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Referencia: SP/LEG/14437

DIRECTIVA 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigaci贸n en materia penal

贸rgano emisor: PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO
publicaci贸n: D.O.U.E L num. 130 - 01/05/2014
entrada en vigor: 21/05/2014
La presente Directiva se incorpora al Derecho espa帽ol mediante la Ley 3/2018, de 11 de junio (SP/LEG/24246).
Correcci贸n de errores. (DOUE L n.潞 328, de 12 de diciembre de 2017).
Correcci贸n de errores. (DOUE L n.潞 143, de 9 de junio de 2015).
PRE脕MBULO
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI脫N EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea y, en particular, su art铆culo 82, apartado 1, letra a),
Vista la iniciativa del Reino de B茅lgica, la Rep煤blica de Bulgaria, la Rep煤blica de Estonia, el Reino de Espa帽a, la Rep煤blica de Austria, la Rep煤blica de Eslovenia y el Reino de Suecia,
Previa transmisi贸n del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1),
Considerando lo siguiente:
(1) La Uni贸n Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia.
(2) En virtud del art铆culo 82, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea (TFUE), la cooperaci贸n judicial en materia penal se basar谩 en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, principio que se considera com煤nmente como la piedra angular de la cooperaci贸n judicial en materia penal en la Uni贸n desde el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999.
(3) La Decisi贸n Marco 2003/577/JAI del Consejo (2), aborda la necesidad del reconocimiento mutuo inmediato de resoluciones para prevenir la destrucci贸n, transformaci贸n, desplazamiento, transferencia o enajenaci贸n de pruebas. No obstante, habida cuenta de que el instrumento se limita a la fase de embargo, las resoluciones de embargo tienen que ir acompa帽adas de una solicitud por separado de transferencia de la prueba que se presentar谩 al Estado de emisi贸n de la orden (芦el Estado de emisi贸n禄) de conformidad con las normas aplicables a la asistencia mutua en materia penal. Esto resulta en un procedimiento en dos etapas, lo que perjudica su eficacia. Adem谩s, este r茅gimen coexiste con los instrumentos tradicionales de cooperaci贸n, por lo que en la pr谩ctica las autoridades competentes lo utilizan con muy poca frecuencia.
(4) La Decisi贸n Marco 2008/978/JAI del Consejo, (3), relativa al exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas (EEP), se adopt贸 para aplicar el principio de reconocimiento mutuo para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal. No obstante, el EEP solo se aplica a la prueba que ya existe y, por lo tanto, cubre un espectro limitado de la cooperaci贸n judicial en materia penal por lo que respecta a las pruebas. Debido a este 谩mbito limitado, las autoridades competentes tienen la facultad de recurrir al nuevo r茅gimen o de recurrir a los procedimientos de asistencia judicial que siguen siendo de aplicaci贸n en todos los casos en los que las pruebas no est谩n incluidas en el 谩mbito del EEP.
(5) Desde la adopci贸n de las Decisiones Marco 2003/577/JAI y 2008/978/JAI resulta evidente que el marco existente para la obtenci贸n de pruebas es demasiado fragmentario y complicado. Por eso es necesario un nuevo planteamiento.
(6) En el Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo de los d铆as 10 y 11 de diciembre de 2009, este decidi贸 que deb铆a proseguirse la creaci贸n de un sistema general para obtener pruebas en los casos de dimensi贸n transfronteriza, basado en el principio de reconocimiento mutuo. El Consejo Europeo indic贸 que los instrumentos existentes en este 谩mbito constituyen un r茅gimen fragmentario y que es necesario un nuevo planteamiento basado en el principio de reconocimiento mutuo pero que tenga tambi茅n en cuenta la flexibilidad del sistema tradicional de asistencia judicial. Por ello, el Consejo Europeo abog贸 por un sistema general que sustituya a todos los instrumentos existentes en este 谩mbito, incluida la Decisi贸n Marco 2008/978/JAI, que cubra, en la medida de lo posible, todos los tipos de pruebas, contenga plazos para su aplicaci贸n y limite en la medida de lo posible los argumentos para la denegaci贸n.
(7) Este nuevo planteamiento se basa en un 煤nico instrumento denominado orden europea de investigaci贸n (OEI). Una OEI se expedir谩 a efectos de obtener una o varias medidas de investigaci贸n espec铆ficas que se llevar谩n a cabo en el Estado de ejecuci贸n de la OEI (芦el Estado de ejecuci贸n禄), con vistas a la obtenci贸n de pruebas. Esto incluye la obtenci贸n de pruebas que ya est谩n en posesi贸n de la autoridad de ejecuci贸n.
(8) La OEI debe tener un 谩mbito horizontal y por ello se debe aplicar a todas las medidas de investigaci贸n dirigidas a la obtenci贸n de pruebas. Sin embargo, la creaci贸n de un equipo conjunto de investigaci贸n y la obtenci贸n de pruebas en dicho equipo requieren normas espec铆ficas que se atienden mejor por separado. Sin perjuicio de la aplicaci贸n de la presente Directiva, los instrumentos existentes deben por tanto seguir aplic谩ndose a este tipo de medida de investigaci贸n.
(9) La presente Directiva no se debe aplicar a la vigilancia transfronteriza a la que se refiere el Convenio de aplicaci贸n del Acuerdo de Schengen (4).
(10) La OEI debe centrarse en la medida de investigaci贸n que vaya a llevarse a cabo. La autoridad de emisi贸n es la que mejor puede decidir, en funci贸n de los detalles de la investigaci贸n de los que tenga conocimiento, a qu茅 medida de investigaci贸n ha de recurrirse. No obstante, la autoridad de ejecuci贸n debe, siempre que sea posible, recurrir a otro tipo de medida de investigaci贸n si la medida requerida no existe con arreglo a su Derecho nacional o no ser铆a aplicable en un caso interno similar. La aplicabilidad debe referirse a las ocasiones en que la medida de investigaci贸n indicada existe con arreglo al Derecho nacional del Estado de ejecuci贸n, pero solo es aplicable legalmente en determinadas situaciones, por ejemplo cuando la medida de investigaci贸n solo puede llevarse a cabo respecto de delitos de determinada gravedad, contra personas respecto de las cuales ya existe determinado nivel de sospecha, o con el consentimiento del interesado. La autoridad de ejecuci贸n puede tambi茅n estar facultada para recurrir a otro tipo de medida de investigaci贸n cuando esta consiga el mismo resultado que la medida de investigaci贸n indicada en la OEI por medios que supongan una injerencia menor en los derechos fundamentales del interesado.
(11) Debe optarse por la OEI cuando la ejecuci贸n de una medida de investigaci贸n se considere proporcionada, adecuada y aplicable al caso concreto. La autoridad de emisi贸n debe asegurarse, por consiguiente, de que la prueba buscada sea necesaria y proporcionada para el procedimiento, de que la medida de investigaci贸n escogida sea necesaria y proporcionada para obtener la prueba en cuesti贸n, y de si procede implicar a otro Estado miembro en la obtenci贸n de dicha prueba por medio de la emisi贸n de una OEI. La misma evaluaci贸n debe llevarse a cabo en el procedimiento de validaci贸n, cuando se requiera la validaci贸n de una OEI con arreglo a la presente Directiva. No debe denegarse la ejecuci贸n de una OEI por motivos distintos de los previstos en la presente Directiva. No obstante, la autoridad de ejecuci贸n debe poder optar por una medida de investigaci贸n menos invasora de la intimidad que la indicada en la OEI, a condici贸n de que permita obtener resultados similares.
(12) Al emitir una OEI, la autoridad de emisi贸n deber铆a prestar especial atenci贸n a garantizar el pleno respeto de los derechos reconocidos en el art铆culo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea (la Carta). La presunci贸n de inocencia y los derechos de la defensa en los procesos penales, son una piedra angular de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta en el 谩mbito de la justicia penal. Cualquier limitaci贸n de estos derechos mediante una medida de investigaci贸n ordenada de conformidad con la presente Directiva debe ajustarse a los requisitos establecidos en el art铆culo 52 de la Carta con respecto a la necesidad, proporcionalidad y a los objetivos de inter茅s general que debe buscar, o a la necesidad de proteger los derechos y libertades de los dem谩s.
(13) Con objeto de garantizar la transmisi贸n de la OEI a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n, la autoridad de emisi贸n puede utilizar cualquier medio de transmisi贸n posible o pertinente, por ejemplo el sistema de telecomunicaciones seguro de la Red Judicial Europea, Eurojust u otros canales utilizados por las autoridades judiciales o policiales.
(14) Se anima a los Estados miembros a que, cuando hagan una declaraci贸n sobre el r茅gimen ling眉铆stico, adem谩s de su lengua o lenguas oficiales incluyan al menos otra lengua de uso com煤n en la Uni贸n.
(15) La presente Directiva debe aplicarse teniendo en cuenta las Directivas 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6) y 2013/48/UE (7) del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a derechos procesales en procedimientos criminales.
(16) Las medidas no invasivas podr铆an ser, por ejemplo, medidas que no violan el derecho a la vida privada o el derecho a la propiedad, dependiendo del Derecho nacional de que se trate.
(17) El principio ne bis in idem es un principio fundamental del Derecho de la Uni贸n, como reconoce la Carta y desarrolla la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea. Por ello, la autoridad de ejecuci贸n debe estar facultada para denegar la ejecuci贸n de la OEI si dicha ejecuci贸n fuera contraria al citado principio. Dado el car谩cter preliminar de los procedimientos subyacentes a la OEI, su ejecuci贸n no debe ser objeto de rechazo cuando vaya dirigida a establecer la existencia de un posible conflicto con el principio ne bis in idem, o cuando la autoridad de emisi贸n haya dado garant铆as de que la prueba transferida como resultado de la ejecuci贸n de la OEI no se utilizar谩 para enjuiciar o imponer una sanci贸n a una persona cuyo caso haya sido objeto de una resoluci贸n final en otro Estado miembro por los mismos hechos.
(18) Como en otros instrumentos de reconocimiento mutuo, la presente Directiva no podr谩 tener por efecto modificar la obligaci贸n de respetar los derechos fundamentales y los principios jur铆dicos fundamentales enunciados en el art铆culo 6 del Tratado de la Uni贸n Europea (TUE) y en la Carta. A fin de aclarar esta circunstancia, se ha incluido una disposici贸n espec铆fica en el texto.
(19) La realizaci贸n del espacio de libertad, seguridad y justicia en la Uni贸n se basa en la confianza mutua y en una presunci贸n del respeto, por parte de los dem谩s Estados miembros, del Derecho de la Uni贸n y, en particular, de los Derechos fundamentales. No obstante, se trata de una presunci贸n iuris tantum. Por consiguiente, si hubiere motivos sustanciales para creer que la ejecuci贸n de una medida de investigaci贸n indicada en la OEI vulnerar铆a un derecho fundamental del interesado y que el Estado de ejecuci贸n ignorar铆a sus obligaciones relativas a la protecci贸n de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta, la ejecuci贸n de la OEI I debe denegarse.
