A medida que se van produciendo resoluciones judiciales sobre cláusulas suelo, es posible ir estableciendo los criterios sobre cuestiones que aún siguen siendo objeto de polémica o de incertidumbre. Muchas son las dudas que han ido surgiendo desde que la STJUE de 21 de diciembre de 2016 involucionó el panorama jurídico al acabar con la Doctrina del Tribunal Supremo que, desde el 9 de mayo de 2013, limitaba los efectos restitutorios derivados de la nulidad por abusividad de las cláusulas suelo insertas en un contrato de préstamo hipotecario con consumidor. No cabe duda, a la vista de la jurisprudencia que vamos analizando, de que la mayoría de nuestros órganos jurisdiccionales están abogando por tutelar los intereses de los consumidores, con mayor motivo aun en el ámbito de los contratos de préstamo hipotecario que prácticamente todos los consumidores se ven obligados a suscribir para poder acceder a algo tan esencial e insoslayable como es una vivienda.

Por otro lado, la STJUE de 21 de diciembre de 2016 ha vuelto a poner sobre la mesa que los Jueces y Tribunales de los Estados miembros están sujetos a aplicar el Derecho comunitario a la interpretación del Tribunal Europeo y que, conforme a su jurisprudencia, en ausencia de normas de la Unión para reconocer un derecho previsto por su Ordenamiento (Directiva 93/13), corresponde a España como Estado miembro articular un proceso que lo salvaguarde y garantice, sometido a los principios comunitarios de equivalencia –el Derecho na