectiva y porque es posible lograrla sin merma de las garant铆as, esta Ley reduce dr谩sticamente tr谩mites y recursos, pero, como ya se ha dicho, no prescinde de cuanto es razonable prever como l贸gica y justificada manifestaci贸n de la contienda entre las partes y para que, a la vez, el momento procesal de dictar sentencia est茅 debidamente preparado.
III
Con perspectiva hist贸rica y cultural, se ha de reconocer el incalculable valor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881. Pero con esa misma perspectiva, que incluye el sentido de la realidad, ha de reconocerse, no ya el agotamiento del m茅todo de las reformas parciales para mejorar la impartici贸n de justicia en el orden jurisdiccional civil, sino la necesidad de una Ley nueva para procurar acoger y vertebrar, con radical innovaci贸n, los planteamientos expresados en los apartados anteriores.
La experiencia jur铆dica de m谩s de un siglo debe ser aprovechada, pero se necesita un C贸digo procesal civil nuevo, que supere la situaci贸n originada por la prolija complejidad de la Ley antigua y sus innumerables retoques y disposiciones extravagantes. Es necesaria, sobre todo, una nueva Ley que afronte y d茅 respuesta a numerosos problemas de imposible o muy dif铆cil resoluci贸n con la Ley del siglo pasado. Pero, sobre todo, es necesaria una Ley de Enjuiciamiento Civil nueva, que, respetando principios, reglas y criterios de perenne valor, acogidos en las leyes procesales civiles de otros pa铆ses de nuestra misma 谩rea cultural, exprese y materialice, con autenticidad, el profundo cambio de mentalidad que entra帽a el compromiso por la efectividad de la tutela judicial, tambi茅n en 贸rdenes jurisdiccionales distintos del civil, puesto que esta nueva Ley est谩 llamada a ser ley procesal supletoria y com煤n.
Las transformaciones sociales postulan y, a la vez, permiten una completa renovaci贸n procesal que desborda el contenido propio de una o varias reformas parciales. A lo largo de muchos a帽os, la protecci贸n jurisdiccional de nuevos 谩mbitos jur铆dico-materiales ha suscitado, no siempre con plena justificaci贸n, reglas procesales especiales en las modernas leyes sustantivas. Pero la sociedad y los profesionales del Derecho reclaman un cambio y una simplificaci贸n de car谩cter general, que no se lleven a cabo de espaldas a la realidad, con frecuencia m谩s compleja que anta帽o, sino que provean nuevos cauces para tratar adecuadamente esa complejidad. Testimonio autorizado del convencimiento acerca de la necesidad de esa renovaci贸n son los numerosos trabajos oficiales y particulares para una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que se han producido en las 煤ltimas d茅cadas.
Con sentido del Estado, que es conciencia clara del debido servicio desinteresado a la sociedad, esta Ley no ha prescindido, sino todo lo contrario, de esos trabajos. Los innumerables preceptos acertados de la Ley de 1881, la ingente jurisprudencia y doctrina generada por ella, los muchos informes y sugerencias recibidos de distintos 贸rganos y entidades, as铆 como de profesionales y expertos prestigiosos, han sido elementos de gran valor e inter茅s, tambi茅n detenidamente considerados para elaborar esta Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, se han examinado con suma atenci贸n y utilidad, tanto el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial como el solicitado al Consejo de Estado. Cabe afirmar, pues, que la elaboraci贸n de esta Ley se ha caracterizado, como era deseable y conveniente, por una participaci贸n excepcionalmente amplia e intensa de instituciones y de personas cualificadas.
IV
En esta Ley se rehuyen por igual, tanto la prolijidad como el esquematismo, propio de algunas leyes procesales extranjeras, pero ajeno a nuestra tradici贸n y a un elemental detalle en la regulaci贸n procedimental, que los destinatarios de esta clase de C贸digos han venido considerando preferible, como m谩s acorde con su certera y segura aplicaci贸n. As铆, pues, sin caer en excesos reguladores, que, por querer prever toda incidencia, acaban suscitando m谩s cuestiones problem谩ticas que las que resuelven, la presente Ley aborda numerosos asuntos y materias sobre las que poco o nada dec铆a la Ley de 1881.
Al colmar esas lagunas, esta Ley aumenta, ciertamente, su contenido, pero no por ello se hace m谩s extensa -al contrario- ni m谩s complicada, sino m谩s completa. Es misi贸n y responsabilidad del legislador no dejar sin respuesta clara, so capa de falsa sencillez, los problemas reales, que una larga experiencia ha venido poniendo de relieve.
Nada hay de nuevo, en la materia de esta Ley, que no signifique respuestas a interrogantes con relevancia jur铆dica, que durante m谩s de un siglo, la jurisprudencia y la doctrina han debido abordar sin gu铆a legal clara. Ha parecido a todas luces inadmisible procurar una apariencia de sencillez legislativa a base de omisiones, de cerrar los ojos a la complejidad de la realidad y negarla, lisa y llanamente, en el plano de las soluciones normativas.
La real simplificaci贸n procedimental se lleva a cabo con la eliminaci贸n de reiteraciones, la subsanaci贸n de insuficiencias de regulaci贸n y con una nueva ordenaci贸n de los procesos declarativos, de los recursos, de la ejecuci贸n forzosa y de las medidas cautelares, que busca ser clara, sencilla y completa en funci贸n de la realidad de los litigios y de los derechos, facultades, deberes y cargas que corresponden a los tribunales, a los justiciables y a quienes, de un modo u otro, han de colaborar con la Justicia civil.
En otro orden de cosas, la Ley procura utilizar un lenguaje que, ajust谩ndose a las exigencias ineludibles de la t茅cnica jur铆dica, resulte m谩s asequible para cualquier ciudadano, con eliminaci贸n de expresiones hoy obsoletas o dif铆ciles de comprender y m谩s ligadas a antiguos usos forenses que a aquellas exigencias. Se elude, sin embargo, hasta la apariencia de doctrinarismo y, por ello, no se considera inconveniente, sino todo lo contrario, mantener diversidades expresivas para las mismas realidades, cuando tal fen贸meno ha sido acogido tanto en el lenguaje com煤n como en el jur铆dico. As铆, por ejemplo, se siguen utilizando los t茅rminos "juicio" y "proceso" como sin贸nimos y se emplea en unos casos los vocablos "pretensi贸n" o "pretensiones" y, en otros, el de "acci贸n" o "acciones" como aparec铆an en la Ley de 1881 y en la jurisprudencia y doctrina posteriores, durante m谩s de un siglo, sin que ello originara problema alguno.
Se reducen todo lo posible las remisiones internas, en especial las que nada indican acerca del precepto o preceptos a los que se remite. Se acoge el criterio de divisi贸n de los art铆culos, siempre que sea necesario, en apartados numerados y se procura que 茅stos tengan sentido por s铆 mismos, a diferencia de los simples p谩rrafos, que han de entenderse interrelacionados. Y sin incurrir en exageraciones de exactitud, se opta por referirse al 贸rgano jurisdiccional con el t茅rmino "tribunal", que, propiamente hablando, nada dice del car谩cter unipersonal o colegiado del 贸rgano. Con esta opci贸n, adem谩s de evitar una constante reiteraci贸n, en no pocos art铆culos, de la expresi贸n "Juzgados y Tribunales", se tiene en cuenta que, seg煤n la legislaci贸n org谩nica, cabe que se siga ante tribunales colegiados la primera instancia de ciertos procesos civiles.
V
En cuanto a su contenido general, esta Ley se configura con exclusi贸n de la materia relativa a la denominada jurisdicci贸n voluntaria, que, como en otros pa铆ses, parece preferible regular en ley distinta, donde han de llevarse las disposiciones sobre una conciliaci贸n que ha dejado de ser obligatoria y sobre la declaraci贸n de herederos sin contienda judicial. Tambi茅n se obra en congruencia con el ya adoptado criterio de que una ley espec铆fica se ocupe del Derecho concursal. Las correspondientes disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 permanecer谩n en vigor s贸lo hasta la aprobaci贸n y vigencia de estas leyes.
En coincidencia con anteriores iniciativas, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil aspira tambi茅n a ser ley procesal com煤n, para lo que, a la vez, se pretende que la vigente Ley Org谩nica del Poder Judicial, de 1985, circunscriba su contenido a lo que indica su denominaci贸n y se ajuste, por otra parte, a lo que se帽ala el apartado primero del art铆culo 122 de la Constituci贸n. La referencia en este precepto al "funcionamiento" de los Juzgados y Tribunales no puede entenderse, y nunca se ha entendido, ni por el legislador postconstitucional ni por la jurisprudencia y la doctrina, como referencia a las normas procesales, que, en cambio, se mencionan expresamente en otros preceptos constitucionales.
As铆, pues, no existe impedimento alguno y abundan las razones para que la Ley Org谩nica del Poder Judicial se desprenda de normas procesales, no pocas de ellas atinadas, pero impropiamente situadas y productoras de numerosas dudas al coexistir con las que contienen las Leyes de Enjuiciamiento. Como es l贸gico, la presente Ley se beneficia de cuanto de positivo pod铆a hallarse en la regulaci贸n procesal de 1985.
Menci贸n especial merece la decisi贸n de que en esta Ley se regule, en su vertiente estrictamente procedimental, el instituto de la abstenci贸n y de la recusaci贸n. Es 茅sta una materia, con innegables facetas distintas, de la que se ocupaban las leyes procesales, pero que fue regulada, con nueva relaci贸n de causas de abstenci贸n y recusaci贸n, en la Ley Org谩nica del Poder Judicial, de 1985. Empero, la subsistencia formal de las disposiciones sobre esta citada materia en las diversas leyes procesales origin贸 algunos problemas y, por otro lado, la regulaci贸n de 1985 pod铆a mejorarse y, de hecho, se mejor贸 en parte por obra de la Ley Org谩nica 5/1997, de 4 de diciembre.
La presente Ley es ocasi贸n que permite culminar ese perfeccionamiento, afrontando el problema de las recusaciones temerarias o con simple 谩nimo de dilaci贸n o de inmediata sustituci贸n del Juez o Magistrado recusado. En este sentido, la extemporaneidad de la recusaci贸n se regula m谩s precisamente, como motivo de inadmisi贸n a tr谩mite, y se agilizan y simplifican los tr谩mites iniciales a fin de que se produzca la menor alteraci贸n procedimental posible. Finalmente, se prev茅 multa de importante cuant铆a para las recusaciones que, al ser resueltas, aparezcan propuestas de mala fe.
VI
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue inspir谩ndose en el principio de justicia rogada o principio dispositivo, del que se extraen todas sus razonables consecuencias, con la vista puesta, no s贸lo en que, como regla, los procesos civiles persiguen la tutela de derechos e intereses leg铆timos de determinados sujetos jur铆dicos, a los que corresponde la iniciativa procesal y la configuraci贸n del objeto del proceso, sino en que las cargas procesales atribuidas a estos sujetos y su l贸gica diligencia para obtener la tutela judicial que piden, pueden y deben configurar razonablemente el trabajo del 贸rgano jurisdiccional, en beneficio de todos.
De ordinario, el proceso civil responde a la iniciativa de quien considera necesaria una tutela judicial en funci贸n de sus derechos e intereses leg铆timos. Seg煤n el principio procesal citado, no se entiende razonable que al 贸rgano jurisdiccional le incumba investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados como configuradores de un caso que pretendidamente requiere una respuesta de tutela conforme a Derecho. Tampoco se grava al tribunal con el deber y la responsabilidad de decidir qu茅 tutela, de entre todas las posibles, puede ser la que corresponde al caso. Es a quien cree necesitar tutela a quien se atribuyen las cargas de pedirla, determinarla con suficiente precisi贸n, alegar y probar los hechos y aducir los fundamentos jur铆dicos correspondientes a las pretensiones de aquella tutela. Justamente para afrontar esas cargas sin indefensi贸n y con las debidas garant铆as, se impone a las partes, excepto en casos de singular simplicidad, estar asistidas de abogado.
Esta inspiraci贸n fundamental del proceso -excepto en los casos en que predomina un inter茅s p煤blico que exige satisfacci贸n- no constituye, en absoluto, un obst谩culo para que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el Derecho que conoce dentro de los l铆mites marcados por la faceta jur铆dica de la causa de pedir. Y menos a煤n constituye el repetido principio ning煤n inconveniente para que la Ley refuerce notablemente las facultades coercitivas de los tribunales respecto del cumplimiento de sus resoluciones o para sancionar comportamientos procesales manifiestamente contrarios al logro de una tutela efectiva. Se trata, por el contrario, de disposiciones arm贸nicas con el papel que se conf铆a a las partes, a las que resulta exigible asumir con seriedad las cargas y responsabilidades inherentes al proceso, sin perjudicar a los dem谩s sujetos de 茅ste y al funcionamiento de la Administraci贸n de Justicia.
En el 谩mbito de las disposiciones generales, la Ley introduce numerosas innovaciones con tres grandes finalidades: regular de modo m谩s completo y racional materias y cuestiones diversas, hasta ahora carentes de regulaci贸n legal; procurar un mejor desarrollo de las actuaciones procesales; y reforzar las garant铆as de acierto en la sentencia.
A todas las disposiciones generales sobre la jurisdicci贸n y la competencia, los sujetos del proceso, sus actos y diligencias, las resoluciones judiciales, los recursos, etc., concede la Ley la importancia que merecen, a fin de que constituyan pautas realmente aplicables en las distintas fases del proceso, sin necesidad de reiterar normas y regulaciones enteras.
En cuanto a las partes, la Ley contiene nuevos preceptos que regulan esa materia de modo m谩s completo y con m谩s orden y claridad, superando, a efectos procesales, el dualismo de las personas f铆sicas y las jur铆dicas y con mejora de otros aspectos, relativos a la sucesi贸n procesal, a la intervenci贸n adhesiva litisconsorcial y a la intervenci贸n provocada. Asimismo, el papel y responsabilidad de los litigantes se perfila m谩s precisamente al regularse de modo expreso y unitario los actos de disposici贸n (renuncia, allanamiento y desistimiento y transacci贸n), as铆 como, en su m谩s adecuada sede, la carga de la alegaci贸n y de la prueba. Las normas sobre estas materias explicitan lo que es conquista pac铆fica de la jurisprudencia y de la ciencia jur铆dica e importan no poco para el desenlace del proceso mediante una sentencia justa.
A prop贸sito de las partes, aunque en verdad desborde ampliamente lo que es su reconocimiento y tratamiento procesal, parece oportuno dar raz贸n del modo en que la presente Ley aborda la realidad de la tutela de intereses jur铆dicos colectivos, llevados al proceso, no ya por quien se haya visto lesionado directamente y para su individual protecci贸n, o por grupos de afectados, sino por personas jur铆dicas constituidas y legalmente habilitadas para la defensa de aquellos intereses.
Esta realidad, mencionada mediante la referencia a los consumidores y usuarios, recibe en esta Ley una respuesta tributaria e instrumental de lo que disponen y puedan disponer en el futuro las normas sustantivas acerca del punto, controvertido y dif铆cil, de la concreta tutela que, a trav茅s de las aludidas entidades, se quiera otorgar a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en cuanto colectividades. Como cauce para esa tutela, no se considera necesario un proceso o procedimiento especial y s铆, en cambio, una serie de normas especiales, en los lugares oportunos.
Por un lado, la actuaci贸n procesal de las personas jur铆dicas y de los grupos se hace posible sin dificultad en cuanto a su personalidad, capacidad y representaci贸n procesales. Y, por otro lado, tras una norma previsora de la singular legitimaci贸n de dichas entidades, la Ley incluye, en los lugares adecuados, otros preceptos sobre llamamiento al proceso de quienes, sin ser demandantes, puedan estar directamente interesados en intervenir, sobre acumulaci贸n de acciones y de procesos y acerca de la sentencia y su ejecuci贸n forzosa.
La amplitud de la intervenci贸n procesal prevista con car谩cter general permite desechar una obligatoria acumulaci贸n inicial de demandas, con el retraso a que obligar铆a en la sustanciaci贸n de los procesos, un retraso que impedir铆a, con mucha frecuencia, la efectividad de la tutela pretendida. En cuanto a la eficacia subjetiva de las sentencias, la diversidad de casos de protecci贸n impone evitar una err贸nea norma generalizadora. Se dispone, en consecuencia, que el tribunal indicar谩 la eficacia que corresponde a la sentencia seg煤n su contenido y conforme a la tutela otorgada por la vigente Ley sustantiva protectora de los derechos e intereses en juego. De este modo, la Ley no provee instrumentos procesales estrictamente circunscritos a las previsiones actuales de protecci贸n colectiva de los consumidores y usuarios, sino que queda abierta a las modificaciones y cambios que en las leyes sustantivas puedan producirse respecto de dicha protecci贸n.
Finalmente, se opta por no exigir cauci贸n previa ni regular de modo especial la condena en costas en los procesos a que se est谩 haciendo referencia. En cuanto a la gratuidad de la asistencia jur铆dica, no es la Ley de Enjuiciamiento Civil la norma adecuada para decidir a qu茅 entidades, y en qu茅 casos, ha de reconocerse u otorgarse.
La obligada representaci贸n mediante procurador y la imperativa asistencia de abogado se configuran en esta Ley sin variaci贸n sustancial respecto de las disposiciones anteriores. La experiencia, avalada por un谩nimes informes en este punto, garantiza el acierto de esta decisi贸n. Sin embargo, la presente Ley no deja de responder a exigencias de racionalizaci贸n: se elimina el requisito del bastanteo de los poderes, desde hace tiempo desprovisto de sentido y se unifica del todo el 谩mbito material en el que la representaci贸n por procurador y la asistencia de abogado son necesarias. Las responsabilidades de procuradur铆a y abogac铆a se acent煤an en el nuevo sistema procesal, de modo que se subraya la justificaci贸n de sus respectivas funciones.
Por lo que respecta a la jurisdicci贸n y a la competencia, la Ley regula la declinatoria como instrumento 煤nico para el control, a instancia de parte, de esos presupuestos procesales, determinando que dicho instrumento haya de emplearse antes de la contestaci贸n a la demanda.
De este modo, se pone fin, por un lado, a lagunas legales que afectaban a la denominada "competencia (o incompetencia) internacional" y, de otro, a una desordenada e inarm贸nica regulaci贸n, en la que declinatoria, inhibitoria y excepci贸n se mezclaban y frecuentemente confund铆an, con el indeseable resultado, en no pocos casos, de sentencias absolutorias de la instancia por falta de jurisdicci贸n o de competencia, dictadas tras un proceso entero con alegaciones y prueba contradictorias. Lo que esta Ley considera adecuado a la naturaleza de las cosas es que, sin perjuicio de la vigilancia de oficio sobre los presupuestos del proceso relativos al tribunal, la parte pasiva haya de ponerlos de manifiesto con car谩cter previo, de modo que, si faltaran, el proceso no siga adelante o, en otros casos, prosiga ante el tribunal competente.
La supresi贸n de la inhibitoria, instituto procesal mantenido en obsequio de una facilidad impugnatoria del demandado, se justifica, no s贸lo en aras de una conveniente simplificaci贸n del tratamiento procesal de la competencia territorial, tratamiento 茅ste que la dualidad declinatoria-inhibitoria complicaba innecesaria y perturbadoramente con frecuencia, sino en raz贸n de la muy inferior dificultad que para el demandado entra帽a, en los albores del siglo veintiuno, comparecer ante el tribunal que est茅 conociendo del asunto. De cualquier forma, y a fin de evitar graves molestias al demandado, la Ley tambi茅n permite que se plantee la declinatoria ante el tribunal del domicilio de aqu茅l, procedi茅ndose a continuaci贸n a su inmediata remisi贸n al tribunal que est谩 conociendo del asunto.
En cuanto a la jurisdicci贸n y, en gran medida, tambi茅n respecto de la competencia objetiva, esta Ley se subordina a los preceptos de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, que, sin embargo, remiten a las leyes procesales para otros mecanismos de la predeterminaci贸n legal del tribunal, como es, la competencia funcional en ciertos extremos y, se帽aladamente, la competencia territorial. A estos extremos se provee con normas adecuadas.
La presente Ley mantiene los criterios generales para la atribuci贸n de la competencia territorial, sin multiplicar innecesariamente los fueros especiales por raz贸n de la materia y sin convertir todas esas reglas en disposiciones de necesaria aplicaci贸n. As铆, pues, se sigue permitiendo, para buen n煤mero de casos, la sumisi贸n de las partes, pero se perfecciona el r茅gimen de la sumisi贸n t谩cita del demandante y del demandado, con especial previsi贸n de los casos en que, antes de interponerse la demanda, de admitirla y emplazar al demandado, se lleven a cabo actuaciones como las diligencias preliminares o la solicitud y eventual acuerdo de medidas cautelares.
Las previsiones de la Ley acerca del domicilio, como fuero general, dan respuesta, con una regulaci贸n m谩s realista y flexible, a necesidades que la experiencia ha puesto de relieve, procurando, en todo caso, el equilibrio entre el leg铆timo inter茅s de ambas partes.
Sobre la base de la regulaci贸n jurisdiccional org谩nica y con pleno respeto a lo que en ella se dispone, se construye en esta Ley una elemental disciplina del reparto de asuntos, que, como es l贸gico, atiende a sus aspectos procesales y a las garant铆as de las partes, procurando, al mismo tiempo, una mejor realidad e imagen de la Justicia civil. No se incurre, por tanto, ni en duplicidad normativa ni en extralimitaci贸n del espec铆fico 谩mbito legislativo. Una cosa es que la fijaci贸n y aplicaci贸n de las normas de reparto se entienda como funci贸n gubernativa, no jurisdiccional, y otra, bien distinta, que el cumplimiento de esa funci贸n carezca de toda relevancia procesal o jurisdiccional.
Alg煤n precepto aislado de la Ley de Enjuiciamiento de 1881 ya establec铆a una consecuencia procesal en relaci贸n con el reparto. Lo que esta Ley lleva a cabo es un desarrollo l贸gico de la proyecci贸n procesal de esa "competencia relativa", como la denomin贸 la Ley de 1881, con la mirada puesta en el apartado segundo del art铆culo 24 de la Constituci贸n, que, seg煤n doctrina del Tribunal Constitucional, no ha estimado irrelevante ni la inexistencia ni la infracci贸n de las normas de reparto.
Es claro, en efecto, que el reparto acaba determinando "el juez ordinario" que conocer谩 de cada asunto. Y si bien se ha considerado constitucionalmente admisible que esa 煤ltima determinaci贸n no haya de llevarse a cabo por inmediata aplicaci贸n de una norma con rango formal de ley, no ser铆a aceptable, en buena l贸gica y t茅cnica jur铆dica, que una sanci贸n gubernativa fuera la 煤nica consecuencia de la inaplicaci贸n o de la infracci贸n de las normas no legales determinantes de que conozca un "juez ordinario", en vez de otro. Dif铆cilmente podr铆a justificarse la coexistencia de esa sanci贸n gubernativa, que reconocer铆a la infracci贸n de lo que ha de predeterminar al "juez ordinario", y la ausencia de efectos procesales para quienes tienen derecho a que su caso sea resuelto por el tribunal que corresponda seg煤n normas predeterminadas.
Por todo ello, esta Ley prev茅, en primer lugar, que se pueda aducir y corregir la eventual infracci贸n de la legalidad relativa al reparto de asuntos y, en caso de que ese mecanismo resulte infructuoso, prev茅, evitando la severa sanci贸n de nulidad radical -reservada a las infracciones legales sobre jurisdicci贸n y competencia objetiva y declarable de oficio-, que puedan anularse, a instancia de parte gravada, las resoluciones dictadas por 贸rgano que no sea el que debiera conocer seg煤n las normas de reparto.
En esta Ley, la prejudicialidad es, en primer t茅rmino, objeto de una regulaci贸n unitaria, en lugar de las normas dispersas e imprecisas contenidas en la Ley de 1881. Pero, adem谩s, por lo que respecta a la prejudicialidad penal, se sienta la regla general de la no suspensi贸n del proceso civil, salvo que exista causa criminal en la que se est茅n investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que cabalmente fundamentan las pretensiones de las partes en el proceso civil y ocurra, adem谩s, que la sentencia que en 茅ste haya de dictarse pueda verse decisivamente influida por la que recaiga en el proceso penal.
As铆, pues, hace falta algo m谩s que una querella admitida o una denuncia no archivada para que la prejudicialidad penal incida en el proceso civil. Mas, si concurren todos los elementos referidos, dicho proceso no se suspende hasta que s贸lo se encuentre pendiente de sentencia. 脷nicamente determina una suspensi贸n inmediata el caso especial de la falsedad penal de un documento aportado al proceso civil, siempre que tal documento pueda ser determinante del sentido del fallo.
Para culminar un tratamiento m谩s racional de la prejudicialidad penal, que, al mismo tiempo, evite indebidas paralizaciones o retrasos del proceso penal mediante querellas o denuncias infundadas, se establece expresamente la responsabilidad civil por da帽os y perjuicios derivados de la dilaci贸n suspensiva si la sentencia penal declarase ser aut茅ntico el documento o no haberse probado su falsedad.
Se prev茅, adem谩s, el planteamiento de cuestiones prejudiciales no penales con posibles efectos suspensivos y vinculantes, cuando las partes del proceso civil se muestren conformes con dichos efectos. Y, finalmente, se admite tambi茅n la prejudicialidad civil, con efectos suspensivos, si no cabe la acumulaci贸n de procesos o uno de los procesos se encuentra pr贸ximo a su terminaci贸n.
VIII
El objeto del proceso civil es asunto con diversas facetas, todas ellas de gran importancia. Son conocidas las pol茅micas doctrinales y las distintas teor铆as y posiciones acogidas en la jurisprudencia y en los trabajos cient铆ficos. En esta Ley, la materia es regulada en diversos lugares, pero el exclusivo prop贸sito de las nuevas reglas es resolver problemas reales, que la Ley de 1881 no resolv铆a ni facilitaba resolver.
Se parte aqu铆 de dos criterios inspiradores: por un lado, la necesidad de seguridad jur铆dica y, por otro, la escasa justificaci贸n de someter a los mismos justiciables a diferentes procesos y de provocar la correspondiente actividad de los 贸rganos jurisdiccionales, cuando la cuesti贸n o asunto litigioso razonablemente puede zanjarse en uno solo.
Con estos criterios, que han de armonizarse con la plenitud de las garant铆as procesales, la presente Ley, entre otras disposiciones, establece una regla de preclusi贸n de alegaciones de hechos y de fundamentos jur铆dicos, ya conocida en nuestro Derecho y en otros ordenamientos jur铆dicos. En la misma l铆nea, la Ley evita la indebida dualidad de controversias sobre nulidad de los negocios jur铆dicos -una, por v铆a de excepci贸n; otra, por v铆a de demanda o acci贸n-, trata diferenciadamente la alegaci贸n de compensaci贸n y precisa el 谩mbito de los hechos que cabe considerar nuevos a los efectos de fundar una segunda pretensi贸n en apariencia igual a otra anterior. En todos estos puntos, los nuevos preceptos se inspiran en s贸lida jurisprudencia y doctrina.
Con la misma inspiraci贸n b谩sica de no multiplicar innecesariamente la actividad jurisdiccional y las cargas de todo tipo que cualquier proceso conlleva, el r茅gimen de la pluralidad de objetos pretende la econom铆a procesal y, a la vez, una configuraci贸n del 谩mbito objetivo de los procesos que no implique una complejidad inconveniente en raz贸n del procedimiento que se haya de seguir o que, simplemente, dificulte, sin raz贸n suficiente, la sustanciaci贸n y decisi贸n de los litigios. De ah铆 que se proh铆ba la reconvenci贸n que no guarde relaci贸n con las pretensiones del actor y que, en los juicios verbales, en general, se limite la acumulaci贸n de acciones.
La regulaci贸n de la acumulaci贸n de acciones se innova, con car谩cter general, mediante diversos perfeccionamientos y, en especial, con el de un tratamiento procesal preciso, hasta ahora inexistente. En cuanto a la acumulaci贸n de procesos, se aclaran los presupuestos que la hacen procedente, as铆 como los requisitos y los 贸bices procesales de este instituto, simplificando el procedimiento en cuanto resulta posible. Adem谩s, la Ley incluye normas para evitar un uso desviado de la acumulaci贸n de procesos: no se admitir谩 la acumulaci贸n cuando el proceso o procesos ulteriores puedan evitarse mediante la excepci贸n de litispendencia o si lo que se plantea en ellos pudo suscitarse mediante acumulaci贸n inicial de acciones, ampliaci贸n de la demanda o a trav茅s de la reconvenci贸n.
El T铆tulo V, dedicado a las actuaciones judiciales, presenta ordenadamente normas tra铆das de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, con algunos perfeccionamientos aconsejados por la experiencia. Cabe destacar un singular 茅nfasis en las disposiciones sobre la necesaria publicidad y presencia del Juez o de los Magistrados -no s贸lo el Ponente, si se trata de 贸rgano colegiado- en los actos de prueba, comparecencias y vistas. Esta insistencia en normas generales encontrar谩 luego plena concreci贸n en la regulaci贸n de los distintos procesos, pero, en todo caso, se sanciona con nulidad radical la infracci贸n de lo dispuesto sobre presencia judicial o inmediaci贸n en sentido amplio.
En cuanto a la daci贸n de fe, la Ley rechaza algunas propuestas contrarias a esa esencial funci贸n de los Secretarios Judiciales, si bien procura no extender esta responsabilidad de los fedatarios m谩s all谩 de lo que resulta verdaderamente necesario y, por a帽adidura, posible. As铆, la Ley exige la intervenci贸n del fedatario p煤blico judicial para la constancia fehaciente de las actuaciones procesales llevadas a cabo en el tribunal o ante 茅l y reconoce la recepci贸n de escritos en el registro que pueda haberse establecido al efecto, entendiendo que la fe p煤blica judicial garantiza los datos de dicho registro relativos a la recepci贸n.
La documentaci贸n de las actuaciones podr谩 llevarse a cabo, no s贸lo mediante actas, notas y diligencias, sino tambi茅n con los medios t茅cnicos que re煤nan las garant铆as de integridad y autenticidad. Y las vistas y comparecencias orales habr谩n de registrarse o grabarse en soportes aptos para la reproducci贸n.
Los actos de comunicaci贸n son regulados con orden, claridad y sentido pr谩ctico. Y se pretende que, en su propio inter茅s, los litigantes y sus representantes asuman un papel m谩s activo y eficaz, descargando de paso a los tribunales de un injustificado trabajo gestor y, sobre todo, eliminando "tiempos muertos", que retrasan la tramitaci贸n.
Pieza importante de este nuevo dise帽o son los procuradores de los Tribunales, que, por su condici贸n de representantes de las partes y de profesionales con conocimientos t茅cnicos sobre el proceso, est谩n en condiciones de recibir notificaciones y de llevar a cabo el traslado a la parte contraria de muchos escritos y documentos. Para la tramitaci贸n de los procesos sin dilaciones indebidas, se conf铆a tambi茅n en los mismos Colegios de Procuradores para el eficaz funcionamiento de sus servicios de notificaci贸n, previstos ya en la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
La preocupaci贸n por la eficacia de los actos de comunicaci贸n, factor de indebida tardanza en la resoluci贸n de no pocos litigios, lleva a la Ley a optar decididamente por otorgar relevancia a los domicilios que consten en el padr贸n o en entidades o Registros p煤blicos, al entender que un comportamiento c铆vica y socialmente aceptable no se compadece con la indiferencia o el descuido de las personas respecto de esos domicilios. A efectos de actos de comunicaci贸n, se considera tambi茅n domicilio el lugar de trabajo no ocasional.
En esta l铆nea, son considerables los cambios en el r茅gimen de los citados actos de comunicaci贸n, acudiendo a los edictos s贸lo como 煤ltimo y extremo recurso.
Si en el proceso es preceptiva la intervenci贸n de procurador o si, no si茅ndolo, las partes se personan con esa representaci贸n, los actos de comunicaci贸n, cualquiera que sea su objeto, se llevan a cabo con los procuradores. Cuando no es preceptiva la representaci贸n por procurador o 茅ste a煤n no se ha personado, la comunicaci贸n se intenta en primer lugar mediante correo certificado con acuse de recibo al lugar designado como domicilio o, si el tribunal lo considera m谩s conveniente para el 茅xito de la comunicaci贸n, a varios lugares. S贸lo si este medio fracasa se intenta la comunicaci贸n mediante entrega por el tribunal de lo que haya de comunicarse, bien al destinatario, bien a otras personas expresamente previstas, si no se hallase al destinatario.
A efectos del emplazamiento o citaci贸n para la comparecencia inicial del demandado, es al demandante a quien corresponde se帽alar uno o varios lugares como domicilios a efectos de actos de comunicaci贸n, aunque, l贸gicamente, comparecido el demandado, puede 茅ste designar un domicilio distinto. Si el demandante no conoce el domicilio o si fracasa la comunicaci贸n efectuada al lugar indicado, el tribunal ha de llevar a cabo averiguaciones, cuya eficacia refuerza esta Ley.
En materia de plazos, la Ley elimina radicalmente los plazos de determinaci贸n judicial y establece los dem谩s con realismo, es decir, tomando en consideraci贸n la experiencia de los protagonistas principales de la Justicia civil y los resultados de algunas reformas parciales de la Ley de 1881. En este sentido, se ha comprobado que un sistem谩tico acortamiento de los plazos legalmente establecidos para los actos de las partes no redunda en la deseada disminuci贸n del horizonte temporal de la sentencia. No son los plazos muy breves ninguna panacea para lograr que, en definitiva, se dicte, con las debidas garant铆as, una resoluci贸n que provea sin demora a las pretensiones de tutela efectiva.
La presente Ley opta, pues, en cuanto a los actos de las partes, por plazos breves pero suficientes. Y por lo que respecta a muchos plazos dirigidos al tribunal, tambi茅n se prev茅n breves, con seguridad en la debida diligencia de los 贸rganos jurisdiccionales. Sin embargo, en lo referente al se帽alamiento de audiencias, juicios y vistas -de capital importancia en la estructura de los nuevos procesos declarativos, dada la concentraci贸n de actos adoptada por la Ley-, se rehuyen las normas imperativas que no vayan a ser cumplidas y, en algunos casos, se opta por confiar en que los calendarios de los tribunales, en cuanto a esos actos, se ajustar谩n a la situaci贸n de los procesos y al legal y reglamentario cumplimiento del deber que incumbe a todos los servidores de la Administraci贸n de Justicia.
Por lo que respecta a los plazos para dictar sentencia en primera instancia, se establecen el de diez d铆as, para el juicio verbal, y el de veinte, para el juicio ordinario. No se trata de plazos que, en s铆 mismos, puedan considerarse excesivamente breves, pero s铆 son razonables y de posible cumplimiento. Porque es de tener en cuenta que la aludida estructura nueva de los procesos ordinarios comporta el que los jueces tengan ya un importante conocimiento de los asuntos y no hayan de estudiarlos o reestudiarlos enteramente al final, examinando una a una las diligencias de prueba llevadas a cabo por separado, as铆 como las alegaciones iniciales de las partes y sus pretensiones, que, desde su admisi贸n, frecuentemente no volvieron a considerar.
En los juicios verbales, es obvia la proximidad del momento sentenciador a las pruebas y a las pretensiones y sus fundamentos. En el proceso ordinario, el acto del juicio opera esa proximidad de la sentencia respecto de la prueba -y, por tanto, en gran medida, del caso-, y la audiencia previa al juicio, en la que ha de perfilarse lo que es objeto de la controversia, aproxima tambi茅n las pretensiones de las partes a la actividad jurisdiccional decisoria del litigio.
La Ley, atenta al presente y previsora del futuro, abre la puerta a la presentaci贸n de escritos y documentos y a los actos de notificaci贸n por medios electr贸nicos, telem谩ticos y otros semejantes, pero sin imponer a los justiciables y a los ciudadanos que dispongan de esos medios y sin dejar de regular las exigencias de esta comunicaci贸n. Para que surtan plenos efectos los actos realizados por esos medios, ser谩 preciso que los instrumentos utilizados entra帽en la garant铆a de que la comunicaci贸n y lo comunicado son con seguridad atribuibles a quien aparezca como autor de una y otro. Y ha de estar asimismo garantizada la recepci贸n 铆ntegra y las dem谩s circunstancias legalmente relevantes.
Es l贸gico prever, como se hace, que, cuando esas seguridades no vengan proporcionadas por las caracter铆sticas del medio utilizado o 茅ste sea susceptible de manipulaci贸n con mayor o menor facilidad, la eficacia de los escritos y documentos, a efectos de acreditamiento o de prueba, quede supeditada a una presentaci贸n o aportaci贸n que s铆 permita el necesario examen y verificaci贸n. Pero estas razonables cautelas no deben, sin embargo, impedir el reconocimiento de los avances cient铆ficos y t茅cnicos y su posible incorporaci贸n al proceso civil.
En este punto, la Ley evita incurrir en un reglamentismo impropio de su naturaleza y de su deseable proyecci贸n temporal. La instauraci贸n de medios de comunicaci贸n como los referidos y la determinaci贸n de sus caracter铆sticas t茅cnicas son, por lo que respecta a los 贸rganos jurisdiccionales, asuntos que encuentran la base legal apropiada en las atribuciones que la Ley Org谩nica del Poder Judicial confieren al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno. En cuanto a los procuradores y abogados e incluso a no pocos justiciables, lo razonable es suponer que ir谩n disponiendo de medios de comunicaci贸n distintos de los tradicionales, que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley, en la medida de sus propias posibilidades y de los medios de que est茅n dotados los tribunales.
Para el auxilio judicial, en cuyo r茅gimen, entre otros perfeccionamientos, se precisa el que corresponde prestar a los Juzgados de Paz, la Ley cuenta con el sistema inform谩tico judicial. En esta materia, se otorga a los tribunales una razonable potestad coercitiva y sancionadora respecto de los retrasos debidos a la falta de diligencia a las partes.
Otras innovaciones especialmente dignas de menci贸n, dentro del antes citado T铆tulo V del Libro primero, son la previsi贸n de nuevo se帽alamiento de vistas antes de su celebraci贸n, para evitar al m谩ximo que se suspendan, as铆 como las normas que, respecto de la votaci贸n y fallo de los asuntos, tienden a garantizar la inmediaci贸n en sentido estricto, estableciendo, con excepciones razonables, que hayan de dictar sentencia los Jueces y Magistrados que presenciaron la pr谩ctica de las pruebas en el juicio o vista.
Con tales normas, la presente Ley no exagera la importancia de la inmediaci贸n en el proceso civil ni aspira a una utop铆a, porque, adem谩s de la relevancia de la inmediaci贸n para el certero enjuiciamiento de toda clase de asuntos, la ordenaci贸n de los nuevos procesos civiles en esta Ley impone concentraci贸n de la pr谩ctica de la prueba y proximidad de dicha pr谩ctica al momento de dictar sentencia.
En el cap铆tulo relativo a las resoluciones judiciales, destacan como innovaciones las relativas a su invariabilidad, aclaraci贸n y correcci贸n. Se incrementa la seguridad jur铆dica al perfilar adecuadamente los casos en que 茅stas dos 煤ltimas proceden y se introduce un instrumento para subsanar r谩pidamente, de oficio o a instancia de parte, las manifiestas omisiones de pronunciamiento, completando las sentencias en que, por error, se hayan cometido tales omisiones.
La Ley regula este nuevo instituto con la precisi贸n necesaria para que no se abuse de 茅l y es de notar, por otra parte, que el precepto sobre forma y contenido de las sentencias aumenta la exigencia de cuidado en la parte dispositiva, disponiendo que en 茅sta se hagan todos los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes sin permitir los pronunciamientos t谩citos con frecuencia envueltos hasta ahora en los fundamentos jur铆dicos.
De este modo, no ser谩 preciso forzar el mecanismo del denominado "recurso de aclaraci贸n" y podr谩n evitarse recursos ordinarios y extraordinarios fundados en incongruencia por omisi贸n de pronunciamiento. Es claro, y claro queda en la Ley, que este instituto en nada ataca a la firmeza que, en su caso, deba atribuirse a la sentencia incompleta. Porque, de un lado, los pronunciamientos ya emitidos son, obviamente, firmes y, de otro, se proh铆be modificarlos, permitiendo s贸lo a帽adir los que se omitieron.
Frente a propuestas de muy diverso sentido, la Ley mantiene las diligencias de ordenaci贸n, aunque ampliando su contenido, y suprime las propuestas de resoluci贸n, ambas hasta ahora a cargo de los Secretarios Judiciales. Dichas medidas se sit煤an dentro del esfuerzo que la Ley realiza por aclarar los 谩mbitos de actuaci贸n de los tribunales, a quienes corresponde dictar las providencias, autos y sentencias, y de los Secretarios Judiciales, los cuales, junto a su insustituible labor, entre otras muchas de gran importancia, de fedatarios p煤blicos judiciales, deben encargarse adem谩s, y de forma exclusiva, de la adecuada ordenaci贸n del proceso, a trav茅s de las diligencias de ordenaci贸n.
Las propuestas de resoluci贸n, introducidas por la Ley Org谩nica del Poder Judicial en 1985, no han servido de hecho para aprovechar el indudable conocimiento t茅cnico de los Secretarios Judiciales, sino m谩s bien para incrementar la confusi贸n entre las atribuciones de 茅stos y las de los tribunales, y para dar lugar a criterios de actuaci贸n diferentes en los distintos Juzgados y Tribunales, originando con frecuencia inseguridades e insatisfacciones. De ah铆 que no se haya considerado oportuno mantener su existencia, y s铆 plantear f贸rmulas alternativas que redunden en un mejor funcionamiento de los 贸rganos judiciales.
En este sentido, la Ley opta, por un lado, por definir de forma precisa qu茅 debe entenderse por providencias y autos, especificando, en cada precepto concreto, cu谩ndo deben dictarse unas y otros. As铆, toda cuesti贸n procesal que requiera una decisi贸n judicial ha de ser resuelta necesariamente por los tribunales, bien por medio de una providencia bien a trav茅s de un auto, seg煤n los casos. Pero, por otra parte, la Ley atribuye la ordenaci贸n formal y material del proceso, en definitiva, las resoluciones de impulso procesal, a los Secretarios Judiciales, indicando a lo largo del texto cu谩ndo debe dictarse una diligencia de ordenaci贸n a trav茅s del uso de formas impersonales, que permiten deducir que la actuaci贸n correspondiente deben realizarla aqu茅llos en su calidad de encargados de la correcta tramitaci贸n del proceso.
Novedad de esta Ley son tambi茅n las normas que, conforme a la jurisprudencia y a la doctrina m谩s autorizadas, expresan reglas atinentes al contenido de la sentencia. As铆, los preceptos relativos a la regla "iuxta allegata et probata", a la carga de la prueba, a la congruencia y a la cosa juzgada material. Importantes resultan tambi茅n las disposiciones sobre sentencias con reserva de liquidaci贸n, que se procura restringir a los casos en que sea imprescindible, y sobre las condenas de futuro.
En cuanto a la carga de la prueba, la Ley supera los t茅rminos, en s铆 mismos poco significativos, del 煤nico precepto legal hasta ahora existente con car谩cter de norma general, y acoge conceptos ya concretados con car谩cter pac铆fico en la Jurisprudencia.
Las normas de carga de la prueba, aunque s贸lo se aplican judicialmente cuando no se ha logrado certeza sobre los hechos controvertidos y relevantes en cada proceso, constituyen reglas de decisiva orientaci贸n para la actividad de las partes. Y son, asimismo, reglas, que, bien aplicadas, permiten al juzgador confiar en el acierto de su enjuiciamiento f谩ctico, cuando no se trate de casos en que, por estar implicado un inter茅s p煤blico, resulte exigible que se agoten, de oficio, las posibilidades de esclarecer los hechos. Por todo esto, ha de considerarse de importancia este esfuerzo legislativo.
El precepto sobre la debida exhaustividad y congruencia de las sentencias, adem谩s de haberse enriquecido con algunas precisiones, se ve complementado con otras normas, algunas de ellas ya aludidas, que otorgan a la congruencia toda su virtualidad. En cuanto a la cosa juzgada, esta Ley, rehuyendo de nuevo lo que en ella ser铆a doctrinarismo, se aparta, empero, de superadas concepciones de 铆ndole casi metajur铆dica y, conforme a la mejor t茅cnica jur铆dica, entiende la cosa juzgada como un instituto de naturaleza esencialmente procesal, dirigido a impedir la repetici贸n indebida de litigios y a procurar, mediante el efecto de vinculaci贸n positiva a lo juzgado anteriormente, la armon铆a de las sentencias que se pronuncien sobre el fondo en asuntos prejudicialmente conexos.
Con esta perspectiva, alejada de la idea de la presunci贸n de verdad, de la t贸pica "santidad de la cosa juzgada" y de la confusi贸n con los efectos jur铆dico-materiales de muchas sentencias, se entiende que, salvo excepciones muy justificadas, se reafirme la exigencia de la identidad de las partes como presupuesto de la espec铆fica eficacia en que la cosa juzgada consiste. En cuanto a otros elementos, dispone la Ley que la cosa juzgada opere haciendo efectiva la antes referida regla de preclusi贸n de alegaciones de hechos y de fundamentos jur铆dicos.
La nulidad de los actos procesales se regula en esta Ley determinando, en primer t茅rmino, los supuestos de nulidad radical o de pleno derecho. Se mantiene el sistema ordinario de denuncia de los casos de nulidad radical a trav茅s de los recursos o de su declaraci贸n, de oficio, antes de dictarse resoluci贸n que ponga fin al proceso.
Pero se reafirma la necesidad, puesta de relieve en su d铆a por el Tribunal Constitucional, de un remedio procesal espec铆fico para aquellos casos en que la nulidad radical, por el momento en que se produjo el vicio que la caus贸, no pudiera ser declarada de oficio ni denunciada por v铆a de recurso, trat谩ndose, sin embargo, de defectos graves, generadores de innegable indefensi贸n. As铆, por ejemplo, la privaci贸n de la posibilidad de actuar en vistas anteriores a la sentencia o de conocer 茅sta a efectos de interponer los recursos procedentes.
Sin embargo, se excluye la incongruencia de esta v铆a procesal. Porque la incongruencia de las resoluciones que pongan fin al proceso, adem谩s de que no siempre entra帽a nulidad radical, presenta una entidad a todas luces diferente, no reclama en muchos casos la reposici贸n de las actuaciones para la reparaci贸n de la indefensi贸n causada por el vicio de nulidad y, cuando se trate de una patente incongruencia omisiva, esta Ley ha previsto, como ya se ha expuesto, un tratamiento distinto.
Verdad es que, mediante el incidente excepcional de nulidad de actuaciones, pueden verse afectadas sentencias y otras resoluciones finales, que han de considerarse firmes. Pero el legislador no puede, en aras de la firmeza, cerrar los ojos a la antecedente nulidad radical, que afecta a la resoluci贸n, con todas sus caracter铆sticas -firmeza incluida- y con todos sus efectos. La Ley opta, pues, por afrontar la nulidad conforme a su naturaleza y no seg煤n la similitud con las realidades que determinan la existencia de otros institutos, como el denominado recurso de revisi贸n o la audiencia del condenado en rebeld铆a.
En los casos previstos como base del remedio excepcional de que ahora se trata, no se est谩 ante una causa de rescisi贸n de sentencias firmes y no ha parecido oportuno mezclar la nulidad con esas causas ni se ha considerado conveniente, para una tutela judicial efectiva, seguir el procedimiento establecido a los efectos de la rescisi贸n ni llevar la nulidad al 贸rgano competente para aqu茅lla.
Aunque, como respecto de otros derechos procesales, siempre cabe el riesgo de abuso de la solicitud excepcional de nulidad de actuaciones, la Ley previene dicho riesgo, no s贸lo con la cuidadosa determinaci贸n de los casos en que la solicitud puede fundarse, sino con otras reglas: no suspensi贸n de la ejecuci贸n, condena en costas en caso de desestimaci贸n de aqu茅lla e imposici贸n de multa cuando se considere temeraria. Adem谩s, los tribunales pueden rechazar las solicitudes manifiestamente infundadas mediante providencia sucintamente motivada, sin que en esos casos haya de sustanciarse el incidente y dictarse auto.
X
El Libro II de la presente Ley, dedicado a los procesos declarativos, comprende, dentro del cap铆tulo referente a las disposiciones comunes, las reglas para determinar el proceso que se ha de seguir. Esta determinaci贸n se lleva a cabo combinando criterios relativos a la materia y a la cuant铆a. Pero la materia no s贸lo se considera en esta Ley, como en la de 1881, factor predominante respecto de la cuant铆a, sino elemento de muy superior relevancia, como l贸gica consecuencia de la preocupaci贸n de esta Ley por la efectividad de la tutela judicial. Y es que esa efectividad reclama que por raz贸n de la materia, con independencia de la evaluaci贸n dineraria del inter茅s del asunto, se solvente con rapidez -con m谩s rapidez que hasta ahora- gran n煤mero de casos y cuestiones.
Es 茅ste un momento oportuno para dar raz贸n del tratamiento que, con la mirada puesta en el art铆culo 53.2 de la Constituci贸n, esta Ley otorga, en el 谩mbito procesal civil, a una materia plural, pero susceptible de consideraci贸n unitaria: los derechos fundamentales.
Adem谩s de entender, conforme a un谩nime interpretaci贸n, que la sumariedad a que se refiere el citado precepto de la Constituci贸n no ha de entenderse en el sentido estricto o t茅cnico-jur铆dico, de ausencia de cosa juzgada a causa de una limitaci贸n de alegaciones y prueba, resulta imprescindible, para un adecuado enfoque del tema, la distinci贸n entre los derechos fundamentales cuya violaci贸n se produce en la realidad extraprocesal y aquellos que, por su sustancia y contenido, s贸lo pueden ser violados o infringidos en el seno de un proceso.
En cuanto a los primeros, pueden y deben ser llevados a un proceso para su r谩pida protecci贸n, que se tramite con preferencia: el hecho o comportamiento, externo al proceso, generador de la pretendida violaci贸n del derecho fundamental, se residencia despu茅s jurisdiccionalmente. Y lo que quiere el concreto precepto constitucional citado es, sin duda alguna, una tutela judicial singularmente r谩pida.
En cambio, respecto de los derechos fundamentales que, en s铆 mismos, consisten en derechos y garant铆as procesales, ser铆a del todo il贸gico que a su eventual violaci贸n respondiera el Derecho previendo, en el marco de la jurisdicci贸n ordinaria, tanto uno o varios procedimientos paralelos como un proceso posterior a aquel en que tal violaci贸n se produzca y no sea reparada. Es patente que con lo primero se entrar铆a de lleno en el territorio de lo absurdo. Y lo segundo supondr铆a duplicar los procesos jurisdiccionales. Y a煤n cabr铆a hablar de duplicaci贸n -del todo ineficaz y parad贸jicamente contraria a lo pretendido- como m铆nimo, pues en ese segundo proceso, contemplado como hip贸tesis, tambi茅n podr铆a producirse o pensarse que se hab铆a producido una nueva violaci贸n de derechos fundamentales, de contenido procesal.
Por todo esto, para los derechos fundamentales del primer bloque aludido, aquellos que se refieren a bienes jur铆dicos del 谩mbito vital extrajudicial, la presente Ley establece que los procesos correspondientes se sustancien por un cauce procedimental, de tramitaci贸n preferente, m谩s r谩pido que el establecido por la Ley de Protecci贸n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, de 1978: el de los juicios ordinarios, con demanda y contestaci贸n por escrito, seguidas de vista y sentencia.
En cambio, respecto de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, cuya infracci贸n puede producirse a lo largo y lo ancho de cualquier litigio, esta Ley descarta un il贸gico procedimiento especial ante las denuncias de infracci贸n y considera que las posibles violaciones han de remediarse en el seno del proceso en que se han producido. A tal fin responden, respecto de muy diferentes puntos y cuestiones, m煤ltiples disposiciones de esta Ley, encaminadas a una r谩pida tutela de las garant铆as procesales constitucionalizadas. La mayor铆a de esas disposiciones tienen car谩cter general pues aquello que regulan es susceptible siempre de originar la necesidad de tutelar derechos fundamentales de 铆ndole procesal, sin que tenga sentido por tanto, establecer una tramitaci贸n preferente. En cambio, y a t铆tulo de meros ejemplos de reglas singulares, cabe se帽alar la tramitaci贸n preferente de todos los recursos de queja y de los recursos de apelaci贸n contra ciertos autos que inadmitan demandas. Conforme a la experiencia, tambi茅n se ocupa la Ley de modo especial, seg煤n se ver谩, de los casos de indefensi贸n, con nulidad radical, que, por el momento en que pueden darse, no es posible afrontar mediante recursos o con actuaci贸n del tribunal, de oficio.
Volviendo a la atribuci贸n de tipos de asuntos en los distintos cauces procedimentales, la Ley, en s铆ntesis, reserva para el juicio verbal, que se inicia mediante demanda sucinta con inmediata citaci贸n para la vista, aquellos litigios caracterizados, en primer lugar, por la singular simplicidad de lo controvertido y, en segundo t茅rmino, por su peque帽o inter茅s econ贸mico. El resto de litigios han de seguir el cauce del juicio ordinario, que tambi茅n se caracteriza por su concentraci贸n, inmediaci贸n y oralidad. De cualquier forma, aunque la materia es criterio determinante del procedimiento en numerosos casos, la cuant铆a sigue cumpliendo un papel no desde帽able y las reglas sobre su determinaci贸n cambian notablemente, con mejor contenido y estructura, conforme a la experiencia, procur谩ndose, por otra parte, que la indeterminaci贸n inicial quede circunscrita a los casos verdaderamente irreductibles a toda cuantificaci贸n, siquiera sea relativa.
Las diligencias preliminares del proceso establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no distaban mucho del completo desuso, al no considerarse de utilidad, dadas las escasas consecuencias de la negativa a llevar a cabo los comportamientos preparatorios previstos, pese a que el tribunal considerara justificada la solicitud del interesado. Por estos motivos, algunas iniciativas de reforma procesal civil se inclinaron a prescindir de este instituto.
Sin embargo, la presente Ley se asienta sobre el convencimiento de que caben medidas eficaces para la preparaci贸n del proceso. Por un lado, se ampl铆an las diligencias que cabe solicitar, aunque sin llegar al extremo de que sean indeterminadas. Por otra parte, sin incurrir en excesos coercitivos, se prev茅n, no obstante, respecto de la negativa injustificada, consecuencias pr谩cticas de efectividad muy superior a la responsabilidad por da帽os y perjuicios.
Buscando un equilibrio equitativo, se exige al solicitante de las medidas preliminares una cauci贸n para compensar los gastos, da帽os y perjuicios que se pueda ocasionar a los sujetos pasivos de aqu茅llas, con la particularidad de que el mismo tribunal competente para las medidas decidir谩 sumariamente sobre el destino de la cauci贸n.
En los momentos iniciales del proceso, adem谩s de acompa帽ar a la demanda o personaci贸n los documentos que acrediten ciertos presupuestos procesales, es de gran importancia, para informaci贸n de la parte contraria, la presentaci贸n de documentos sobre el fondo del asunto, a los que la regulaci贸n de esta Ley a帽ade medios e instrumentos en que consten hechos fundamentales (palabras, im谩genes y cifras, por ejemplo) para las pretensiones de las partes, as铆 como los dict谩menes escritos y ciertos informes sobre hechos. Las nuevas normas prev茅n, asimismo, la presentaci贸n de documentos exigidos en ciertos casos para la admisibilidad de la demanda y establecen con claridad que, como es l贸gico y razonable, cabe presentar en momentos no iniciales aquellos documentos relativos al fondo, pero cuya relevancia s贸lo se haya puesto de manifiesto a consecuencia de las alegaciones de la parte contraria.
Aqu铆 como en otros puntos, la Ley acent煤a las cargas de las partes, restringiendo al m谩ximo la posibilidad de remitirse a expedientes, archivos o registros p煤blicos. Los supuestos de presentaci贸n no inicial de los documentos y otros escritos e instrumentos relativos al fondo se regulan con exactitud y se sustituye la promesa o juramento de no haberlos conocido o podido obtener con anterioridad por la carga de justificar esa circunstancia. Congruentemente, el tribunal es facultado para decidir la improcedencia de tener en cuenta los documentos si, con el desarrollo de las actuaciones, no apareciesen justificado el desconocimiento y la imposibilidad. En casos en que se aprecie mala fe o 谩nimo dilatorio en la presentaci贸n del documento, el tribunal podr谩 adem谩s imponer multa.
En cuanto a la regulaci贸n de la entrega de copias de escritos y documentos y su traslado a las dem谩s partes, es innovaci贸n de importancia la ya aludida de encomendar el traslado a los procuradores, cuando 茅stos intervengan y se hayan personado. El tribunal tendr谩 por efectuado el traslado desde que le conste la entrega de las copias al servicio de notificaci贸n organizado por el Colegio de Procuradores. De este modo, se descarga racionalmente a los 贸rganos jurisdiccionales y, singularmente, al personal no jurisdiccional de un trabajo, que, bien mirado, resulta innecesario e impropio que realicen, en inevitable detrimento de otros. Pero, adem谩s, el nuevo sistema permitir谩, como antes se apunt贸, eliminar "tiempos muertos", pues desde la presentaci贸n con traslado acreditado, comenzar谩n a computarse los plazos para llevar a cabo cualquier actuaci贸n procesal ulterior.
Por tratarse de normas comunes a todos los procesos declarativos en primera instancia y, cuando proceda, en la segunda, parece m谩s acertado situar las normas sobre la prueba entre las disposiciones generales de la actividad jurisdiccional declarativa que en el seno de las que articulan un determinado tipo procedimental.