(20) Debe ser posible denegar una OEI cuando el reconocimiento o la ejecuci贸n del mismo en el Estado de ejecuci贸n suponga la violaci贸n de una inmunidad o privilegio en dicho Estado. No existe una definici贸n com煤n de lo que constituye una inmunidad o un privilegio en el Derecho de la Uni贸n, por consiguiente, corresponde al Derecho nacional establecer la definici贸n exacta de esos t茅rminos, los cuales podr谩n incluir protecciones aplicables a las profesiones de m茅dicos y abogados, pero no deber谩n interpretarse en un sentido que se oponga a la obligaci贸n de suprimir determinados motivos de denegaci贸n establecidos en el Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Uni贸n Europea (8). Tambi茅n podr谩n incluir, aunque no se consideren necesariamente como privilegio o inmunidad, normas relativas a la libertad de prensa y a la libertad de expresi贸n de otros medios de comunicaci贸n.
(21) Son necesarios l铆mites temporales para garantizar que la cooperaci贸n entre los Estados miembros en materia penal se lleve a cabo de forma r谩pida, eficaz y coherente. La resoluci贸n de reconocimiento o ejecuci贸n, as铆 como la ejecuci贸n efectiva de la medida de investigaci贸n, deben llevarse a cabo con la misma celeridad y prioridad que las que se adoptan para casos internos similares. Deben establecerse l铆mites temporales para garantizar que una resoluci贸n o ejecuci贸n se lleve a cabo en un plazo de tiempo razonable o para cumplir las obligaciones de procedimiento en el Estado de emisi贸n.
(22) Las v铆as de recurso existentes contra una OEI deben ser, como m铆nimo, iguales a las existentes en un caso nacional contra la medida de investigaci贸n de que se trate. De conformidad con su Derecho nacional, los Estados miembros deben garantizar la aplicabilidad de dichas v铆as de recurso, inclusive informando a su debido tiempo a cualquier parte interesada sobre las posibilidades y condiciones para emprender las v铆as de recurso. En los casos en los que la parte interesada plantee objeciones contra la OEI en el Estado de ejecuci贸n aduciendo motivos de fondo en relaci贸n con la emisi贸n de la OEI, es aconsejable que la informaci贸n sobre esta impugnaci贸n se transmita a la autoridad de emisi贸n y que se informe de ello a la parte interesada.
(23) Los gastos causados en el territorio del Estado de ejecuci贸n por la ejecuci贸n de una OEI deben ser sufragados exclusivamente por dicho Estado. Esta disposici贸n cumple el principio general del reconocimiento mutuo. No obstante, la ejecuci贸n de una OEI puede causar costes excepcionalmente elevados al Estado de ejecuci贸n. Tales costes excepcionalmente elevados pueden ser, por ejemplo, los causados por dict谩menes complejos de peritos o actividades policiales operativas o de vigilancia de gran envergadura que se prolonguen por largos per铆odos de tiempo. Ello no ha de suponer un impedimento para la ejecuci贸n una OEI, y las autoridades de emisi贸n y de ejecuci贸n deben tratar de determinar los costes que han de considerarse excepcionalmente elevados. La cuesti贸n de los costes podr铆a ser objeto de consultas entre los Estados de emisi贸n y de ejecuci贸n, a los cuales se recomienda resuelvan la cuesti贸n durante la fase de consultas. Como 煤ltimo recurso, la autoridad de emisi贸n podr谩 decidir retirar la OEI o mantenerla y la parte de los costes que el Estado de ejecuci贸n considere excepcionalmente elevados y que resulten absolutamente necesarios durante los procedimientos deben ser sufragados por el Estado de emisi贸n. El mecanismo correspondiente no debe constituir un motivo adicional de denegaci贸n y, en cualquier caso, no ha de ser utilizado impropiamente de manera que se demore o impida la ejecuci贸n de la OEI.
(24) La OEI establece un r茅gimen 煤nico para la obtenci贸n de pruebas. No obstante, son necesarias normas adicionales para determinados tipos de medidas de investigaci贸n que deben indicarse en la OEI, como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por tel茅fono o videoconferencia, la obtenci贸n de informaci贸n relacionada con cuentas o transacciones bancarias, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas. Las medidas de investigaci贸n que impliquen la obtenci贸n de pruebas en tiempo real, de manera continua o durante un determinado per铆odo de tiempo deben estar cubiertas por la OEI, pero cuando sea necesario los Estados de emisi贸n y de ejecuci贸n deben poder acordar entre s铆 disposiciones pr谩cticas, a fin de dar cabida a las diferencias existentes entre sus Derechos internos.
(25) La presente Directiva establece normas para la pr谩ctica de una medida de investigaci贸n en cualquiera de las fases del procedimiento penal, incluida la de la vista, si es preciso con la participaci贸n del interesado, a efectos de la obtenci贸n de pruebas. Puede emitirse, por ejemplo, una OEI a efectos del traslado temporal de la persona en cuesti贸n al Estado de emisi贸n, o para la realizaci贸n de una comparecencia por videoconferencia. No obstante, si se debe trasladar a la persona a otro Estado miembro a efectos de su enjuiciamiento, con inclusi贸n de su puesta a disposici贸n de un 贸rgano jurisdiccional para ser sometida a juicio, deber谩 emitirse una orden de detenci贸n europea de conformidad con la Decisi贸n Marco 2002/584/JAI del Consejo (9).
(26) Con el fin de garantizar el recurso proporcionado a una orden de detenci贸n europea, las autoridades de emisi贸n deben estudiar si una OEI es un medio eficaz y proporcionado para proseguir un procedimiento penal. La autoridad de emisi贸n debe estudiar, en particular, si la emisi贸n de una OEI I para la comparecencia de un investigado o de un acusado mediante videoconferencia puede constituir una alternativa eficaz.
(27) Podr谩 emitirse una OEI para la obtenci贸n de pruebas relativas a las cuentas de cualquier naturaleza que posea la persona sometida a un procedimiento penal en cualquier banco u otra entidad financiera no bancaria. Deber谩 interpretarse esta posibilidad en sentido amplio, como referida no solo a quienes sean investigados o acusados, sino tambi茅n a cualquier persona respecto de la cual las autoridades competentes consideren necesaria dicha informaci贸n en el curso de procedimientos penales.
(28) En los casos en que en la presente Directiva se haga referencia a las entidades financieras, dicha referencia deber谩 interpretarse con arreglo a la definici贸n pertinente del art铆culo 3 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10).
(29) Cuando se emita una OEI para obtener los 芦datos禄 de una cuenta especificada, se debe entender que los 芦datos禄 incluyen al menos el nombre y el domicilio del titular, los pormenores de los poderes de representaci贸n otorgados sobre esa cuenta y cualesquiera otros detalles o documentos que haya suministrado el titular en el momento de la apertura de la cuenta y que obren todav铆a en poder del banco.
(30) Las posibilidades de cooperaci贸n, conforme a lo establecido en la presente Directiva, en materia de intervenci贸n de las telecomunicaciones no deben limitarse al contenido de la comunicaci贸n, sino que pueden abarcar igualmente la obtenci贸n de datos de tr谩fico y localizaci贸n correspondiente a tales comunicaciones, lo que permitir谩 a las autoridades competentes emitir una OEI con vistas a la obtenci贸n de datos de telecomunicaciones con menos intrusi贸n en la vida privada. Una OEI emitida con el fin de obtener datos hist贸ricos de tr谩fico y de localizaci贸n de las telecomunicaciones debe tratarse con arreglo al r茅gimen general de ejecuci贸n de la OEI, y podr谩 considerarse, en funci贸n del Derecho nacional del Estado de ejecuci贸n, como una medida de investigaci贸n coercitiva.
(31) Cuando haya varios Estados miembros que puedan proporcionar la asistencia t茅cnica necesaria, se enviar谩 la OEI 煤nicamente a uno de ellos, d谩ndose prioridad a aquel en el que se encuentre la persona en cuesti贸n. Se notificar谩 esta circunstancia a los Estados miembros en que se encuentre la persona objeto de intervenci贸n de las telecomunicaciones y de los que no se precise asistencia t茅cnica para efectuar la intervenci贸n, de conformidad con la presente Directiva. No obstante, cuando no pueda recibirse la asistencia t茅cnica de un solo Estado miembro, se podr谩 transmitir una OEI a m谩s de un Estado de ejecuci贸n.
(32) En una OEI que contenga una solicitud de intervenci贸n de telecomunicaciones, la autoridad de emisi贸n debe dar a la autoridad de ejecuci贸n informaci贸n suficiente, como los datos de la actividad delictiva investigada, para que la autoridad de ejecuci贸n est茅 en condiciones de evaluar si la medida se autorizar铆a en un caso interno similar.
(33) Los Estados miembros deben tener en cuenta la importancia de velar por que los proveedores de servicios que operan en su territorio redes y servicios de telecomunicaciones accesibles al p煤blico puedan prestar su asistencia t茅cnica para facilitar la cooperaci贸n al amparo del presente instrumento en relaci贸n con la intervenci贸n legal de telecomunicaciones.
(34) Debido a su 谩mbito de aplicaci贸n, la presente Directiva trata de las medidas cautelares encaminadas a la obtenci贸n de pruebas. Debe subrayarse, en tal sentido, que cualquier objeto, incluidos los activos financieros podr谩 someterse a medidas cautelares en el curso de un procedimiento penal, no solo con vistas a la obtenci贸n de pruebas sino tambi茅n a su decomiso. El deslinde entre los dos objetivos de las medidas cautelares no siempre resulta evidente, y el objetivo de la medida cautelar puede cambiar en el curso del procedimiento. Por tal motivo, para los trabajos futuros resulta esencial mantener una interrelaci贸n fluida entre los diversos instrumentos aplicables en este 谩mbito. Adem谩s, por el mismo motivo, la valoraci贸n de si el objeto va a utilizarse como prueba y por consiguiente puede ser objeto de una OEI debe corresponder a la autoridad de emisi贸n.
(35) Cuando se haga referencia a la asistencia mutua en los instrumentos internacionales pertinentes, como en los convenios celebrados en el marco del Consejo de Europa, se debe entender que la presente Directiva prevalece sobre los convenios existentes entre los Estados miembros vinculados por la presente Directiva.
(36) Las categor铆as de infracciones enumeradas en el anexo D deben interpretarse de manera coherente con su interpretaci贸n seg煤n los instrumentos jur铆dicos existentes sobre reconocimiento mutuo.
(37) De conformidad con la Declaraci贸n pol铆tica conjunta de los Estados miembros y de la Comisi贸n sobre los documentos explicativos (11), de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificaci贸n de sus medidas de transposici贸n, cuando est茅 justificado, uno o varios documentos que expliquen la relaci贸n entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposici贸n. Por lo que respecta a la presente Directiva, el Parlamento Europeo y el Consejo considera que la transmisi贸n de tales documentos est谩 justificada.
