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Referencia: SP/LEG/16100

LEY 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea

贸rgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO
publicaci贸n: B.O.E. num. 282 - 21/11/2014
entrada en vigor: 11/12/2014
PRE脕MBULO
I
M谩s de una d茅cada despu茅s de que el Tratado de 脕msterdam previera la creaci贸n de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Uni贸n Europea, los Estados miembros, y entre ellos Espa帽a, siguen reforzando sus mecanismos de cooperaci贸n judicial a trav茅s de la aplicaci贸n de sus dos principios b谩sicos: la armonizaci贸n de legislaciones y el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.
El principio de reconocimiento mutuo, basado en la confianza mutua entre los Estados miembros y consagrado en el Consejo Europeo de Tampere como la «piedra angular» de la cooperaci贸n judicial civil y penal en la Uni贸n Europea, ha supuesto una aut茅ntica revoluci贸n en las relaciones de cooperaci贸n entre los Estados miembros, al permitir que aquella resoluci贸n emitida por una autoridad judicial de un Estado miembro sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro, salvo cuando concurra alguno de los motivos que permita denegar su reconocimiento. Finalmente, el Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea ha supuesto la consagraci贸n como principio jur铆dico del reconocimiento mutuo, en el que, seg煤n su art铆culo 82, se basa la cooperaci贸n judicial en materia penal.
Este nuevo modelo de cooperaci贸n judicial conlleva un cambio radical en las relaciones entre los Estados miembros de la Uni贸n Europea, al sustituir las antiguas comunicaciones entre las autoridades centrales o gubernativas por la comunicaci贸n directa entre las autoridades judiciales, suprimir el principio de doble incriminaci贸n en relaci贸n con un listado predeterminado de delitos y regular como excepcional el rechazo al reconocimiento y ejecuci贸n de una resoluci贸n, a partir de un listado tasado de motivos de denegaci贸n. Adem谩s, se ha logrado simplificar y agilizar los procedimientos de transmisi贸n de las resoluciones judiciales, mediante el empleo de un formulario o certificado que deben completar las autoridades judiciales competentes para la transmisi贸n de una resoluci贸n a otro Estado miembro.
En el 谩mbito penal, seg煤n lo dispuesto en el Programa de medidas destinado a poner en pr谩ctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, dicho principio ha de ser de aplicaci贸n en cada una de las fases del proceso penal, tanto antes, como durante e incluso despu茅s de dictarse la sentencia condenatoria.
II
La primera vez que en el 谩mbito del Derecho penal se plasm贸 este principio en un instrumento jur铆dico de la Uni贸n Europea, fue en la Decisi贸n Marco 2002/584/JAI, relativa a la orden europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, por un proceso de entrega dotado de mayor rapidez y seguridad jur铆dica. Esta norma fue inmediatamente incorporada al Derecho espa帽ol a trav茅s de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detenci贸n y entrega y la Ley Org谩nica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la anterior.
La segunda decisi贸n marco adoptada en este 谩mbito, fue la Decisi贸n Marco 2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas, que permite que la autoridad judicial del Estado de origen adopte una resoluci贸n acordando la realizaci贸n de un embargo provisional en otro Estado miembro, de aquellos bienes que bien vayan a ser objeto de un ulterior comiso, o bien vayan a ser utilizados como prueba en juicio. Su incorporaci贸n al Derecho espa帽ol se efectu贸 a trav茅s de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Uni贸n Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales y la Ley Org谩nica 5/2006, de 5 de junio, complementaria de la anterior, por la que se modifica la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
En tercer lugar, la Decisi贸n Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, permiti贸 al Estado requirente acudir a la autoridad judicial del Estado en que la persona obligada al pago de una sanci贸n pecuniaria derivada de la comisi贸n de una infracci贸n penal (o administrativa en determinados casos) tuviera elementos patrimoniales, obtuviera ingresos o tuviera su residencia habitual, para ejecutar dicha sanci贸n. La transposici贸n de esta norma a nuestro Derecho se realiz贸 mediante la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la Ley Org谩nica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificaci贸n de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la anterior.
Un a帽o despu茅s, la Decisi贸n Marco 2006/783/JAI, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, permitir铆a que una resoluci贸n dictada en un Estado acordando el decomiso de una serie de bienes, fuera reconocida y ejecutada por un Tribunal del Estado en el que se encontrasen los bienes afectados. 脡sta ha sido hasta hoy la 煤ltima decisi贸n marco sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales transpuesta en nuestro pa铆s, a trav茅s de la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de resoluciones judiciales de decomiso y la Ley Org谩nica 3/2010, de 10 de marzo, de modificaci贸n de la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y complementaria de la anterior.
En el a帽o 2008 fueron varias las decisiones marco sobre reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales adoptadas en materia penal. En primer lugar se aprob贸 la Decisi贸n Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecuci贸n en la Uni贸n Europea. 脡sta permite que una resoluci贸n condenatoria por la que se impone a una persona f铆sica una pena o medida privativa de libertad sea ejecutada en otro Estado miembro cuando ello contribuya a facilitar la reinserci贸n del condenado. Junto a ella, se adopt贸 tambi茅n la Decisi贸n Marco 2008/947/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas, que permite transmitir a otro Estado miembro distinto del de la condena la responsabilidad de vigilar el cumplimiento por el condenado de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas previamente impuestas en el primero. Por 煤ltimo, en el 2008 ver铆a la luz la Decisi贸n Marco 2008/978/JAI, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal, que consiste en una resoluci贸n judicial emitida por la autoridad competente de un Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos de otro Estado miembro para su uso en un proceso penal.
En 2009 se aprob贸 en este 谩mbito la primera Decisi贸n Marco modificativa de otras anteriores, la Decisi贸n Marco 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a ra铆z de juicios celebrados sin comparecencia del imputado. Entre estas normas se encuentra tambi茅n la Decisi贸n Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicaci贸n, entre Estados miembros de la Uni贸n Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustituci贸n de la prisi贸n provisional, que permite supervisar a las autoridades judiciales de un Estado miembro aquellas resoluciones adoptadas en un proceso penal celebrado en otro Estado miembro por las que se imponga a una persona f铆sica una o m谩s medidas de vigilancia de la libertad provisional.
Finalmente, como consecuencia de los cambios que introdujo el Tratado de Lisboa en la estructura de la Uni贸n Europea y en sus instrumentos normativos, el 13 de diciembre de 2011 se aprob贸 la primera directiva en este 谩mbito. Se trata de la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protecci贸n, que tambi茅n se incorpora a esta Ley, y que tiene por objeto extender la protecci贸n que a trav茅s de las medidas pertinentes haya impuesto la autoridad competente de un Estado miembro para proteger a una persona contra posibles actos delictivos de otra, al territorio del Estado miembro al que se desplace esa persona para residir o permanecer durante un determinado per铆odo de tiempo.
Ante esta prol铆fica tarea normativa de las instituciones de la Uni贸n Europea, los Estados miembros tienen la obligaci贸n de afrontar una intensa labor legislativa para incorporar a sus ordenamientos las disposiciones aprobadas hasta el momento. En Espa帽a, adem谩s, si la t茅cnica normativa empleada hasta ahora en la transposici贸n de las cuatro primeras decisiones marco no variase, ello implicar铆a una enorme producci贸n normativa, no s贸lo por las m煤ltiples leyes que habr铆an de adoptarse, sino tambi茅n por las consiguientes leyes org谩nicas complementarias que someter铆an a constantes modificaciones a la Ley Org谩nica del Poder Judicial.
Por ello, se ha decidido modificar la t茅cnica normativa empleada hasta ahora en la incorporaci贸n de estas normas europeas, persiguiendo tanto garantizar una mejor transposici贸n, como reducir la dispersi贸n normativa y la complejidad de un ordenamiento que, a la postre, tiene que permitir a los distintos operadores jur铆dicos su tarea de aplicar el Derecho en un 谩mbito ya de por s铆 complejo y nuevo.
De este modo, la presente Ley da por amortizada la t茅cnica de la incorporaci贸n individual de cada decisi贸n marco o directiva europea en una ley ordinaria y su correspondiente ley org谩nica complementaria, y se presenta como un texto conjunto en el que se re煤nen todas las decisiones marco y la directiva aprobadas hasta hoy en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones penales. Incluye tanto las ya transpuestas a nuestro Derecho como las que est谩n pendientes, evitando la se帽alada dispersi贸n normativa y facilitando su conocimiento y manejo por los profesionales del Derecho. Adem谩s, se articula a trav茅s de un esquema en el que tiene f谩cil cabida la incorporaci贸n de las futuras directivas que puedan ir adopt谩ndose en esta materia.
Esta Ley va acompa帽ada adem谩s de una Ley Org谩nica por la que se modifica la Ley Org谩nica del Poder Judicial, que evita las continuas reformas a las que 茅sta tendr铆a que verse sometida si la tarea de transposici贸n se realizase de manera individualizada.
III
La Ley parte de un breve t铆tulo preliminar, para estructurarse a continuaci贸n en una serie de t铆tulos. El primero de estos t铆tulos contiene el r茅gimen tanto de la transmisi贸n como del reconocimiento de las resoluciones penales en la Uni贸n Europea, incluyendo normas de aplicaci贸n a los distintos instrumentos, pero tambi茅n de 谩mbito m谩s reducido en relaci贸n con s贸lo uno o varios de estos instrumentos. De esta forma, en cada caso concreto, los aplicadores est谩n llamados a seguir tanto estas normas generales que aseguran la coherencia del conjunto, como las disposiciones espec铆ficas de cada uno de esos instrumentos.
Los t铆tulos siguientes regulan cada uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo, siguiendo un esquema id茅ntico en el que se distinguen unas normas comunes, otras destinadas a indicar a la autoridad judicial competente en cada caso c贸mo transmitir a otros Estados de la Uni贸n Europea una resoluci贸n de reconocimiento mutuo y, por fin, otras que establecen las reglas de ejecuci贸n en Espa帽a de las resoluciones que transmitan las autoridades competentes de los dem谩s Estados miembros. La parte final de la Ley contiene tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposici贸n derogatoria, cuatro disposiciones finales y trece anexos. Estos 煤ltimos incorporan los formularios o los certificados que habr谩n de emplear las autoridades judiciales espa帽olas para la transmisi贸n de las resoluciones judiciales o para realizar aquellas notificaciones exigidas por la Ley.
IV
El T铆tulo preliminar contiene las disposiciones b谩sicas que conforman el r茅gimen jur铆dico del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea. La Ley enumera cu谩les son esas resoluciones judiciales que luego regula, establece el respeto a los derechos y libertades fundamentales como criterio principal de actuaci贸n, la aplicaci贸n supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia, as铆 como qu茅 ha de entenderse por Estado de emisi贸n y de ejecuci贸n. No se olvida la Ley de la necesidad de conocer la din谩mica de estas formas de cooperaci贸n judicial mediante su reflejo en datos estad铆sticos.
V
El T铆tulo I contiene las normas generales de la transmisi贸n y del reconocimiento y ejecuci贸n de los instrumentos de reconocimiento mutuo en la Uni贸n Europea. Se hace aqu铆 un esfuerzo de identificaci贸n de los elementos comunes que se encuentran en las diferentes normas de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal. Estas disposiciones han venido a generalizar reglas que las decisiones marco de la Uni贸n Europea hab铆an recogido con formulaciones dispares y cuya incorporaci贸n acr铆tica habr铆a generado diferencias carentes de justificaci贸n, complicando al mismo tiempo la aplicaci贸n de esta Ley.
De esta forma, en este T铆tulo se reconocen las caracter铆sticas b谩sicas del nuevo sistema de cooperaci贸n judicial basado en el reconocimiento mutuo. Sus art铆culos contienen las reglas comunes que rigen tanto la transmisi贸n de las 贸rdenes europeas y resoluciones judiciales a otros Estados miembros, como su ejecuci贸n en Espa帽a, los motivos generales de denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n, y las normas sobre recursos, gastos e indemnizaciones y reembolsos, entre otras.
La competencia tanto para la transmisi贸n como para la ejecuci贸n de los distintos instrumentos de reconocimiento mutuo se distribuye entre los Jueces y Tribunales y el Ministerio Fiscal. La ley generaliza la audiencia previa al Fiscal cuando sea un Juez o Tribunal el que est茅 conociendo de alguno de los referidos instrumentos.
Especial relevancia tiene el listado de categor铆as delictivas a las que no ser谩 de aplicaci贸n el principio de doble tipificaci贸n, en el que se expresa el compromiso b谩sico de los pa铆ses de la Uni贸n Europea de renunciar a la exigencia del control de la doble incriminaci贸n para una serie de infracciones. De este modo, aquellas resoluciones judiciales dictadas en otros Estados miembros y transmitidas a Espa帽a para su reconocimiento y ejecuci贸n, no estar谩n sujetos al control de la doble tipificaci贸n por el Juez o Tribunal espa帽ol, en la medida en que se refieran a alguno de los delitos enumerados y siempre que se cumplan las condiciones exigidas para cada tipo de resoluci贸n judicial. Como consecuencia de la actuaci贸n del principio de reconocimiento mutuo la decisi贸n de la autoridad competente de reconocer y ejecutar la orden europea acordada por la autoridad judicial extranjera es casi autom谩tica sin necesidad de verificar su conformidad con su ordenamiento jur铆dico interno, y se limitan los supuestos de denegaci贸n de la ejecuci贸n de la decisi贸n trasmitida a causas tasadas y estrictamente previstas en esta Ley.
Estas normas generales ponen de manifiesto la peculiaridad del reconocimiento mutuo derivada de la relaci贸n directa entre autoridades judiciales de los diferentes Estados. Una caracter铆stica cuya puesta en pr谩ctica requiere la comunicaci贸n inmediata de las distintas decisiones que se adopten en cada caso y las consultas previas en muchos supuestos en tanto que permitir谩n a las autoridades competentes valorar la conveniencia o no de recurrir a estos instrumentos.
La importancia de estos preceptos de aplicaci贸n al conjunto de instrumentos de reconocimiento mutuo se pone de manifiesto por su contenido, que comprende cuestiones como las notificaciones, traducciones, r茅gimen de recursos, supuestos comunes de suspensi贸n o de denegaci贸n de la ejecuci贸n de una resoluci贸n transmitida en nuestro pa铆s, entre otros.
VI
El T铆tulo II es el primero que se dedica ya a un instrumento en concreto, que es la orden europea de detenci贸n y entrega, cuyas normas no s贸lo siguen lo que hasta ahora ha regulado la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detenci贸n y entrega, sino que tambi茅n se ha llevado a cabo su puesta al d铆a, en atenci贸n a la experiencia ya acumulada en esta materia. Ello ha supuesto el reforzamiento de las garant铆as jur铆dicas, en especial con la introducci贸n del criterio de la proporcionalidad, algunas mejoras de t茅cnica normativa y otras modificaciones que persiguen mejorar la aplicaci贸n pr谩ctica de la norma. Se perfecciona as铆 este procedimiento que permite a cualquier autoridad judicial espa帽ola solicitar la entrega de una persona a otro Estado miembro para el seguimiento de actuaciones penales o para el cumplimiento de una condena impuesta, as铆 como proceder a la entrega cuando haya recibido una orden europea de detenci贸n y entrega procedente de la autoridad judicial de otro Estado miembro.
