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Referencia: SP/LEG/21214

RESOLUCIÓN-CIRCULAR de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la interpretación y aplicación del artículo 56 del Código Civil, relativo a la forma de celebración del matrimonio

órgano emisor: DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
PREÁMBULO
La entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, ha supuesto la modificación, entre otras materias, de la regulación de la forma de celebración del matrimonio. En este sentido, mediante su disposición final primera, la mencionada Ley modifica determinados artículos del Código Civil, en concreto el artículo 56, cuya entrada en vigor se producirá con fecha 30 de junio de 2017, en virtud de lo establecido en la disposición final vigésima primera de la referida Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
Dicha modificación implica, según establece el apartado segundo del referido artículo 56 del Código Civil, la exigencia, por parte del Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente de matrimonio, de dictamen médico sobre la aptitud para prestar el consentimiento de aquellos contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales.
El objeto de la presente Circular responde a la necesidad de clarificar los criterios de interpretación y aplicación respecto de la documentación exigida a los contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, regulado en el artículo 56 del Código Civil.
Por ello, ante las modificación introducida respecto a la regulación de la forma de celebración del matrimonio por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el ejercicio de las competencias que le vienen atribuidas, ha acordado dictar la presente Circular.
I. Criterios de interpretación y aplicación del artículo 56 del Código Civil.
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, modifica, en su disposición final primera, determinados artículos del Código Civil, entre ellos los preceptos relativos a la celebración del matrimonio. En concreto, dispone la referida Ley la modificación del artículo 56 del Código Civil, relativo a los requisitos de capacidad exigidos a los contrayentes, estableciéndose su entrada en vigor con fecha 30 de junio de 2017.
En este sentido, el Código Civil, en su redacción vigente hasta el 30 de junio de 2017, dispone en su artículo 56 que:
"Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad establecidos en este Código.
Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento."
Por su parte, la referida Ley de Jurisdicción Voluntaria modifica el referido precepto, siendo la redacción del artículo 56 del Código Civil, cuya entrada en vigor está prevista para el 30 de junio de 2017, la siguiente:
"Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código.
Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento."
En virtud de lo expuesto, la modificación del artículo 56 del Código Civil introducida por la citada Ley de Jurisdicción Voluntaria, amplía la exigencia de dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento a aquellos contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales. En todo caso, dichos preceptos deben aplicarse a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, cuyo instrumento de ratificación por España se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 21 de abril de 2008. Dicha Convención señala en su artículo 12 que los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, en todos los aspectos de la vida. De igual modo, el artículo 23 de dicho texto internacional, consagrado al respeto del hogar y de la familia, establece que 'los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás".
Por ello, se ha de clarificar el referido precepto, aclarándose que debe interpretarse siempre de manera estricta y en relación a supuestos excepcionales en los que la discapacidad afecte de forma evidente e impeditiva, aún proporcionados los apoyos precisos, a la capacidad para prestar el consentimiento, y lógicamente no a aquellos supuestos en que la discapacidad afecte tan solo a los medios, canales o soportes de emisión de ese consentimiento o nada tenga que ver ni guarde relación con la aptitud para prestarlo.
En consecuencia, procede establecer como criterio de aplicación que la exigencia por parte del Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente matrimonial de dictamen médico sobre la aptitud parar prestar consentimiento de aquellos contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se deberá entender limitada exclusivamente a aquellos casos en los que la deficiencia afecte de forma sustancial a la prestación del consentimiento por el interesado en cuestión.
En el caso de contrayentes que presenten estas deficiencias, y siempre con el propósito de favorecer la celebración del matrimonio, el Letrado de la Administración de Justicia, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente matrimonial podrá recabar el auxilio y la colaboración de las Administraciones o entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en la provisión de los apoyos humanos, técnicos y materiales precisos que faciliten la emisión, la interpretación y la recepción del consentimiento.
En todo caso, la resolución adoptada por la autoridad competente será susceptible de ser recurrida de conformidad con el régimen de recursos previsto en la legislación registral.