(38) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el reconocimiento mutuo de las resoluciones adoptadas para la obtenci贸n de pruebas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la dimensi贸n y los efectos de la acci贸n, a escala de la Uni贸n, esta podr谩 adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el art铆culo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho art铆culo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(39) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por el art铆culo 6 del TUE y por la Carta, en particular su t铆tulo VI, por el Derecho internacional y por los convenios internacionales de los que son parte la Uni贸n o todos los Estados miembros, como el Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, as铆 como por las constituciones de los Estados miembros en sus respectivos 谩mbitos de aplicaci贸n. Nada de lo dispuesto en la presente Directiva podr谩 interpretarseen el sentido de que impide la negativa a ejecutar una OEI cuando existan razones objetivas para suponer que dicha OEI ha sido emitido con fines de enjuiciamiento o sanci贸n a una persona por raz贸n de sexo, raza, origen 茅tnico, religi贸n, orientaci贸n sexual, nacionalidad, lengua u opiniones pol铆ticas, o que la situaci贸n de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones.
(40) La protecci贸n de las personas f铆sicas en relaci贸n con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental. De conformidad con el art铆culo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea y el art铆culo 16, apartado 1, del TFUE, toda persona tiene derecho a la protecci贸n de los datos de car谩cter personal que le conciernan.
(41) Los Estados miembros deben asegurar en la aplicaci贸n de la presente Directiva pol铆ticas transparentes en lo que respecta al tratamiento de datos de car谩cter personal y el ejercicio de los derechos del interesado a las v铆as de recurso para la protecci贸n de sus datos personales.
(42) Los datos personales obtenidos en virtud de la presente Directiva deben procesarse solo cuando sea necesario y ser proporcionados para fines compatibles con la prevenci贸n, investigaci贸n, detecci贸n y enjuiciamiento de delitos, la aplicaci贸n de sanciones penales y el ejercicio de los derechos de la defensa. Solo personas autorizadas deben tener acceso a informaci贸n que contenga datos de car谩cter personal que puedan conseguirse a trav茅s de procesos de autenticaci贸n.
(43) De conformidad con el art铆culo 3 del Protocolo no 21 sobre la posici贸n del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia anejo al TUE y al TFUE, el Reino Unido ha notificado su deseo de participar en la adopci贸n y aplicaci贸n de la presente Directiva.
(44) De conformidad con los art铆culos 1, 2 y 4 bis, apartado 1 del Protocolo no 21 sobre la posici贸n del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia anejo al TUE y al TFUE y sin perjuicio del art铆culo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopci贸n de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicaci贸n.
(45) De conformidad con los art铆culos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la posici贸n de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopci贸n de la presente Directiva y no est谩 vinculada por la misma ni sujeta a su aplicaci贸n.
(46) El Supervisor Europeo de Protecci贸n de Datos emiti贸 un dictamen el 5 de octubre de 2010 (12), basado en el art铆culo 41, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (13).
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(1) Posici贸n del Parlamento Europeo de 27 de febrero de 2014 (no publicado a煤n en el Diario Oficial) y Decisi贸n del Consejo de 24 de marzo de 2014.
(2) Decisi贸n marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (DO L 196 de 2.8.2003, p. 45).
(3) Decisi贸n Marco 2008/978/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 72).
(4) Convenio de aplicaci贸n del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Uni贸n Econ贸mica Benelux, de la Rep煤blica Federal de Alemania y de la Rep煤blica Francesa relativo a la supresi贸n gradual de los controles en las fronteras comunes (DO L 239 de 22.9.2000, p. 19).
(5) Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretaci贸n y a traducci贸n en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1).
(6) Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la informaci贸n en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1).
(7) Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detenci贸n europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privaci贸n de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privaci贸n de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1).
(8) Protocolo del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Uni贸n Europea, celebrado por el Consejo de conformidad con el art铆culo 34 del Tratado de la Uni贸n Europea (DO C 326 de 21.11.2001, p. 2).
(9) Decisi贸n Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detenci贸n europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
(10) Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevenci贸n de la utilizaci贸n del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiaci贸n del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).
(11) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
(12) DO C 355 de 29.12.2010, p. 1.
(13) Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protecci贸n de las personas f铆sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulaci贸n de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAP脥TULO I-La orden europea de investigaci贸n
Art铆culo 1. La orden europea de investigaci贸n y la obligaci贸n de ejecutarla
1. La orden europea de investigaci贸n (OEI) ser谩 una resoluci贸n judicial emitida o validada por una autoridad judicial de un Estado miembro («el Estado de emisi贸n») para llevar a cabo una o varias medidas de investigaci贸n en otro Estado miembro («el Estado de ejecuci贸n») con vistas a obtener pruebas con arreglo a la presente Directiva.
Tambi茅n se podr谩 emitir una OEI para obtener pruebas que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado de ejecuci贸n.
2. Los Estados miembros ejecutar谩n una OEI sobre la base del principio de reconocimiento mutuo y de conformidad con la presente Directiva.
3. La emisi贸n de una OEI puede ser solicitada por una persona sospechosa o acusada (o por un abogado en su nombre), en el marco de los derechos de la defensa aplicables de conformidad con el procedimiento penal nacional.
4. La presente Directiva no podr谩 tener por efecto modificar la obligaci贸n de respetar los derechos fundamentales y los principios jur铆dicos enunciados en el art铆culo 6 del TUE, incluido el derecho de defensa de las personas imputadas en un proceso penal, y cualesquiera obligaciones que correspondan a las autoridades judiciales a este respecto permanecer谩n inc贸lumes.
Art铆culo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entender谩 por:
a) «Estado de emisi贸n»: el Estado miembro en el que se emite la OEI;
b) «Estado de ejecuci贸n»: el Estado miembro de ejecuci贸n de la OEI, en el que la medida de investigaci贸n se llevar谩 a cabo;
c) «autoridad de emisi贸n»:
i) un juez, 贸rgano jurisdiccional, juez de instrucci贸n o fiscal competente en el asunto de que se trate, o
ii) cualquier otra autoridad competente seg煤n la defina el Estado de emisi贸n que, en el asunto espec铆fico de que se trate, act煤e en calidad de autoridad de investigaci贸n en procesos penales y tenga competencia para ordenar la obtenci贸n de pruebas con arreglo al Derecho nacional. Adem谩s, antes de su transmisi贸n a la autoridad de ejecuci贸n, la OEI deber谩 ser validada, previo control de su conformidad con los requisitos para la emisi贸n de una OEI en virtud de la presente Directiva, en particular las condiciones establecidas en el art铆culo 6, apartado 1, por un juez, un 贸rgano jurisdiccional, un fiscal o un magistrado instructor del Estado de emisi贸n. Cuando la OEI haya sido validada por una autoridad judicial, dicha autoridad tambi茅n podr谩 considerarse autoridad de emisi贸n a efectos de la transmisi贸n de la OEI;
d) «autoridad de ejecuci贸n»: una autoridad que tenga competencia para reconocer una OEI y asegurar su ejecuci贸n de conformidad con la presente Directiva y los procedimientos aplicables en un caso interno similar. Dichos procedimientos pueden requerir una autorizaci贸n judicial del Estado de ejecuci贸n cuando as铆 se disponga en su legislaci贸n interna.
Art铆culo 3. 脕mbito de aplicaci贸n de la OEI
La OEI comprender谩 todas las medidas de investigaci贸n con excepci贸n de la creaci贸n de un equipo conjunto de investigaci贸n y la obtenci贸n de pruebas en dicho equipo, como queda establecido en el art铆culo 13 del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Uni贸n Europea (14) («el Convenio») y en la Decisi贸n Marco 2002/465/JAI del Consejo (15), salvo a efectos de la aplicaci贸n, respectivamente, del art铆culo 13, apartado 8, del Convenio y del art铆culo 1, apartado 8, de la Decisi贸n Marco.
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(14) Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el art铆culo 34 del Tratado de la Uni贸n Europea relativo a la asistencia judicial en material penal entre los Estados miembros de la Uni贸n Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 3).
(15) Decisi贸n marco 2002/465/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigaci贸n (DO L 162 de 20.6.2002, p. 1).
Art铆culo 4. Tipos de procedimientos para los que puede emitirse la OEI
La OEI podr谩 emitirse:
a) en relaci贸n con los procedimientos penales incoados por una autoridad judicial, o que puedan entablarse ante una autoridad judicial, por hechos constitutivos de delito con arreglo al Derecho interno del Estado de emisi贸n;
b) en los procedimientos incoados por autoridades administrativas por hechos tipificados en el Derecho interno del Estado de emisi贸n por ser infracciones de disposiciones legales, y cuando la decisi贸n pueda dar lugar a un procedimiento ante una autoridad jurisdiccional competente, en particular, en materia penal;
c) en los procedimientos incoados por autoridades judiciales por hechos tipificados en el Derecho interno del Estado de emisi贸n por ser infracciones de disposiciones legales, y cuando la decisi贸n pueda dar lugar a un procedimiento ante un 贸rgano jurisdiccional competente, en particular, en materia penal, y
d) en relaci贸n con los procedimientos mencionados en las letras a), b) y c) que se refieran a delitos o infracciones por los cuales una persona jur铆dica pueda ser considerada responsable o ser castigada en el Estado de emisi贸n.
Art铆culo 5. Contenido y forma de la OEI
1. La OEI emitida utilizando el formulario establecido en el anexo A deber谩 ir cumplimentada y firmada, y las informaciones que contiene deber谩n ser certificadas como exactas y correctas por la autoridad de emisi贸n.
La OEI deber谩 contener, en particular, la siguiente informaci贸n:
a) la datos de la autoridad de emisi贸n y, cuando proceda, de la autoridad validadora;
b) el objeto y los motivos de la OEI;
c) la informaci贸n necesaria sobre la persona o personas afectadas;
d) la descripci贸n de la conducta delictiva que es objeto de la investigaci贸n o proceso y las disposiciones aplicables del Derecho penal del Estado de emisi贸n;
e) la descripci贸n de la medida o medidas de investigaci贸n que se solicitan y de las pruebas a obtener.
2. Cada Estado miembro indicar谩 cu谩l o cu谩les de las lenguas oficiales de las instituciones de la Uni贸n Europea, adem谩s de la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de que se trate, podr谩n utilizarse para cumplimentar o traducir la OEI cuando el Estado miembro de que se trate sea el Estado de ejecuci贸n.
3. La autoridad competente del Estado de emisi贸n traducir谩 la OEI establecida en el anexo A a una lengua oficial del Estado de ejecuci贸n o a cualquier otra lengua indicada por este de conformidad con el apartado 2 del presente art铆culo.
CAP脥TULO II-Procedimientos y salvaguardias para el estado de emisi贸n
Art铆culo 6. Condiciones para la emisi贸n y transmisi贸n de una OEI
1. La autoridad de emisi贸n 煤nicamente podr谩 emitir una OEI cuando:
a) la emisi贸n de la OEI sea necesaria y proporcionada a los fines de los procedimientos a que se refiere el art铆culo 4 teniendo en cuenta los derechos del sospechoso o acusado, y
b) la medida o medidas de investigaci贸n requeridas en la OEI podr铆an haberse dictado en las mismas condiciones para un caso interno similar.
2. Las condiciones a que se refiere el apartado 1 ser谩n evaluadas por la autoridad de emisi贸n en cada caso.
3. Cuando la autoridad de ejecuci贸n tuviera razones para creer que no se han cumplido las condiciones a que se refiere el apartado 1, podr谩 consultar a la autoridad de emisi贸n sobre la importancia de la ejecuci贸n de la OEI. Tras esta consulta, la autoridad de emisi贸n podr谩 decidir la retirada de la OEI.