VII
El T铆tulo III tiene por objeto las resoluciones para el cumplimiento de penas o medidas privativas de libertad. A trav茅s de estos preceptos se incorpora una decisi贸n marco no transpuesta hasta ahora, que permite que una resoluci贸n condenatoria dictada en un Estado miembro sea ejecutada en otro Estado miembro, con el fin de facilitar as铆 la reinserci贸n social del condenado. Las autoridades judiciales espa帽olas, por tanto, podr谩n transmitir sentencias condenatorias a otros Estados, cuando en ellas se impongan penas o medidas privativas de libertad y se cumplan las condiciones se帽aladas por la ley, debiendo ejecutar asimismo aqu茅llas que del mismo modo les hayan sido transmitidas.
VIII
Por su parte, el T铆tulo IV contiene las normas de la llamada resoluci贸n de libertad vigilada, que establecen el r茅gimen de la transmisi贸n y ejecuci贸n de resoluciones adoptadas en el marco de medidas consecutivas a la condena. Este t铆tulo contiene tanto el procedimiento por el que las autoridades judiciales espa帽olas pueden transmitir una resoluci贸n por la que se imponga una medida de libertad vigilada o una pena sustitutiva, como el procedimiento de ejecuci贸n de dichas resoluciones en Espa帽a cuando hayan sido dictadas en otros Estados miembros. El reconocimiento mutuo de estas resoluciones tiene por objeto incrementar las posibilidades de reinserci贸n social del condenado al permitirle mantener sus lazos familiares, ling眉铆sticos y culturales, as铆 como mejorar el control del cumplimiento de las medidas de libertad vigilada y de las penas sustitutivas con objeto de evitar la reincidencia, teniendo en cuenta el principio de la protecci贸n de las v铆ctimas.
IX
El T铆tulo V es el dedicado a la resoluci贸n sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional, que permite que un Estado distinto al que impuso la medida de vigilancia pueda supervisar su cumplimiento cuando as铆 le sea solicitado y siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos. De este modo, se consigue una mejor ordenaci贸n de la actuaci贸n de los Estados en este 谩mbito penal y se evita que un residente en un Estado miembro se vea sacado de su entorno como consecuencia de la comisi贸n de una infracci贸n penal durante el tiempo que transcurra hasta la celebraci贸n del juicio. Con ello tambi茅n se logra una mayor seguridad p煤blica al permitir que persona sometida a actuaciones penales en un Estado miembro distinto al de su residencia sea vigilada por las autoridades de este 煤ltimo en espera de la celebraci贸n del juicio, evitando acudir a institutos m谩s represivos como la prisi贸n provisional o m谩s inseguros como la libertad provisional no vigilada.
X
El T铆tulo VI regula la transmisi贸n y ejecuci贸n en otro Estado miembro de una orden europea de protecci贸n. Esta orden es una resoluci贸n penal que puede adoptar la autoridad competente de cualquier Estado miembro en relaci贸n con una medida de protecci贸n previamente adoptada en ese Estado, por la que se faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de las v铆ctimas o posibles v铆ctimas de delitos que se encuentren en peligro, cuando se hayan desplazado a su territorio. Esta regulaci贸n permite que las medidas de protecci贸n adoptadas a favor de una v铆ctima, la acompa帽en en cualquier lugar de la Uni贸n Europea al que se desplace, ocasional o permanentemente. El causante de este peligro tambi茅n tendr谩 que enfrentarse con las consecuencias del incumplimiento de esta orden europea.
Las medidas que se prev茅n se caracterizar铆an por su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de protecci贸n de la v铆ctima en cada momento, lo que supone que tambi茅n la autoridad competente pueda acordar su pr贸rroga, revisi贸n, modificaci贸n o revocaci贸n. De esta forma, se garantiza que las medidas de protecci贸n dictadas en cualquier Estado miembro a favor de una persona que se vea amenazada, sean efectivas en todo el territorio de la Uni贸n.
XI
El T铆tulo VII establece el r茅gimen de reconocimiento de la resoluci贸n de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas, en el que se incluyen, con algunas modificaciones, las disposiciones de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Uni贸n Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en los procesos penales. Mediante este mecanismo se transmitir谩n por las autoridades judiciales espa帽olas las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas acordadas en procedimientos penales a otros Estados miembros en los que puedan encontrarse los objetos, datos o documentos objeto de la medida. Igualmente se determina la forma en la que las autoridades judiciales espa帽olas van a reconocer y cumplir tales resoluciones cuando provengan de una autoridad judicial de otro Estado miembro. Es importante destacar c贸mo el concepto de medida de aseguramiento aplicada a este instrumento comprende las medidas que afectan a aquellos bienes del procesado que sean suficientes para cubrir su responsabilidad pecuniaria. Las exigencias del reconocimiento mutuo llevan a comprender en este instrumento una amplia gama de diligencias aseguratorias del cuerpo del delito, tales como su recogida, bloqueo, conservaci贸n, intervenci贸n, incautaci贸n o puesta en dep贸sito judicial. Todo ello con las debidas garant铆as que protegen los derechos que asisten a las partes y a los terceros interesados de buena fe.
XII
El T铆tulo VIII se destina a prever el r茅gimen de la resoluci贸n de decomiso e incorpora, con algunas adaptaciones, el contenido presente en la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de resoluciones judiciales de decomiso. De este modo, regula el procedimiento a trav茅s del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales espa帽olas, aquellas sentencias firmes por las que se imponga un decomiso, a otros Estados miembros de la Uni贸n Europea, y establece el modo en el que las autoridades judiciales espa帽olas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando le sean transmitidas por otro Estado miembro. Ya es sabida la incidencia que las normas de la Uni贸n Europea han tenido en esta materia a la hora de precisar el concepto de decomiso, que alcanza a bienes que provienen de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada durante un per铆odo anterior a la condena, o cuando se tenga constancia de que el valor de la propiedad es desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona condenada y una autoridad judicial nacional, bas谩ndose en hechos concretos, est茅 plenamente convencida de su procedencia delictiva. En cambio, quedan fuera de esta ley los supuestos de restituci贸n de bienes a sus leg铆timos propietarios.
La Ley tambi茅n incorpora las novedades mediante las cuales se tratan de remediar los problemas derivados de las dudas de localizaci贸n de los bienes objeto de decomiso, y ante los cuales se permite que una autoridad judicial transmita su resoluci贸n simult谩neamente a varios Estados miembros de la Uni贸n Europea. Una previsi贸n que, a su vez, obliga a que haya una mayor comunicaci贸n entre las autoridades judiciales para evitar excesos de ejecuci贸n.
XIII
El T铆tulo IX tiene por objeto regular la resoluci贸n por la que se exige el pago de una sanci贸n pecuniaria, incorporando con leves modificaciones el contenido de la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. Estas normas determinan el procedimiento a trav茅s del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales espa帽olas, aquellas resoluciones firmes por las que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria a una persona f铆sica o jur铆dica como consecuencia de la comisi贸n de una infracci贸n penal, a otros Estados miembros de la Uni贸n Europea en los que esa persona posea propiedades, obtenga ingresos o tenga su residencia habitual. Igualmente, se regula el procedimiento mediante el cual las autoridades judiciales espa帽olas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando les sean transmitidas por otro Estado miembro y el condenado tenga esas propiedades, ingresos o residencia en nuestro pa铆s.
Se ha de aclarar que el concepto de sanci贸n pecuniaria de este instrumento no se refiere solamente a aquella cantidad de dinero exigida en concepto de multa impuesta como consecuencia de la comisi贸n de una infracci贸n, sino tambi茅n a la impuesta en la misma resoluci贸n en concepto de costas judiciales, como compensaci贸n en beneficio de las v铆ctimas o destinada a un fondo p煤blico u organizaci贸n de apoyo a las v铆ctimas. Adem谩s, las sanciones impuestas pueden derivar de la comisi贸n de una infracci贸n de car谩cter penal o administrativa, en los t茅rminos que se regulan.
XIV
El 煤ltimo t铆tulo, el X, regula el exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas que incorpora una nueva decisi贸n marco al regular las normas sobre la transmisi贸n y ejecuci贸n de aquella resoluci贸n que las autoridades espa帽olas pueden enviar o recibir de otro Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos para su uso en un proceso penal. El exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas podr谩 referirse tambi茅n a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni贸n Europea por la comisi贸n de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisi贸n pueda dar lugar a un proceso ante un 贸rgano jurisdiccional en el orden penal. No as铆 en el caso de las infracciones administrativas cometidas en Espa帽a, pues en nuestro derecho las autoridades administrativas competentes no se encuentran en la situaci贸n prevista en la norma europea, ya que sus resoluciones son recurribles en v铆a contencioso-administrativa y no en v铆a penal; lo que ha impedido su inclusi贸n dentro de este mecanismo de cooperaci贸n. Destacar que la intervenci贸n siempre del Juez o Fiscal espa帽ol en la ejecuci贸n de esta resoluci贸n cuando sea transmitida por otro Estado permite prescindir del requisito de la validaci贸n por parte de esa autoridad de emisi贸n, pues el Juez o el Fiscal ya valoran la proporcionalidad de la medida solicitada y si comporta limitaci贸n de derechos fundamentales.
XV
Se ha de hacer una menci贸n a los anexos que cierran la Ley y en los que se contienen los modelos de los formularios y los certificados a trav茅s de los cuales se efect煤an las comunicaciones entre autoridades judiciales en la Uni贸n Europea. Se trata de formularios y certificados id茅nticos en todos los pa铆ses, por lo que son perfectamente comprensibles a partir del modelo traducido a cada lengua, dotando a esa relaci贸n de mayor agilidad y seguridad jur铆dica.
XVI
En definitiva, la presente Ley se configura como un instrumento integrador que, adem谩s de dar cumplimiento a las obligaciones normativas europeas, responde al compromiso de mejora de la cooperaci贸n judicial penal en la Uni贸n Europea y la lucha contra la criminalidad, garantizando la seguridad y los derechos de los ciudadanos como fin irrenunciable del Estado.
T脥TULO PRELIMINAR-R茅gimen general del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea
Art铆culo 1. Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea
En aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Uni贸n Europea, las autoridades judiciales espa帽olas que dicten una orden o resoluci贸n incluida dentro de la regulaci贸n de esta Ley, podr谩n transmitirla a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecuci贸n.
En aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, las autoridades judiciales espa帽olas competentes reconocer谩n y ejecutar谩n en Espa帽a dentro del plazo previsto, las 贸rdenes europeas y resoluciones penales previstas en esta Ley cuando hayan sido transmitidas correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro y no concurra ning煤n motivo tasado de denegaci贸n del reconocimiento o la ejecuci贸n.
Art铆culo 2. Instrumentos de reconocimiento mutuo
1. Se entiende por instrumento de reconocimiento mutuo aquella orden europea o resoluci贸n emitida por la autoridad competente de un Estado miembro de la Uni贸n Europea que se transmite a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecuci贸n en el mismo.
2. Los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados en esta Ley son los siguientes:
a) La orden europea de detenci贸n y entrega.
b) La resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
c) La resoluci贸n de libertad vigilada.
d) La resoluci贸n sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional.
e) La orden europea de protecci贸n.
f) La resoluci贸n de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
g) La resoluci贸n de decomiso.
h) La resoluci贸n por la que se imponen sanciones pecuniarias.
i) La orden europea de investigaci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificada letra i) del apartado 2 del art铆culo 2
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. Se entiende por instrumento de reconocimiento mutuo aquella orden europea o resoluci贸n emitida por la autoridad competente de un Estado miembro de la Uni贸n Europea que se transmite a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecuci贸n en el mismo.
2. Los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados en esta Ley son los siguientes:
a) La orden europea de detenci贸n y entrega.
b) La resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
c) La resoluci贸n de libertad vigilada.
d) La resoluci贸n sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional.
e) La orden europea de protecci贸n.
f) La resoluci贸n de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
g) La resoluci贸n de decomiso.
h) La resoluci贸n por la que se imponen sanciones pecuniarias.
i) El exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas.
Art铆culo 3. Respeto a los derechos y libertades fundamentales
La presente Ley se aplicar谩 respetando los derechos y libertades fundamentales y los principios recogidos en la Constituci贸n Espa帽ola, en el art铆culo 6 del Tratado de la Uni贸n Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea, y en el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950.
Art铆culo 4. R茅gimen jur铆dico
1. El reconocimiento y la ejecuci贸n de los instrumentos de reconocimiento mutuo que se enumeran en el art铆culo 2, se regir谩n por lo dispuesto en esta Ley, en las normas de la Uni贸n Europea y en los convenios internacionales vigentes en los que Espa帽a sea parte. En defecto de disposiciones espec铆ficas, ser谩 de aplicaci贸n el r茅gimen jur铆dico previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. Las disposiciones del T铆tulo I se aplicar谩n sin perjuicio de las normas espec铆ficas correspondientes a cada instrumento de reconocimiento mutuo previstas en los restantes t铆tulos de esta Ley.
3. La interpretaci贸n de las normas contenidas en esta Ley se realizar谩 de conformidad con las normas de la Uni贸n Europea reguladoras de cada uno de los instrumentos de reconocimiento mutuo.
Art铆culo 5. Estado de emisi贸n y Estado de ejecuci贸n
Se entiende por:
a) Estado de emisi贸n: el Estado miembro de la Uni贸n Europea en el que la autoridad competente ha dictado una orden o resoluci贸n de las reguladas en esta Ley al objeto de que sea reconocida y ejecutada en otro Estado miembro.
b) Estado de ejecuci贸n: el Estado miembro de la Uni贸n Europea al que se ha transmitido una orden o resoluci贸n dictada por la autoridad judicial competente de otro Estado miembro, para su reconocimiento y ejecuci贸n.
Art铆culo 6. Deber de informaci贸n al Ministerio de Justicia. Autoridad Central
1. Los Jueces o Tribunales que transmitan o ejecuten los instrumentos de reconocimiento mutuo previstos en esta Ley lo reflejar谩n en los boletines estad铆sticos trimestrales y lo remitir谩n al Ministerio de Justicia.
2. La Fiscal铆a General del Estado remitir谩 semestralmente al Ministerio de Justicia un listado de los instrumentos de reconocimiento mutuo emitidos o ejecutados por representantes del Ministerio P煤blico.
3. El Ministerio de Justicia ser谩 la Autoridad Central a la que corresponde la funci贸n de auxilio a las autoridades judiciales.
T脥TULO I-R茅gimen general de la transmisi贸n, el reconocimiento y la ejecuci贸n de los instrumentos de reconocimiento mutuo en la Uni贸n Europea
CAP脥TULO I-Transmisi贸n por las autoridades judiciales espa帽olas de instrumentos de reconocimiento mutuo
Art铆culo 7. Emisi贸n y documentaci贸n de 贸rdenes y resoluciones para su ejecuci贸n al amparo del principio de reconocimiento mutuo
1. Cuando la eficacia de una resoluci贸n penal espa帽ola requiera la pr谩ctica de actuaciones procesales en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, trat谩ndose de alg煤n instrumento de reconocimiento mutuo regulado en esta Ley, la autoridad judicial espa帽ola competente la documentar谩 en el formulario o certificado obligatorio, que transmitir谩 a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecuci贸n.
El testimonio de la resoluci贸n penal en la que se basa el certificado se remitir谩 obligatoriamente junto con 茅ste, salvo que se trate de una orden europea de detenci贸n y entrega, una orden europea de protecci贸n o una orden europea de investigaci贸n, que se documentar谩n exclusivamente a trav茅s del formulario correspondiente.