La prueba, as铆 incardinada y con derogaci贸n de los preceptos del C贸digo Civil carentes de otra relevancia que la procesal, se regula en esta Ley con la deseable unicidad y claridad, adem谩s de un amplio perfeccionamiento, en tres vertientes distintas.
Por un lado, se determina el objeto de la prueba, las reglas sobre la iniciativa de la actividad probatoria y sobre su admisibilidad, conforme a los criterios de pertinencia y utilidad, al que ha de a帽adirse la licitud, a cuyo tratamiento procesal, hasta ahora inexistente, se provee con sencillos preceptos.
Por otro lado, en cuanto a lo procedimental, frente a la dispersi贸n de la pr谩ctica de la prueba, se introduce una novedad capital, que es la pr谩ctica de toda la prueba en el juicio o vista, disponi茅ndose que las diligencias que, por razones y motivos justificados, no puedan practicarse en dichos actos p煤blicos, con garant铆a plena de la presencia judicial, habr谩n de llevarse a cabo con anterioridad a ellos. Adem谩s, se regula la prueba anticipada y el aseguramiento de la prueba, que en la Ley de 1881 apenas merec铆an alguna norma aislada.
Finalmente, los medios de prueba, junto con las presunciones, experimentan en esta Ley numerosos e importantes cambios. Cabe mencionar, como primero de todos ellos, la apertura legal a la realidad de cuanto puede ser conducente para fundar un juicio de certeza sobre las alegaciones f谩cticas, apertura incompatible con la idea de un n煤mero determinado y cerrado de medios de prueba. Adem谩s resulta obligado el reconocimiento expreso de los instrumentos que permiten recoger y reproducir palabras, sonidos e im谩genes o datos, cifras y operaciones matem谩ticas.
En segundo t茅rmino, cambia, en la l铆nea de la mayor claridad y flexibilidad, el modo de entender y practicar los medios de prueba m谩s consagrados y perennes.
La confesi贸n, en exceso tributaria de sus or铆genes hist贸ricos, en gran medida superados, y, por a帽adidura, mezclada con el juramento, es sustituida por una declaraci贸n de las partes, que se alejada extraordinariamente de la rigidez de la "absoluci贸n de posiciones". Esta declaraci贸n ha de versar sobre las preguntas formuladas en un interrogatorio libre, lo que garantiza la espontaneidad de las respuestas, la flexibilidad en la realizaci贸n de preguntas y, en definitiva, la integridad de una declaraci贸n no preparada.
En cuanto a la valoraci贸n de la declaraci贸n de las partes, es del todo l贸gico seguir teniendo en consideraci贸n, a efectos de fijaci贸n de los hechos, el dato de que los reconozca como ciertos la parte que ha intervenido en ellos y para la que resultan perjudiciales. Pero, en cambio, no resulta razonable imponer legalmente, en todo caso, un valor probatorio pleno a tal reconocimiento o confesi贸n. Como en las 煤ltimas d茅cadas ha venido afirmando la jurisprudencia y justificando la mejor doctrina, ha de establecerse la valoraci贸n libre, teniendo en cuenta las otras pruebas que se practiquen.
Esta Ley se ocupa de los documentos, dentro de los preceptos sobre la prueba, a los solos efectos de la formaci贸n del juicio jurisdiccional sobre los hechos, aunque, obviamente, esta eficacia haya de ejercer una notable influencia indirecta en el tr谩fico jur铆dico. Los documentos p煤blicos, desde el punto de vista procesal civil, han sido siempre y deben seguir siendo aqu茅llos a los que cabe y conviene atribuir una clara y determinada fuerza a la hora del referido juicio f谩ctico. Documentos privados, en cambio, son los que, en s铆 mismos, no gozan de esa fuerza fundamentadora de la certeza procesal y, por ello, salvo que su autenticidad sea reconocida por los sujetos a quienes puedan perjudicar, quedan sujetos a la valoraci贸n libre o conforme a las reglas de la sana cr铆tica.
La espec铆fica fuerza probatoria de los documentos p煤blicos deriva de la confianza depositada en la intervenci贸n de distintos fedatarios legalmente autorizados o habilitados. La Ley procesal ha de hacerse eco, a sus espec铆ficos efectos y con lenguaje inteligible, de tal intervenci贸n, pero no es la sede normativa en que se han de establecer los requisitos, el 谩mbito competencial y otros factores de la daci贸n de fe. Tampoco corresponde a la legislaci贸n procesal dirimir controversias interpretativas de las normas sobre la funci贸n de dar fe o acerca del asesoramiento jur铆dico con el que se contribuye a la instrumentaci贸n documental de los negocios jur铆dico. Menos propio a煤n de esta Ley ha parecido determinar requisitos de forma documental relativos a tales negocios o modificar las opciones legislativas preexistentes.
Frente a corrientes de opini贸n que, mirando a otros modelos y a una pretendida disminuci贸n de los costes econ贸micos de los negocios jur铆dicos, propugnan una radical modificaci贸n de la fe p煤blica en el tr谩fico jur铆dico-privado, civil y mercantil, la presente Ley es respetuosa con esa daci贸n de fe. Se trata, no obstante, de un respeto compatible con el leg铆timo inter茅s de los justiciables y, desde luego, con el inter茅s de la Administraci贸n de Justicia misma, por lo que, ante todo, la Ley pretende que cada parte fije netamente su posici贸n sobre los documentos aportados de contrario, de suerte que, en caso de reconocerlos o no impugnar su autenticidad, la controversia f谩ctica desaparezca o se aminore.
Ha de se帽alarse tambi茅n que determinados preceptos de diversas leyes atribuyen car谩cter de documentos p煤blicos a algunos respecto de los que, unas veces de modo expreso y otras impl铆citamente, cabe la denominada "prueba en contrario". La presente Ley respeta esas disposiciones de otros cuerpos legales, pero est谩 obligada a regular diferenciadamente estos documentos p煤blicos y aquellos otros, de los que hasta aqu铆 se ha venido tratando, que por s铆 mismos hacen prueba plena.
Sobre estas bases, la regulaci贸n unitaria de la prueba documental, que esta Ley contiene, parece completa y clara. Por lo dem谩s, otros aspectos de las normas sobre prueba resuelven cuestiones que, en su dimensi贸n pr谩ctica, dejan de tener sentido. No habr谩 de forzarse la noci贸n de prueba documental para incluir en ella lo que se aporte al proceso con fines de fijaci贸n de la certeza de hechos, que no sea subsumible en las nociones de los restantes medios de prueba. Podr谩n confeccionarse y aportarse dict谩menes e informes escritos, con s贸lo apariencia de documentos, pero de 铆ndole pericial o testifical y no es de excluir, sino que la Ley lo prev茅, la utilizaci贸n de nuevos instrumentos probatorios, como soportes, hoy no convencionales, de datos, cifras y cuentas, a los que, en definitiva, haya de otorg谩rseles una consideraci贸n an谩loga a la de las pruebas documentales.
Con las excepciones obligadas respecto de los procesos civiles en que ha de satisfacerse un inter茅s p煤blico, esta Ley se inclina coherentemente por entender el dictamen de peritos como medio de prueba en el marco de un proceso, en el que, salvo las excepciones aludidas, no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigaci贸n y comprobaci贸n de la veracidad de los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de tutela formuladas por las partes, sino que es sobre 茅stas sobre las que recae la carga de alegar y probar. Y, por ello, se introducen los dict谩menes de peritos designados por las partes y se reserva la designaci贸n por el tribunal de perito para los casos en que as铆 le sea solicitado por las partes o resulte estrictamente necesario.
De esta manera, la pr谩ctica de la prueba pericial adquiere tambi茅n una simplicidad muy distinta de la complicaci贸n procedimental a que conduc铆a la regulaci贸n de la Ley de 1881. Se excluye la recusaci贸n de los peritos cuyo dictamen aporten las partes, que s贸lo podr谩n ser objeto de tacha, pero a todos los peritos se exige juramento o promesa de actuaci贸n m谩ximamente objetiva e imparcial y respecto de todos ellos se contienen en esta Ley disposiciones conducentes a someter sus dict谩menes a explicaci贸n, aclaraci贸n y complemento, con plena contradicci贸n.
As铆, la actividad pericial, cuya regulaci贸n decimon贸nica reflejaba el no resuelto dilema acerca de su naturaleza -si medio de prueba o complemento o auxilio del juzgador-, responde ahora plenamente a los principios generales que deben regir la actividad probatoria, adquiriendo sentido su libre valoraci贸n. Efecto indirecto, pero nada desde帽able, de esta necesaria clarificaci贸n es la soluci贸n o, cuando menos, importante atenuaci贸n del problema pr谩ctico, muy frecuente, de la adecuada y tempestiva remuneraci贸n de los peritos.
Mas, por otra parte, la presente Ley, al entender la enorme diversidad de operaciones y manifestaciones que entra帽a modernamente la pericia, se aparta decididamente de la regulaci贸n de 1881 para reconocer sin casuismos la diversidad y amplitud de este medio de prueba, con atenci贸n a su frecuente car谩cter instrumental respecto de otros medios de prueba, que no s贸lo se manifiesta en el cotejo de letras.
En cuanto al interrogatorio de testigos, consideraciones semejantes a las rese帽adas respecto de la declaraci贸n de las partes, han aconsejado que la Ley opte por establecer que el interrogatorio sea libre desde el principio. En esta sede se regula tambi茅n el interrogatorio sobre hechos consignados en informes previamente aportados por las partes y se prev茅 la declaraci贸n de personas jur铆dicas, p煤blicas y privadas, de modo que junto a especialidades que la experiencia aconseja, quede garantizada la contradicci贸n y la inmediaci贸n en la pr谩ctica de la prueba.
La Ley, que concibe con m谩s amplitud el reconocimiento judicial, acoge tambi茅n entre los medios de prueba, como ya se ha dicho, los instrumentos que permiten recoger y reproducir, no s贸lo palabras, sonidos e im谩genes, sino aquellos otros que sirven para el archivo de datos y cifras y operaciones matem谩ticas.
Introducidas en la presente Ley las presunciones como m茅todo de fijar la certeza de ciertos hechos y regulada suficientemente la carga de la prueba, pieza clave de un proceso civil en el que el inter茅s p煤blico no sea predominante, puede eliminarse la dualidad de regulaciones de la prueba civil, mediante la derogaci贸n de algunos preceptos del C贸digo Civil.
Ense帽a la experiencia, en todo el mundo, que si, tras las iniciales alegaciones de las partes, se acude de inmediato a un acto oral, en que, antes de dictar sentencia tambi茅n de forma inmediata, se concentren todas las actividades de alegaci贸n complementaria y de prueba, se corre casi siempre uno de estos dos riesgos: el grav铆simo, de que los asuntos se resuelvan sin observancia de todas las reglas que garantizan la plena contradicci贸n y sin la deseable atenci贸n a todos los elementos que han de fundar el fallo, o el consistente en que el tiempo que en apariencia se ha ganado acudiendo inmediatamente al acto del juicio o vista se haya de perder con suspensiones e incidencias, que en modo alguno pueden considerarse siempre injustificadas y meramente dilatorias, sino con frecuencia necesarias en raz贸n de la complejidad de los asuntos.
Por otro lado, es una exigencia racional y constitucional de la efectividad de la tutela judicial que se resuelvan, cuanto antes, las eventuales cuestiones sobre presupuestos y 贸bices procesales, de modo que se eviten al m谩ximo las sentencias que no entren sobre el fondo del asunto litigioso y cualquier otro tipo de resoluci贸n que ponga fin al proceso sin resolver sobre su objeto, tras costosos esfuerzos bald铆os de las partes y del tribunal.
En consecuencia, como ya se apunt贸, s贸lo es conveniente acudir a la m谩xima concentraci贸n de actos para asuntos litigiosos desprovistos de complejidad o que reclamen una tutela con singular rapidez. En otros casos, la opci贸n legislativa prudente es el juicio ordinario, con su audiencia previa dirigida a depurar el proceso y a fijar el objeto del debate.
Con estas premisas, la Ley articula con car谩cter general dos cauces distintos para la tutela jurisdiccional declarativa: de un lado, la del proceso que, por la sencillez expresiva de la denominaci贸n, se da en llamar "juicio ordinario" y, de otro, la del "juicio verbal".
Estos procesos acogen, en algunos casos gracias a disposiciones particulares, los litigios que hasta ahora se ventilaban a trav茅s de cuatro procesos ordinarios, as铆 como todos los incidentes no regulados expresamente, con lo que cabe suprimir tambi茅n el procedimiento incidental com煤n. Y esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil permite tambi茅n afrontar, sin merma de garant铆as, los asuntos que eran contemplados hasta hoy en m谩s de una docena de leyes distintas de la procesal civil com煤n. Buena prueba de ello son la disposici贸n derogatoria y las disposiciones finales.
As铆, pues, se simplifican, con estos procedimientos, los cauces procesales de muchas y muy diversas tutelas jurisdiccionales. Lo que no se hace, porque carecer铆a de raz贸n y sentido, es prescindir de particularidades justificadas, tanto por lo que respecta a presupuestos especiales de admisibilidad o procedibilidad como en lo relativo a ciertos aspectos del procedimiento mismo.
Lo exigible y deseable no es unificar a ultranza, sino suprimir lo que resulta innecesario y, sobre todo, poner t茅rmino a una dispersi贸n normativa a todas luces excesiva. No cabe, por otra parte, ni racional ni constitucionalmente, cerrar el paso a disposiciones legales posteriores, sino s贸lo procurar que los preceptos que esta Ley contiene sean, por su previsi贸n y flexibilidad, suficientes para el tratamiento jurisdiccional de materias y problemas nuevos.
La Ley dise帽a los procesos declarativos de modo que la inmediaci贸n, la publicidad y la oralidad hayan de ser efectivas. En los juicios verbales, por la trascendencia de la vista; en el ordinario, porque tras demanda y contestaci贸n, los hitos procedimentales m谩s sobresalientes son la audiencia previa al juicio y el juicio mismo, ambos con la inexcusable presencia del juzgador.
A grandes rasgos, el desarrollo del proceso ordinario puede resumirse como sigue.
En la audiencia previa, se intenta inicialmente un acuerdo o transacci贸n de las partes, que ponga fin al proceso y, si tal acuerdo no se logra, se resuelven las posibles cuestiones sobre presupuestos y 贸bices procesales, se determinan con precisi贸n las pretensiones de las partes y el 谩mbito de su controversia, se intenta nuevamente un acuerdo entre los litigantes y, en caso de no alcanzarse y de existir hechos controvertidos, se proponen y admiten las pruebas pertinentes.
En el juicio, se practica la prueba y se formulan las conclusiones sobre 茅sta, finalizando con informes sobre los aspectos jur铆dicos, salvo que todas las partes prefieran informar por escrito o el tribunal lo estime oportuno. Conviene reiterar, adem谩s, que de todas las actuaciones p煤blicas y orales, en ambas instancias, quedar谩 constancia mediante los instrumentos oportunos de grabaci贸n y reproducci贸n, sin perjuicio de las actas necesarias.
La Ley suprime las denominadas "diligencias para mejor proveer", sustituy茅ndolas por unas diligencias finales, con presupuestos distintos de los de aqu茅llas. La raz贸n principal para este cambio es la coherencia con la ya referida inspiraci贸n fundamental que, como regla, debe presidir el inicio, desarrollo y desenlace de los procesos civiles. Adem谩s, es conveniente cuanto refuerce la importancia del acto del juicio, restringiendo la actividad previa a la sentencia a aquello que sea estrictamente necesario. Por tanto, como diligencias finales s贸lo ser谩n admisibles las diligencias de pruebas, debidamente propuestas y admitidas, que no se hubieren podido practicar por causas ajenas a la parte que las hubiera interesado.
La Ley considera improcedente llevar a cabo nada de cuanto se hubiera podido proponer y no se hubiere propuesto, as铆 como cualquier actividad del tribunal que, con merma de la igualitaria contienda entre las partes, supla su falta de diligencia y cuidado. Las excepciones a esta regla han sido meditadas detenidamente y responden a criterios de equidad, sin que supongan ocasi贸n injustificada para desordenar la estructura procesal o menoscabar la igualdad de la contradicci贸n.
En cuanto al car谩cter sumario, en sentido t茅cnico-jur铆dico, de los procesos, la Ley dispone que carezcan de fuerza de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a aquellos en que se pretenda una r谩pida tutela de la posesi贸n o tenencia, las que decidan sobre peticiones de cese de actividades il铆citas en materia de propiedad intelectual o industrial, las provean a una inmediata protecci贸n frente obras nuevas o ruinosas, as铆 como las que resuelvan sobre el desahucio o recuperaci贸n de fincas por falta de pago de la renta o alquiler o sobre la efectividad de los derechos reales inscritos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de t铆tulo inscrito que legitime la oposici贸n o la perturbaci贸n. La experiencia de ineficacia, inseguridad jur铆dica y vicisitudes procesales excesivas aconseja, en cambio, no configurar como sumarios los procesos en que se aduzca, como fundamento de la pretensi贸n de desahucio, una situaci贸n de precariedad: parece muy preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas alegaciones y prueba y finalice con plena efectividad. Y los procesos sobre alimentos, como otros sobre objetos semejantes, no han de confundirse con medidas provisionales ni tienen por qu茅 carecer, en su desenlace, de fuerza de cosa juzgada. Reclamaciones ulteriores pueden estar plenamente justificadas por hechos nuevos.
XIII
Esta Ley contiene una sola regulaci贸n del recurso de apelaci贸n y de la segunda instancia, porque se estima injustificada y perturbadora una diversidad de reg铆menes. En raz贸n de la m谩s pronta tutela judicial, dentro de la seriedad del proceso y de la sentencia, se dispone que, resuelto el recurso de reposici贸n contra las resoluciones que no pongan fin al proceso, no quepa interponer apelaci贸n y s贸lo insistir en la eventual disconformidad al recurrir la sentencia de primera instancia. Desaparecen, pues, pr谩cticamente, las apelaciones contra resoluciones interlocutorias. Y con la oportuna disposici贸n transitoria, se pretende que este nuevo r茅gimen de recursos sea de aplicaci贸n lo m谩s pronto posible.
La apelaci贸n se reafirma como plena revisi贸n jurisdiccional de la resoluci贸n apelada y, si 茅sta es una sentencia reca铆da en primera instancia, se determina legalmente que la segunda instancia no constituye un nuevo juicio, en que puedan aducirse toda clase de hechos y argumentos o formularse pretensiones nuevas sobre el caso. Se regula, coherentemente, el contenido de la sentencia de apelaci贸n, con especial atenci贸n a la singular congruencia de esa sentencia.
Otras disposiciones persiguen aumentar las posibilidades de corregir con garant铆as de acierto eventuales errores en el juicio f谩ctico y, mediante diversos preceptos, se procura hacer m谩s sencillo el procedimiento y lograr que, en el mayor n煤mero de casos posible, se dicte en segunda instancia sentencia sobre el fondo.
Cabe mencionar que la presente Ley, que prescinde del concepto de adhesi贸n a la apelaci贸n, generador de equ铆vocos, perfila y precisa el posible papel de quien, a la vista de la apelaci贸n de otra parte y siendo inicialmente apelado, no s贸lo se opone al recurso sino que, a su vez, impugna el auto o sentencia ya apelado, pidiendo su revocaci贸n y sustituci贸n por otro que le sea m谩s favorable.
La Ley conserva la separaci贸n entre una inmediata preparaci贸n del recurso, con la que se manifiesta la voluntad de impugnaci贸n, y la ulterior interposici贸n motivada de 茅sta. No parece oportuno ni diferir el momento en que puede conocerse la firmeza o el mantenimiento de la litispendencia, con sus correspondientes efectos, ni apresurar el trabajo de fundamentaci贸n del recurso. Pero, para una mejor tramitaci贸n, se introduce la innovaci贸n procedimental consistente en disponer que el recurrente lleve a cabo la preparaci贸n y la interposici贸n ante el tribunal que dicte la resoluci贸n recurrida, remiti茅ndose despu茅s los autos al superior. Lo mismo se establece respecto de los recursos extraordinarios.
Por coherencia plena con una verdadera preocupaci贸n por la efectividad de la tutela judicial y por la debida atenci贸n a los problemas que la Administraci贸n de Justicia presenta en todo el mundo, esta Ley pretende una superaci贸n de una idea, no por vulgar menos influyente, de los recursos extraordinarios y, en especial, de la casaci贸n, entendidos, si no como tercera instancia, s铆, muy frecuentemente, como el 煤ltimo paso necesario, en muchos casos, hacia la definici贸n del Derecho en el caso concreto.
Como quiera que este planteamiento resulta insostenible en la realidad y entra帽a una cierta degeneraci贸n o deformaci贸n de importantes instituciones procesales, est谩 siendo general, en los pa铆ses de nuestro mismo sistema jur铆dico e incluso en aqu茅llos con sistemas muy diversos, un cuidadoso estudio y una detenida reflexi贸n acerca del papel que es razonable y posible que desempe帽en los referidos recursos y el 贸rgano u 贸rganos que ocupan la posici贸n o las posiciones supremas en la organizaci贸n jurisdiccional.
Con la convicci贸n de que la reforma de la Justicia, en este punto como en otros, no puede ni debe prescindir de la historia, de la idiosincrasia particular y de los valores positivos del sistema jur铆dico propio, la tendencia de reforma que se estima acertada es la que tiende a reducir y mejorar, a la vez, los grados o instancias de enjuiciamiento pleno de los casos concretos para la tutela de los derechos e intereses leg铆timos de los sujetos jur铆dicos, circunscribiendo, en cambio, el esfuerzo y el cometido de los tribunales superiores en raz贸n de necesidades jur铆dicas singulares, que reclamen un trabajo jur铆dico de especial calidad y autoridad.
Desde hace tiempo, la casaci贸n civil presenta en Espa帽a una situaci贸n que, como se reconoce generalmente, es muy poco deseable, pero en absoluto f谩cil de resolver con un grado de aceptaci贸n tan general como su cr铆tica. Esta Ley ha partido, no s贸lo de la imposibilidad, sino tambi茅n del error te贸rico y pr谩ctico que entra帽ar铆a concebir que la casaci贸n perfecta es aquella de la que no se descarta ninguna materia ni ninguna sentencia de segunda instancia.
Adem谩s de ser 茅sa una casaci贸n completamente irrealizable en nuestra sociedad, no es necesario ni conveniente, porque no responde a criterios razonables de justicia, que cada caso litigioso, con los derechos e intereses leg铆timos de unos justiciables a煤n en juego, pueda transitar por tres grados de enjuiciamiento jurisdiccional, siquiera el 煤ltimo de esos enjuiciamientos sea el limitado y peculiar de la casaci贸n. No pertenece a nuestra tradici贸n hist贸rica ni constituye exigencia constitucional alguna que la funci贸n nomofil谩ctica de la casaci贸n se proyecte sobre cualesquiera sentencias ni sobre cualesquiera cuestiones y materias.
Nadie ha cuestionado, sin embargo, que la renovaci贸n de nuestra Justicia civil se haga conforme a los valores positivos, s贸lidamente afianzados, del propio sistema jur铆dico y jurisdiccional, sin incurrir en la imprudencia de desechar instituciones enteras y sustituirlas por otras de nueva factura o por piezas de modelos jur铆dicos y judiciales muy diversos del nuestro. As铆, pues, ha de mantenerse en sustancia la casaci贸n, con la finalidad y efectos que le son propios, pero con un 谩mbito objetivo coherente con la necesidad, antes referida, de doctrina jurisprudencial especialmente autorizada.
Los l铆mites de cuant铆a no constituyen por s铆 solos un factor capaz de fijar de modo razonable y equitativo ese 谩mbito objetivo. Y tampoco parece oportuno ni satisfactorio para los justiciables, 谩vidos de seguridad jur铆dica y de igualdad de trato, que la configuraci贸n del nuevo 谩mbito casacional, sin duda necesaria por razones y motivos que trascienden elementos coyunturales, se lleve a cabo mediante una selecci贸n casu铆stica de unos cuantos asuntos de "inter茅s casacional", si este elemento se deja a una apreciaci贸n de 铆ndole muy subjetiva.
La presente Ley ha operado con tres elementos para determinar el 谩mbito de la casaci贸n. En primer lugar, el prop贸sito de no excluir de ella ninguna materia civil o mercantil; en segundo t茅rmino, la decisi贸n, en absoluto gratuita, como se dir谩, de dejar fuera de la casaci贸n las infracciones de leyes procesales; finalmente, la relevancia de la funci贸n de crear autorizada doctrina jurisprudencial. Porque 茅sta es, si se quiere, una funci贸n indirecta de la casaci贸n, pero est谩 ligada al inter茅s p煤blico inherente a ese instituto desde sus or铆genes y que ha persistido hasta hoy.
En un sistema jur铆dico como el nuestro, en el que el precedente carece de fuerza vinculante -s贸lo atribuida a la ley y a las dem谩s fuentes del Derecho objetivo-, no carece ni debe carecer de un relevante inter茅s para todos la singular铆sima eficacia ejemplar de la doctrina ligada al precedente, no autoritario, pero s铆 dotado de singular autoridad jur铆dica.
De ah铆 que el inter茅s casacional, es decir, el inter茅s trascendente a las partes procesales que puede presentar la resoluci贸n de un recurso de casaci贸n, se objetive en esta Ley, no s贸lo mediante un par谩metro de cuant铆a elevada, sino con la exigencia de que los asuntos sustanciados en raz贸n de la materia aparezcan resueltos con infracci贸n de la ley sustantiva, desde luego, pero, adem谩s, contra doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (o en su caso, de los Tribunales Superiores de Justicia) o sobre asuntos o cuestiones en los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. Se considera, asimismo, que concurre inter茅s casacional cuando las normas cuya infracci贸n se denuncie no lleven en vigor m谩s tiempo del razonablemente previsible para que sobre su aplicaci贸n e interpretaci贸n haya podido formarse una autorizada doctrina jurisprudencial, con la excepci贸n de que s铆 exista tal doctrina sobre normas anteriores de igual o similar contenido.
De este modo, se establece con razonable objetividad la necesidad del recurso. Esta objetivaci贸n del "inter茅s casacional", que aporta m谩s seguridad jur铆dica a los justiciables y a sus abogados, parece preferible al m茅todo consistente en atribuir al propio tribunal casacional la elecci贸n de los asuntos merecedores de su atenci贸n, como desde algunas instancias se ha propugnado. Entre otras cosas, la objetivaci贸n elimina los riesgos de desconfianza y desacuerdo con las decisiones del tribunal.
Establecido un nuevo sistema de ejecuci贸n provisional, la Ley no considera necesario ni oportuno generalizar la exigencia de dep贸sito para el acceso al recurso de casaci贸n (o al recurso extraordinario por infracci贸n de ley procesal). El dep贸sito previo, adem谩s de representar un factor de encarecimiento de la Justicia, de desigual incidencia sobre los justiciables, plantea, entre otros, el problema de su posible transformaci贸n en obst谩culo del ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, conforme al principio de igualdad. La ejecutividad provisional de las sentencias de primera y segunda instancia parece suficiente elemento disuasorio de los recursos temerarios o de intenci贸n simplemente dilatoria.
El sistema de recursos extraordinarios se completa confiando en todo caso las cuestiones procesales a las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia. La separaci贸n entre el recurso de casaci贸n y el recurso extraordinario dedicado a las infracciones procesales ha de contribuir, sin duda, a la seriedad con que 茅stas se aleguen. Adem谩s, este recurso extraordinario por infracci贸n procesal ampl铆a e intensifica la tutela judicial ordinaria de los derechos fundamentales de 铆ndole procesal, cuyas pretendidas violaciones generan desde hace m谩s de una d茅cada gran parte de los litigios.
Nada tiene de heterodoxo, ni org谩nica ni procesalmente y menos a煤n, si cabe, constitucionalmente, cuando ya se han consumido dos instancias, circunscribir con rigor l贸gico el recurso extraordinario de casaci贸n y exigir a quien est茅 convencido de haberse visto perjudicado por graves infracciones procesales que no pretenda, simult谩neamente, la revisi贸n de infracciones de Derecho sustantivo.
Si se est谩 persuadido de que se ha producido una grave infracci贸n procesal, que reclama reposici贸n de las actuaciones al estado anterior a esa infracci贸n, no cabe ver imposici贸n irracional en la norma que excluye pretender al mismo tiempo una nueva sentencia, en vez de tal reposici贸n de las actuaciones. Si el recurso por infracci贸n procesal es estimado, habr谩 de dictarse una nueva sentencia y si 茅sta incurriere en infracciones del Derecho material o sustantivo, podr谩 recurrirse en casaci贸n la sentencia, como en el r茅gimen anterior a esta Ley.
Verdad es que, en comparaci贸n con el tratamiento dispensado a los limitados tipos de asuntos accesibles a la casaci贸n seg煤n la Ley de 1881 y sus numerosas reformas, en el recurso de casaci贸n de esta Ley no cabr谩 ya pretender la anulaci贸n de la sentencia recurrida con reenv铆o a la instancia y, a la vez, subsidiariamente, la sustituci贸n de la sentencia de instancia por no ser conforme al Derecho sustantivo. Pero, adem谩s de que esta nueva Ley contiene mejores instrumentos para la correcci贸n procesal de las actuaciones, se ha considerado m谩s conforme con las necesidades sociales, con el conjunto de los institutos jur铆dicos de nuestro ordenamiento y con el origen mismo del instituto casacional, que una razonable configuraci贸n de la carga competencial del Tribunal Supremo se lleve a cabo concentrando su actividad en lo sustantivo.
No cabe olvidar, por lo dem谩s, que, conforme a la Ley de 1881, si se interpon铆a un recurso de casaci贸n que adujese, a la vez, quebrantamiento de forma e infracciones relativas a la sentencia, se examinaba y decid铆a primero acerca del pretendido quebrantamiento de forma y si el recurso se estimaba por este concepto, los autos eran reenviados al Tribunal de instancia, para que dictara nueva sentencia, que, a su vez, podr铆a ser, o no, objeto de nuevo recurso de casaci贸n, por "infracci贸n de ley", por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio" o por ambos conceptos. Nada sustancialmente distinto, con mecanismos nuevos para acelerar los tr谩mites, se prev茅 en esta Ley para el caso de que, respecto de la misma sentencia, distintos litigantes opten, cada uno de ellos, por un distinto recurso extraordinario.
El r茅gimen de recursos extraordinarios establecido en la presente Ley quiz谩 es, en el 煤nico punto de la opci贸n entre casaci贸n y recurso extraordinario por infracci贸n procesal, menos "generoso" que la casaci贸n anterior con los litigantes vencidos y con sus procuradores y abogados, pero no es menos "generoso" con el conjunto de los justiciables y, como se acaba de apuntar, la opci贸n por una casaci贸n circunscrita a lo sustantivo se ha asumido teniendo en cuenta el conjunto de los institutos jur铆dicos de tutela previstos en nuestro ordenamiento.
No puede desde帽arse, en efecto, la consideraci贸n de que, al amparo del art铆culo 24 de la Constituci贸n, tienen cabida legal recursos de amparo -la gran mayor铆a de ellos- sobre muchas cuestiones procesales. Esas cuestiones procesales son, a la vez, "garant铆as constitucionales" desde el punto de vista del art铆culo 123 de la Constituci贸n. Y como quiera que, a la vista de los art铆culos 161.1, letra b) y 53.2 del mismo texto constitucional, parece constitucionalmente inviable sustraer al Tribunal Constitucional todas las materias incluidas en el art铆culo 24 de nuestra norma fundamental, a la doctrina del Tribunal Constitucional hay que atenerse. Hay, pues, seg煤n nuestra norma fundamental, una instancia 煤nica y suprema de interpretaci贸n normativa en muchas materias procesales. Para otras, como se ver谩, se remodela por completo el denominado recurso en inter茅s de la ley.
Los recursos de amparo por invocaci贸n del art铆culo 24 de la Constituci贸n han podido alargar mucho, hasta ahora, el horizonte temporal de una sentencia irrevocable, ya excesivamente prolongado en la jurisdicci贸n ordinaria seg煤n la Ley de 1881 y sus posteriores reformas. Pues bien: esos recursos de amparo fundados en violaciones del art铆culo 24 de la Constituci贸n dejan de ser procedentes si no se intent贸 en cada caso el recurso extraordinario por infracci贸n procesal.
Por otro lado, con este r茅gimen de recursos extraordinarios, se reducen considerablemente las posibilidades de fricci贸n o choque entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Este deslindamiento no es un principio inspirador del sistema de recursos extraordinarios, pero s铆 un criterio en absoluto desde帽able, con un efecto beneficioso. Porque el respetuoso acatamiento de la salvedad en favor del Tribunal Constitucional en lo relativo a "garant铆as constitucionales" puede ser y es conveniente que se armonice con la posici贸n del Tribunal Supremo, una posici贸n general de superioridad que el art铆culo 123 de la Constituci贸n atribuye al alto Tribunal Supremo con la misma claridad e igual 茅nfasis que la referida salvedad.
El recurso de casaci贸n ante el Tribunal Supremo puede plantearse, en resumen, con estos dos objetos: 1.潞 las sentencias que dicten las Audiencias Provinciales en materia de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el art铆culo 24 de la Constituci贸n, cuando infrinjan normas del ordenamiento jur铆dico aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso; 2.潞 las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, siempre que incurran en similar infracci贸n de normas sustantivas y, adem谩s, el recurso presente un inter茅s trascendente a la tutela de los derechos e intereses leg铆timos de unos concretos justiciables, establecido en la forma que ha quedado dicha.
Puesto que los asuntos civiles en materia de derechos fundamentales pueden ser llevados en todo caso al Tribunal Constitucional, cabr铆a entender que est谩 de m谩s su acceso a la casaci贸n ante el Tribunal Supremo. Siendo 茅ste un criterio digno de atenta consideraci贸n, la Ley ha optado, como se acaba de decir, por una disposici贸n contraria.
Las razones de esta opci贸n son varias y diversas. De una parte, los referidos asuntos no constituyen una grave carga de trabajo jurisdiccional. Por otra, desde el momento constituyente mismo se estim贸 conveniente establecer la posibilidad del recurso casacional en esa materia, sin que se hayan manifestado discrepancias ni reticencias sobre este designio, coherente, no s贸lo con el prop贸sito de esta Ley en el sentido de no excluir de la casaci贸n ninguna materia civil -y lo son, desde luego, los derechos inherentes a la personalidad, m谩ximamente constitucionalizados-, sino tambi茅n con la idea de que el Tribunal Supremo es tambi茅n, de muy distintos modos, Juez de la Constituci贸n, al igual que los restantes 贸rganos jurisdiccionales ordinarios. Adem谩s, la subsidiariedad del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no pod铆a dejar de gravitar en el trance de esta opci贸n legislativa. Y no es desde帽able, por ende, el efecto que sobre todos los recursos, tambi茅n los extraordinarios, es previsible que ejerza el nuevo r茅gimen de ejecuci贸n provisional, del que no est谩n excluidas, en principio, las sentencias de condena en materia de derechos fundamentales, en las que no son infrecuentes pronunciamientos condenatorios pecuniarios.
Por su parte, el ya referido recurso extraordinario por infracci贸n procesal, ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, procede contra sentencias de las Audiencias Provinciales en cuestiones procesales de singular de relieve y, en general, para cuanto pueda considerarse violaci贸n de los derechos fundamentales que consagra el art铆culo 24 de la Constituci贸n.
XV
Por 煤ltimo, como pieza de cierre y respecto de cuestiones procesales no atribuidas al Tribunal Constitucional, se mantiene el recurso en inter茅s de la ley ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, un recurso concebido para la deseable unidad jurisprudencial, pero configurado de manera muy distinta que el actual, para los casos de sentencias firmes divergentes de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
Est谩n legitimados para promover esta actividad, no s贸lo el Ministerio Fiscal, sino el Defensor del Pueblo y las personas jur铆dicas de Derecho p煤blico que acrediten inter茅s leg铆timo en la existencia de doctrina jurisprudencial sobre la cuesti贸n o cuestiones procesales que en el recurso se susciten. No se trata, es cierto, de un recurso en sentido propio, pues la sentencia que se dicte no revocar谩 otra sentencia no firme (ni rescindir谩 la firme), pero se opta por mantener esta denominaci贸n, en aras de lo que resulta, por los precedentes, m谩s expresivo y comunicativo.
Merced al recurso en inter茅s de la ley, adem谩s de completarse las posibilidades de crear doctrina jurisprudencial singularmente autorizada, por proceder del Tribunal Supremo, no quedan las materias procesales excluidas del quehacer del alto tribunal, mientras no se produzca colisi贸n con el recurso de amparo que corresponde al Tribunal Constitucional. Por el contrario, la competencia, el esfuerzo y el inter茅s de los legitimados garantizan que el Tribunal Supremo, constitucionalmente superior en todos los 贸rdenes, pero no llamado por nuestra Constituci贸n a conocer de todo tipo de asuntos, como es obvio, habr谩 de seguir ocup谩ndose de cuestiones procesales de importancia.
Entre las sentencias que dicte el Tribunal Supremo en virtud de este instrumento y las sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional en su 谩mbito propio, no faltar谩 una doctrina jurisprudencial que sirva de gu铆a para la aplicaci贸n e interpretaci贸n de las normas procesales en t茅rminos de seguridad jur铆dica e igualdad, compatibles y arm贸nicos con la libertad de enjuiciamiento propia de nuestro sistema y con la oportuna evoluci贸n de la jurisprudencia.
En este punto, y para terminar lo relativo a los recursos extraordinarios, parece oportuno recordar que, precisamente en nuestro sistema jur铆dico, la jurisprudencia o el precedente goza de relevancia pr谩ctica por su autoridad y fuerza ejemplar, pero no por su fuerza vinculante. Esa autoridad, nacida de la calidad de la decisi贸n, de su justificaci贸n y de la cuidadosa expresi贸n de 茅sta, se est谩 revelando tambi茅n la m谩s importante en los sistemas jur铆dicos del llamado "case law". Y ha sido y seguir谩 siendo la 煤nica atribuible, m谩s all谩 del caso concreto, a las sentencias dictadas en casaci贸n.
Por todo esto, menospreciar las resoluciones del Tribunal Supremo en cuanto carezcan de eficacia directa sobre otras sentencias o sobre los derechos de determinados sujetos jur铆dicos no ser铆a ni coherente con el valor siempre atribuido en nuestro ordenamiento a la doctrina jurisprudencial ni acorde con los m谩s rigurosos estudios iuscomparat铆sticos y con las modernas tendencias, antes ya aludidas, sobre el papel de los 贸rganos jurisdiccionales situados en el v茅rtice o c煤spide de la Administraci贸n de Justicia.
La regulaci贸n de la ejecuci贸n provisional es, tal vez, una de las principales innovaciones de este texto legal. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil representa una decidida opci贸n por la confianza en la Administraci贸n de Justicia y por la importancia de su impartici贸n en primera instancia y, de manera consecuente, considera provisionalmente ejecutables, con razonables temperamentos y excepciones, las sentencias de condena dictadas en ese grado jurisdiccional.
La ejecuci贸n provisional ser谩 viable sin necesidad de prestar fianza ni cauci贸n, aunque se establecen, de una parte, un r茅gimen de oposici贸n a dicha ejecuci贸n, y, de otra, reglas claras para los distintos casos de revocaci贸n de las resoluciones provisionalmente ejecutadas, que no se limitan a proclamar ret贸ricamente la responsabilidad por da帽os y perjuicios, remitiendo al proceso ordinario correspondiente, sino que permiten su exacci贸n por la v铆a de apremio.
Solicitada la ejecuci贸n provisional, el tribunal la despachar谩, salvo que la sentencia sea de las inejecutables o no contenga pronunciamiento de condena. Y, despachada la ejecuci贸n provisional, el condenado puede oponerse a ella, en todo caso, si entiende que no concurren los aludidos presupuestos legales. Pero la genuina oposici贸n prevista es diferente seg煤n se trate de condena dineraria o de condena no dineraria. En este 煤ltimo caso, la oposici贸n puede fundarse en que resulte imposible o de extrema dificultad, seg煤n la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situaci贸n anterior a la ejecuci贸n provisional o compensar econ贸micamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los da帽os y perjuicios que se le causaren, si la sentencia fuere revocada.
Si la condena es dineraria, no se permite la oposici贸n a la ejecuci贸n provisional en su conjunto, sino 煤nicamente a aquellas actuaciones ejecutivas concretas del procedimiento de apremio que puedan causar una situaci贸n absolutamente imposible de restaurar o de compensar econ贸micamente mediante el resarcimiento de da帽os y perjuicios. El fundamento de esta oposici贸n a medidas ejecutivas concretas viene a ser, por tanto, el mismo que el de la oposici贸n a la ejecuci贸n de condenas no dinerarias: la probable irreversibilidad de las situaciones provocadas por la ejecuci贸n provisional y la imposibilidad de una equitativa compensaci贸n econ贸mica, si la sentencia es revocada.
En el caso de ejecuci贸n provisional por condena dineraria, la Ley exige a quien se oponga a actuaciones ejecutivas concretas que indique medidas alternativas viables, as铆 como ofrecer cauci贸n suficiente para responder de la demora en la ejecuci贸n, si las medidas alternativas no fuesen aceptadas por el tribunal y el pronunciamiento de condena dineraria resultare posteriormente confirmado. Si no se ofrecen medidas alternativas ni se presta cauci贸n, la oposici贸n no proceder谩.
Es innegable que establecer, como regla, tal ejecuci贸n provisional de condenas dinerarias entra帽a el peligro de que quien se haya beneficiado de ella no sea luego capaz de devolver lo que haya percibido, si se revoca la sentencia provisionalmente ejecutada. Con el sistema de la Ley de 1881 y sus reformas, la cauci贸n exigida al solicitante eliminaba ese peligro, pero a costa de cerrar en exceso la ejecuci贸n provisional, dej谩ndola s贸lo en manos de quienes dispusieran de recursos econ贸micos l铆quidos. Y a costa de otros diversos y no peque帽os riesgos: el riesgo de la demora del acreedor en ver satisfecho su cr茅dito y el riesgo de que el deudor condenado dispusiera del tiempo de la segunda instancia y de un eventual recurso extraordinario para prepararse a eludir su responsabilidad.
Con el sistema de esta Ley, existe, desde luego, el peligro de que el ejecutante provisional haya cobrado y despu茅s haya pasado a ser insolvente, pero, de un lado, este peligro puede ser m铆nimo en muchos casos respecto de quienes dispongan a su favor de sentencia provisionalmente ejecutable. Y, por otro lado, como ya se ha dicho, la Ley no remite a un proceso declarativo para la compensaci贸n econ贸mica en caso de revocaci贸n de lo provisionalmente ejecutado, sino al procedimiento de apremio, ante el mismo 贸rgano que ha tramitado o est谩 tramitando la ejecuci贸n forzosa provisional.
Mas el factor fundamental de la opci贸n de esta Ley, sopesados los peligros y riesgos contrapuestos, es la efectividad de las sentencias de primera instancia, que, si bien se mira, no recaen con menos garant铆as sustanciales y procedimentales de ajustarse a Derecho que las que constituye el procedimiento administrativo, en cuyo seno se dictan los actos y resoluciones de las Administraciones P煤blicas, inmediatamente ejecutables salvo la suspensi贸n cautelar que se pida a la Jurisdicci贸n y por ella se otorgue.
La presente Ley opta por confiar en los Juzgados de Primera Instancia, base, en todos los sentidos, de la Justicia civil. Con esta Ley, habr谩n de dictar sentencias en principio inmediatamente efectivas por la v铆a de la ejecuci贸n provisional; no sentencias en principio plat贸nicas, en principio inefectivas, en las que casi siempre gravite, neutralizando lo resuelto, una apelaci贸n y una segunda instancia como acontecimientos que se dan por sentados.
Ni las estad铆sticas disponibles ni la realidad conocida por la experiencia de muchos profesionales -Jueces, Magistrados, abogados, profesores de derecho, etc.- justifican una sistem谩tica, radical y general desconfianza en la denominada "Justicia de primera instancia". Y, por otra parte, si no se hiciera m谩s efectiva y se responsabilizara m谩s a esta Justicia de primera instancia, apenas cabr铆a algo distinto de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuestiones de detalle, aunque fuesen muchas e importantes.
Ante este cambio radical y fij谩ndose en la oposici贸n a la ejecuci贸n provisional, parece conveniente caer en la cuenta de que la decisi贸n del 贸rgano jurisdiccional sobre dicha oposici贸n no es m谩s dif铆cil que la que entra帽a resolver sobre la petici贸n de medidas cautelares. Los factores contrapuestos que han de ponderarse ante la oposici贸n a la ejecuci贸n provisional no son de mayor dificultad que los que deben tomarse en consideraci贸n cuando se piden medidas cautelares.
Se trata de instituciones, ambas, que, siendo distintas, entra帽an riesgos de error, pero riesgos de error parejos y que pueden y deben asumirse en aras de la efectividad de la tutela judicial y de la necesaria protecci贸n del cr茅dito. La ejecuci贸n forzosa provisional no es, por supuesto, ninguna medida cautelar y supone, de ordinario, efectos de m谩s fuerza e intensidad que los propios de las medidas cautelares. Pero en un caso, adem谩s de una razonable oposici贸n, existe una sentencia precedida de un proceso con todas las garant铆as y, en el otro, s贸lo el "humo de buen derecho".
Este nuevo r茅gimen de la ejecuci贸n provisional deparar谩, a buen seguro, muchos m谩s beneficios directos que perjuicios o casos injustos y ser谩n muy positivos tanto los efectos colaterales de la innovaci贸n radical proyectada, como la disminuci贸n de recursos con 谩nimo exclusivamente dilatorio.
Con esta innovaci贸n, la presente Ley aspira a un cambio de mentalidad en los pactos y en los pleitos. En los pactos, para acordarlos con 谩nimo de cumplirlos; en los pleitos, para afrontarlos con la perspectiva de asumir seriamente sus resultados en un horizonte mucho m谩s pr贸ximo que el que es hoy habitual. Se manifiesta as铆, en suma, un prop贸sito no meramente verbal de dar seriedad a la Justicia. No resulta admisible atribuir muchos errores a los 贸rganos jurisdiccionales de primera instancia, argumento que, como ya se ha apuntado, est谩 en contradicci贸n con la realidad de las sentencias confirmatorias en segunda instancia. Por lo dem谩s, una Ley como 茅sta debe elaborarse sobre la base de un serio quehacer judicial, en todas las instancias y en los recursos extraordinarios y de ninguna manera puede sustentarse aceptando como punto de partida una supuesta o real falta de calidad en dicho quehacer, defecto que, en todo caso, ninguna ley podr铆a remediar.
XVII
En cuanto a la ejecuci贸n forzosa propiamente dicha, esta Ley, a diferencia de la de 1881, presenta una regulaci贸n unitaria, clara y completa. Se dise帽a un proceso de ejecuci贸n id贸neo para cuanto puede considerarse genuino t铆tulo ejecutivo, sea judicial o contractual o se trate de una ejecuci贸n forzosa com煤n o de garant铆a hipotecaria, a la que se dedica una especial atenci贸n. Pero esta sustancial unidad de la ejecuci贸n forzosa no debe impedir las particularidades que, en no pocos puntos, son enteramente l贸gicas. As铆, en la oposici贸n a la ejecuci贸n, las especialidades razonables en funci贸n del car谩cter judicial o no judicial del t铆tulo o las que resultan necesarias cuando la ejecuci贸n se dirige exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados.
Ning煤n r茅gimen legal de ejecuci贸n forzosa puede evitar ni compensar la morosidad crediticia, obviamente previa al proceso, ni pretender que todos los acreedores ver谩n siempre satisfechos todos sus cr茅ditos. La presente Ley no pretende contener una nueva f贸rmula en esa l铆nea de utop铆a. Pero s铆 contiene un conjunto de normas que, por un lado, protegen mucho m谩s en茅rgicamente que hasta ahora al acreedor cuyo derecho presente suficiente constancia jur铆dica y, por otro, regulan situaciones y problemas que hasta ahora apenas se tomaban en consideraci贸n o, simplemente, se ignoraban legalmente.
La Ley regula con detalle lo relativo a las partes y sujetos intervinientes en la ejecuci贸n, as铆 como la competencia, los recursos y actos de impugnaci贸n de resoluciones y actuaciones ejecutivas concretas -que no han de confundirse con la oposici贸n a la ejecuci贸n forzosa- y las causas y r茅gimen procedimental de la oposici贸n a la ejecuci贸n y de la suspensi贸n del proceso de ejecuci贸n.
El incidente de oposici贸n a la ejecuci贸n previsto en la Ley es com煤n a todas las ejecuciones, con la 煤nica excepci贸n de las que tengan por finalidad exclusiva la realizaci贸n de una garant铆a real, que tienen su r茅gimen especial. La oposici贸n se sustancia dentro del mismo proceso de ejecuci贸n y s贸lo puede fundamentarse en motivos tasados, que son diferentes seg煤n el t铆tulo sea judicial o no judicial.
Absoluta novedad, en esta materia, es el establecimiento de un r茅gimen de posible oposici贸n a la ejecuci贸n de sentencias y t铆tulos judiciales. Como es sabido, la Ley de 1881 guardaba completo silencio acerca de la oposici贸n a la ejecuci贸n de sentencias, generando una indeseable situaci贸n de incertidumbre sobre su misma procedencia, as铆 como sobre las causas de oposici贸n admisibles y sobre la tramitaci贸n del incidente.
Sin merma de la efectividad de esos t铆tulos, deseable por muchos motivos, esta Ley tiene en cuenta la realidad y la justicia y permite la oposici贸n a la ejecuci贸n de sentencias por las siguientes causas: pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, siempre que se acredite documentalmente; caducidad de la acci贸n ejecutiva y existencia de un pacto o transacci贸n entre las partes para evitar la ejecuci贸n, siempre que el pacto o transacci贸n conste en documento p煤blico. Se trata, como se ve, de unas pocas y elementales causas, que no pueden dejar de tomarse en consideraci贸n, como si la ejecuci贸n de una sentencia firme pudiera consistir en operaciones autom谩ticas y resultase racional prescindir de todo cuanto haya podido ocurrir entre el momento en que se dict贸 la sentencia y adquiri贸 firmeza y el momento en que se inste la ejecuci贸n.
La oposici贸n a la ejecuci贸n fundada en t铆tulos no judiciales, se admite por las siguientes causas: pago, que se pueda acreditar documentalmente; compensaci贸n, siempre que el cr茅dito que se oponga al del ejecutante sea l铆quido y resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva; pluspetici贸n; prescripci贸n o caducidad del derecho del ejecutante; quita, espera o pacto de no pedir, que conste documentalmente; y transacci贸n, que conste en documento p煤blico.
Se trata, como es f谩cil advertir, de un elenco de causas de oposici贸n m谩s nutrido que el permitido en la ejecuci贸n de sentencias y otros t铆tulos judiciales, pero no tan amplio que convierta la oposici贸n a la ejecuci贸n en una controversia semejante a la de un juicio declarativo plenario, con lo que podr铆a frustrarse la tutela jurisdiccional ejecutiva. Porque esta Ley entiende los t铆tulos ejecutivos extrajudiciales, no como un tercer g茅nero entre las sentencias y los documentos que s贸lo sirven como medios de prueba, sino como genuinos t铆tulos ejecutivos, esto es, instrumentos que, por poseer ciertas caracter铆sticas, permiten al Derecho considerarlos fundamento razonable de la certeza de una deuda, a los efectos del despacho de una verdadera ejecuci贸n forzosa.
La oposici贸n a la ejecuci贸n no es, pues, en el caso de la que se funde en t铆tulos ejecutivos extrajudiciales, una suerte de compensaci贸n a una pretendida debilidad del t铆tulo, sino una exigencia de justicia, lo mismo que la oposici贸n a la ejecuci贸n de sentencias o resoluciones judiciales o arbitrales. La diferencia en cuanto a la amplitud de los motivos de oposici贸n se basa en la existencia, o no, de un proceso anterior. Los documentos a los que se pueden atribuir efectos procesales muy relevantes, pero sin que sea razonable considerarlos t铆tulos ejecutivos encuentran, en esta Ley, dentro del proceso monitorio, su adecuado lugar.
Tanto para la ejecuci贸n de sentencias como para la de t铆tulos no judiciales se prev茅 tambi茅n la oposici贸n por defectos procesales: carecer el ejecutado del car谩cter o representaci贸n con que se le demanda, falta de capacidad o de representaci贸n del ejecutante y nulidad radical del despacho de la ejecuci贸n.
La Ley simplifica al m谩ximo la tramitaci贸n de la oposici贸n, cualquiera que sea la clase de t铆tulo, remiti茅ndola, de ordinario, a lo dispuesto para el juicio verbal. Por otra parte, dado que la oposici贸n a la ejecuci贸n s贸lo se abre por causas tasadas, la Ley dispone expresamente que el auto por el que la oposici贸n se resuelva circunscribe sus efectos al proceso de ejecuci贸n. Si se piensa en procesos declarativos ulteriores a la ejecuci贸n forzosa, es obvio que si 茅sta se ha despachado en virtud de sentencia, habr谩 de operar la fuerza que a 茅sta quepa atribuir.
Se regula tambi茅n la suspensi贸n de la ejecuci贸n con car谩cter general, excepto para la ejecuci贸n hipotecaria, que tiene su r茅gimen espec铆fico. Las 煤nicas causas de suspensi贸n que se contemplan, adem谩s de la derivada del incidente de oposici贸n a la ejecuci贸n basada en t铆tulos no judiciales, son las siguientes: interposici贸n y admisi贸n de demanda de revisi贸n o de rescisi贸n de sentencia dictada en rebeld铆a; interposici贸n de un recurso frente a una actuaci贸n ejecutiva cuya realizaci贸n pueda producir da帽o de dif铆cil reparaci贸n; situaci贸n concursal del ejecutado y prejudicialidad penal.
Con estas normas, la Ley establece un sistema equilibrado que, por una parte, permite una eficaz tutela del derecho del acreedor ejecutante, mediante una relaci贸n limitada y tasada de causas de oposici贸n y suspensi贸n, que no desvirt煤a la eficacia del t铆tulo ejecutivo, y que, por otro lado, no priva al deudor ejecutado de medios de defensa frente a los supuestos m谩s graves de ilicitud de la ejecuci贸n.
En materia de ejecuci贸n dineraria, la Ley se ocupa, en primer lugar, del embargo o afecci贸n de bienes y de la garant铆a de esta afecci贸n, seg煤n la distinta naturaleza de lo que sea objeto de esta fundamental fase de la actividad jurisdiccional ejecutiva. Se define y regula, con claridad sistem谩tica y de contenido, la finalidad del embargo y sus actos constitutivos, el criterio de su suficiencia -con la correspondiente prohibici贸n del embargo indeterminado- lo que no puede ser embargado en absoluto o relativamente, lo que, embargado err贸neamente, debe desafectarse cuanto antes, la ampliaci贸n o reducci贸n del embargo y la administraci贸n judicial como instrumento de afecci贸n de bienes para la razonable garant铆a de la satisfacci贸n del ejecutante.
Es de subrayar que en esta Ley se establece la obligaci贸n del ejecutado de formular manifestaci贸n de sus bienes, con sus grav谩menes. El tribunal, de oficio, le requerir谩 en el auto en que despache ejecuci贸n para que cumpla esta obligaci贸n, salvo que el ejecutante, en la demanda ejecutiva, hubiera se帽alado bienes embargables del ejecutado, que el mismo ejecutante repute bastantes. Para dotar de eficacia pr谩ctica a esta obligaci贸n del ejecutado se prev茅, aparte del apercibimiento al deudor de las responsabilidades en que puede incurrir, la posibilidad de que se le impongan multas coercitivas peri贸dicas hasta que responda debidamente al requerimiento. Esta previsi贸n remedia uno de los principales defectos de la Ley de 1881, que se mostraba en exceso complaciente con el deudor, arrojando sobre el ejecutante y sobre el Juez la carga de averiguar los bienes del patrimonio del ejecutado, sin imponer a 茅ste ning煤n deber de colaboraci贸n.
Pero no empiezan y acaban con la manifestaci贸n de sus bienes por el ejecutado los instrumentos para localizar dichos bienes a los efectos de la ejecuci贸n. La Ley prev茅 que, a instancia del ejecutante que en absoluto haya podido se帽alar bienes o que no los haya encontrado en n煤mero y con cualidades tales que resulten suficientes para el buen fin de la ejecuci贸n, el tribunal requiera de entidades p煤blicas y de personas jur铆dicas y f铆sicas datos pertinentes sobre bienes y derechos susceptibles de ser utilizados para que el ejecutado afronte su responsabilidad. El ejecutante habr谩 de explicar, aunque sea sucintamente, la relaci贸n con el ejecutado de las entidades y personas que indica como destinatarios de los requerimientos de colaboraci贸n, pues no ser铆a razonable que estas previsiones legales se aprovechasen torcidamente para pesquisas patrimoniales gen茅ricas o desprovistas de todo fundamento.
Estas medidas de investigaci贸n no se establecen en la Ley como subsidiarias de la manifestaci贸n de bienes, sino que, cuando se trate de ejecuci贸n forzosa que no requiere requerimiento de pago, pueden acordarse en el auto que despache ejecuci贸n y llevarse a efecto de inmediato, lo que se har谩, asimismo, sin o铆r al ejecutado ni esperar que sea efectiva la notificaci贸n del auto de despacho de la ejecuci贸n, cuando exista motivos para pensar que, en caso de demora, podr铆a frustrarse el 茅xito de la ejecuci贸n.
