PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: ""FALLO: ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda de Modificación de Medidas definitivas instada por la representación de D. Carlos Daniel contra Dª Silvia , acuerdo, en relación con la pensión de alimentos, la adopción de la siguiente medida:-El padre Sr. Carlos Daniel abonará a favor de los hijos una pensión de alimentos de 220 euros para cada uno de ellos, 440 euros mensuales en total, que ingresará los 5 primeros días de cada mes, por meses anticipados en la cuenta corriente de la madre. Y se revisará anualmente de acuerdo con el IPC.

-Se mantiene en el resto de pronunciamientos la sentencia de divorcio de 12 de diciembre de 2007 .

No se imponen las costas a ninguna de las partes."

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante, mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria y al Ministerio Fiscal que presentaron escrito de oposición; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 21 de julio de 2011.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente la Magistrada Ilma. Sra. Mª DOLORS VIÑAS MAESTRE.

PRIMERO.- La sentencia reduce la pensión de alimentos establecida, a favor de los dos hijos menores y a cargo del padre, en la sentencia de divorcio de 12 de diciembre de 2007 de 500 euros al mes a 440 euros, atendiendo a la nueva situación económica del demandante y contra dicho pronunciamiento se alza el actor que reitera su petición de reducción a la suma de 200 euros al mes en base a los hechos invocados en su escrito de demanda.

Tal y como ha recogido acertadamente la sentencia apelada el artículo 80 del Codi de Familia y el artículo 775 de la LEC permiten la modificación de las medidas adoptadas en los procesos de familia atendiendo a las nuevas circunstancias, posibilitando que la regulación jurídica de los efectos de la ruptura de pareja, se vaya adaptando a la propia realidad y dinámica familiar, pero respetando en cualquier caso el principio de cosa juzgada, de manera que no está permitida la modificación si no es en base a nuevos hechos posteriores que alteran de forma sustancial la situación que se tuvo en cuenta al dictarse las medidas.

La sentencia recoge el cambio en la situación económica del demandante y declara como probado que ya en el momento del convenio el actor se encontraba de baja, por lo que no cobraba el 100% del salario, pero en la demanda afirma que sus ingresos eran de 1.800 euros mensuales por su trabajo de conductor en dos empresas distintas, y la demandada en el interrogatorio de parte reconoce que eran unos 2.7