El original de la resoluci贸n o del certificado ser谩 remitido 煤nicamente cuando as铆 lo solicite la autoridad de ejecuci贸n.
2. El certificado o el formulario ir谩n firmados por la autoridad judicial competente para dictar la resoluci贸n que se documenta.
3. El certificado o el formulario se traducir谩n a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro al que se dirija o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado, salvo que disposiciones convencionales permitan, en relaci贸n con ese Estado, su remisi贸n en espa帽ol.
La resoluci贸n penal s贸lo ser谩 objeto de traducci贸n cuando as铆 se requiera por la autoridad judicial de ejecuci贸n. El coste de la traducci贸n ser谩 asumido por el Estado de ejecuci贸n que la reclama, con la excepci贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad regulada en el T铆tulo III.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado art铆culo 7
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. Cuando la eficacia de una resoluci贸n penal espa帽ola requiera la pr谩ctica de actuaciones procesales en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, trat谩ndose de alg煤n instrumento de reconocimiento mutuo regulado en esta Ley, la autoridad judicial espa帽ola competente la documentar谩 en el formulario o certificado obligatorio, que transmitir谩 a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecuci贸n.
El testimonio de la resoluci贸n penal en la que se basa el certificado se remitir谩 obligatoriamente junto con 茅ste, salvo que se trate de una orden europea de detenci贸n y entrega, un exhorto europeo de obtenci贸n de prueba o de una orden europea de protecci贸n, que se documentar谩n exclusivamente a trav茅s del formulario correspondiente.
El original de la resoluci贸n o del certificado ser谩 remitido 煤nicamente cuando as铆 lo solicite la autoridad de ejecuci贸n.
2. El certificado o el formulario ir谩n firmados por la autoridad judicial competente para dictar la resoluci贸n que se documenta.
3. El certificado o el formulario se traducir谩n a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro al que se dirija o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado, salvo que disposiciones convencionales permitan, en relaci贸n con ese Estado, su remisi贸n en espa帽ol.
La resoluci贸n penal s贸lo ser谩 objeto de traducci贸n cuando as铆 se requiera por la autoridad judicial de ejecuci贸n.
Art铆culo 8. Transmisi贸n de 贸rdenes y resoluciones para su ejecuci贸n al amparo del principio de reconocimiento mutuo
1. La transmisi贸n de los instrumentos de reconocimiento mutuo, as铆 como cualquier otra notificaci贸n practicada con arreglo a esta Ley, se har谩 directamente a la autoridad judicial competente del Estado de ejecuci贸n, a trav茅s de cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan acreditar su autenticidad.
Cualquier dificultad que surja en relaci贸n con la transmisi贸n o la autenticidad de alg煤n documento necesario para la ejecuci贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo se solventar谩 mediante comunicaci贸n directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando proceda en relaci贸n con una orden europea de detenci贸n y entrega o una orden europea de investigaci贸n, con la participaci贸n de las autoridades centrales de los Estados miembros.
2. Cuando no se conozca la autoridad judicial de ejecuci贸n competente, se solicitar谩 la informaci贸n correspondiente por todos los medios necesarios, incluidos los puntos de contacto espa帽oles de la Red Judicial Europea (RJE) y dem谩s redes de cooperaci贸n existentes.
3. Los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados en esta Ley podr谩n transmitirse a la autoridad judicial competente, recab谩ndose la colaboraci贸n del Miembro Nacional de Espa帽a en Eurojust cuando proceda, de conformidad con las normas reguladoras del mismo.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 8
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. La transmisi贸n de los instrumentos de reconocimiento mutuo, as铆 como cualquier otra notificaci贸n practicada con arreglo a esta Ley, se har谩 directamente a la autoridad judicial competente del Estado de ejecuci贸n, a trav茅s de cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan acreditar su autenticidad.
Cualquier dificultad que surja en relaci贸n con la transmisi贸n o la autenticidad de alg煤n documento necesario para la ejecuci贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo se solventar谩 mediante comunicaci贸n directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando proceda en relaci贸n con una orden europea de detenci贸n y entrega o un exhorto europeo de obtenci贸n de prueba, con la participaci贸n de las autoridades centrales de los Estados miembros.
2. Cuando no se conozca la autoridad judicial de ejecuci贸n competente, se solicitar谩 la informaci贸n correspondiente por todos los medios necesarios, incluidos los puntos de contacto espa帽oles de la Red Judicial Europea (RJE) y dem谩s redes de cooperaci贸n existentes.
3. Los instrumentos de reconocimiento mutuo regulados en esta Ley podr谩n transmitirse a la autoridad judicial competente, recab谩ndose la colaboraci贸n del Miembro Nacional de Espa帽a en Eurojust cuando proceda, de conformidad con las normas reguladoras del mismo.
Art铆culo 9. Informaci贸n obligatoria a Eurojust en relaci贸n con los instrumentos de reconocimiento mutuo
La obligaci贸n de transmisi贸n de informaci贸n y la petici贸n de asistencia a Eurojust derivada del uso de instrumentos de reconocimiento mutuo se regir谩n por lo establecido en la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Espa帽a en Eurojust, los conflictos de jurisdicci贸n, las redes judiciales de cooperaci贸n internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, as铆 como su normativa de desarrollo.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado art铆culo 9
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. Cuando un instrumento de reconocimiento mutuo afecte directamente, al menos, a tres Estados miembros y se hayan transmitido, al menos, a dos Estados miembros solicitudes o decisiones de cooperaci贸n judicial, deber谩 informarse a Eurojust en los t茅rminos que establezca su normativa.
2. La autoridad judicial que conozca del procedimiento podr谩 acordar que la informaci贸n vaya acompa帽ada de una petici贸n de asistencia de Eurojust.
Art铆culo 10. Descripci贸n del delito y de la pena
La autoridad judicial que emita el formulario o el certificado en el que se documenta la resoluci贸n judicial cuya ejecuci贸n se transmite a otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, especificar谩 si el delito objeto de la resoluci贸n judicial se incardina en alguna de las categor铆as que eximen del control de doble tipificaci贸n de la conducta en el Estado de ejecuci贸n, de acuerdo con el art铆culo 20, y si la pena prevista para el delito es, en abstracto, al menos de tres a帽os de privaci贸n de libertad.
Art铆culo 11. P茅rdida sobrevenida del car谩cter ejecutorio de la resoluci贸n cuya ejecuci贸n ha sido transmitida
La autoridad judicial espa帽ola de emisi贸n informar谩 inmediatamente a la autoridad encargada de la ejecuci贸n, de la adopci贸n de cualquier resoluci贸n o medida que tenga por objeto dejar sin efecto el car谩cter ejecutorio de la orden o resoluci贸n cuya ejecuci贸n ha sido transmitida previamente, solicitando la devoluci贸n del formulario o del certificado.
Art铆culo 12. Tr谩nsito por otro Estado miembro del reclamado por la autoridad judicial espa帽ola
Cuando a la autoridad judicial espa帽ola de emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega, de una resoluci贸n por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad, o de una orden europea de investigaci贸n, le conste que resulta necesario el tr谩nsito del reclamado por un Estado miembro distinto del Estado de ejecuci贸n, instar谩 al Ministerio de Justicia para que solicite la autorizaci贸n, remitiendo copia de la resoluci贸n judicial y del certificado emitido, traducido 茅ste a una de las lenguas que acepte el Estado de tr谩nsito.
El Ministerio de Justicia pedir谩 informaci贸n al Estado de tr谩nsito sobre si puede garantizar que el condenado no ser谩 perseguido, detenido ni sometido a ninguna otra restricci贸n de su libertad individual en su territorio, por hechos o condenas anteriores. En su caso, el Ministerio de Justicia, a petici贸n de la autoridad judicial de emisi贸n, podr谩 retirar la solicitud.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del art铆culo 12
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Cuando a la autoridad judicial espa帽ola de emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega o de una resoluci贸n por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad le conste que resulta necesario el tr谩nsito del reclamado por un Estado miembro distinto del Estado de ejecuci贸n, instar谩 al Ministerio de Justicia para que solicite la autorizaci贸n, remitiendo copia de la resoluci贸n judicial y del certificado emitido, traducido 茅ste a una de las lenguas que acepte el Estado de tr谩nsito.
El Ministerio de Justicia pedir谩 informaci贸n al Estado de tr谩nsito sobre si puede garantizar que el condenado no ser谩 perseguido, detenido ni sometido a ninguna otra restricci贸n de su libertad individual en su territorio, por hechos o condenas anteriores. En su caso, el Ministerio de Justicia, a petici贸n de la autoridad judicial de emisi贸n, podr谩 retirar la solicitud.
Art铆culo 13. Recursos contra las resoluciones de transmisi贸n de instrumentos de reconocimiento mutuo
1. Contra las resoluciones por las que se acuerde la transmisi贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo podr谩n interponerse los recursos previstos en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol, que se tramitar谩n y resolver谩n exclusivamente por la autoridad judicial espa帽ola competente conforme a la legislaci贸n espa帽ola.
2. En caso de estimaci贸n de un recurso, la autoridad judicial espa帽ola lo comunicar谩 inmediatamente a la autoridad que est茅 conociendo de la ejecuci贸n.
3. En caso de concesi贸n de indulto que afecte a la resoluci贸n recurrida, la autoridad judicial espa帽ola lo comunicar谩 inmediatamente a la autoridad que est茅 conociendo de la ejecuci贸n.
La concesi贸n del indulto no podr谩 alcanzar, en ning煤n caso, al concepto de costas o gastos administrativos generados en el proceso ni tampoco a la compensaci贸n otorgada en beneficio de la v铆ctima.
4. No cabr谩 recurso alguno contra la decisi贸n de transmisi贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo acordada por el Ministerio Fiscal en sus diligencias de investigaci贸n, sin perjuicio de su valoraci贸n posteriormente en el correspondiente procedimiento penal, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Art铆culo 14. Gastos
El Estado espa帽ol financiar谩 los gastos ocasionados por la ejecuci贸n de una orden o resoluci贸n de reconocimiento mutuo transmitida a otro Estado miembro, salvo los ocasionados en el territorio del Estado de ejecuci贸n.
Si en la ejecuci贸n de una resoluci贸n judicial de decomiso o de una orden europea de investigaci贸n emitida por la autoridad competente espa帽ola, se recibiera comunicaci贸n del Estado de ejecuci贸n proponiendo un reparto de los gastos ocasionados, en el plazo de cinco d铆as desde la recepci贸n de esta comunicaci贸n se dirigir谩 oficio al Ministerio de Justicia espa帽ol a los efectos de que acepte o rechace total o parcialmente la propuesta del Estado de ejecuci贸n y llegue a un acuerdo sobre el reparto de los costes.
En caso de que no se llegara a un acuerdo, la autoridad espa帽ola de emisi贸n decidir谩 si retira total o parcialmente la orden europea de investigaci贸n, o la mantiene, sufragando en este 煤ltimo caso los costes que se consideren excepcionalmente elevados.
Sin perjuicio de lo anterior, se seguir谩n las siguientes reglas en los supuestos que se indican a continuaci贸n:
a) Si la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n por la autoridad espa帽ola implica el traslado temporal de detenidos a Espa帽a o al Estado de ejecuci贸n, con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci贸n, el Estado espa帽ol financiar谩 los gastos derivados del traslado y su retorno.
b) Si la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n por la autoridad espa帽ola implica la intervenci贸n de telecomunicaciones, el Estado espa帽ol financiar谩 los gastos derivados de la transcripci贸n, la descodificaci贸n y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado art铆culo 14
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
El Estado espa帽ol financiar谩 los gastos ocasionados por la ejecuci贸n de una orden o resoluci贸n de reconocimiento mutuo transmitida a otro Estado miembro, salvo los ocasionados en el territorio del Estado de ejecuci贸n.
Si en la ejecuci贸n de una resoluci贸n judicial de decomiso emitida por el Juez o Tribunal espa帽ol se recibiera comunicaci贸n del Estado de ejecuci贸n proponiendo un reparto de los gastos ocasionados, el Secretario judicial, en el plazo de cinco d铆as desde la recepci贸n de esta comunicaci贸n, dirigir谩 oficio al Ministerio de Justicia espa帽ol a los efectos de que acepte o rechace la propuesta del Estado de ejecuci贸n y llegue a un acuerdo sobre el reparto de los costes.
Art铆culo 15. Indemnizaciones y reembolsos
Salvo que esta Ley disponga otra cosa, el Estado espa帽ol 煤nicamente reembolsar谩 al Estado de ejecuci贸n las cantidades abonadas por 茅ste en concepto de indemnizaci贸n de da帽os y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n remitida, siempre y cuando no se debieran exclusivamente a la actividad de dicho Estado.
CAP脥TULO II-Reconocimiento y ejecuci贸n por las autoridades judiciales espa帽olas de instrumentos de reconocimiento mutuo
SECCI脫N 1.陋-Disposiciones generales
Art铆culo 16. Reconocimiento y ejecuci贸n inmediata
1. Las autoridades judiciales espa帽olas competentes reconocer谩n y ejecutar谩n sin m谩s tr谩mites que los establecidos en esta Ley, en el plazo estipulado en ella para cada caso, la orden o resoluci贸n cuya ejecuci贸n ha sido transmitida por una autoridad judicial de otro Estado miembro.
2. La resoluci贸n que declare que la autoridad judicial que ha recibido la orden o resoluci贸n carece de competencia para ejecutarla deber谩 acordar tambi茅n su remisi贸n inmediata a la autoridad judicial que entienda competente, notificando dicha resoluci贸n al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial del Estado de emisi贸n.
3. La resoluci贸n que declare la denegaci贸n del reconocimiento o de la ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n judicial transmitida para su ejecuci贸n en Espa帽a deber谩 acordar tambi茅n su devoluci贸n inmediata y directa a la autoridad judicial de emisi贸n cuando el auto sea firme.
Art铆culo 17. Traducci贸n del certificado
1. Cuando el formulario o el certificado no venga traducido al espa帽ol, se devolver谩 inmediatamente a la autoridad judicial del Estado emisor que lo hubiera firmado para que lleve a cabo la traducci贸n correspondiente, salvo que un convenio en vigor con dicho Estado o una declaraci贸n depositada ante la Secretar铆a General del Consejo de la Uni贸n Europea permitan el env铆o en esa otra lengua.
2. No ser谩 obligatorio que la resoluci贸n judicial en que se basa el certificado se reciba traducida al espa帽ol, sin perjuicio de que la autoridad judicial solicite su traducci贸n cuando lo considere imprescindible para su ejecuci贸n.
Art铆culo 18. Pr谩ctica de las comunicaciones
1. Las autoridades judiciales espa帽olas admitir谩n el env铆o que se efect煤e mediante correo certificado o medios inform谩ticos o telem谩ticos si los documentos est谩n firmados electr贸nicamente y permiten verificar su autenticidad. Se admitir谩n tambi茅n las comunicaciones efectuadas por fax y, a continuaci贸n, se requerir谩 el env铆o de la documentaci贸n original a la autoridad judicial emisora, siendo la recepci贸n de la misma la que determinar谩 el inicio del c贸mputo de los plazos previstos en esta Ley.