La tercer铆a de dominio no se concibe ya como proceso ordinario definitorio del dominio y con el efecto secundario del alzamiento del embargo del bien objeto de la tercer铆a, sino como incidente, en sentido estricto, de la ejecuci贸n, encaminado directa y exclusivamente a decidir si procede la desafecci贸n o el mantenimiento del embargo. Se trata de una opci贸n, recomendada por la doctrina, que ofrece la ventaja de no conllevar una demora del proceso de ejecuci贸n respecto del bien correspondiente, demora que, pese a la mayor simplicidad de los procesos ordinarios de esta Ley, no puede dejar de considerarse a la luz de la doble instancia y sin que el nuevo r茅gimen de ejecuci贸n provisional pueda constituir, en cuanto a la ejecuci贸n pendiente, una respuesta adecuada al referido problema.
En cuanto a la tercer铆a de mejor derecho o de preferencia, se mantiene en esta Ley, pero con importantes innovaciones, como son la previsi贸n del allanamiento del ejecutante o de su desistimiento de la ejecuci贸n, as铆 como la participaci贸n del tercerista en los costes econ贸micos de una ejecuci贸n forzosa no promovida por 茅l. Por otra parte, a diferencia de la tercer铆a de dominio, en la de mejor derecho es necesaria una sentencia del tribunal con fuerza definitoria del cr茅dito y de su preferencia, aunque esta sentencia no prejuzgue otras acciones.
No son pocos los cambios y, sobre todo, el orden y previsi贸n que esta Ley introduce en el procedimiento de apremio o fase de realizaci贸n, previo aval煤o, de los bienes afectados a la ejecuci贸n, seg煤n su diferente naturaleza. Adem谩s de colmar numerosas lagunas, se establece una 煤nica subasta, con disposiciones encaminadas a lograr, dentro de lo posible seg煤n las reglas del mercado, un resultado m谩s satisfactorio para el deudor ejecutante, procurando, adem谩s, reducir el coste econ贸mico.
Con independencia de las mejoras introducidas en la regulaci贸n de la subasta, la Ley abre camino a v铆as de enajenaci贸n forzosa alternativas que, en determinadas circunstancias, permitir谩n agilizar la realizaci贸n y mejorar su rendimiento. As铆, se regulan los convenios de realizaci贸n entre ejecutante y ejecutado y la posibilidad de que, a instancia del ejecutante o con su conformidad, el Juez acuerde que el bien se enajene por persona o entidad especializada, al margen, por tanto, de la subasta judicial.
La convocatoria de la subasta, especialmente cuando de inmuebles se trate, se regula de manera que resulte m谩s indicativa del valor del bien. La enajenaci贸n en subasta de bienes inmuebles recibe la singular atenci贸n legislativa que merece, con especial cuidado sobre los aspectos registrales y la protecci贸n de terceros. En relaci贸n con la subsistencia y cancelaci贸n de cargas se ha optado por mantener el sistema de subsistencia de las cargas anteriores al gravamen que se ejecuta y cancelaci贸n de las cargas posteriores, sistema que se complementa deduciendo del aval煤o el importe de las cargas subsistentes para determinar el valor por el que los inmuebles han de salir a subasta. Esta soluci贸n presenta la ventaja de que asegura que las cantidades que se ofrezcan en la subasta, por peque帽as que sean, van a redundar siempre en beneficio de la ejecuci贸n pendiente, lo que no se conseguir铆a siempre con la tradicional liquidaci贸n de cargas.
Otra importante novedad en materia de enajenaci贸n forzosa de inmuebles se refiere al r茅gimen de audiencia y eventual desalojo de los ocupantes de los inmuebles enajenados en un proceso de ejecuci贸n. Nada preve铆a al respecto la Ley de 1881, que obligaba a los postores, bien a realizar costosas averiguaciones por su cuenta, bien a formular sus ofertas en condiciones de absoluta incertidumbre sobre si encontrar铆an ocupantes o no; sobre si los eventuales ocupantes tendr铆an derecho o no a mantener su situaci贸n y, en fin, sobre si, aun no teniendo los ocupantes derecho a conservar la posesi贸n de la finca, ser铆a necesario o no acudir a un quiz谩 largo y costoso proceso declarativo para lograr el desalojo. Todo esto, como es natural, no contribu铆a precisamente a hacer atractivo ni econ贸micamente eficiente el mercado de las subastas judiciales.
La presente Ley sale al paso del problema de los ocupantes procurando, primero, que en el proceso de ejecuci贸n se pueda tener noticia de su existencia. A esta finalidad se orienta la previsi贸n de que, en la relaci贸n de bienes que ha de presentar el ejecutado, se indique, respecto de los inmuebles, si est谩n ocupados y, en su caso, por qui茅n y con qu茅 t铆tulo. Por otro lado, se dispone que se comunique la existencia de la ejecuci贸n a los ocupantes de que se tenga noticia a trav茅s de la manifestaci贸n de bienes del ejecutado o de cualquier otro modo, concedi茅ndoles un plazo de diez d铆as para presentar al tribunal de la ejecuci贸n los t铆tulos que justifiquen su situaci贸n. Adem谩s, se ordena que en el anuncio de la subasta se exprese, con el posible detalle, la situaci贸n posesoria del inmueble, para que los eventuales postores puedan evaluar las dificultades que encontrar铆a un eventual desalojo.
Finalmente, se regula un breve incidente, dentro de la ejecuci贸n, que permite desalojar inmediatamente a quienes puedan ser considerados ocupantes de mero hecho o sin t铆tulo suficiente. S贸lo el desalojo de los ocupantes que hayan justificado tener un t铆tulo que pueda ser suficiente para mantener la posesi贸n, requerir谩 acudir al proceso declarativo que corresponda. De esta forma, la Ley da una respuesta prudente y equilibrada al problema que plantean los ocupantes.
Tambi茅n se regula con mayor realismo la administraci贸n para pago, que adquiere autonom铆a respecto de la realizaci贸n mediante enajenaci贸n forzosa. En conjunto, los preceptos de este cap铆tulo IV del Libro III de la Ley aprovechan la gran experiencia acumulada a lo largo de a帽os en que, a falta muchas veces de normas precisas, se han ido poniendo de relieve diversos problemas reales y se han buscado soluciones y formulado propuestas con buen sentido jur铆dico.
La Ley dedica un cap铆tulo especial a las particularidades de la ejecuci贸n sobre bienes hipotecados o pignorados. En este punto, se mantiene, en lo sustancial, el r茅gimen precedente de la ejecuci贸n hipotecaria, caracterizado por la dr谩stica limitaci贸n de las causas de oposici贸n del deudor a la ejecuci贸n y de los supuestos de suspensi贸n de 茅sta. El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que este r茅gimen no vulnera la Constituci贸n e introducir cambios sustanciales en el mismo podr铆a alterar gravemente el mercado del cr茅dito hipotecario, lo que no parece en absoluto aconsejable.
La nueva regulaci贸n de la ejecuci贸n sobre bienes hipotecados o pignorados supone un avance respecto de la situaci贸n precedente ya que, en primer lugar, se trae a la Ley de Enjuiciamiento Civil la regulaci贸n de los procesos de ejecuci贸n de cr茅ditos garantizados con hipoteca, lo que refuerza el car谩cter propiamente jurisdiccional de estas ejecuciones, que ha sido discutido en ocasiones; en segundo t茅rmino, se regulan de manera unitaria las ejecuciones de cr茅ditos con garant铆a real, eliminando la multiplicidad de regulaciones existente en la actualidad; y, finalmente, se ordenan de manera m谩s adecuada las actuales causas de suspensi贸n de la ejecuci贸n, distinguiendo las que constituyen verdaderos supuestos de oposici贸n a la ejecuci贸n (extinci贸n de la garant铆a hipotecaria o del cr茅dito y disconformidad con el saldo reclamado por el acreedor), de los supuestos de tercer铆a de dominio y prejudicialidad penal, aunque manteniendo, en todos los casos, el car谩cter restrictivo de la suspensi贸n del procedimiento.
Menci贸n especial ha de hacerse del cambio relativo a la ejecuci贸n no dineraria. Era preciso, sin duda, modificar un regulaci贸n claramente superada desde muy distintos puntos de vista. Esta Ley introduce los requerimientos y multas coercitivas dirigidas al cumplimiento de los deberes de hacer y no hacer y se aparta as铆 considerablemente de la inmediata inclinaci贸n a la indemnizaci贸n pecuniaria manifestada en la Ley de 1881. Sin embargo, se evitan las constricciones excesivas, buscando el equilibrio entre el inter茅s y la justicia de la ejecuci贸n en sus propios t茅rminos, por un lado y, por otro, el respeto a la voluntad y el realismo de no empe帽arse en lograr coactivamente prestaciones a las que son inherentes los rasgos personales del cumplimiento voluntario.
En cuanto a las medidas cautelares, esta Ley las regula en un conjunto unitario de preceptos, del que s贸lo se excluyen, por las razones que m谩s adelante se dir谩n, los relativos a las medidas espec铆ficas de algunos procesos civiles especiales. Se supera as铆 una lamentable situaci贸n, caracterizada por escasas e insuficientes normas, dispersas en la Ley de 1881 y en otros muchos cuerpos legales.
El referido conjunto de preceptos no es, empero, el resultado de agrupar la regulaci贸n de las medidas cautelares que pudieran considerarse "cl谩sicas", estableciendo sus presupuestos y su procedimiento. Esta Ley ha optado por sentar con claridad las caracter铆sticas generales de las medidas que pueden ser precisas para evitar que se frustre la efectividad de una futura sentencia, perfilando unos presupuestos y requisitos igualmente generales, de modo que resulte un r茅gimen abierto de medidas cautelares y no un sistema de n煤mero limitado o cerrado. Pero la generalidad y la amplitud no son vaguedad, inconcreci贸n o imprudencia. La Ley se apoya en doctrina y jurisprudencia s贸lidas y de general aceptaci贸n.
El "fumus boni iuris" o apariencia de buen derecho, el peligro de la mora procesal y la prestaci贸n de cauci贸n son, desde luego, factores fundamentales imprescindibles para la adopci贸n de medidas cautelares. La instrumentalidad de las medidas cautelares respecto de la sentencia que pueda otorgar una concreta tutela y, por tanto, la accesoriedad y provisionalidad de las medidas se garantizan suficientemente con normas adecuadas. Se procura, con disposiciones concretas, que las medidas cautelares no se busquen por s铆 mismas, como fin exclusivo o primordial de la actividad procesal. Pero ha de se帽alarse que se establece su r茅gimen de modo que los justiciables dispongan de medidas m谩s en茅rgicas que las que hasta ahora pod铆an pedir. Se trata de que las medidas resulten en verdad eficaces para lograr, no s贸lo que la sentencia de condena pueda ejecutarse de alguna manera, sino para evitar que sea ilusoria, en sus propios t茅rminos.
Aunque necesarias para conjurar el "periculum in mora", las medidas cautelares no dejan de entra帽ar, como es sabido, otros peligros y riesgos. De modo que es preciso tambi茅n regular cuidadosamente, y as铆 se ha pretendido en esta Ley, la oposici贸n a las medidas cautelares, su razonable sustituci贸n, revisi贸n y modificaci贸n y las posibles contracautelas o medidas que neutralicen o enerven las cautelares, haci茅ndolas innecesarias o menos gravosas.
Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de comenzar el proceso, junto con la demanda o pendiente ya el litigio. Como regla, no se adoptan sin previa contradicci贸n, pero se prev茅 que, en casos justificados, puedan acordarse sin o铆r al sujeto pasivo de la medida que se pretende. En dichos casos, se establece una oposici贸n inmediatamente posterior. En la audiencia previa o en la oposici贸n, pero tambi茅n m谩s tarde, puede entrar en juego la contracautela que sustituya la medida cautelar que se pretende o que ya se haya acordado.
Frente a alguna posici贸n partidaria de atribuir el conocimiento y resoluci贸n acerca de las medidas cautelares a un 贸rgano jurisdiccional distinto del competente para el proceso principal, la Ley opta por no separar la competencia, sin perjuicio de que no implique sumisi贸n, respecto del proceso, la actuaci贸n de la parte pasiva en el procedimiento relativo a medidas solicitadas antes de la interposici贸n de la demanda.
Esta opci贸n no desconoce el riesgo de que la decisi贸n sobre las medidas cautelares, antes de la demanda o ya en el seno del proceso, genere algunos prejuicios o impresiones en favor o en contra de la posici贸n de una parte, que puedan influir en la sentencia. Pero, adem谩s de que ese riesgo existe tambi茅n al margen de las medidas cautelares, pues el prejuicio podr铆a generarse en la audiencia previa al juicio o tras la lectura de demanda y contestaci贸n, esta Ley se funda en una doble consideraci贸n.
Considera la Ley, por un lado, que todos los Jueces y Magistrados est谩n en condiciones de superar impresiones provisionales para ir atendiendo imparcialmente a las sucesivas pretensiones de las partes y para atenerse, en definitiva, a los hechos probados y al Derecho que haya de aplicarse.
Y por otra, no se pierde de vista que las medidas cautelares han de guardar siempre relaci贸n con lo que se pretende en el proceso principal e incluso con vicisitudes y circunstancias que pueden variar durante su pendencia, de suerte que es el 贸rgano competente para dicho proceso quien se encuentra en la situaci贸n m谩s id贸nea para resolver, en especial si se tiene en cuenta la posibilidad de alzamiento y modificaci贸n de las medidas o de su sustituci贸n por una equitativa contracautela. Todo esto, sin contar con la menor complejidad procedimental que comporta no separar la competencia.
La Ley establece los procesos especiales imprescindibles.
En primer lugar, los que, con inequ铆vocas e indiscutibles particularidades, han de servir de cauce a los litigios en asuntos de capacidad, filiaci贸n y matrimoniales. Se trae as铆 a la Ley procesal com煤n, terminando con una situaci贸n deplorable, lo que en ella debe estar, pero que hasta ahora se ha debido rastrear o incluso deducir de disposiciones superlativamente dispersas, oscuras y problem谩ticas.
En segundo lugar, los procesos de divisi贸n judicial de patrimonios, r煤brica bajo la que se regulan la divisi贸n judicial de la herencia y el nuevo procedimiento para la liquidaci贸n del r茅gimen econ贸mico matrimonial, que permitir谩n solventar cuestiones de esa 铆ndole que no se hayan querido o podido resolver sin contienda judicial. Y, por 煤ltimo, dos procesos en cierto modo m谩s novedosos que los anteriores: el juicio monitorio y el proceso cambiario.
Por lo que respecta a los procesos en que no rige el principio dispositivo o debe ser matizada su influencia en raz贸n de un indiscutible inter茅s p煤blico inherente al objeto procesal, la Ley no se limita a codificar, sino que, con pleno respeto a las reglas sustantivas, de las que el proceso ha de ser instrumental, dise帽a procedimientos sencillos y presta singular atenci贸n a los problemas reales mostrados por la experiencia. Destacables resultan las medidas cautelares espec铆ficas que se prev茅n y que, en aras de las ventajas pr谩cticas de una regulaci贸n procesal agrupada y completa sobre estas materias, se insertan en estos procesos especiales, en vez de llevarlas, conforme a criterios sistem谩ticos tal vez te贸ricamente m谩s perfectos, a la regulaci贸n general de tales medidas.
Para la divisi贸n judicial de la herencia dise帽a la Ley un procedimiento mucho m谩s simple y menos costoso que el juicio de testamentar铆a de la Ley de 1881. Junto a este procedimiento, se regula otro espec铆ficamente concebido para servir de cauce a la liquidaci贸n judicial del r茅gimen econ贸mico matrimonial, con el que se da respuesta a la imperiosa necesidad de una regulaci贸n procesal clara en esta materia que se ha puesto reiteradamente de manifiesto durante la vigencia de la legislaci贸n precedente.
En cuanto al proceso monitorio, la Ley conf铆a en que, por los cauces de este procedimiento, eficaces en varios pa铆ses, tenga protecci贸n r谩pida y eficaz el cr茅dito dinerario l铆quido de muchos justiciables y, en especial, de profesionales y empresarios medianos y peque帽os.
En s铆ntesis, este procedimiento se inicia mediante solicitud, para la que pueden emplearse impresos o formularios, dirigida al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor, sin necesidad de intervenci贸n de procurador y abogado. Punto clave de este proceso es que con la solicitud se aporten documentos de los que resulte una base de buena apariencia jur铆dica de la deuda. La ley establece casos generales y otros concretos o t铆picos. Es de se帽alar que la eficacia de los documentos en el proceso monitorio se complementa arm贸nicamente con el reforzamiento de la eficacia de los genuinos t铆tulos ejecutivos extrajudiciales.
Si se trata de los documentos que la Ley misma considera base de aquella apariencia o si el tribunal as铆 lo entiende, quien aparezca como deudor es inmediatamente colocado ante la opci贸n de pagar o "dar razones", de suerte que si el deudor no comparece o no se opone, est谩 suficientemente justificado despachar ejecuci贸n, como se dispone. En cambio, si se "dan razones", es decir, si el deudor se opone, su discrepancia con el acreedor se sustancia por los cauces procesales del juicio que corresponda seg煤n la cuant铆a de la deuda reclamada. Este juicio es entendido como proceso ordinario y plenario y encaminado, por tanto, a finalizar, en principio, mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada.
Si el deudor no comparece o no se opone, se despacha ejecuci贸n seg煤n lo dispuesto para las sentencias judiciales. En el seno de esta ejecuci贸n forzosa cabe la limitada oposici贸n prevista en su lugar, pero con la particularidad de que se cierra el paso a un proceso ordinario en que se reclame la misma deuda o la devoluci贸n de lo que pudiera obtenerse en la ejecuci贸n derivada del monitorio. Este cierre de las posibilidades de litigar es conforme y coherente con la doble oportunidad de defensa que al deudor le asiste y resulta necesario para dotar de eficacia al procedimiento monitorio.
Conviene advertir, por 煤ltimo, en cuanto al proceso monitorio, que la Ley no desconoce la realidad de las regulaciones de otros pa铆ses, en las que este cauce singular no est谩 limitado por raz贸n de la cuant铆a. Pero se ha considerado m谩s prudente, al introducir este instrumento de tutela jurisdiccional en nuestro sistema procesal civil, limitar la cuant铆a a una cifra razonable, que permite la tramitaci贸n de reclamaciones dinerarias no excesivamente elevadas, aunque superiores al l铆mite cuantitativo establecido para el juicio verbal.
El juicio cambiario, por su parte, no es sino el cauce procesal que merecen los cr茅ditos documentados en letras de cambio, cheques y pagar茅s. Se trata de una protecci贸n jurisdiccional singular, instrumental de lo dispuesto en la ley especial sobre esos instrumentos del tr谩fico jur铆dico. La eficaz protecci贸n del cr茅dito cambiario queda asegurada por el inmediato embargo preventivo, que se convierte autom谩ticamente en ejecutivo si el deudor no formula oposici贸n o si 茅sta es desestimada. Fuera de los casos de estimaci贸n de la oposici贸n, el embargo preventivo s贸lo puede alzarse ante la alegaci贸n fundada de falsedad de la firma o de falta absoluta de representaci贸n, configur谩ndose as铆, en esta Ley, un sistema de tutela jurisdiccional del cr茅dito cambiario de eficacia estrictamente equivalente al de la legislaci贸n derogada.
Mediante las disposiciones adicionales segunda y tercera se pretende, por un lado, hacer posibles las actualizaciones y adaptaciones de cuant铆a que el futuro sean convenientes, entre las cuales la determinada la por plena implantaci贸n del euro y, por otra parte, la efectiva disposici贸n de nuevos medios materiales para la constancia de vistas, audiencias y comparecencias.
En cuanto a la disposici贸n adicional segunda, el mantenimiento de la cuant铆a en pesetas junto a la cuant铆a en euros, en ciertos casos, obedece al prop贸sito de facilitar la determinaci贸n del procedimiento que se ha de seguir en primera instancia y la posibilidad de acceso a algunos recursos, evitando tener que convertir a moneda europea las cuant铆as que consten en documentos y registros, quiz谩 largamente ajenas a dicha moneda, en que haya de fundarse la cuantificaci贸n.
Las disposiciones transitorias prev茅n, conforme a criterios racionales de f谩cil comprensi贸n y aplicaci贸n, los problemas que se pueden suscitar en cuanto a los procesos pendientes al tiempo de entrar en vigor la Ley, tras la vacaci贸n de un a帽o prevista en la correspondiente disposici贸n final. El criterio general, que se va aplicando a los distintos casos, es el de la m谩s r谩pida efectividad de la nueva Ley.
La disposici贸n derogatoria contiene gran n煤mero de normas, a consecuencia de la misma naturaleza de esta Ley y de su empe帽o por evitar la simple cl谩usula derogatoria general, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del art铆culo 2 del C贸digo Civil. El f谩cil expediente de la mera cl谩usula general no s贸lo es reprochable desde el punto de vista de la t茅cnica jur铆dica y, en concreto, de la legislativa, sino que genera con frecuencia graves problemas.
En su primer apartado, la disposici贸n derogatoria se refiere, en primer lugar, a la misma Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, con necesarias excepciones temporales a la derogaci贸n general, en raz贸n de futuras Leyes reguladoras de la materia concursal, de la jurisdicci贸n voluntaria y de la cooperaci贸n jur铆dica internacional en materia civil.
Adem谩s, se derogan preceptos procesales hasta ahora de una veintena de leyes distintas, as铆 como, entre otros, el Decreto de 21 de noviembre de 1952, sobre Normas Procesales de Justicia Municipal, y el Decreto-Ley sobre Embargo de Empresas, de 20 de octubre de 1969. En numerosas ocasiones, esos preceptos son sustituidos por normas nuevas en la presente Ley. Otras veces, se integran en ella. Y, en ciertos casos, son modificados por medio de disposiciones finales, de diversa 铆ndole, a las que enseguida se har谩 referencia.
En lo que afecta al C贸digo Civil, ha destacarse que, si bien se suprimen las normas relativas a los medios de prueba, se mantienen aquellos preceptos relativos a los documentos que pueden tener relevancia, y no peque帽a, en el tr谩fico jur铆dico. Algunos de esos preceptos que permanecen mencionan expresamente la prueba, pero, adem谩s de no ser contradictorios, sino arm贸nicos, con los de esta Ley, ha de entenderse que tratan de la certeza y eficacia extrajudiciales. La raigambre de dichas normas ha aconsejado no derogarlas, sin perjuicio de la posibilidad de que, en el futuro, sean perfeccionadas.
En cuanto a las disposiciones finales, algunas se limitan a poner en consonancia las remisiones de leyes especiales a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Otras, en cambio, modifican la redacci贸n de ciertos preceptos en raz贸n de las innovaciones contenidas en esta Ley. Tal es el caso, por ejemplo, de ciertos apartados del art铆culo 15 y de la disposici贸n adicional primera de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Introducido en nuestro ordenamiento el proceso monitorio y contempladas expresamente en la Ley las deudas por plazos impagados contra lo previsto en los contratos regulados en dicha Ley, parece obligado que la virtualidad consistente en llevar aparejada ejecuci贸n, atribuida a ciertos t铆tulos, haya de acomodarse a lo dispuesto para 茅sta.
La modificaci贸n del art铆culo 11 de la Ley de Arbitraje viene exigida por el cambio en el tratamiento procesal de la jurisdicci贸n que la presente Ley opera. Pero, adem谩s, ha de contribuir a reforzar la eficacia de la instituci贸n arbitral, pues ser谩 posible, en adelante, que la sumisi贸n a 谩rbitros se haga valer dentro del proceso judicial de modo que el tribunal se abstenga de conocer al comienzo, y no al final, de dicho proceso, como ocurr铆a a consecuencia de configurar como excepci贸n dilatoria la alegaci贸n de compromiso.
Las reformas en la Ley Hipotecaria, estudiadas con singular detenimiento, buscan cohonestar la regulaci贸n de esta Ley con la mayor integridad y claridad de aqu茅lla. Son necesarios tambi茅n ciertos cambios en las leyes procesales laboral y penal, regulando de modo completo la abstenci贸n y recusaci贸n en los correspondientes procesos y algunos otros extremos concretos. En la ley procesal penal, resulta oportuno modificar el precepto relativo a los d铆as y horas h谩biles para las actuaciones judiciales de instrucci贸n.
En la l铆nea seguida por esta Ley en el sentido de facilitar la prestaci贸n de cauciones o la constituci贸n de dep贸sitos, se reforma la disposici贸n adicional de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulaci贸n de Veh铆culos a Motor. Lo que importa a la Administraci贸n de Justicia, en raz贸n de los leg铆timos derechos e intereses de muchos justiciables, no es que otros justiciables dispongan de dinero en efectivo para destinarlo a dep贸sitos y cauciones, sino que, en su momento, unas determinadas sumas de dinero puedan inmediatamente destinarse a las finalidades que la ley establezca.
T脥TULO PRELIMINAR-De las normas procesales y su aplicaci贸n
En los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deber谩n actuar con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
Art铆culo 2. Aplicaci贸n en el tiempo de las normas procesales civiles
Salvo que otra cosa se establezca en disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciar谩n siempre por 茅stos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca ser谩n retroactivas.
Art铆culo 3. 脕mbito territorial de las normas procesales civiles
Con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios internacionales, los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regir谩n 煤nicamente por las normas procesales espa帽olas.
Art铆culo 4. Car谩cter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil
En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, ser谩n de aplicaci贸n, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley.
LIBRO I-DE LAS DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS JUICIOS CIVILES
T脥TULO I-De la comparecencia y actuaci贸n en juicio
1. Se podr谩 pretender de los tribunales la condena a determinada prestaci贸n, la declaraci贸n de la existencia de derechos y de situaciones jur铆dicas, la constituci贸n, modificaci贸n o extinci贸n de estas 煤ltimas, la ejecuci贸n, la adopci贸n de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que est茅 expresamente prevista por la ley.
2. Las pretensiones a que se refiere el apartado anterior se formular谩n ante el tribunal que sea competente y frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisi贸n pretendida.
CAP脥TULO I-De la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimaci贸n
1. Podr谩n ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:
1.潞 Las personas f铆sicas.
2.潞 El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.
3.潞 Las personas jur铆dicas.
4.潞 Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposici贸n y administraci贸n.
5.潞 Las entidades sin personalidad jur铆dica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.
6.潞 El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte.
7.潞 Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho da帽oso cuando los individuos que lo compongan est茅n determinados o sean f谩cilmente determinables. Para demandar en juicio ser谩 necesario que el grupo se constituya con la mayor铆a de los afectados.
8.潞 Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acci贸n de cesaci贸n en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
2. Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los gestores o a los part铆cipes, podr谩n ser demandadas, en todo caso, las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jur铆dicas, est茅n formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado.
Precepto modificado por Ley 39/2002, de 28 de octubre, con entrada en vigor a partir del 18-11-2002
路 A帽adido n煤mero 8 del apartado 1 del art铆culo 6
Redacci贸n hasta el 18-11-2002
1. Podr谩n ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:
1.潞 .Las personas f铆sicas.
2.潞 El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.
3-潞 Las personas jur铆dicas.
4.潞 Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposici贸n y administraci贸n.
5.潞 Las entidades sin personalidad jur铆dica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.
6.潞 El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte.
7.潞 Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho da帽oso cuando los individuos que lo compongan est茅n determinados o sean f谩cilmente determinables. Para demandar en juicio ser谩 necesario que el grupo se constituya con la mayor铆a de los afectados.
2. Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los gestores o a los part铆cipes, podr谩n ser demandadas, en todo caso, las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jur铆dicas, est茅n formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado.
1. S贸lo podr谩n comparecer en juicio los que est茅n en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2. Las personas f铆sicas que no se hallen en el caso del apartado anterior habr谩n de comparecer mediante la representaci贸n o con la asistencia, la autorizaci贸n, la habilitaci贸n o el defensor exigidos por la ley.
3. Por los concebidos y no nacidos comparecer谩n las personas que leg铆timamente los representar铆an si ya hubieren nacido.
4. Por las personas jur铆dicas comparecer谩n quienes legalmente las representen.
5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el n煤mero 4.潞 del apartado 1 del art铆culo anterior comparecer谩n en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren.
6. Las entidades sin personalidad a que se refiere el n煤mero 5.潞 del apartado 1 del art铆culo anterior comparecer谩n en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representaci贸n en juicio de dichas entidades.
7. Por las entidades sin personalidad a que se refiere el n煤mero 7.潞 del apartado 1 y el apartado 2 del art铆culo anterior comparecer谩n en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, act煤en en su nombre frente a terceros.
8. Las limitaciones a la capacidad de quienes est茅n sometidos a concurso y los modos de suplirlas se regir谩n por lo establecido en la Ley Concursal.
Precepto modificado por Ley 22/2003, de 9 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-9-2004
路 A帽adido apartado 8 del art铆culo 7
Redacci贸n hasta el 1-9-2004
1. S贸lo podr谩n comparecer en juicio los que est茅n en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
2. Las personas f铆sicas que no se hallen en el caso del apartado anterior habr谩n de comparecer mediante la representaci贸n o con la asistencia, la autorizaci贸n, la habilitaci贸n o el defensor exigidos por la ley.
3. Por los concebidos y no nacidos comparecer谩n las personas que leg铆timamente los representar铆an si ya hubieren nacido.
4. Por las personas jur铆dicas comparecer谩n quienes legalmente las representen.
5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el n煤mero 4潞 del apartado 1 del art铆culo anterior comparecer谩n en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren.
6. Las entidades sin personalidad a que se refiere el n煤mero 5潞 del apartado 1 del art铆culo anterior comparecer谩n en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representaci贸n en juicio de dichas entidades.
7. Por las entidades sin personalidad a que se refiere el n煤mero 7潞 del apartado 1 y el apartado 2 del art铆culo anterior comparecer谩n en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, act煤en en su nombre frente a terceros.
1. Cuando la persona f铆sica se encuentre en el caso del apartado 2 del art铆culo anterior y no hubiere persona que legalmente la represente o asista para comparecer en juicio, el Secretario judicial le nombrar谩 un defensor judicial mediante decreto, que asumir谩 su representaci贸n y defensa hasta que se designe a aquella persona.
2. En el caso a que se refiere el apartado anterior y en los dem谩s en que haya de nombrarse un defensor judicial al demandado, el Ministerio Fiscal asumir谩 la representaci贸n y defensa de 茅ste hasta que se produzca el nombramiento de aqu茅l.
En todo caso, el proceso quedar谩 en suspenso mientras no conste la intervenci贸n del Ministerio Fiscal.
Precepto modificado por Ley 15/2015, de 2 de julio, con entrada en vigor a partir del 23-7-2015
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 23-7-2015
1. Cuando la persona f铆sica se encuentre en el caso del apartado segundo del art铆culo anterior y no hubiere persona que legalmente la represente o asista para comparecer en juicio, el tribunal le nombrar谩, mediante providencia, un defensor judicial, que asumir谩 su representaci贸n y defensa hasta que se designe a aquella persona.
2. En el caso a que se refiere el apartado anterior y en los dem谩s en que haya de nombrarse un defensor judicial al demandado, el Ministerio Fiscal asumir谩 la representaci贸n y defensa de 茅ste hasta que se produzca el nombramiento de aqu茅l.
En todo caso, el proceso quedar谩 en suspenso mientras no conste la intervenci贸n del Ministerio Fiscal.
Art铆culo 9. Apreciaci贸n de oficio de la falta de capacidad
La falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal podr谩 ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso.
Ser谩n considerados partes leg铆timas quienes comparezcan y act煤en en juicio como titulares de la relaci贸n jur铆dica u objeto litigioso.
Se except煤an los casos en que por ley se atribuya legitimaci贸n a persona distinta del titular.
Art铆culo 11. Legitimaci贸n para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios
1. Sin perjuicio de la legitimaci贸n individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estar谩n legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociaci贸n, as铆 como los intereses generales de los consumidores y usuarios.
2. Cuando los perjudicados por un hecho da帽oso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes est茅n perfectamente determinados o sean f谩cilmente determinables, la legitimaci贸n para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protecci贸n de 茅stos, as铆 como a los propios grupos de afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho da帽oso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de dif铆cil determinaci贸n, la legitimaci贸n para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponder谩 exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.
4. Las entidades habilitadas a las que se refiere el art铆culo 6.1.8 estar谩n legitimadas para el ejercicio de la acci贸n de cesaci贸n para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
Los Jueces y Tribunales aceptar谩n dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acci贸n.
5. El Ministerio Fiscal estar谩 legitimado para ejercitar cualquier acci贸n en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.
Precepto modificado por Ley 3/2014, de 27 de marzo, con entrada en vigor a partir del 29-3-2014
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 11
路 A帽adido apartado 5 del art铆culo 11
Redacci贸n hasta el 29-3-2014
1. Sin perjuicio de la legitimaci贸n individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estar谩n legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociaci贸n, as铆 como los intereses generales de los consumidores y usuarios.
2. Cuando los perjudicados por un hecho da帽oso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes est茅n perfectamente determinados o sean f谩cilmente determinables, la legitimaci贸n para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protecci贸n de 茅stos, as铆 como a los propios grupos de afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho da帽oso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de dif铆cil determinaci贸n, la legitimaci贸n para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponder谩 exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.
4. Asimismo, el Ministerio Fiscal y las entidades habilitadas a las que se refiere el art铆culo 6.1.8.潞 estar谩n legitimadas para el ejercicio de la acci贸n de cesaci贸n para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
Precepto modificado por Ley 39/2002, de 28 de octubre, con entrada en vigor a partir del 18-11-2002
路 A帽adido apartado 4 del art铆culo 11
Redacci贸n hasta el 18-11-2002
1. Sin perjuicio de la legitimaci贸n individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estar谩n legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociaci贸n, as铆 como los intereses generales de los consumidores y usuarios.
2. Cuando los perjudicados por un hecho da帽oso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes est茅n perfectamente determinados o sean f谩cilmente determinables, la legitimaci贸n para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protecci贸n de 茅stos, as铆 como a los propios grupos de afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho da帽oso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de dif铆cil determinaci贸n, la legitimaci贸n para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponder谩 exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.
Art铆culo 11 bis. Legitimaci贸n para la defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres
1. Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, adem谩s de los afectados y siempre con su autorizaci贸n, estar谩n tambi茅n legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente.
2. Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminada o de dif铆cil determinaci贸n, la legitimaci贸n para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponder谩 exclusivamente a los organismos p煤blicos con competencia en la materia, a los sindicatos m谩s representativos y a las asociaciones de 谩mbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados estuvieran determinados, de su propia legitimaci贸n procesal.
3. La persona acosada ser谩 la 煤nica legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por raz贸n de sexo.
Precepto modificado por LO 3/2007, de 22 de marzo, con entrada en vigor a partir del 24-3-2007
路 A帽adido art铆culo 11 bis
CAP脥TULO II-De la pluralidad de partes
1. Podr谩n comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo t铆tulo o causa de pedir.
2. Cuando por raz贸n de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada s贸lo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habr谩n de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.
Art铆culo 13. Intervenci贸n de sujetos originariamente no demandantes ni demandados
1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podr谩 ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener inter茅s directo y leg铆timo en el resultado del pleito.
En particular, cualquier consumidor o usuario podr谩 intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aqu茅llos.
2. La solicitud de intervenci贸n no suspender谩 el curso del procedimiento. El tribunal resolver谩 por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo com煤n de diez d铆as.
3. Admitida la intervenci贸n, no se retrotraer谩n las actuaciones, pero el interviniente ser谩 considerado parte en el proceso a todos los efectos y podr谩 defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.
Tambi茅n se permitir谩n al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisi贸n en el proceso. De estas alegaciones el Secretario judicial dar谩 traslado, en todo caso, a las dem谩s partes, por plazo de cinco d铆as.
El interviniente podr谩, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su inter茅s, aunque las consienta su litisconsorte.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 13
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podr谩 ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener inter茅s directo y leg铆timo en el resultado del pleito.
En particular, cualquier consumidor o usuario podr谩 intervenir en los procesos instados por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aqu茅llos.
2. La solicitud de intervenci贸n no suspender谩 el curso del procedimiento. El tribunal resolver谩 por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo com煤n de diez d铆as.
3. Admitida la intervenci贸n, no se retrotraer谩n las actuaciones, pero el interviniente ser谩 considerado parte en el proceso a todos los efectos y podr谩 defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.
Tambi茅n se permitir谩n al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisi贸n en el proceso. De estas alegaciones se dar谩 traslado, en todo caso, a las dem谩s partes, por plazo de cinco d铆as.
El interviniente podr谩, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su inter茅s, aunque las consienta su litisconsorte.
1. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervenci贸n deber谩 realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, 茅ste dispondr谩 de las mismas facultades de actuaci贸n que la ley concede a las partes.
2. Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se proceder谩 conforme a las siguientes reglas:
1.陋 El demandado solicitar谩 del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deber谩 presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda.
2.陋 El secretario judicial ordenar谩 la interrupci贸n del plazo para contestar a la demanda con efectos desde el d铆a en que se present贸 la solicitud, y acordar谩 o铆r al demandante en el plazo de diez d铆as, resolviendo el tribunal mediante auto lo que proceda.
3.陋 El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda se reanudar谩 con la notificaci贸n al demandado de la desestimaci贸n de su petici贸n o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestaci贸n presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este 煤ltimo para contestar a la demanda.
4.陋 Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aqu茅l, se proceder谩 conforme a lo dispuesto en el art铆culo 18.
5.陋 Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podr谩n imponer a quien solicit贸 su intervenci贸n con arreglo a los criterios generales del art铆culo 394.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 14
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervenci贸n deber谩 realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, 茅ste dispondr谩 de las mismas facultades de actuaci贸n que la ley concede a las partes.
2. Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se proceder谩 conforme a las siguientes reglas:
1.陋 El demandado solicitar谩 del Tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deber谩 presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de juicio verbal, al menos cinco d铆as antes de la vista.
2.陋 El Secretario judicial ordenar谩 la interrupci贸n del plazo para contestar a la demanda o la suspensi贸n del acto de juicio caso de que fuera verbal y acordar谩 o铆r al demandante en el plazo de diez d铆as, resolviendo el Tribunal mediante auto lo que proceda.
3.陋 El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda se reanudar谩 con la notificaci贸n al demandado de la desestimaci贸n de su petici贸n o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestaci贸n presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este 煤ltimo para contestar a la demanda. Si se tratase de un juicio verbal y el Tribunal hubiera estimado la solicitud, el Secretario judicial har谩 nuevo se帽alamiento para la vista, citando a las partes y al tercero llamado al proceso.
4.陋 Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aqu茅l, se proceder谩 conforme a lo dispuesto en el art铆culo 18.
5.陋 Caso de que en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podr谩n imponer a quien solicit贸 su intervenci贸n con arreglo a los criterios generales del art铆culo 394 de esta ley.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 14
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervenci贸n deber谩 realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, 茅ste dispondr谩 de las mismas facultades de actuaci贸n que la ley concede a las partes.
2. Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se proceder谩 conforme a las siguientes reglas:
1陋. El demandado solicitar谩 del tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deber谩 presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de juicio verbal, antes del d铆a se帽alado para la vista.
2陋. El tribunal oir谩 al demandante en el plazo de diez d铆as y resolver谩 mediante auto lo que proceda. Acordada la notificaci贸n, se emplazar谩 al tercero para contestar a la demanda en la misma forma y en id茅nticos t茅rminos a los establecidos para el emplazamiento del demandado. Si se tratase de un juicio verbal, el tribunal por medio de providencia har谩 nuevo se帽alamiento para la vista, citando a las partes y al tercero llamado al proceso.
3陋. El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda quedar谩 en suspenso desde la solicitud a que se refiere la regla 1陋 y se reanudar谩 con la notificaci贸n al demandado de la desestimaci贸n de su petici贸n o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestaci贸n presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este 煤ltimo para contestar a la demanda.
4陋. Si comparecido el tercero, el demandado considerare que su lugar en el proceso debe ser ocupado por aqu茅l, se proceder谩 conforme a lo dispuesto en el art铆culo 18.
Art铆culo 15. Publicidad e intervenci贸n en procesos para la protecci贸n de derechos e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios
1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protecci贸n de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamar谩 al proceso a quienes tengan la condici贸n de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o inter茅s individual. Este llamamiento se har谩 por el Secretario judicial publicando la admisi贸n de la demanda en medios de comunicaci贸n con difusi贸n en el 谩mbito territorial en el que se haya manifestado la lesi贸n de aquellos derechos o intereses.
El Ministerio Fiscal ser谩 parte en estos procesos cuando el inter茅s social lo justifique. El tribunal que conozca de alguno de estos procesos comunicar谩 su iniciaci贸n al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad de su personaci贸n.
2. Cuando se trate de un proceso en el que est茅n determinados o sean f谩cilmente determinables los perjudicados por el hecho da帽oso, el demandante o demandantes deber谩n haber comunicado previamente su prop贸sito de presentaci贸n de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podr谩 intervenir en el proceso en cualquier momento, pero s贸lo podr谩 realizar los actos procesales que no hubieran precluido.
3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho da帽oso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de dif铆cil determinaci贸n, el llamamiento suspender谩 el curso del proceso por un plazo que no exceder谩 de dos meses y que el Secretario judicial determinar谩 en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinaci贸n y localizaci贸n de los perjudicados. El proceso se reanudar谩 con la intervenci贸n de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admiti茅ndose la personaci贸n individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que 茅stos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los art铆culos 221 y 519 de esta ley.
4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acci贸n de cesaci贸n para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1, 2 y 3 del art铆culo 15
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protecci贸n de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamar谩 al proceso a quienes tengan la condici贸n de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o inter茅s individual. Este llamamiento se har谩 publicando la admisi贸n de la demanda en medios de comunicaci贸n con difusi贸n en el 谩mbito territor铆al en el que se haya manifestado la lesi贸n de aquellos derechos o intereses.
El Ministerio Fiscal ser谩 parte en estos procesos cuando el inter茅s social lo justifique. El tribunal que conozca de alguno de estos procesos comunicar谩 su iniciaci贸n al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad de su personaci贸n.
2. Cuando se trate de un proceso en el que est茅n determinados o sean f谩cilmente determinables los perjudicados por el hecho da帽oso, el demandante o demandantes deber谩n haber comunicado previamente la presentaci贸n de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podr谩 intervenir en el proceso en cualquier momento, pero s贸lo podr谩 realizar los actos procesales que no hubieran preclu铆do.
3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho da帽oso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de dif铆cil determinaci贸n, el llamamiento suspender谩 el curso del proceso por un plazo que no exceder谩 de dos meses y que se determinar谩 en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinaci贸n y localizaci贸n de los perjudicados. El proceso se reanudar谩 con la intervenci贸n de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admiti茅ndose la personaci贸n individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que 茅stos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los art铆culos 221 y 519 de esta Ley.
4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acci贸n de cesaci贸n para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
Precepto modificado por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 1-1-2010
路 A帽adido 煤ltimo p谩rrafo del apartado 1 del art铆culo 15
Redacci贸n hasta el 1-1-2010
1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protecci贸n de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamar谩 al proceso a quienes tengan la condici贸n de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o inter茅s individual. Este llamamiento se har谩 publicando la admisi贸n de la demanda en medios de comunicaci贸n con difusi贸n en el 谩mbito territor铆al en el que se haya manifestado la lesi贸n de aquellos derechos o intereses.
2. Cuando se trate de un proceso en el que est茅n determinados o sean f谩cilmente determinables los perjudicados por el hecho da帽oso, el demandante o demandantes deber谩n haber comunicado previamente la presentaci贸n de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podr谩 intervenir en el proceso en cualquier momento, pero s贸lo podr谩 realizar los actos procesales que no hubieran preclu铆do.
3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho da帽oso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de dif铆cil determinaci贸n, el llamamiento suspender谩 el curso del proceso por un plazo que no exceder谩 de dos meses y que se determinar谩 en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinaci贸n y localizaci贸n de los perjudicados. El proceso se reanudar谩 con la intervenci贸n de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admiti茅ndose la personaci贸n individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que 茅stos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los art铆culos 221 y 519 de esta Ley.
4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acci贸n de cesaci贸n para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
Precepto modificado por Ley 39/2002, de 28 de octubre, con entrada en vigor a partir del 18-11-2002
路 A帽adido apartado 4 del art铆culo 15
Redacci贸n hasta el 18-11-2002
1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protecci贸n de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamar谩 al proceso a quienes tengan la condici贸n de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o inter茅s individual. Este llamamiento se har谩 publicando la admisi贸n de la demanda en medios de comunicaci贸n con difusi贸n en el 谩mbito territorial en el que se haya manifestado la lesi贸n de aquellos derechos o intereses.
2. Cuando se trate de un proceso en el que est茅n determinados o sean f谩cilmente determinables los perjudicados por el hecho da帽oso, el demandante o demandantes deber谩n haber comunicado previamente la presentaci贸n de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podr谩 intervenir en el proceso en cualquier momento, pero s贸lo podr谩 realizar los actos procesales que no hubieran precluido.
3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho da帽oso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de dif铆cil determinaci贸n, el llamamiento suspender谩 el curso del proceso por un plazo que no exceder谩 de dos meses y que se determinar谩 en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinaci贸n y localizaci贸n de los perjudicados. El proceso se reanudar谩 con la intervenci贸n de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admiti茅ndose la personaci贸n individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que 茅stos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los art铆culos 221 y 519 de esta Ley.
Art铆culo 15 bis. Intervenci贸n en procesos de defensa de la competencia y de protecci贸n de datos
1. La Comisi贸n Europea, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia y los 贸rganos competentes de las comunidades aut贸nomas en el 谩mbito de sus competencias podr谩n intervenir en los procesos de defensa de la competencia y de protecci贸n de datos, sin tener la condici贸n de parte, por propia iniciativa o a instancia del 贸rgano judicial, mediante la aportaci贸n de informaci贸n o presentaci贸n de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicaci贸n de los art铆culos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea o los art铆culos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Con la venia del correspondiente 贸rgano judicial, podr谩n presentar tambi茅n observaciones verbales. A estos efectos, podr谩n solicitar al 贸rgano jurisdiccional competente que les remita o haga remitir todos los documentos necesarios para realizar una valoraci贸n del asunto de que se trate.
La aportaci贸n de informaci贸n no alcanzar谩 a los datos o documentos obtenidos en el 谩mbito de las circunstancias de aplicaci贸n de la exenci贸n o reducci贸n del importe de las multas previstas en los art铆culos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
2. La Comisi贸n Europea, la Comisi贸n Nacional de los Mercados y la Competencia y los 贸rganos competentes de las comunidades aut贸nomas aportar谩n la informaci贸n o presentar谩n las observaciones previstas en el n煤mero anterior diez d铆as antes de la celebraci贸n del acto del juicio a que se refiere el art铆culo 433 o dentro del plazo de oposici贸n o impugnaci贸n del recurso interpuesto.
3. Lo dispuesto en los anteriores apartados en materia de procedimiento ser谩 asimismo de aplicaci贸n cuando la Comisi贸n Europea, la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos y las autoridades auton贸micas de protecci贸n de datos, en el 谩mbito de sus competencias, consideren precisa su intervenci贸n en un proceso que afecte a cuestiones relativas a la aplicaci贸n del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Precepto modificado por LO 3/2018, de 5 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 7-12-2018
路 Modificado art铆culo 15 bis
Redacci贸n hasta el 7-12-2018
Art铆culo 15 bis. Intervenci贸n en procesos de defensa de la competencia
1. La Comisi贸n Europea, la Comisi贸n Nacional de la Competencia y los 贸rganos competentes de las Comunidades Aut贸nomas en el 谩mbito de sus competencias podr谩n intervenir, sin tener la condici贸n de parte, por propia iniciativa o a instancia del 贸rgano judicial, mediante la aportaci贸n de informaci贸n o presentaci贸n de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicaci贸n de los art铆culos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los art铆culos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. Con la venia del correspondiente 贸rgano judicial, podr谩n presentar tambi茅n observaciones verbales. A estos efectos, podr谩n solicitar al 贸rgano jurisdiccional competente que les remita o haga remitir todos los documentos necesarios para realizar una valoraci贸n del asunto de que se trate.
La aportaci贸n de informaci贸n no alcanzar谩 a los datos o documentos obtenidos en el 谩mbito de las circunstancias de aplicaci贸n de la exenci贸n o reducci贸n del importe de las multas previstas en los art铆culos 65 y 66 de la Ley de Defensa de la Competencia.
2. La Comisi贸n Europea, la Comisi贸n Nacional de la Competencia y los 贸rganos competentes de las Comunidades Aut贸nomas aportar谩n la informaci贸n o presentar谩n las observaciones previstas en el n煤mero anterior diez d铆as antes de la celebraci贸n del acto del juicio a que se refiere el art铆culo 433 de esta Ley o dentro del plazo de oposici贸n o impugnaci贸n del recurso interpuesto.
Precepto modificado por Ley 15/2007, de 3 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-9-2007
路 A帽adido art铆culo 15 bis
CAP脥TULO III-De la sucesi贸n procesal
1. Cuando se transmita mortis causa lo que sea objeto del juicio, la persona o personas que sucedan al causante podr谩n continuar ocupando en dicho juicio la misma posici贸n que 茅ste, a todos los efectos.
Comunicada la defunci贸n de cualquier litigante por quien deba sucederle, el Secretario judicial acordar谩 la suspensi贸n del proceso y dar谩 traslado a las dem谩s partes. Acreditados la defunci贸n y el t铆tulo sucesorio y cumplidos los tr谩mites pertinentes, el Secretario judicial tendr谩, en su caso, por personado al sucesor en nombre del litigante difunto, teni茅ndolo el Tribunal en cuenta en la sentencia que dicte.
2. Cuando la defunci贸n de un litigante conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los cinco d铆as siguientes, el Secretario judicial por medio de diligencia de ordenaci贸n permitir谩 a las dem谩s partes pedir, con identificaci贸n de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplaz谩ndoles para comparecer en el plazo de diez d铆as.
En la misma resoluci贸n del Secretario judicial por la que se acuerde la notificaci贸n, se acordar谩 la suspensi贸n del proceso hasta que comparezcan los sucesores o finalice el plazo para la comparecencia.
3. Cuando el litigante fallecido sea el demandado y las dem谩s partes no conocieren a los sucesores o 茅stos no pudieran ser localizados o no quisieran comparecer, el proceso seguir谩 adelante, declar谩ndose por el Secretario judicial la rebeld铆a de la parte demandada.
Si el litigante fallecido fuese el demandante y sus sucesores no se personasen por cualquiera de las dos primeras circunstancias expresadas en el p谩rrafo anterior, se dictar谩 por el Secretario judicial decreto en el que teniendo por desistido al demandante, se ordene el archivo de las actuaciones, salvo que el demandado se opusiere, en cuyo caso se aplicar谩 lo dispuesto en el apartado tercero del art铆culo 20. Si la no personaci贸n de los sucesores se debiese a que no quisieran comparecer, se entender谩 que la parte demandante renuncia a la acci贸n ejercitada.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 16
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando se transmita "mortis causa" lo que sea objeto del juicio, la persona o personas que sucedan al causante podr谩n continuar ocupando en dicho juicio la misma posici贸n que 茅ste, a todos los efectos.
Comunicada la defunci贸n de cualquier litigante por quien deba sucederle, el tribunal suspender谩 el proceso y, previo traslado a las dem谩s partes, acreditados la defunci贸n y el t铆tulo sucesorio y cumplidos los tr谩mites pertinentes, tendr谩, en su caso, por personado al sucesor en nombre del litigante difunto, teni茅ndolo en cuenta en la sentencia que se dicte.
2. Cuando la defunci贸n de un litigante conste al tribunal y no se personare el sucesor en el plazo de los cinco d铆as siguientes, se permitir谩 a las dem谩s partes pedir, con identificaci贸n de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplaz谩ndoles para comparecer en el plazo de diez d铆as.
Acordada la notificaci贸n, se suspender谩 el proceso hasta que comparezcan los sucesores o finalice el plazo para la comparecencia.
3. Cuando el litigante fallecido sea el demandado y las dem谩s partes no conocieren a los sucesores o 茅stos no pudieran ser localizados o no quisieran comparecer, el proceso seguir谩 adelante declar谩ndose la rebeld铆a de la parte demandada.
Si el litigante fallecido fuese el demandante y sus sucesores no se personasen por cualquiera de las dos primeras circunstancias expresadas en el p谩rrafo anterior, se entender谩 que ha habido desistimiento, salvo que el demandado se opusiere, en cuyo caso se aplicar谩 lo dispuesto en el apartado tercero del art铆culo 20. Si la no personaci贸n de los sucesores se debiese a que no quisieran comparecer, se entender谩 que la parte demandante renuncia a la acci贸n ejercitada.
Art铆culo 17. Sucesi贸n por transmisi贸n del objeto litigioso
1. Cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente podr谩 solicitar, acreditando la transmisi贸n, que se le tenga como parte en la posici贸n que ocupaba el transmitente. El Secretario judicial dictar谩 diligencia de ordenaci贸n por la que acordar谩 la suspensi贸n de las actuaciones y otorgar谩 un plazo de diez d铆as a la otra parte para que alegue lo que a su derecho convenga.
Si 茅sta no se opusiere dentro de dicho plazo, el Secretario judicial, mediante decreto, alzar谩 la suspensi贸n y dispondr谩 que el adquiriente ocupe en el juicio la posici贸n que el transmitente tuviese en 茅l.
2. Si dentro del plazo concedido en el apartado anterior la otra parte manifestase su oposici贸n a la entrada en el juicio del adquirente, el tribunal resolver谩 por medio de auto lo que estime procedente.
No se acceder谩 a la pretensi贸n cuando dicha parte acredite que le competen derechos o defensas que, en relaci贸n con lo que sea objeto del juicio, solamente puede hacer valer contra la parte transmitente, o un derecho a reconvenir, o que pende una reconvenci贸n, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa.
Cuando no se acceda a la pretensi贸n del adquirente, el transmitente continuar谩 en el juicio, quedando a salvo las relaciones jur铆dicas privadas que existan entre ambos.
3. La sucesi贸n procesal derivada de la enajenaci贸n de bienes y derechos litigiosos en procedimientos de concurso se regir谩 por lo establecido en la Ley Concursal. En estos casos, la otra parte podr谩 oponer eficazmente al adquirente cuantos derechos y excepciones le correspondieran frente al concursado.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 17
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente podr谩 solicitar, acreditando la transmisi贸n, que se le tenga como parte en la posici贸n que ocupaba el transmitente. El tribunal proveer谩 a esta petici贸n ordenando la suspensi贸n de las actuaciones y oir谩 por diez d铆as a la otra parte.
Si 茅sta no se opusiere dentro de dicho plazo, el tribunal, mediante auto, alzar谩 la suspensi贸n y dispondr谩 que el adquirente ocupe en el juicio la posici贸n que el transmitente tuviese en 茅l.
2. Si dentro del plazo concedido en el apartado anterior la otra parte manifestase su oposici贸n a la entrada en el juicio del adquirente, el tribunal resolver谩 por medio de auto lo que estime procedente.
No se acceder谩 a la pretensi贸n cuando dicha parte acredite que le competen derechos o defensas que, en relaci贸n con lo que sea objeto del juicio, solamente puede hacer valer contra la parte transmitente, o un derecho a reconvenir, o que pende una reconvenci贸n, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa.
Cuando no se acceda a la pretensi贸n del adquirente, el transmitente continuar谩 en el juicio, quedando a salvo las relaciones jur铆dicas privadas que existan entre ambos.
3. La sucesi贸n procesal derivada de la enajenaci贸n de bienes y derechos litigiosos en procedimientos de concurso se regir谩 por lo establecido en la Ley Concursal. En estos casos, la otra parte podr谩 oponer eficazmente al adquirente cuantos derechos y excepciones le correspondieran frente al concursado.
Precepto modificado por Ley 22/2003, de 9 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-9-2004
路 A帽adido apartado 3 del art铆culo 17
Redacci贸n hasta el 1-9-2004
1. Cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente podr谩 solicitar, acreditando la transmisi贸n, que se le tenga como parte en la posici贸n que ocupaba el transmitente. El tribunal proveer谩 a esta petici贸n ordenando la suspensi贸n de las actuaciones y oir谩 por diez d铆as a la otra parte.
Si 茅sta no se opusiere dentro de dicho plazo, el tribunal, mediante auto, alzar谩 la suspensi贸n y dispondr谩 que el adquirente ocupe en el juicio la posici贸n que el transmitente tuviese en 茅l.
2. Si dentro del plazo concedido en el apartado anterior la otra parte manifestase su oposici贸n a la entrada en el juicio del adquirente, el tribunal resolver谩 por medio de auto lo que estime procedente.
No se acceder谩 a la pretensi贸n cuando dicha parte acredite que le competen derechos o defensas que, en relaci贸n con lo que sea objeto del juicio, solamente puede hacer valer contra la parte transmitente, o un derecho a reconvenir, o que pende una reconvenci贸n, o si el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa.
Cuando no se acceda a la pretensi贸n del adquirente, el transmitente continuar谩 en el juicio, quedando a salvo las relaciones jur铆dicas privadas que existan entre ambos.
Art铆culo 18. Sucesi贸n en los casos de intervenci贸n provocada
En el caso a que se refiere la regla 4.陋 del apartado 2 del art铆culo 14, de la solicitud presentada por el demandado se dar谩 traslado por el Secretario judicial a las dem谩s partes para que aleguen lo que a su derecho convenga, por plazo de cinco d铆as, decidiendo a continuaci贸n el Tribunal por medio de auto, lo que resulte procedente en orden a la conveniencia o no de la sucesi贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 18
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
En el caso a que se refiere la regla 4陋 del apartado 2 del art铆culo 14, de la solicitud presentada por el demandado se dar谩 traslado a las dem谩s partes para que aleguen lo que a su derecho convenga, por plazo de cinco d铆as, decidiendo a continuaci贸n el tribunal, por medio de auto, lo que resulte procedente en orden a la conveniencia o no de la sucesi贸n.