Art铆culo 7. Transmisi贸n de la OEI
1. La OEI cumplimentada con arreglo al art铆culo 5 ser谩 transmitida por la autoridad de emisi贸n a la autoridad de ejecuci贸n por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita en condiciones que permitan al Estado de ejecuci贸n establecer su autenticidad.
2. Toda comunicaci贸n oficial adicional se har谩 directamente entre la autoridad de emisi贸n y la autoridad de ejecuci贸n.
3. No obstante lo dispuesto en el art铆culo 2, letra d), cada Estado miembro podr谩 designar una autoridad central o, si as铆 lo prev茅 su sistema jur铆dico, m谩s de una, para asistir a las autoridades competentes. Si as铆 lo exige la organizaci贸n de su sistema judicial interno, todo Estado miembro podr谩 asignar a sus autoridades centrales la funci贸n de transmisi贸n y recepci贸n administrativas de la OEI y de la correspondencia oficial relativa al mismo.
4. La autoridad de emisi贸n podr谩 transmitir las OEI utilizando el sistema de telecomunicaciones de la Red Judicial Europea (RJE), como se establece en la Decisi贸n 98/428/JAI del Consejo (16).
5. En caso de no conocer la identidad de la autoridad de ejecuci贸n, la autoridad de emisi贸n realizar谩 las averiguaciones necesarias, incluso a trav茅s de los puntos de contacto de la RJE, para obtener la informaci贸n del Estado de ejecuci贸n.
6. Cuando la autoridad del Estado de ejecuci贸n que recibe una OEI no sea competente para reconocerla y adoptar las medidas necesarias para su ejecuci贸n, deber谩 transmitirla de oficio a la autoridad de ejecuci贸n y notificarla a la autoridad de emisi贸n.
7. Cualquier dificultad que surja en relaci贸n con la transmisi贸n o autenticidad de alg煤n documento necesario para la ejecuci贸n de la OEI se tratar谩 mediante consulta directa entre la autoridad de emisi贸n y la autoridad de ejecuci贸n interesadas o, en su caso, con la participaci贸n de las autoridades centrales de los Estados miembros.
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(16) Acci贸n com煤n 98/428/JAI, de 29 de junio de 1998, adoptada por el Consejo sobre la base del art铆culo K.3 del Tratado de la Uni贸n Europea, por la que se crea una red judicial europea (DO L 191 de 7.7.1998, p. 4).
Art铆culo 8. OEI relacionada con una OEI anterior
1. Cuando la autoridad de emisi贸n expida una OEI completiva de una anterior, lo indicar谩 en la OEI, secci贸n D, del formulario establecido en el anexo A.
2. Cuando la autoridad de emisi贸n ayude a la ejecuci贸n de la OEI en el Estado de ejecuci贸n, de conformidad con el art铆culo 9, apartado 4, podr谩, sin perjuicio de las notificaciones efectuadas con arreglo al art铆culo 33, apartado 1, letra c), transmitir una OEI completiva directamente a la autoridad de ejecuci贸n, mientras se encuentre en dicho Estado.
3. La OEI que complete una OEI anterior deber谩 ser certificada de conformidad con el art铆culo 5, apartado 1, p谩rrafo primero y, cuando proceda, ser validada de conformidad con el art铆culo 2, letra c).
CAP脥TULO III-Procedimientos y salvaguardias para el estado de ejecuci贸n
Art铆culo 9. Reconocimiento y ejecuci贸n
1. La autoridad de ejecuci贸n deber谩 reconocer una OEI, transmitida de conformidad con la presente Directiva sin requerir otra formalidad, y se asegurar谩 de que se ejecute de la misma manera y bajo las mismas circunstancias que si la medida de investigaci贸n de que se trate hubiera sido ordenada por una autoridad del Estado de ejecuci贸n, salvo que la autoridad de ejecuci贸n decida invocar alguno de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento o de la ejecuci贸n de la OEI, o alguno de los motivos de aplazamiento contemplados en la presente Directiva.
2. La autoridad de ejecuci贸n observar谩 las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad de emisi贸n, salvo que la presente Directiva disponga lo contrario y siempre que tales formalidades y procedimientos no sean contrarios a los principios jur铆dicos fundamentales del Estado de ejecuci贸n.
3. Cuando una autoridad de ejecuci贸n reciba una OEI que no haya sido emitida por una autoridad de emisi贸n como se especifica en el art铆culo 2, letra c), la autoridad de ejecuci贸n deber谩 devolver la OEI al Estado de emisi贸n.
4. La autoridad de emisi贸n podr谩 pedir que una o varias autoridades del Estado de emisi贸n asistan en la ejecuci贸n de la OEI para apoyar a las autoridades competentes del Estado de ejecuci贸n en la medida en que las autoridades del Estado de emisi贸n designadas est茅n facultadas para participar en la ejecuci贸n de las medidas de investigaci贸n requeridas en la OEI en un caso interno similar. La autoridad de ejecuci贸n acceder谩 a dicha petici贸n, siempre que esa asistencia no sea contraria a los principios jur铆dicos fundamentales del Estado de ejecuci贸n ni perjudique sus intereses de seguridad nacional esenciales.
5. Las autoridades del Estado de emisi贸n presentes en el Estado de ejecuci贸n se someter谩n al Derecho del Estado de ejecuci贸n durante la ejecuci贸n de la OEI. No tendr谩n ninguna competencia coercitiva en el territorio del Estado de ejecuci贸n, a no ser que el ejercicio de dicha competencia en el territorio del Estado de ejecuci贸n sea conforme con el Derecho nacional del Estado de ejecuci贸n y en la medida acordada entre la autoridad de emisi贸n y la de ejecuci贸n.
6. La autoridad de emisi贸n y la de ejecuci贸n podr谩n consultarse entre s铆, por cualquier medio adecuado, a fin de facilitar la aplicaci贸n eficaz del presente art铆culo.
Art铆culo 10. Recurso a medidas de investigaci贸n distintas
1. La autoridad de ejecuci贸n recurrir谩, siempre que sea posible, a una medida de investigaci贸n distinta de la prevista en la OEI, cuando:
a) la medida de investigaci贸n indicada en la OEI no existe en el Derecho nacional del Estado de ejecuci贸n, o
b) la medida de investigaci贸n requerida en la OEI no existe en un caso interno similar.
2. Sin perjuicio del art铆culo 11, el apartado 1 no se aplicar谩 a las siguientes medidas de investigaci贸n, que siempre tienen que existir en el Derecho nacional del Estado de ejecuci贸n:
a) la obtenci贸n de informaci贸n o de pruebas que obren ya en poder de la autoridad de ejecuci贸n siempre que, de conformidad con el Derecho nacional del Estado de ejecuci贸n, esa informaci贸n o esas pruebas hubieran podido obtenerse en el contexto de un procedimiento penal o a los fines de la OEI;
b) la obtenci贸n de informaci贸n contenida en bases de datos que obren en poder de las autoridades policiales o judiciales y que sean directamente accesibles a la autoridad de ejecuci贸n en el marco de un procedimiento penal;
c) la declaraci贸n de un testigo, un perito, una v铆ctima, un investigado o acusado o un tercero en el territorio del Estado de ejecuci贸n;
d) cualquier medida de investigaci贸n no invasiva definida con arreglo al Derecho nacional del Estado de ejecuci贸n;
e) la identificaci贸n de personas que sean titulares de un n煤mero de tel茅fono o una direcci贸n IP determinados.
3. La autoridad de ejecuci贸n podr谩 asimismo recurrir a una medida de investigaci贸n distinta a la indicada en la OEI cuando la medida de investigaci贸n elegida por la autoridad de ejecuci贸n tenga el mismo resultado por medios menos invasores de la intimidad que la medida de investigaci贸n indicada en la OEI.
4. Cuando la autoridad de ejecuci贸n decida hacer uso de las posibilidades contempladas en los apartados 1 y 3, informar谩 en primer lugar a la autoridad de emisi贸n, la cual podr谩 decidir retirar o completar la OEI.
5. Cuando, con arreglo al apartado 1, la medida de investigaci贸n indicada en la OEI no exista en el Derecho nacional del Estado de ejecuci贸n o no hubiera sido posible aplicarla en un caso interno similar y cuando no exista ninguna otra medida de investigaci贸n que tuviera el mismo resultado que la medida de investigaci贸n solicitada, la autoridad de ejecuci贸n notificar谩 a la autoridad de emisi贸n que no ha sido posible proporcionar la asistencia requerida.
Art铆culo 11. Motivos de denegaci贸n del reconocimiento o de la ejecuci贸n
1. Sin perjuicio del art铆culo 1, apartado 4, se podr谩 denegar el reconocimiento o la ejecuci贸n de una OEI en el Estado de ejecuci贸n:
a) cuando exista una inmunidad o privilegio en el Derecho del Estado de ejecuci贸n que haga imposible ejecutar la OEI, o normas sobre determinaci贸n y limitaci贸n de la responsabilidad penal en relaci贸n con la libertad de la prensa y la libertad de expresi贸n en otros medios de comunicaci贸n que imposibiliten su ejecuci贸n;
b) cuando la ejecuci贸n de la OEI pudiera lesionar, en un caso concreto, intereses esenciales de seguridad nacional, comprometer a la fuente de la informaci贸n, o implicar la utilizaci贸n de informaci贸n clasificada relacionada con determinadas actividades de inteligencia;
c) cuando la OEI haya sido emitida para los procedimientos contemplados en el art铆culo 4, letras b) y c), y la medida de investigaci贸n no estuviese autorizada, con arreglo al Derecho del Estado de ejecuci贸n, para un caso interno similar;
d) cuando la ejecuci贸n de la OEI fuera contraria al principio de ne bis in idem;
e) cuando la OEI se refiera a un delito que presuntamente ha sido cometido fuera del territorio del Estado de emisi贸n y total o parcialmente en el territorio del Estado de ejecuci贸n, y la conducta en relaci贸n con la cual se emite la OEI no sea constitutiva de delito en el Estado de ejecuci贸n;
f) cuando existan motivos fundados para creer que la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n indicada en la OEI ser铆a incompatible con las obligaciones del Estado miembro de ejecuci贸n de conformidad con el art铆culo 6 del TUE y de la Carta;
g) cuando la conducta que dio origen a la emisi贸n de la OEI no sea constitutiva de delito con arreglo al Derecho del Estado de ejecuci贸n, y no est茅 recogida en las categor铆as de delitos que figuran en el anexo D, conforme a lo indicado por la autoridad de emisi贸n en la OEI, si en el Estado de emisi贸n es punible con una pena o medida de seguridad privativas de libertad de un m谩ximo de al menos tres a帽os, o
h) cuando el uso de la medida de investigaci贸n indicada en la OEI est茅 limitado, con arreglo al Derecho del Estado de ejecuci贸n, a una lista o categor铆a de delitos, o a delitos castigados con penas de a partir de un determinado umbral que no alcance el delito a que se refiere la OEI.
2. Las letras g) y h) del apartado 1 no se aplican a las medidas de investigaci贸n a que se refiere el art铆culo 10, apartado 2.