2. Las comunicaciones a la autoridad de emisi贸n que deban hacerse en virtud de lo establecido en esta Ley por parte de la autoridad judicial espa帽ola ser谩n directas y se podr谩n cursar en espa帽ol mediante correo certificado, medios electr贸nicos fehacientes o fax, sin perjuicio de remitir a la autoridad extranjera el oportuno testimonio si 茅sta lo requiriese.
Art铆culo 19. Subsanaci贸n del certificado
1. En los casos de insuficiencia del formulario o del certificado, cuando 茅ste falte o no se corresponda manifiestamente con la resoluci贸n judicial cuya ejecuci贸n es transmitida, la autoridad judicial lo comunicar谩 a la autoridad de emisi贸n fijando un plazo para que el certificado se presente de nuevo, se complete o se modifique.
2. Cuando se trate de una resoluci贸n de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas, la autoridad judicial podr谩 adoptar, tras o铆r al Ministerio Fiscal por el plazo de tres d铆as, y en este mismo plazo, alguna de las siguientes decisiones:
a) Fijar un plazo para que el certificado se presente de nuevo o se complete o modifique.
b) Aceptar un documento equivalente de la autoridad competente del Estado de emisi贸n que complete la informaci贸n necesaria.
c) Dispensar a la autoridad judicial de emisi贸n de presentarlo si considera suficiente la informaci贸n suministrada.
3. En los casos en que, siendo obligatoria su transmisi贸n, falte la resoluci贸n judicial cuya ejecuci贸n ha sido solicitada, la autoridad judicial acordar谩 un plazo para su remisi贸n por la autoridad judicial de emisi贸n.
Art铆culo 20. Ausencia de control de la doble tipificaci贸n y sus excepciones
1. Cuando una orden o resoluci贸n dictada en otro Estado miembro sea transmitida a Espa帽a para su reconocimiento y ejecuci贸n, estos instrumentos no estar谩n sujetos al control de la doble tipificaci贸n por el Juez o Tribunal espa帽ol, en la medida en que se refiera a alguno de los delitos enumerados a continuaci贸n y se cumplan las condiciones exigidas por la Ley para cada tipo de instrumento de reconocimiento mutuo.
Los delitos son los siguientes:
Pertenencia a una organizaci贸n delictiva.
Terrorismo.
Trata de seres humanos.
Explotaci贸n sexual de menores y pornograf铆a infantil.
Tr谩fico il铆cito de drogas y sustancias psicotr贸picas.
Tr谩fico il铆cito de armas, municiones y explosivos.
Corrupci贸n.
Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
Blanqueo de los productos del delito.
Falsificaci贸n de moneda.
Delitos inform谩ticos.
Delitos contra el medio ambiente, incluido el tr谩fico il铆cito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas.
Ayuda a la entrada y residencia en situaci贸n ilegal.
Homicidio voluntario y agresi贸n con lesiones graves.
Tr谩fico il铆cito de 贸rganos y tejidos humanos.
Secuestro, detenci贸n ilegal y toma de rehenes.
Racismo y xenofobia.
Robos organizados o a mano armada.
Tr谩fico il铆cito de bienes culturales, incluidas las antig眉edades y las obras de arte.
Estafa.
Chantaje y extorsi贸n de fondos.
Violaci贸n de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificaci贸n de mercanc铆as.
Falsificaci贸n de documentos administrativos y tr谩fico de documentos falsos.
Falsificaci贸n de medios de pago.
Tr谩fico il铆cito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento.
Tr谩fico il铆cito de materias nucleares o radiactivas.
Tr谩fico de veh铆culos robados.
Violaci贸n.
Incendio provocado.
Delitos incluidos en la jurisdicci贸n de la Corte Penal Internacional.
Secuestro de aeronaves y buques.
Sabotaje.
2. Para el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales que impongan sanciones pecuniarias, adem谩s de las se帽aladas en el apartado anterior, no estar谩n sometidas al principio de doble tipificaci贸n aquellas resoluciones judiciales que castiguen hechos enjuiciados como alguno de los siguientes delitos o infracciones:
Conducta contraria a la legislaci贸n de tr谩fico, incluidas las infracciones a la legislaci贸n de conducci贸n y de descanso y a las normas reguladoras de transporte de mercanc铆as peligrosas.
Contrabando de mercanc铆as.
Infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Amenazas y actos de violencia contra las personas, incluida la violencia durante los acontecimientos deportivos.
Vandalismo.
Robo.
Infracciones establecidas por el Estado de emisi贸n en virtud de normas comunitarias.
3. El reconocimiento mutuo y ejecuci贸n de las 贸rdenes europeas de protecci贸n se efectuar谩 siempre con control de la doble tipificaci贸n.
4. Cuando la orden o resoluci贸n judicial que se reciba castigue un hecho tipificado como un delito distinto de los previstos en este art铆culo, su reconocimiento y ejecuci贸n podr谩n supeditarse al cumplimiento del requisito de la doble tipificaci贸n, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la Ley para cada instrumento de reconocimiento mutuo.
No obstante lo anterior, cuando la orden o resoluci贸n se haya impuesto por una infracci贸n penal en materia tributaria, aduanera o de control de cambios, no podr谩 denegarse la ejecuci贸n de la resoluci贸n si el fundamento fuere que la legislaci贸n espa帽ola no establece el mismo tributo o no contiene la misma regulaci贸n en materia tributaria, aduanera y de control de cambios que la legislaci贸n del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 21. Normas aplicables a la ejecuci贸n
1. La ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n que haya sido transmitida por otro Estado miembro se regir谩 por el Derecho espa帽ol y se llevar谩 a cabo del mismo modo que si hubiera sido dictada por una autoridad judicial espa帽ola.
No obstante lo anterior, la autoridad judicial espa帽ola competente observar谩 las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial del Estado de emisi贸n siempre que esas formalidades y procedimientos no sean contrarios a los principios fundamentales del ordenamiento jur铆dico espa帽ol.
2. La ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n se ajustar谩 a los t茅rminos de la misma, no pudiendo hacerse extensiva a personas, bienes o documentos no comprendidos en ella, sin perjuicio de lo dispuesto para la orden europea de investigaci贸n, con la participaci贸n de las autoridades centrales de los Estados miembros.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 21
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. La ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n que haya sido transmitida por otro Estado miembro se regir谩 por el Derecho espa帽ol y se llevar谩 a cabo del mismo modo que si hubiera sido dictada por una autoridad judicial espa帽ola.
No obstante lo anterior, la autoridad judicial espa帽ola competente observar谩 las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad judicial del Estado de emisi贸n siempre que esas formalidades y procedimientos no sean contrarios a los principios fundamentales del ordenamiento jur铆dico espa帽ol.
2. La ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n se ajustar谩 a los t茅rminos de la misma, no pudiendo hacerse extensiva a personas, bienes o documentos no comprendidos en ella, sin perjuicio de lo dispuesto para el exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas.
Art铆culo 22. Notificaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n. Audiencia
1. Cuando el afectado tenga su domicilio o residencia en Espa帽a y salvo que el procedimiento extranjero se hubiera declarado secreto o su notificaci贸n frustrara la finalidad perseguida, se le notificar谩n las 贸rdenes o resoluciones judiciales extranjeras cuya ejecuci贸n se haya solicitado.
La pr谩ctica de esta notificaci贸n supondr谩 el reconocimiento del derecho a intervenir en el proceso, si lo tuviere por conveniente, person谩ndose con abogado y procurador.
2. La autoridad judicial espa帽ola informar谩 a la autoridad judicial competente del Estado de emisi贸n y al Ministerio Fiscal, sin dilaci贸n, de la resoluci贸n de reconocimiento o denegaci贸n de la orden o resoluci贸n transmitida o de cualquier incidencia que pueda afectar a su ejecuci贸n, en especial en los casos de imposibilidad de la misma sin que se puedan ejecutar medidas alternativas no previstas en el Derecho espa帽ol.
3. El ejercicio del derecho de audiencia del imputado a lo largo del procedimiento podr谩 llevarse a cabo a trav茅s de la aplicaci贸n de los instrumentos de Derecho internacional o de la Uni贸n Europea que prevean la posibilidad de realizar audiencias mediante tel茅fono o videoconferencia.
Art铆culo 23. Suspensi贸n de la ejecuci贸n de la resoluci贸n
1. La ejecuci贸n ser谩 suspendida por alguna de las causas previstas legalmente y cuando la autoridad judicial de emisi贸n comunique a la autoridad espa帽ola de ejecuci贸n la p茅rdida sobrevenida del car谩cter ejecutorio de la orden o resoluci贸n judicial transmitida.
2. La autoridad judicial espa帽ola comunicar谩 inmediatamente a la autoridad judicial del Estado de emisi贸n la suspensi贸n de la ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n judicial recibida, los motivos de la suspensi贸n y, si es posible, la duraci贸n de la misma.
3. Tan pronto como desaparezcan los motivos de suspensi贸n, la autoridad judicial espa帽ola tomar谩 de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la orden o resoluci贸n judicial, e informar谩 de ello a la autoridad judicial competente del Estado de emisi贸n.
4. Si la causa de suspensi贸n hiciera previsible que la misma no fuera alzada, se devolver谩 el formulario o certificado con todo lo actuado a la autoridad judicial de emisi贸n.
Art铆culo 24. Recursos
1. Contra las resoluciones dictadas por la autoridad judicial espa帽ola resolviendo acerca de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo se podr谩n interponer los recursos que procedan en cada caso conforme a las reglas generales previstas en la ley procesal vigente.
2. La autoridad judicial competente comunicar谩 a la autoridad judicial del Estado de emisi贸n tanto la interposici贸n de alg煤n recurso y sus motivos como la decisi贸n que recaiga sobre el mismo.
3. Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la orden o resoluci贸n s贸lo podr谩n ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisi贸n.
4. Contra las resoluciones del Ministerio Fiscal en ejecuci贸n de los instrumentos de reconocimiento mutuo no cabr谩 recurso, sin perjuicio de las posibles impugnaciones sobre el fondo ante la autoridad de emisi贸n y de su valoraci贸n posterior en el procedimiento penal que se siga en el Estado de emisi贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 24
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. Contra las resoluciones dictadas por la autoridad judicial espa帽ola resolviendo acerca de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo se podr谩n interponer los recursos que procedan conforme a las reglas generales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La interposici贸n del recurso podr谩 suspender la ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n cuando 茅sta pudiera crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de imposible o dif铆cil reparaci贸n, adopt谩ndose en todo caso las medidas cautelares que permitan asegurar la eficacia de la resoluci贸n.
2. La autoridad judicial competente comunicar谩 a la autoridad judicial del Estado de emisi贸n tanto la interposici贸n de alg煤n recurso y sus motivos como la decisi贸n que recaiga sobre el mismo.
3. Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la orden o resoluci贸n s贸lo podr谩n ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisi贸n.
4. Contra las resoluciones del Ministerio Fiscal en ejecuci贸n de los instrumentos de reconocimiento mutuo no cabr谩 recurso, sin perjuicio de las posibles impugnaciones sobre el fondo ante la autoridad de emisi贸n y de su valoraci贸n posterior en el procedimiento penal que se siga en el Estado de emisi贸n.
Art铆culo 25. Gastos
1. Los gastos ocasionados en territorio espa帽ol por la ejecuci贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo ser谩n a cargo del Estado espa帽ol. Los dem谩s gastos y, en concreto, los gastos de traslado de personas condenadas y los ocasionados exclusivamente en el territorio del Estado emisor, correr谩n a cargo de este 煤ltimo.
2. En ejecuci贸n de la resoluci贸n judicial de decomiso, si Espa帽a hubiera incurrido en gastos excepcionales, la autoridad judicial podr谩 poner de manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicaci贸n al Ministerio de Justicia espa帽ol a fin de que 茅ste, si as铆 lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisi贸n sobre un posible reparto de los gastos ocasionados y llegue al acuerdo que proceda.
3. En ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, si la autoridad competente espa帽ola estima que los costes de ejecuci贸n ser铆an excepcionalmente elevados, pondr谩 de manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicaci贸n al Ministerio de Justicia espa帽ol a fin de que 茅ste, si as铆 lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisi贸n sobre un posible reparto de los gastos ocasionados, o bien la modificaci贸n de la orden europea de investigaci贸n en su caso, con el objeto de que no cubra dichos gastos el Estado espa帽ol sino el Estado de emisi贸n.
Sin perjuicio de lo anterior, se seguir谩n las siguientes reglas en los supuestos que se indica a continuaci贸n:
a) Si la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n por la autoridad competente de otro Estado miembro implica el traslado temporal de detenidos a Espa帽a, o bien al Estado de emisi贸n, con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci贸n, el Estado de emisi贸n financiar谩 los gastos derivados del traslado y su retorno.
b) Si la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n por la autoridad competente de otro Estado miembro implica la intervenci贸n de telecomunicaciones, el Estado de emisi贸n financiar谩 los gastos derivados de la transcripci贸n, la descodificaci贸n y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido apartado 3 del art铆culo 25
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. Los gastos ocasionados en territorio espa帽ol por la ejecuci贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo ser谩n a cargo del Estado espa帽ol. Los dem谩s gastos y, en concreto, los gastos de traslado de personas condenadas y los ocasionados exclusivamente en el territorio del Estado emisor, correr谩n a cargo de este 煤ltimo.
2. En ejecuci贸n de la resoluci贸n judicial de decomiso, si Espa帽a hubiera incurrido en gastos excepcionales, la autoridad judicial podr谩 poner de manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicaci贸n al Ministerio de Justicia espa帽ol a fin de que 茅ste, si as铆 lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisi贸n sobre un posible reparto de los gastos ocasionados y llegue al acuerdo que proceda.
Art铆culo 26. Indemnizaciones y reembolsos
El Ministerio de Justicia reclamar谩 al Estado de emisi贸n el reembolso de las cantidades que, de acuerdo con la legislaci贸n espa帽ola, haya tenido que abonar en concepto de indemnizaci贸n de da帽os y perjuicios causados a terceros, siempre y cuando 茅stos no sean responsabilidad exclusivamente de Espa帽a por el funcionamiento anormal de la Administraci贸n de Justicia o por error judicial.
Art铆culo 27. Tr谩nsito de personas por territorio espa帽ol en ejecuci贸n de una orden europea o resoluci贸n judicial transmitida por otro Estado miembro
1. El Ministerio de Justicia ser谩 competente para autorizar el tr谩nsito por territorio espa帽ol de una persona que est茅 siendo trasladada al Estado de emisi贸n desde el Estado de ejecuci贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega, de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad o de una orden europea de investigaci贸n, siempre que aqu茅l le remita la solicitud de tr谩nsito acompa帽ada de una copia del certificado emitido para la ejecuci贸n de la resoluci贸n.
El Ministerio de Justicia podr谩 solicitar al Estado de emisi贸n que le remita una copia del formulario o del certificado traducida al espa帽ol.
2. El Ministerio de Justicia informar谩 al Estado de emisi贸n si no puede garantizar que el condenado no ser谩 perseguido, detenido ni sometido a ninguna otra restricci贸n de su libertad individual en Espa帽a, por hechos o condenas anteriores a su salida del Estado de ejecuci贸n.
3. El Ministerio de Justicia comunicar谩 su decisi贸n a la autoridad competente del Estado de emisi贸n en el plazo m谩ximo de una semana desde la recepci贸n de la solicitud, salvo en el caso en que hubiera pedido la traducci贸n del formulario o certificado, en cuyo caso podr谩 aplazar la decisi贸n hasta que reciba la traducci贸n.