CAP脥TULO IV-Del poder de disposici贸n de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones
Art铆culo 19. Derecho de disposici贸n de los litigantes. Transacci贸n y suspensi贸n
1. Los litigantes est谩n facultados para disponer del objeto del juicio y podr谩n renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediaci贸n o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo proh铆ba o establezca limitaciones por razones de inter茅s general o en beneficio de tercero.
2. Si las partes pretendieran una transacci贸n judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, ser谩 homologado por el tribunal que est茅 conociendo del litigio al que se pretenda poner fin.
3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podr谩n realizarse, seg煤n su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecuci贸n de sentencia.
4. Asimismo, las partes podr谩n solicitar la suspensi贸n del proceso, que ser谩 acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al inter茅s general o a tercero y que el plazo de la suspensi贸n no supere los sesenta d铆as.
Precepto modificado por Ley 5/2012, de 6 de julio, con entrada en vigor a partir del 27-7-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 19
Redacci贸n hasta el 27-7-2012
1. Los litigantes est谩n facultados para disponer del objeto del juicio y podr谩n renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediaci贸n o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo proh铆ba o establezca limitaciones por razones de inter茅s general o en beneficio de tercero.
2. Si las partes pretendieran una transacci贸n judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, ser谩 homologado por el tribunal que est茅 conociendo del litigio al que se pretenda poner fin.
3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podr谩n realizarse, seg煤n su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecuci贸n de sentencia.
4. Asimismo, las partes podr谩n solicitar la suspensi贸n del proceso, que ser谩 acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al inter茅s general o a tercero y que el plazo de la suspensi贸n no supere los sesenta d铆as.
Precepto modificado por RD-Ley 5/2012, de 5 de marzo, con entrada en vigor a partir del 7-3-2012
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 19
Redacci贸n hasta el 7-3-2012
1. Los litigantes est谩n facultados para disponer del objeto del juicio y podr谩n renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo proh铆ba o establezca limitaciones por razones de inter茅s general o en beneficio de tercero.
2. Si las partes pretendieran una transacci贸n judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, ser谩 homologado por el tribunal que est茅 conociendo del litigio al que se pretenda poner fin.
3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podr谩n realizarse, seg煤n su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecuci贸n de sentencia.
4. Asimismo, las partes podr谩n solicitar la suspensi贸n del proceso, que ser谩 acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al inter茅s general o a tercero y que el plazo de la suspensi贸n no supere los sesenta d铆as.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 19
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Los litigantes est谩n facultados para disponer del objeto del juicio y podr谩n renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo proh铆ba o establezca limitaciones por razones de inter茅s general o en beneficio de tercero.
2. Si las partes pretendieran una transacci贸n judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, ser谩 homologado por el tribunal que est茅 conociendo del litigio al que se pretenda poner fin.
3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podr谩n realizarse, seg煤n su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecuci贸n de sentencia.
4. Asimismo, las partes podr谩n solicitar la suspensi贸n del proceso, que ser谩 acordada, mediante auto, por el tribunal, siempre que no perjudique al inter茅s general o a tercero y que el plazo de la suspensi贸n no supere los sesenta d铆as.
1. Cuando el actor manifieste su renuncia a la acci贸n ejercitada o al derecho en que funde su pretensi贸n, el tribunal dictar谩 sentencia absolviendo al demandado, salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible. En este caso, se dictar谩 auto mandando seguir el proceso adelante.
2. El demandante podr谩 desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. Tambi茅n podr谩 desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeld铆a.
3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dar谩 traslado por plazo de diez d铆as.
Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a 茅l dentro del plazo expresado en el p谩rrafo anterior, por el Secretario judicial se dictar谩 decreto acordando el sobreseimiento y el actor podr谩 promover nuevo juicio sobre el mismo objeto.
Si el demandado se opusiera al desistimiento, el Juez resolver谩 lo que estime oportuno.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 20
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando el actor manifieste su renuncia a la acci贸n ejercitada o al derecho en que funde su pretensi贸n, el tribunal dictar谩 sentencia absolviendo al demandado, salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible. En este caso, se dictar谩 auto mandando seguir el proceso adelante.
2. El demandante podr谩 desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. Tambi茅n podr谩 desistir unilateralmente, en cualquier momento, cuando el demandado se encontrare en rebeld铆a.
3. Emplazado el demandado, del escrito de desistimiento se le dar谩 traslado por plazo de diez d铆as.
Si el demandado prestare su conformidad al desistimiento o no se opusiere a 茅l dentro del plazo expresado en el p谩rrafo anterior, el tribunal dictar谩 auto de sobreseimiento y el actor podr谩 promover nuevo juicio sobre el mismo objeto.
Si el demandado se opusiera al desistimiento, el juez resolver谩 lo que estime oportuno.
1. Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictar谩 sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por 茅ste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el inter茅s general o perjuicio de tercero, se dictar谩 auto rechaz谩ndolo y seguir谩 el proceso adelante.
2. Cuando se trate de un allanamiento parcial el tribunal, a instancia del demandante, podr谩 dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello ser谩 necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuar谩 el proceso. Este auto ser谩 ejecutable conforme a lo establecido en los art铆culos 517 y siguientes de esta Ley.
3. Si el allanamiento resultase del compromiso con efectos de transacci贸n previsto en el apartado 3 del art铆culo 437 para los juicios de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiraci贸n legal o contractual del plazo, la resoluci贸n que homologue la transacci贸n declarar谩 que, de no cumplirse con el plazo del desalojo establecido en la transacci贸n, 茅sta quedar谩 sin efecto, y que se llevar谩 a cabo el lanzamiento sin m谩s tr谩mite y sin notificaci贸n alguna al condenado, en el d铆a y hora fijadas en la citaci贸n si 茅sta es de fecha posterior, o en el d铆a y hora que se se帽ale en dicha resoluci贸n.
Precepto modificado por Ley 19/2009, de 23 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 24-12-2009
路 A帽adido apartado 3 del art铆culo 21
Redacci贸n hasta el 24-12-2009
1. Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictar谩 sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por 茅ste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el inter茅s general o perjuicio de tercero, se dictar谩 auto rechaz谩ndolo y seguir谩 el proceso adelante.
2. Cuando se trate de un allanamiento parcial el tribunal, a instancia del demandante, podr谩 dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello ser谩 necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuar谩 el proceso. Este auto ser谩 ejecutable conforme a lo establecido en los art铆culos 517 y siguientes de esta Ley.
Art铆culo 22. Terminaci贸n del proceso por satisfacci贸n extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. Caso especial de enervaci贸n del desahucio
1. Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvenci贸n, dejare de haber inter茅s leg铆timo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondr谩 de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretar谩 por el Secretario judicial la terminaci贸n del proceso, sin que proceda condena en costas.
2. Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de inter茅s leg铆timo, negando motivadamente que se haya dado satisfacci贸n extraprocesal a sus pretensiones o con otros argumentos, el Secretario judicial convocar谩 a las partes, en el plazo de diez d铆as, a una comparecencia ante el Tribunal que versar谩 sobre ese 煤nico objeto.
Terminada la comparecencia, el tribunal decidir谩 mediante auto, dentro de los diez d铆as siguientes, si procede, o no, continuar el juicio, imponi茅ndose las costas de estas actuaciones a quien viere rechazada su pretensi贸n.
3. Contra el auto que ordene la continuaci贸n del juicio no cabr谩 recurso alguno. Contra el que acuerde su terminaci贸n, cabr谩 recurso de apelaci贸n.
4. Los procesos de desahucio de finca urbana o r煤stica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminar谩n mediante decreto dictado al efecto por el secretario judicial si, requerido aqu茅l en los t茅rminos previstos en el apartado 3 del art铆culo 440, paga al actor o pone a su disposici贸n en el Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervaci贸n por no cumplirse los anteriores requisitos, se citar谩 a las partes a la vista prevenida en el art铆culo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictar谩 sentencia por la que declarar谩 enervada la acci贸n o, en otro caso, estimar谩 la demanda habiendo lugar al desahucio.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior no ser谩 de aplicaci贸n cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasi贸n anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta d铆as de antelaci贸n a la presentaci贸n de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentaci贸n.
5. La resoluci贸n que declare enervada la acci贸n de desahucio condenar谩 al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.
Precepto modificado por Ley 4/2013, de 4 de junio, con entrada en vigor a partir del 6-6-2013
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 22
Redacci贸n hasta el 6-6-2013
1. Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvenci贸n, dejare de haber inter茅s leg铆timo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondr谩 de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretar谩 por el Secretario judicial la terminaci贸n del proceso, sin que proceda condena en costas.
2. Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de inter茅s leg铆timo, negando motivadamente que se haya dado satisfacci贸n extraprocesal a sus pretensiones o con otros argumentos, el Secretario judicial convocar谩 a las partes, en el plazo de diez d铆as, a una comparecencia ante el Tribunal que versar谩 sobre ese 煤nico objeto.
Terminada la comparecencia, el tribunal decidir谩 mediante auto, dentro de los diez d铆as siguientes, si procede, o no, continuar el juicio, imponi茅ndose las costas de estas actuaciones a quien viere rechazada su pretensi贸n.
3. Contra el auto que ordene la continuaci贸n del juicio no cabr谩 recurso alguno. Contra el que acuerde su terminaci贸n, cabr谩 recurso de apelaci贸n.
4. Los procesos de desahucio de finca urbana o r煤stica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminar谩n mediante decreto dictado al efecto por el Secretario Judicial si, requerido aqu茅l previamente a la celebraci贸n de la vista en los t茅rminos previstos en el art铆culo 440.3 de esta Ley, paga al actor o pone a su disposici贸n en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda, y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervaci贸n por no cumplirse los anteriores requisitos, se citar谩 a las partes a la vista prevenida en el art铆culo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictar谩 sentencia por la que declarar谩 enervada la acci贸n o, en otro caso, estimar谩 la demanda habiendo lugar al desahucio.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior no ser谩 de aplicaci贸n cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasi贸n anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, un mes de antelaci贸n a la presentaci贸n de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentaci贸n.
5. La resoluci贸n que declare enervada la acci贸n de desahucio condenar谩 al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 22
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvenci贸n, dejare de haber inter茅s leg铆timo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondr谩 de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretar谩 por el Secretario judicial la terminaci贸n del proceso, sin que proceda condena en costas.
2. Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de inter茅s leg铆timo, negando motivadamente que se haya dado satisfacci贸n extraprocesal a sus pretensiones o con otros argumentos, el Secretario judicial convocar谩 a las partes, en el plazo de diez d铆as, a una comparecencia ante el Tribunal que versar谩 sobre ese 煤nico objeto.
Terminada la comparecencia, el tribunal decidir谩 mediante auto, dentro de los diez d铆as siguientes, si procede, o no, continuar el juicio, imponi茅ndose las costas de estas actuaciones a quien viere rechazada su pretensi贸n.
3. Contra el auto que ordene la continuaci贸n del juicio no cabr谩 recurso alguno. Contra el que acuerde su terminaci贸n, cabr谩 recurso de apelaci贸n.
4. Los procesos de desahucio de finca urbana o r煤stica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminar谩n mediante decreto dictado al efecto por el Secretario judicial si, antes de la celebraci贸n de la vista, el arrendatario paga al actor o pone a su disposici贸n en el Tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervaci贸n por no cumplirse los anteriores requisitos, se citar谩 a las partes a la vista prevenida en el art铆culo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictar谩 sentencia por la que declarar谩 enervada la acci贸n o, en otro caso, estimar谩 la demanda habiendo lugar al desahucio.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior no ser谩 de aplicaci贸n cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasi贸n anterior, excepto que el cobro no hubiese tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, un mes de antelaci贸n a la presentaci贸n de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentaci贸n.
5. La resoluci贸n que declare enervada la acci贸n de desahucio condenar谩 al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 22
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 2 del art铆culo 22
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 4 del art铆culo 22
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvenci贸n, dejare de haber inter茅s leg铆timo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondr谩 de manifiesto esta circunstancia al tribunal y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretar谩, mediante auto, la terminaci贸n del proceso.
El auto de terminaci贸n del proceso tendr谩 los mismos efectos que una sentencia absolutoria firme, sin que proceda condena en costas.
2. Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de inter茅s leg铆timo, negando motivadamente que se haya dado satisfacci贸n extraprocesal a sus pretensiones o con otros argumentos, el tribunal convocar谩 a las partes a una comparecencia sobre ese 煤nico objeto, en el plazo de diez d铆as.
Terminada la comparecencia, el tribunal decidir谩 mediante auto, dentro de los diez d铆as siguientes, si procede, o no, continuar el juicio, imponi茅ndose las costas de estas actuaciones a quien viere rechazada su pretensi贸n.
3. Contra el auto que ordene la continuaci贸n del juicio no cabr谩 recurso alguno. Contra el que acuerde su terminaci贸n, cabr谩 recurso de apelaci贸n.
4. Los procesos de desahucio de finca urbana o r煤stica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminar谩n mediante decreto dictado al efecto por el Secretario judicial si, antes de la celebraci贸n de la vista, el arrendatario paga al actor o pone a su disposici贸n en el Tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervaci贸n por no cumplirse los anteriores requisitos, se citar谩 a las partes a la vista prevenida en el art铆culo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictar谩 sentencia por la que declarar谩 enervada la acci贸n o, en otro caso, estimar谩 la demanda habiendo lugar al desahucio.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior no ser谩 de aplicaci贸n cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasi贸n anterior, excepto que el cobro no hubiese tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, un mes de antelaci贸n a la presentaci贸n de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentaci贸n.
5. La resoluci贸n que declare enervada la acci贸n de desahucio condenar谩 al arrendatario al pago de las costas devengadas, salvo que las rentas y cantidades debidas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.
Precepto modificado por Ley 19/2009, de 23 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 24-12-2009
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 22
路 A帽adido apartado 5 del art铆culo 22
Redacci贸n hasta el 24-12-2009
1. Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvenci贸n, dejare de haber inter茅s leg铆timo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondr谩 de manifiesto esta circunstancia al tribunal y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretar谩, mediante auto, la terminaci贸n del proceso.
El auto de terminaci贸n del proceso tendr谩 los mismos efectos que una sentencia absolutoria firme, sin que proceda condena en costas.
2. Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de inter茅s leg铆timo, negando motivadamente que se haya dado satisfacci贸n extraprocesal a sus pretensiones o con otros argumentos, el tribunal convocar谩 a las partes a una comparecencia sobre ese 煤nico objeto, en el plazo de diez d铆as.
Terminada la comparecencia, el tribunal decidir谩 mediante auto, dentro de los diez d铆as siguientes, si procede, o no, continuar el juicio, imponi茅ndose las costas de estas actuaciones a quien viere rechazada su pretensi贸n.
3. Contra el auto que ordene la continuaci贸n del juicio no cabr谩 recurso alguno. Contra el que acuerde su terminaci贸n, cabr谩 recurso de apelaci贸n.
4. Los procesos de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminar谩n si, antes de la celebraci贸n de la vista, el arrendatario paga al actor o pone a su disposici贸n en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior no ser谩 de aplicaci贸n cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en un ocasi贸n anterior, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario, por cualquier medio fehaciente, con , al menos, dos meses de antelaci贸n a la presentaci贸n de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentaci贸n.
Precepto modificado por Ley 23/2003, de 10 de julio, con entrada en vigor a partir del 11-9-2003
路 Modificado p谩rrafo 2.潞 del apartado 4 del art铆culo 22
Redacci贸n hasta el 11-9-2003
1. Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvenci贸n, dejare de haber inter茅s leg铆timo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondr谩 de manifiesto esta circunstancia al tribunal y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretar谩, mediante auto, la terminaci贸n del proceso.
El auto de terminaci贸n del proceso tendr谩 los mismos efectos que una sentencia absolutoria firme, sin que proceda condena en costas.
2. Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de inter茅s leg铆timo, negando motivadamente que se haya dado satisfacci贸n extraprocesal a sus pretensiones o con otros argumentos, el tribunal convocar谩 a las partes a una comparecencia sobre ese 煤nico objeto, en el plazo de diez d铆as.
Terminada la comparecencia, el tribunal decidir谩 mediante auto, dentro de los diez d铆as siguientes, si procede, o no, continuar el juicio, imponi茅ndose las costas de estas actuaciones a quien viere rechazada su pretensi贸n.
3. Contra el auto que ordene la continuaci贸n del juicio no cabr谩 recurso alguno. Contra el que acuerde su terminaci贸n, cabr谩 recurso de apelaci贸n.
4. Los procesos de desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminar谩n si, antes de la celebraci贸n de la vista, el arrendatario paga al actor o pone a su disposici贸n en el tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior no ser谩 de aplicaci贸n cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasi贸n anterior, ni cuando el arrendador hubiera requerido de pago al arrendatario, por cualquier medio fehaciente, con al menos cuatro meses de antelaci贸n a la presentaci贸n de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentaci贸n.
CAP脥TULO V-De la representaci贸n procesal y la defensa t茅cnica
1. La comparecencia en juicio ser谩 por medio de procurador, que habr谩 de ser Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho u otro t铆tulo universitario de Grado equivalente, habilitado para ejercer su profesi贸n en el tribunal que conozca del juicio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr谩n los litigantes comparecer por s铆 mismos:
1.潞 En los juicios verbales cuya determinaci贸n se haya efectuado por raz贸n de la cuant铆a y 茅sta no exceda de 2.000 euros, y para la petici贸n inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
2.潞 En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentaci贸n de t铆tulos de cr茅dito o derechos, o para concurrir a Juntas.
3.潞 En los incidentes relativos a impugnaci贸n de resoluciones en materia de asistencia jur铆dica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
3. El procurador legalmente habilitado podr谩 comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de o铆r y recibir actos de comunicaci贸n y efectuar comparecencias de car谩cter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podr谩 formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simult谩neo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.
4. En los t茅rminos establecidos en esta Ley, corresponde a los procuradores la pr谩ctica de los actos procesales de comunicaci贸n y la realizaci贸n de tareas de auxilio y cooperaci贸n con los tribunales.
5. Para la realizaci贸n de los actos de comunicaci贸n, ostentar谩n capacidad de certificaci贸n y dispondr谩n de las credenciales necesarias.
En el ejercicio de las funciones contempladas en este apartado, y sin perjuicio de la posibilidad de sustituci贸n por otro procurador conforme a lo previsto en la Ley Org谩nica del Poder Judicial, actuar谩n de forma personal e indelegable y su actuaci贸n ser谩 impugnable ante el secretario judicial conforme a la tramitaci贸n prevista en los art铆culos 452 y 453. Contra el decreto resolutivo de esta impugnaci贸n se podr谩 interponer recurso de revisi贸n.
6. Para la pr谩ctica de los actos procesales y dem谩s funciones atribuidas a los procuradores, los Colegios de Procuradores organizar谩n los servicios necesarios.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificados apartados 1 y 2 del art铆culo 23
路 A帽adidos apartados 4, 5 y 6 del art铆culo 23
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. La comparecencia en juicio ser谩 por medio de procurador, que habr谩 de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr谩n los litigantes comparecer por s铆 mismos:
1.潞 En los juicios verbales cuya cuant铆a no exceda de 2.000 euros y para la petici贸n inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
2.潞 En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentaci贸n de t铆tulos de cr茅dito o derechos, o para concurrir a Juntas.
3.潞 En los incidentes relativos a impugnaci贸n de resoluciones en materia de asistencia jur铆dica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
3. El procurador legalmente habilitado podr谩 comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de o铆r y recibir actos de comunicaci贸n y efectuar comparecencias de car谩cter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podr谩 formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simult谩neo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.
Precepto modificado por Ley 4/2011, de 24 de marzo, con entrada en vigor a partir del 14-4-2011
路 Modificado n煤mero 1.潞 del apartado 2 del art铆culo 23
Redacci贸n hasta el 14-4-2011
1. La comparecencia en juicio ser谩 por medio de procurador, que habr谩 de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr谩n los litigantes comparecer por s铆 mismos:
1.潞 En los juicios verbales cuya cuant铆a no exceda de 900 euros (150.000 ptas.) para la petici贸n inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
2.潞 En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentaci贸n de t铆tulos de cr茅dito o derechos, o para concurrir a Juntas.
3.潞 En los incidentes relativos a impugnaci贸n de resoluciones en materia de asistencia jur铆dica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
3. El procurador legalmente habilitado podr谩 comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de o铆r y recibir actos de comunicaci贸n y efectuar comparecencias de car谩cter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podr谩 formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simult谩neo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 5-11-2009
路 A帽adido apartado 3 del art铆culo 23
Redacci贸n hasta el 5-11-2009
1. La comparecencia en juicio ser谩 por medio de Procurador, que habr谩 de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr谩n los litigantes comparecer por s铆 mismos:
1.潞 En los juicios verbales cuya cuant铆a no exceda de 900 Euros (150.000 pts) para la petici贸n inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
2.潞 En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentaci贸n de t铆tulos de cr茅dito o derechos, o para concurrir a Juntas.
3.潞 En los incidentes relativos a impugnaci贸n de resoluciones en materia de asistencia jur铆dica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
Precepto modificado por Ley 16/2006, de 26 de mayo, con entrada en vigor a partir del 28-5-2006
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 23
Redacci贸n hasta el 28-5-2006
1. La comparecencia en juicio ser谩 por medio de Procurador legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr谩n los litigantes comparecer por s铆 mismos:
1.潞 En los juicios verbales cuya cuant铆a no exceda de 900 Euros (150.000 pts) para la petici贸n inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
2.潞 En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentaci贸n de t铆tulos de cr茅dito o derechos, o para concurrir a Juntas.
3.潞 En los incidentes relativos a impugnaci贸n de resoluciones en materia de asistencia jur铆dica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
Nota
Cuant铆a del n煤mero 1 del apartado 2 del art铆culo 23 establecida en euros por RD 1417/2001, de 17 de diciembre. (SP/LEG/2411).
1. El poder en que la parte otorgue su representaci贸n al procurador habr谩 de estar autorizado por notario o ser conferido apud acta por comparecencia personal ante el secretario judicial de cualquier oficina judicial o por comparecencia electr贸nica en la correspondiente sede judicial.
2. La copia electr贸nica del poder notarial de representaci贸n, inform谩tica o digitalizada, se acompa帽ar谩 al primer escrito que el procurador presente.
3. El otorgamiento apud acta por comparecencia personal o electr贸nica deber谩 ser efectuado al mismo tiempo que la presentaci贸n del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuaci贸n, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador. Este apoderamiento podr谩 igualmente acreditarse mediante la certificaci贸n de su inscripci贸n en el archivo electr贸nico de apoderamientos apud acta de las oficinas judiciales.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado art铆culo 24
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. El poder en que la parte otorgue su representaci贸n al procurador habr谩 de estar autorizado por notario o ser conferido por comparecencia ante el Secretario judicial de cualquier Oficina judicial.
2. La escritura de poder se acompa帽ar谩 al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuaci贸n; y el otorgamiento 鈥樷榓pud acta' deber谩 ser efectuado al mismo tiempo que la presentaci贸n del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuaci贸n, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 24
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El poder en que la parte otorgue su representaci贸n al procurador habr谩 de estar autorizado por Notario o ser conferido por comparecencia ante el Secretario Judicial del tribunal que haya de conocer del asunto.
2. La escritura de poder se acompa帽ar谩 al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuaci贸n; y el otorgamiento "apud acta" deber谩 ser efectuado al mismo tiempo que la presentaci贸n del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuaci贸n.
Nota
T茅ngase en cuenta que las previsiones relativas al archivo electr贸nico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos anteriormente indicados entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2017, conforme establece el apartado 2 de la Disposici贸n Final Duod茅cima de la Ley 42/2015, de 5 de octubre (SP/LEG/18525).
1. El poder general para pleitos facultar谩 al procurador para realizar v谩lidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitaci贸n de aqu茅llos.
El poderdante podr谩, no obstante, excluir del poder general asuntos y actuaciones para las que la ley no exija apoderamiento especial. La exclusi贸n habr谩 de ser consignada expresa e inequ铆vocamente.
2. Ser谩 necesario poder especial:
1.潞 Para la renuncia, la transacci贸n, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje y las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacci贸n extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto.
2.潞 Para ejercitar las facultades que el poderdante hubiera excluido del poder general, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
3.潞 En todos los dem谩s casos en que as铆 lo exijan las leyes.
3. No podr谩n realizarse mediante Procurador los actos que, conforme a la ley, deban efectuarse personalmente por los litigantes.
Art铆culo 26. Aceptaci贸n del poder. Deberes del procurador
1. La aceptaci贸n del poder se presume por el hecho de usar de 茅l el procurador.
2. Aceptado el poder, el procurador quedar谩 obligado:
1.潞 A seguir el asunto mientras no cese en su representaci贸n por alguna de las causas expresadas en el art铆culo 30. Le corresponde la obligaci贸n de colaborar con los 贸rganos jurisdiccionales para la subsanaci贸n de los defectos procesales as铆 como la realizaci贸n de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso.
2.潞 A transmitir al abogado elegido por su cliente o por 茅l mismo, cuando a esto se extienda el poder, todos los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca a la defensa de los intereses de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario.
Cuando no tuviese instrucciones o fueren insuficientes las remitidas por el poderdante, har谩 lo que requiera la naturaleza o 铆ndole del asunto.
3.潞 A tener al poderdante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado, pasando al segundo copias de todas las resoluciones que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le sean trasladados por el tribunal o por los procuradores de las dem谩s partes.
4.潞 A trasladar los escritos de su poderdante y de su letrado a los procuradores de las restantes partes en la forma prevista en el art铆culo 276.
5.潞 A recoger del abogado que cese en la direcci贸n de un asunto las copias de los escritos y documentos y dem谩s antecedentes que se refieran a dicho asunto, para entregarlos al que se encargue de continuarlo o al poderdante.
6.潞 A comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir alguna actuaci贸n que tenga encomendada.
7.潞 A pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y los dep贸sitos necesarios para la presentaci贸n de recursos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono.
8.潞 A la realizaci贸n de los actos de comunicaci贸n y otros actos de cooperaci贸n con la Administraci贸n de Justicia que su representado le solicite, o en inter茅s de 茅ste cuando as铆 se acuerde en el transcurso del procedimiento judicial por el Secretario judicial, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.
9.潞 A acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesi贸n, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el per铆odo h谩bil de actuaciones.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado n煤mero 7.潞 del apartado 2 del art铆culo 26
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. La aceptaci贸n del poder se presume por el hecho de usar de 茅l el procurador.
2. Aceptado el poder, el procurador quedar谩 obligado:
1.潞 A seguir el asunto mientras no cese en su representaci贸n por alguna de las causas expresadas en el art铆culo 30. Le corresponde la obligaci贸n de colaborar con los 贸rganos jurisdiccionales para la subsanaci贸n de los defectos procesales as铆 como la realizaci贸n de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso.
2.潞 A transmitir al abogado elegido por su cliente o por 茅l mismo, cuando a esto se extienda el poder, todos los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca a la defensa de los intereses de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario.
Cuando no tuviese instrucciones o fueren insuficientes las remitidas por el poderdante, har谩 lo que requiera la naturaleza o 铆ndole del asunto.
3.潞 A tener al poderdante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado, pasando al segundo copias de todas las resoluciones que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le sean trasladados por el tribunal o por los procuradores de las dem谩s partes.
4.潞 A trasladar los escritos de su poderdante y de su letrado a los procuradores de las restantes partes en la forma prevista en el art铆culo 276.
5.潞 A recoger del abogado que cese en la direcci贸n de un asunto las copias de los escritos y documentos y dem谩s antecedentes que se refieran a dicho asunto, para entregarlos al que se encargue de continuarlo o al poderdante.
6.潞 A comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir alguna actuaci贸n que tenga encomendada.
7.潞 A pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono.
8.潞 A la realizaci贸n de los actos de comunicaci贸n y otros actos de cooperaci贸n con la Administraci贸n de Justicia que su representado le solicite, o en inter茅s de 茅ste cuando as铆 se acuerde en el transcurso del procedimiento judicial por el Secretario judicial, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.
9.潞 A acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesi贸n, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el per铆odo h谩bil de actuaciones.
Precepto modificado por Ley 37/2011, de 10 de octubre, con entrada en vigor a partir del 31-10-2011
路 Modificados n煤mero 1.潞 y 8.潞 del apartado 2 del art铆culo 26
路 A帽adido n煤mero 9.潞 del apartado 2 del art铆culo 26
Redacci贸n hasta el 31-10-2011
1. La aceptaci贸n del poder se presume por el hecho de usar de 茅l el procurador.
2. Aceptado el poder, el procurador quedar谩 obligado:
1.潞 A seguir el asunto mientras no cese en su representaci贸n por alguna de las causas expresadas en el art铆culo 30.
2.潞 A transmitir al abogado elegido por su cliente o por 茅l mismo, cuando a esto se extienda el poder, todos los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca a la defensa de los intereses de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario.
Cuando no tuviese instrucciones o fueren insuficientes las remitidas por el poderdante, har谩 lo que requiera la naturaleza o 铆ndole del asunto.
3.潞 A tener al poderdante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado, pasando al segundo copias de todas las resoluciones que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le sean trasladados por el tribunal o por los procuradores de las dem谩s partes.
4.潞 A trasladar los escritos de su poderdante y de su letrado a los procuradores de las restantes partes en la forma prevista en el art铆culo 276.
5.潞 A recoger del abogado que cese en la direcci贸n de un asunto las copias de los escritos y documentos y dem谩s antecedentes que se refieran a dicho asunto, para entregarlos al que se encargue de continuarlo o al poderdante.
6.潞 A comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir alguna actuaci贸n que tenga encomendada.
7.潞 A pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono.
8.潞 A la realizaci贸n de los actos de comunicaci贸n y otros actos de cooperaci贸n con la Administraci贸n de Justicia que su representado le solicite, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 A帽adido n煤mero 8.潞 del apartado 2 del art铆culo 26
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La aceptaci贸n del poder se presume por el hecho de usar de 茅l el procurador.
2. Aceptado el poder, el procurador quedar谩 obligado:
1.潞 A seguir el asunto mientras no cese en su representaci贸n por alguna de las causas expresadas en el art铆culo 30.
2.潞 A transmitir al abogado elegido por su cliente o por 茅l mismo, cuando a esto se extienda el poder, todos los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca a la defensa de los intereses de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario.
Cuando no tuviese instrucciones o fueren insuficientes las remitidas por el poderdante, har谩 lo que requiera la naturaleza o 铆ndole del asunto.
3.潞 A tener al poderdante y al abogado siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado, pasando al segundo copias de todas las resoluciones que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le sean trasladados por el tribunal o por los procuradores de las dem谩s partes.
4.潞 A trasladar los escritos de su poderdante y de su letrado a los procuradores de las restantes partes en la forma prevista en el art铆culo 276.
5.潞 A recoger del abogado que cese en la direcci贸n de un asunto las copias de los escritos y documentos y dem谩s antecedentes que se refieran a dicho asunto, para entregarlos al que se encargue de continuarlo o al poderdante.
6.潞 A comunicar de manera inmediata al tribunal la imposibilidad de cumplir alguna actuaci贸n que tenga encomendada.
7.潞 A pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los honorarios de los abogados y los correspondientes a los peritos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono.
Art铆culo 27. Derecho supletorio sobre apoderamiento
A falta de disposici贸n expresa sobre las relaciones entre el poderdante y el procurador, regir谩n las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislaci贸n civil aplicable.
Art铆culo 28. Representaci贸n pasiva del procurador
1. Mientras se halle vigente el poder, el procurador oir谩 y firmar谩 los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran a su parte, durante el curso del asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniere en ellas directamente el poderdante sin que le sea l铆cito pedir que se entiendan con 茅ste.
2. Tambi茅n recibir谩 el procurador, a efectos de notificaci贸n y plazos o t茅rminos, las copias de los escritos y documentos que los procuradores de las dem谩s partes le entreguen en la forma establecida en el art铆culo 276.
3. En todos los edificios judiciales que sean sede de tribunales civiles existir谩 un servicio de recepci贸n de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores. La recepci贸n por dicho servicio de las notificaciones y de las copias de escritos y documentos que sean entregados por los procuradores para su traslado a los de las dem谩s partes, surtir谩 plenos efectos. En la copia que se diligencie para hacer constar la recepci贸n se expresar谩 el n煤mero de copias entregadas y el nombre de los procuradores a quienes est谩n destinadas.
4. Se except煤an de lo establecido en los apartados anteriores los traslados, emplazamientos, citaciones y requerimientos que la ley disponga que se practiquen a los litigantes en persona.
1. El poderdante est谩 obligado a proveer de fondos al procurador, conforme a lo establecido por la legislaci贸n civil aplicable para el contrato de mandato.
2. Si, despu茅s de iniciado un proceso, el poderdante no habilitare a su procurador con los fondos necesarios para continuarlo, podr谩 茅ste pedir que sea aqu茅l apremiado a verificarlo.
Esta pretensi贸n se deducir谩 ante el Tribunal que estuviere conociendo del asunto. Deducida dicha pretensi贸n, por el Secretario judicial se dar谩 traslado al poderdante por el plazo de diez d铆as y el Secretario judicial resolver谩 mediante decreto lo que proceda, fijando, en su caso, la cantidad que estime necesaria y el plazo en que haya de entregarse, bajo apercibimiento de apremio.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 29
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El poderdante est谩 obligado a proveer de fondos al procurador, conforme a lo establecido por la legislaci贸n civil aplicable para el contrato de mandato.
2. Si, despu茅s de iniciado un proceso, el poderdante no habilitare a su procurador con los fondos necesarios para continuarlo, podr谩 茅ste pedir que sea aqu茅l apremiado a verificarlo.
Esta pretensi贸n se deducir谩 en el tribunal que conozca del asunto, el cual dar谩 audiencia al poderdante por el plazo de diez d铆as y resolver谩 mediante auto lo que proceda, fijando, en su caso, la cantidad que estime necesaria y el plazo en que haya de entregarse, bajo apercibimiento de apremio.
1. Cesar谩 el procurador en su representaci贸n:
1.潞 Por la revocaci贸n expresa o t谩cita del poder, luego que conste en los autos. Se entender谩 revocado t谩citamente el poder por el nombramiento posterior de otro procurador que se haya personado en el asunto.
Si, en este 煤ltimo caso, el procurador que viniere actuando en el juicio suscitare cuesti贸n sobre la efectiva existencia o sobre la validez de la representaci贸n que se atribuya el que pretenda sustituirle, previa audiencia de la persona o personas que aparezcan como otorgantes de los respectivos poderes, se resolver谩 la cuesti贸n por medio de decreto.
2.潞 Por renuncia voluntaria o por cesar en la profesi贸n o ser sancionado con la suspensi贸n en su ejercicio. En los dos primeros casos, estar谩 el procurador obligado a poner el hecho, con anticipaci贸n y de modo fehaciente, en conocimiento de su poderdante y del Tribunal. En caso de suspensi贸n, el Colegio de Procuradores correspondiente lo har谩 saber al Tribunal.
Mientras no acredite en los autos la renuncia o la cesaci贸n y se le tenga por renunciante o cesante, no podr谩 el procurador abandonar la representaci贸n de su poderdante, en la que habr谩 de continuar hasta que 茅ste provea a la designaci贸n de otro dentro del plazo de diez d铆as.
Transcurridos 茅stos sin que se haya designado nuevo procurador, el Secretario judicial dictar谩 resoluci贸n en la que tendr谩 a aqu茅l por definitivamente apartado de la representaci贸n que ven铆a ostentando.
3.潞 Por fallecimiento del poderdante o del procurador.
En el primer caso, estar谩 el procurador obligado a poner el hecho en conocimiento del Tribunal, acreditando en forma el fallecimiento y, si no presentare nuevo poder de los herederos o causahabientes del finado, se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 16.
Cuando fallezca el procurador, el Secretario judicial har谩 saber al poderdante la defunci贸n, a fin de que proceda a la designaci贸n de nuevo procurador en el plazo de diez d铆as.
4.潞 Por separarse el poderdante de la pretensi贸n o de la oposici贸n que hubiere formulado y, en todo caso, por haber terminado el asunto o haberse realizado el acto para el que se hubiere otorgado el poder.
2. Cuando el poder haya sido otorgado por el representante legal de una persona jur铆dica, el administrador de una masa patrimonial o patrimonio separado, o la persona que, conforme a la ley, act煤e en juicio representando a un ente sin personalidad, los cambios en la representaci贸n o administraci贸n de dichas personas jur铆dicas, masas patrimoniales o patrimonios separados, o entes sin personalidad no extinguir谩n el poder del procurador ni dar谩n lugar a nueva personaci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 30
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cesar谩 el procurador en su representaci贸n:
1.潞 Por la revocaci贸n expresa o t谩cita del poder, luego que conste en los autos. Se entender谩 revocado t谩citamente el poder por el nombramiento posterior de otro procurador que se haya personado en el asunto.
Si, en este 煤ltimo caso, el procurador que viniere actuando en el juicio suscitare cuesti贸n sobre la efectiva existencia o sobre la validez de la representaci贸n que se atribuya el que pretenda sustituirle, el tribunal, previa audiencia de la persona o personas que aparezcan como otorgantes de los respectivos poderes, resolver谩 la cuesti贸n por medio de auto.
2.潞 Por renuncia voluntaria o por cesar en la profesi贸n o ser sancionado con la suspensi贸n en su ejercicio. En los dos primeros casos, estar谩 el procurador obligado a poner el hecho, con anticipaci贸n y de modo fehaciente, en conocimiento de su poderdante y del tribunal. En caso de suspensi贸n, el Colegio de Procuradores correspondiente lo har谩 saber al tribunal.
Mientras no acredite en los autos la renuncia o la cesaci贸n y se le tenga por renunciante o cesante, no podr谩 el procurador abandonar la representaci贸n de su poderdante, en la que habr谩 de continuar hasta que 茅ste provea a la designaci贸n de otro dentro del plazo de diez d铆as.Transcurridos 茅stos sin que se haya designado nuevo procurador, se tendr谩 a aqu茅l por definitivamente apartado de la representaci贸n que ven铆a ostentando.
3.潞 Por fallecimiento del poderdante o del procurador.
En el primer caso, estar谩 el procurador obligado a poner el hecho en conocimiento del tribunal, acreditando en forma el fallecimiento y, si no presentare nuevo poder de los herederos o causahabientes del finado, se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 16.
Cuando fallezca el procurador, se har谩 saber al poderdante la defunci贸n, a fin de que proceda a la designaci贸n de nuevo procurador en el plazo de diez d铆as.
4.潞 Por separarse el poderdante de la pretensi贸n o de la oposici贸n que hubiere formulado y, en todo caso, por haber terminado el asunto o haberse realizado el acto para el que se hubiere otorgado el poder.
2. Cuando el poder haya sido otorgado por el representante legal de una persona jur铆dica, el administrador de una masa patrimonial o patrimonio separado, o la persona que, conforme a la ley, act煤e en juicio representando a un ente sin personalidad, los cambios en la representaci贸n o administraci贸n de dichas personas jur铆dicas, masas patrimoniales o patrimonios separados, o entes sin personalidad no extinguir谩n el poder del procurador ni dar谩n lugar a nueva personaci贸n.
1. Los litigantes ser谩n dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesi贸n en el tribunal que conozca del asunto. No podr谩 proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.
2. Except煤anse solamente:
1.潞 Los juicios verbales cuya determinaci贸n se haya efectuado por raz贸n de la cuant铆a y 茅sta no exceda de 2.000 euros, y la petici贸n inicial de los procedimientos monitorios conforme a lo previsto en esta Ley.
2.潞 Los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensi贸n urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensi贸n de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado tambi茅n deber谩 茅ste firmar el escrito, si fuera posible.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado n煤mero 1.潞 del apartado 2 del art铆culo 31
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Los litigantes ser谩n dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesi贸n en el tribunal que conozca del asunto. No podr谩 proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.
2. Except煤anse solamente:
1.潞 Los juicios verbales cuya cuant铆a no exceda de 2.000 euros y la petici贸n inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
2.潞 Los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensi贸n urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensi贸n de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado tambi茅n deber谩 茅ste firmar el escrito, si fuera posible.
Precepto modificado por Ley 4/2011, de 24 de marzo, con entrada en vigor a partir del 14-4-2011
路 Modificado n煤mero 1.潞 del apartado 2 del art铆culo 31
Redacci贸n hasta el 14-4-2011
1. Los litigantes ser谩n dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesi贸n en el tribunal que conozca del asunto. No podr谩 proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado.
2. Except煤anse solamente:
1.潞 Los juicios verbales cuya cuant铆a no exceda de 900 euros (150.000 ptas.) y la petici贸n inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
2.潞 Los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensi贸n urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensi贸n de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado tambi茅n deber谩 茅ste firmar el escrito, si fuera posible.
Nota
Cuant铆a del n煤mero 1 del apartado 2 del art铆culo 31 establecida en euros por RD 1417/2001, de 17 de diciembre. (SP/LEG/2411).
Art铆culo 32. Intervenci贸n no preceptiva de abogado y procurador
1. Cuando, no resultando preceptiva la intervenci贸n de abogado y procurador, el demandante pretendiere comparecer por s铆 mismo y ser defendido por abogado, o ser representado por procurador, o ser asistido por ambos profesionales a la vez, lo har谩 constar as铆 en la demanda.
2. Recibida la notificaci贸n de la demanda, si el demandado pretendiera valerse tambi茅n de abogado y procurador, lo comunicar谩 al tribunal dentro de los tres d铆as siguientes, pudiendo solicitar tambi茅n, en su caso, el reconocimiento del derecho a la asistencia jur铆dica gratuita. En este 煤ltimo caso, el tribunal podr谩 acordar la suspensi贸n del proceso hasta que se produzca el reconocimiento o denegaci贸n de dicho derecho o la designaci贸n provisional de abogado y procurador.
3. La facultad de acudir al proceso con la asistencia de los profesionales a que se refiere el apartado primero de este art铆culo corresponder谩 tambi茅n al demandado, cuando el actor no vaya asistido por abogado o procurador. El demandado comunicar谩 al tribunal su decisi贸n en el plazo de tres d铆as desde que se le notifique la demanda, d谩ndose cuenta al actor de tal circunstancia. Si el demandante quisiere entonces valerse tambi茅n de abogado y procurador, lo comunicar谩 al tribunal en los tres d铆as siguientes a la recepci贸n de la notificaci贸n, y, si solicitare el reconocimiento del derecho a la asistencia jur铆dica gratuita, se podr谩 acordar la suspensi贸n en los t茅rminos prevenidos en el apartado anterior.
4. En la notificaci贸n en que se comunique a una parte la intenci贸n de la parte contraria de servirse de abogado y procurador, se le informar谩 del derecho que les corresponde seg煤n el art铆culo 6.3 de la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, a fin de que puedan realizar la solicitud correspondiente.
5. Cuando la intervenci贸n de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluir谩n los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida est茅 en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este 煤ltimo caso las limitaciones a que se refiere el apartado 3 del art铆culo 394 de esta ley. Tambi茅n se excluir谩n, en todo caso, los derechos devengados por el procurador como consecuencia de aquellas actuaciones de car谩cter meramente facultativo que hubieran podido ser practicadas por las Oficinas judiciales.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 5 del art铆culo 32
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando, no resultando preceptiva la intervenci贸n de abogado y procurador, el demandante pretendiere comparecer por s铆 mismo y ser defendido por abogado, o ser representado por procurador, o ser asistido por ambos profesionales a la vez, lo har谩 constar as铆 en la demanda.
2. Recibida la notificaci贸n de la demanda, si el demandado pretendiera valerse tambi茅n de abogado y procurador, lo comunicar谩 al tribunal dentro de los tres d铆as siguientes, pudiendo solicitar tambi茅n, en su caso, el reconocimiento del derecho a la asistencia jur铆dica gratuita. En este 煤ltimo caso, el tribunal podr谩 acordar la suspensi贸n del proceso hasta que se produzca el reconocimiento o denegaci贸n de dicho derecho o la designaci贸n provisional de abogado y procurador.
3. La facultad de acudir al proceso con la asistencia de los profesionales a que se refiere el apartado primero de este art铆culo corresponder谩 tambi茅n al demandado, cuando el actor no vaya asistido por abogado o procurador. El demandado comunicar谩 al tribunal su decisi贸n en el plazo de tres d铆as desde que se le notifique la demanda, d谩ndose cuenta al actor de tal circunstancia. Si el demandante quisiere entonces valerse tambi茅n de abogado y procurador, lo comunicar谩 al tribunal en los tres d铆as siguientes a la recepci贸n de la notificaci贸n, y, si solicitare el reconocimiento del derecho a la asistencia jur铆dica gratuita, se podr谩 acordar la suspensi贸n en los t茅rminos prevenidos en el apartado anterior.
4. En la notificaci贸n en que se comunique a una parte la intenci贸n de la parte contraria de servirse de abogado y procurador, se le informar谩 del derecho que les corresponde seg煤n el art铆culo 6.3 de la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, a fin de que puedan realizar la solicitud correspondiente.
5. Cuando la intervenci贸n de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluir谩n los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo que el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida est茅 en lugar distinto a aqu茅l en que se ha tramitado el juicio, operando en este 煤ltimo caso las limitaciones a que se refiere el apartado tercero del art铆culo 394 de esta Ley.
1. Fuera de los casos de designaci贸n de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio.
2. No obstante, el litigante que no tenga derecho a la asistencia jur铆dica gratuita podr谩 pedir que se le designe abogado, procurador o ambos profesionales, cuando su intervenci贸n sea preceptiva o cuando, no si茅ndolo, la parte contraria haya comunicado al Tribunal que actuar谩 defendida por abogado y representada por procurador.
En el caso de que la petici贸n se realice por el demandado, deber谩 formularla en el plazo de los tres d铆as siguientes a recibir la c茅dula de emplazamiento o citaci贸n.
Estas peticiones se har谩n y decidir谩n conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen.
3. Cuando en un juicio de aquellos a los que se refiere el n煤mero 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 250, alguna de las partes solicitara el reconocimiento del derecho a la asistencia jur铆dica gratuita, el tribunal, tan pronto como tenga noticia de este hecho, dictar谩 una resoluci贸n motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad, sin perjuicio del resarcimiento posterior de los honorarios correspondientes por el solicitante si se le deniega despu茅s el derecho a la asistencia jur铆dica gratuita.
Dicha resoluci贸n se comunicar谩 por el medio m谩s r谩pido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramit谩ndose a continuaci贸n la solicitud seg煤n lo previsto en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita.
4. En los juicios a los que se refiere el apartado anterior, el demandado deber谩 solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jur铆dica gratuita o interesar la designaci贸n de abogado y procurador de oficio dentro de los tres d铆as siguientes al de la notificaci贸n de la demanda. Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designaci贸n de abogado y procurador por los colegios profesionales no suspender谩 la celebraci贸n del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el p谩rrafo segundo del art铆culo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur铆dica Gratuita.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 33
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Fuera de los casos de designaci贸n de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, corresponde a las partes contratar los servicios del Procurador y del Abogado que les hayan de representar y defender en juicio.
2. No obstante, el litigante que no tenga derecho a la asistencia jur铆dica gratuita podr谩 pedir que se le designe Abogado, Procurador o ambos profesionales, cuando su intervenci贸n sea preceptiva o cuando, no si茅ndolo, la parte contraria haya comunicado al tribunal que actuar谩 defendida por Abogado y representada por Procurador.
Estas peticiones se har谩n y decidir谩n conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen.
3. Cuando en un juicio de aquellos a los que se refiere el n煤mero 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 250, alguna de las partes solicitara el reconocimiento del derecho a la asistencia jur铆dica gratuita, el Tribunal, tan pronto como tenga noticia de este hecho, dictar谩 una resoluci贸n motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad, sin perjuicio del resarcimiento posterior de los honorarios correspondientes por el solicitante si se le deniega despu茅s el derecho a la asistencia jur铆dica gratuita.
Dicha resoluci贸n se comunicar谩 por el medio m谩s r谩pido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramit谩ndose a continuaci贸n la solicitud seg煤n lo previsto en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita.
4. En los juicios a los que se refiere el apartado anterior, el demandado deber谩 solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jur铆dica gratuita o interesar la designaci贸n de abogado y procurador de oficio dentro de los tres d铆as siguientes al de la notificaci贸n de la demanda. Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designaci贸n de abogado y procurador por los colegios profesionales no suspender谩 la celebraci贸n del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el p谩rrafo segundo del art铆culo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur铆dica Gratuita.
Precepto modificado por Ley 19/2009, de 23 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 24-12-2009
路 A帽adido apartado 4 del art铆culo 33
Redacci贸n hasta el 24-12-2009
1. Fuera de los casos de designaci贸n de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, corresponde a las partes contratar los servicios del Procurador y del Abogado que les hayan de representar y defender en juicio.
2. No obstante, el litigante que no tenga derecho a la asistencia jur铆dica gratuita podr谩 pedir que se le designe Abogado, Procurador o ambos profesionales, cuando su intervenci贸n sea preceptiva o cuando, no si茅ndolo, la parte contraria haya comunicado al tribunal que actuar谩 defendida por Abogado y representada por Procurador.
Estas peticiones se har谩n y decidir谩n conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen.
3. Cuando en un juicio de aquellos a los que se refiere el n煤mero 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 250, alguna de las partes solicitara el reconocimiento del derecho a la asistencia jur铆dica gratuita, el Tribunal, tan pronto como tenga noticia de este hecho, dictar谩 una resoluci贸n motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad, sin perjuicio del resarcimiento posterior de los honorarios correspondientes por el solicitante si se le deniega despu茅s el derecho a la asistencia jur铆dica gratuita.
Dicha resoluci贸n se comunicar谩 por el medio m谩s r谩pido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramit谩ndose a continuaci贸n la solicitud seg煤n lo previsto en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita.
Precepto modificado por Ley 23/2003, de 10 de julio, con entrada en vigor a partir del 11-9-2003
路 A帽adido apartado 3 del art铆culo 33
Redacci贸n hasta el 11-9-2003
1. Fuera de los casos de designaci贸n de oficio previstos en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, corresponde a las partes contratar los servicios del procurador y del abogado que les hayan de representar y defender en juicio.
2. No obstante, el litigante que no tenga derecho a la asistencia jur铆dica gratuita podr谩 pedir que se le designe abogado, procurador o ambos profesionales, cuando su intervenci贸n sea preceptiva o cuando, no si茅ndolo, la parte contraria haya comunicado al tribunal que actuar谩 defendida por abogado y representada por procurador.
Estas peticiones se har谩n y decidir谩n conforme a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jur铆dica Gratuita, sin necesidad de acreditar el derecho a obtener dicha asistencia, siempre que el solicitante se comprometa a pagar los honorarios y derechos de los profesionales que se le designen.
1. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que 茅ste le adeude por los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto, podr谩 presentar ante el secretario judicial del lugar en que 茅ste radicare cuenta detallada y justificada, manifestando que le son debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten y reclame. Igual derecho que los procuradores tendr谩n sus herederos respecto a los cr茅ditos de esta naturaleza que aqu茅llos les dejaren. No ser谩 preceptiva la intervenci贸n de abogado ni procurador.
2. Presentada la cuenta y admitida por el secretario judicial, 茅ste requerir谩 al poderdante para que pague dicha suma o impugne la cuenta por ser indebida, en el plazo de diez d铆as, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnaci贸n.
Si, dentro de dicho plazo, se opusiere el poderdante, el secretario judicial dar谩 traslado al procurador por tres d铆as para que se pronuncie sobre la impugnaci贸n. A continuaci贸n, el secretario judicial examinar谩 la cuenta y las actuaciones procesales, as铆 como la documentaci贸n aportada, y dictar谩, en el plazo de diez d铆as, decreto determinando la cantidad que haya de satisfacerse al procurador, bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n.
El decreto a que se refiere el p谩rrafo anterior no ser谩 susceptible de recurso, pero no prejuzgar谩, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
3. Si el poderdante no formulare oposici贸n dentro del plazo establecido, se despachar谩 ejecuci贸n por la cantidad a que ascienda la cuenta.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado art铆culo 34
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que 茅ste le adeude por los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto, podr谩 presentar ante el Secretario judicial del lugar en que 茅ste radicare cuenta detallada y justificada, manifestando que le son debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten y reclame. Igual derecho que los procuradores tendr谩n sus herederos respecto a los cr茅ditos de esta naturaleza que aqu茅llos les dejaren.
2. Presentada la cuenta, el Secretario judicial requerir谩 al poderdante para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez d铆as, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnaci贸n.
Si, dentro de dicho plazo, se opusiere el poderdante, el Secretario judicial examinar谩 la cuenta y las actuaciones procesales, as铆 como la documentaci贸n aportada y dictar谩, en el plazo de diez d铆as, decreto determinando la cantidad que haya de satisfacerse al procurador, bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n.
El decreto a que se refiere el p谩rrafo anterior no ser谩 susceptible de recurso, pero no prejuzgar谩, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
3. Si el poderdante no formulare oposici贸n dentro del plazo establecido, se despachar谩 ejecuci贸n por la cantidad a que ascienda la cuenta, m谩s las costas.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1 y 2 del art铆culo 34
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que 茅ste le adeude por los derechos y gastos que hubiere suplido para el asunto, presentar谩 ante el tribunal en que 茅ste radicare cuenta detallada y justificada, manifestando que le son debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten y reclame. Igual derecho que los procuradores tendr谩n sus herederos respecto a los cr茅ditos de esta naturaleza que aqu茅llos les dejaren.
2. Presentada la cuenta, se mandar谩 que se requiera al poderdante para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez d铆as, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnaci贸n.
Si, dentro de dicho plazo, se opusiere el poderdante, el tribunal examinar谩 la cuenta y las actuaciones procesales, as铆 como la documentaci贸n aportada y dictar谩, en el plazo de diez d铆as, auto determinando la cantidad que haya de satisfacerse al procurador, bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n.
El auto a que se refiere el p谩rrafo anterior no ser谩 susceptible de recurso, pero no prejuzgar谩, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
3. Si el poderdante no formulare oposici贸n dentro del plazo establecido, se despachar谩 ejecuci贸n por la cantidad a que ascienda la cuenta, m谩s las costas.
1. Los abogados podr谩n reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos. Igual derecho que los abogados tendr谩n sus herederos respecto a los cr茅ditos de esta naturaleza que aqu茅llos les dejaren. No ser谩 preceptiva la intervenci贸n de abogado ni procurador.
2. Presentada esta reclamaci贸n, el secretario judicial requerir谩 al deudor para que pague dicha suma o impugne la cuenta, en el plazo de diez d铆as, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnaci贸n.
Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estar谩 a lo dispuesto en los p谩rrafos segundo y tercero del apartado 2 del art铆culo anterior.
Si se impugnaran los honorarios por excesivos, el secretario judicial dar谩 traslado al abogado por tres d铆as para que se pronuncie sobre la impugnaci贸n. Si no se aceptara la reducci贸n de honorarios que se le reclama, el secretario judicial proceder谩 previamente a su regulaci贸n conforme a lo previsto en los art铆culos 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y dictar谩 decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n.
Dicho decreto no ser谩 susceptible de recurso, pero no prejuzgar谩, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposici贸n dentro del plazo establecido, se despachar谩 ejecuci贸n por la cantidad a que ascienda la minuta.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado art铆culo 35
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Los abogados podr谩n reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos.
2. Presentada esta reclamaci贸n, el Secretario judicial requerir谩 al deudor para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez d铆as, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnaci贸n.
Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estar谩 a lo dispuesto en los p谩rrafos segundo y tercero del apartado 2 del art铆culo anterior.
Si se impugnaran los honorarios por excesivos, se proceder谩 previamente a su regulaci贸n conforme a lo previsto en los art铆culos 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y se dictar谩 decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n.
Dicho decreto no ser谩 susceptible de recurso, pero no prejuzgar谩, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposici贸n dentro del plazo establecido, se despachar谩 ejecuci贸n por la cantidad a que ascienda la minuta, m谩s las costas.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 35
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Los abogados podr谩n reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos.
2. Presentada esta reclamaci贸n, se mandar谩 que se requiera al deudor para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez d铆as, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnaci贸n.
Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estar谩 a lo dispuesto en los p谩rrafos segundo y tercero del apartado 2 del art铆culo anterior.
Si se impugnaran los honorarios por excesivos, se proceder谩 previamente a su regulaci贸n conforme a lo previsto en los art铆culos 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo escrito aceptado por el impugnante, y se dictar谩 auto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n.
Dicho auto no ser谩 susceptible de recurso, pero no prejuzgar谩, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposici贸n dentro del plazo establecido, se despachar谩 ejecuci贸n por la cantidad a que ascienda la minuta, m谩s las costas.
T脥TULO II-De la jurisdicci贸n y de la competencia
CAP脥TULO I-De la jurisdicci贸n de los tribunales civiles y las cuestiones prejudiciales
SECCI脫N 1.陋-De la extensi贸n y l铆mites de la jurisdicci贸n de los tribunales civiles
Art铆culo 36. Extensi贸n y l铆mites del orden jurisdiccional civil. Falta de competencia internacional
1. La extensi贸n y l铆mites de la jurisdicci贸n de los tribunales civiles espa帽oles se determinar谩 por lo dispuesto en la Ley Org谩nica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que Espa帽a sea parte.
