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SP/DOCT/114304

Jurisprudencia Comentada. Septiembre 2021

Aplicación de la cláusula rebus sic stantibus como consecuencia de la crisis COVID-19: Sentencias dictadas por los Tribunales durante el año 2021

Departamento jurídico de Sepín Arrendamientos Urbanos
RESUMEN

Sentencias judiciales acerca de la admisión o no de esta polémica cláusula, dictadas tanto por las Audiencias Provinciales como por los Juzgados de Primera Instancia durante este último año 2021, haciendo diferenciación según estén a favor o en contra.

Judicial rulings on the admission or not of this controversial clause, issued by both the Provincial Courts and the Courts of First Instance during the last year 2021, differentiating according to whether they are in favour or against.

PALABRAS CLAVE

Admisión, inadmisión, cláusula rebus sic stantibus.

Admissibility, inadmissibility, rebus sic stantibus clause.

Introducción
La normativa dictada en el ámbito de los arrendamientos urbanos desde la crisis sanitaria por COVID-19 ha sido muy abundante, con numerosos Reales Decretos-Leyes, sin embargo, han resultado totalmente insuficientes, lo que ha dado lugar a que el arrendatario, en muchísimos casos, deje de cumplir con la obligación del pago de la renta. Nuestro criterio siempre ha sido que la solución estaría en un acuerdo voluntario entre arrendador y arrendatario que permitiera la rebaja de la renta o bien su aplazamiento hasta que la situación económica y laboral se estabilice, pero si éste no se alcanza, no queda otro remedio que acudir a la vía judicial alegando la situación imprevisible causada por COVID-19. Y es aquí, cuando entra en juego la posibilidad de aplicar la cláusula rebus sic stantibus, de elaboración puramente jurisprudencial hasta el momento, a la que nos conta están acudiendo muchísimos profesionales en la materia para basar la defensa en una alteración de las circunstancias, en las que los arrendatarios de locales de negocio han sufrido cierres temporales y/o recortes en sus aforos, etc. con grandes consecuencias económicas.
Desde hace tiempo se viene rogando a nuestros legisladores que regulen esta emblemática figura tan recurrente en los últimos años, como sucedió con la crisis económica de 2008. El Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (procedente del Real Decreto-ley 1

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