En ning煤n caso podr谩 prolongarse la detenci贸n de la persona m谩s all谩 del tiempo estrictamente necesario para la ejecuci贸n del tr谩nsito.
4. No se requerir谩 solicitud de tr谩nsito en los supuestos de tr谩nsito a茅reo sin escalas, salvo en caso de aterrizaje forzoso, en cuyo caso el Ministerio de Justicia dar谩 su autorizaci贸n en el plazo de 72 horas.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado apartado 1 del art铆culo 27
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. El Ministerio de Justicia ser谩 competente para autorizar el tr谩nsito por territorio espa帽ol de una persona que est茅 siendo trasladada desde el Estado de ejecuci贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega o de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad al Estado de emisi贸n, siempre que aqu茅l le remita la solicitud de tr谩nsito acompa帽ada de una copia del certificado emitido para la ejecuci贸n de la resoluci贸n.
El Ministerio de Justicia podr谩 solicitar al Estado de emisi贸n que le remita una copia del formulario o del certificado traducida al espa帽ol.
2. El Ministerio de Justicia informar谩 al Estado de emisi贸n si no puede garantizar que el condenado no ser谩 perseguido, detenido ni sometido a ninguna otra restricci贸n de su libertad individual en Espa帽a, por hechos o condenas anteriores a su salida del Estado de ejecuci贸n.
3. El Ministerio de Justicia comunicar谩 su decisi贸n a la autoridad competente del Estado de emisi贸n en el plazo m谩ximo de una semana desde la recepci贸n de la solicitud, salvo en el caso en que hubiera pedido la traducci贸n del formulario o certificado, en cuyo caso podr谩 aplazar la decisi贸n hasta que reciba la traducci贸n.
En ning煤n caso podr谩 prolongarse la detenci贸n de la persona m谩s all谩 del tiempo estrictamente necesario para la ejecuci贸n del tr谩nsito.
4. No se requerir谩 solicitud de tr谩nsito en los supuestos de tr谩nsito a茅reo sin escalas, salvo en caso de aterrizaje forzoso, en cuyo caso el Ministerio de Justicia dar谩 su autorizaci贸n en el plazo de 72 horas.
Art铆culo 28. Tr谩nsito del reclamado por un tercer Estado miembro en una ejecuci贸n acordada por la autoridad espa帽ola
Cuando fuere necesario el tr谩nsito del reclamado en virtud de una orden europea de detenci贸n y entrega o de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por un tercer Estado miembro, la autoridad judicial de ejecuci贸n espa帽ola lo pondr谩 en conocimiento de la autoridad judicial de emisi贸n extranjera, para que sea dicha autoridad la que recabe la pertinente autorizaci贸n a las autoridades del Estado de tr谩nsito.
SECCI脫N 2.陋-Denegaci贸n del reconocimiento o de la ejecuci贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo
Art铆culo 29. Denegaci贸n del reconocimiento o ejecuci贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo
脷nicamente podr谩 denegarse, de manera motivada, el reconocimiento o la ejecuci贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo que haya sido transmitido correctamente por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Uni贸n Europea cuando concurra alguno de los motivos tasados previstos en esta Ley.
Art铆culo 30. Petici贸n de informaci贸n complementaria
En los casos en que pueda concurrir una causa de denegaci贸n del reconocimiento o la ejecuci贸n que as铆 lo justifique o un defecto subsanable en la emisi贸n o transmisi贸n, la autoridad judicial competente podr谩 solicitar informaci贸n complementaria a la autoridad del Estado de emisi贸n, fijando un plazo en el que dicha informaci贸n debe ser remitida.
Art铆culo 31. Petici贸n de levantamiento de inmunidades
1. Cuando, en relaci贸n con el objeto del instrumento de reconocimiento mutuo, exista inmunidad de jurisdicci贸n o de ejecuci贸n en Espa帽a, la autoridad judicial espa帽ola de ejecuci贸n solicitar谩 sin demora el levantamiento de dicho privilegio si hacerlo fuera competencia de una autoridad espa帽ola. Si el levantamiento compete a otro Estado o a una organizaci贸n internacional, corresponder谩 hacer la solicitud a la autoridad judicial que haya emitido la orden o resoluci贸n cuya ejecuci贸n se pretende, a cuyo efecto la autoridad judicial espa帽ola de ejecuci贸n comunicar谩 a la de emisi贸n dicha circunstancia.
2. En tanto se resuelve sobre la solicitud de retirada de la inmunidad a la que se refiere el apartado anterior, la autoridad judicial espa帽ola de ejecuci贸n adoptar谩, en su caso, las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la efectiva ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n una vez levantada la inmunidad.
3. Cuando haya sido informada la autoridad judicial espa帽ola de ejecuci贸n de la retirada de la inmunidad, comenzar谩n a computarse los plazos previstos en esta Ley para la ejecuci贸n de que se trate.
Art铆culo 32. Motivos generales para la denegaci贸n del reconocimiento o la ejecuci贸n de las medidas solicitadas
1. Las autoridades judiciales espa帽olas no reconocer谩n ni ejecutar谩n las 贸rdenes o resoluciones transmitidas en los supuestos regulados para cada instrumento de reconocimiento mutuo y, con car谩cter general, en los siguientes casos:
a) Cuando se haya dictado en Espa帽a o en otro Estado distinto al de emisi贸n una resoluci贸n firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecuci贸n vulnerase el principio non bis in 铆dem en los t茅rminos previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que Espa帽a sea parte y aun cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.
b) Cuando la orden o resoluci贸n se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades espa帽olas y, de haberse dictado la condena por un 贸rgano jurisdiccional espa帽ol, el delito o la sanci贸n impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho espa帽ol.
c) Cuando el formulario o el certificado que ha de acompa帽ar a la solicitud de adopci贸n de las medidas est茅 incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la medida, o cuando falte el certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 19.
d) Cuando exista una inmunidad que impida la ejecuci贸n de la resoluci贸n.
2. La autoridad judicial espa帽ola tambi茅n podr谩 denegar el reconocimiento y la ejecuci贸n de una resoluci贸n cuando 茅sta se haya impuesto por una infracci贸n distinta de las reguladas en el apartado 1 del art铆culo 20 que no se encuentre tipificada en el Derecho espa帽ol, o en el apartado 2 del mismo art铆culo cuando tampoco est茅 tipificada en Espa帽a y se trate de una resoluci贸n por la que se imponen sanciones pecuniarias.
3. La autoridad judicial espa帽ola podr谩 denegar el reconocimiento y la ejecuci贸n de una orden o resoluci贸n cuando se refiera a hechos que el Derecho espa帽ol considere cometidos en su totalidad o en una parte importante o fundamental en territorio espa帽ol. En este supuesto se deber谩 deducir testimonio y remitirse al 贸rgano judicial competente para el conocimiento del asunto.
4. Las decisiones de denegaci贸n del reconocimiento o la ejecuci贸n de las medidas deber谩n adoptarse sin dilaci贸n y de forma motivada y se notificar谩n inmediatamente a las autoridades judiciales de emisi贸n y al Ministerio Fiscal.
5. Los motivos de no reconocimiento o no ejecuci贸n enumerados en la letra c) del apartado 1 y en el apartado 3 de este art铆culo no ser谩n de aplicaci贸n en relaci贸n con las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificados apartados 1 y 3 del art铆culo 32
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. Las autoridades judiciales espa帽olas no reconocer谩n ni ejecutar谩n las 贸rdenes o resoluciones transmitidas en los supuestos regulados para cada instrumento de reconocimiento mutuo y, con car谩cter general, en los siguientes casos:
a) Cuando se haya dictado en Espa帽a o en otro Estado distinto al de emisi贸n una resoluci贸n firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecuci贸n vulnerase el principio non bis in idem en los t茅rminos previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que Espa帽a sea parte y a煤n cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.
b) Cuando la orden o resoluci贸n se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades espa帽olas y, de haberse dictado la condena por un 贸rgano jurisdiccional espa帽ol, la sanci贸n impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho espa帽ol.
c) Cuando el formulario o el certificado que ha de acompa帽ar a la solicitud de adopci贸n de las medidas est茅 incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la medida, o cuando falte el certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 19.
d) Cuando exista una inmunidad que impida la ejecuci贸n de la resoluci贸n.
2. La autoridad judicial espa帽ola tambi茅n podr谩 denegar el reconocimiento y la ejecuci贸n de una resoluci贸n cuando 茅sta se haya impuesto por una infracci贸n distinta de las reguladas en el apartado 1 del art铆culo 20 que no se encuentre tipificada en el Derecho espa帽ol, o en el apartado 2 del mismo art铆culo cuando tampoco est茅 tipificada en Espa帽a y se trate de una resoluci贸n por la que se imponen sanciones pecuniarias.
3. La autoridad judicial espa帽ola podr谩 denegar el reconocimiento y la ejecuci贸n de una orden o resoluci贸n cuando se refiera a hechos que el Derecho espa帽ol considere cometidos en su totalidad o en una parte importante o fundamental en territorio espa帽ol.
4. Las decisiones de denegaci贸n del reconocimiento o la ejecuci贸n de las medidas deber谩n adoptarse sin dilaci贸n y de forma motivada y se notificar谩n inmediatamente a las autoridades judiciales de emisi贸n y al Ministerio Fiscal.
5. Los motivos de no reconocimiento o no ejecuci贸n enumerados en la letra c) del apartado 1 y en el apartado 3 de este art铆culo no ser谩n de aplicaci贸n en relaci贸n con las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
Art铆culo 33. Resoluciones dictadas en ausencia del imputado
1. La autoridad judicial espa帽ola denegar谩 tambi茅n la ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n que le hubiere sido transmitida cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resoluci贸n, a menos que en la misma conste, de acuerdo con los dem谩s requisitos previstos en la legislaci贸n procesal del Estado de emisi贸n, alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que, con la suficiente antelaci贸n, el imputado fue citado en persona e informado de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva esa resoluci贸n, o recibi贸 dicha informaci贸n oficial por otros medios que dejen constancia de su efectivo conocimiento y que, adem谩s, fue informado de que podr铆a dictarse una resoluci贸n en caso de incomparecencia.
b) Que, teniendo conocimiento de la fecha y el lugar previstos para el juicio, el imputado design贸 abogado para su defensa en el juicio y fue efectivamente defendido por 茅ste en el juicio celebrado.
c) Que, tras serle notificada la resoluci贸n y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que en ese nuevo proceso, en el que tendr铆a derecho a comparecer, se dictase una resoluci贸n contraria a la inicial, el imputado declar贸 expresamente que no impugnaba la resoluci贸n, o no solicit贸 la apertura de un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo previsto para ello.
2. Este precepto no ser谩 de aplicaci贸n a las resoluciones que soliciten la realizaci贸n de un embargo preventivo de bienes o un aseguramiento de pruebas, a la orden europea de investigaci贸n ni a las resoluciones por las que se imponen medidas alternativas a la prisi贸n provisional.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado apartado 2 del art铆culo 33
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. La autoridad judicial espa帽ola denegar谩 tambi茅n la ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n que le hubiere sido transmitida cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resoluci贸n, a menos que en la misma conste, de acuerdo con los dem谩s requisitos previstos en la legislaci贸n procesal del Estado de emisi贸n, alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que, con la suficiente antelaci贸n, el imputado fue citado en persona e informado de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva esa resoluci贸n, o recibi贸 dicha informaci贸n oficial por otros medios que dejen constancia de su efectivo conocimiento y que, adem谩s, fue informado de que podr铆a dictarse una resoluci贸n en caso de incomparecencia.
b) Que, teniendo conocimiento de la fecha y el lugar previstos para el juicio, el imputado design贸 abogado para su defensa en el juicio y fue efectivamente defendido por 茅ste en el juicio celebrado.
c) Que, tras serle notificada la resoluci贸n y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que en ese nuevo proceso, en el que tendr铆a derecho a comparecer, se dictase una resoluci贸n contraria a la inicial, el imputado declar贸 expresamente que no impugnaba la resoluci贸n, o no solicit贸 la apertura de un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo previsto para ello.
2. Este precepto no ser谩 de aplicaci贸n a las resoluciones que soliciten la realizaci贸n de un embargo preventivo de bienes o un aseguramiento de pruebas, al exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas, ni a las resoluciones por las que se imponen medidas alternativas a la prisi贸n provisional.
T脥TULO II-Orden europea de detenci贸n y entrega
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 34. Orden europea de detenci贸n y entrega
La orden europea de detenci贸n y entrega es una resoluci贸n judicial dictada en un Estado miembro de la Uni贸n Europea con vistas a la detenci贸n y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecuci贸n de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad o medida de internamiento en centro de menores.
Art铆culo 35. Autoridades competentes en Espa帽a para emitir y ejecutar una orden europea de detenci贸n y entrega
1. Son autoridades judiciales competentes para emitir una orden europea de detenci贸n y entrega el Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de 贸rdenes.
2. La autoridad judicial competente para ejecutar una orden europea de detenci贸n ser谩 el Juez Central de Instrucci贸n de la Audiencia Nacional. Cuando la orden se refiera a un menor la competencia corresponder谩 al Juez Central de Menores.
Art铆culo 36. Contenido de la orden europea de detenci贸n y entrega
La orden europea de detenci贸n y entrega se documentar谩 en el formulario que figura en el anexo I, con menci贸n expresa a la siguiente informaci贸n:
a) La identidad y nacionalidad de la persona reclamada.
b) El nombre, la direcci贸n, el n煤mero de tel茅fono y de fax y la direcci贸n de correo electr贸nico de la autoridad judicial de emisi贸n.
c) La indicaci贸n de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detenci贸n o de cualquier otra resoluci贸n judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en este T铆tulo.
d) La naturaleza y tipificaci贸n legal del delito.
e) Una descripci贸n de las circunstancias en que se cometi贸 el delito, incluidos el momento, el lugar y el grado de participaci贸n en el mismo de la persona reclamada.
f) La pena dictada, si hay una sentencia firme, o bien, la escala de penas que establece la legislaci贸n para ese delito.
g) Si es posible, otras consecuencias del delito.
CAP脥TULO II-Emisi贸n y transmisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega
Art铆culo 37. Objeto de la orden europea de detenci贸n y entrega
La autoridad judicial espa帽ola podr谩 dictar una orden europea de detenci贸n y entrega en los siguientes supuestos:
a) Con el fin de proceder al ejercicio de acciones penales, por aquellos hechos para los que la ley penal espa帽ola se帽ale una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duraci贸n m谩xima sea, al menos, de doce meses, o de una medida de internamiento en r茅gimen cerrado de un menor por el mismo plazo.
b) Con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una pena o una medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privaci贸n de libertad, o de una medida de internamiento en r茅gimen cerrado de un menor por el mismo plazo.
Art铆culo 38. Toma de declaraci贸n previa a la emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega
Con car谩cter previo a la emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega, el juez competente podr谩 solicitar autorizaci贸n al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con el fin de tomarle declaraci贸n a trav茅s de una solicitud de auxilio judicial.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado art铆culo 38
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Con car谩cter previo a la emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega, el Juez competente podr谩 solicitar autorizaci贸n al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con el fin de tomarle declaraci贸n a trav茅s de una solicitud de auxilio judicial al amparo del Convenio de Asistencia Judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Uni贸n Europea, de 29 de mayo de 2000.