2. Los tribunales civiles espa帽oles se abstendr谩n de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes:
1.陋 Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecuci贸n respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicci贸n o de ejecuci贸n de conformidad con la legislaci贸n espa帽ola y las normas de Derecho Internacional P煤blico.
2.陋 Cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que Espa帽a sea parte, el asunto se encuentre atribuido con car谩cter exclusivo a la jurisdicci贸n de otro Estado.
3.陋 Cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia internacional de los tribunales espa帽oles 煤nicamente pudiera fundarse en la sumisi贸n t谩cita de las partes.
Precepto modificado por LO 16/2015, de 27 de octubre, con entrada en vigor a partir del 17-11-2015
路 Modificada circunstancia 1.陋 del apartado 2 del art铆culo 36
Redacci贸n hasta el 17-11-2015
1. La extensi贸n y l铆mites de la jurisdicci贸n de los tribunales civiles espa帽oles se determinar谩 por lo dispuesto en la Ley Org谩nica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que Espa帽a sea parte.
2. Los tribunales civiles espa帽oles se abstendr谩n de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes:
1.陋 Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecuci贸n respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicci贸n o de ejecuci贸n conforme a las normas del Derecho Internacional P煤blico.
2.陋 Cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que Espa帽a sea parte, el asunto se encuentre atribuido con car谩cter exclusivo a la jurisdicci贸n de otro Estado.
3.陋 Cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia internacional de los tribunales espa帽oles 煤nicamente pudiera fundarse en la sumisi贸n t谩cita de las partes.
Art铆culo 37. Falta de jurisdicci贸n. Abstenci贸n de los tribunales civiles
1. Cuando un tribunal de la jurisdicci贸n civil estime que el asunto que se le somete corresponde a la jurisdicci贸n militar, o bien a una Administraci贸n p煤blica o al Tribunal de Cuentas cuando act煤e en sus funciones contables, habr谩 de abstenerse de conocer.
2. Se abstendr谩n igualmente de conocer los tribunales civiles cuando se les sometan asuntos de los que corresponda conocer a los tribunales de otro orden jurisdiccional de la jurisdicci贸n ordinaria. Cuando el Tribunal de Cuentas ejerza funciones jurisdiccionales se entender谩 integrado en el orden contencioso-administrativo.
Art铆culo 38. Apreciaci贸n de oficio de la falta de competencia internacional y de jurisdicci贸n
La abstenci贸n a que se refieren los dos art铆culos precedentes se acordar谩 de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicci贸n por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional.
Art铆culo 39. Apreciaci贸n de la falta de competencia internacional o de jurisdicci贸n a instancia de parte
El demandado podr谩 denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicci贸n por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediaci贸n la controversia.
Precepto modificado por Ley 5/2012, de 6 de julio, con entrada en vigor a partir del 27-7-2012
路 Modificado art铆culo 39
Redacci贸n hasta el 27-7-2012
El demandado podr谩 denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicci贸n por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediaci贸n la controversia.
Precepto modificado por RD-Ley 5/2012, de 5 de marzo, con entrada en vigor a partir del 7-3-2012
路 Modificado art铆culo 39
Redacci贸n hasta el 7-3-2012
El demandado podr谩 denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicci贸n por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje la controversia.
1. Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondr谩 en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acci贸n penal.
2. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se ordenar谩 la suspensi贸n de las actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las siguientes circunstancias:
1.陋 Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se est茅n investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil.
2.陋 Que la decisi贸n del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resoluci贸n sobre el asunto civil.
3. La suspensi贸n a que se refiere el apartado anterior se acordar谩, mediante auto, una vez que el proceso est茅 pendiente s贸lo de sentencia.
4. No obstante, la suspensi贸n que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordar谩, sin esperar a la conclusi贸n del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto.
5. En el caso a que se refiere el apartado anterior no se acordar谩 por el Tribunal la suspensi贸n, o se alzar谩 por el Secretario judicial la que aqu茅l hubiese acordado, si la parte a la que pudiere favorecer el documento renunciare a 茅l. Hecha la renuncia, se ordenar谩 por el Secretario judicial que el documento sea separado de los autos.
6. Las suspensiones a que se refiere este art铆culo se alzar谩n por el Secretario judicial cuando se acredite que el juicio criminal ha terminado o que se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal continuaci贸n.
7. Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resoluci贸n en que se declare ser aut茅ntico el documento o no haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere perjudicado la suspensi贸n del proceso civil podr谩 pedir en 茅ste indemnizaci贸n de da帽os y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en los art铆culos 712 y siguientes.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 5 y 6 del art铆culo 40
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondr谩 en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acci贸n penal.
2. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se ordenar谩 la suspensi贸n de las actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las siguientes circunstancias:
1.陋 Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se est茅n investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil.
2.陋 Que la decisi贸n del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resoluci贸n sobre el asunto civil.
3. La suspensi贸n a que se refiere el apartado anterior se acordar谩, mediante auto, una vez que el proceso est茅 pendiente s贸lo de sentencia.
4. No obstante, la suspensi贸n que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordar谩, sin esperar a la conclusi贸n del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto.
5. En el caso a que se refiere el apartado anterior no se acordar谩 la suspensi贸n, o se alzar谩 la que se hubiese acordado, si la parte a la que pudiere favorecer el documento renunciare a 茅l. Hecha la renuncia, se ordenar谩 que el documento sea separado de los autos.
6. Las suspensiones a que se refiere este art铆culo se alzar谩n cuando se acredite que el juicio criminal ha terminado o que se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal continuaci贸n.
7. Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resoluci贸n en que se declare ser aut茅ntico el documento o no haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere perjudicado la suspensi贸n del proceso civil podr谩 pedir en 茅ste indemnizaci贸n de da帽os y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en los art铆culos 712 y siguientes.
Art铆culo 41. Recursos contra la resoluci贸n sobre suspensi贸n de las actuaciones por prejudicialidad penal
1. Contra la resoluci贸n que deniegue la suspensi贸n del asunto civil se podr谩 interponer recurso de reposici贸n. La solicitud de suspensi贸n podr谩, no obstante, reproducirse durante la segunda instancia y, en su caso, durante la tramitaci贸n de los recursos extraordinarios por infracci贸n procesal o de casaci贸n.
2. Contra el auto que acuerde la suspensi贸n se dar谩 recurso de apelaci贸n y contra los autos dictados en apelaci贸n acordando o confirmando la suspensi贸n se dar谩, en su caso, recurso extraordinario por infracci贸n procesal.
3. Contra la resoluci贸n del Secretario judicial que acuerde el alzamiento de la suspensi贸n podr谩 ser interpuesto recurso directo de revisi贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 A帽adido apartado 3 del art铆culo 41
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Contra la resoluci贸n que deniegue la suspensi贸n del asunto civil se podr谩 interponer recurso de reposici贸n. La solicitud de suspensi贸n podr谩, no obstante, reproducirse durante la segunda instancia y, en su caso, durante la tramitaci贸n de los recursos extraordinarios por infracci贸n procesal o de casaci贸n.
2. Contra el auto que acuerde la suspensi贸n se dar谩 recurso de apelaci贸n y contra los autos dictados en apelaci贸n acordando o confirmando la suspensi贸n se dar谩, en su caso, recurso extraordinario por infracci贸n procesal.
Art铆culo 42. Cuestiones prejudiciales no penales
1. A los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles podr谩n conocer de asuntos que est茅n atribuidos a los tribunales de los 贸rdenes contencioso-administrativo y social.
2. La decisi贸n de los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtir谩 efecto fuera del proceso en que se produzca.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de com煤n acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra, el Secretario judicial suspender谩 el curso de las actuaciones, antes de que hubiera sido dictada sentencia, hasta que la cuesti贸n prejudicial sea resuelta, en sus respectivos casos, por la Administraci贸n p煤blica competente, por el Tribunal de Cuentas o por los Tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, el Tribunal civil quedar谩 vinculado a la decisi贸n de los 贸rganos indicados acerca de la cuesti贸n prejudicial.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 42
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. A los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles podr谩n conocer de asuntos que est茅n atribuidos a los tribunales de los 贸rdenes contencioso-administrativo y social.
2. La decisi贸n de los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtir谩 efecto fuera del proceso en que se produzca.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca la Ley o lo pidan las partes de com煤n acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra, los tribunales civiles suspender谩n el curso de las actuaciones, antes de dictar sentencia, hasta que la cuesti贸n prejudicial sea resuelta, en sus respectivos casos, por la Administraci贸n p煤blica competente, por el Tribunal de Cuentas o por los tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, el tribunal civil quedar谩 vinculado a la decisi贸n de los 贸rganos indicados acerca de la cuesti贸n prejudicial.
Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuesti贸n que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulaci贸n de autos, el tribunal, a petici贸n de ambas partes o de una de ellas, o铆da la contraria, podr谩 mediante auto decretar la suspensi贸n del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuesti贸n prejudicial.
Contra el auto que deniegue la petici贸n cabr谩 recurso de reposici贸n, y contra el auto que acuerde la suspensi贸n cabr谩 presentar recurso de apelaci贸n.
CAP脥TULO II-De las reglas para determinar la competencia
Art铆culo 44. Predeterminaci贸n legal de la competencia
Para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les est茅 atribuido por normas con rango de ley y anteriores a la incoaci贸n de las actuaciones de que se trate.
SECCI脫N 1.陋-De la competencia objetiva
Art铆culo 45. Competencia de los Juzgados de Primera Instancia
1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposici贸n legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.
2. Conocer谩n, asimismo, dichos Juzgados:
a) De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 Modificado art铆culo 45
Redacci贸n hasta el 1-10-2015
Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposici贸n legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. Conocer谩n, asimismo, dichos Juzgados de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
Art铆culo 46. Especializaci贸n de algunos Juzgados de Primera Instancia
Los Juzgados de Primera Instancia a los que, de acuerdo con lo establecido en el art铆culo 98 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, se les haya atribuido el conocimiento espec铆fico de determinados asuntos, extender谩n su competencia, exclusivamente, a los procesos en que se ventilen aqu茅llos, debiendo inhibirse a favor de los dem谩s tribunales competentes, cuando el proceso verse sobre materias diferentes. Si se planteara cuesti贸n por esta causa, se sustanciar谩 como las cuestiones de competencia.
A los Juzgados de Paz corresponde el conocimiento, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuant铆a no superior 90 Euros (15.000 ptas.) que no est茅n comprendidos en ninguno de los casos a que, por raz贸n de la materia, se refiere el apartado 1 del art铆culo 250.
Nota
Cuant铆a del art铆culo 47 establecida en euros por RD 1417/2001, de 17 de diciembre. (SP/LEG/2411).
Art铆culo 48. Apreciaci贸n de oficio de la falta de competencia objetiva
1. La falta de competencia objetiva se apreciar谩 de oficio, tan pronto como se advierta, por el tribunal que est茅 conociendo del asunto.
2. Cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia o en tr谩mite de recurso extraordinario por infracci贸n procesal o de casaci贸n entienda que el tribunal ante el que se sigui贸 la primera instancia carec铆a de competencia objetiva, decretar谩 la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus acciones ante la clase de tribunal que corresponda.
3. En los casos a que se refieren los apartados anteriores, el Secretario judicial dar谩 vista a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo com煤n de diez d铆as, resolviendo el Tribunal por medio de auto.
4. El auto que declare la falta de competencia objetiva indicar谩 la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 48
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La falta de competencia objetiva se apreciar谩 de oficio, tan pronto como se advierta, por el tribunal que est茅 conociendo del asunto.
2. Cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia o en tr谩mite de recurso extraordinario por infracci贸n procesal o de casaci贸n entienda que el tribunal ante el que se sigui贸 la primera instancia carec铆a de competencia objetiva, decretar谩 la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus acciones ante la clase de tribunal que corresponda.
3. En los casos a que se refieren los apartados anteriores, el tribunal, antes de resolver, oir谩 a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo com煤n de diez d铆as.
4. El auto que declare la falta de competencia objetiva indicar谩 la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto.
Art铆culo 49. Apreciaci贸n de la falta de competencia objetiva a instancia de parte
El demandado podr谩 denunciar la falta de competencia objetiva mediante la declinatoria.
Art铆culo 49 bis. P茅rdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer
1. Cuando un Juez, que est茅 conociendo en primera instancia de un procedimiento civil, tuviese noticia de la comisi贸n de un acto de violencia de los definidos en el art铆culo 1 de la Ley Org谩nica de Medidas de Protecci贸n Integral contra la Violencia de G茅nero, que haya dado lugar a la iniciaci贸n de un proceso penal o a una orden de protecci贸n, tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado 3 del art铆culo 87 ter de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, deber谩 inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral.
2. Cuando un Juez que est茅 conociendo de un procedimiento civil, tuviese noticia de la posible comisi贸n de un acto de violencia de g茅nero, que no haya dado lugar a la iniciaci贸n de un proceso penal, ni a dictar una orden de protecci贸n, tras verificar que concurren los requisitos del apartado 3 del art铆culo 87 ter de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, deber谩 inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrar谩 en las siguientes 24 horas a fin de que 茅ste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos. Tras ella, el Fiscal, de manera inmediata, habr谩 de decidir si procede, en las 24 horas siguientes, a denunciar los actos de violencia de g茅nero o a solicitar orden de protecci贸n ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente. En el supuesto de que se interponga denuncia o se solicite la orden de protecci贸n, el Fiscal habr谩 de entregar copia de la denuncia o solicitud en el Tribunal, el cual continuar谩 conociendo del asunto hasta que sea, en su caso, requerido de inhibici贸n por el Juez de Violencia sobre la Mujer competente.
3. Cuando un Juez de Violencia sobre la Mujer que est茅 conociendo de una causa penal por violencia de g茅nero tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil, y verifique la concurrencia de los requisitos del apartado 3 del art铆culo 87 ter de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, requerir谩 de inhibici贸n al Tribunal Civil, el cual deber谩 acordar de inmediato su inhibici贸n y la remisi贸n de los autos al 贸rgano requirente.
A los efectos del p谩rrafo anterior, el requerimiento de inhibici贸n se acompa帽ar谩 de testimonio de la incoaci贸n de diligencias previas o de juicio de faltas, del auto de admisi贸n de la querella, o de la orden de protecci贸n adoptada.
4. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 de este art铆culo, elTribunal Civil remitir谩 los autos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin que sea de aplicaci贸n lo previsto en el art铆culo 48.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo las partes desde ese momento comparecer ante dicho 贸rgano.
En estos supuestos no ser谩n de aplicaci贸n las restantes normas de esta secci贸n, ni se admitir谩 declinatoria, debiendo las partes que quieran hacer valer la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer presentar testimonio de alguna de las resoluciones dictadas por dicho Juzgado a las que se refiere el p谩rrafo final del n煤mero anterior.
5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ejercer谩n sus competencias en materia civil de forma exclusiva y excluyente, y en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Precepto modificado por LO 1/2004, de 28 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 29-6-2005
路 A帽adido art铆culo 49 bis
SECCI脫N 2.陋-De la competencia territorial
1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponder谩 al tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional, ser谩 Juez competente el de su residencia en dicho territorio.
2. Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en Espa帽a podr谩n ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su 煤ltima residencia en 茅ste y, si tampoco pudiera determinarse as铆 la competencia, en el lugar del domicilio del actor.
3. Los empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, tambi茅n podr谩n ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elecci贸n del actor.
Art铆culo 51. Fuero general de las personas jur铆dicas y de los entes sin personalidad
1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, las personas jur铆dicas ser谩n demandadas en el lugar de su domicilio. Tambi茅n podr谩n ser demandadas en el lugar donde la situaci贸n o relaci贸n jur铆dica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al p煤blico o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.
2. Los entes sin personalidad podr谩n ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad.
1. No se aplicar谩n los fueros establecidos en los art铆culos anteriores y se determinar谩 la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente art铆culo en los casos siguientes:
1.潞 En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles ser谩 tribunal competente el del lugar en que est茅 sita la cosa litigiosa. Cuando la acci贸n real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que est茅 situada en diferentes circunscripciones, ser谩 tribunal competente el de cualquiera de 茅stas, a elecci贸n del demandante.
2.潞 En las demandas sobre presentaci贸n y aprobaci贸n de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos ser谩 tribunal competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o due帽o de los bienes, o el del lugar donde se desempe帽e la administraci贸n, a elecci贸n del actor.
3.潞 En las demandas sobre obligaciones de garant铆a o complemento de otras anteriores, ser谩 tribunal competente el que lo sea para conocer, o est茅 conociendo, de la obligaci贸n principal sobre que recayeren.
4.潞 En los juicios sobre cuestiones hereditarias, ser谩 competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su 煤ltimo domicilio y si lo hubiere tenido en pa铆s extranjero, el del lugar de su 煤ltimo domicilio en Espa帽a, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elecci贸n del demandante.
5.潞 En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representaci贸n de incapaces, incapacitados o declarados pr贸digos, ser谩 competente el tribunal del lugar en que 茅stos residan.
6.潞 En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protecci贸n civil de derechos fundamentales, ser谩 competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio espa帽ol, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.
7.潞 En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, ser谩 competente el tribunal del lugar en que est茅 sita la finca.
8.潞 En los juicios en materia de propiedad horizontal, ser谩 competente el tribunal del lugar en que radique la finca.
9.潞 En los juicios en que se pida indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios derivados de la circulaci贸n de veh铆culos de motor ser谩 competente el tribunal del lugar en que se causaron los da帽os.
10.潞 En materia de impugnaci贸n de acuerdos sociales ser谩 tribunal competente el del lugar del domicilio social.
11.潞 En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, ser谩 competente el tribunal del lugar en que la infracci贸n se haya cometido o existan indicios de su comisi贸n o en que se encuentren ejemplares il铆citos, a elecci贸n del demandante.
12.潞 En los juicios en materia de competencia desleal, ser谩 competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de 茅ste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio espa帽ol, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elecci贸n del demandante.
13.潞 En materia de patentes y marcas, ser谩 competente el tribunal que se帽ale la legislaci贸n especial sobre dicha materia.
14.潞 En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporaci贸n al contrato o la nulidad de las cl谩usulas de condiciones generales de la contrataci贸n, ser谩 competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesaci贸n o de retractaci贸n, ser谩 competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de 茅ste, el de su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio espa帽ol, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesi贸n.
15.潞 En las tercer铆as de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relaci贸n con un procedimiento administrativo de apremio, ser谩 competente el tribunal del domicilio del 贸rgano que acord贸 el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las administraciones p煤blicas en materia de competencia territorial.
16.潞 En los procesos en los que se ejercite la acci贸n de cesaci贸n en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, ser谩 competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de 茅ste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio espa帽ol, el del lugar del domicilio del actor.
2. Cuando las normas del apartado anterior no fueren de aplicaci贸n a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiaci贸n, as铆 como en materia de contratos de prestaci贸n de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebraci贸n hubiera sido precedida de oferta p煤blica, ser谩 competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente, o el que corresponda conforme a las normas de los art铆culos 50 y 51, a elecci贸n del demandante.
3. Cuando las normas de los apartados anteriores no fueren de aplicaci贸n a los litigios derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores o usuarios ser谩 competente, a elecci贸n del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente conforme a los art铆culos 50 y 51.
Precepto modificado por Ley 20/2011, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 30-6-2020
路 A帽adido n煤mero 17 del apartado 1 del art铆culo 52
Redacci贸n desde el 30-6-2020
1. No se aplicar谩n los fueros establecidos en los art铆culos anteriores y se determinar谩 la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente art铆culo en los casos siguientes:
1.潞 En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles ser谩 tribunal competente el del lugar en que est茅 sita la cosa litigiosa. Cuando la acci贸n real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que est茅 situada en diferentes circunscripciones, ser谩 tribunal competente el de cualquiera de 茅stas, a elecci贸n del demandante.
2.潞 En las demandas sobre presentaci贸n y aprobaci贸n de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos ser谩 tribunal competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o due帽o de los bienes, o el del lugar donde se desempe帽e la administraci贸n, a elecci贸n del actor.
3.潞 En las demandas sobre obligaciones de garant铆a o complemento de otras anteriores, ser谩 tribunal competente el que lo sea para conocer, o est茅 conociendo, de la obligaci贸n principal sobre que recayeren.
4.潞 En los juicios sobre cuestiones hereditarias, ser谩 competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su 煤ltimo domicilio y si lo hubiere tenido en pa铆s extranjero, el del lugar de su 煤ltimo domicilio en Espa帽a, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elecci贸n del demandante.
5.潞 En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representaci贸n de incapaces, incapacitados o declarados pr贸digos, ser谩 competente el tribunal del lugar en que 茅stos residan.
6.潞 En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protecci贸n civil de derechos fundamentales, ser谩 competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio espa帽ol, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.
7.潞 En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, ser谩 competente el tribunal del lugar en que est茅 sita la finca.
8.潞 En los juicios en materia de propiedad horizontal, ser谩 competente el tribunal del lugar en que radique la finca.
9.潞 En los juicios en que se pida indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios derivados de la circulaci贸n de veh铆culos de motor ser谩 competente el tribunal del lugar en que se causaron los da帽os.
10.潞 En materia de impugnaci贸n de acuerdos sociales ser谩 tribunal competente el del lugar del domicilio social.
11.潞 En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, ser谩 competente el tribunal del lugar en que la infracci贸n se haya cometido o existan indicios de su comisi贸n o en que se encuentren ejemplares il铆citos, a elecci贸n del demandante.
12.潞 En los juicios en materia de competencia desleal, ser谩 competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de 茅ste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio espa帽ol, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elecci贸n del demandante.
13.潞 En materia de patentes y marcas, ser谩 competente el tribunal que se帽ale la legislaci贸n especial sobre dicha materia.
14.潞 En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporaci贸n al contrato o la nulidad de las cl谩usulas de condiciones generales de la contrataci贸n, ser谩 competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesaci贸n o de retractaci贸n, ser谩 competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de 茅ste, el de su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio espa帽ol, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesi贸n.
15.潞 En las tercer铆as de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relaci贸n con un procedimiento administrativo de apremio, ser谩 competente el tribunal del domicilio del 贸rgano que acord贸 el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las administraciones p煤blicas en materia de competencia territorial.
16.潞 En los procesos en los que se ejercite la acci贸n de cesaci贸n en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, ser谩 competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de 茅ste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio espa帽ol, el del lugar del domicilio del actor.
17.潞 En los procesos contra las resoluciones y actos que dicte la Direcci贸n General de los Registros y del Notariado en materia de Registro Civil, a excepci贸n de las solicitudes de nacionalidad por residencia, ser谩 competente el Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente.
2. Cuando las normas del apartado anterior no fueren de aplicaci贸n a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiaci贸n, as铆 como en materia de contratos de prestaci贸n de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebraci贸n hubiera sido precedida de oferta p煤blica, ser谩 competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente, o el que corresponda conforme a las normas de los art铆culos 50 y 51, a elecci贸n del demandante.
3. Cuando las normas de los apartados anteriores no fueren de aplicaci贸n a los litigios derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores o usuarios ser谩 competente, a elecci贸n del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente conforme a los art铆culos 50 y 51.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificados apartados 2 y 3 (sic) del art铆culo 52
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. No se aplicar谩n los fueros establecidos en los art铆culos anteriores y se determinar谩 la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente art铆culo en los casos siguientes:
1.潞 En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles ser谩 tribunal competente el del lugar en que est茅 sita la cosa litigiosa. Cuando la acci贸n real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que est茅 situada en diferentes circunscripciones, ser谩 tribunal competente el de cualquiera de 茅stas, a elecci贸n del demandante.
2.潞 En las demandas sobre presentaci贸n y aprobaci贸n de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos ser谩 tribunal competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o due帽o de los bienes, o el del lugar donde se desempe帽e la administraci贸n, a elecci贸n del actor.
3.潞 En las demandas sobre obligaciones de garant铆a o complemento de otras anteriores, ser谩 tribunal competente el que lo sea para conocer, o est茅 conociendo, de la obligaci贸n principal sobre que recayeren.
4.潞 En los juicios sobre cuestiones hereditarias, ser谩 competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su 煤ltimo domicilio y si lo hubiere tenido en pa铆s extranjero, el del lugar de su 煤ltimo domicilio en Espa帽a, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elecci贸n del demandante.
5.潞 En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representaci贸n de incapaces, incapacitados o declarados pr贸digos, ser谩 competente el tribunal del lugar en que 茅stos residan.
6.潞 En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protecci贸n civil de derechos fundamentales, ser谩 competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio espa帽ol, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.
7.潞 En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, ser谩 competente el tribunal del lugar en que est茅 sita la finca.
8.潞 En los juicios en materia de propiedad horizontal, ser谩 competente el tribunal del lugar en que radique la finca.
9.潞 En los juicios en que se pida indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios derivados de la circulaci贸n de veh铆culos de motor ser谩 competente el tribunal del lugar en que se causaron los da帽os.
10.潞 En materia de impugnaci贸n de acuerdos sociales ser谩 tribunal competente el del lugar del domicilio social.
11.潞 En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, ser谩 competente el tribunal del lugar en que la infracci贸n se haya cometido o existan indicios de su comisi贸n o en que se encuentren ejemplares il铆citos, a elecci贸n del demandante.
12.潞 En los juicios en materia de competencia desleal, ser谩 competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de 茅ste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio espa帽ol, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elecci贸n del demandante.
13.潞 En materia de patentes y marcas, ser谩 competente el tribunal que se帽ale la legislaci贸n especial sobre dicha materia.
14.潞 En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporaci贸n al contrato o la nulidad de las cl谩usulas de condiciones generales de la contrataci贸n, ser谩 competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesaci贸n o de retractaci贸n, ser谩 competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de 茅ste, el de su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio espa帽ol, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesi贸n.
15.潞 En las tercer铆as de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relaci贸n con un procedimiento administrativo de apremio, ser谩 competente el tribunal del domicilio del 贸rgano que acord贸 el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las administraciones p煤blicas en materia de competencia territorial.
16.潞 En los procesos en los que se ejercite la acci贸n de cesaci贸n en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, ser谩 competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de 茅ste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio espa帽ol, el del lugar del domicilio del actor.
2. Cuando las normas del apartado anterior de este art铆culo no fueren de aplicaci贸n a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiaci贸n, as铆 como en materia de contratos de prestaci贸n de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebraci贸n hubiera sido precedida de oferta p煤blica, ser谩 competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente.
Precepto modificado por Ley 39/2002, de 28 de octubre, con entrada en vigor a partir del 18-11-2002
路 A帽adido n煤mero 16 del apartado 1 del art铆culo 52
Redacci贸n hasta el 18-11-2002
1. No se aplicar谩n los fueros establecidos en los art铆culos anteriores y se determinar谩 la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente art铆culo en los casos siguientes:
1.潞 En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles ser谩 tribunal competente el del lugar en que est茅 sita la cosa litigiosa. Cuando la acci贸n real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que est茅 situada en diferentes circunscripciones, ser谩 tribunal competente el de cualquiera de 茅stas, a elecci贸n del demandante.
2.潞 En las demandas sobre presentaci贸n y aprobaci贸n de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos ser谩 tribunal competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o due帽o de los bienes, o el del lugar donde se desempe帽e la administraci贸n, a elecci贸n del actor.
3.潞 En las demandas sobre obligaciones de garant铆a o complemento de otras anteriores, ser谩 tribunal competente el que lo sea para conocer, o est茅 conociendo, de la obligaci贸n principal sobre que recayeren.
4.潞 En los juicios sobre cuestiones hereditarias, ser谩 competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su 煤ltimo domicilio y si lo hubiere tenido en pa铆s extranjero, el del lugar de su 煤ltimo domicilio en Espa帽a, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elecci贸n del demandante.
5.潞 En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representaci贸n de incapaces, incapacitados o declarados pr贸digos, ser谩 competente el tribunal del lugar en que 茅stos residan.
6.潞 En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protecci贸n civil de derechos fundamentales, ser谩 competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio espa帽ol, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.
7.潞 En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, ser谩 competente el tribunal del lugar en que est茅 sita la finca.
8.潞 En los juicios en materia de propiedad horizontal, ser谩 competente el tribunal del lugar en que radique la finca.
9.潞 En los juicios en que se pida indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios derivados de la circulaci贸n de veh铆culos de motor ser谩 competente el tribunal del lugar en que se causaron los da帽os.
10.潞 En materia de impugnaci贸n de acuerdos sociales ser谩 tribunal competente el del lugar del domicilio social.
11.潞 En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, ser谩 competente el tribunal del lugar en que la infracci贸n se haya cometido o existan indicios de su comisi贸n o en que se encuentren ejemplares il铆citos, a elecci贸n del demandante.
12.潞 En los juicios en materia de competencia desleal, ser谩 competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de 茅ste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio espa帽ol, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elecci贸n del demandante.
13.潞 En materia de patentes y marcas, ser谩 competente el tribunal que se帽ale la legislaci贸n especial sobre dicha materia.
14.潞 En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporaci贸n al contrato o la nulidad de las cl谩usulas de condiciones generales de la contrataci贸n, ser谩 competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesaci贸n o de retractaci贸n, ser谩 competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de 茅ste, el de su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio espa帽ol, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesi贸n.
15.潞 En las tercer铆as de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relaci贸n con un procedimiento administrativo de apremio, ser谩 competente el tribunal del domicilio del 贸rgano que acord贸 el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las administraciones p煤blicas en materia de competencia territorial.
2. Cuando las normas del apartado anterior de este art铆culo no fueren de aplicaci贸n a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiaci贸n, as铆 como en materia de contratos de prestaci贸n de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebraci贸n hubiera sido precedida de oferta p煤blica, ser谩 competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente.
Art铆culo 53. Competencia territorial en caso de acumulaci贸n de acciones y en caso de pluralidad de demandados
1. Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas ser谩 tribunal competente el del lugar correspondiente a la acci贸n que sea fundamento de las dem谩s; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor n煤mero de las acciones acumuladas y, en 煤ltimo t茅rmino, el del lugar que corresponda a la acci贸n m谩s importante cuantitativamente.
2. Cuando hubiere varios demandados y, conforme a las reglas establecidas en este art铆culo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de m谩s de un lugar, la demanda podr谩 presentarse ante cualquiera de ellos, a elecci贸n del demandante.
Art铆culo 54. Car谩cter dispositivo de las normas sobre competencia territorial
1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial s贸lo se aplicar谩n en defecto de sumisi贸n expresa o t谩cita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripci贸n. Se except煤an las reglas establecidas en los n煤meros 1.潞 y 4.潞 a 15.潞 del apartado 1 y en el apartado 2 del art铆culo 52 y las dem谩s a las que esta u otra Ley atribuya expresamente car谩cter imperativo. Tampoco ser谩 v谩lida la sumisi贸n expresa o t谩cita en los asuntos que deban decidirse por el juicio verbal.
2. No ser谩 v谩lida la sumisi贸n expresa contenida en contratos de adhesi贸n, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios.
3. La sumisi贸n de las partes s贸lo ser谩 v谩lida y eficaz cuando se haga a tribunales con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate.
Se entender谩 por sumisi贸n expresa la pactada por los interesados designando con precisi贸n la circunscripci贸n a cuyos tribunales se sometieren.
Se entender谩n sometidos t谩citamente:
1.潞 El demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripci贸n interponiendo la demanda o formulando petici贸n o solicitud que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer de la demanda.
2.潞 El demandado, por el hecho de hacer, despu茅s de personado en el juicio tras la interposici贸n de la demanda, cualquier gesti贸n que no sea la de proponer en forma la declinatoria. Tambi茅n se considerar谩 t谩citamente sometido al demandado que, emplazado o citado en forma, no comparezca en juicio o lo haga cuando haya precluido la facultad de proponer la declinatoria.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 56
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Se entender谩n sometidos t谩citamente:
1.潞 El demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripci贸n interponiendo la demanda o formulando petici贸n o solicitud que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer de la demanda.
2.潞 El demandado, por el hecho de hacer, despu茅s de personado en el juicio tras la interposici贸n de la demanda, cualquier gesti贸n que no sea la de proponer en forma la declinatoria.
La sumisi贸n expresa de las partes determinar谩 la circunscripci贸n cuyos tribunales hayan de conocer del asunto. Cuando en dicha circunscripci贸n existan varios tribunales de la misma clase, el reparto de los asuntos determinar谩 a cu谩l de ellos corresponde conocer del asunto, sin que las partes puedan someterse a un determinado tribunal con exclusi贸n de los otros.
Art铆culo 58. Apreciaci贸n de oficio de la competencia territorial
Cuando la competencia territorial viniere fijada por reglas imperativas, el Secretario judicial examinar谩 la competencia territorial inmediatamente despu茅s de presentada la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el Tribunal carece de competencia territorial para conocer del asunto, dar谩 cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda mediante auto, remitiendo, en su caso, las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente competente. Si fuesen de aplicaci贸n fueros electivos se estar谩 a lo que manifieste el demandante, tras el requerimiento que se le dirigir谩 a tales efectos.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 58
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Cuando la competencia territorial venga fijada por reglas imperativas, el tribunal examinar谩 de oficio su competencia territorial inmediatamente despu茅s de presentada la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que carece de competencia territorial para conocer del asunto, lo declarar谩 as铆 mediante auto, remitiendo las actuaciones al tribunal que considere territorialmente competente. Si fuesen de aplicaci贸n fueros electivos, el tribunal estar谩 a lo que manifieste el demandante, tras el requerimiento que se le dirigir谩 a tales efectos.
Art铆culo 59. Alegaci贸n de la falta de competencia territorial
Fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud de reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente podr谩 ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte leg铆tima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria.
Art铆culo 60. Conflicto negativo de competencia territorial
1. Si la decisi贸n de inhibici贸n de un tribunal por falta de competencia territorial se hubiere adoptado en virtud de declinatoria o con audiencia de todas las partes, el tribunal al que se remitieren las actuaciones estar谩 a lo decidido y no podr谩 declarar de oficio su falta de competencia territorial.
2. Si la decisi贸n de inhibici贸n por falta de competencia territorial no se hubiese adoptado con audiencia de todas las partes, el tribunal a quien se remitieran las actuaciones podr谩 declarar de oficio su falta de competencia territorial cuando 茅sta deba determinarse en virtud de reglas imperativas.
3. La resoluci贸n que declare la falta de competencia mandar谩 remitir todos los antecedentes al tribunal inmediato superior com煤n, que decidir谩 por medio de auto, sin ulterior recurso, el tribunal al que corresponde conocer del asunto, ordenando, en su caso, la remisi贸n de los autos y emplazamiento de las partes, dentro de los diez d铆as siguientes, ante dicho tribunal.
SECCI脫N 3.陋-De la competencia funcional
Art铆culo 61. Competencia funcional por conexi贸n
Salvo disposici贸n legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendr谩 tambi茅n para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecuci贸n de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare.
Art铆culo 62. Apreciaci贸n de oficio de la competencia para conocer de los recursos
1. No ser谩n admitidos a tr谩mite los recursos dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos. No obstante lo anterior, si admitido un recurso, el tribunal al que se haya dirigido entiende que no tiene competencia funcional para conocer del mismo, dictar谩 auto absteni茅ndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo com煤n de diez d铆as.
2. Notificado el auto a que se refiere el apartado anterior, los litigantes dispondr谩n de un plazo de cinco d铆as para la correcta interposici贸n o anuncio del recurso, que se a帽adir谩n al plazo legalmente previsto para dichos tr谩mites. Si sobrepasaren el tiempo resultante sin recurrir en forma, quedar谩 firme la resoluci贸n de que se trate.
Art铆culo 63. Contenido de la declinatoria, legitimaci贸n para proponerla y tribunal competente para conocer de ella
1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte leg铆tima en el juicio promovido podr谩n denunciar la falta de jurisdicci贸n del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de 茅sta a tribunales extranjeros, a 贸rganos de otro orden jurisdiccional, a 谩rbitros o a mediadores, excepto en los supuestos en que exista un pacto previo entre un consumidor y un empresario de someterse a un procedimiento de resoluci贸n alternativa de litigios de consumo y el consumidor sea el demandante.
Tambi茅n se propondr谩 declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo tipo. Si la declinatoria se fundare en la falta de competencia territorial, habr谩 de indicar el tribunal al que, por considerarse territorialmente competente, habr铆an de remitirse las actuaciones.
2. La declinatoria se propondr谩 ante el mismo tribunal que est茅 conociendo del pleito y al que se considere carente de jurisdicci贸n o de competencia. No obstante, la declinatoria podr谩 presentarse tambi茅n ante el tribunal del domicilio del demandado, que la har谩 llegar por el medio de comunicaci贸n m谩s r谩pido posible al tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remit铆rsela por oficio al d铆a siguiente de su presentaci贸n.
Precepto modificado por Ley 7/2017, de 2 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 5-11-2017
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 63
Redacci贸n hasta el 5-11-2017
1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte leg铆tima en el juicio promovido podr谩n denunciar la falta de jurisdicci贸n del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de 茅sta a tribunales extranjeros, a 贸rganos de otro orden jurisdiccional, a 谩rbitros o a mediadores.
Tambi茅n se propondr谩 declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo tipo. Si la declinatoria se fundare en la falta de competencia territorial, habr谩 de indicar el tribunal al que, por considerarse territorialmente competente, habr铆an de remitirse las actuaciones.
2. La declinatoria se propondr谩 ante el mismo tribunal que est茅 conociendo del pleito y al que se considere carente de jurisdicci贸n o de competencia. No obstante, la declinatoria podr谩 presentarse tambi茅n ante el tribunal del domicilio del demandado, que la har谩 llegar por el medio de comunicaci贸n m谩s r谩pido posible al tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remit铆rsela por oficio al d铆a siguiente de su presentaci贸n.
Precepto modificado por Ley 5/2012, de 6 de julio, con entrada en vigor a partir del 27-7-2012
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 63
Redacci贸n hasta el 27-7-2012
1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte leg铆tima en el juicio promovido podr谩n denunciar la falta de jurisdicci贸n del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de 茅sta a tribunales extranjeros, a 贸rganos de otro orden jurisdiccional, a 谩rbitros o a mediadores.
Tambi茅n se propondr谩 declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo tipo. Si la declinatoria se fundare en la falta de competencia territorial, habr谩 de indicar el tribunal al que, por considerarse territorialmente competente, habr铆an de remitirse las actuaciones.
2. La declinatoria se propondr谩 ante el mismo tribunal que est茅 conociendo del pleito y al que se considere carente de jurisdicci贸n o de competencia. No obstante, la declinatoria podr谩 presentarse tambi茅n ante el tribunal del domicilio del demandado, que la har谩 llegar por el medio de comunicaci贸n m谩s r谩pido posible al tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remit铆rsela por oficio al d铆a siguiente de su presentaci贸n.
Precepto modificado por RD-Ley 5/2012, de 5 de marzo, con entrada en vigor a partir del 7-3-2012
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 63
Redacci贸n hasta el 7-3-2012
1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte leg铆tima en el juicio promovido podr谩n denunciar la falta de jurisdicci贸n del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de 茅sta a tribunales extranjeros, a 贸rganos de otro orden jurisdiccional o a 谩rbitros.
Tambi茅n se propondr谩 declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo tipo. Si la declinatoria se fundare en la falta de competencia territorial, habr谩 de indicar el tribunal al que, por considerarse territorialmente competente, habr铆an de remitirse las actuaciones.
2. La declinatoria se propondr谩 ante el mismo tribunal que est茅 conociendo del pleito y al que se considere carente de jurisdicci贸n o de competencia. No obstante, la declinatoria podr谩 presentarse tambi茅n ante el tribunal del domicilio del demandado, que la har谩 llegar por el medio de comunicaci贸n m谩s r谩pido posible al tribunal ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remit铆rsela por oficio al d铆a siguiente de su presentaci贸n.
Art铆culo 64. Momento procesal de proposici贸n de la declinatoria y efectos inmediatos
1. La declinatoria se habr谩 de proponer dentro de los diez primeros d铆as del plazo para contestar a la demanda, y surtir谩 el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, el plazo para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensi贸n que declarar谩 el secretario judicial.
2. La suspensi贸n del procedimiento principal producida por la alegaci贸n previa de declinatoria no obstar谩 a que el tribunal ante el que penda el asunto pueda practicar, a instancia de parte leg铆tima, cualesquiera actuaciones de aseguramiento de prueba, as铆 como las medidas cautelares de cuya dilaci贸n pudieran seguirse perjuicios irreparables para el actor, salvo que el demandado prestase cauci贸n bastante para responder de los da帽os y perjuicios que derivaran de la tramitaci贸n de una declinatoria desprovista de fundamento.
La cauci贸n podr谩 otorgarse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duraci贸n indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de cr茅dito o sociedad de garant铆a rec铆proca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 64
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. La declinatoria se habr谩 de proponer dentro de los diez primeros d铆as del plazo para contestar a la demanda, o en los cinco primeros d铆as posteriores a la citaci贸n para vista, y surtir谩 el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, el plazo para contestar, o el c贸mputo para el d铆a de la vista, y el curso del procedimiento principal, suspensi贸n que acordar谩 el Secretario judicial.
2. La suspensi贸n del procedimiento principal producida por la alegaci贸n previa de declinatoria no obstar谩 a que el tribunal ante el que penda el asunto pueda practicar, a instancia de parte leg铆tima, cualesquiera actuaciones de aseguramiento de prueba, as铆 como las medidas cautelares de cuya dilaci贸n pudieran seguirse perjuicios irreparables para el actor, salvo que el demandado prestase cauci贸n bastante para responder de los da帽os y perjuicios que derivaran de la tramitaci贸n de una declinatoria desprovista de fundamento.
La cauci贸n podr谩 otorgarse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duraci贸n indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de cr茅dito o sociedad de garant铆a rec铆proca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 64
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La declinatoria se habr谩 de proponer dentro de los diez primeros d铆as del plazo para contestar a la demanda, o en los cinco primeros d铆as posteriores a la citaci贸n para vista, y surtir谩 el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, el plazo para contestar, o el c贸mputo para el d铆a de la vista, y el curso del procedimiento principal.
2. La suspensi贸n del procedimiento principal producida por la alegaci贸n previa de declinatoria no obstar谩 a que el tribunal ante el que penda el asunto pueda practicar, a instancia de parte leg铆tima, cualesquiera actuaciones de aseguramiento de prueba, as铆 como las medidas cautelares de cuya dilaci贸n pudieran seguirse perjuicios irreparables para el actor, salvo que el demandado prestase cauci贸n bastante para responder de los da帽os y perjuicios que derivaran de la tramitaci贸n de una declinatoria desprovista de fundamento.
La cauci贸n podr谩 otorgarse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duraci贸n indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de cr茅dito o sociedad de garant铆a rec铆proca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate.
1. Al escrito de declinatoria habr谩n de acompa帽arse los documentos o principios de prueba en que se funde, con copias en n煤mero igual al de los restantes litigantes, que dispondr谩n de un plazo de cinco d铆as, contados desde la notificaci贸n de la declinatoria, para alegar y aportar lo que consideren conveniente para sostener la jurisdicci贸n o la competencia del tribunal, que decidir谩 la cuesti贸n dentro del quinto d铆a siguiente.
Si la declinatoria fuese relativa a la falta de competencia territorial, el actor, al impugnarla, podr谩 tambi茅n alegar la falta de competencia territorial del tribunal en favor del cual se pretendiese declinar el conocimiento del asunto.
2. Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicci贸n por corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales de otro Estado, lo declarar谩 as铆 mediante auto, absteni茅ndose de conocer y sobreseyendo el proceso.
Del mismo modo proceder谩 el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediaci贸n.
3. Si el tribunal considera que carece de jurisdicci贸n por corresponder el asunto de que se trate a los tribunales de otro orden jurisdiccional, en el auto en el que se abstenga de conocer se帽alar谩 a las partes ante qu茅 贸rganos han de usar de su derecho. Igual resoluci贸n se dictar谩 cuando el tribunal entienda que carece de competencia objetiva.
4. Si se hubiere interpuesto declinatoria relativa a la competencia territorial y 茅sta no viniere determinada por reglas imperativas, el tribunal, para estimarla, habr谩 de considerar competente al 贸rgano se帽alado por el promotor de la declinatoria.
5. El tribunal, al estimar la declinatoria relativa a la competencia territorial, se inhibir谩 en favor del 贸rgano al que corresponda la competencia y acordar谩 remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante 茅l en el plazo de diez d铆as.
Precepto modificado por Ley 5/2012, de 6 de julio, con entrada en vigor a partir del 27-7-2012
路 Modificado p谩rrafo 2.潞 del apartado 2 del art铆culo 65
Redacci贸n hasta el 27-7-2012
1. Al escrito de declinatoria habr谩n de acompa帽arse los documentos o principios de prueba en que se funde, con copias en n煤mero igual al de los restantes litigantes, que dispondr谩n de un plazo de cinco d铆as, contados desde la notificaci贸n de la declinatoria, para alegar y aportar lo que consideren conveniente para sostener la jurisdicci贸n o la competencia del tribunal, que decidir谩 la cuesti贸n dentro del quinto d铆a siguiente.
Si la declinatoria fuese relativa a la falta de competencia territorial, el actor, al impugnarla, podr谩 tambi茅n alegar la falta de competencia territorial del tribunal en favor del cual se pretendiese declinar el conocimiento del asunto.
2. Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicci贸n por corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales de otro Estado, lo declarar谩 as铆 mediante auto, absteni茅ndose de conocer y sobreseyendo el proceso.
Del mismo modo proceder谩 el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediaci贸n.
3. Si el tribunal considera que carece de jurisdicci贸n por corresponder el asunto de que se trate a los tribunales de otro orden jurisdiccional, en el auto en el que se abstenga de conocer se帽alar谩 a las partes ante qu茅 贸rganos han de usar de su derecho. Igual resoluci贸n se dictar谩 cuando el tribunal entienda que carece de competencia objetiva.
4. Si se hubiere interpuesto declinatoria relativa a la competencia territorial y 茅sta no viniere determinada por reglas imperativas, el tribunal, para estimarla, habr谩 de considerar competente al 贸rgano se帽alado por el promotor de la declinatoria.
5. El tribunal, al estimar la declinatoria relativa a la competencia territorial, se inhibir谩 en favor del 贸rgano al que corresponda la competencia y acordar谩 remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante 茅l en el plazo de diez d铆as.
Precepto modificado por RD-Ley 5/2012, de 5 de marzo, con entrada en vigor a partir del 7-3-2012
路 Modificado p谩rrafo 2.潞 del apartado 2 del art铆culo 65
Redacci贸n hasta el 7-3-2012
1. Al escrito de declinatoria habr谩n de acompa帽arse los documentos o principios de prueba en que se funde, con copias en n煤mero igual al de los restantes litigantes, que dispondr谩n de un plazo de cinco d铆as, contados desde la notificaci贸n de la declinatoria, para alegar y aportar lo que consideren conveniente para sostener la jurisdicci贸n o la competencia del tribunal, que decidir谩 la cuesti贸n dentro del quinto d铆a siguiente.
Si la declinatoria fuese relativa a la falta de competencia territorial, el actor, al impugnarla, podr谩 tambi茅n alegar la falta de competencia territorial del tribunal en favor del cual se pretendiese declinar el conocimiento del asunto.
2. Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicci贸n por corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales de otro Estado, lo declarar谩 as铆 mediante auto, absteni茅ndose de conocer y sobreseyendo el proceso.
Del mismo modo proceder谩 el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje.
3. Si el tribunal considera que carece de jurisdicci贸n por corresponder el asunto de que se trate a los tribunales de otro orden jurisdiccional, en el auto en el que se abstenga de conocer se帽alar谩 a las partes ante qu茅 贸rganos han de usar de su derecho. Igual resoluci贸n se dictar谩 cuando el tribunal entienda que carece de competencia objetiva.
4. Si se hubiere interpuesto declinatoria relativa a la competencia territorial y 茅sta no viniere determinada por reglas imperativas, el tribunal, para estimarla, habr谩 de considerar competente al 贸rgano se帽alado por el promotor de la declinatoria.
5. El tribunal, al estimar la declinatoria relativa a la competencia territorial, se inhibir谩 en favor del 贸rgano al que corresponda la competencia y acordar谩 remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante 茅l en el plazo de diez d铆as.
CAP脥TULO IV-De los recursos en materia de jurisdicci贸n y competencia
Art铆culo 66. Recursos en materia de competencia internacional, jurisdicci贸n, sumisi贸n a arbitraje o mediaci贸n y competencia objetiva
1. Contra el auto absteni茅ndose de conocer por falta de competencia internacional, por pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediaci贸n o por falta de competencia objetiva, cabr谩 recurso de apelaci贸n.
2. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de jurisdicci贸n o de competencia objetiva, s贸lo cabr谩 recurso de reposici贸n, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelaci贸n contra la sentencia definitiva.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior ser谩 tambi茅n de aplicaci贸n cuando el auto rechace la sumisi贸n del asunto a arbitraje o a mediaci贸n.
Precepto modificado por Ley 5/2012, de 6 de julio, con entrada en vigor a partir del 27-7-2012
路 Modificado art铆culo 66
Redacci贸n hasta el 27-7-2012
1. Contra el auto absteni茅ndose de conocer por falta de competencia internacional, por pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediaci贸n o por falta de competencia objetiva, cabr谩 recurso de apelaci贸n.
2. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de jurisdicci贸n o de competencia objetiva, s贸lo cabr谩 recurso de reposici贸n, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelaci贸n contra la sentencia definitiva.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior ser谩 tambi茅n de aplicaci贸n cuando el auto rechace la sumisi贸n del asunto a arbitraje o a mediaci贸n.
Precepto modificado por RD-Ley 5/2012, de 5 de marzo, con entrada en vigor a partir del 7-3-2012
路 Modificado art铆culo 66
Redacci贸n hasta el 7-3-2012
Art铆culo 66. Recursos en materia de competencia internacional, jurisdicci贸n, sumisi贸n a arbitraje y competencia objetiva
1. Contra el auto absteni茅ndose de conocer por falta de competencia internacional, por pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el asunto a arbitraje o por falta de competencia objetiva, cabr谩 recurso de apelaci贸n.
2. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de jurisdicci贸n o de competencia objetiva, s贸lo cabr谩 recurso de reposici贸n, sin perjuicio de alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelaci贸n contra la sentencia definitiva.
Lo dispuesto en el p谩rrafo anterior ser谩 tambi茅n de aplicaci贸n cuando el auto rechace la sumisi贸n del asunto a arbitraje.
Art铆culo 67. Recursos en materia de competencia territorial
1. Contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial no se dar谩 recurso alguno.
2. En los recursos de apelaci贸n y extraordinario por infracci贸n procesal s贸lo se admitir谩n alegaciones de falta de competencia territorial cuando, en el caso de que se trate, fueren de aplicaci贸n normas imperativas.
CAP脥TULO V-Del reparto de los asuntos
Art铆culo 68. Obligatoriedad del reparto. Tratamiento procesal
1. Todos los asuntos civiles ser谩n repartidos entre los Juzgados de Primera Instancia cuando haya m谩s de uno en el partido. La misma regla se aplicar谩 a los asuntos de los que deban entender las Audiencias Provinciales cuando est茅n divididas en Secciones.
2. Los Secretarios Judiciales no permitir谩n que se curse ning煤n asunto sujeto a reparto si no constare en 茅l la diligencia correspondiente. En caso de que no conste dicha diligencia, se anular谩, a instancia de cualquiera de las partes, cualquier actuaci贸n que no consista en ordenar que el asunto pase a reparto.
3. Contra las decisiones relativas al reparto no proceder谩 la declinatoria, pero cualquiera de los litigantes podr谩 impugnar la infracci贸n de las normas de reparto vigentes en el momento de la presentaci贸n del escrito o de la solicitud de incoaci贸n de las actuaciones.
4. Las resoluciones dictadas por tribunales distintos de aquel o aquellos a los que correspondiese conocer seg煤n las normas de reparto se declarar谩n nulas a instancia de la parte a quien perjudicaren, siempre que la nulidad se hubiese instado en el tr谩mite procesal inmediatamente posterior al momento en que la parte hubiera tenido conocimiento de la infracci贸n de las normas de reparto y dicha infracci贸n no se hubiere corregido conforme a lo previsto en el apartado anterior.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 68
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Todos los asuntos civiles ser谩n repartidos entre los Juzgados de Primera Instancia cuando haya m谩s de uno en el partido. La misma regla se aplicar谩 a los asuntos de los que deban entender las Audiencias Provinciales cuando est茅n divididas en Secciones.
2. Los tribunales no permitir谩n que se curse ning煤n asunto sujeto a reparto si no constare en 茅l la diligencia correspondiente. En caso de que no conste dicha diligencia, se anular谩, a instancia de cualquiera de las partes, cualquier actuaci贸n que no consista en ordenar que el asunto pase a reparto.
3. Contra las decisiones relativas al reparto no proceder谩 la declinatoria, pero cualquiera de los litigantes podr谩 impugnar la infracci贸n de las normas de reparto vigentes en el momento de la presentaci贸n del escrito o de la solicitud de incoaci贸n de las actuaciones.
4. Las resoluciones dictadas por tribunales distintos de aquel o aquellos a los que correspondiese conocer seg煤n las normas de reparto se declarar谩n nulas a instancia de la parte a quien perjudicaren, siempre que la nulidad se hubiese instado en el tr谩mite procesal inmediatamente posterior al momento en que la parte hubiera tenido conocimiento de la infracci贸n de las normas de reparto y dicha infracci贸n no se hubiere corregido conforme a lo previsto en el apartado anterior.
Art铆culo 69. Plazo en que debe efectuarse el reparto
Los asuntos ser谩n repartidos y remitidos a la Oficina judicial que corresponda dentro de los dos d铆as siguientes a la presentaci贸n del escrito o solicitud de incoaci贸n de las actuaciones.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 69
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Los asuntos ser谩n repartidos y remitidos al Juzgado o Secci贸n que corresponda dentro de los dos d铆as siguientes a la presentaci贸n del escrito o solicitud de incoaci贸n de las actuaciones.
Art铆culo 70. Medidas urgentes en asuntos no repartidos
Los Jueces Decanos y los Presidentes de Tribunales y Audiencias podr谩n, a instancia de parte, adoptar las medidas urgentes en los asuntos no repartidos cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse alg煤n derecho o producirse alg煤n perjuicio grave e irreparable.
T脥TULO III-De la acumulaci贸n de acciones y de procesos
CAP脥TULO I-De la acumulaci贸n de acciones
Art铆culo 71. Efecto principal de la acumulaci贸n. Acumulaci贸n objetiva de acciones. Acumulaci贸n eventual
1. La acumulaci贸n de acciones admitida producir谩 el efecto de discutirse todas en un mismo procedimiento y resolverse en una sola sentencia.
2. El actor podr谩 acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes t铆tulos, siempre que aqu茅llas no sean incompatibles entre s铆.
3. Ser谩 incompatible el ejercicio simult谩neo de dos o m谩s acciones en un mismo juicio y no podr谩n, por tanto, acumularse cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre s铆, de suerte que la elecci贸n de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras.
4. Sin embargo, de lo establecido en el apartado anterior, el actor podr谩 acumular eventualmente acciones entre s铆 incompatibles, con expresi贸n de la acci贸n principal y de aquella otra u otras que ejercita para el solo evento de que la principal no se estime fundada.
Podr谩n acumularse, ejercit谩ndose simult谩neamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por raz贸n del t铆tulo o causa de pedir.
Se entender谩 que el t铆tulo o causa de pedir es id茅ntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos.
Art铆culo 73. Admisibilidad por motivos procesales de la acumulaci贸n de acciones
1. Para que sea admisible la acumulaci贸n de acciones ser谩 preciso:
1.潞 Que el Tribunal que deba entender de la acci贸n principal posea jurisdicci贸n y competencia por raz贸n de la materia o por raz贸n de la cuant铆a para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin embargo, a la acci贸n que haya de sustanciarse en juicio ordinario podr谩 acumularse la acci贸n que, por s铆 sola, se habr铆a de ventilar, por raz贸n de su cuant铆a, en juicio verbal.
2.潞 Que las acciones acumuladas no deban, por raz贸n de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo.
3.潞 Que la ley no proh铆ba la acumulaci贸n en los casos en que se ejerciten determinadas acciones en raz贸n de su materia o por raz贸n del tipo de juicio que se haya de seguir.
2. Tambi茅n se acumular谩n en una misma demanda distintas acciones cuando as铆 lo dispongan las leyes, para casos determinados.
3. Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, el Secretario judicial requerir谩 al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco d铆as, manteniendo las acciones cuya acumulaci贸n fuere posible. Transcurrido el t茅rmino sin que se produzca la subsanaci贸n, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, dar谩 cuenta al Tribunal para que por el mismo se resuelva sobre la admisi贸n de la demanda.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 73
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 73. Admisibilidad por motivos procesales de la acumulaci贸n de acciones. Casos especiales de acumulaci贸n necesaria
1. Para que sea admisible la acumulaci贸n de acciones ser谩 preciso:
1.潞 Que el tribunal que deba entender de la acci贸n principal posea jurisdicci贸n y competencia por raz贸n de la materia o por raz贸n de la cuant铆a para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin embargo, a la acci贸n que haya de sustanciarse en juicio ordinario podr谩 acumularse la acci贸n que, por s铆 sola, se habr铆a de ventilar, por raz贸n de su cuant铆a, en juicio verbal.
2.潞 Que las acciones acumuladas no deban, por raz贸n de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo.