3. Cuando una OEI se refiera a delitos en materia de tasas o impuestos, aduanas o control de cambios, la autoridad de ejecuci贸n no podr谩 denegar el reconocimiento o la ejecuci贸n esgrimiendo que el Derecho del Estado de ejecuci贸n no impone el mismo tipo de tasa, impuesto o derechos, o no contiene el mismo tipo de normativa en materia fiscal, aduanera o cambiaria que el Derecho del Estado de emisi贸n.
4. En los casos indicados en el apartado 1, letras a), b), d), e) y f), antes de decidir la denegaci贸n total o parcial del reconocimiento o de la ejecuci贸n de una OEI, la autoridad del Estado de ejecuci贸n consultar谩 a la autoridad del Estado de emisi贸n por los cauces adecuados y, en su caso, le solicitar谩 a la autoridad de emisi贸n que facilite sin demora la informaci贸n necesaria.
5. En el supuesto a que se refiere el apartado 1, letra a), y cuando la retirada del privilegio o la inmunidad competa a una autoridad del Estado miembro de ejecuci贸n, la autoridad de ejecuci贸n le formular谩 la solicitud sin demora. Cuando la retirada del privilegio o de la inmunidad competa a una autoridad de otro Estado miembro o a una organizaci贸n internacional, corresponder谩 a la autoridad de emisi贸n solicitar a la autoridad de que se trate que ejerza competencia.
Art铆culo 12. L铆mites temporales para el reconocimiento o la ejecuci贸n
1. La resoluci贸n de reconocimiento o ejecuci贸n se adoptar谩 y la medida de investigaci贸n se llevar谩 a cabo con la misma celeridad y prioridad que en casos internos similares y, en cualquier caso, dentro de los l铆mites temporales previstos en el presente art铆culo.
2. Cuando la autoridad de emisi贸n haya indicado en la OEI que, debido a los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes, se requiere un plazo m谩s corto que el previsto en el presente art铆culo, o si la autoridad de ejecuci贸n ha indicado en la OEI que la medida de investigaci贸n tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta, la autoridad de ejecuci贸n tomar谩 debida cuenta en la medida de lo posible de este requisito.
3. La autoridad de ejecuci贸n adoptar谩 la resoluci贸n de reconocimiento o ejecuci贸n de la OEI lo antes posible y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, a m谩s tardar 30 d铆as despu茅s de la recepci贸n de la OEI por la autoridad de ejecuci贸n competente.
4. A menos que exista alg煤n motivo para el aplazamiento con arreglo al art铆culo 15 o que la prueba mencionada en la medida de investigaci贸n incluida en la OEI ya se encuentre en posesi贸n del Estado de ejecuci贸n, la autoridad de ejecuci贸n llevar谩 a cabo la medida de investigaci贸n sin demora y, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, a m谩s tardar 90 d铆as despu茅s de que se adopte la resoluci贸n contemplada en el apartado 3.
5. Cuando en un caso concreto la autoridad de ejecuci贸n competente no pueda respetar el plazo fijado en el apartado 3 o la fecha concreta fijada conforme al apartado 2, informar谩 sin demora a la autoridad competente del Estado de emisi贸n por cualquier medio explicando las razones de la demora y comunicando el plazo estimado que necesita para adoptar una resoluci贸n. En ese caso, el plazo establecido en el apartado 3 podr谩 prorrogarse en un m谩ximo de 30 d铆as.
6. Cuando en un caso concreto la autoridad de ejecuci贸n competente no pueda respetar el l铆mite temporal fijado en el apartado 4, informar谩 sin demora a la autoridad competente del Estado de emisi贸n por cualquier medio explicando las razones de la demora y consultar谩 a la autoridad de emisi贸n sobre el plazo adecuado para llevar a cabo la medida de investigaci贸n.
Art铆culo 13.Traslado de pruebas
1. El Estado de ejecuci贸n trasladar谩 sin demora indebida al Estado de emisi贸n las pruebas obtenidas como resultado de la ejecuci贸n de la OEI, o las pruebas que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado de ejecuci贸n.
Siempre que se solicite en la OEI y si es posible con arreglo al Derecho interno del Estado de ejecuci贸n, las pruebas se trasladar谩n inmediatamente a las autoridades competentes del Estado de emisi贸n que participen en la ejecuci贸n de la OEI de conformidad con el art铆culo 9, apartado 4.
2. Podr谩 suspenderse el traslado de los elementos de prueba, a la espera de la decisi贸n relativa a un recurso, salvo si en la OEI se indican razones suficientes que justifiquen que es indispensable un traslado inmediato para el adecuado desarrollo de la investigaci贸n o para preservar los derechos individuales. Sin embargo, se suspender谩 el traslado de pruebas si este pudiera causar un da帽o grave e irreversible a la persona interesada.
3. Cuando se trasladen las pruebas obtenidas, la autoridad de ejecuci贸n indicar谩 si solicita que se devuelvan al Estado de ejecuci贸n tan pronto como deje de necesitarlas el Estado de emisi贸n.
4. Cuando los objetos, documentos o datos de que se trate sean relevantes ya respecto de otros procedimientos, la autoridad de ejecuci贸n, previa petici贸n expresa y tras mantener consultas con la autoridad de emisi贸n, podr谩 trasladar temporalmente las pruebas con la condici贸n de que se devuelvan al Estado de ejecuci贸n tan pronto como el Estado de emisi贸n deje de necesitarlas, o en cualquier otro momento u ocasi贸n convenidos entre las autoridades competentes.
Art铆culo 14. V铆as de recurso
1. Los Estados miembros velar谩n por que las v铆as de recurso equivalentes a las existentes en un caso interno similar sean aplicables a las medidas de investigaci贸n indicada en la OEI.
2. Los motivos de fondo por los que se haya emitido la OEI 煤nicamente podr谩n ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado de emisi贸n, sin perjuicio de las garant铆as de los derechos fundamentales en el Estado de ejecuci贸n.
3. Si ello no socava la confidencialidad de una investigaci贸n, como dispone el art铆culo 19, apartado 1, las autoridades de emisi贸n y de ejecuci贸n tomar谩n, las medidas necesarias para velar por que se facilite informaci贸n sobre las posibilidades, de conformidad con el Derecho nacional, de emprender las v铆as de recurso cuando estas sean aplicables y en tiempo oportuno para permitir su ejercicio efectivo.
4. Los Estados miembros velar谩n por que todos los plazos para emprender las v铆as de recurso sean los mismos que los previstos en casos internos similares y se apliquen de forma que quede garantizada la posibilidad del ejercicio efectivo de estas v铆as de recurso para las partes interesadas.
5. Las autoridades de emisi贸n y de ejecuci贸n se informar谩n mutuamente sobre los recursos interpuestos contra la emisi贸n, reconocimiento o ejecuci贸n de la OEI.
6. La impugnaci贸n no suspender谩 la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n, a menos que est茅 previsto en casos internos similares.
7. Toda impugnaci贸n que prospere contra el reconocimiento o la ejecuci贸n de una OEI ser谩 tenida en cuenta por el Estado de emisi贸n con arreglo a su propio Derecho interno. Sin perjuicio de las normas procesales internas, los Estados miembros velar谩n por que, en los procesos penales en el Estado de emisi贸n, se respeten los derechos de la defensa y la equidad del proceso al evaluar las pruebas obtenidas a trav茅s de la OEI.
Art铆culo 15. Motivos para aplazar el reconocimiento o la ejecuci贸n
1. Se podr谩 aplazar el reconocimiento o ejecuci贸n de la OEI en el Estado de ejecuci贸n si:
a) su ejecuci贸n puede perjudicar una investigaci贸n penal o actuaciones judiciales penales en curso, hasta el momento que el Estado de ejecuci贸n lo considere razonable, o
b) los objetos, documentos o datos de que se trate est谩n siendo utilizados en otros procedimientos, hasta que ya no se requieran con este fin.
2. Tan pronto como dejen de existir las razones del aplazamiento, la autoridad de ejecuci贸n deber谩 adoptar inmediatamente, las medidas necesarias para la ejecuci贸n de la OEI e informar de ello a la autoridad de emisi贸n por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.
Art铆culo 16. Obligaci贸n de informaci贸n
1. La autoridad competente del Estado de ejecuci贸n que reciba la OEI, acusar谩 su recibo, sin demora y en cualquier caso en el plazo de una semana despu茅s de su recepci贸n, mediante la cumplimentaci贸n y el env铆o del formulario establecido en el anexo B.
Cuando se haya designado una autoridad central de conformidad con el art铆culo 7, apartado 3, esta obligaci贸n recaer谩 tanto en la autoridad central como en la autoridad de ejecuci贸n que reciba la OEI de la autoridad central.
En los casos a los que se refiere el art铆culo 7, apartado 6, esta obligaci贸n recaer谩 tanto en la autoridad competente que recibe inicialmente la OEI como en la autoridad de ejecuci贸n a la que se transmite finalmente la OEI.
2. No obstante lo dispuesto en el art铆culo 10, apartados 4 y 5, la autoridad de ejecuci贸n informar谩 a la autoridad de emisi贸n inmediatamente, por cualquier medio:
a) si le es imposible adoptar una resoluci贸n sobre el reconocimiento o la ejecuci贸n debido a que el formulario previsto en el anexo A est谩 incompleto o es manifiestamente incorrecto;
b) si considera, en el curso de la ejecuci贸n de la OEI y sin haber realizado otras averiguaciones, que puede ser oportuno llevar a cabo medidas de investigaci贸n no previstas en un principio o que no pod铆an detallarse cuando se expidi贸 la OEI, a fin de que la autoridad de emisi贸n pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate, o
c) si comprueba que, en el caso de que se trate, no puede cumplir las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad de emisi贸n de conformidad con el art铆culo 9.
A petici贸n de la autoridad de emisi贸n, la informaci贸n se confirmar谩 sin demora por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.
3. Sin perjuicio del art铆culo 10, apartados 4 y 5, la autoridad de ejecuci贸n informar谩 a la autoridad de emisi贸n sin demora, por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita:
a) de cualquier resoluci贸n adoptada en virtud de los art铆culos 10 o 11;
b) de cualquier resoluci贸n de aplazamiento de la ejecuci贸n o del reconocimiento de la OEI, de las razones a las que obedece el aplazamiento y, si ello fuera posible, de la duraci贸n probable de este.
Art铆culo 17. Responsabilidad penal en relaci贸n con los funcionarios
Cuando, en el marco de la aplicaci贸n de la presente Directiva, funcionarios del Estado de emisi贸n se encuentren presentes en el territorio del Estado de ejecuci贸n, dichos funcionarios ser谩n considerados como funcionarios del Estado de ejecuci贸n por lo que respecta a los delitos cometidos contra ellos o por ellos.
Art铆culo 18. Responsabilidad civil en relaci贸n con los funcionarios
1. Cuando, en el marco de la aplicaci贸n de la presente Directiva, funcionarios de un Estado miembro se encuentren presentes en el territorio de otro Estado miembro, el primer Estado miembro ser谩 responsable de los da帽os y perjuicios causados por ellos en el transcurso de las operaciones, con arreglo al Derecho del Estado miembro en cuyo territorio est茅n actuando.
2. El Estado miembro en cuyo territorio se causen los da帽os y perjuicios contemplados en el apartado 1 asumir谩 la reparaci贸n de los mismos en las condiciones aplicables a los da帽os y perjuicios causados por sus propios funcionarios.