Art铆culo 39. Requisitos para la emisi贸n en Espa帽a de una orden europea de detenci贸n y entrega
1. La autoridad judicial espa帽ola podr谩 dictar una orden europea de detenci贸n y entrega para el ejercicio de acciones penales cuando, concurriendo los requisitos para ello previstos en esta Ley, concurran adem谩s los previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar el ingreso en prisi贸n preventiva del reclamado o los de la Ley Org谩nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para acordar el internamiento cautelar de un menor.
2. Asimismo, la autoridad judicial espa帽ola s贸lo podr谩 dictar una orden europea de detenci贸n y entrega para el cumplimiento de pena por el reclamado cuando, concurriendo los requisitos para ello previstos en esta Ley, no sea posible la sustituci贸n ni la suspensi贸n de la pena privativa de libertad a que haya sido condenado.
3. Con car谩cter previo a la emisi贸n, el Juez acordar谩 mediante providencia el traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusaci贸n particular para informe, que deber谩 evacuarse en el plazo de dos d铆as, salvo que razones de urgencia exijan hacerlo en un plazo m谩s breve. S贸lo si el Ministerio Fiscal o, en su caso, la acusaci贸n particular interesara la emisi贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega para el ejercicio de acciones penales, podr谩 acordarlo el Juez, por auto motivado.
4. Cuando la persona reclamada ejerza en el Estado de ejecuci贸n su derecho a designar abogado en Espa帽a para asistir al abogado en el Estado de ejecuci贸n, se garantizar谩 el ejercicio de este derecho y, en su caso, del derecho a la asistencia jur铆dica gratuita, en los t茅rminos que legalmente proceda conforme al Derecho espa帽ol. La petici贸n deber谩 tramitarse por la autoridad judicial espa帽ola con car谩cter inmediato y la designaci贸n de profesionales por el Colegio de Abogados tendr谩 car谩cter preferente y urgente.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido apartado 4 en el art铆culo 39
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. La autoridad judicial espa帽ola podr谩 dictar una orden europea de detenci贸n y entrega para el ejercicio de acciones penales cuando, concurriendo los requisitos para ello previstos en esta Ley, concurran adem谩s los previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar el ingreso en prisi贸n preventiva del reclamado o los de la Ley Org谩nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para acordar el internamiento cautelar de un menor.
2. Asimismo, la autoridad judicial espa帽ola s贸lo podr谩 dictar una orden europea de detenci贸n y entrega para el cumplimiento de pena por el reclamado cuando, concurriendo los requisitos para ello previstos en esta Ley, no sea posible la sustituci贸n ni la suspensi贸n de la pena privativa de libertad a que haya sido condenado.
3. Con car谩cter previo a la emisi贸n, el Juez acordar谩 mediante providencia el traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusaci贸n particular para informe, que deber谩 evacuarse en el plazo de dos d铆as, salvo que razones de urgencia exijan hacerlo en un plazo m谩s breve. S贸lo si el Ministerio Fiscal o, en su caso, la acusaci贸n particular interesara la emisi贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega para el ejercicio de acciones penales, podr谩 acordarlo el Juez, por auto motivado.
Art铆culo 40. Transmisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega
1. Cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial espa帽ola podr谩 comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecuci贸n la orden europea de detenci贸n y entrega.
2. En caso de no ser conocido dicho paradero, la autoridad judicial de emisi贸n espa帽ola podr谩 decidir introducir una descripci贸n de la persona reclamada en el Sistema de Informaci贸n Schengen.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 la autoridad judicial espa帽ola podr谩 decidir, en cualquier circunstancia, introducir una descripci贸n de la persona reclamada en el Sistema de Informaci贸n Schengen.
4. Las citadas descripciones se efectuar谩n de conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 95 del Convenio de Aplicaci贸n del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, relativo a la supresi贸n gradual de los controles en las fronteras comunes, de 19 de junio de 1990. Una descripci贸n en el Sistema de Informaci贸n Schengen, acompa帽ada de la informaci贸n que figura en el art铆culo 36, equivaldr谩 a todos los efectos a una orden europea de detenci贸n y entrega.
5. Si no es posible recurrir al Sistema de Informaci贸n Schengen, la autoridad judicial espa帽ola podr谩 recurrir a los servicios de Interpol para la comunicaci贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega.
6. La autoridad judicial espa帽ola remitir谩 una copia de las 贸rdenes europeas de detenci贸n y entrega enviadas al Ministerio de Justicia.
7. El Ministerio del Interior comunicar谩 al Ministerio de Justicia las detenciones y las entregas practicadas en ejecuci贸n de las 贸rdenes europeas de detenci贸n y entrega.
Art铆culo 41. Remisi贸n de informaci贸n complementaria
Con posterioridad a la transmisi贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega, la autoridad judicial espa帽ola de emisi贸n podr谩 remitir a la autoridad judicial de ejecuci贸n cuanta informaci贸n complementaria sea de utilidad para proceder a su ejecuci贸n, ya sea de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o, en su caso, de la acusaci贸n particular, as铆 como a instancia de la propia autoridad de ejecuci贸n que as铆 lo interese.
Art铆culo 42. Solicitud de entrega de objetos
Cuando la autoridad judicial espa帽ola emita una orden europea de detenci贸n y entrega podr谩 solicitar, cuando sea necesario, a las autoridades de ejecuci贸n que, de conformidad con su derecho interno, entreguen los objetos que constituyan medios de prueba o efectos del delito y que se adopten las medidas de aseguramiento pertinentes.
La descripci贸n de los objetos solicitados se har谩 constar en el Sistema de Informaci贸n Schengen.
Art铆culo 43. Solicitud de entregas temporales y de toma de declaraci贸n en el Estado de ejecuci贸n
1. La entrega temporal del reclamado s贸lo podr谩 solicitarse para el ejercicio de acciones penales contra 茅l, sin que sea posible para que el reclamado cumpla en Espa帽a una pena ya impuesta.
2. Se podr谩 solicitar la entrega temporal, incluso antes de que la autoridad de ejecuci贸n se haya pronunciado sobre la entrega definitiva, para llevar a cabo la pr谩ctica de diligencias penales o la celebraci贸n de la vista oral.
3. Con la misma finalidad, podr谩 solicitarse la entrega temporal si la autoridad de ejecuci贸n, tras haber acordado la entrega de la persona reclamada, decidiera suspender la misma por estar pendiente en el Estado de ejecuci贸n la celebraci贸n de juicio o el cumplimiento de una pena impuesta por un hecho distinto del que motivare la orden europea de detenci贸n y entrega.
Art铆culo 44. Respuesta en los casos de entrega condicionada
Si la autoridad de ejecuci贸n condicionara la entrega de su nacional o residente a que el mismo sea devuelto al Estado de ejecuci贸n para el cumplimiento de la pena o medida de seguridad privativa de libertad o de la medida de internamiento de un menor que pudieran pronunciarse contra 茅l en Espa帽a, cuando la autoridad judicial espa帽ola de emisi贸n fuese requerida para comprometerse en tal sentido, el Juez o Tribunal oir谩 a las partes personadas por tres d铆as y tras ello dictar谩 auto aceptando o no la condici贸n.
El auto que comprometiese a transmitir al otro Estado la ejecuci贸n de la pena o medida privativa de libertad ser谩 vinculante para todas las autoridades judiciales que, en su caso, resulten competentes en las fases ulteriores del procedimiento penal espa帽ol.
Art铆culo 45. Procedimiento cuando el reclamado es puesto a disposici贸n de la autoridad judicial espa帽ola de emisi贸n
1. Si la orden europea de detenci贸n y entrega se hubiera emitido para el ejercicio de acciones penales, cuando el reclamado sea puesto a disposici贸n de la autoridad judicial espa帽ola que emiti贸 la orden, se convocar谩 una comparecencia por 茅sta en los plazos y forma previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o, cuando proceda, en la Ley Org谩nica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a fin de resolver sobre la situaci贸n personal del detenido. La autoridad judicial espa帽ola deducir谩 del per铆odo m谩ximo de prisi贸n preventiva cualquier per铆odo de privaci贸n de libertad que haya sufrido el reclamado derivado de la ejecuci贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega.
2. Si la orden europea de detenci贸n y entrega se hubiera emitido para el cumplimiento de una pena privativa de libertad por el penado, cuando el reclamado sea puesto a disposici贸n de la autoridad judicial espa帽ola que emiti贸 la orden, 茅sta decretar谩 su ingreso en prisi贸n como penado a resultas de la causa que motiv贸 la emisi贸n de la orden europea. La autoridad judicial espa帽ola deducir谩 del per铆odo total de privaci贸n de libertad que haya de cumplirse en Espa帽a como consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad privativa de libertad, cualquier per铆odo de privaci贸n de libertad derivado de la ejecuci贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega.
Art铆culo 46. Comunicaci贸n de incidencias al Ministerio de Justicia
La autoridad judicial espa帽ola comunicar谩 al Ministerio de Justicia los incumplimientos de plazos en la entrega del detenido que fueran imputables al Estado de ejecuci贸n, as铆 como las denegaciones o dificultades reiteradas al reconocimiento y ejecuci贸n de las 贸rdenes europeas de detenci贸n y entrega emitidas por Espa帽a.
El Ministerio de Justicia comunicar谩 a Eurojust los supuestos de incumplimiento reiterado se帽alados en el p谩rrafo anterior en las ejecuciones de 贸rdenes europeas de detenci贸n y entrega emitidas por Espa帽a.
CAP脥TULO III-Ejecuci贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega
Art铆culo 47. Hechos que dan lugar a la entrega
1. Cuando la orden europea de detenci贸n y entrega hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a una de las categor铆as de delitos enumeradas en el apartado 1 del art铆culo 20 y dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisi贸n con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de internamiento en r茅gimen cerrado de un menor cuya duraci贸n m谩xima sea, al menos, de tres a帽os, se acordar谩 la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificaci贸n de los hechos.
2. En los restantes supuestos no contemplados en el apartado anterior, siempre que est茅n castigados en el Estado de emisi贸n con una pena o medida de seguridad privativa de libertad o con una medida de internamiento en r茅gimen cerrado de un menor cuya duraci贸n m谩xima sea, al menos, de doce meses o, cuando la reclamaci贸n tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privaci贸n de libertad, la entrega podr谩 supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisi贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega sean constitutivos de un delito conforme a la legislaci贸n espa帽ola, con independencia de los elementos constitutivos o la calificaci贸n del mismo.
Art铆culo 48. Denegaci贸n de la ejecuci贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega
1. La autoridad judicial de ejecuci贸n espa帽ola denegar谩 la ejecuci贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega, adem谩s de en los supuestos previstos en los art铆culos 32 y 33, en los casos siguientes:
a) Cuando la persona reclamada haya sido indultada en Espa帽a de la pena impuesta por los mismos hechos en que se funda la orden europea de detenci贸n y entrega y 茅ste fuera perseguible por la jurisdicci贸n espa帽ola.
b) Cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en Espa帽a por los mismos hechos.
c) Cuando sobre la persona que fuere objeto de la orden europea de detenci贸n y entrega haya reca铆do en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea una resoluci贸n definitiva por los mismos hechos que impida definitivamente el posterior ejercicio de diligencias penales.
d) Cuando la persona objeto de la orden europea de detenci贸n y entrega haya sido juzgada definitivamente por los mismos hechos en un tercer Estado no miembro de la Uni贸n Europea, siempre que, en caso de condena, la sanci贸n haya sido ejecutada o est茅 en esos momentos en curso de ejecuci贸n o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado de condena.
e) Cuando la persona que sea objeto de la orden europea de detenci贸n y entrega a煤n no pueda ser, por raz贸n de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo al Derecho espa帽ol.
2. La autoridad judicial de ejecuci贸n espa帽ola podr谩 denegar la ejecuci贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega en los casos siguientes:
a) Cuando la persona que fuere objeto de la orden europea de detenci贸n y entrega est茅 sometida a un procedimiento penal en Espa帽a por el mismo hecho que haya motivado la orden europea de detenci贸n y entrega.
b) Cuando la orden europea de detenci贸n y entrega se haya dictado a efectos de ejecuci贸n de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad espa帽ola o con residencia en Espa帽a, salvo que consienta en cumplir la misma en el Estado de emisi贸n. En otro caso, deber谩 cumplir la pena en Espa帽a.
c) Cuando la orden europea de detenci贸n y entrega se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho espa帽ol no permita la persecuci贸n de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificada letra b) del apartado 2 del art铆culo 48
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. La autoridad judicial de ejecuci贸n espa帽ola denegar谩 la ejecuci贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega, adem谩s de en los supuestos previstos en los art铆culos 32 y 33, en los casos siguientes:
a) Cuando la persona reclamada haya sido indultada en Espa帽a de la pena impuesta por los mismos hechos en que se funda la orden europea de detenci贸n y entrega y 茅ste fuera perseguible por la jurisdicci贸n espa帽ola.
b) Cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en Espa帽a por los mismos hechos.
c) Cuando sobre la persona que fuere objeto de la orden europea de detenci贸n y entrega haya reca铆do en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea una resoluci贸n definitiva por los mismos hechos que impida definitivamente el posterior ejercicio de diligencias penales.
d) Cuando la persona objeto de la orden europea de detenci贸n y entrega haya sido juzgada definitivamente por los mismos hechos en un tercer Estado no miembro de la Uni贸n Europea, siempre que, en caso de condena, la sanci贸n haya sido ejecutada o est茅 en esos momentos en curso de ejecuci贸n o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado de condena.
e) Cuando la persona que sea objeto de la orden europea de detenci贸n y entrega a煤n no pueda ser, por raz贸n de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo al Derecho espa帽ol.
2. La autoridad judicial de ejecuci贸n espa帽ola podr谩 denegar la ejecuci贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega en los casos siguientes:
a) Cuando la persona que fuere objeto de la orden europea de detenci贸n y entrega est茅 sometida a un procedimiento penal en Espa帽a por el mismo hecho que haya motivado la orden europea de detenci贸n y entrega.
b) Cuando la orden europea de detenci贸n y entrega se haya dictado a efectos de ejecuci贸n de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad espa帽ola, salvo que consienta en cumplir la misma en el Estado de emisi贸n. En otro caso, deber谩 cumplir la pena en Espa帽a.
c) Cuando la orden europea de detenci贸n y entrega se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho espa帽ol no permita la persecuci贸n de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.
Art铆culo 49. Denegaci贸n de la ejecuci贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega por haberse dictado en ausencia del imputado
1. Adem谩s de los casos previstos en el art铆culo 33, la autoridad judicial espa帽ola podr谩 denegar tambi茅n la ejecuci贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega cuando el imputado no haya comparecido en el juicio del que derive la resoluci贸n, a menos que en la orden europea de detenci贸n y entrega conste, de acuerdo con los dem谩s requisitos previstos en la legislaci贸n procesal del Estado de emisi贸n, que no se notific贸 personalmente al imputado la resoluci贸n pero se le notificar谩 sin demora tras la entrega, momento en el que ser谩 informado de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso, con indicaci贸n de los plazos previstos para ello, con la posibilidad de que de ese nuevo proceso en el que tendr铆a derecho a comparecer, derivase una resoluci贸n contraria a la inicial.