3.潞 Que la ley no proh铆ba la acumulaci贸n en los casos en que se ejerciten determinadas acciones en raz贸n de su materia o por raz贸n del tipo de juicio que se haya de seguir.
2. Cuando la demanda tenga por objeto la impugnaci贸n de acuerdos sociales se acumular谩n de oficio todas las que pretendan la declaraci贸n de nulidad o de anulabilidad de los acuerdos adoptados en una misma Junta o Asamblea o en una misma sesi贸n de 贸rgano colegiado de administraci贸n y que se presenten dentro de los cuarenta d铆as siguientes a aqu茅l en que se hubiera presentado la primera.
En todo caso, en los lugares donde hubiere m谩s de un Juzgado de Primera Instancia, las demandas que se presenten con posterioridad a otra se repartir谩n al Juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera.
3. Tambi茅n se acumular谩n en una misma demanda distintas acciones cuando as铆 lo dispongan las leyes, para casos determinados.
4. Si se hubieren acumulado varias acciones indebidamente, se requerir谩 al actor, antes de proceder a admitir la demanda, para que subsane el defecto en el plazo de cinco d铆as, manteniendo las acciones cuya acumulaci贸n fuere posible. Transcurrido el t茅rmino sin que se produzca la subsanaci贸n, o si se mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones que se pretendieran mantener por el actor, se acordar谩 el archivo de la demanda sin mas tr谩mites.
CAP脥TULO II-De la acumulaci贸n de procesos
SECCI脫N 1.陋-De la acumulaci贸n de procesos: disposiciones generales
Art铆culo 74. Finalidad de la acumulaci贸n de procesos
En virtud de la acumulaci贸n de procesos, se seguir谩n 茅stos en un solo procedimiento y ser谩n terminados por una sola sentencia.
Art铆culo 75. Legitimaci贸n para solicitar la acumulaci贸n de procesos. Acumulaci贸n acordada de oficio
La acumulaci贸n podr谩 ser solicitada por quien sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulaci贸n se pretende o ser谩 acordada de oficio por el Tribunal, siempre que se est茅 en alguno de los casos previstos en el art铆culo siguiente.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 75
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 75. Legitimaci贸n para solicitar la acumulaci贸n de procesos
Salvo que la ley expresamente disponga otra cosa, la acumulaci贸n de procesos diferentes s贸lo podr谩 decretarse a instancia de quien sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulaci贸n se pretende.
Art铆culo 76. Casos en los que procede la acumulaci贸n de procesos
1. La acumulaci贸n de procesos habr谩 de ser acordada siempre que:
1.潞 La sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro.
2.潞 Entre los objetos de los procesos de cuya acumulaci贸n se trate exista tal conexi贸n que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.
2. Asimismo, proceder谩 la acumulaci贸n en los siguientes casos:
1.潞 Cuando se trate de procesos incoados para la protecci贸n de los derechos e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y usuarios, susceptibles de acumulaci贸n conforme a lo dispuesto en el apartado 1.1.潞 de este art铆culo y en el art铆culo 77, cuando la diversidad de procesos no se hubiera podido evitar mediante la acumulaci贸n de acciones o la intervenci贸n prevista en el art铆culo 15 de esta ley.
2.潞 Cuando el objeto de los procesos a acumular fuera la impugnaci贸n de acuerdos sociales adoptados en una misma Junta o Asamblea o en una misma sesi贸n de 贸rgano colegiado de administraci贸n. En este caso se acumular谩n todos los procesos incoados en virtud de demandas en las que se soliciten la declaraci贸n de nulidad o de anulabilidad de dichos acuerdos, siempre que las mismas hubieran sido presentadas en un periodo de tiempo no superior a cuarenta d铆as desde la presentaci贸n de la primera de las demandas.
3.潞 Cuando se trate de procesos en los que se sustancie la oposici贸n a resoluciones administrativas en materia de protecci贸n de un mismo menor, tramitados conforme al art铆culo 780, siempre que en ninguno de ellos se haya iniciado la vista.
En todo caso, en los lugares donde hubiere m谩s de un Juzgado que tuviera asignadas competencias en materia mercantil, en los casos de los n煤meros 1.潞 y 2.潞, o en materia civil, en el caso del n煤mero 3.潞, las demandas que se presenten con posterioridad a otra se repartir谩n al Juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera.
Precepto modificado por Ley 26/2015, de 28 de julio, con entrada en vigor a partir del 18-8-2015
路 A帽adido n煤mero 3.潞 del apartado 2 del art铆culo 76
路 Modificado 煤ltimo p谩rrafo del apartado 2 del art铆culo 76
Redacci贸n hasta el 18-8-2015
1. La acumulaci贸n de procesos habr谩 de ser acordada siempre que:
1.潞 La sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro.
2.潞 Entre los objetos de los procesos de cuya acumulaci贸n se trate exista tal conexi贸n que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.
2. Asimismo, proceder谩 la acumulaci贸n en los siguientes casos:
1.潞 Cuando se trate de procesos incoados para la protecci贸n de los derechos e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y usuarios, susceptibles de acumulaci贸n conforme a lo dispuesto en el apartado 1.1.潞 de este art铆culo y en el art铆culo 77, cuando la diversidad de procesos no se hubiera podido evitar mediante la acumulaci贸n de acciones o la intervenci贸n prevista en el art铆culo 15 de esta ley.
2.潞 Cuando el objeto de los procesos a acumular fuera la impugnaci贸n de acuerdos sociales adoptados en una misma Junta o Asamblea o en una misma sesi贸n de 贸rgano colegiado de administraci贸n. En este caso se acumular谩n todos los procesos incoados en virtud de demandas en las que se soliciten la declaraci贸n de nulidad o de anulabilidad de dichos acuerdos, siempre que las mismas hubieran sido presentadas en un periodo de tiempo no superior a cuarenta d铆as desde la presentaci贸n de la primera de las demandas.
En todo caso, en los lugares donde hubiere m谩s de un Juzgado que tuviera asignadas competencias en materia mercantil, las demandas que se presenten con posterioridad a otra se repartir谩n al Juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 76
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
La acumulaci贸n de procesos s贸lo se ordenar谩:
1.潞 Cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro.
2.潞 Cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulaci贸n se pide exista tal conexi贸n que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.
1. Salvo lo dispuesto en el art铆culo 555 de esta Ley sobre la acumulaci贸n de procesos de ejecuci贸n, s贸lo proceder谩 la acumulaci贸n de procesos declarativos que se sustancien por los mismos tr谩mites o cuya tramitaci贸n pueda unificarse sin p茅rdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en este cap铆tulo.
Se entender谩 que no hay p茅rdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulaci贸n de un juicio ordinario y un juicio verbal, que proseguir谩n por los tr谩mites del juicio ordinario, ordenando el tribunal en el auto por el que acuerde la acumulaci贸n, y de ser necesario, retrotraer hasta el momento de contestaci贸n a la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado, a fin de que siga los tr谩mites previstos para el juicio ordinario.
2. Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabr谩 su acumulaci贸n si el tribunal del proceso m谩s antiguo careciere de competencia objetiva por raz贸n de la materia o por raz贸n de la cuant铆a para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular.
3. Tampoco proceder谩 la acumulaci贸n cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso m谩s moderno tenga en la Ley car谩cter inderogable para las partes.
4. Para que sea admisible la acumulaci贸n de procesos ser谩 preciso que 茅stos se encuentren en primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el art铆culo 433 de esta Ley.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 77
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Salvo lo dispuesto en el art铆culo 555 de esta ley sobre la acumulaci贸n de procesos de ejecuci贸n, s贸lo proceder谩 la acumulaci贸n de procesos declarativos que se sustancien por los mismos tr谩mites o cuya tramitaci贸n pueda unificarse sin p茅rdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en este cap铆tulo.
Se entender谩 que no hay p茅rdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulaci贸n de un juicio ordinario y un juicio verbal, que proseguir谩n por los tr谩mites del juicio ordinario, ordenando el Tribunal en el auto por el que acuerde la acumulaci贸n, y de ser necesario, retrotraer hasta el momento de admisi贸n de la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado, a fin de que siga los tr谩mites previstos para el juicio ordinario.
2. Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabr谩 su acumulaci贸n si el tribunal del proceso m谩s antiguo careciere de competencia objetiva por raz贸n de la materia o por raz贸n de la cuant铆a para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular.
3. Tampoco proceder谩 la acumulaci贸n cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso m谩s moderno tenga en la Ley car谩cter inderogable para las partes.
4. Para que sea admisible la acumulaci贸n de procesos ser谩 preciso que 茅stos se encuentren en primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el art铆culo 433 de esta Ley.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 77
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Salvo lo dispuesto en el art铆culo 555 de esta Ley sobre la acumulaci贸n de procesos de ejecuci贸n, s贸lo proceder谩 la acumulaci贸n de procesos declarativos que se sustancien por los mismos tr谩mites o cuya tramitaci贸n pueda unificarse sin p茅rdida de derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en este cap铆tulo.
2. Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabr谩 su acumulaci贸n si el tribunal del proceso m谩s antiguo careciere de competencia objetiva por raz贸n de la materia o por raz贸n de la cuant铆a para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular.
3. Tampoco proceder谩 la acumulaci贸n cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso m谩s moderno tenga en la Ley car谩cter inderogable para las partes.
4. Para que sea admisible la acumulaci贸n de procesos ser谩 preciso que 茅stos se encuentren en primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado el juicio a que se refiere el art铆culo 433 de esta Ley.
Art铆culo 78. Improcedencia de la acumulaci贸n de procesos. Excepciones
1. No proceder谩 la acumulaci贸n de procesos cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda evitarse mediante la excepci贸n de litispendencia.
2. Tampoco proceder谩 la acumulaci贸n de procesos a instancia de parte cuando no se justifique que, con la primera demanda o, en su caso, con la ampliaci贸n de 茅sta o con la reconvenci贸n, no pudo promoverse un proceso que comprendiese pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en los procesos distintos, cuya acumulaci贸n se pretenda.
3. Si los procesos cuya acumulaci贸n se pretenda fueren promovidos por el mismo demandante o por demandado reconviniente, solo o en litisconsorcio, se entender谩, salvo justificaci贸n cumplida, que pudo promoverse un 煤nico proceso en los t茅rminos del apartado anterior y no proceder谩 la acumulaci贸n.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no ser谩 de aplicaci贸n a los procesos a los que se refiere el n煤mero 2.1.潞 del art铆culo 76.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2 y 4 del art铆culo 78
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. No proceder谩 la acumulaci贸n de procesos cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda evitarse mediante la excepci贸n de litispendencia.
2. Tampoco proceder谩 la acumulaci贸n de procesos cuando no se justifique que, con la primera demanda o, en su caso, con la ampliaci贸n de 茅sta o con la reconvenci贸n, no pudo promoverse un proceso que comprendiese pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas en los procesos distintos, cuya acumulaci贸n se pretenda.
3. Si los procesos cuya acumulaci贸n se pretenda fueren promovidos por el mismo demandante o por demandado reconviniente, solo o en litisconsorcio, se entender谩, salvo justificaci贸n cumplida, que pudo promoverse un 煤nico proceso en los t茅rminos del apartado anterior y no proceder谩 la acumulaci贸n.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no ser谩 de aplicaci贸n a los procesos, susceptibles de acumulaci贸n conforme a los art铆culos 76 y 77, incoados para la protecci贸n de los derechos e intereses colectivos o difusos que las leyes reconozcan a consumidores y usuarios, cuando la diversidad de esos procesos, ya sean promovidos por las asociaciones, entidades o grupos legitimados o por consumidores o usuarios determinados, no se hubiera podido evitar mediante la acumulaci贸n de acciones o la intervenci贸n prevista en el art铆culo 15 de esta Ley.
En tales casos, se decretar谩 la acumulaci贸n de procesos, incluso de oficio, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Art铆culo 79. Proceso en el que se ha de pedir o acordar de oficio la acumulaci贸n
1. La acumulaci贸n de procesos se solicitar谩 siempre al Tribunal que conozca del proceso m谩s antiguo, al que se acumular谩n los m谩s modernos. De incumplirse este requisito, el Secretario judicial dictar谩 decreto inadmitiendo la solicitud.
Corresponder谩, seg煤n lo dispuesto en el art铆culo 75, al Tribunal que conozca del proceso m谩s antiguo, ordenar de oficio la acumulaci贸n.
2. La antig眉edad se determinar谩 por la fecha de la presentaci贸n de la demanda, debiendo presentarse con la solicitud de acumulaci贸n el documento que acredite dicha fecha.
Si las demandas se hubiesen presentado el mismo d铆a, se considerar谩 m谩s antiguo el proceso que se hubiera repartido primero.
Si, por pender ante distintos Tribunales o por cualquiera otra causa, no fuera posible determinar cu谩l de las demandas fue repartida en primer lugar, la solicitud podr谩 pedirse en cualquiera de los procesos cuya acumulaci贸n se pretende.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 79
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 79. Proceso en el que se ha de pedir la acumulaci贸n
1. La acumulaci贸n de procesos se solicitar谩 siempre al tribunal que conozca del proceso m谩s antiguo, al que se acumular谩n los m谩s modernos. De incumplirse este requisito, el tribunal inadmitir谩 la solicitud por auto y sin ulterior recurso.
2. La antig眉edad se determinar谩 por la fecha de la presentaci贸n de la demanda. Si las demandas se hubiesen presentado el mismo d铆a, se considerar谩 m谩s antiguo el proceso que se hubiera repartido primero.
Si, por pender ante distintos tribunales o por cualquiera otra causa, no fuera posible determinar cu谩l de las demandas fue repartida en primer lugar, la solicitud podr谩 pedirse en cualquiera de los procesos cuya acumulaci贸n se pretende.
En los juicios verbales, la acumulaci贸n de procesos que est茅n pendientes ante el mismo tribunal se regular谩 por las normas de la Secci贸n siguiente.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado art铆culo 80
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. En los juicios verbales, la acumulaci贸n de procesos que est茅n pendientes ante el mismo tribunal se regular谩 por las normas de la secci贸n siguiente. De no haberse formulado antes, la solicitud de acumulaci贸n se har谩 en el acto de la vista, en forma oral.
En este caso, las dem谩s partes que asistan al acto manifestar谩n, en la misma forma, lo que estimen oportuno acerca de la procedencia o no de la acumulaci贸n solicitada y se resolver谩 sobre ella en la misma vista.
2. Cuando la acumulaci贸n fuera promovida de oficio, el Tribunal, si no lo hubiera realizado antes conforme a lo previsto en la siguiente Secci贸n, oir谩 a las partes y resolver谩 conforme a lo dispuesto en el p谩rrafo que antecede.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 80
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En los juicios verbales, la acumulaci贸n de procesos que est茅n pendientes ante el mismo tribunal se regular谩 por las normas de la secci贸n siguiente. De no haberse formulado antes, la solicitud de acumulaci贸n se har谩 en el acto de la vista, en forma oral.
En este caso, las dem谩s partes que asistan al acto manifestar谩n, en la misma forma, lo que estimen oportuno acerca de la procedencia o no de la acumulaci贸n solicitada y se resolver谩 sobre ella en la misma vista.
2. Cuando los procesos est茅n pendientes ante distintos tribunales, la solicitud de acumulaci贸n formulada en juicio verbal se har谩 seg煤n lo dispuesto en el apartado anterior y se sustanciar谩, en cuanto sea posible, conforme a las normas contenidas en la secci贸n 3.陋 de este cap铆tulo.
SECCI脫N 2.陋-De la acumulaci贸n de procesos pendientes ante un mismo tribunal
Art铆culo 81. Solicitud de la acumulaci贸n de procesos
Cuando los procesos se sigan ante el mismo tribunal, la acumulaci贸n se solicitar谩 por escrito, en el que se se帽alar谩n con claridad los procesos cuya acumulaci贸n se pide y el estado procesal en que se encuentran, exponi茅ndose asimismo las razones que justifican la acumulaci贸n.
La solicitud de acumulaci贸n de procesos no suspender谩 el curso de los que se pretenda acumular, a salvo de lo establecido en el art铆culo 88.2, aunque el Tribunal deber谩 abstenerse de dictar sentencia en cualquiera de ellos hasta que decida sobre la procedencia de la acumulaci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado p谩rrafo 2.潞 del art铆culo 81
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Cuando los procesos se sigan ante el mismo tribunal, la acumulaci贸n se solicitar谩 por escrito, en el que se se帽alar谩n con claridad los procesos cuya acumulaci贸n se pide y el estado procesal en que se encuentran, exponi茅ndose asimismo las razones que justifican la acumulaci贸n.
La solicitud de acumulaci贸n de procesos no suspender谩 el curso de los que se pretenda acumular, aunque el tribunal deber谩 abstenerse de dictar sentencia en cualquiera de ellos hasta que decida sobre la procedencia de la acumulaci贸n.
Art铆culo 82. Desestimaci贸n inicial de la solicitud de acumulaci贸n de procesos
El tribunal por medio de auto rechazar谩 la solicitud de acumulaci贸n cuando no contenga los datos exigidos en el art铆culo anterior o cuando, seg煤n lo que consigne dicha solicitud, la acumulaci贸n no fuere procedente por raz贸n de la clase y tipo de los procesos, de su estado procesal y dem谩s requisitos procesales establecidos en los art铆culos anteriores.
Art铆culo 83. Sustanciaci贸n y decisi贸n del incidente de acumulaci贸n de procesos. Recursos
1. Solicitada en forma la acumulaci贸n de procesos, el Secretario judicial dar谩 traslado a las dem谩s partes personadas y a todos los que sean parte en cualquiera de los procesos cuya acumulaci贸n se pretende, aunque no lo sean en aqu茅l en el que se ha solicitado, a fin de que, en el plazo com煤n de diez d铆as, formulen alegaciones acerca de la acumulaci贸n.
2. Transcurrido dicho plazo, o recibidas las alegaciones, cuando todas las partes del incidente estuvieren conformes con la solicitud de acumulaci贸n, el Tribunal, si entendiere que concurren los presupuestos necesarios, acordar谩 la acumulaci贸n, dentro de los cinco d铆as siguientes.
3. Cuando entre las partes no exista acuerdo, o cuando ninguna de ellas formule alegaciones, el Tribunal resolver谩 lo que estime procedente, otorgando o denegando la acumulaci贸n solicitada.
4. Cuando la acumulaci贸n fuera promovida de oficio, el Tribunal dar谩 audiencia por un plazo com煤n de diez d铆as a todos los que sean parte en los procesos de cuya acumulaci贸n se trate, a fin de que formulen alegaciones.
5. Contra el auto que decida sobre la acumulaci贸n solicitada no cabr谩 otro recurso que el de reposici贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 83
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 83. Sustanciaci贸n y decisi贸n del incidente de acumulaci贸n de procesos. Recurso
1. Solicitada en forma la acumulaci贸n de procesos, se dar谩 traslado a las dem谩s partes personadas y a todos los que sean parte en cualquiera de los procesos cuya acumulaci贸n se pretende, aunque no lo sean en aquel en el que se ha solicitado, a fin de que, en el plazo com煤n de diez d铆as, formulen alegaciones acerca de la acumulaci贸n.
2. Transcurrido dicho plazo, o recibidas las alegaciones, el tribunal resolver谩 la cuesti贸n dentro de los cinco d铆as siguientes. Si todas las partes del incidente estuvieren conformes con la acumulaci贸n, el tribunal la otorgar谩 sin m谩s tr谩mites. Cuando entre las partes no exista acuerdo, o cuando ninguna de ellas formule alegaciones, el tribunal resolver谩 lo que estime procedente, otorgando o denegando la acumulaci贸n solicitada.
Contra el auto que decida sobre la acumulaci贸n solicitada no cabr谩 otro recurso que el de reposici贸n.
Art铆culo 84. Efectos del auto que otorga la acumulaci贸n
1. Aceptada la acumulaci贸n, el tribunal ordenar谩 que los procesos m谩s modernos se unan a los m谩s antiguos, para que contin煤en sustanci谩ndose en el mismo procedimiento o por los mismos tr谩mites y se decidan en una misma sentencia.
2. Si los procesos acumulados no estuvieran en la misma fase dentro de la primera instancia, el Secretario judicial acordar谩 la suspensi贸n del que estuviera m谩s avanzado, hasta que los otros se hallen en el mismo estado, debiendo estarse, en su caso, a lo dispuesto en el art铆culo 77.1, p谩rrafo segundo.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 84
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Aceptada la acumulaci贸n, el tribunal ordenar谩 que los procesos m谩s modernos se unan a los m谩s antiguos, para que contin煤en sustanci谩ndose en el mismo procedimiento o por los mismos tr谩mites y se decidan en una misma sentencia.
2. Si los procesos acumulados no estuvieran en la misma fase dentro de la primera instancia, se ordenar谩 la suspensi贸n del que estuviera m谩s avanzado, hasta que los otros se hallen en el mismo o similar estado.
Art铆culo 85. Efectos del auto que deniega la acumulaci贸n
1. Denegada la acumulaci贸n, los juicios se sustanciar谩n separadamente.
2. El auto que deniegue la acumulaci贸n condenar谩 a la parte que la hubiera promovido al pago de las costas del incidente.
SECCI脫N 3.陋-De la acumulaci贸n de procesos pendientes ante distintos tribunales
La acumulaci贸n de procesos que pendan ante distintos tribunales se regir谩 por las normas de las anteriores secciones de este cap铆tulo, con las especialidades que se indican en los art铆culos siguientes.
Art铆culo 87. Solicitud de acumulaci贸n de procesos
Adem谩s de lo previsto en el art铆culo 81, en el escrito en que se solicite la acumulaci贸n de procesos se deber谩 indicar el tribunal ante el que penden los otros procesos, cuya acumulaci贸n se pretende.
Art铆culo 88. Efecto no suspensivo de la solicitud o del inicio de actuaciones de oficio para la acumulaci贸n de procesos
1. La solicitud o inicio de actuaciones de oficio para la acumulaci贸n de procesos no suspender谩 el curso de los procesos afectados, salvo desde el momento en que alguno de ellos quede pendiente s贸lo de sentencia. En tal caso se suspender谩 el plazo para dictarla.
2. No obstante lo anterior, el Tribunal podr谩 acordar la suspensi贸n del acto del juicio o de la vista a fin de evitar que la celebraci贸n de dichos actos pueda afectar al resultado y desarrollo de las pruebas a practicar en los dem谩s procesos.
3. Tan pronto como se pida la acumulaci贸n el Secretario judicial dar谩 noticia de este hecho, por el medio m谩s r谩pido, al otro Tribunal, a fin de que se abstenga en todo caso de dictar sentencia o pueda decidir sobre la suspensi贸n prevista en el apartado anterior, hasta tanto se decida definitivamente sobre la acumulaci贸n pretendida.
4. El Secretario judicial dar谩 traslado a las dem谩s partes personadas de la solicitud de acumulaci贸n para que, en el plazo com煤n de diez d铆as, formulen alegaciones sobre la procedencia de la acumulaci贸n, y tras ello resolver谩 el Tribunal en el plazo de cinco d铆as y seg煤n lo dispuesto en el art铆culo 83 de esta ley. Cuando la acumulaci贸n se deniegue, se comunicar谩 por el Secretario judicial al otro Tribunal, que podr谩 dictar sentencia o, en su caso, proceder a la celebraci贸n del juicio o vista.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 88
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 88. Efecto no suspensivo de la solicitud de acumulaci贸n de procesos
1. La solicitud de acumulaci贸n de procesos no suspender谩 el curso de los procesos afectados, salvo desde el momento en que alguno de ellos quede pendiente s贸lo de sentencia. En tal caso se suspender谩 el plazo para dictarla.
2. Tan pronto como se pida la acumulaci贸n se dar谩 noticia de este hecho, por el medio m谩s r谩pido, al otro tribunal a fin de que se abstenga en todo caso de dictar sentencia hasta tanto se decida definitivamente sobre la acumulaci贸n pretendida.
3. De la solicitud de acumulaci贸n se dar谩 traslado a las dem谩s partes personadas, para que, en el plazo com煤n de diez d铆as, formulen alegaciones sobre la procedencia de la acumulaci贸n. El tribunal por medio de auto resolver谩 en el plazo de cinco d铆as y cuando la acumulaci贸n se deniegue, se comunicar谩 al otro tribunal, que podr谩 dictar sentencia.
Art铆culo 89. Contenido del auto que declara procedente la acumulaci贸n de procesos
Cuando el tribunal estime procedente la acumulaci贸n, mandar谩 en el mismo auto dirigir oficio al que conozca del otro pleito, requiriendo la acumulaci贸n y la remisi贸n de los correspondientes procesos.
A este oficio acompa帽ar谩 testimonio de los antecedentes que el mismo tribunal determine y que sean bastantes para dar a conocer la causa por la que se pretende la acumulaci贸n y las alegaciones que, en su caso, hayan formulado las partes distintas del solicitante de la acumulaci贸n.
Art铆culo 90. Recepci贸n del requerimiento de acumulaci贸n por el Tribunal requerido y vista a los litigantes
1. Recibidos el oficio y el testimonio por el Tribunal requerido el Secretario judicial dar谩 traslado de ellos a los litigantes que ante el Tribunal hayan comparecido.
2. Si alguno de los personados ante el Tribunal requerido no lo estuviera en el proceso ante el Tribunal requirente, dispondr谩 de un plazo de cinco d铆as para instruirse del oficio y del testimonio en la Oficina judicial, y para presentar escrito manifestando lo que convenga a su derecho sobre la acumulaci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 90
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 90. Recepci贸n del requerimiento de acumulaci贸n por el tribunal requerido y vista a los litigantes
1. Recibidos el oficio y el testimonio por el tribunal requerido, se dar谩 traslado de ellos a los litigantes que ante 茅l hayan comparecido.
2. Si alguno de los personados ante el tribunal requerido no lo estuviera en el proceso ante el tribunal requirente, dispondr谩 de un plazo de cinco d铆as para instruirse del oficio y del testimonio en la Secretar铆a del tribunal y para presentar escrito manifestando lo que convenga a su derecho sobre la acumulaci贸n.
Art铆culo 91. Resoluci贸n sobre el requerimiento de acumulaci贸n
1. Transcurrido, en su caso, el plazo de cinco d铆as a que se refiere el art铆culo anterior, el tribunal dictar谩 auto aceptando o denegando el requerimiento de acumulaci贸n.
2. Si ninguna de las partes personadas ante el tribunal requerido se opusiere a la acumulaci贸n o si no alegaren datos o argumentos distintos de los alegados ante el tribunal requirente, el tribunal requerido se abstendr谩 de impugnar los fundamentos del auto requiriendo la acumulaci贸n relativos a la concurrencia de los requisitos establecidos en los art铆culos 76 y 77, y s贸lo podr谩 fundar su negativa al requerimiento en que la acumulaci贸n debe hacerse a los procesos pendientes ante el tribunal requerido.
Art铆culo 92. Efectos de la aceptaci贸n de la acumulaci贸n por el Tribunal requerido
1. Aceptado el requerimiento de acumulaci贸n, el Secretario judicial lo notificar谩 de inmediato a quienes fueren partes en el proceso seguido ante el Tribunal requerido, para que en el plazo de diez d铆as puedan personarse ante el Tribunal requirente, al que remitir谩 los autos, para que, en su caso, sigan su curso ante 茅l.
2. Acordada la acumulaci贸n de procesos, el Secretario acordar谩 la suspensi贸n del curso del proceso m谩s avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal, momento en que se efectuar谩 la acumulaci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 92
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 92. Efectos de la aceptaci贸n de la acumulaci贸n por el tribunal requerido
1. Aceptado el requerimiento de acumulaci贸n, se notificar谩 de inmediato a quienes fueren partes en el proceso seguido ante el tribunal requerido, para que en el plazo de diez d铆as puedan personarse ante el tribunal requirente, al que se remitir谩n los autos, para que, en su caso, sigan su curso ante 茅l.
2. Acordada la acumulaci贸n de procesos, se suspender谩 el curso del proceso m谩s avanzado hasta que el otro llegue al mismo estado procesal, en que se efectuar谩 la acumulaci贸n.
Art铆culo 93. Efectos de la no aceptaci贸n de la acumulaci贸n de procesos por el tribunal requerido
1. Cuando, conforme a lo previsto en el apartado 2 del art铆culo 91, el tribunal requerido no aceptare el requerimiento de acumulaci贸n por estimarla improcedente o por creer que la acumulaci贸n debe hacerse a los que pendan ante 茅l, lo comunicar谩 al tribunal requirente y ambos deferir谩n la decisi贸n al tribunal competente para dirimir la discrepancia.
2. Ser谩 competente para dirimir las discrepancias en materia de acumulaci贸n de procesos el tribunal inmediato superior com煤n a requirente y requerido.
Art铆culo 94. Sustanciaci贸n de la discrepancia ante el tribunal competente
1. A los efectos previstos en el art铆culo anterior, tanto el tribunal requirente como el requerido remitir谩n a la mayor brevedad posible al tribunal competente testimonio de lo que, para poder resolver la discrepancia sobre la acumulaci贸n, obre en sus respectivos tribunales.
2. El tribunal requirente y el requerido emplazar谩n a las partes para que puedan comparecer en el plazo improrrogable de cinco d铆as ante el tribunal competente y alegar por escrito lo que consideren que conviene a su derecho.
1. El tribunal competente decidir谩 por medio de auto, en el plazo de veinte d铆as, a la vista de los antecedentes que consten en los autos y de las alegaciones escritas de las partes, si se hubieran presentado. Contra el auto que se dicte no se dar谩 recurso alguno.
2. Si se acordare la acumulaci贸n de procesos, se ordenar谩 lo establecido en el art铆culo 92 de esta ley. Si se denegare, los procesos deber谩n seguir su curso por separado, alz谩ndose, en su caso, por el Secretario judicial la suspensi贸n acordada.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 95
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El tribunal competente decidir谩 por medio de auto, en el plazo de veinte d铆as, a la vista de los antecedentes que consten en los autos y de las alegaciones escritas de las partes, si se hubieran presentado. Contra el auto que se dicte no se dar谩 recurso alguno.
2. Si se acordare la acumulaci贸n de procesos, se ordenar谩 lo establecido en el art铆culo 92 de esta Ley. Si se denegare, los procesos deber谩n seguir su curso por separado, alz谩ndose, en su caso, la suspensi贸n del plazo para dictar sentencia.
Art铆culo 96. Acumulaci贸n de m谩s de dos procesos. Requerimientos m煤ltiples de acumulaci贸n
1. Lo dispuesto en este cap铆tulo ser谩 aplicable para el caso de que sean m谩s de dos los juicios cuya acumulaci贸n se pida.
2. Cuando un mismo Tribunal fuera requerido de acumulaci贸n respecto de dos o m谩s procedimientos seguidos en distintos Juzgados o Tribunales, por el Secretario judicial se remitir谩n los autos al superior com煤n a todos ellos y lo comunicar谩 a todos los requirentes para que se difiera la decisi贸n a dicho superior. En este caso, se estar谩 a lo dispuesto en los dos art铆culos anteriores.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 96
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Lo dispuesto en este cap铆tulo ser谩 aplicable para el caso de que sean m谩s de dos los juicios cuya acumulaci贸n se pida.
2. Cuando un mismo tribunal fuera requerido de acumulaci贸n por dos o m谩s tribunales, remitir谩 los autos al superior com煤n a todos ellos y lo comunicar谩 a todos los requirentes para que defieran la decisi贸n a dicho superior. En este caso, se estar谩 a lo dispuesto en los dos art铆culos anteriores.
Art铆culo 97. Prohibici贸n de un segundo incidente de acumulaci贸n
1. Suscitado incidente de acumulaci贸n de procesos en un proceso, no se admitir谩 solicitud de acumulaci贸n de otro juicio ulterior si quien la pidiera hubiese sido el iniciador del juicio que intentara acumular.
2. El Secretario judicial rechazar谩 mediante decreto dictado al efecto la solicitud formulada. Si, a pesar de la anterior prohibici贸n, se sustanciase el nuevo incidente, tan pronto como conste el hecho el Tribunal declarar谩 la nulidad de lo actuado a causa de la solicitud, con imposici贸n de las costas al que la hubiere presentado.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 97
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Suscitado incidente de acumulaci贸n de procesos en un proceso, no se admitir谩 solicitud de acumulaci贸n de otro juicio ulterior si quien la pidiera hubiese sido el iniciador del juicio que intentara acumular.
2. El tribunal ante quien se formule la solicitud en el caso del apartado anterior la rechazar谩 de plano mediante providencia. Si, a pesar de la anterior prohibici贸n, se sustanciase el nuevo incidente, tan pronto como conste el hecho se decretar谩 la nulidad de lo actuado a causa de la solicitud, con imposici贸n de las costas al que la hubiere presentado.
SECCI脫N 4.陋-De la acumulaci贸n de procesos singulares a procesos universales
Art铆culo 98. Casos en que corresponde la acumulaci贸n de procesos singulares a un proceso universal
1. La acumulaci贸n de procesos tambi茅n se decretar谩:
1.潞 Cuando est茅 pendiente un proceso concursal al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda. En estos casos, se proceder谩 conforme a lo previsto en la legislaci贸n concursal.
2.潞 Cuando se est茅 siguiendo un proceso sucesorio al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o se formule una acci贸n relativa a dicho caudal.
Se except煤an de la acumulaci贸n a que se refiere este n煤mero los procesos de ejecuci贸n en que s贸lo se persigan bienes hipotecados o pignorados, que en ning煤n caso se incorporar谩n al proceso sucesorio, cualquiera que sea la fecha de iniciaci贸n de la ejecuci贸n.
2. En los casos previstos en el apartado anterior, la acumulaci贸n debe solicitarse ante el tribunal que conozca del proceso universal, y hacerse siempre, con independencia de cu谩les sean m谩s antiguos, al proceso universal.
3. La acumulaci贸n de procesos, cuando proceda, se regir谩, en este caso, por las normas de este cap铆tulo, con las especialidades establecidas en la legislaci贸n especial sobre procesos concursales y sucesorios.
Precepto modificado por Ley 22/2003, de 9 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-9-2004
路 Modificado p谩rrafo 2.潞 del n煤mero 2.潞 del apartado 1 del art铆culo 98
Redacci贸n hasta el 1-9-2004
1. La acumulaci贸n de procesos tambi茅n se decretar谩:
1.潞 Cuando est茅 pendiente un proceso concursal al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda. En estos casos, se proceder谩 conforme a lo previsto en la legislaci贸n concursal.
2.潞 Cuando se est茅 siguiendo un proceso sucesorio al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o se formule una acci贸n relativa a dicho caudal.
Se except煤an de la acumulaci贸n a que se refieren los dos n煤meros anteriores los procesos de ejecuci贸n en que s贸lo se persigan bienes hipotecados o pignorados, que en ning煤n caso se incorporar谩n al proceso concursal ni al sucesorio, cualquiera que sea la fecha de iniciaci贸n de la ejecuci贸n.
2. En los casos previstos en el apartado anterior, la acumulaci贸n debe solicitarse ante el tribunal que conozca del proceso universal, y hacerse siempre, con independencia de cu谩les sean m谩s antiguos, al proceso universal.
3. La acumulaci贸n de procesos, cuando proceda, se regir谩, en este caso, por las normas de este Cap铆tulo, con las especialidades establecidas en la legislaci贸n especial sobre procesos concursales y sucesorios.
T脥TULO IV-De la abstenci贸n y la recusaci贸n
CAP脥TULO I-De la abstenci贸n y recusaci贸n: disposiciones generales
Art铆culo 99. 脕mbito de aplicaci贸n de la Ley y principio de legalidad
1. En el proceso civil, la abstenci贸n y la recusaci贸n de Jueces, Magistrados, as铆 como la de los miembros del Ministerio Fiscal, los Secretarios Judiciales, los peritos y el personal al servicio de la Administraci贸n de Justicia, se regir谩n por lo dispuesto en este T铆tulo.
2. La abstenci贸n y, en su caso, la recusaci贸n de los indicados en el apartado anterior s贸lo proceder谩n cuando concurra alguna de las causas se帽aladas en la Ley Org谩nica del Poder Judicial para la abstenci贸n y recusaci贸n de Jueces y Magistrados.
1. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendr谩 del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse.
2. El mismo deber tendr谩n el Secretario judicial y los funcionarios del Cuerpo de Gesti贸n Procesal y Administrativa, del Cuerpo de Tramitaci贸n Procesal y Administrativa o del Cuerpo de Auxilio Judicial, el miembro del Ministerio Fiscal o el perito designado por el Tribunal en quienes concurra alguna de las causas que se帽ala la ley.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 100
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendr谩 del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse.
2. El mismo deber tendr谩n el Secretario Judicial, oficial, auxiliar o agente judicial, el miembro del Ministerio Fiscal o el perito designado por el Juez en quienes concurra alguna de las causas que se帽ala la Ley.
En los asuntos civiles 煤nicamente podr谩n recusar las partes. El Ministerio Fiscal tambi茅n podr谩 recusar, siempre que se trate de un proceso en el que, por la naturaleza de los derechos en conflicto, pueda o deba intervenir.
CAP脥TULO II-De la abstenci贸n de Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y del personal al servicio de los tribunales civiles
1. La abstenci贸n del Magistrado o Juez se comunicar谩, respectivamente, a la Secci贸n o Sala de la que forme parte o al tribunal al que corresponda la competencia funcional para conocer de recursos contra las sentencias, que resolver谩 en el plazo de diez d铆as. La comunicaci贸n de la abstenci贸n se har谩 por escrito razonado tan pronto como sea advertida la causa que la motive.
2. La abstenci贸n del Juez o Magistrado suspender谩 el curso del proceso en tanto no se resuelva sobre ella, suspensi贸n que ser谩 acordada por el Secretario judicial.
3. Si el Tribunal a que se refiere el apartado 1 de este art铆culo no estimare justificada la abstenci贸n, ordenar谩 al Juez o Magistrado que contin煤e el conocimiento del asunto, sin perjuicio del derecho de las partes a hacer valer la recusaci贸n. Recibida la orden, el Secretario judicial dictar谩 diligencia de ordenaci贸n poniendo fin a la suspensi贸n del proceso.
4. Si se estimare justificada la abstenci贸n por el tribunal competente seg煤n el apartado 1, el abstenido dictar谩 auto apart谩ndose definitivamente del asunto y ordenando remitir las actuaciones al que deba sustituirle. Cuando el que se abstenga forme parte de un tribunal colegiado, el auto, que no ser谩 susceptible de recurso alguno, lo dictar谩 la Sala o Secci贸n a que pertenezca el que se abstenga.
En ambos casos, la suspensi贸n del proceso terminar谩, respectivamente, cuando el sustituto reciba las actuaciones o se integre en la Sala o Secci贸n a que pertenec铆a el abstenido.
5. La abstenci贸n y la sustituci贸n del Juez o Magistrado que se ha abstenido ser谩n comunicadas a las partes, incluyendo el nombre del sustituto.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2 y 3 del art铆culo 102
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La abstenci贸n del Magistrado o Juez se comunicar谩, respectivamente, a la Secci贸n o Sala de la que forme parte o al tribunal al que corresponda la competencia funcional para conocer de recursos contra las sentencias, que resolver谩 en el plazo de diez d铆as. La comunicaci贸n de la abstenci贸n se har谩 por escrito razonado tan pronto como sea advertida la causa que la motive.
2. La abstenci贸n de Juez o Magistrado suspender谩 el curso del proceso en tanto no se resuelva sobre ella.
3. Si el tribunal a que se refiere el apartado 1 de este art铆culo no estimare justificada la abstenci贸n, ordenar谩 al Juez o Magistrado que contin煤e el conocimiento del asunto, sin perjuicio del derecho de las partes a hacer valer la recusaci贸n. Recibida la orden, el tribunal dictar谩 providencia poniendo fin a la suspensi贸n del proceso.
4. Si se estimare justificada la abstenci贸n por el tribunal competente seg煤n el apartado 1, el abstenido dictar谩 auto apart谩ndose definitivamente del asunto y ordenando remitir las actuaciones al que deba sustituirle. Cuando el que se abstenga forme parte de un tribunal colegiado, el auto, que no ser谩 susceptible de recurso alguno, lo dictar谩 la Sala o Secci贸n a que pertenezca el que se abstenga.
En ambos casos, la suspensi贸n del proceso terminar谩, respectivamente, cuando el sustituto reciba las actuaciones o se integre en la Sala o Secci贸n a que pertenec铆a el abstenido.
5. La abstenci贸n y la sustituci贸n del Juez o Magistrado que se ha abstenido ser谩n comunicadas a las partes, incluyendo el nombre del sustituto.
Art铆culo 103. Abstenci贸n de los Secretarios Judiciales
La abstenci贸n de los Secretarios Judiciales se regir谩 por las normas establecidas en la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 103
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Los Secretarios Judiciales se abstendr谩n por escrito motivado dirigido al Juez o Magistrado, si se tratare de un Juzgado, o al Presidente, si se trata de una Sala o Secci贸n. Decidir谩 la cuesti贸n, respectivamente, el Juez o Magistrado, por una parte, o la Sala o Secci贸n, por otra.
2. En caso de confirmarse la abstenci贸n, el Secretario Judicial que se haya abstenido debe ser reemplazado por su sustituto legal; en caso de denegarse, deber谩 aqu茅l continuar actuando en el asunto.
Art铆culo 104. Abstenci贸n de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Gesti贸n Procesal y Administrativa, Tramitaci贸n Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial
1. La abstenci贸n de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Gesti贸n Procesal y Administrativa, Tramitaci贸n Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial se comunicar谩 por escrito motivado a quien sea competente para dictar la resoluci贸n que ponga t茅rmino al pleito o causa en la respectiva instancia, que decidir谩 sobre su procedencia.
2. En caso de ser estimada la abstenci贸n, el funcionario en quien concurra causa legal ser谩 reemplazado en el proceso por quien legalmente deba sustituirle. De ser desestimada, habr谩 de continuar actuando en el asunto.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 104
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 104. Abstenci贸n de los oficiales, auxiliares, y agentes de la Administraci贸n de Justicia
1. La abstenci贸n de los oficiales, auxiliares y agentes de la Administraci贸n de Justicia se comunicar谩 por escrito motivado al Juez o al Presidente del tribunal en que se siga el proceso, que decidir谩 sobre su procedencia.
2. En caso de ser estimada la abstenci贸n, el oficial, auxiliar o agente en quien concurra causa legal ser谩 reemplazado en el proceso por quien legalmente deba sustituirle. De ser desestimada, habr谩 de continuar actuando en el asunto.
1. El perito designado por el Juez, Secci贸n o Sala que conozca del asunto o, en su caso, por el Secretario judicial, deber谩 abstenerse si concurre alguna de las causas legalmente previstas. La abstenci贸n podr谩 ser oral o escrita, siempre que est茅 debidamente justificada.
2. Si la causa de abstenci贸n existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptar谩 el cargo, y ser谩 sustituido en el acto por el perito suplente, cuando 茅ste hubiere sido designado. Si el perito suplente tambi茅n se negare a aceptar el cargo, por concurrir en 茅l la misma u otra causa de abstenci贸n, se aplicar谩 lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 342 de esta ley. Si la causa es conocida o se produce despu茅s de la aceptaci贸n del cargo de perito, la abstenci贸n se decidir谩, previa audiencia de las partes, por quien haya realizado la designaci贸n. Contra la resoluci贸n que se dicte no se dar谩 recurso alguno.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 105
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. El perito designado por el Juez, Secci贸n o Sala que conozca del asunto deber谩 abstenerse si concurre alguna de las causas legalmente previstas. La abstenci贸n podr谩 ser oral o escrita, siempre que est茅 debidamente justificada.
2. Si la causa de abstenci贸n existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptar谩 el cargo, y ser谩 sustituido en el acto por el perito suplente, cuando 茅ste hubiere sido designado. Si el perito suplente tambi茅n se negare a aceptar el cargo, por concurrir en 茅l la misma u otra causa de abstenci贸n, se aplicar谩 lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 342 de esta Ley. Si la causa es conocida o se produce despu茅s de la aceptaci贸n del cargo de perito, la abstenci贸n se elevar谩 al Juez o Magistrado, si se trata de un Juzgado, o al Magistrado ponente, si se trata de una Secci贸n o Sala, el cual decidir谩 la cuesti贸n, previa audiencia de las partes. Contra el auto del Juez o Magistrado no se dar谩 recurso alguno.
Art铆culo 106. Abstenci贸n de los miembros del Ministerio Fiscal
La abstenci贸n de los miembros del Ministerio Fiscal se regir谩 por las normas establecidas en su Estatuto Org谩nico.
CAP脥TULO III-De la recusaci贸n de Jueces y Magistrados
1. La recusaci贸n deber谩 proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitir谩 a tr谩mite. Concretamente, se inadmitir谩n las recusaciones:
1.潞 Cuando no se propongan en el plazo de diez d铆as desde la notificaci贸n de la primera resoluci贸n por la que se conozca la identidad del Juez o Magistrado a recusar, si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusaci贸n fuese anterior a aqu茅l.
2.潞 Cuando se propusieren, pendiente ya un proceso, si la causa de recusaci贸n se conociese con anterioridad al momento procesal en que la recusaci贸n se proponga.
2. La recusaci贸n se propondr谩 por escrito que deber谩 expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde, acompa帽ando un principio de prueba sobre los mismos. Este escrito estar谩 firmado por el abogado y por procurador si intervinieran en el pleito, y por el recusante, o por alguien a su ruego, si no supiera firmar. En todo caso, el Procurador deber谩 acompa帽ar poder especial para la recusaci贸n de que se trate. Si no intervinieren procurador y abogado, el recusante habr谩 de ratificar la recusaci贸n ante el Secretario del tribunal de que se trate.
3. Formulada la recusaci贸n, se dar谩 traslado a las dem谩s partes del proceso para que, en el plazo com煤n de tres d铆as, manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusaci贸n propuesta o si, en aquel momento, conocen alguna otra causa de recusaci贸n. La parte que no proponga recusaci贸n en dicho plazo, no podr谩 hacerlo con posterioridad, salvo que acredite cumplidamente que, en aquel momento, no conoc铆a la nueva causa de recusaci贸n.
4. En el d铆a h谩bil siguiente a la finalizaci贸n del plazo previsto en el apartado anterior, el recusado habr谩 de pronunciarse sobre si admite o no la causa o causas de recusaci贸n formuladas.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 107
路 A帽adido apartado 4 del art铆culo 107
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La recusaci贸n deber谩 proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitir谩 a tr谩mite. Concretamente, se inadmitir谩n las recusaciones:
1.潞 Cuando no se propongan al inicio del proceso si el conocimiento de la concurrencia de la causa de recusaci贸n fuese anterior a aqu茅l.
2.潞 Cuando se propusieren pendiente ya un proceso, si la causa de recusaci贸n se conociese con anterioridad al momento procesal en que la recusaci贸n se proponga.
2. La recusaci贸n se propondr谩 por escrito que deber谩 expresar concreta y claramente la causa legal y los motivos en que se funde, acompa帽ando un principio de prueba sobre los mismos. Este escrito estar谩 firmado por el abogado y por procurador si intervinieran en el pleito, y por el recusante, o por alguien a su ruego, si no supiera firmar. En todo caso, el Procurador deber谩 acompa帽ar poder especial para la recusaci贸n de que se trate. Si no intervinieren procurador y abogado, el recusante habr谩 de ratificar la recusaci贸n ante el Secretario del tribunal de que se trate.
3. Formulada la recusaci贸n, se dar谩 traslado a las dem谩s partes del proceso para que, en el plazo com煤n de tres d铆as, manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusaci贸n propuesta o si, en aquel momento, conocen alguna otra causa de recusaci贸n. La parte que no proponga recusaci贸n en dicho plazo, no podr谩 hacerlo con posterioridad, salvo que acredite cumplidamente que, en aquel momento, no conoc铆a la nueva causa de recusaci贸n.
Art铆culo 108. Competencia para instruir los incidentes de recusaci贸n
1. Instruir谩n los incidentes de recusaci贸n:
1.潞 Cuando el recusado sea el Presidente o un Magistrado del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, un Magistrado de la Sala a la que pertenezca el recusado, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad.
2.潞 Cuando el recusado sea un Presidente de Audiencia Provincial, un Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad.
3.潞 Cuando el recusado sea un Magistrado de una Audiencia, un Magistrado de esa misma Audiencia, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad, siempre que no pertenezca a la misma Secci贸n que el recusado.
4.潞 Cuando se recusare a todos los Magistrados de una Sala de Justicia, un Magistrado de los que integren el Tribunal correspondiente, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad, siempre que no estuviere afectado por la recusaci贸n.
5.潞 Cuando el recusado sea un Juez o Magistrado titular de un 贸rgano unipersonal, un Magistrado de la Audiencia Provincial, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad.
6.潞 Cuando el recusado fuere un Juez de Paz, el Juez de Primera Instancia del partido correspondiente o, si hubiere varios Juzgados de Primera Instancia, el designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad.
La antig眉edad se regir谩 por el orden de escalaf贸n en la carrera judicial.
2. En los casos en que no fuere posible cumplir lo prevenido en el apartado anterior, la Sala de Gobierno del Tribunal correspondiente designar谩 al instructor, procurando que sea de mayor categor铆a o, al menos, de mayor antig眉edad que el recusado o recusados.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 108
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Instruir谩n los incidentes de recusaci贸n:
1.潞 Cuando el recusado sea el Presidente o un Magistrado del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, un Magistrado de la Sala a la que pertenezca el recusado, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad.
2.潞 Cuando el recusado sea un Presidente de Audiencia Provincial, un Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad.
3.潞 Cuando el recusado sea un Magistrado de una Audiencia, un Magistrado de esa misma Audiencia, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad, siempre que no pertenezca a la misma Secci贸n que el recusado.
4.潞 Cuando se recusare a todos los Magistrados de una Sala de Justicia, un Magistrado de los que integren el Tribunal correspondiente, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad, siempre que no estuviere afectado por la recusaci贸n.
5.潞 Cuando el recusado sea un Juez de Primera Instancia, un Magistrado de la Audiencia Provincial, designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad.
6.潞 Cuando el recusado fuere un Juez de Paz, el Juez de Primera Instancia del partido correspondiente o, si hubiere varios Juzgados de Primera Instancia, el designado en virtud de un turno establecido por orden de antig眉edad.
La antig眉edad se regir谩 por el orden de escalaf贸n en la Carrera Judicial.
2. En los casos en que no fuere posible cumplir lo prevenido en el apartado anterior, la Sala de Gobierno del Tribunal correspondiente designar谩 al instructor, procurando que sea de mayor categor铆a o, al menos, de mayor antig眉edad que el recusado o recusados.
Art铆culo 109. Sustanciaci贸n del incidente de recusaci贸n y efectos de 茅ste en el asunto principal
1. Dentro del mismo d铆a en que finalice el plazo a que se refiere el apartado 3 del art铆culo 107, o en el siguiente d铆a h谩bil, el Secretario judicial pasar谩 el pleito o causa al conocimiento del sustituto, debiendo remitirse al Tribunal al que corresponda instruir el incidente el escrito y los documentos de la recusaci贸n.
Tambi茅n deber谩 acompa帽arse un informe del recusado relativo a si admite o no la causa de recusaci贸n.
2. No se admitir谩n a tr谩mite las recusaciones en las que no se expresaren los motivos en que se funden, o a las que no se acompa帽en los documentos a que se refiere el apartado 2 del art铆culo 107.
3. Si el recusado aceptare como cierta la causa de recusaci贸n, se resolver谩 el incidente sin m谩s tr谩mites. En caso contrario, el Instructor, si admitiere a tr谩mite la recusaci贸n propuesta, ordenar谩 la pr谩ctica, en el plazo de diez d铆as, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria y, acto seguido, remitir谩 lo actuado al tribunal competente para decidir el incidente.
Recibidas las actuaciones por el Tribunal competente para decidir la recusaci贸n, el Secretario judicial dar谩 traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de tres d铆as. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidir谩 el incidente dentro de los cinco d铆as siguientes. Contra dicha resoluci贸n no cabr谩 recurso alguno.
4. La recusaci贸n suspender谩 el curso del pleito hasta que se decida el incidente de recusaci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 109
路 Modificado p谩rrafo 2.潞 del apartado 3 del art铆culo 109
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 109
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Dentro del mismo d铆a en que finalice el plazo a que se refiere el apartado 3 del art铆culo 107, o en el siguiente d铆a h谩bil, pasar谩 el pleito o causa al conocimiento del sustituto, debiendo remitirse al tribunal al que corresponda instruir el incidente el escrito y los documentos de la recusaci贸n.
Tambi茅n deber谩 acompa帽arse un informe del recusado relativo a si admite o no la causa de recusaci贸n.
2. No se admitir谩n a tr谩mite las recusaciones en las que no se expresaren los motivos en que se funden, o a las que no se acompa帽en los documentos a que se refiere el apartado 2 del art铆culo 107.
3. Si el recusado aceptare como cierta la causa de recusaci贸n, se resolver谩 el incidente sin m谩s tr谩mites. En caso contrario, el Instructor, si admitiere a tr谩mite la recusaci贸n propuesta, ordenar谩 la pr谩ctica, en el plazo de diez d铆as, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria y, acto seguido, remitir谩 lo actuado al tribunal competente para decidir el incidente.
Recibidas las actuaciones por el tribunal competente para decidir la recusaci贸n, se dar谩 traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para informe por plazo de tres d铆as. Transcurrido ese plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, se decidir谩 el incidente dentro de los cinco d铆as siguientes.
4. La recusaci贸n no detendr谩 el curso del pleito, el cual seguir谩 sustanci谩ndose hasta la citaci贸n para sentencia definitiva, en cuyo estado se suspender谩 hasta que se decida el incidente de recusaci贸n, si 茅ste no estuviere terminado.
Art铆culo 110. Competencia para decidir el incidente de recusaci贸n
Decidir谩n los incidentes de recusaci贸n:
1.潞 La Sala prevista en el art铆culo 61 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, cuando el recusado sea el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de la Sala de lo Civil o dos o m谩s Magistrados de dicha Sala.
2.潞 La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, cuando se recuse a uno de los Magistrados que la integran.
3.潞 La Sala a que se refiere el art铆culo 77 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, cuando se hubiera recusado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Presidente de la Sala de lo Civil y Penal de dicho Tribunal Superior, al Presidente de Audiencia Provincial con sede en la Comunidad Aut贸noma correspondiente o a dos o m谩s Magistrados de la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o a dos o m谩s Magistrados de una Secci贸n o de una Audiencia Provincial.
4.潞 La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando se recusara a uno o a varios Magistrados de estos Tribunales.
A los efectos se帽alados en los apartados que anteceden, el recusado no formar谩 parte de la Sala.
5.潞 Cuando el recusado sea Magistrado de una Audiencia Provincial, la Audiencia Provincial, sin que forme parte de ella el recusado, o, si 茅sta se compusiere de dos o m谩s Secciones, la Secci贸n en la que no se encuentre integrado el recusado o la Secci贸n que siga en orden num茅rico a aqu茅lla de la que el recusado forme parte.
6.潞 Cuando el recusado sea un Juez de Primera Instancia o Juez de lo Mercantil, la Secci贸n de la Audiencia Provincial que conozca de los recursos contra sus resoluciones, y, si fueren varias, se establecer谩 un turno comenzando por la Secci贸n Primera.
7.潞 Cuando el recusado sea un Juez de Paz, resolver谩 el mismo Juez instructor del incidente de recusaci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 110
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Decidir谩n los incidentes de recusaci贸n:
1.潞 La Sala prevista en el art铆culo 61 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial cuando el recusado sea el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de la Sala de lo Civil o dos o m谩s Magistrados de dicha Sala.
2.潞 La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, cuando se recuse a uno de los Magistrados que la integran.
3.潞 La Sala a que se refiere el art铆culo 77 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial, cuando se hubiera recusado al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Presidente de la Sala de lo Civil y Penal de dicho Tribunal Superior, al Presidente de Audiencia Provincial con sede en la Comunidad Aut贸noma correspondientes o a dos o m谩s Magistrados de la Sala Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o a dos o m谩s Magistrados de una Secci贸n o de una Audiencia Provincial.
4.潞 La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando se recusara a uno o a varios Magistrados de estos Tribunales.
5.潞 Cuando el recusado sea Magistrado de una Audiencia Provincial, la Audiencia Provincial, sin que forme parte de ella el recusado, o, si 茅sta se compusiere de dos o m谩s Secciones, la Secci贸n en la que no se encuentre integrado el recusado o la Secci贸n que siga en orden num茅rico a aqu茅lla de la que el recusado forme parte.
6.潞 Cuando el recusado sea un Juez de Primera Instancia, la Secci贸n de la Audiencia Provincial que conozca de los recursos contra sus resoluciones, y si fueren varias, se establecer谩 un turno comenzando por la Secci贸n Primera.
7.潞 Cuando el recusado sea un Juez de Paz, resolver谩 el mismo Juez instructor del incidente de recusaci贸n.
Art铆culo 111. Especialidades del incidente de recusaci贸n en juicios verbales. Otros casos especiales
1. En los procesos que se sustancien por los cauces del juicio verbal, si el Juez recusado no aceptare en el acto como cierta la causa de recusaci贸n, pasar谩n las actuaciones al que corresponda instruir el incidente, quedando entretanto en suspenso el asunto principal. El Secretario judicial convocar谩 a las partes a presencia del instructor, dentro de los cinco d铆as siguientes, y, o铆das las partes y practicada la prueba declarada pertinente, el instructor resolver谩 mediante providencia en el mismo acto sobre si ha o no lugar a la recusaci贸n.