3. El Estado miembro cuyos funcionarios hayan causado da帽os y perjuicios a cualquier persona en el territorio de otro Estado miembro restituir谩 铆ntegramente a este 煤ltimo Estado miembro los importes abonados a las v铆ctimas o a sus derechohabientes.
4. Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto de terceros, y con la excepci贸n establecida en el apartado 3, los Estados miembros renunciar谩n, en el caso contemplado en el apartado 1, a pedir a otro Estado miembro el reembolso del importe de los da帽os y perjuicios que hubiere sufrido por su causa.
Art铆culo 19. Confidencialidad
1. Cada Estado miembro adoptar谩 las medidas necesarias para garantizar que las autoridades de emisi贸n y de ejecuci贸n tomen debida cuenta, en la ejecuci贸n de una OEI, de la confidencialidad de la investigaci贸n.
2. La autoridad de ejecuci贸n garantizar谩, con arreglo a su propio Derecho interno, la confidencialidad de los hechos y el fondo de la OEI, excepto en el grado en que sea necesario para ejecutar la medida de investigaci贸n. Si la autoridad de ejecuci贸n no puede respetar el requisito de confidencialidad, lo notificar谩 sin demora a la autoridad de emisi贸n.
3. La autoridad de emisi贸n, con arreglo a su propio Derecho interno y a menos que la autoridad de ejecuci贸n haya indicado otra cosa, no desvelar谩n cualquier prueba o informaci贸n facilitadas por la autoridad de ejecuci贸n, excepto en la medida en que su revelaci贸n sea necesaria para las investigaciones o procedimientos descritos en la OEI.
4. Cada Estado miembro adoptar谩 las medidas necesarias para garantizar que los bancos no revelen al cliente bancario interesado ni a otros terceros el hecho de que se ha transmitido informaci贸n al Estado de emisi贸n en virtud de los art铆culos 26 y 27, o de que se est谩 llevando a cabo una investigaci贸n.
Art铆culo 20. Protecci贸n de datos personales
Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros velar谩n por que los datos personales est茅n protegidos y solo puedan tratarse de acuerdo con la Decisi贸n Marco 2008/977/JAI del Consejo (17) y con arreglo a los principios del Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protecci贸n de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de car谩cter personal y su Protocolo adicional.
El acceso a dichos datos estar谩 limitado, sin perjuicio de los derechos del interesado. Solo podr谩n acceder a dichos datos las personas autorizadas.
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(17) Decisi贸n Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protecci贸n de datos personales tratados en el marco de la cooperaci贸n policial y judicial en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 60).
Art铆culo 21. Costes
1. Salvo disposici贸n contraria de la presente Directiva, el Estado de ejecuci贸n asumir谩 la totalidad de los costes relacionados con la ejecuci贸n de una OEI en su territorio.
2. En caso de que la autoridad de ejecuci贸n estime que los costes de ejecuci贸n de la OEI pueden considerarse excepcionalmente elevados, podr谩 consultar a la autoridad de emisi贸n sobre la posibilidad y el modo de repartir dichos costes o de modificar la OEI.
La autoridad de ejecuci贸n informar谩 previamente a la autoridad de emisi贸n sobre las especificaciones detalladas de la parte de los costes que considera excepcionalmente elevada.
3. En circunstancias excepcionales en las que no se llegue a un acuerdo respecto a los costes a que se refiere el apartado 2, la autoridad de emisi贸n podr谩 decidir:
a) retirar total o parcialmente la OEI, o
b) mantenerlo, y sufragar la parte de los costes que se considere excepcionalmente elevada.
CAP脥TULO IV-Disposiciones espec铆ficas para determinadas medidas de investigaci贸n
Art铆culo 22. Traslado temporal de detenidos al Estado de emisi贸n con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci贸n
1. Se podr谩 emitir una OEI para el traslado temporal de una persona detenida en el Estado de ejecuci贸n con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci贸n encaminada a la obtenci贸n de pruebas que requiera su presencia en el territorio del Estado de emisi贸n, siempre que sea devuelta en el per铆odo estipulado por el Estado de ejecuci贸n.
2. Adem谩s de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento o de la ejecuci贸n establecidos en el art铆culo 11, la ejecuci贸n de la OEI podr谩 denegarse tambi茅n en caso de que:
a) el detenido no d茅 su consentimiento; o
b) el traslado pueda causar la prolongaci贸n de la detenci贸n del detenido.
3. Sin perjuicio del apartado 2, letra a), cuando el Estado de ejecuci贸n lo considere necesario, debido a la edad de la persona o a su condici贸n f铆sica o mental, se brindar谩 al representante legal del detenido la oportunidad de manifestar la opini贸n sobre el traslado temporal.
4. En el caso a que se refiere en el apartado 1, se autorizar谩 el tr谩nsito del detenido a trav茅s del territorio de un tercer Estado miembro («el Estado miembro de tr谩nsito»), previa petici贸n y acompa帽ado de todos los documentos necesarios.
5. Las disposiciones pr谩cticas relativas al traslado temporal del detenido, as铆 como los detalles de sus condiciones de detenci贸n en el Estado de emisi贸n, con inclusi贸n de las fechas en las que tendr谩 que salir del territorio del Estado de ejecuci贸n y estar de vuelta en el mismo, se acordar谩n entre los Estados de emisi贸n y de ejecuci贸n, garantiz谩ndose que se tienen en cuenta la condici贸n f铆sica y mental de la persona de que se trate, as铆 como el nivel de seguridad requerido en el Estado de emisi贸n.
6. La persona trasladada permanecer谩 detenida en el territorio del Estado de emisi贸n y, cuando proceda, en el territorio del Estado miembro de tr谩nsito en relaci贸n con los hechos o condenas por los que ha estado detenida en el Estado de ejecuci贸n, a menos que el Estado de ejecuci贸n pida su puesta en libertad.
7. El tiempo de detenci贸n en el territorio del Estado de emisi贸n se deducir谩 del per铆odo de privaci贸n de libertad al que est茅 o vaya a estar sometida la persona en cuesti贸n en el territorio del Estado de ejecuci贸n.
8. A reserva de lo dispuesto en el apartado 6, la persona trasladada no ser谩 perseguida o detenida o sometida a cualquier otra restricci贸n de su libertad personal en el Estado de emisi贸n por actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado de ejecuci贸n y que no est茅n especificados en la OEI.
9. La inmunidad a que se refiere el apartado 8 cesar谩 de tener efecto cuando la persona trasladada, habiendo tenido la oportunidad de regresar durante un per铆odo de quince d铆as consecutivos desde la fecha en que su presencia ya no era exigida por las autoridades de emisi贸n,
a) haya permanecido, sin embargo, en el territorio, o
b) habi茅ndolo abandonado haya regresado a 茅l.
10. Los costes que resulten de la aplicaci贸n del presente art铆culo se sufragar谩n con arreglo al art铆culo 21, salvo los que se deriven del traslado de la persona al Estado de emisi贸n y de su regreso del mismo, que correr谩n a cargo de dicho Estado.
Art铆culo 23. Traslado temporal de detenidos al Estado de ejecuci贸n con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci贸n
1. Se podr谩 emitir una OEI para el traslado temporal de un detenido en el Estado de emisi贸n con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci贸n encaminada a la obtenci贸n de pruebas que requiera su presencia en el territorio del Estado de ejecuci贸n.
2. El apartado 2, letra a), y los apartados 3 a 9 del art铆culo 22 ser谩n aplicables, mutatis mutandis, al traslado temporal en virtud del presente art铆culo.
3. Los gastos que resulten de la aplicaci贸n del presente art铆culo se sufragar谩n con arreglo al art铆culo 21, salvo los que se deriven del traslado de la persona en cuesti贸n al y desde el Estado de ejecuci贸n, que correr谩n a cargo del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 24. Comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual
1. Cuando una persona se encuentre en el territorio del Estado de ejecuci贸n y deba ser o铆da como testigo o perito por las autoridades competentes del Estado de emisi贸n, la autoridad de emisi贸n podr谩 emitir una OEI para que la comparecencia del testigo o del perito se realice por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual, de conformidad con los apartados 5 a 7.
La autoridad de emisi贸n podr谩 tambi茅n emitir una OEI a efectos de que un investigado o acusado sean o铆dos por videoconferencia u otro medio de transmisi贸n audiovisual.
2. Adem谩s de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento o de la ejecuci贸n establecidos en el art铆culo 11, la ejecuci贸n de la OEI podr谩 denegarse tambi茅n en caso de que:
a) el investigado o el acusado no d茅 su consentimiento, o
b) la ejecuci贸n de dicha medida de investigaci贸n en un caso concreto sea contraria a los principios fundamentales del Derecho del Estado de ejecuci贸n.
3. Las autoridades de emisi贸n y de ejecuci贸n se pondr谩n de acuerdo con respecto a las disposiciones pr谩cticas. Cuando se acuerden dichas disposiciones, la autoridad de ejecuci贸n se encargar谩 de:
a) notificar al testigo o al perito de que se trate, indicando el momento y el lugar de la comparecencia
b) citar a las personas investigadas o acusadas para que asistan a la comparecencia conforme a las normas espec铆ficas que establezca el Derecho del Estado de ejecuci贸n, e informarles de sus derechos con arreglo al Derecho del Estado de emisi贸n, con tiempo suficiente para que puedan acogerse efectivamente a las garant铆as procesales;
c) asegurarse de la identidad de la persona que deba ser o铆da.
4. Si en un caso concreto la autoridad de ejecuci贸n no dispone de los medios t茅cnicos necesarios para celebrar la comparecencia por videoconferencia, el Estado de emisi贸n podr谩 ponerlos a su disposici贸n previo acuerdo mutuo.
5. La comparecencia por videoconferencia u otro medio de transmisi贸n audiovisual se regir谩 por las normas siguientes:
a) durante la declaraci贸n estar谩 presente un representante de la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n, asistida por un int茅rprete cuando sea necesario, y dicha autoridad se encargar谩 asimismo de identificar a la persona que deba declarar, as铆 como de velar por el respeto de los principios fundamentales del Derecho del Estado de ejecuci贸n.
Cuando la autoridad de ejecuci贸n considere que durante la comparecencia se est谩n infringiendo principios fundamentales del Derecho del Estado de ejecuci贸n, adoptar谩 inmediatamente las medidas necesarias para garantizar la continuaci贸n de la comparecencia de conformidad con los citados principios;
b) las autoridades competentes del Estado de emisi贸n y de ejecuci贸n convendr谩n, cuando sea necesario, en la adopci贸n de medidas para la protecci贸n de la persona que deba ser o铆da;
c) la comparecencia ser谩 efectuada directamente ante la autoridad competente del Estado de emisi贸n o bajo su direcci贸n, con arreglo a su Derecho interno;
d) a solicitud del Estado de emisi贸n o de la persona que deba ser o铆da, el Estado de ejecuci贸n se encargar谩 de que 茅sta sea asistida por un int茅rprete, si resultase necesario;
e) se informar谩 a los investigados o acusados con antelaci贸n a la comparecencia de los derechos procesales que les asistan, incluido el derecho a no declarar, al amparo de el Derecho del Estado de ejecuci贸n y del Estado de emisi贸n. Los testigos y peritos podr谩n alegar el derecho a no declarar que les asista al amparo del Derecho, ya sea del Estado de ejecuci贸n o de emisi贸n y ser谩n informados de este derecho con antelaci贸n a la comparecencia.