2. En caso de que una orden europea de detenci贸n y entrega se emita con el fin de ejecutar una pena privativa de libertad o una orden de detenci贸n con arreglo a las condiciones del apartado anterior y el interesado no haya recibido con anterioridad informaci贸n oficial sobre la existencia de una acci贸n penal contra 茅l, dicha persona, al ser informada del contenido de la orden europea de detenci贸n y entrega, podr谩 solicitar a efectos meramente informativos recibir una copia de la sentencia con car谩cter previo a su entrega.
La autoridad de emisi贸n, a trav茅s de la autoridad judicial espa帽ola, proporcionar谩 al interesado la copia de la sentencia con car谩cter inmediato, sin que la solicitud de la copia pueda en ning煤n caso demorar el procedimiento de entrega ni la decisi贸n de ejecutar la orden europea de detenci贸n y entrega.
3. En caso de que una persona sea entregada en las condiciones previstas en el apartado 1 de este art铆culo y haya solicitado un nuevo proceso o interpuesto un recurso, se revisar谩 su detenci贸n, ya sea peri贸dicamente o a solicitud del interesado, de acuerdo con la legislaci贸n del Estado de emisi贸n, a los efectos de determinar su posible suspensi贸n o interrupci贸n, hasta que las actuaciones hayan finalizado.
Art铆culo 50. Detenci贸n y puesta a disposici贸n de la autoridad judicial
1. La detenci贸n de una persona afectada por una orden europea de detenci贸n y entrega se practicar谩 en la forma y con los requisitos y garant铆as previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la legislaci贸n en materia de responsabilidad penal de menores.
2. En el plazo m谩ximo de setenta y dos horas tras su detenci贸n, la persona detenida ser谩 puesta a disposici贸n del Juez Central de Instrucci贸n de la Audiencia Nacional. En el caso de menores de edad, a partir de los catorce a帽os, el plazo se reducir谩 a veinticuatro horas, en el que el menor detenido ser谩 puesto a disposici贸n del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, conforme a la legislaci贸n en materia de responsabilidad penal de menores.
La puesta a disposici贸n judicial ser谩 comunicada a la autoridad judicial de emisi贸n.
3. Puesta la persona detenida a disposici贸n judicial, se le informar谩 de la existencia de la orden europea de detenci贸n y entrega, de su contenido, de su derecho a designar a un abogado en el Estado emisor de la orden europea cuya funci贸n consistir谩 en prestar asistencia al abogado en Espa帽a facilit谩ndole informaci贸n y asesoramiento, de la posibilidad de consentir en el tr谩mite de audiencia ante el juez y con car谩cter irrevocable su entrega al Estado emisor, as铆 como del resto de los derechos que le asisten. En el caso de que solicite designar a un abogado en el Estado emisor, se pondr谩 en conocimiento de su autoridad competente con car谩cter inmediato.
4. La persona detenida ser谩 informada por escrito de manera clara y suficiente, y en un lenguaje sencillo y comprensible, de su derecho a la renuncia al abogado en el Estado de emisi贸n, sobre el contenido de dicho derecho y sus consecuencias, as铆 como de la posibilidad de su revocaci贸n posterior. Dicha renuncia debe ser voluntaria e inequ铆voca, por escrito, y haciendo constar las circunstancias de la misma.
La renuncia al abogado en el Estado de emisi贸n podr谩 revocarse posteriormente en cualquier momento del proceso penal y surtir谩 efectos desde el momento en que se efect煤e.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado art铆culo 50
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. La detenci贸n de una persona afectada por una orden europea de detenci贸n y entrega se practicar谩 en la forma y con los requisitos y garant铆as previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. En el plazo m谩ximo de setenta y dos horas tras su detenci贸n, la persona detenida ser谩 puesta a disposici贸n del Juez Central de Instrucci贸n de la Audiencia Nacional. Esta circunstancia ser谩 comunicada a la autoridad judicial de emisi贸n.
3. Puesta la persona detenida a disposici贸n judicial, se le informar谩 de la existencia de la orden europea de detenci贸n y entrega, de su contenido, de la posibilidad de consentir en el tr谩mite de audiencia ante el Juez y con car谩cter irrevocable su entrega al Estado emisor, as铆 como del resto de los derechos que le asisten.
Art铆culo 51. Audiencia del detenido y decisi贸n sobre la entrega
1. La audiencia de la persona detenida se celebrar谩 en el plazo m谩ximo de setenta y dos horas desde la puesta a disposici贸n, con asistencia del Ministerio Fiscal, del abogado de la persona detenida y, en su caso, de int茅rprete, debiendo realizarse conforme a lo previsto para la declaraci贸n del detenido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, se garantizar谩 el derecho de defensa y, cuando legalmente proceda, la asistencia jur铆dica gratuita.
2. En primer lugar, se oir谩 a la persona detenida sobre la prestaci贸n de su consentimiento irrevocable a la entrega.
Si la persona detenida fuera espa帽ol o residente en Espa帽a, se le oir谩 tambi茅n sobre si solicita ser devuelta a Espa帽a para cumplir la pena o medida de seguridad privativa de libertad que pudiera pronunciar en su contra el Estado de emisi贸n.
3. Si la persona detenida consintiera en su entrega, se extender谩 acta comprensiva de este extremo, que ser谩 suscrita por la persona detenida, su abogado y, en su caso, el int茅rprete, as铆 como el Fiscal y el Juez. En la misma acta se har谩 constar la renuncia a acogerse al principio de especialidad, si se hubiere producido.
En todo caso, el Juez Central de Instrucci贸n comprobar谩 si el consentimiento a la entrega por parte de la persona detenida ha sido prestado libremente y con pleno conocimiento de sus consecuencias, en especial de su car谩cter irrevocable. De la misma forma proceder谩 respecto de la renuncia a acogerse al principio de especialidad.
4. Si la persona afectada hubiera consentido ser entregada al Estado de emisi贸n y el Juez Central de Instrucci贸n no advirtiera causas de denegaci贸n o condicionamiento de la entrega, acordar谩 mediante auto su entrega al Estado de emisi贸n. Contra este auto no cabr谩 recurso alguno.
5. Si no hubiere consentido, el Juez Central de Instrucci贸n convocar谩 a las partes para la celebraci贸n de vista, que deber谩 celebrarse en un plazo m谩ximo de tres d铆as y a la que asistir谩 el Ministerio Fiscal, la persona reclamada asistida de abogado y, si fuera necesario, de int茅rprete. En dicha vista podr谩n practicarse los medios de prueba admitidos relativos a la concurrencia de causas de denegaci贸n o condicionamiento de la entrega. El Juez Central de Instrucci贸n oir谩 a las partes sobre tales extremos y admitir谩 o denegar谩 la prueba propuesta para acreditar las causas alegadas.
6. Si la prueba no pudiera practicarse en el curso de la audiencia, el Juez fijar谩 plazo para su pr谩ctica, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos m谩ximos previstos en esta Ley.
7. Si la persona reclamada hubiese quedado en libertad provisional y no hubiera comparecido a la vista a pesar de estar debidamente citada en su comparecencia ante el Juez Central de Instrucci贸n, se celebrar谩 la misma en su ausencia y se resolver谩 lo que en derecho proceda.
8. El Juez Central de Instrucci贸n resolver谩 mediante auto que deber谩 dictarse en el plazo m谩ximo de diez d铆as tras la vista. Contra este auto podr谩 interponerse recurso de apelaci贸n directo ante la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en los t茅rminos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual tendr谩 car谩cter preferente.
Art铆culo 52. Decisi贸n sobre el traslado temporal o toma de declaraci贸n de la persona reclamada
1. Cuando la orden europea de detenci贸n y entrega emitida tenga por finalidad el ejercicio de acciones penales, si la autoridad judicial de emisi贸n lo solicita, el Juez Central de Instrucci贸n acordar谩, o铆do el Ministerio Fiscal por plazo de tres d铆as, que se tome declaraci贸n a la persona reclamada o que se la traslade temporalmente al Estado de emisi贸n.
2. La toma de declaraci贸n de la persona reclamada se llevar谩 a cabo por la autoridad judicial de emisi贸n que se traslade a Espa帽a, con la asistencia en su caso de la persona que designe de conformidad con el Derecho del Estado de emisi贸n, debiendo designarse int茅rprete a fin de que se traduzcan al espa帽ol los aspectos esenciales de la diligencia. Deber谩 practicarse en presencia de la autoridad judicial espa帽ola, que velar谩 porque la misma se practique seg煤n lo previsto por la ley espa帽ola y en las condiciones pactadas entre ambas autoridades judiciales, que podr谩n incluir el respeto a los requisitos y formalidades exigidos por la legislaci贸n del Estado de emisi贸n siempre y cuando no sean contrarios a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jur铆dico. En todo caso, se respetar谩 el derecho a la asistencia letrada del detenido, su derecho a no declarar contra s铆 mismo y a no confesarse culpable, as铆 como a ser asistido de un int茅rprete.
En esta diligencia se contar谩 tambi茅n con presencia del Secretario judicial, que dejar谩 constancia del cumplimiento de las condiciones previstas en este art铆culo y las pactadas entre las autoridades judiciales que conocen del procedimiento.
3. En caso de haberse acordado el traslado temporal de la persona detenida, se llevar谩 a cabo en las condiciones y con la duraci贸n que se acuerde con la autoridad judicial de emisi贸n. En todo caso, la persona reclamada deber谩 volver a Espa帽a para asistir a las vistas que le conciernan en el marco del procedimiento de entrega.
Art铆culo 53. Situaci贸n personal de la persona reclamada
1. En el curso de la audiencia o de la vista a que se refiere el art铆culo 51, el Juez Central de Instrucci贸n, o铆do en todo caso el Ministerio Fiscal, decretar谩 la prisi贸n provisional o la libertad provisional, adoptando medidas cautelares que resulten necesarias y proporcionadas para asegurar la plena disponibilidad del reclamado, de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. El Juez resolver谩 atendiendo a las circunstancias del caso y la finalidad de asegurar la ejecuci贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega.
3. En cualquier momento del procedimiento y en atenci贸n a las circunstancias del caso, el Juez, o铆do el Ministerio Fiscal, podr谩 acordar que cese la situaci贸n de prisi贸n provisional, pero en tal caso deber谩 adoptar alguna o algunas de las medidas cautelares referidas en el apartado 1 de este art铆culo.
4. Contra las resoluciones judiciales a que se refiere este art铆culo cabr谩 recurso de apelaci贸n ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en las mismas condiciones establecidas en el apartado 8 del art铆culo 51. Proceder谩 la celebraci贸n de vista cuando lo solicite alguna de las partes.
Art铆culo 54. Plazos para la ejecuci贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega
1. La orden europea de detenci贸n y entrega se tramitar谩 y ejecutar谩 con car谩cter de urgencia.
2. Si la persona reclamada consiente la entrega, la resoluci贸n judicial deber谩 adoptarse en los diez d铆as siguientes a la celebraci贸n de la audiencia.
3. Si no media consentimiento, el plazo m谩ximo para adoptar una resoluci贸n firme ser谩 de sesenta d铆as desde que se produjera la detenci贸n.
4. Cuando por razones justificadas no se pueda adoptar la decisi贸n en los plazos se帽alados, 茅stos podr谩n prorrogarse por otros treinta d铆as. Se comunicar谩 a la autoridad judicial de emisi贸n tal circunstancia y sus motivos y se mantendr谩n entretanto las condiciones necesarias para la entrega.
Art铆culo 55. Decisi贸n de entrega condicionada
1. Cuando la infracci贸n en que se basa la orden europea de detenci贸n y entrega est茅 castigada con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad a perpetuidad, la ejecuci贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega por la autoridad judicial espa帽ola estar谩 sujeta a la condici贸n de que el Estado miembro de emisi贸n tenga dispuesto en su ordenamiento una revisi贸n de la pena impuesta o la aplicaci贸n de medidas de clemencia a las cuales la persona se acoja con vistas a la no ejecuci贸n de la pena o medida.
2. Asimismo, cuando la persona que fuere objeto de la orden europea de detenci贸n y entrega a efectos de entablar una acci贸n penal fuera de nacionalidad espa帽ola o residente en Espa帽a, su entrega se podr谩 supeditar, despu茅s de ser o铆da al respecto, a la condici贸n de que sea devuelta a Espa帽a para cumplir la pena o medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciar en su contra el Estado de emisi贸n. El cumplimiento de esta condici贸n se articular谩 a trav茅s de lo dispuesto para la resoluci贸n de cumplimiento de penas o medidas privativas de libertad.
Art铆culo 56. Decisi贸n de entrega suspendida
Cuando la persona reclamada tenga alg煤n proceso penal pendiente ante la jurisdicci贸n espa帽ola por un hecho distinto del que motive la orden europea de detenci贸n y entrega, la autoridad judicial espa帽ola, aunque haya resuelto dar cumplimiento a la orden, podr谩 suspender la entrega hasta la celebraci贸n de juicio o hasta el cumplimiento de la pena impuesta.
En este caso la autoridad judicial espa帽ola acordar谩, si as铆 lo solicitara la autoridad judicial de emisi贸n, la entrega temporal de la persona reclamada en las condiciones que formalice por escrito con dicha autoridad judicial y que tendr谩n car谩cter vinculante para todas las autoridades del Estado miembro emisor.
Art铆culo 57. Decisi贸n en caso de concurrencia de solicitudes
1. En el caso de que dos o m谩s Estados miembros hubieran emitido una orden europea de detenci贸n y entrega en relaci贸n con la misma persona, la decisi贸n sobre la prioridad de ejecuci贸n ser谩 adoptada por el Juez Central de Instrucci贸n, previa audiencia del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, en particular, el lugar y la gravedad relativa de los delitos, las respectivas fechas de las 贸rdenes, as铆 como el hecho de que la orden se haya dictado a efectos de la persecuci贸n penal o a efectos de ejecuci贸n de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.
2. En caso de concurrencia entre una orden europea de detenci贸n y entrega y una solicitud de extradici贸n presentada por un tercer Estado, la autoridad judicial espa帽ola suspender谩 el procedimiento y remitir谩 toda la documentaci贸n al Ministerio de Justicia. La propuesta de decisi贸n sobre si debe darse preferencia a la orden europea de detenci贸n y entrega o a la solicitud de extradici贸n se elevar谩 por el Ministro de Justicia al Consejo de Ministros, una vez consideradas todas las circunstancias y, en particular, las contempladas en el apartado 1 y las mencionadas en el convenio o acuerdo aplicable. Este tr谩mite se regir谩 por lo dispuesto en la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradici贸n Pasiva.
3. En caso de que se decida otorgar preferencia a la solicitud de extradici贸n, se notificar谩 a la autoridad judicial espa帽ola, que lo pondr谩 en conocimiento de la autoridad judicial de emisi贸n.
En caso de que se decida otorgar preferencia a la orden europea de detenci贸n y entrega, se notificar谩 a la autoridad judicial espa帽ola al objeto de que se contin煤e con el procedimiento en el tr谩mite en el que se suspendi贸.
4. Lo dispuesto en este art铆culo se entiende sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Art铆culo 58. Entrega de la persona reclamada
1. La entrega de la persona reclamada se har谩 efectiva por agente de la autoridad espa帽ola, previa notificaci贸n a la autoridad designada al efecto por la autoridad judicial de emisi贸n del lugar y fechas fijados, siempre dentro de los diez d铆as siguientes a la decisi贸n judicial de entrega.