2. Para la recusaci贸n de Jueces o Magistrados posterior al se帽alamiento de vistas, se estar谩 a lo dispuesto en los art铆culos 190 a 192 de esta Ley.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 111
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En los procesos que se sustancien por los cauces del juicio verbal, si el Juez recusado no aceptare en el acto como cierta la causa de recusaci贸n, pasar谩n las actuaciones al que corresponda instruir el incidente, quedando entretanto en suspenso el asunto principal. El instructor acordar谩 que comparezcan las partes a su presencia el d铆a y hora que fije, dentro de los cinco siguientes, y, o铆das las partes y practicada la prueba declarada pertinente, resolver谩 mediante providencia en el mismo acto sobre si ha o no lugar a la recusaci贸n.
2. Para la recusaci贸n de Jueces o Magistrados posterior al se帽alamiento de vistas, se estar谩 a lo dispuesto en los art铆culos 190 a 192 de esta Ley.
Art铆culo 112. Decisi贸n del incidente, costas y multa
1. El auto que desestime la recusaci贸n acordar谩 devolver al recusado el conocimiento del pleito o causa, en el estado en que se hallare y condenar谩 en las costas al recusante, salvo que concurrieren circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento. Cuando la resoluci贸n que decida el incidente declare expresamente la existencia de mala fe en el recusante, se podr谩 imponer a 茅ste una multa de 180 (30.000 ptas.) a 6.000 euros (1.000.000 ptas.)
2. El auto que estime la recusaci贸n apartar谩 definitivamente al recusado del conocimiento del pleito o causa. Continuar谩 conociendo de 茅l, hasta su terminaci贸n, aquel a quien corresponda sustituirle.
Nota
Cuant铆as del apartado 1 del art铆culo 112 establecidas en euros por RD 1417/2001, de 17 de diciembre. (SP/LEG/2411).
Art铆culo 113. Notificaci贸n del auto y recursos
Contra la decisi贸n del incidente de recusaci贸n no se dar谩 recurso alguno, sin perjuicio de hacer valer, al recurrir contra la resoluci贸n que decida el pleito o causa, la posible nulidad de 茅sta por concurrir en el Juez o Magistrado que dict贸 la resoluci贸n recurrida, o que integr贸 la Sala o Secci贸n correspondiente, la causa de recusaci贸n alegada.
CAP脥TULO IV-De la recusaci贸n de los Secretarios Judiciales de los Tribunales civiles
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificada r煤brica del Cap铆tulo IV del T铆tulo IV del Libro I
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
CAP脥TULO IV-De la recusaci贸n de los Secretarios de los tribunales civiles
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Dejado sin contenido art铆culo 114
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Los Secretarios Judiciales no podr谩n ser recusados durante la pr谩ctica de cualquier diligencia o actuaci贸n de que estuvieren encargados.
2. Ser谩n aplicables a la recusaci贸n de los Secretarios Judiciales de los Juzgados, Salas o Secciones las prescripciones de la Secci贸n anterior, con las especialidades que se expresan en los art铆culos que siguen.
Art铆culo 115. Recusaci贸n. Competencia para instruir y resolver los incidentes de recusaci贸n
1. Ser谩n aplicables a la recusaci贸n de los Secretarios las prescripciones que establece la Ley Org谩nica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados, con las siguientes especialidades:
a) Los Secretarios Judiciales no podr谩n ser recusados durante la pr谩ctica de cualquier diligencia o actuaci贸n de que estuvieren encargados.
b) La pieza de recusaci贸n se resolver谩 por el Secretario de Gobierno respectivo, previa instrucci贸n del incidente por el Secretario Coordinador correspondiente, o en su caso, Secretario Judicial que aqu茅l designe.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 Modificado art铆culo 115
Redacci贸n hasta el 1-10-2015
1. Ser谩n aplicables a la recusaci贸n de los Secretarios las prescripciones que establece la Ley Org谩nica del Poder Judicial para Jueces y Magistrados, con las siguientes especialidades:
a) Los Secretarios Judiciales no podr谩n ser recusados durante la pr谩ctica de cualquier diligencia o actuaci贸n de que estuvieren encargados.
b) La pieza de recusaci贸n se instruir谩 y resolver谩 por los mismos Jueces o Magistrados competentes para conocer de la abstenci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 115
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 115. Competencia para instruir y resolver incidentes de recusaci贸n
1. La pieza de recusaci贸n se instruir谩 por el propio Juez o Magistrado cuando el recusado fuera un Secretario de Juzgado de primera instancia o de paz, y por el Ponente cuando lo fuera de una Secci贸n de la Audiencia Provincial, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia o de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
2. La recusaci贸n ser谩 resuelta, por medio de auto, por una Secci贸n de la Audiencia Provincial o, en su caso, por la Sala o Secci贸n que conozca del asunto.
Presentado el escrito de recusaci贸n, el Secretario Judicial recusado informar谩 detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y leg铆tima la causa alegada, dando traslado de dicho escrito al Secretario Coordinador correspondiente para que 茅ste d茅 cuenta al Secretario de Gobierno, o, en su caso, directamente al Secretario de Gobierno que deba conocer de la recusaci贸n.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 Modificado art铆culo 116
Redacci贸n hasta el 1-10-2015
Presentado el escrito de recusaci贸n el Secretario judicial recusado informar谩 detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y leg铆tima la causa alegada, dando traslado de dicho escrito al instructor, para que 茅ste d茅 cuenta a la Sala o Secci贸n que deba conocer de la recusaci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 116
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 116. Admisi贸n del escrito y traslado al instructor
Presentado el escrito de recusaci贸n, el Secretario Judicial recusado informar谩 detalladamente por escrito si reconoce o no como cierta y leg铆tima la causa alegada, y pasar谩 los autos a quien corresponda, para que d茅 cuenta a la Sala o Secci贸n que deba conocer de la recusaci贸n.
Art铆culo 117. Aceptaci贸n de la recusaci贸n por el recusado
1. Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusaci贸n, el Secretario de Gobierno dictar谩 decreto, sin m谩s tr谩mites y sin ulterior recurso, teni茅ndolo por recusado, si estima que la causa es legal.
2. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la Ley, declarar谩 no haber lugar a la recusaci贸n. Contra este decreto no se dar谩 recurso alguno.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 Modificado art铆culo 117
Redacci贸n hasta el 1-10-2015
1. Cuando el recusado reconozca como cierta la causa de la recusaci贸n, el tribunal dictar谩 auto, sin m谩s tr谩mites y sin ulterior recurso, teni茅ndolo por recusado, si estima que la causa es legal.
2. Si estima que la causa no es de las tipificadas en la Ley, declarar谩 no haber lugar a la recusaci贸n. Contra este auto no se dar谩 recurso alguno.
Art铆culo 118. Oposici贸n del recusado y sustanciaci贸n de la recusaci贸n
Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusaci贸n, si el instructor admitiere a tr谩mite la recusaci贸n propuesta, el Secretario Coordinador ordenar谩 la pr谩ctica, en el plazo de diez d铆as, de la prueba solicitada que estime pertinente y 煤til, d谩ndose traslado al Ministerio Fiscal por plazo de tres d铆as. Transcurrido este plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, lo remitir谩 al Secretario de Gobierno quien decidir谩 el incidente dentro de los cinco d铆as siguientes. Contra dicha resoluci贸n no cabr谩 recurso alguno.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 Modificado art铆culo 118
Redacci贸n hasta el 1-10-2015
Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusaci贸n, si el instructor admitiere a tr谩mite la recusaci贸n propuesta, ordenar谩 la pr谩ctica, en el plazo de diez d铆as, de la prueba solicitada que estime pertinente y 煤til, d谩ndose traslado al Ministerio Fiscal por plazo de tres d铆as. Transcurrido este plazo, con o sin informe del Ministerio Fiscal, decidir谩 el incidente dentro de los cinco d铆as siguientes. Contra dicha resoluci贸n no cabr谩 recurso alguno.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 118
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Cuando el recusado niegue la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusaci贸n, se proceder谩 conforme a lo previsto en el apartado 3 del art铆culo 109 de esta Ley.
Art铆culo 119. Sustituci贸n del Secretario Judicial recusado
El Secretario Judicial recusado, desde el momento en que sea presentado el escrito de recusaci贸n, ser谩 reemplazado por su sustituto legal.
CAP脥TULO V-De la recusaci贸n de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Gesti贸n Procesal y Administrativa, de Tramitaci贸n Procesal y Administrativa, y de Auxilio Judicial
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificada r煤brica del Cap铆tulo V del T铆tulo IV del Libro I
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
CAP脥TULO V-De la recusaci贸n de oficiales, auxiliares y agentes de la Administraci贸n de Justicia
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Dejado sin contenido art铆culo 120
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
En el proceso civil, la recusaci贸n de los oficiales, auxiliares y agentes de la Administraci贸n de Justicia s贸lo ser谩 posible por las causas legalmente previstas y por los tr谩mites previstos para la recusaci贸n de los Secretarios Judiciales, excepto en lo expresamente dispuesto en este cap铆tulo.
Art铆culo 121. Recusaci贸n. Competencia para instruir y resolver el incidente de recusaci贸n
1. La recusaci贸n de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Gesti贸n Procesal y Administrativa, de Tramitaci贸n Procesal y Administrativa, y de Auxilio Judicial, s贸lo ser谩 posible por las causas legalmente previstas.
2. Ser谩 competente para instruir el incidente de recusaci贸n el Secretario del que jer谩rquicamente dependan, y lo decidir谩 quien sea competente para dictar la resoluci贸n que ponga t茅rmino al pleito o causa en la respectiva instancia. Contra la resoluci贸n que resuelva el incidente no se dar谩 recurso alguno.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 121
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 121. Competencia para instruir y resolver el incidente de recusaci贸n
El incidente gubernativo de recusaci贸n de un oficial, auxiliar o agente judicial se instruir谩 por el Secretario del Juzgado, Sala o Secci贸n que est茅 interviniendo en los autos, y lo decidir谩 el Juez o el Presidente, respectivamente.
Si, a la vista del escrito de recusaci贸n, el Secretario judicial estimare que la causa no es de las tipificadas en la ley, inadmitir谩 en el acto la petici贸n expresando las razones en que se funde tal inadmisi贸n. Contra esta resoluci贸n no se dar谩 recurso alguno.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 122
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Si, a la vista del escrito de recusaci贸n, el Secretario Judicial estimare que la causa no es de las tipificadas en la Ley, inadmitir谩 en el acto la petici贸n expresando las razones en que se funde tal inadmisi贸n. Contra esta resoluci贸n se dar谩 el recurso previsto en el apartado 3 del art铆culo 224.
Art铆culo 123. Sustanciaci贸n del incidente; aceptaci贸n o negativa de la recusaci贸n por el recusado
1. Admitido a tr谩mite el escrito de recusaci贸n, y en el d铆a siguiente a su recepci贸n, el recusado manifestar谩 al Secretario Judicial si se da o no la causa alegada. Cuando reconozca como cierta la causa de recusaci贸n, el Secretario Judicial acordar谩 reemplazar al recusado por quien legalmente le deba sustituir. Contra esta resoluci贸n no cabr谩 recurso alguno.
2. Si el recusado niega la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusaci贸n, el Secretario Judicial, o铆do lo que el recusado alegue, dentro del quinto d铆a y practicadas las comprobaciones que el recusado proponga y sean pertinentes o las que 茅l mismo considere necesarias, remitir谩 lo actuado a quien haya de resolver para que decida el incidente.
CAP脥TULO VI-De la recusaci贸n de los peritos
Art铆culo 124. 脕mbito de la recusaci贸n de los peritos
1. S贸lo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podr谩n ser recusados, en los t茅rminos previstos en este cap铆tulo. Esta disposici贸n es aplicable tanto a los peritos titulares como a los suplentes.
2. Los peritos autores de dict谩menes presentados por las partes s贸lo podr谩n ser objeto de tacha por las causas y en la forma prevista en los art铆culos 343 y 344 de esta Ley, pero no recusados por las partes.
3. Adem谩s de las causas de recusaci贸n previstas en la Ley Org谩nica del Poder Judicial, son causas de recusaci贸n de los peritos:
1.陋 Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.
2.陋 Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo.
3.陋 Tener participaci贸n en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.
Art铆culo 125. Forma de proponer la recusaci贸n de los peritos
1. La recusaci贸n se har谩 en escrito firmado por el abogado y el procurador de la parte, si intervinieran en la causa, y dirigido al titular del Juzgado o al Magistrado ponente, si se tratase de tribunal colegiado. En dicho escrito se expresar谩 concretamente la causa de la recusaci贸n y los medios de probarla, y se acompa帽ar谩n copias para el recusado y para las dem谩s partes del proceso.
2. Si la causa de la recusaci贸n fuera anterior a la designaci贸n del perito, el escrito deber谩 presentarse dentro de los dos d铆as siguientes al de la notificaci贸n del nombramiento.
Si la causa fuere posterior a la designaci贸n, pero anterior a la emisi贸n del dictamen, el escrito de recusaci贸n podr谩 presentarse antes del d铆a se帽alado para el juicio o vista o al comienzo de los mismos.
3. Despu茅s del juicio o vista no podr谩 recusarse al perito, sin perjuicio de que aquellas causas de recusaci贸n existentes al tiempo de emitir el dictamen pero conocidas despu茅s de aqu茅lla podr谩n ser puestas de manifiesto al tribunal antes de que dicte sentencia y, si esto no fuese posible, al tribunal competente para la segunda instancia.
Propuesta en tiempo y forma la recusaci贸n, se dar谩 traslado de copia del escrito al perito recusado y a las partes. El recusado deber谩 manifestar ante el Secretario judicial si es o no cierta la causa en que la recusaci贸n se funda. Si la reconoce como cierta y el Secretario considera fundado el reconocimiento le tendr谩 por recusado sin m谩s tr谩mites y ser谩 reemplazado, en su caso, por el suplente. Si el recusado fuera el suplente, y reconociere la certeza de la causa, se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 342 de esta ley.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 126
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Propuesta en tiempo y forma la recusaci贸n, se dar谩 traslado de copia del escrito al perito recusado y a las partes. El recusado deber谩 manifestar ante el Secretario Judicial si es o no cierta la causa en que la recusaci贸n se funda. Si la reconoce como cierta y el tribunal considerase fundado el reconocimiento, se le tendr谩 por recusado sin m谩s tr谩mites y ser谩 reemplazado por el suplente. Si el recusado fuera el suplente, y reconociere la certeza de la causa, se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 342 de esta Ley.
Art铆culo 127. Sustanciaci贸n y decisi贸n del incidente de recusaci贸n
1. Cuando el perito niegue la certeza de la causa de recusaci贸n o no se aceptare el reconocimiento realizado por el perito de la concurrencia de dicha causa, el Secretario judicial ordenar谩 a las partes que comparezcan a presencia del Tribunal el d铆a y hora que se帽ale, con las pruebas de que intenten valerse y asistidas de sus abogados y procuradores, si su intervenci贸n fuera preceptiva en el proceso.
2. Si no compareciere el recusante, el Secretario judicial le tendr谩 por desistido de la recusaci贸n.
3. Si compareciere el recusante e insistiere en la recusaci贸n, el tribunal admitir谩 las pruebas pertinentes y 煤tiles y, acto seguido, resolver谩 mediante de auto lo que estime procedente.
En caso de estimar la recusaci贸n, el perito recusado ser谩 sustituido por el suplente. Si, por ser el suplente el recusado, no hubiere m谩s peritos, se proceder谩 conforme lo dispuesto en el art铆culo 342 de la presente Ley.
4. Contra la resoluci贸n que resuelva sobre la recusaci贸n del perito no cabr谩 recurso alguno, sin perjuicio del derecho de las partes a plantear la cuesti贸n en la instancia superior.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1 y 2 del art铆culo 127
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando el perito niegue la certeza de la causa de recusaci贸n o el tribunal no aceptare el reconocimiento por el perito de la concurrencia de dicha causa, el tribunal mandar谩 a las partes que comparezcan a su presencia el d铆a y hora que se帽alar谩, con las pruebas de que intenten valerse y asistidas de sus abogados y procuradores, si su intervenci贸n fuera preceptiva en el proceso.
2. Si no compareciere el recusante, se le tendr谩 por desistido de la recusaci贸n.
3. Si compareciere el recusante e insistiere en la recusaci贸n, el tribunal admitir谩 las pruebas pertinentes y 煤tiles y, acto seguido, resolver谩 mediante de auto lo que estime procedente.
En caso de estimar la recusaci贸n, el perito recusado ser谩 sustituido por el suplente. Si, por ser el suplente el recusado, no hubiere m谩s peritos, se proceder谩 conforme lo dispuesto en el art铆culo 342 de la presente Ley.
4. Contra la resoluci贸n que resuelva sobre la recusaci贸n del perito no cabr谩 recurso alguno, sin perjuicio del derecho de las partes a plantear la cuesti贸n en la instancia superior.
El r茅gimen de condena en costas aplicable a la recusaci贸n de los peritos ser谩 el mismo previsto para el incidente de recusaci贸n de Jueces y Magistrados.
T脥TULO V-De las actuaciones judiciales
CAP脥TULO I-Del lugar de las actuaciones judiciales
Art铆culo 129. Lugar de las actuaciones judiciales
1. Las actuaciones judiciales se realizar谩n en la sede de la Oficina judicial, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar.
2. Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso se practicar谩n, cuando proceda, mediante auxilio judicial.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los tribunales podr谩n constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripci贸n para la pr谩ctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administraci贸n de justicia.
Tambi茅n podr谩n desplazarse fuera del territorio de su circunscripci贸n para la pr谩ctica de actuaciones de prueba, conforme a lo prevenido en esta Ley y en el art铆culo 275 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 129
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 129. Lugar de las actuaciones del juicio
1. Las actuaciones del juicio se realizar谩n en la sede del tribunal, salvo aquellas que por su naturaleza se deban practicar en otro lugar.
2. Las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso se practicar谩n, cuando proceda, mediante auxilio judicial.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los tribunales podr谩n constituirse en cualquier lugar del territorio de su circunscripci贸n para la pr谩ctica de las actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administraci贸n de justicia.
Tambi茅n podr谩n desplazarse fuera del territorio de su circunscripci贸n para la pr谩ctica de actuaciones de prueba, conforme a lo prevenido en esta Ley y en el art铆culo 275 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
CAP脥TULO II-Del tiempo de las actuaciones judiciales
SECCI脫N 1.陋-De los d铆as y horas h谩biles
1. Las actuaciones judiciales habr谩n de practicarse en d铆as y horas h谩biles.
2. Son d铆as inh谩biles a efectos procesales los s谩bados y domingos, y los d铆as 24 y 31 de diciembre, los d铆as de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Aut贸noma o localidad. Tambi茅n ser谩n inh谩biles los d铆as del mes de agosto.
3. Se entiende por horas h谩biles las que median desde las ocho de la ma帽ana a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuaci贸n concreta, disponga otra cosa.
Para los actos de comunicaci贸n y ejecuci贸n tambi茅n se considerar谩n horas h谩biles las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche.
4. Lo previsto en los apartados anteriores se entender谩 sin perjuicio de lo que pueda establecerse para las actuaciones electr贸nicas.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 A帽adido apartado 4 del art铆culo 130
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Las actuaciones judiciales habr谩n de practicarse en d铆as y horas h谩biles.
2. Son d铆as inh谩biles a efectos procesales los s谩bados y domingos, y los d铆as 24 y 31 de diciembre, los d铆as de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Aut贸noma o localidad. Tambi茅n ser谩n inh谩biles los d铆as del mes de agosto.
3. Se entiende por horas h谩biles las que median desde las ocho de la ma帽ana a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuaci贸n concreta, disponga otra cosa.
Para los actos de comunicaci贸n y ejecuci贸n tambi茅n se considerar谩n horas h谩biles las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 130
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Las actuaciones judiciales habr谩n de practicarse en d铆as y horas h谩biles.
2. Son d铆as h谩biles todos los del a帽o, excepto los domingos, los d铆as de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Aut贸noma o localidad. Tambi茅n ser谩n inh谩biles los d铆as del mes de agosto.
3. Se entiende por horas h谩biles las que median desde las ocho de la ma帽ana a las ocho de la tarde, salvo que la ley, para una actuaci贸n concreta, disponga otra cosa.
Para los actos de comunicaci贸n y ejecuci贸n tambi茅n se considerar谩n horas h谩biles las que transcurren desde las ocho hasta las diez de la noche.
Nota
A tenor del art铆culo 182 de la LO 6/1985, de 1 de julio, en la redacci贸n dada por la LO 19/2003, de 23 de diciembre, son inh谩biles a efectos procesales los s谩bados, domingos, d铆as 24 y 31 de diciembre, d铆as de fiesta nacional y festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Aut贸noma o localidad.
Art铆culo 131. Habilitaci贸n de d铆as y horas inh谩biles
1. De oficio o a instancia de parte, los Tribunales podr谩n habilitar los d铆as y horas inh谩biles, cuando hubiere causa urgente que lo exija. Esta habilitaci贸n se realizar谩 por los Secretarios Judiciales cuando tuviera por objeto la realizaci贸n de actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia, cuando se tratara de actuaciones por ellos ordenadas o cuando fueran tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por los Tribunales.
2. Se considerar谩n urgentes las actuaciones del tribunal cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administraci贸n de justicia, o provocar la ineficacia de una resoluci贸n judicial.
3. Para las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado anterior ser谩n h谩biles los d铆as del mes de agosto, sin necesidad de expresa habilitaci贸n. Tampoco ser谩 necesaria la habilitaci贸n para proseguir en horas inh谩biles, durante el tiempo indispensable, las actuaciones urgentes que se hubieren iniciado en horas h谩biles.
4. Contra las resoluciones de habilitaci贸n de d铆as y horas inh谩biles no se admitir谩 recurso alguno.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1 y 4 del art铆culo 131
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. De oficio o a instancia de parte, los tribunales podr谩n habilitar los d铆as y horas inh谩biles, cuando hubiere causa urgente que lo exija.
2. Se considerar谩n urgentes las actuaciones del tribunal cuya demora pueda causar grave perjuicio a los interesados o a la buena administraci贸n de justicia, o provocar la ineficacia de una resoluci贸n judicial.
3. Para las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado anterior ser谩n h谩biles los d铆as del mes de agosto, sin necesidad de expresa habilitaci贸n. Tampoco ser谩 necesaria la habilitaci贸n para proseguir en horas inh谩biles, durante el tiempo indispensable, las actuaciones urgentes que se hubieren iniciado en horas h谩biles.
4. Contra las resoluciones judiciales de habilitaci贸n de d铆as y horas inh谩biles no se admitir谩 recurso alguno.
SECCI脫N 2.陋-De los plazos y los t茅rminos
1. Las actuaciones del proceso se practicar谩n en los t茅rminos o dentro de los plazos se帽alados para cada una de ellas.
2. Cuando no se fije plazo ni t茅rmino, se entender谩 que han de practicarse sin dilaci贸n.
3. La infracci贸n de lo dispuesto en este art铆culo por los tribunales y personal al servicio de la Administraci贸n de Justicia de no mediar justa causa ser谩 corregida disciplinariamente con arreglo a lo previsto en la Ley Org谩nica del Poder Judicial, sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada para exigir las dem谩s responsabilidades que procedan.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 132
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Las actuaciones del juicio se practicar谩n en los t茅rminos o dentro de los plazos se帽alados para cada una de ellas.
2. Cuando no se fije plazo ni t茅rmino, se entender谩 que han de practicarse sin dilaci贸n.
3. La infracci贸n de lo dispuesto en este art铆culo por los tribunales y personal al servicio de la Administraci贸n de Justicia de no mediar justa causa ser谩 corregida disciplinariamente con arreglo a lo previsto en la Ley Org谩nica del Poder Judicial, sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada para exigir las dem谩s responsabilidades que procedan.
1. Los plazos comenzar谩n a correr desde el d铆a siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicaci贸n del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contar谩 en ellos el d铆a del vencimiento, que expirar谩 a las veinticuatro horas.
No obstante, cuando la Ley se帽ale un plazo que comience a correr desde la finalizaci贸n de otro, aqu茅l se computar谩, sin necesidad de nueva notificaci贸n, desde el d铆a siguiente al del vencimiento de 茅ste.
2. En el c贸mputo de los plazos se帽alados por d铆as se excluir谩n los inh谩biles.
Para los plazos que se hubiesen se帽alado en las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado 2 del art铆culo 131 no se considerar谩n inh谩biles los d铆as del mes de agosto y s贸lo se excluir谩n del c贸mputo los s谩bados, domingos y festivos.
3. Los plazos se帽alados por meses o por a帽os, se computar谩n de fecha a fecha.
Cuando en el mes del vencimiento no hubiera d铆a equivalente al inicial del c贸mputo, se entender谩 que el plazo expira el 煤ltimo del mes.
4. Los plazos que concluyan en s谩bado, domingo u otro d铆a inh谩bil se entender谩n prorrogados hasta el siguiente h谩bil.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2 y 4 del art铆culo 133
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Los plazos comenzar谩n a correr desde el d铆a siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicaci贸n del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contar谩 en ellos el d铆a del vencimiento, que expirar谩 a las veinticuatro horas.
No obstante, cuando la Ley se帽ale un plazo que comience a correr desde la finalizaci贸n de otro, aqu茅l se computar谩, sin necesidad de nueva notificaci贸n, desde el d铆a siguiente al del vencimiento de 茅ste.
2. En el c贸mputo de los plazos se帽alados por d铆as se excluir谩n los inh谩biles.
Para los plazos que se hubiesen se帽alado en las actuaciones urgentes a que se refiere el apartado 2 del art铆culo 131 no se considerar谩n inh谩biles los d铆as del mes de agosto y s贸lo se excluir谩n del c贸mputo los domingos y festivos.
3. Los plazos se帽alados por meses o por a帽os, se computar谩n de fecha a fecha.
Cuando en el mes del vencimiento no hubiera d铆a equivalente al inicial del c贸mputo, se entender谩 que el plazo expira el 煤ltimo del mes.
4. Los plazos que concluyan en domingo u otro d铆a inh谩bil, se entender谩n prorrogados hasta el siguiente h谩bil.
1. Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables.
2. Podr谩n, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los t茅rminos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanud谩ndose su c贸mputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupci贸n o demora. La concurrencia de fuerza mayor habr谩 de ser apreciada por el Secretario judicial mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufri贸, con audiencia de las dem谩s. Contra este decreto podr谩 interponerse recurso de revisi贸n que producir谩 efectos suspensivos.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 134
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables.
2. Podr谩n, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los t茅rminos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanud谩ndose su c贸mputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupci贸n o demora. La concurrencia de fuerza mayor habr谩 de ser apreciada por el tribunal, de oficio o a instancia de la parte que la sufri贸, con audiencia de las dem谩s.
Art铆culo 135. Presentaci贸n de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales
1. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso est茅n obligados al empleo de los sistemas telem谩ticos o electr贸nicos existentes en la Administraci贸n de Justicia conforme al art铆culo 273, remitir谩n y recibir谩n todos los escritos, iniciadores o no, y dem谩s documentos a trav茅s de estos sistemas, salvo las excepciones establecidas en la ley, de forma tal que est茅 garantizada la autenticidad de la comunicaci贸n y quede constancia fehaciente de la remisi贸n y la recepci贸n 铆ntegras, as铆 como de la fecha en que 茅stas se hicieren. Esto ser谩 tambi茅n de aplicaci贸n a aquellos intervinientes que, sin estar obligados, opten por el uso de los sistemas telem谩ticos o electr贸nicos.
Se podr谩n presentar escritos y documentos en formato electr贸nico todos los d铆as del a帽o durante las veinticuatro horas.
Presentados los escritos y documentos por medios telem谩ticos, se emitir谩 autom谩ticamente recibo por el mismo medio, con expresi贸n del n煤mero de entrada de registro y de la fecha y la hora de presentaci贸n, en la que se tendr谩n por presentados a todos los efectos. En caso de que la presentaci贸n tenga lugar en d铆a u hora inh谩bil a efectos procesales conforme a la ley, se entender谩 efectuada el primer d铆a y hora h谩bil siguiente.
A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estar谩 a lo previsto en el art铆culo 162.
2. Cuando la presentaci贸n de escritos perentorios dentro de plazo por los medios telem谩ticos o electr贸nicos a que se refiere el apartado anterior no sea posible por interrupci贸n no planificada del servicio de comunicaciones telem谩ticas o electr贸nicas, siempre que sea posible se dispondr谩n las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia, as铆 como de los efectos de la suspensi贸n, con indicaci贸n expresa, en su caso, de la pr贸rroga de los plazos de inminente vencimiento. El remitente podr谩 proceder, en este caso, a su presentaci贸n en la oficina judicial el primer d铆a h谩bil siguiente acompa帽ando el justificante de dicha interrupci贸n.
En los casos de interrupci贸n planificada deber谩 anunciarse con la antelaci贸n suficiente, informando de los medios alternativos de presentaci贸n que en tal caso procedan.
3. Si el servicio de comunicaciones telem谩ticas o electr贸nicas resultase insuficiente para la presentaci贸n de los escritos o documentos, se deber谩 presentar en soporte electr贸nico en la oficina judicial ese d铆a o el d铆a siguiente h谩bil, junto con el justificante expedido por el servidor de haber intentado la presentaci贸n sin 茅xito. En estos casos, se entregar谩 recibo de su recepci贸n.
4. Sin perjuicio de lo anterior, los escritos y documentos se presentar谩n en soporte papel cuando los interesados no est茅n obligados a utilizar los medios telem谩ticos y no hubieran optado por ello, cuando no sean susceptibles de conversi贸n en formato electr贸nico y en los dem谩s supuestos previstos en las leyes. Estos documentos, as铆 como los instrumentos o efectos que se acompa帽en quedar谩n depositados y custodiados en el archivo, de gesti贸n o definitivo, de la oficina judicial, a disposici贸n de las partes, asign谩ndoseles un n煤mero de orden, y dejando constancia en el expediente judicial electr贸nico de su existencia.
En caso de presentaci贸n de escritos y documentos en soporte papel, el funcionario designado para ello estampar谩 en los escritos de iniciaci贸n del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentaci贸n est茅 sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello en el que se har谩 constar la oficina judicial ante la que se presenta y el d铆a y hora de la presentaci贸n.
5. La presentaci贸n de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podr谩 efectuarse hasta las quince horas del d铆a h谩bil siguiente al del vencimiento del plazo.
En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitir谩 la presentaci贸n de escritos en el juzgado que preste el servicio de guardia.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado art铆culo 135
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Cuando la presentaci贸n de un escrito est茅 sujeta a plazo, podr谩 efectuarse hasta las quince horas del d铆a h谩bil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio com煤n procesal creado a tal efecto o, de no existir 茅ste, en la sede del 贸rgano judicial.
2. En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitir谩 la presentaci贸n de escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia.
3. El funcionario designado para ello estampar谩 en los escritos de iniciaci贸n del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentaci贸n est茅 sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello en el que se har谩 constar la Oficina judicial ante la que se presenta y el d铆a y hora de la presentaci贸n.
4. En todo caso, se dar谩 a la parte recibo de los escritos y documentos que presenten con expresi贸n de la fecha y hora de presentaci贸n. Tambi茅n podr谩 hacerse constar la recepci贸n de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte.
5. Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios t茅cnicos que permitan el env铆o y la normal recepci贸n de escritos iniciadores y dem谩s escritos y documentos, de forma tal que est茅 garantizada la autenticidad de la comunicaci贸n y quede constancia fehaciente de la remisi贸n y recepci贸n 铆ntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podr谩n enviarse por aquellos medios, acus谩ndose recibo del mismo modo y se tendr谩n por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en la fecha y hora que conste en el resguardo acreditativo de su presentaci贸n. En caso de que la presentaci贸n tenga lugar en d铆a u hora inh谩bil a efectos procesales conforme a la ley, se entender谩 efectuada el primer d铆a y hora h谩bil siguiente.
A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estar谩 a lo previsto en el art铆culo 162.2 de esta Ley.
Cuando la presentaci贸n de escritos perentorios dentro de plazo, por los medios t茅cnicos a que se refiere este apartado, no sea posible por interrupci贸n no planificada del servicio de comunicaciones telem谩ticas o electr贸nicas, el remitente podr谩 proceder a su presentaci贸n en la Oficina judicial el primer d铆a h谩bil siguiente acompa帽ando el justificante de dicha interrupci贸n.
6. En cuanto al traslado de los escritos y documentos, se estar谩 a lo dispuesto en el Cap铆tulo IV del T铆tulo I del Libro II, pero podr谩 aqu茅l efectuarse, a los procuradores o a las dem谩s partes, conforme a lo previsto en el apartado anterior, cuando se cumplan los requisitos que establece.
Precepto modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 9-12-2007
路 Modificado art铆culo 135
Redacci贸n hasta el 9-12-2007
1. Cuando la presentaci贸n de un escrito est茅 sujeta a plazo, podr谩 efectuarse hasta las quince horas del d铆a h谩bil siguiente al del vencimiento del plazo, en la Secretar铆a del tribunal o, de existir, en la oficina o servicio de registro central que se haya establecido.
2. En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitir谩 la presentaci贸n de escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia.
3. Los Secretarios Judiciales o los funcionarios designados por ellos pondr谩n diligencias para hacer constar el d铆a y hora de presentaci贸n de las demandas, de los escritos de iniciaci贸n del procedimiento y de cualesquiera otros cuya presentaci贸n est茅 sujeta a plazo perentorio.
4. En todo caso, se dar谩 a la parte recibo de los escritos y documentos que presenten con expresi贸n de la fecha y hora de presentaci贸n. Tambi茅n podr谩 hacerse constar la recepci贸n de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte.
5. Cuando los tribunales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios t茅cnicos que permitan el env铆o y la normal recepci贸n de escritos y documentos, de forma tal que est茅 garantizada la autenticidad de la comunicaci贸n y quede constancia fehaciente de la remisi贸n y recepci贸n 铆ntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y documentos podr谩n enviarse por aquellos medios, acus谩ndose recibo del mismo modo y se tendr谩n por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en el tiempo establecido conforme a la ley.
Sin embargo de lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, 茅stos habr谩n de hacerse llegar al tribunal dentro de los tres d铆as siguientes al env铆o efectuado seg煤n el p谩rrafo anterior.
6. En cuanto al traslado de los escritos y documentos, se estar谩 a lo dispuesto en el Cap铆tulo III del T铆tulo I del Libro II pero podr谩 aqu茅l efectuarse, a los Procuradores o a las dem谩s partes, conforme a lo previsto en el apartado anterior, cuando se cumplan los requisitos que establece.
Nota
T茅ngase en cuenta lo establecido en la Disposici贸n Final Duod茅cima de la Ley 42/2015 (SP/LEG/18525), respecto a las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y 贸rganos y oficinas judiciales y fiscales, que a煤n no lo hagan, de emplear los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n, que entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.
Las previsiones relativas al archivo electr贸nico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos anteriormente indicados entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2017.
Transcurrido el plazo o pasado el t茅rmino se帽alado para la realizaci贸n de un acto procesal de parte se producir谩 la preclusi贸n y se perder谩 la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El Secretario Judicial dejar谩 constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y acordar谩 lo que proceda o dar谩 cuenta al tribunal a fin de que dicte la resoluci贸n que corresponda.
CAP脥TULO III-De la inmediaci贸n, la publicidad y la lengua oficial
Art铆culo 137. Presencia judicial en declaraciones, pruebas y vistas
1. Los Jueces y los Magistrados miembros del tribunal que est茅 conociendo de un asunto presenciar谩n las declaraciones de las partes y de testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, as铆 como la cr铆tica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, deba llevarse a cabo contradictoria y p煤blicamente.
2. Las vistas y las comparecencias que tengan por objeto o铆r a las partes antes de dictar una resoluci贸n se celebrar谩n siempre ante el Juez o los Magistrados integrantes del tribunal que conozca del asunto.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores ser谩 de aplicaci贸n a los Secretarios Judiciales respecto de aquellas actuaciones que hayan de realizarse 煤nicamente ante ellos.
4. La infracci贸n de lo dispuesto en los apartados anteriores determinar谩 la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 A帽adido apartado 3 del art铆culo 137
路 Renumerado apartado 4 del art铆culo 137. Su contenido se corresponde con la redacci贸n anterior del apartado 3
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Los Jueces y los Magistrados miembros del tribunal que est茅 conociendo de un asunto presenciar谩n las declaraciones de las partes y de testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, as铆 como la cr铆tica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, deba llevarse a cabo contradictoria y p煤blicamente.
2. Las vistas y las comparecencias que tengan por objeto o铆r a las partes antes de dictar una resoluci贸n se celebrar谩n siempre ante el Juez o los Magistrados integrantes del tribunal que conozca del asunto.
3. La infracci贸n de lo dispuesto en los apartados anteriores determinar谩 la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones.
Art铆culo 138. Publicidad de las actuaciones orales
1. Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea o铆r a las partes antes de dictar una resoluci贸n se practicar谩n en audiencia p煤blica.
2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podr谩n, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protecci贸n del orden p煤blico o de la seguridad nacional en una sociedad democr谩tica, o cuando los intereses de los menores o la protecci贸n de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.
3. Antes de acordar la celebraci贸n a puerta cerrada de cualquier actuaci贸n, el tribunal oir谩 a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resoluci贸n adoptar谩 la forma de auto y contra ella no se admitir谩 recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuesti贸n, si fuere admisible, en el recurso procedente contra la sentencia definitiva.
Los Secretarios Judiciales podr谩n adoptar mediante decreto la misma medida en aquellas actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia. Frente a este decreto s贸lo cabr谩 recurso de reposici贸n.
4. La relaci贸n de se帽alamientos del 贸rgano judicial deber谩 hacerse p煤blica. Los Secretarios Judiciales velar谩n porque los funcionarios competentes de la Oficina judicial publiquen en un lugar visible al p煤blico, el primer d铆a h谩bil de cada semana, la relaci贸n de se帽alamientos correspondientes a su respectivo 贸rgano judicial, con indicaci贸n de la fecha y hora de su celebraci贸n, tipo de actuaci贸n y n煤mero de procedimiento.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 A帽adido apartado 4 del art铆culo 138
Redacci贸n hasta el 1-10-2015
1. Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea o铆r a las partes antes de dictar una resoluci贸n se practicar谩n en audiencia p煤blica.
2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podr谩n, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protecci贸n del orden p煤blico o de la seguridad nacional en una sociedad democr谩tica, o cuando los intereses de los menores o la protecci贸n de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.
3. Antes de acordar la celebraci贸n a puerta cerrada de cualquier actuaci贸n, el tribunal oir谩 a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resoluci贸n adoptar谩 la forma de auto y contra ella no se admitir谩 recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuesti贸n, si fuere admisible, en el recurso procedente contra la sentencia definitiva.
Los Secretarios Judiciales podr谩n adoptar mediante decreto la misma medida en aquellas actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia. Frente a este decreto s贸lo cabr谩 recurso de reposici贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 A帽adido p谩rrafo 2.潞 del apartado 3 del art铆culo 138
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea o铆r a las partes antes de dictar una resoluci贸n se practicar谩n en audiencia p煤blica.
2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior podr谩n, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la protecci贸n del orden p煤blico o de la seguridad nacional en una sociedad democr谩tica, o cuando los intereses de los menores o la protecci贸n de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia.
3. Antes de acordar la celebraci贸n a puerta cerrada de cualquier actuaci贸n, el tribunal oir谩 a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resoluci贸n adoptar谩 la forma de auto y contra ella no se admitir谩 recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuesti贸n, si fuere admisible, en el recurso procedente contra la sentencia definitiva.
Art铆culo 139. Secreto de las deliberaciones de los tribunales colegiados
Las deliberaciones de los tribunales colegiados son secretas. Tambi茅n lo ser谩 el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley sobre publicidad de los votos particulares.
Art铆culo 140. Informaci贸n sobre las actuaciones
1. Los Letrados de la Administraci贸n de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitar谩n a cualesquiera personas que acrediten un inter茅s leg铆timo y directo cuanta informaci贸n soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podr谩n examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley. Tambi茅n podr谩n pedir aqu茅llas, a su costa, la obtenci贸n de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no declarados reservados.
2. A petici贸n de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedir谩n por el Letrado de la Administraci贸n de Justicia los testimonios y certificados que soliciten, con expresi贸n de su destinatario.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales por medio de auto podr谩n atribuir car谩cter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atenci贸n a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del art铆culo 138.
Las actuaciones de car谩cter reservado s贸lo podr谩n ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra 铆ndole.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 Modificados apartados 1 y 2 del art铆culo 140
Redacci贸n hasta el 1-10-2015
1. Los Secretarios Judiciales y personal competente al servicio de los tribunales facilitar谩n a cualesquiera personas que acrediten un inter茅s leg铆timo cuanta informaci贸n soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podr谩n examinar y conocer. Tambi茅n podr谩n pedir aqu茅llas, a su costa, la obtenci贸n de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos.
2. A petici贸n de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedir谩n por el Secretario Judicial los testimonios que soliciten, con expresi贸n de su destinatario.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales por medio de auto podr谩n atribuir car谩cter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atenci贸n a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del art铆culo 138.
Las actuaciones de car谩cter reservado s贸lo podr谩n ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra 铆ndole.
Art铆culo 141. Acceso a libros, archivos y registros judiciales
Las personas que acrediten un inter茅s leg铆timo podr谩n acceder a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan car谩cter reservado y obtener, a su costa, testimonio o certificaci贸n de los extremos que indiquen.
En los casos previstos en los dos art铆culos anteriores, en las copias simples, testimonios y certificaciones que expidan los Secretarios Judiciales, cualquiera que sea el soporte que se utilice para ello, cuando sea necesario para proteger el superior inter茅s de los menores y para preservar su intimidad, deber谩n omitirse los datos personales, im谩genes, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su identificaci贸n.
Precepto modificado por Ley 54/2007, de 28 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 30-12-2007
路 A帽adido art铆culo 141 bis
1. En todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales y dem谩s funcionarios de Juzgados y Tribunales usar谩n el castellano, lengua oficial del Estado.
2. Los Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y dem谩s funcionarios de Juzgados y Tribunales podr谩n usar tambi茅n la lengua oficial propia de la Comunidad Aut贸noma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensi贸n.
3. Las partes, sus procuradores y abogados, as铆 como los testigos y peritos, podr谩n utilizar la lengua que sea tambi茅n oficial en la Comunidad Aut贸noma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.
4. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Aut贸noma tendr谩n, sin necesidad de traducci贸n al castellano, plena validez y eficacia, pero se proceder谩 de oficio a su traducci贸n cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicci贸n de los 贸rganos judiciales sitos en la Comunidad Aut贸noma, salvo si se trata de Comunidades Aut贸nomas con lengua oficial propia coincidente. Tambi茅n se proceder谩 a su traducci贸n cuando as铆 lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensi贸n.
5. En las actuaciones orales, el tribunal por medio de providencia podr谩 habilitar como int茅rprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de fiel traducci贸n.
1. Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaraci贸n, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resoluci贸n, el Secretario por medio de decreto podr谩 habilitar como int茅rprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigi茅ndosele juramento o promesa de fiel traducci贸n.
Sin perjuicio de lo anterior, se garantizar谩 en todo caso la prestaci贸n de los servicios de interpretaci贸n en los litigios transfronterizos a aquella persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Aut贸noma, en los t茅rminos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia Jur铆dica Gratuita.
De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantar谩 acta, en la que constar谩n los textos en el idioma original y su traducci贸n al idioma oficial, y que ser谩 firmada tambi茅n por el int茅rprete.
2. En los mismos casos del apartado anterior, si la persona fuere sorda, se nombrar谩 siempre, conforme a lo que se dispone en el expresado apartado, al int茅rprete de lengua de signos adecuado.
De las actuaciones que se practiquen en relaci贸n con las personas sordas se levantar谩 la oportuna acta.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 143
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Aut贸noma hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaraci贸n, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resoluci贸n, el tribunal, por medio de providencia, podr谩 habilitar como int茅rprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigi茅ndosele juramento o promesa de fiel traducci贸n.
De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantar谩 acta, en la que constar谩n los textos en el idioma original y su traducci贸n al idioma oficial, y que ser谩 firmada tambi茅n por el int茅rprete.
2. En los mismos casos del apartado anterior, si la persona fuere sorda, se nombrar谩 siempre, conforme a lo que se dispone en el expresado apartado, al int茅rprete de lengua de signos adecuado.
De las actuaciones que se practiquen en relaci贸n con las personas sordas se levantar谩 la oportuna acta.
Precepto modificado por LO 19/2003, de 23 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 15-1-2004
路 Modificado art铆culo 143
Redacci贸n hasta el 15-1-2004
1. Cuando alguna persona que no conozca el castellano, ni en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Aut贸noma hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaraci贸n, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resoluci贸n, el tribunal por medio de providencia podr谩 habilitar como int茅rprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigi茅ndosele juramento o promesa de fiel traducci贸n.
De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantar谩 acta, en la que constar谩n los textos en el idioma original y su traducci贸n al idioma oficial y ser谩 firmada tambi茅n por el int茅rprete.
2. En los mismos casos del apartado anterior, si la personas fuere sordomuda y supiera leer, se emplear谩 la escritura, y si supiere escribir, podr谩 valerse de la escritura. En el caso de que no sepa leer ni escribir, se nombrar谩 el int茅rprete adecuado, conforme se dispone en el expresado apartado.
De las actuaciones que se practiquen en relaci贸n con los sordomudos se levantar谩 tambi茅n la oportuna acta.
1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Aut贸noma de que se trate, se acompa帽ar谩 la traducci贸n del mismo.
2. Dicha traducci贸n podr谩 ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco d铆as siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Secretario judicial ordenar谩, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducci贸n oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado.
No obstante, si la traducci贸n oficial realizada a instancia de parte resultara ser sustancialmente id茅ntica a la privada, los gastos derivados de aqu茅lla correr谩n a cargo de quien la solicit贸.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 2 del art铆culo 144
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Aut贸noma de que se trate, se acompa帽ar谩 la traducci贸n del mismo.
2. Dicha traducci贸n podr谩 ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco d铆as siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, se ordenar谩, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducci贸n oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado.
No obstante, si la traducci贸n oficial realizada a instancia de parte resultara ser sustancialmente id茅ntica a la privada, los gastos derivados de aqu茅lla correr谩n a cargo de quien la solicit贸.
CAP脥TULO IV-De la fe p煤blica judicial y de la documentaci贸n de las actuaciones
1. Corresponde al Secretario judicial, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe p煤blica judicial en las actuaciones procesales.
Concretamente, el Secretario judicial:
1.潞 Dar谩 fe, por s铆 o mediante el registro correspondiente, de cuyo funcionamiento ser谩 responsable, de la recepci贸n de escritos con los documentos y recibos que les acompa帽en, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes.
2.潞 Dejar谩 constancia fehaciente de la realizaci贸n de actos procesales en el Tribunal o ante 茅ste y de la producci贸n de hechos con trascendencia procesal, mediante las oportunas actas y diligencias cualquiera que sea el soporte que se utilice.
3.潞 Expedir谩 certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresi贸n del destinatario y el fin para el cual se solicitan.
4.潞 Autorizar谩 y documentar谩 conforme a lo previsto en el art铆culo 24 de esta ley el otorgamiento de poderes para pleitos.
2. En el ejercicio de estas funciones no precisar谩 de la intervenci贸n adicional de testigos.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 145
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Corresponde al Secretario Judicial, con el car谩cter de autoridad, dar fe de las actuaciones procesales que se realicen en el tribunal o ante 茅ste, donde quiera que se constituya, as铆 como expedir copias certificadas y testimonios de las actuaciones no secretas ni reservadas a las partes interesadas.
Concretamente, el Secretario Judicial:
1.潞 Dar谩 fe, por s铆 o mediante el registro correspondiente, de cuyo funcionamiento ser谩 responsable, de la recepci贸n de escritos con los documentos y recibos que les acompa帽en.
2.潞 Dejar谩 constancia fehaciente de la realizaci贸n de actos procesales en el tribunal o ante 茅ste y de la producci贸n de hechos con trascendencia procesal.
2. El Secretario Judicial podr谩 ser sustituido en los t茅rminos previstos en la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
Art铆culo 146. Documentaci贸n de las actuaciones
1. Las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentar谩n por medio de actas y diligencias. Cuando se utilicen medios t茅cnicos de grabaci贸n o reproducci贸n, el Secretario judicial garantizar谩 la autenticidad de lo grabado o reproducido.
2. Cuando la ley disponga que se levante acta, se recoger谩 en ella, con la necesaria extensi贸n y detalle, todo lo actuado.
Si se tratase de actuaciones que conforme a esta ley hayan de registrarse en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n, y el Secretario judicial dispusiere de firma electr贸nica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley garantice la autenticidad e integridad de lo grabado, el documento electr贸nico as铆 generado constituir谩 el acta a todos los efectos.
Si los mecanismos de garant铆a previstos en el p谩rrafo anterior no se pudiesen utilizar el Secretario judicial deber谩 consignar en el acta los siguientes extremos: n煤mero y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebraci贸n, tiempo de duraci贸n, asistentes al acto, peticiones y propuestas de las partes, en caso de proposici贸n de pruebas, declaraci贸n de pertinencia y orden en la pr谩ctica de las mismas, resoluciones que adopte el Juez o Tribunal, as铆 como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.
En estos casos, o cuando los medios de registro previstos en este art铆culo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el acta se extender谩 por procedimientos inform谩ticos, sin que pueda ser manuscrita m谩s que en las ocasiones en que la sala en que se est茅 celebrando la actuaci贸n careciera de medios inform谩ticos.
3. Los tribunales podr谩n emplear medios t茅cnicos de documentaci贸n y archivo de sus actuaciones y de los escritos y documentos que recibieren, con las garant铆as a que se refiere el apartado 1 del art铆culo 135 de esta Ley. Tambi茅n podr谩n emplear medios t茅cnicos de seguimiento del estado de los procesos y de estad铆stica relativa a 茅stos.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 146
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentar谩n por medio de actas y diligencias. Cuando se utilicen medios t茅cnicos de grabaci贸n o reproducci贸n, el Secretario judicial garantizar谩 la autenticidad de lo grabado o reproducido.
2. Cuando la ley disponga que se levante acta, se recoger谩 en ella, con la necesaria extensi贸n y detalle, todo lo actuado.
Si se tratase de actuaciones que conforme a esta ley hayan de registrarse en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n, y el Secretario judicial dispusiere de firma electr贸nica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley garantice la autenticidad e integridad de lo grabado, el documento electr贸nico as铆 generado constituir谩 el acta a todos los efectos.
Si los mecanismos de garant铆a previstos en el p谩rrafo anterior no se pudiesen utilizar el Secretario judicial deber谩 consignar en el acta los siguientes extremos: n煤mero y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebraci贸n, tiempo de duraci贸n, asistentes al acto, peticiones y propuestas de las partes, en caso de proposici贸n de pruebas, declaraci贸n de pertinencia y orden en la pr谩ctica de las mismas, resoluciones que adopte el Juez o Tribunal, as铆 como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.
En estos casos, o cuando los medios de registro previstos en este art铆culo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el acta se extender谩 por procedimientos inform谩ticos, sin que pueda ser manuscrita m谩s que en las ocasiones en que la sala en que se est茅 celebrando la actuaci贸n careciera de medios inform谩ticos.
3. Los tribunales podr谩n emplear medios t茅cnicos de documentaci贸n y archivo de sus actuaciones y de los escritos y documentos que recibieren, con las garant铆as a que se refiere el apartado 5 del art铆culo 135 de esta Ley. Tambi茅n podr谩n emplear medios t茅cnicos de seguimiento del estado de los procesos y de estad铆stica relativa a 茅stos.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1 y 2 del art铆culo 146
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentar谩n por medio de actas, diligencias y notas.
2. Cuando la ley disponga que se levante acta, se recoger谩 en ella, con la necesaria extensi贸n y detalle, todo lo actuado. Sin embargo, cuando se trate de las actuaciones que, conforme a esta Ley, hayan de registrarse en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n, el acta se limitar谩 a consignar, junto con los datos relativos al tiempo y al lugar, las peticiones y propuestas de las partes y las resoluciones que adopte el tribunal, as铆 como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.
3. Los tribunales podr谩n emplear medios t茅cnicos de documentaci贸n y archivo de sus actuaciones y de los escritos y documentos que recibieren, con las garant铆as a que se refiere el apartado 5 del art铆culo 135 de esta Ley. Tambi茅n podr谩n emplear medios t茅cnicos de seguimiento del estado de los procesos y de estad铆stica relativa a 茅stos.
Art铆culo 147. Documentaci贸n de las actuaciones mediante sistemas de grabaci贸n y reproducci贸n de la imagen y el sonido
Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante los jueces o magistrados o, en su caso, ante los secretarios judiciales, se registrar谩n en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y la imagen y no podr谩n transcribirse.
Siempre que se cuente con los medios tecnol贸gicos necesarios, el Secretario Judicial garantizar谩 la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilizaci贸n de la firma electr贸nica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garant铆as. En este caso, la celebraci贸n del acto no requerir谩 la presencia en la sala del Secretario Judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos d铆as antes de la celebraci贸n de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario Judicial atendiendo a la complejidad del asunto, al n煤mero y naturaleza de las pruebas a practicar, al n煤mero de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el Secretario Judicial extender谩 acta sucinta en los t茅rminos previstos en el art铆culo anterior.
Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podr谩n transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley as铆 lo determine.
El Secretario Judicial deber谩 custodiar el documento electr贸nico que sirva de soporte a la grabaci贸n. Las partes podr谩n pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del art铆culo 147
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante el Tribunal se registrar谩n en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y la imagen.
Siempre que se cuente con los medios tecnol贸gicos necesarios, el Secretario Judicial garantizar谩 la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilizaci贸n de la firma electr贸nica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garant铆as. En este caso, la celebraci贸n del acto no requerir谩 la presencia en la sala del Secretario Judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos d铆as antes de la celebraci贸n de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario Judicial atendiendo a la complejidad del asunto, al n煤mero y naturaleza de las pruebas a practicar, al n煤mero de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el Secretario Judicial extender谩 acta sucinta en los t茅rminos previstos en el art铆culo anterior.
Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podr谩n transcribirse, salvo en aquellos casos en que una ley as铆 lo determine.
El Secretario Judicial deber谩 custodiar el documento electr贸nico que sirva de soporte a la grabaci贸n. Las partes podr谩n pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.
Precepto modificado por LO 7/2015, de 21 de julio, con entrada en vigor a partir del 1-10-2015
路 Modificado art铆culo 147
Redacci贸n hasta el 1-10-2015
Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante el Tribunal, se registrar谩n en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y la imagen.
Siempre que se cuente con los medios tecnol贸gicos necesarios, el Secretario judicial garantizar谩 la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilizaci贸n de la firma electr贸nica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garant铆as. En este caso, la celebraci贸n del acto no requerir谩 la presencia en la sala del Secretario judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos d铆as antes de la celebraci贸n de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario judicial atendiendo a la complejidad del asunto, al n煤mero y naturaleza de las pruebas a practicar, al n煤mero de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen. En estos casos, el Secretario judicial extender谩 acta sucinta en los t茅rminos previstos en el art铆culo anterior.
El Secretario judicial deber谩 custodiar el documento electr贸nico que sirva de soporte a la grabaci贸n.
Las partes podr谩n pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 147
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Las actuaciones orales en vistas y comparecencias se registrar谩n en soporte apto para la grabaci贸n y reproducci贸n del sonido y de la imagen.
La grabaci贸n se efectuar谩 bajo la fe del Secretario Judicial, a quien corresponder谩 la custodia de las cintas, discos o dispositivos en los que la grabaci贸n se hubiere efectuado.
Las partes podr谩n pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.
Art铆culo 148. Formaci贸n, custodia y conservaci贸n de los autos
Los Secretarios Judiciales responder谩n de la debida formaci贸n de los autos dejando constancia de las resoluciones que dicten los Tribunales, o ellos mismos cuando as铆 lo autorice la ley. Igualmente responder谩n de la conservaci贸n y custodia de los mismos, salvo el tiempo en que estuvieren en poder del Juez o Magistrado ponente u otros Magistrados integrantes del Tribunal.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 148
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Los autos ser谩n formados por el Secretario Judicial, a quien corresponder谩 su conservaci贸n y custodia, salvo el tiempo en que estuvieren en poder del Juez o del Magistrado ponente u otros Magistrados integrantes del tribunal.
CAP脥TULO V-De los actos de comunicaci贸n judicial
Los actos procesales de comunicaci贸n ser谩n:
1.潞 Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resoluci贸n o actuaci贸n.
2.潞 Emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo.
3.潞 Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.
4.潞 Requerimientos para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad.
5.潞 Mandamientos, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la pr谩ctica de cualquier actuaci贸n cuya ejecuci贸n corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al servicio de la Administraci贸n de Justicia.
6.潞 Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el n煤mero anterior.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 149
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 149. Clases de actos de comunicaci贸n del tribunal
Los actos procesales de comunicaci贸n del tribunal ser谩n:
1.潞 Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resoluci贸n, diligencia o actuaci贸n.
2.潞 Emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo.
3.潞 Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.
4.潞 Requerimientos para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad.
5.潞 Mandamientos, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la pr谩ctica de cualquier actuaci贸n cuya ejecuci贸n corresponda a los registradores de la propiedad, mercantiles, de buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, corredores colegiados de comercio o agentes de juzgado o Tribunal.
6.潞 Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el n煤mero anterior.