6. Sin perjuicio de las medidas acordadas para la protecci贸n de las personas, finalizada la declaraci贸n, la autoridad de ejecuci贸n levantar谩 acta de la misma, en que se indicar谩n la fecha y lugar de la comparecencia, la identidad de la persona o铆da, la identidad y funciones de cualesquiera otras personas del Estado de ejecuci贸n que hayan participado en la comparecencia, el juramento formulado y las condiciones t茅cnicas en las que se haya llevado a cabo la audiencia. La autoridad de ejecuci贸n transmitir谩 el documento a la autoridad de emisi贸n.
7. Cada Estado miembro tomar谩 las medidas necesarias para garantizar que, en caso de que la persona que deba ser o铆da en su territorio con arreglo a lo dispuesto en el presente art铆culo se niegue a prestar testimonio estando sometida a la obligaci贸n de testificar, o no preste testimonio veraz, se le aplique su Derecho interno del mismo modo que si la comparecencia se hubiera celebrado dentro de un procedimiento nacional.
Art铆culo 25. Comparecencia por conferencia telef贸nica
1. Cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado miembro y deba ser o铆da como testigo o perito por las autoridades competentes de otro Estado miembro, la autoridad de emisi贸n de este 煤ltimo Estado miembro podr谩, en caso de que no sea apropiado o posible que la persona a la que se deba o铆r comparezca personalmente en su territorio, y tras haber examinado otros medios adecuados, emitir una OEI para que la comparecencia del testigo o del perito se realice por conferencia telef贸nica, tal como se establece en el apartado 4.
2. Salvo acuerdo en sentido contrario, se aplicar谩n, mutatis mutandis, a la conferencia telef贸nica las disposiciones del art铆culo 24, apartados 3, 5, 6 y 7.
Art铆culo 26. Informaci贸n sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras
1. Podr谩 emitirse una OEI para determinar si una persona f铆sica o jur铆dica objeto de procedimiento penal es titular o posee el control de una o m谩s cuentas, del tipo que sea, en un banco localizado en el territorio del Estado de ejecuci贸n, y en caso afirmativo, obtener del Estado de ejecuci贸n, los datos de las cuentas identificadas.
2. Cada Estado miembro adoptar谩, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente art铆culo, las medidas necesarias para poder proporcionar la informaci贸n a la que se refiere el apartado 1.
3. La informaci贸n a la que se refiere el apartado 1 tambi茅n incluir谩, cuando as铆 lo solicite la OEI, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procedimientos penales de que se trate tenga poderes de representaci贸n.
4. La obligaci贸n impuesta en virtud del presente art铆culo solo se aplicar谩 en la medida en que la informaci贸n obre en poder del banco en el que se tenga la cuenta.
5. En la OEI, la autoridad de emisi贸n indicar谩 las razones por las que considera que la informaci贸n solicitada puede ser fundamental para el procedimiento penal de que se trate y las razones por las que supone que la cuenta se encuentra en alg煤n banco del Estado de ejecuci贸n, y siempre que cuente con dicha informaci贸n, de qu茅 banco o bancos se trata. Tambi茅n incluir谩 en la OEI cualquier informaci贸n de la que disponga que pueda facilitar su ejecuci贸n.
6. Podr谩 emitirse asimismo una OEI para determinar si una persona f铆sica o jur铆dica objeto de procedimiento penal es titular o posee el control de una o m谩s cuentas en una entidad financiera distinta de un banco localizada en el territorio del Estado de ejecuci贸n. Se aplicar谩n, mutatis mutandis, los apartados 3 a 5. En ese caso, y adem谩s de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y de la ejecuci贸n contemplados en el art铆culo 11, se podr谩 denegar igualmente la ejecuci贸n de la OEI en los casos en que no se autorizar铆a la medida de investigaci贸n en un caso interno similar.
Art铆culo 27. Informaci贸n sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras
1. Se podr谩 emitir una OEI para obtener los datos de cuentas bancarias espec铆ficas, as铆 como de las operaciones bancarias que se hayan efectuado o vayan a efectuarse dentro de un plazo concreto por medio de una o m谩s cuentas indicadas en la OEI, con inclusi贸n de los datos de toda cuenta remitente o receptora.
2. Cada Estado miembro adoptar谩, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente art铆culo, las medidas necesarias para poder proporcionar la informaci贸n a la que se refiere el apartado 1.
3. La obligaci贸n impuesta en virtud del presente art铆culo solo se aplicar谩 en la medida en que la informaci贸n obre en poder del banco en el que se tenga la cuenta.
4. En la OEI, la autoridad de emisi贸n declarar谩 las razones por las que estima que la informaci贸n solicitada es pertinente para el procedimiento penal de que se trate.
5. Se podr谩 emitir igualmente una OEI por lo que se refiere a la informaci贸n contemplada en el apartado 1 con relaci贸n a las operaciones financieras efectuadas por entidades financieras no bancarias. Se aplicar谩n, mutatis mutandis, los apartados 3 y 4. En ese caso, y adem谩s de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y de la ejecuci贸n contemplados en el art铆culo 11, se podr谩 denegar igualmente la ejecuci贸n de la OEI en los casos en que no fuera a autorizarse la medida de investigaci贸n en un caso interno similar.
Art铆culo 28. Medidas de investigaci贸n que impliquen la obtenci贸n de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado per铆odo de tiempo
1. Cuando se emita una OEI a efectos de la ejecuci贸n de una medida de investigaci贸n que requiera la obtenci贸n de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado per铆odo de tiempo, por ejemplo:
a) el seguimiento de operaciones bancarias u otras operaciones financieras efectuadas a trav茅s de una o m谩s cuentas especificadas;
b) una entrega vigilada en el territorio del Estado de ejecuci贸n;
se podr谩 denegar su ejecuci贸n, adem谩s de por los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y de la ejecuci贸n establecidos en el art铆culo 11, si la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n en cuesti贸n no estuviera autorizada en casos internos similares.
2. Las disposiciones pr谩cticas en relaci贸n con la medida de investigaci贸n contemplada en el apartado 1, letra b), y en cualquier otro caso en que sea necesario, se acordar谩n entre los Estados de emisi贸n y de ejecuci贸n.
3. En la OEI, la autoridad de emisi贸n indicar谩 las razones por las que estima que la informaci贸n solicitada es pertinente para el procedimiento penal en cuesti贸n.
4. La competencia para actuar, dirigir y controlar las operaciones relacionadas con la ejecuci贸n de la OEI a que se refiere el apartado 1 recaer谩n en las autoridades competentes del Estado de ejecuci贸n.
Art铆culo 29. Investigaciones encubiertas
1. Podr谩 emitirse una OEI con el fin de solicitar al Estado de ejecuci贸n que colabore con el Estado de emisi贸n para la realizaci贸n de investigaciones de actividades delictivas por parte de agentes que act煤en infiltrados o con una identidad falsa (investigaciones encubiertas).
2. En la OEI, la autoridad de emisi贸n indicar谩 las razones por las que considera que la realizaci贸n de investigaciones encubiertas puede ser pertinente para un procedimiento penal. En cada caso particular, la decisi贸n relativa al reconocimiento y ejecuci贸n de una OEI emitida en virtud del presente art铆culo ser谩 adoptada por las autoridades competentes del Estado de ejecuci贸n ateni茅ndose a su Derecho interno y a sus procedimientos nacionales.
3. Adem谩s de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y de la ejecuci贸n establecidos en el art铆culo 11, la ejecuci贸n de la OEI mencionado en el apartado 1 podr谩 denegarse por la autoridad de ejecuci贸n tambi茅n si
a) la realizaci贸n de investigaciones encubiertas no estuviera autorizada en casos internos similares, o
b) no se ha podido llegar a un acuerdo sobre las disposiciones relativas a las investigaciones encubiertas, en virtud el apartado 4.
4. Las investigaciones encubiertas se realizar谩n de conformidad con el Derecho y los procedimientos del Estado miembro en cuyo territorio se realicen. La competencia de actuaci贸n, as铆 como la direcci贸n y el control de las operaciones relacionadas con las la investigaciones encubiertas recaer谩n en las autoridades competentes del Estado de ejecuci贸n. Los Estados de ejecuci贸n y de emisi贸n acordar谩n la duraci贸n de la investigaci贸n encubierta, las condiciones concretas y el r茅gimen jur铆dico de los agentes de que se trate, ateni茅ndose a sus respectivos Derechos internos y procedimientos nacionales.
CAP脥TULO V-Intervenci贸n de telecomunicaciones
Art铆culo 30. Intervenci贸n de telecomunicaciones con la asistencia t茅cnica de otro Estado miembro
1. Se podr谩 emitir una OEI para la intervenci贸n de telecomunicaciones en el Estado miembro cuya asistencia t茅cnica se requiera.
2. Cuando haya m谩s de un Estado miembro que est茅 en situaci贸n de proporcionar la asistencia t茅cnica completa necesaria para la misma intervenci贸n de telecomunicaciones, la OEI se enviar谩 a uno solo de ellos, y se dar谩 prioridad siempre al Estado miembro en que se encuentre o vaya a encontrarse la persona que sea objeto de los procedimientos penales
3. Una OEI de las previstas en el apartado 1 incluir谩 tambi茅n la siguiente informaci贸n:
a) aquella que sea necesaria para identificar a la persona objeto de la intervenci贸n
b) duraci贸n deseada de la intervenci贸n y
c) datos t茅cnicos suficientes, en particular el identificador de la persona, a fin de garantizar que pueda ejecutarse la solicitud.
4. En la OEI, la autoridad de emisi贸n indicar谩 las razones por las que estima que la medida de investigaci贸n indicada es pertinente para el procedimiento penal en cuesti贸n.
5. Podr谩 denegarse la ejecuci贸n de una OEI contemplada en el apartado 1, adem谩s de por los motivos de denegaci贸n a que se refiere el art铆culo 11, si la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n no estuviera autorizada en casos internos similares. El Estado miembro de ejecuci贸n podr谩 supeditar su consentimiento a las condiciones que regir铆an en un caso interno de caracter铆sticas similares.
6. Una OEI de las previstas en el apartado 1 podr谩 ejecutarse mediante:
a) la transmisi贸n inmediata de las telecomunicaciones al Estado de emisi贸n, o
b) la intervenci贸n, registro y ulterior transmisi贸n del resultado de la intervenci贸n de las telecomunicaciones al Estado de emisi贸n.
La autoridad de emisi贸n y la autoridad de ejecuci贸n mantendr谩n consultas con el fin de acordar si la intervenci贸n habr谩 de efectuarse con arreglo a la letra a) o a la letra b).
7. A la hora de emitir una OEI con arreglo al apartado 1, o bien durante la intervenci贸n, la autoridad de emisi贸n podr谩 pedir asimismo, si tiene motivos particulares para hacerlo, una transcripci贸n, descodificaci贸n o desencriptado del registro, siempre que cuente con el acuerdo de la autoridad de ejecuci贸n.