Art铆culo 150. Notificaci贸n de resoluciones y diligencias de ordenaci贸n
1. Las resoluciones procesales se notificar谩n a todos los que sean parte en el proceso.
2. Por disposici贸n del Tribunal, tambi茅n se notificar谩 la pendencia del proceso a las personas que, seg煤n los mismos autos, puedan verse afectadas por la resoluci贸n que ponga fin al procedimiento. Esta comunicaci贸n se llevar谩 a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta indicios de que las partes est谩n utilizando el proceso con fines fraudulentos.
3. Tambi茅n se har谩 notificaci贸n a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley.
4. Cuando la notificaci贸n de la resoluci贸n contenga fijaci贸n de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dar谩 traslado a los servicios p煤blicos competentes en materia de pol铆tica social por si procediera su actuaci贸n, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados.
Precepto modificado por Ley 5/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido apartado 4 del art铆culo 150
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. Las resoluciones procesales se notificar谩n a todos los que sean parte en el proceso.
2. Por disposici贸n del Tribunal, tambi茅n se notificar谩 la pendencia del proceso a las personas que, seg煤n los mismos autos, puedan verse afectadas por la resoluci贸n que ponga fin al procedimiento. Esta comunicaci贸n se llevar谩 a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta indicios de que las partes est谩n utilizando el proceso con fines fraudulentos.
3. Tambi茅n se har谩 notificaci贸n a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1 y 2 del art铆culo 150
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Las resoluciones judiciales y diligencias de ordenaci贸n se notificar谩n a todos los que sean parte en el proceso.
2. Por disposici贸n del tribunal, tambi茅n se notificar谩 la pendencia del proceso a las personas que, seg煤n los mismos autos, puedan verse afectadas por la sentencia que en su momento se dictare. Esta comunicaci贸n se llevar谩 a cabo, con los mismos requisitos, cuando el tribunal advierta indicios de que las partes est谩n utilizando el proceso con fines fraudulentos.
3. Tambi茅n se har谩 notificaci贸n a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley.
1. Todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Secretarios Judiciales se notificar谩n en el plazo m谩ximo de tres d铆as desde su fecha o publicaci贸n.
2. Los actos de comunicaci贸n al Ministerio Fiscal, a la Abogac铆a del Estado, a los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jur铆dico de la Administraci贸n de la Seguridad Social, de las dem谩s Administraciones p煤blicas de las Comunidades Aut贸nomas o de los Entes Locales, as铆 como los que se practiquen a trav茅s de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendr谩n por realizados el d铆a siguiente h谩bil a la fecha de recepci贸n que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepci贸n cuando el acto de comunicaci贸n se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el art铆culo 162. Cuando el acto de comunicaci贸n fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendr谩 por recibido al d铆a siguiente h谩bil.
3. Cuando la entrega de alg煤n documento o despacho que deba acompa帽arse al acto de comunicaci贸n tenga lugar en fecha posterior a la recepci贸n del acto de comunicaci贸n, 茅ste se tendr谩 por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento, siempre que los efectos derivados de la comunicaci贸n est茅n vinculados al documento.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 151
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Secretarios Judiciales se notificar谩n en el plazo m谩ximo de tres d铆as desde su fecha o publicaci贸n.
2. Los actos de comunicaci贸n a la Abogac铆a del Estado, al Servicio Jur铆dico de la Administraci贸n de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, as铆 como los que se practiquen a trav茅s de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendr谩n por realizados el d铆a siguiente a la fecha de recepci贸n que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepci贸n cuando el acto de comunicaci贸n se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el apartado 1 del art铆culo 162 de esta Ley.
3. Cuando la entrega de alg煤n documento o despacho que deba acompa帽arse al acto de comunicaci贸n tenga lugar en fecha posterior a la recepci贸n del acto de comunicaci贸n, 茅ste se tendr谩 por realizado cuando conste efectuada la entrega del documento, siempre que los efectos derivados de la comunicaci贸n est茅n vinculados al documento.
Precepto modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 9-12-2007
路 Modificado art铆culo 151
Redacci贸n hasta el 9-12-2007
1. Todas las resoluciones judiciales y las diligencias de ordenaci贸n se notificar谩n en el plazo m谩ximo de tres d铆as desde su fecha o publicaci贸n.
2. Los actos de comunicaci贸n a la Abogac铆a del Estado y al Ministerio Fiscal, as铆 como los que se practiquen a trav茅s de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendr谩n por realizados el d铆a siguiente a la fecha de recepci贸n que conste en la diligencia.
Nota
T茅ngase en cuenta lo establecido en la Disposici贸n Final Duod茅cima de la Ley 42/2015 (SP/LEG/18525), respecto a las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y 贸rganos y oficinas judiciales y fiscales, que a煤n no lo hagan, de emplear los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n, que entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.
Las previsiones relativas al archivo electr贸nico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos anteriormente indicados entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2017.
Art铆culo 152. Forma de los actos de comunicaci贸n. Respuesta
1. Los actos de comunicaci贸n se realizar谩n bajo la direcci贸n del secretario judicial, que ser谩 el responsable de la adecuada organizaci贸n del servicio. Tales actos se ejecutar谩n por:
1.潞 Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
2.潞 El procurador de la parte que lo solicite.
A tal efecto, en todo escrito que d茅 inicio a un procedimiento judicial, de ejecuci贸n, o a otra instancia, el solicitante deber谩 expresar si interesa que todos los actos de comunicaci贸n se realicen por su procurador. Si no se manifestare nada al respecto, el secretario judicial dar谩 curso a los autos, realiz谩ndose tales actos por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, ser谩n realizados por estos 煤ltimos si los demandados, ejecutados o recurridos no solicitan expresamente en su escrito de personaci贸n que se realicen por su procurador o si las partes fueran beneficiarias del derecho de asistencia jur铆dica gratuita.
Los solicitantes podr谩n, de forma motivada y concurriendo justa causa, pedir la modificaci贸n del r茅gimen inicial, procediendo el secretario judicial, si lo considera justificado, a realizar los sucesivos actos de comunicaci贸n conforme a la nueva petici贸n.
Se tendr谩n por v谩lidamente realizados estos actos de comunicaci贸n cuando en la diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio, en la direcci贸n electr贸nica habilitada al efecto, por comparecencia electr贸nica o por los medios telem谩ticos o electr贸nicos elegidos por el destinatario.
A estos efectos, el procurador acreditar谩, bajo su responsabilidad, la identidad y condici贸n del receptor del acto de comunicaci贸n, cuidando de que en la copia quede constancia fehaciente de la recepci贸n, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.
2. Los actos de comunicaci贸n se practicar谩n por medios electr贸nicos cuando los sujetos intervinientes en un proceso est茅n obligados al empleo de los sistemas telem谩ticos o electr贸nicos existentes en la Administraci贸n de Justicia conforme al art铆culo 273, o cuando aqu茅llos, sin estar obligados, opten por el uso de esos medios, con sujeci贸n, en todo caso, a las disposiciones contenidas en la normativa reguladora del uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n en la Administraci贸n de Justicia.
No obstante, los actos de comunicaci贸n no se practicar谩n por medios electr贸nicos cuando el acto vaya acompa帽ado de elementos que no sean susceptibles de conversi贸n en formato electr贸nico o as铆 lo disponga la ley.
El destinatario podr谩 identificar un dispositivo electr贸nico, servicio de mensajer铆a simple o una direcci贸n de correo electr贸nico que servir谩n para informarle de la puesta a su disposici贸n de un acto de comunicaci贸n, pero no para la pr谩ctica de notificaciones. En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicaci贸n, la oficina judicial enviar谩 el referido aviso. La falta de pr谩ctica de este aviso no impedir谩 que la notificaci贸n sea considerada plenamente v谩lida.
3. Los actos de comunicaci贸n se efectuar谩n en alguna de las formas siguientes, seg煤n disponga esta Ley:
1.陋 A trav茅s de procurador, trat谩ndose de comunicaciones a quienes est茅n personados en el proceso con representaci贸n de aqu茅l.
2.陋 Remisi贸n de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama, correo electr贸nico o cualquier otro medio electr贸nico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepci贸n, de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.
3.陋 Entrega al destinatario de copia literal de la resoluci贸n que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal o el secretario judicial le dirija, o de la c茅dula de citaci贸n o emplazamiento.
4.陋 En todo caso, por el personal al servicio de la Administraci贸n de Justicia, a trav茅s de medios telem谩ticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal, de la Abogac铆a del Estado, de los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jur铆dico de la Administraci贸n de la Seguridad Social, de las dem谩s Administraciones p煤blicas de las Comunidades Aut贸nomas o de los Entes Locales, si no tuvieran designado procurador.
4. En la c茅dula se har谩 constar claramente el car谩cter judicial del escrito, y expresar谩 el tribunal o secretario judicial que hubiese dictado la resoluci贸n y el asunto en que haya reca铆do, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citaci贸n o emplazamiento, y del procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de 茅stos y el lugar, d铆a y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuaci贸n a que se refiera el emplazamiento, con la prevenci贸n de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.
5. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitir谩 ni consignar谩 respuesta alguna del interesado, a no ser que as铆 se hubiera mandado. En los requerimientos se admitir谩 la respuesta que d茅 el requerido, consign谩ndola sucintamente en la diligencia.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado art铆culo 152
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Los actos de comunicaci贸n se realizar谩n bajo la direcci贸n del Secretario judicial, que ser谩 el responsable de la adecuada organizaci贸n del servicio. Tales actos se ejecutar谩n por:
1.潞 Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
2.潞 El procurador de la parte que as铆 lo solicite, a su costa.
Se tendr谩n por v谩lidamente realizados estos actos de comunicaci贸n cuando quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona o en el domicilio del destinatario.
A estos efectos, el procurador acreditar谩, bajo su responsabilidad, la identidad y condici贸n del receptor del acto de comunicaci贸n, cuidando de que en la copia quede constancia de su firma y de la fecha en que se realice.
2. Los actos de comunicaci贸n se efectuar谩n en alguna de las formas siguientes, seg煤n disponga esta ley:
1.陋 A trav茅s de procurador, trat谩ndose de comunicaciones a quienes est茅n personados en el proceso con representaci贸n de aqu茅l.
2.陋 Remisi贸n de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio t茅cnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepci贸n, de su fecha y del contenido de lo comunicado.
3.陋 Entrega al destinatario de copia literal de la resoluci贸n que se le haya de notificar, del requerimiento que el Tribunal o el Secretario judicial le dirija, o de la c茅dula de citaci贸n o emplazamiento.
3. La c茅dula expresar谩 el Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resoluci贸n, y el asunto en que haya reca铆do, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citaci贸n o emplazamiento, el objeto de 茅stos y el lugar, d铆a y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuaci贸n a que se refiera el emplazamiento, con la prevenci贸n de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.
4. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitir谩 ni consignar谩 respuesta alguna del interesado, a no ser que as铆 se hubiera mandado. En los requerimientos se admitir谩 la respuesta que d茅 el requerido, consign谩ndola sucintamente en la diligencia.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 152
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Las actos de comunicaci贸n se realizar谩n bajo la direcci贸n del Secretario Judicial, que ser谩 el responsable de la adecuada organizaci贸n del servicio. Tales actos se efectuar谩n materialmente por el propio Secretario Judicial o por el funcionario que aqu茅l designe, y en alguna de las formas siguientes, seg煤n disponga esta Ley:
1.陋 A trav茅s de procurador, trat谩ndose de comunicaciones a quienes est茅n personados en el proceso con representaci贸n de aqu茅l.
2.陋 Remisi贸n de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio t茅cnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepci贸n, de su fecha y del contenido de lo comunicado.
3.陋 Entrega al destinatario de copia literal de la resoluci贸n que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal le dirija o de la c茅dula de citaci贸n o emplazamiento.
2. La c茅dula expresar谩 el tribunal que hubiese dictado la resoluci贸n, y el asunto en que haya reca铆do, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citaci贸n o emplazamiento, el objeto de 茅stos y el lugar, d铆a y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuaci贸n a que se refiera el emplazamiento, con la prevenci贸n de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.
3. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitir谩 ni consignar谩 respuesta alguna del interesado, a no ser que as铆 se hubiera mandado. En los requerimientos se admitir谩 la respuesta que d茅 el requerido, consign谩ndola sucintamente en la diligencia.
Nota
T茅ngase en cuenta lo establecido en la Disposici贸n Final Duod茅cima de la Ley 42/2015 (SP/LEG/18525), respecto a las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y 贸rganos y oficinas judiciales y fiscales, que a煤n no lo hagan, de emplear los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n, que entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.
Las previsiones relativas al archivo electr贸nico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos anteriormente indicados entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2017.
Art铆culo 153. Comunicaci贸n por medio de procurador
La comunicaci贸n con las partes personadas en el juicio se har谩 a trav茅s de su procurador cuando 茅ste las represente. El procurador firmar谩 las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deban hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuaci贸n que deba realizar personalmente el poderdante.
Art铆culo 154. Lugar de comunicaci贸n de los actos a los procuradores
1. Los actos de comunicaci贸n con los procuradores se realizar谩n en la sede del tribunal o en el servicio com煤n de recepci贸n organizado por el Colegio de Procuradores. El r茅gimen interno de este servicio ser谩 competencia del Colegio de Procuradores, de conformidad con la ley.
2. La remisi贸n y recepci贸n de los actos de comunicaci贸n con los procuradores en este servicio se realizar谩, salvo las excepciones establecidas en la ley, por los medios telem谩ticos o electr贸nicos y con el resguardo acreditativo de su recepci贸n a que se refiere el art铆culo 162.
Si hubiera de realizarse el acto en soporte papel, se remitir谩 al servicio, por duplicado, la copia de la resoluci贸n o la c茅dula, de las que el procurador recibir谩 un ejemplar y firmar谩 otro, que ser谩 devuelto a la oficina judicial por el propio servicio.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 154
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Los actos de comunicaci贸n con los procuradores se realizar谩n en la sede del tribunal o en el servicio com煤n de recepci贸n organizado por el Colegio de Procuradores. El r茅gimen interno de este servicio ser谩 competencia del Colegio de Procuradores, de conformidad con la ley.
2. La remisi贸n y recepci贸n de los actos de comunicaci贸n en este servicio se realizar谩 por los medios y con el resguardo acreditativo de su recepci贸n a que se refiere el apartado 1 del art铆culo 162 de esta Ley, cuando la Oficina judicial y el Colegio de Procuradores dispongan de tales medios.
En otro caso, se remitir谩 al servicio, por duplicado, la copia de la resoluci贸n o la c茅dula, de las que el procurador recibir谩 un ejemplar y firmar谩 otro que ser谩 devuelto a la Oficina judicial por el propio servicio.
Precepto modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 9-12-2007
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 154
Redacci贸n hasta el 9-12-2007
1. Los actos de comunicaci贸n con los procuradores se realizar谩n en la sede del tribunal o en el servicio com煤n de recepci贸n organizado por el Colegio de Procuradores. El r茅gimen interno de este servicio ser谩 competencia del Colegio de Procuradores, de conformidad con la ley.
2. Se remitir谩 a este servicio, por duplicado, la copia de la resoluci贸n o la c茅dula, de las que el procurador recibir谩 un ejemplar y firmar谩 otro que ser谩 devuelto al tribunal por el propio servicio.
Nota
T茅ngase en cuenta lo establecido en la Disposici贸n Final Duod茅cima de la Ley 42/2015 (SP/LEG/18525), respecto a las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y 贸rganos y oficinas judiciales y fiscales, que a煤n no lo hagan, de emplear los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n, que entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.
Las previsiones relativas al archivo electr贸nico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos anteriormente indicados entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2017.
Art铆culo 155. Actos de comunicaci贸n con las partes a煤n no personadas o no representadas por procurador. Domicilio
1. Cuando las partes no act煤en representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citaci贸n al demandado, los actos de comunicaci贸n se har谩n por remisi贸n al domicilio de los litigantes. En la c茅dula de emplazamiento o citaci贸n se har谩 constar el derecho a solicitar asistencia jur铆dica gratuita y el plazo para solicitarla.
2. El domicilio del demandante ser谩 el que haya hecho constar en la demanda o en la petici贸n o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el demandante designar谩, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citaci贸n de 茅ste, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este art铆culo. Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicar谩 el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con 茅xito la comunicaci贸n.
Asimismo, el demandante deber谩 indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localizaci贸n de 茅ste, como n煤meros de tel茅fono, de fax, direcci贸n de correo electr贸nico o similares, que se utilizar谩n con sujeci贸n a lo dispuesto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n en la Administraci贸n de Justicia.
El demandado, una vez comparecido, podr谩 designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.
3. A efectos de actos de comunicaci贸n, podr谩 designarse como domicilio el que aparezca en el padr贸n municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, as铆 como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesi贸n para la que deban colegiarse obligatoriamente. Tambi茅n podr谩 designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.
Cuando en la demanda se ejercite una acci贸n de aquellas a las que se refiere el n煤mero 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 250, se entender谩 que si las partes no han acordado se帽alar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevar谩n a cabo los actos de comunicaci贸n, 茅ste ser谩, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.
Si la demanda se dirigiese a una persona jur铆dica, podr谩 igualmente se帽alarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociaci贸n que apareciese en un Registro oficial.
4. Si las partes no estuviesen representadas por procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtir谩n plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisi贸n de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepci贸n por el destinatario.
No obstante, si la comunicaci贸n tuviese por objeto la personaci贸n en juicio o la realizaci贸n o intervenci贸n personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepci贸n por el interesado, se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 158.
5. Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciaci贸n del proceso, lo comunicar谩n inmediatamente a la Oficina judicial.
Asimismo deber谩n comunicar los cambios relativos a su n煤mero de tel茅fono, fax, direcci贸n de correo electr贸nico o similares, siempre que estos 煤ltimos est茅n siendo utilizados como instrumentos de comunicaci贸n con la Oficina judicial.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 155
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Cuando las partes no act煤en representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citaci贸n al demandado, los actos de comunicaci贸n se har谩n por remisi贸n al domicilio de los litigantes. En la c茅dula de emplazamiento o citaci贸n se har谩 constar el derecho a solicitar asistencia jur铆dica gratuita y el plazo para solicitarla.
2. El domicilio del demandante ser谩 el que haya hecho constar en la demanda o en la petici贸n o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el demandante designar谩, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citaci贸n de 茅ste, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este art铆culo. Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicar谩 el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con 茅xito la comunicaci贸n.
Asimismo, el demandante deber谩 indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localizaci贸n de 茅ste, como n煤meros de tel茅fono, de fax o similares.
El demandado, una vez comparecido, podr谩 designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.
3. A efectos de actos de comunicaci贸n, podr谩 designarse como domicilio el que aparezca en el padr贸n municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, as铆 como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesi贸n para la que deban colegiarse obligatoriamente. Tambi茅n podr谩 designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.
Cuando en la demanda se ejercite una acci贸n de aquellas a las que se refiere el n煤mero 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 250, se entender谩 que si las partes no han acordado se帽alar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevar谩n a cabo los actos de comunicaci贸n, 茅ste ser谩, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.
Si la demanda se dirigiese a una persona jur铆dica, podr谩 igualmente se帽alarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociaci贸n que apareciese en un Registro oficial.
4. Si las partes no estuviesen representadas por procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtir谩n plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisi贸n de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepci贸n por el destinatario.
No obstante, si la comunicaci贸n tuviese por objeto la personaci贸n en juicio o la realizaci贸n o intervenci贸n personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepci贸n por el interesado, se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 158.
5. Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciaci贸n del proceso, lo comunicar谩n inmediatamente a la Oficina judicial.
Asimismo deber谩n comunicar los cambios relativos a su n煤mero de tel茅fono, fax, direcci贸n de correo electr贸nico o similares, siempre que estos 煤ltimos est茅n siendo utilizados como instrumentos de comunicaci贸n con la Oficina judicial.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1 y 5 del art铆culo 155
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando las partes no act煤en representadas por Procurador o se trate del primer emplazamiento o citaci贸n al demandado, los actos de comunicaci贸n se har谩n por remisi贸n al domicilio de los litigantes.
2. El domicilio del demandante ser谩 el que haya hecho constar en la demanda o en la petici贸n o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el demandante designar谩, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citaci贸n de 茅ste, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este art铆culo. Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicar谩 el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con 茅xito la comunicaci贸n.
Asimismo, el demandante deber谩 indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localizaci贸n de 茅ste, como n煤meros de tel茅fono, de fax o similares.
El demandado, una vez comparecido, podr谩 designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.
3. A efectos de actos de comunicaci贸n, podr谩 designarse como domicilio el que aparezca en el padr贸n municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, as铆 como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesi贸n para la que deban colegiarse obligatoriamente. Tambi茅n podr谩 designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.
Cuando en la demanda se ejercite una acci贸n de aquellas a las que se refiere el n煤mero 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 250, se entender谩 que si las partes no han acordado se帽alar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevar谩n a cabo los actos de comunicaci贸n, 茅ste ser谩, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.
Si la demanda se dirigiese a una persona jur铆dica, podr谩 igualmente se帽alarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociaci贸n que apareciese en un Registro oficial.
4. Si las partes no estuviesen representadas por Procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtir谩n plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisi贸n de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepci贸n por el destinatario.
No obstante, si la comunicaci贸n tuviese por objeto la personaci贸n en juicio o la realizaci贸n o intervenci贸n personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepci贸n por el interesado, se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 158.
5. Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciaci贸n del proceso, lo comunicar谩n inmediatamente al tribunal.
Asimismo deber谩n comunicar los cambios relativos a su n煤mero de tel茅fono, fax o similares, siempre que estos 煤ltimos est茅n siendo utilizados como instrumentos de comunicaci贸n con el tribunal.
Precepto modificado por Ley 19/2009, de 23 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 24-12-2009
路 Modificado apartado 3 del art铆culo 155
Redacci贸n hasta el 24-12-2009
1. Cuando las partes no act煤en representadas por Procurador o se trate del primer emplazamiento o citaci贸n al demandado, los actos de comunicaci贸n se har谩n por remisi贸n al domicilio de los litigantes.
2. El domicilio del demandante ser谩 el que haya hecho constar en la demanda o en la petici贸n o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el demandante designar谩, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citaci贸n de 茅ste, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este art铆culo. Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicar谩 el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con 茅xito la comunicaci贸n.
Asimismo, el demandante deber谩 indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localizaci贸n de 茅ste, como n煤meros de tel茅fono, de fax o similares.
El demandado, una vez comparecido, podr谩 designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.
3. A efectos de actos de comunicaci贸n, podr谩 designarse como domicilio el que aparezca en el padr贸n municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, as铆 como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesi贸n para la que deban colegiarse obligatoriamente. Tambi茅n podr谩 designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.
Cuando en la demanda se ejercite una acci贸n de aquellas a las que se refiere el n煤mero 1.潞 del apartado 1 del art铆culo 250, podr谩 designarse como domicilio del demandado, a efectos de actos de comunicaci贸n, la vivienda o local o arrendado.
4. Si las partes no estuviesen representadas por Procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtir谩n plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisi贸n de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepci贸n por el destinatario.
No obstante, si la comunicaci贸n tuviese por objeto la personaci贸n en juicio o la realizaci贸n o intervenci贸n personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepci贸n por el interesado, se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 158.
5. Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciaci贸n del proceso, lo comunicar谩n inmediatamente al tribunal.
Asimismo deber谩n comunicar los cambios relativos a su n煤mero de tel茅fono, fax o similares, siempre que estos 煤ltimos est茅n siendo utilizados como instrumentos de comunicaci贸n con el tribunal.
Precepto modificado por Ley 23/2003, de 10 de julio, con entrada en vigor a partir del 11-9-2003
路 A帽adido p谩rrafo 2.潞 del apartado 3 del art铆culo 155
Redacci贸n hasta el 11-9-2003
1. Cuando las partes no act煤en representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citaci贸n al demandado, los actos de comunicaci贸n se har谩n por remisi贸n al domicilio de los litigantes.
2. El domicilio del demandante ser谩 el que haya hecho constar en la demanda o en la petici贸n o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el demandante designar谩, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citaci贸n de 茅ste, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este art铆culo. Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicar谩 el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con 茅xito la comunicaci贸n.
Asimismo, el demandante deber谩 indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localizaci贸n de 茅ste, como n煤meros de tel茅fono, de fax o similares.
El demandado, una vez comparecido, podr谩 designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.
3. A efectos de actos de comunicaci贸n, podr谩 designarse como domicilio el que aparezca en el padr贸n municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, as铆 como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesi贸n para la que deban colegiarse obligatoriamente. Tambi茅n podr谩 designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.
4. Si las partes no estuviesen representadas por procurador, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado anterior, que se hayan designado como domicilios, surtir谩n plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisi贸n de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepci贸n por el destinatario.
No obstante, si la comunicaci贸n tuviese por objeto la personaci贸n en juicio o la realizaci贸n o intervenci贸n personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepci贸n por el interesado, se estar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 158.
5. Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciaci贸n del proceso, lo comunicar谩n inmediatamente al tribunal.
Asimismo deber谩n comunicar los cambios relativos a su n煤mero de tel茅fono, fax o similares, siempre que estos 煤ltimos est茅n siendo utilizados como instrumentos de comunicaci贸n con el tribunal.
Nota
T茅ngase en cuenta lo establecido en la Disposici贸n Final Duod茅cima de la Ley 42/2015 (SP/LEG/18525), respecto a las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y 贸rganos y oficinas judiciales y fiscales, que a煤n no lo hagan, de emplear los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n, que entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.
Las previsiones relativas al archivo electr贸nico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos anteriormente indicados entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2017.
1. En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personaci贸n, se utilizar谩n por el Secretario judicial los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del art铆culo 155.
Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos p煤blicos proceder谩n conforme a las disposiciones que regulen su actividad.
2. En ning煤n caso se considerar谩 imposible la designaci贸n de domicilio a efectos de actos de comunicaci贸n si dicho domicilio constara en archivos o registros p煤blicos, a los que pudiere tenerse acceso.
3. Si de las averiguaciones a que se refiere el apartado 1 resultare el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se practicar谩 la comunicaci贸n de la segunda forma establecida en el apartado 2 del art铆culo 152, siendo de aplicaci贸n, en su caso, lo previsto en el art铆culo 158.
4. Si estas averiguaciones resultaren infructuosas, el Secretario judicial ordenar谩 que la comunicaci贸n se lleve a cabo mediante edictos.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 1, 3 y 4 del art铆culo 156
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personaci贸n, se utilizar谩n los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del art铆culo 155.
Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos p煤blicos proceder谩n conforme a las disposiciones que regulen su actividad.
2. En ning煤n caso se considerar谩 imposible la designaci贸n de domicilio a efectos de actos de comunicaci贸n si dicho domicilio constara en archivos o registros p煤blicos, a los que pudiere tenerse acceso.
3. Si de las averiguaciones a que se refiere el apartado 1 resultare el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se practicar谩 la comunicaci贸n de la segunda forma establecida en el apartado 1 del art铆culo 152, siendo de aplicaci贸n, en su caso, lo previsto en el art铆culo 158.
4. Si estas averiguaciones resultaren infructuosas, la comunicaci贸n se llevar谩 a cabo mediante edictos.
Art铆culo 157. Registro Central de Rebeldes Civiles
1. Cuando las averiguaciones a las que se refiere el art铆culo anterior hubieren resultado infructuosas, el Secretario judicial ordenar谩 que se comunique el nombre del demandado y los dem谩s datos de identidad al Registro Central de Rebeldes Civiles, que existir谩 con sede en el Ministerio de Justicia, con indicaci贸n de la fecha de la resoluci贸n de comunicaci贸n edictal del demandado para proceder a su inscripci贸n.
2. Cualquier Secretario judicial que deba averiguar el domicilio de un demandado podr谩 dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para comprobar si el demandado consta en dicho registro y si los datos que en 茅l aparecen son los mismos de que dispone. En tal caso, mediante diligencia de ordenaci贸n, podr谩 acordar directamente la comunicaci贸n edictal del demandado.
3. Cualquier 贸rgano judicial, a instancia del interesado o por iniciativa propia, que tuviera conocimiento del domicilio de una persona que figure inscrita en el Registro Central de Rebeldes Civiles deber谩 solicitar la cancelaci贸n de la inscripci贸n comunicando el domicilio al que se le pueden dirigir las comunicaciones judiciales. El Registro remitir谩 a las Oficinas judiciales en que conste que existe proceso contra dicho demandado, el domicilio indicado por 茅ste a efecto de comunicaciones, resultando v谩lidas las practicadas a partir de ese momento en ese domicilio.
4. Con independencia de lo anterior, cualquier Tribunal que necesite conocer el domicilio actual del demandado en un procedimiento, que se encuentre en ignorado paradero con posterioridad a la fase de personaci贸n, podr谩 dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para que se practique la oportuna anotaci贸n tendente a que le sea facilitado el domicilio donde puedan dirig铆rsele las comunicaciones judiciales si este dato llegara a conocimiento del citado Registro.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 157
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 157. Registro central de rebeldes civiles
1. Los tribunales que hayan realizado infructuosamente las averiguaciones a que se refiere el art铆culo anterior, comunicar谩n el nombre del demandado y los dem谩s datos de identidad que les consten al Registro central de rebeldes civiles, que existir谩 con sede en el Ministerio de Justicia.
2. Cualquier tribunal que deba averiguar el domicilio de un demandado podr谩 dirigirse al Registro central de rebeldes civiles para comprobar si el demandado consta en dicho registro y si los datos que en 茅l aparecen son los mismos de que dispone el tribunal. En tal caso, mediante providencia, podr谩 acordar directamente la comunicaci贸n edictal del demandado.
3. El demandado inscrito en el citado Registro podr谩 solicitar la cancelaci贸n de la inscripci贸n comunicando el domicilio al que se le pueden dirigir las comunicaciones judiciales. El Registro remitir谩 a los tribunales en que conste que existe proceso contra dicho demandado, el domicilio indicado por 茅ste a efecto de comunicaciones, resultando v谩lidas las practicadas a partir de ese momento en ese domicilio.
Cuando, en los casos del apartado 1 del art铆culo 155, no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicaci贸n que tenga por finalidad la personaci贸n en juicio o la realizaci贸n o intervenci贸n personal de las partes en determinadas actuaciones procesales, se proceder谩 a su entrega en la forma establecida en el art铆culo 161.
Art铆culo 159. Comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que no sean parte en el juicio
1. Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en 茅l, se remitir谩n a sus destinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del art铆culo 160. La remisi贸n se har谩 al domicilio que designe la parte interesada, pudiendo realizarse, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el art铆culo 156. Estas comunicaciones ser谩n diligenciadas por el procurador de la parte que las haya propuesto, si as铆 lo hubiera solicitado.
2. Cuando conste en autos el fracaso de la comunicaci贸n mediante remisi贸n o las circunstancias del caso lo aconsejen, atendidos el objeto de la comunicaci贸n y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan, el Secretario judicial ordenar谩 que se proceda con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 161.
3. Las personas a que se refiere este art铆culo deber谩n comunicar a la Oficina judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciaci贸n del proceso. En la primera comparecencia que efect煤en se les informar谩 de esta obligaci贸n.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 159
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en 茅l, se remitir谩n a sus destinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del art铆culo 160. La remisi贸n se har谩 al domicilio que designe la parte interesada, pudiendo realizarse, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el art铆culo 156.
2. Cuando conste en autos el fracaso de la comunicaci贸n mediante remisi贸n o las circunstancias del caso lo aconsejen, atendidos el objeto de la comunicaci贸n y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan, el Secretario judicial ordenar谩 que se proceda con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 161.
3. Las personas a que se refiere este art铆culo deber谩n comunicar a la Oficina judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciaci贸n del proceso. En la primera comparecencia que efect煤en se les informar谩 de esta obligaci贸n.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificados apartados 2 y 3 del art铆culo 159
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en 茅l, se remitir谩n a sus destinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del art铆culo 160. La remisi贸n se har谩 al domicilio que designe la parte interesada, pudiendo realizarse, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el art铆culo 156.
2. Cuando conste en autos el fracaso de la comunicaci贸n mediante remisi贸n o las circunstancias del caso lo aconsejen, atendidos el objeto de la comunicaci贸n y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan, el tribunal ordenar谩 que se proceda con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 161.
3. Las personas a que se refiere este art铆culo deber谩n comunicar al tribunal cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciaci贸n del proceso. En la primera comparecencia que efect煤en se les informar谩 de esta obligaci贸n.
Art铆culo 160. Remisi贸n de las comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes
1. Cuando proceda la remisi贸n de la copia de la resoluci贸n o de la c茅dula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificaci贸n, de la fecha de la recepci贸n, y de su contenido, el Secretario judicial dar谩 fe en los autos de la remisi贸n y del contenido de lo remitido, y unir谩 a aqu茅llos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a trav茅s del cual quede constancia de la recepci贸n o la documentaci贸n aportada por el procurador que as铆 lo acredite, de haber procedido 茅ste a la comunicaci贸n.
2. A instancia de parte y a costa de quien lo interese, podr谩 ordenarse que la remisi贸n se haga de manera simult谩nea a varios lugares de los previstos en el apartado 3 del art铆culo 155.
3. Cuando el destinatario tuviere su domicilio en el partido donde radique la sede del tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa la personaci贸n o la realizaci贸n o intervenci贸n personal en las actuaciones, podr谩 remitirse, por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado 1, c茅dula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de d谩rsele traslado de alg煤n escrito.
La c茅dula expresar谩 con la debida precisi贸n el objeto para el que se requiere la comparecencia del emplazado, indicando el procedimiento y el asunto a que se refiere, con la advertencia de que, si el emplazado no comparece, sin causa justificada, dentro del plazo se帽alado, se tendr谩 por hecha la comunicaci贸n de que se trate o por efectuado el traslado.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 160
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando proceda la remisi贸n de la copia de la resoluci贸n o de la c茅dula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificaci贸n, de la fecha de la recepci贸n, y de su contenido, el Secretario Judicial dar谩 fe en los autos de la remisi贸n y del contenido de lo remitido, y unir谩 a aqu茅llos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a trav茅s del cual quede constancia de la recepci贸n.
2. A instancia de parte y a costa de quien lo interese, podr谩 ordenarse que la remisi贸n se haga de manera simult谩nea a varios lugares de los previstos en el apartado 3 del art铆culo 155.
3. Cuando el destinatario tuviere su domicilio en el partido donde radique la sede del tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa la personaci贸n o la realizaci贸n o intervenci贸n personal en las actuaciones, podr谩 remitirse, por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado 1, c茅dula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de d谩rsele traslado de alg煤n escrito.
La c茅dula expresar谩 con la debida precisi贸n el objeto para el que se requiere la comparecencia del emplazado, indicando el procedimiento y el asunto a que se refiere, con la advertencia de que, si el emplazado no comparece, sin causa justificada, dentro del plazo se帽alado, se tendr谩 por hecha la comunicaci贸n de que se trate o por efectuado el traslado.
Art铆culo 161. Comunicaci贸n por medio de copia de la resoluci贸n o de c茅dula
1. La entrega al destinatario de la comunicaci贸n de la copia de la resoluci贸n o de la c茅dula se efectuar谩 en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada, sin perjuicio de lo previsto en el 谩mbito de la ejecuci贸n.
La entrega se documentar谩 por medio de diligencia que ser谩 firmada por el funcionario o Procurador que la efect煤e y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se har谩 constar.
2. Cuando el destinatario de la comunicaci贸n sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resoluci贸n o la c茅dula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario o procurador que asuma su pr谩ctica le har谩 saber que la copia de la resoluci贸n o la c茅dula queda a su disposici贸n en la oficina judicial, produci茅ndose los efectos de la comunicaci贸n, de todo lo cual quedar谩 constancia en la diligencia.
3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicaci贸n fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio seg煤n el padr贸n municipal, o a efectos fiscales, o seg煤n registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare all铆 dicho destinatario, podr谩 efectuarse la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce a帽os, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que est谩 obligado a entregar la copia de la resoluci贸n o la c茅dula al destinatario de 茅sta, o a darle aviso, si sabe su paradero, advirtiendo en todo caso al receptor de su responsabilidad en relaci贸n a la protecci贸n de los datos del destinatario.
Si la comunicaci贸n se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de 茅ste, la entrega se efectuar谩 a persona que manifieste conocer a aqu茅l o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella, con las mismas advertencias del p谩rrafo anterior.
En la diligencia se har谩 constar el nombre de la persona destinataria de la comunicaci贸n y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, as铆 como el nombre de la persona que recibe la copia de la resoluci贸n o la c茅dula y la relaci贸n de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicaci贸n as铆 realizada.
4. En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la pr谩ctica de un acto de comunicaci贸n, el secretario judicial, funcionario o procurador, procurar谩 averiguar si vive all铆 su destinatario.
Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, 茅ste se consignar谩 en la diligencia negativa de comunicaci贸n, procedi茅ndose a la realizaci贸n del acto de comunicaci贸n en el domicilio facilitado.
Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se proceder谩 de conformidad con lo establecido en el art铆culo 156.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado art铆culo 161
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
Art铆culo 161. Comunicaci贸n por medio de entrega de copia de la resoluci贸n o de c茅dula
1. La entrega al destinatario de la comunicaci贸n de la copia de la resoluci贸n o de la c茅dula se efectuar谩 en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada.
La entrega se documentar谩 por medio de diligencia que ser谩 firmada por el funcionario o, en su caso, el procurador que la efect煤e y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se har谩 constar.
2. Cuando el destinatario de la comunicaci贸n sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resoluci贸n o la c茅dula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario o, en su caso, el procurador que asuma su pr谩ctica, le har谩 saber que la copia de la resoluci贸n o la c茅dula queda a su disposici贸n en la Oficina judicial, produci茅ndose los efectos de la comunicaci贸n, de todo lo cual quedar谩 constancia en la diligencia.
3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicaci贸n fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio seg煤n el padr贸n municipal, o a efectos fiscales, o seg煤n registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare all铆 dicho destinatario, podr谩 efectuarse la entrega a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 a帽os, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que est谩 obligado a entregar la copia de la resoluci贸n o la c茅dula al destinatario de 茅sta, o a darle aviso, si sabe su paradero.
Si la comunicaci贸n se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de 茅ste, la entrega se efectuar谩 a persona que manifieste conocer a aqu茅l o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella.
En la diligencia se har谩 constar el nombre de la persona destinataria de la comunicaci贸n y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, as铆 como el nombre de la persona que recibe la copia de la resoluci贸n o la c茅dula y la relaci贸n de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicaci贸n as铆 realizada.
4. En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la pr谩ctica de un acto de comunicaci贸n, el Secretario Judicial o funcionario designado procurar谩 averiguar si vive all铆 su destinatario.
Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, 茅ste se consignar谩 en la diligencia negativa de comunicaci贸n.
Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se proceder谩 de conformidad con lo establecido en el art铆culo 156.
5. Cuando los actos de comunicaci贸n hubieran sido realizados por el procurador y no los hubiera podido entregar a su destinatario por alguna de las causas previstas en los apartados 2, 3 y 4 de este art铆culo, aqu茅l deber谩 acreditar la concurrencia de las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores, para lo que podr谩 auxiliarse de dos testigos o de cualquier otro medio id贸neo.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado p谩rrafo 2.潞 del apartado 1 del art铆culo 161
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 161
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 3 del art铆culo 161
路 A帽adido apartado 5 del art铆culo 161
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. La entrega al destinatario de la comunicaci贸n de la copia de la resoluci贸n o de la c茅dula se efectuar谩 en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada.
La entrega se documentar谩 por medio de diligencia que ser谩 firmada por el Secretario Judicial o funcionario que la efect煤e y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se har谩 constar.
2. Cuando el destinatario de la comunicaci贸n sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resoluci贸n o la c茅dula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el Secretario Judicial o funcionario designado le amonestar谩 de la obligaci贸n que impone el apartado anterior.
Si insistiere en su negativa, el funcionario actuante le har谩 saber que la copia de la resoluci贸n o la c茅dula queda a su disposici贸n en la Secretar铆a del Juzgado, produci茅ndose los efectos de la comunicaci贸n, de todo lo cual quedar谩 constancia en la diligencia.
3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicaci贸n fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio seg煤n el padr贸n municipal o a efectos fiscales o seg煤n registro oficial o publicaciones de colegios profesionales o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare all铆 dicho destinatario, podr谩 efectuarse la entrega a cualquier empleado o familiar, mayor de 14 a帽os, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que est谩 obligado a entregar la copia de la resoluci贸n o la c茅dula al destinatario de 茅sta, o a darle aviso, si sabe su paradero.
Si la comunicaci贸n se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de 茅ste, la entrega se efectuar谩 a persona que manifieste conocer a aqu茅l o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella.
En la diligencia se har谩 constar el nombre de la persona destinataria de la comunicaci贸n y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, as铆 como el nombre de la persona que recibe la copia de la resoluci贸n o la c茅dula y la relaci贸n de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicaci贸n as铆 realizada.
4. En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la pr谩ctica de un acto de comunicaci贸n, el Secretario Judicial o funcionario designado procurar谩 averiguar si vive all铆 su destinatario.
Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, 茅ste se consignar谩 en la diligencia negativa de comunicaci贸n.
Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se proceder谩 de conformidad con lo establecido en el art铆culo 156.
Precepto modificado por Ley 23/2003, de 10 de julio, con entrada en vigor a partir del 11-9-2003
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del apartado 3 del art铆culo 161
Redacci贸n hasta el 11-9-2003
1. La entrega al destinatario de la comunicaci贸n de la copia de la resoluci贸n o de la c茅dula se efectuar谩 en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada.
La entrega se documentar谩 por medio de diligencia que ser谩 firmada por el Secretario Judicial o funcionario que la efect煤e y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se har谩 constar.
2. Cuando el destinatario de la comunicaci贸n sea hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resoluci贸n o la c茅dula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega, el Secretario Judicial o funcionario designado le amonestar谩 de la obligaci贸n que impone el apartado anterior.
Si insistiere en su negativa, el funcionario actuante le har谩 saber que la copia de la resoluci贸n o la c茅dula queda a su disposici贸n en la Secretar铆a del Juzgado, produci茅ndose los efectos de la comunicaci贸n, de todo lo cual quedar谩 constancia en la diligencia.
3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicaci贸n fuere el lugar en que el destinatario tenga su domicilio seg煤n padr贸n municipal o a efectos fiscales o seg煤n Registro oficial o publicaciones de Colegios profesionales, y no se encontrare all铆 dicho destinatario, podr谩 efectuarse la entrega a cualquier empleado o familiar, mayor de catorce a帽os, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que est谩 obligado a entregar la copia de la resoluci贸n o la c茅dula al destinatario de la misma, o darle aviso, si sabe su paradero.
Si la comunicaci贸n se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de 茅ste, la entrega se efectuar谩 a persona que manifieste conocer a aqu茅l o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella.
En la diligencia se har谩 constar el nombre de la persona destinataria de la comunicaci贸n y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, as铆 como el nombre de la persona que recibe la copia de la resoluci贸n o la c茅dula y la relaci贸n de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicaci贸n as铆 realizada.
4. En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para la pr谩ctica de un acto de comunicaci贸n, el Secretario Judicial o funcionario designado procurar谩 averiguar si vive all铆 su destinatario.
Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, 茅ste se consignar谩 en la diligencia negativa de comunicaci贸n.
Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se proceder谩 de conformidad con lo establecido en el art铆culo 156.
Art铆culo 162. Actos de comunicaci贸n por medios electr贸nicos, inform谩ticos y similares
1. Cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicaci贸n est茅n obligados a enviarlos y recibirlos por medios electr贸nicos, telem谩ticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el env铆o y la recepci贸n de escritos y documentos, de forma tal que est茅 garantizada la autenticidad de la comunicaci贸n y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisi贸n y recepci贸n 铆ntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicaci贸n se efectuar谩n por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepci贸n que proceda.
Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar estos medios, as铆 como los que opten por los mismos, deber谩n comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y la direcci贸n electr贸nica habilitada a tal efecto.
Asimismo se constituir谩 en el Ministerio de Justicia un registro accesible electr贸nicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos p煤blicos y profesionales obligados a su utilizaci贸n.
2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este art铆culo, cuando constando la correcta remisi贸n del acto de comunicaci贸n por dichos medios t茅cnicos, salvo los practicados a trav茅s de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres d铆as sin que el destinatario acceda a su contenido, se entender谩 que la comunicaci贸n ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.
Se exceptuar谩n aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas t茅cnicas y 茅stas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicaci贸n se practicar谩 mediante entrega de copia de la resoluci贸n. En cualquier caso, la notificaci贸n se entender谩 v谩lidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicaci贸n mediante entrega, se entender谩 v谩lidamente realizada la comunicaci贸n en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepci贸n.
No se practicar谩n actos de comunicaci贸n a los profesionales por v铆a electr贸nica durante los d铆as del mes de agosto, salvo que sean h谩biles para las actuaciones que corresponda.
3. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dict谩menes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior s贸lo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podr谩n, no obstante, ser presentados en soporte electr贸nico mediante im谩genes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los art铆culos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiaci贸n, o el Ministerio Fiscal, as铆 lo solicitasen, habr谩n de aportarse aqu茅llos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se se帽ale.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado art铆culo 162
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicaci贸n dispusieren de medios electr贸nicos, telem谩ticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el env铆o y la recepci贸n de escritos y documentos, de forma tal que est茅 garantizada la autenticidad de la comunicaci贸n y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisi贸n y recepci贸n 铆ntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicaci贸n podr谩n efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepci贸n que proceda.
Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deber谩n comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su direcci贸n.
Asimismo se constituir谩 en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electr贸nicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos p煤blicos.
En cualquier caso, cuando constando la correcta remisi贸n del acto de comunicaci贸n por dichos medios t茅cnicos, salvo los practicados a trav茅s de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres d铆as, sin que el destinatario acceda a su contenido, se entender谩 que la comunicaci贸n ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.
Se exceptuar谩n aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese per铆odo. Si la falta de acceso se debiera a causas t茅cnicas y 茅stas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicaci贸n se practicar谩 mediante entrega de copia de la resoluci贸n. En cualquier caso, la notificaci贸n se entender谩 v谩lidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema.
No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicaci贸n mediante entrega, se entender谩 v谩lidamente realizada la comunicaci贸n en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepci贸n.
2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dict谩menes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior s贸lo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podr谩n, no obstante, ser presentados en soporte electr贸nico mediante im谩genes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los art铆culos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiaci贸n, o el Ministerio Fiscal, as铆 lo solicitasen, habr谩n de aportarse aqu茅llos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se se帽ale.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado p谩rrafo 4.潞 del apartado 1 del art铆culo 162
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicaci贸n dispusieren de medios electr贸nicos, telem谩ticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el env铆o y la recepci贸n de escritos y documentos, de forma tal que est茅 garantizada la autenticidad de la comunicaci贸n y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisi贸n y recepci贸n 铆ntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicaci贸n podr谩n efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepci贸n que proceda.
Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deber谩n comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su direcci贸n.
Asimismo se constituir谩 en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electr贸nicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos p煤blicos.
Cuando constando la correcta remisi贸n del acto de comunicaci贸n por dichos medios t茅cnicos, salvo los practicados a trav茅s de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres d铆as sin que el destinatario acceda a su contenido, se entender谩 que la comunicaci贸n ha sido intentada sin efecto y se proceder谩 a su entrega en la forma establecida en el art铆culo 161.
No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicaci贸n mediante entrega, se entender谩 v谩lidamente realizada la comunicaci贸n en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepci贸n.
2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dict谩menes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior s贸lo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podr谩n, no obstante, ser presentados en soporte electr贸nico mediante im谩genes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los art铆culos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiaci贸n, o el Ministerio Fiscal, as铆 lo solicitasen, habr谩n de aportarse aqu茅llos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se se帽ale.
Precepto modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 9-12-2007
路 Modificado art铆culo 162
Redacci贸n hasta el 9-12-2007
1. Cuando los juzgados y tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicaci贸n dispusieren de medios electr贸nicos, telem谩ticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, que permitan el env铆o y la recepci贸n de escritos y documentos, de forma tal que est茅 garantizada la autenticidad de la comunicaci贸n y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisi贸n y recepci贸n 铆ntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicaci贸n podr谩n efectuarse por aquellos medios, con el acuse de recibo que proceda.
Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deber谩n comunicar al tribunal el hecho de disponer de los medios antes indicados y su direcci贸n.
Asimismo se constituir谩 en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electr贸nicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos p煤blicos.
2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dict谩menes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior s贸lo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, aqu茅llos habr谩n de aportarse o transmitirse a las partes e interesados de modo adecuado a dichos procedimientos o en la forma prevista en los art铆culos anteriores, con observancia de los requisitos de tiempo y lugar que la ley se帽ale para cada caso.
Nota
T茅ngase en cuenta lo establecido en la Disposici贸n Final Duod茅cima. Entrada en vigor de la Ley 42/2015 (SP/LEG/18525) respecto a las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y 贸rganos y oficinas judiciales y fiscales, que a煤n no lo hagan, de emplear los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n, entran en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.
Las previsiones relativas al archivo electr贸nico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telem谩ticos existentes en la Administraci贸n de Justicia para la presentaci贸n de escritos y documentos y la realizaci贸n de actos de comunicaci贸n procesal en los t茅rminos anteriormente indicados entrar谩n en vigor el 1 de enero de 2017.
Art铆culo 163. Servicio Com煤n Procesal de Actos de Comunicaci贸n
En las poblaciones donde est茅 establecido, el Servicio Com煤n Procesal de Actos de Comunicaci贸n practicar谩 los actos de comunicaci贸n que hayan de realizarse por la Oficina judicial, excepto los que resulten encomendados al procurador por haberlo solicitado as铆 la parte a la que represente.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado art铆culo 163
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Art铆culo 163. Servicio Com煤n de Notificaciones
En las poblaciones donde est茅 establecido, el Servicio Com煤n de Notificaciones practicar谩 los actos de comunicaci贸n que hayan de realizarse.
Cuando, practicadas en su caso las averiguaciones a que se refiere el art铆culo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicaci贸n, o cuando no pudiere hall谩rsele ni efectuarse la comunicaci贸n con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los art铆culos anteriores, o cuando as铆 se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del art铆culo 157, el secretario judicial, consignadas estas circunstancias, mandar谩 que se haga la comunicaci贸n fijando la copia de la resoluci贸n o la c茅dula en el tabl贸n de anuncios de la oficina judicial de conformidad con la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n en la Administraci贸n de Justicia, salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, as铆 como otros derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos. Tal publicidad podr谩 ser sustituida, en los t茅rminos que reglamentariamente se determinen, por la utilizaci贸n de otros medios telem谩ticos, inform谩ticos o electr贸nicos.
S贸lo a instancia de parte, y a su costa, se publicar谩 en el "Bolet铆n Oficial" de la provincia, en el de la Comunidad Aut贸noma, en el "Bolet铆n Oficial del Estado" o en un diario de difusi贸n nacional o provincial.
En todo caso en la comunicaci贸n o publicaci贸n a que se refieren los p谩rrafos anteriores, en atenci贸n al superior inter茅s de los menores y para preservar su intimidad, deber谩n omitirse los datos personales, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su identificaci贸n.
En los procesos de desahucio de finca urbana o r煤stica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiraci贸n legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamaci贸n de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hall谩rsele ni efectuarle la comunicaci贸n al arrendatario en los domicilios designados en el p谩rrafo segundo del apartado 3 del art铆culo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador, al que 茅ste no se hubiese opuesto, se proceder谩, sin m谩s tr谩mites, a fijar la c茅dula de citaci贸n o requerimiento en el tabl贸n de anuncios de la oficina judicial.
Precepto modificado por Ley 42/2015, de 5 de octubre, con entrada en vigor a partir del 7-10-2015
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del art铆culo 164
Redacci贸n hasta el 7-10-2015
Cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el art铆culo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicaci贸n, o cuando no pudiere hall谩rsele ni efectuarse la comunicaci贸n con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los art铆culos anteriores, o cuando as铆 se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del art铆culo 157, el secretario judicial, consignadas estas circunstancias, mandar谩 que se haga la comunicaci贸n fijando la copia de la resoluci贸n o la c茅dula en el tabl贸n de anuncios de la oficina judicial, salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, as铆 como otros derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos. Tal publicidad podr谩 ser sustituida, en los t茅rminos que reglamentariamente se determinen, por la utilizaci贸n de medios telem谩ticos, inform谩ticos o electr贸nicos, conforme a lo previsto en el art铆culo 236 de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
S贸lo a instancia de parte, y a su costa, se publicar谩 en el "Bolet铆n Oficial" de la provincia, en el de la Comunidad Aut贸noma, en el "Bolet铆n Oficial del Estado" o en un diario de difusi贸n nacional o provincial.
En todo caso en la comunicaci贸n o publicaci贸n a que se refieren los p谩rrafos anteriores, en atenci贸n al superior inter茅s de los menores y para preservar su intimidad, deber谩n omitirse los datos personales, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su identificaci贸n.
En los procesos de desahucio de finca urbana o r煤stica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiraci贸n legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamaci贸n de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hall谩rsele ni efectuarle la comunicaci贸n al arrendatario en los domicilios designados en el p谩rrafo segundo del apartado 3 del art铆culo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador, al que 茅ste no se hubiese opuesto, se proceder谩, sin m谩s tr谩mites, a fijar la c茅dula de citaci贸n o requerimiento en el tabl贸n de anuncios de la oficina judicial.
Precepto modificado por Ley 4/2013, de 4 de junio, con entrada en vigor a partir del 6-6-2013
路 Modificado art铆culo 164
Redacci贸n hasta el 6-6-2013
Cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el art铆culo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicaci贸n, o cuando no pudiere hall谩rsele ni efectuarse la comunicaci贸n con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los art铆culos anteriores, o cuando as铆 se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del art铆culo 157, el Secretario judicial, consignadas estas circunstancias, mandar谩 que se haga la comunicaci贸n fijando la copia de la resoluci贸n o la c茅dula en el tabl贸n de anuncios de la Oficina judicial, salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, as铆 como otros derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos. Tal publicidad podr谩 ser sustituida, en los t茅rminos que reglamentariamente se determinen, por la utilizaci贸n de medios telem谩ticos, inform谩ticos o electr贸nicos, conforme a lo previsto en el art铆culo 236 de la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
S贸lo a instancia de parte, y a su costa, se publicar谩 en el Bolet铆n Oficial de la Provincia, de la Comunidad Aut贸noma, en el Bolet铆n Oficial del Estado o en un diario de difusi贸n nacional o provincial.
En todo caso en la comunicaci贸n o publicaci贸n a que se refieren los p谩rrafos anteriores, en atenci贸n al superior inter茅s de los menores y para preservar su intimidad, deber谩n omitirse los datos personales, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su identificaci贸n.
En los procesos de desahucio de finca urbana o r煤stica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiraci贸n legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamaci贸n de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hall谩rsele ni efectuarle la comunicaci贸n al arrendatario en los domicilios designados en el segundo p谩rrafo del n煤mero 3 del art铆culo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que 茅ste no se hubiese opuesto, se proceder谩, sin m谩s tr谩mites, a fijar la c茅dula de citaci贸n en el tabl贸n de anuncios de la Oficina Judicial.
Precepto modificado por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 4-5-2010
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del art铆culo 164
Redacci贸n hasta el 4-5-2010
Cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el art铆culo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicaci贸n, o cuando no pudiere hall谩rsele ni efectuarse la comunicaci贸n con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los art铆culos anteriores, o cuando as铆 se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del art铆culo 157, el tribunal, mediante providencia, consignadas estas circunstancias, mandar谩 que se haga la comunicaci贸n fijando la copia de la resoluci贸n o la c茅dula en el tabl贸n de anuncios del Juzgado o tribunal.
S贸lo a instancia de parte, y a su costa, se publicar谩 en el Bolet铆n Oficial de la Provincia, de la Comunidad Aut贸noma, en el Bolet铆n Oficial del Estado o en un diario de difusi贸n nacional o provincial.
En todo caso en la comunicaci贸n o publicaci贸n a que se refieren los p谩rrafos anteriores, en atenci贸n al superior inter茅s de los menores y para preservar su intimidad, deber谩n omitirse los datos personales, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que directa o indirectamente pudiera permitir su identificaci贸n.
En los procesos de desahucio de finca urbana o r煤stica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiraci贸n legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamaci贸n de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hall谩rsele ni efectuarle la comunicaci贸n al arrendatario en los domicilios designados en el segundo p谩rrafo del n煤mero 3 del art铆culo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que 茅ste no se hubiese opuesto, se proceder谩, sin m谩s tr谩mites, a fijar la c茅dula de citaci贸n en el tabl贸n de anuncios de la Oficina Judicial.
Precepto modificado por Ley 19/2009, de 23 de noviembre, con entrada en vigor a partir del 24-12-2009
路 A帽adido 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 164
Redacci贸n hasta el 24-12-2009
Cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el art铆culo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicaci贸n, o cuando no pudiere hall谩rsele ni efectuarse la comunicaci贸n con todos sus efectos, conforme a lo establecido en los art铆culos anteriores, o cuando as铆 se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 del art铆culo 157, el tribunal, mediante providencia, consignadas estas circunstancias, mandar谩 que se haga la comunicaci贸n fijando la copia de la resoluci贸n o la c茅dula en el tabl贸n de anuncios del Juzgado o tribunal.
S贸lo a instancia de parte, y a su costa, se publicar谩 en el Bolet铆n Oficial de la Provincia, de la Comunidad Aut贸noma, en el Bolet铆n Oficial del Estado o en un diario de difusi贸n nacional o provincial.
En todo caso en la comunicaci贸n o publicaci贸n a que se refieren los p谩rrafos anteriores, en atenci贸n al superior inter茅s de los menores y para preservar su intimidad, deber谩n omitirse los d