8. Los gastos que resulten de la aplicaci贸n del presente art铆culo se sufragar谩n con arreglo al art铆culo 21, salvo los que se deriven de la transcripci贸n, la descodificaci贸n y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas, que correr谩n a cargo del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 31. Notificaci贸n al Estado miembro en el que se encuentre la persona que sea objeto de los procedimientos penales y cuya asistencia t茅cnica no sea necesaria
1. Cuando, a efectos de llevar a cabo una medida de investigaci贸n, la autoridad competente de un Estado miembro («el Estado que realiza la intervenci贸n») autorice la intervenci贸n de telecomunicaciones, y se utilice la direcci贸n de comunicaciones de la persona que sea objeto de los procedimientos penales que figura en la orden de intervenci贸n en el territorio de otro Estado miembro («el Estado notificado») cuya asistencia t茅cnica no se necesite para llevar a cabo dicha intervenci贸n, el Estado que realiza la intervenci贸n deber谩 notificar a la autoridad competente del Estado notificado de dicha intervenci贸n:
a) antes de la intervenci贸n, en aquellos casos en los que la autoridad competente del Estado miembro que realiza la intervenci贸n ya est茅 informada, al ordenar la intervenci贸n, de que la persona que sea objeto de los procedimientos penales de la misma se encuentra o se encontrar谩 en el territorio del Estado notificado;
b) durante la intervenci贸n o despu茅s de 茅sta, inmediatamente despu茅s de tener conocimiento de que la persona objeto de los procedimientos penales de intervenci贸n se encuentra, o se ha encontrado durante la intervenci贸n, en el territorio del Estado miembro notificado.
2. La notificaci贸n a que se refiere el apartado 1 se efectuar谩 por medio del formulario establecido en el anexo C.
3. En los casos en que la intervenci贸n no se autorizar铆a en un caso interno similar, la autoridad competente del Estado miembro notificado podr谩 notificar sin demora a la autoridad competente del Estado miembro que realiza la intervenci贸n, y a m谩s tardar en un plazo de 96 horas desde la recepci贸n de la notificaci贸n contemplada en el apartado 1, que:
a) no podr谩 efectuarse la intervenci贸n o que se pondr谩 fin a la misma, y
b) si fuera necesario, que no podr谩 utilizarse el posible material ya intervenido mientras la persona que sea objeto de la intervenci贸n se encontraba en su territorio, o que solo podr谩 utilizarse en las condiciones que aquella especifique. La autoridad competente del Estado miembro notificado informar谩 a la autoridad competente del Estado miembro que realiza la intervenci贸n de los motivos de estas condiciones.
4. El art铆culo 5, apartado 2, se aplicar谩, mutatis mutandis, a la notificaci贸n a que se refiere el apartado 2.
CAP脥TULO VI-Medidas cautelares
Art铆culo 32. Medidas cautelares
1. La autoridad de emisi贸n podr谩 emitir una OEI con vistas a la adopci贸n de cualquier medida de investigaci贸n destinada a impedir de forma cautelar la destrucci贸n, transformaci贸n, desplazamiento, transferencia o enajenaci贸n de un objeto que pudiera emplearse como pruebas.
2. La autoridad de ejecuci贸n decidir谩 y comunicar谩 la decisi贸n sobre la medida cautelar lo antes posible y, siempre que sea viable, dentro de las 24 horas siguientes a la recepci贸n de la OEI.
3. Cuando se solicite la medida cautelar a que se refiere el apartado 1, la autoridad de emisi贸n indicar谩 en la OEI si la prueba habr谩 de transferirse al Estado de emisi贸n o conservarse en el Estado de ejecuci贸n. La autoridad de ejecuci贸n reconocer谩 y ejecutar谩 este tipo de OEI y trasladar谩 la prueba con arreglo a los procedimientos establecidos en la presente Directiva.
4. En caso de que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3, una OEI vaya acompa帽ada de la instrucci贸n de que la prueba se conserve en el Estado de ejecuci贸n, la autoridad de emisi贸n indicar谩 en qu茅 fecha habr谩 de levantarse la medida cautelar a que se refiere el apartado 1, o la fecha estimada de presentaci贸n de la solicitud de que la prueba sea trasladada al Estado de emisi贸n.
5. Previa consulta a la autoridad de emisi贸n, la autoridad de ejecuci贸n, de conformidad con su Derecho y procedimientos nacionales, podr谩 imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duraci贸n del plazo de aplicaci贸n de la medida cautelar a que se refiere el apartado 1. Si, de conformidad con esas condiciones, se propusiera dejar sin efecto la medida cautelar, la autoridad de ejecuci贸n informar谩 de ello a la autoridad de emisi贸n y le ofrecer谩 la posibilidad de hacer alegaciones. La autoridad de emisi贸n notificar谩 inmediatamente a la autoridad de ejecuci贸n del levantamiento de las medidas provisionales a que se refiere el apartado 1.
CAP脥TULO VII-Disposiciones finales
Art铆culo 33. Notificaciones
1. A m谩s tardar el 22 de mayo de 2017, los Estados miembros notificar谩n a la Comisi贸n la informaci贸n siguiente:
a) la autoridad o autoridades que, de conformidad con su Derecho interno, son competentes conforme al art铆culo 2, letras c) y d), cuando el Estado miembro de que se trate sea el Estado de emisi贸n o el Estado de ejecuci贸n;
b) las lenguas admitidas para la OEI, a las que se hace referencia en el art铆culo 5, apartado 2;
c) la informaci贸n relativa a la autoridad o autoridades centrales designadas si el Estado miembro desea recurrir a la posibilidad establecida en el art铆culo 7, apartado 3. Esta informaci贸n ser谩 obligatoria para las autoridades del Estado de emisi贸n.
2. Los Estados miembros podr谩n notificar a la Comisi贸n adem谩s la lista de los documentos necesarios que exigir谩n a tenor del art铆culo 22, apartado 4.
3. Los Estados miembros informar谩n a la Comisi贸n de cualquier modificaci贸n posterior de la informaci贸n a que se refieren los apartados 1 y 2.
4. La Comisi贸n pondr谩 a disposici贸n de todos los Estados miembros y de la Red Judicial Europea (RJE) la informaci贸n recibida en virtud del presente art铆culo. La RJE publicar谩 la informaci贸n en el sitio internet al que se hace referencia en el art铆culo 9 de la Decisi贸n 2008/976/JAI del Consejo (18).
_____________________________________
(18) Decisi贸n 2008/976/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la Red Judicial Europea (DO L 348 de 24.12.2008, p. 130).
Art铆culo 34. Relaciones con otros instrumentos jur铆dicos, acuerdos y pactos
1. Sin perjuicio de su aplicaci贸n entre los Estados miembros y terceros Estados y de su aplicaci贸n temporal en virtud del art铆culo 35, la presente Directiva sustituye, a partir del 22 de mayo de 2017, a las disposiciones correspondientes de los siguientes convenios aplicables a las relaciones entre los Estados miembros vinculados por la presente Directiva:
a) Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal del Consejo de Europa, de 20 de abril de 1959, as铆 como sus dos protocolos adicionales y los acuerdos bilaterales celebrados con arreglo a su art铆culo 26;
b) Convenio relativo a la aplicaci贸n del acuerdo de Schengen;
c) Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Uni贸n Europea y su Protocolo.
2. Queda sustituida la Decisi贸n Marco 2008/978/JAI por la presente Directiva para todos los Estados miembros vinculados por la presente Directiva. Las disposiciones de la Decisi贸n Marco 2003/577/JAI quedan sustituidas por la presente Directiva para todos los Estados miembros vinculados por la presente Directiva en relaci贸n con el aseguramiento de pruebas.
Para los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, las referencias de la Decisi贸n marco 2008/987/JAI y, en lo que respecta a la inmovilizaci贸n de activos, a la Decisi贸n marco 2003/577/JAI, se entender谩n hechas a la presente Directiva.
3. Adem谩s de la presente Directiva, los Estados miembros podr谩n celebrar o seguir aplicando acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con otros Estados miembros despu茅s del 22 de mayo de 2017, siempre que ello permita el mejor cumplimiento de los objetivos de la presente Directiva y contribuir a simplificar o a facilitar m谩s los procedimientos para la obtenci贸n de pruebas, y a condici贸n de que se respete el nivel de las salvaguardias previstas en la presente Directiva.
4. Los Estados miembros notificar谩n a la Comisi贸n, a m谩s tardar el 22 de mayo de 2017, los acuerdos y arreglos vigentes mencionados en el apartado 3 que deseen seguir aplicando. Los Estados miembros notificar谩n asimismo a la Comisi贸n, en el plazo de tres meses desde su firma, cualquier nuevo acuerdo o convenio contemplado en el apartado 3.
Art铆culo 35. Disposiciones transitorias
1. Las solicitudes de asistencia judicial recibidas antes del 22 de mayo de 2017 se seguir谩n rigiendo por los instrumentos existentes sobre asistencia judicial en materia penal. Las resoluciones de aseguramiento de pruebas adoptadas en virtud de la Decisi贸n Marco 2003/577/JAI y recibidas antes del 22 de mayo de 2017 tambi茅n se regir谩n por esta 煤ltima Decisi贸n Marco.
2. El art铆culo 8, apartado 1, ser谩 aplicable mutatis mutandis a la OEI como consecuencia de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes o aseguramiento de pruebas adoptada en virtud de la Decisi贸n Marco 2003/577/JAI.
1. Los Estados miembros tomar谩n las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a m谩s tardar el 22 de mayo de 2017.
2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluir谩n una referencia a la presente Directiva o ir谩n acompa帽adas de dicha referencia en su publicaci贸n oficial. Los Estados miembros establecer谩n las modalidades de la mencionada referencia.
3. A m谩s tardar el 22 de mayo de 2017, los Estados miembros transmitir谩n a la Comisi贸n el texto de las disposiciones que incorporen a su Derecho nacional las obligaciones derivadas de la presente Directiva.
Art铆culo 37. Informe sobre la aplicaci贸n
Cinco a帽os despu茅s del 21 de mayo de 2014 a m谩s tardar, la Comisi贸n presentar谩 al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicaci贸n de la presente Directiva, bas谩ndose tanto en informaci贸n cualitativa como cuantitativa, que incluir谩, en particular, la evaluaci贸n de su repercusi贸n sobre la cooperaci贸n en materia penal y en la protecci贸n de las personas, as铆 como la ejecuci贸n de las disposiciones sobre intervenci贸n de telecomunicaciones, teniendo en cuenta el progreso t茅cnico. Este informe se acompa帽ar谩, si es necesario, de propuestas destinadas a modificar la presente Directiva.
Art铆culo 38. Entrada en vigor
La presente Directiva entrar谩 en vigor a los veinte d铆as de su publicaci贸n en el Diario Oficial de la Uni贸n Europea.
Art铆culo 39. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
ANEXO A-ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACI脫N (OEI)
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ANEXO B-CONFIRMACI脫N DE LA RECEPCI脫N DE UNA OEI
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ANEXO C-COMUNICACI脫N
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ANEXO D-CATEGOR脥AS DE DELITOS CONTEMPLADOS EN EL ART脥CULO 11
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