2. Si por causas ajenas al control de alguno de los Estados de emisi贸n o de ejecuci贸n no pudiera verificarse en este plazo, las autoridades judiciales implicadas se pondr谩n en contacto inmediatamente para fijar una nueva fecha, dentro de un nuevo plazo de diez d铆as desde la fecha inicialmente fijada.
3. Excepcionalmente, la autoridad judicial podr谩 suspender provisionalmente la entrega por motivos humanitarios graves, pero 茅sta deber谩 realizarse en cuanto dichos motivos dejen de existir. La entrega se verificar谩 en los diez d铆as siguientes a la nueva fecha que se acuerde cuando dichos motivos dejen de existir.
4. En caso de que hubiere de ser suspendida o aplazada la entrega de la persona reclamada por tener alg煤n proceso penal pendiente en Espa帽a y estuviese privado de libertad, deber谩 garantizarse que la autoridad judicial espa帽ola que conoce del procedimiento de la orden europea de detenci贸n y entrega recibe la informaci贸n sobre la futura puesta en libertad del reclamado para que adopte inmediatamente la decisi贸n que corresponda sobre su situaci贸n personal a efectos de su entrega a la autoridad de ejecuci贸n.
Si la persona reclamada estuviera cumpliendo condena, el centro penitenciario deber谩 poner en conocimiento de la autoridad judicial espa帽ola que conozca del procedimiento de la orden europea de detenci贸n y entrega la fecha efectiva de cumplimiento con, al menos, quince d铆as de antelaci贸n, para que 茅ste pueda adoptar la decisi贸n que corresponda sobre su situaci贸n personal.
En el caso de que la persona reclamada se encuentre en prisi贸n provisional en una causa abierta en Espa帽a, el Tribunal que conozca de ese procedimiento deber谩 poner inmediatamente al reclamado a disposici贸n de la autoridad judicial espa帽ola que conozca del procedimiento de orden europea de detenci贸n y entrega, comunicando con antelaci贸n suficiente su decisi贸n de acordar la libertad en su procedimiento, para que se adopte en el plazo de setenta y dos horas la decisi贸n sobre su situaci贸n personal para garantizar la ejecuci贸n de la entrega.
5. Transcurridos los plazos m谩ximos para la entrega sin que la persona reclamada haya sido recibida por el Estado de emisi贸n, se proceder谩 a la puesta en libertad de la persona reclamada o la aplicaci贸n de las medidas que procedan con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal si tuviere alguna causa pendiente en Espa帽a, sin que ello sea fundamento para la denegaci贸n de la ejecuci贸n de una posterior orden europea de detenci贸n y entrega basada en los mismos hechos.
6. En todo caso, en el momento de la entrega el Secretario judicial pondr谩 en conocimiento de la autoridad judicial de emisi贸n el per铆odo de privaci贸n de libertad que haya sufrido la persona a que se refiera la orden europea de detenci贸n y entrega, a fin de que sea deducido de la pena o medida de seguridad que se imponga, as铆 como si el detenido renunci贸 o no al principio de especialidad.
Art铆culo 59. Entrega de objetos
1. A petici贸n de la autoridad judicial emisora o por propia iniciativa, el Juez Central de Instrucci贸n intervendr谩 y entregar谩, de conformidad con el Derecho interno, los objetos que constituyan medio de prueba o efectos del delito, sin perjuicio de los derechos que el Estado espa帽ol o terceros puedan haber adquirido sobre los mismos. En este caso, una vez concluido el juicio, se proceder谩 a su restituci贸n.
2. Los objetos mencionados en el apartado anterior deber谩n entregarse aun cuando la orden europea de detenci贸n y entrega no pueda ejecutarse debido al fallecimiento o la evasi贸n de la persona reclamada.
3. En el caso de que los bienes est茅n sujetos a embargo o decomiso en Espa帽a, la autoridad judicial espa帽ola podr谩 denegar su entrega o efectuarla con car谩cter meramente temporal, si ello es preciso para el proceso penal pendiente.
CAP脥TULO IV-Otras disposiciones
Art铆culo 60. Aplicaci贸n del principio de especialidad a la ejecuci贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega
1. El consentimiento o autorizaci贸n para el enjuiciamiento, condena o detenci贸n con vistas a la ejecuci贸n de una pena o de una medida de seguridad privativa de libertad, por toda infracci贸n cometida antes de la entrega de una persona y que sea distinta de la que motiv贸 dicha entrega al Estado espa帽ol, se presumir谩 que existe siempre que el Estado de la autoridad judicial de ejecuci贸n haya notificado a la Secretar铆a General del Consejo de la Uni贸n Europea su disposici贸n favorable al respecto, salvo que en un caso particular la autoridad judicial de ejecuci贸n declare lo contrario en su resoluci贸n de entrega.
2. Si no se hubiese notificado la declaraci贸n a que se refiere el apartado anterior, la persona entregada a Espa帽a no podr谩 ser procesada, condenada o privada de libertad por una infracci贸n cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado 茅sta, salvo que el Estado de ejecuci贸n lo autorizase. A tal efecto, la autoridad judicial de emisi贸n espa帽ola presentar谩 a la autoridad judicial de ejecuci贸n una solicitud de autorizaci贸n, acompa帽ada de la informaci贸n mencionada en el art铆culo 36.
3. En el supuesto de que Espa帽a sea el Estado de ejecuci贸n, en tanto no se practique la notificaci贸n a la Secretar铆a General del Consejo a que se refiere el apartado 1, para el enjuiciamiento, condena o detenci贸n con vistas a la ejecuci贸n de una condena o medida de seguridad privativa de libertad por toda infracci贸n cometida antes de la entrega de una persona y que sea distinta de la que motiv贸 dicha entrega, el Estado de emisi贸n deber谩 solicitar la autorizaci贸n a la que se refiere el apartado anterior.
Para resolver sobre la autorizaci贸n se oir谩 al Ministerio Fiscal por el plazo de cinco d铆as. Hecho lo cual, deber谩 ser designado abogado para la defensa de los intereses del reclamado, si no lo tuviera, y se le dar谩 traslado para que pueda formular alegaciones en plazo de cinco d铆as. El Juez Central de instrucci贸n resolver谩 por auto motivado en el plazo de diez d铆as, sin que la tramitaci贸n de la solicitud recibida pueda exceder del plazo de treinta d铆as desde su recepci贸n. Se conceder谩 la autorizaci贸n si se dieran las condiciones para ejecutar una orden europea de detenci贸n y entrega y no concurriera ninguna de las causas previstas para denegar la ejecuci贸n de 茅sta.
4. Los apartados anteriores no ser谩n de aplicaci贸n cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando la persona hubiere renunciado expresamente ante la autoridad judicial de ejecuci贸n al principio de especialidad antes de la entrega.
b) Cuando la persona hubiere renunciado expresamente, despu茅s de la entrega, a acogerse al principio de especialidad en relaci贸n con determinadas infracciones anteriores a su entrega. La renuncia se efectuar谩 ante la autoridad judicial competente del Estado miembro emisor, y se levantar谩 acta de la misma con arreglo al derecho interno de 茅ste. La renuncia se efectuar谩 en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, la persona tendr谩 derecho a la asistencia de un abogado.
c) Cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de cuarenta y cinco d铆as desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio despu茅s de haber salido del mismo.
d) Cuando la infracci贸n no sea sancionable con una pena o medida de seguridad privativas de libertad.
e) Cuando el proceso penal no concluye con la aplicaci贸n de una medida restrictiva de la libertad individual de la persona.
f) Cuando la persona est茅 sujeta a una pena o medida no privativa de libertad, incluidas las sanciones pecuniarias, o a una medida equivalente, aun cuando dicha pena o medida pudieren restringir su libertad individual.
Art铆culo 61. Entrega ulterior a una extradici贸n
1. En caso de que la persona reclamada haya sido extraditada a Espa帽a desde un tercer Estado, y de que la misma estuviere protegida por disposiciones del acuerdo en virtud del cual hubiere sido extraditada relativas al principio de especialidad, la autoridad judicial espa帽ola de ejecuci贸n solicitar谩 la autorizaci贸n del Estado que la haya extraditado para que pueda ser entregada al Estado de emisi贸n. Los plazos contemplados en el art铆culo 54 empezar谩n a contar en la fecha en que dichas reglas relativas al principio de especialidad dejen de aplicarse.
2. En tanto se tramita la autorizaci贸n, la autoridad judicial espa帽ola de ejecuci贸n garantizar谩 que siguen d谩ndose las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva.
Art铆culo 62. Extradici贸n ulterior
1. Cuando una persona haya sido entregada a Espa帽a en virtud de una orden europea de detenci贸n y entrega, si es solicitada posteriormente su extradici贸n por un Estado que no sea miembro de la Uni贸n Europea, no podr谩 otorgarse dicha extradici贸n sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecuci贸n que acord贸 la entrega, a cuyo efecto el Juez Central de Instrucci贸n cursar谩 la pertinente solicitud.
2. Si las autoridades judiciales espa帽olas hubieran acordado la entrega de una persona a otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, en virtud de una orden europea de detenci贸n y entrega, y les fuera solicitado su consentimiento por las autoridades judiciales de emisi贸n con el fin de proceder a su extradici贸n a un tercer Estado no miembro de la Uni贸n Europea, dicho consentimiento se prestar谩 de conformidad con los convenios bilaterales o multilaterales en los que Espa帽a sea parte, teniendo la petici贸n de autorizaci贸n la consideraci贸n de demanda de extradici贸n a estos efectos.
T脥TULO III-Resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 63. Resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. Las sentencias cuyo r茅gimen de reconocimiento y ejecuci贸n se regula en este T铆tulo son aquellas resoluciones judiciales firmes emitidas por la autoridad competente de un Estado miembro tras la celebraci贸n de un proceso penal, por las que se condena a una persona f铆sica a una pena o medida privativa de libertad como consecuencia de la comisi贸n de una infracci贸n penal, incluidas las medidas de internamiento impuestas de conformidad con la Ley Org谩nica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
2. Lo dispuesto en este T铆tulo se aplica 煤nicamente a las penas o medidas pendientes, total o parcialmente, de ejecuci贸n. Cuando hayan sido totalmente cumplidas, su consideraci贸n en un nuevo proceso penal se regir谩 por la Ley Org谩nica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de informaci贸n de antecedentes penales y consideraci贸n de resoluciones judiciales penales en la Uni贸n Europea.
Art铆culo 64. Autoridades judiciales competentes en Espa帽a para transmitir y ejecutar una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. Son autoridades competentes para la transmisi贸n de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, as铆 como los Jueces de Menores cuando se trate de una medida impuesta de conformidad con la Ley Org谩nica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En los supuestos en los que no se haya dado inicio al cumplimiento de la condena, ser谩 autoridad competente el tribunal que hubiera dictado la sentencia en primera instancia.
2. La autoridad competente para reconocer y acordar la ejecuci贸n de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad ser谩 el Juez Central de lo Penal. Para llevar a cabo la ejecuci贸n de la misma, ser谩 competente el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. Cuando la resoluci贸n se refiera a una medida de internamiento en r茅gimen cerrado de un menor la competencia corresponder谩 al Juez Central de Menores.
3. La autoridad judicial remitir谩 al Ministerio de Justicia, en el plazo de tres d铆as desde su emisi贸n o desde su reconocimiento y ejecuci贸n, una copia de los certificados transmitidos o reconocidos en Espa帽a.
CAP脥TULO II-Transmisi贸n de una resoluci贸n por la que se impone unapena o medida privativa de libertad
Art铆culo 65. Solicitudes de transmisi贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. Se podr谩 transmitir una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad tanto de oficio por la autoridad judicial espa帽ola competente como a solicitud del Estado de ejecuci贸n o de la persona condenada.
La solicitud de la persona condenada para que se inicie un procedimiento para la transmisi贸n de la resoluci贸n se podr谩 efectuar ante la autoridad competente espa帽ola o ante la del Estado de ejecuci贸n.
Las solicitudes de la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n y de la persona condenada no obligar谩n a la autoridad judicial espa帽ola competente a la transmisi贸n de la resoluci贸n.
2. Antes del inicio de la ejecuci贸n de la condena, en caso de que la persona condenada no estuviera cumpliendo ninguna otra, el Juez o Tribunal sentenciador, una vez que la sentencia sea firme, podr谩 transmitir la resoluci贸n a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n directamente o a trav茅s del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Art铆culo 66. Requisitos para transmitir una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. La autoridad judicial espa帽ola competente podr谩 transmitir una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad a la autoridad competente de otro Estado miembro de la Uni贸n Europea para que proceda a su ejecuci贸n, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que el condenado se encuentre en Espa帽a o en el Estado de ejecuci贸n.
b) Que la autoridad judicial espa帽ola considere que la ejecuci贸n de la condena por el Estado de ejecuci贸n contribuir谩 a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserci贸n social del condenado, despu茅s de haber consultado al Estado de ejecuci贸n, cuando corresponda.
c) Que medie el consentimiento del condenado, salvo que el mismo no sea necesario, en los t茅rminos previstos en el art铆culo siguiente.
2. El hecho de que, adem谩s de la condena a la pena o medida de seguridad privativa de libertad, se haya impuesto una sanci贸n pecuniaria o decomiso que todav铆a no haya sido abonada o ejecutado no impedir谩 la transmisi贸n de la resoluci贸n por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad. Los pronunciamientos condenatorios de car谩cter patrimonial podr谩n amparar la transmisi贸n de resoluciones judiciales de decomiso o de sanciones pecuniarias por parte del Juez o Tribunal sentenciador.
3. Antes de transmitir la resoluci贸n, la autoridad judicial competente se asegurar谩 de que no existe ninguna sentencia condenatoria pendiente de devenir firme en relaci贸n al condenado.
Art铆culo 67. Consentimiento del condenado
1. La transmisi贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por la autoridad judicial espa帽ola competente a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecuci贸n, exigir谩 recabar previamente el consentimiento del condenado ante la autoridad judicial competente, que a tal efecto deber谩 estar asistido de abogado y en su caso, de int茅rprete y habr谩 tenido que ser informado en t茅rminos claros y comprensibles de la finalidad de la audiencia y del consentimiento.
2. Sin embargo, no ser谩 necesario su consentimiento cuando el Estado de ejecuci贸n sea:
a) El Estado de nacionalidad del condenado en que posea v铆nculos atendiendo a su residencia habitual y a sus lazos familiares, laborales o profesionales.
b) El Estado miembro al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad sobre la base de una orden de expulsi贸n o traslado contenida en la sentencia o en una resoluci贸n judicial o administrativa derivada de la sentencia.
c) El Estado miembro al que el condenado se haya fugado o haya regresado ante el proceso penal abierto contra 茅l en Espa帽a o por haber sido condenado en Espa帽a.
3. En todo caso, la autoridad judicial competente dar谩 la oportunidad al condenado que se encuentre en Espa帽a de formular verbalmente o por escrito su opini贸n. 脡sta se tendr谩 en cuenta al decidir sobre la transmisi贸n de la resoluci贸n y se remitir谩 a la autoridad del Estado de ejecuci贸n junto con el resto de la documentaci贸n.
Cuando la persona condenada, a causa de su edad o estado f铆sico o ps铆quico, no pueda dar su opini贸n, la misma se recabar谩 a trav茅s de su representante legal.
Art铆culo 68. Consultas sobre la transmisi贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad entre el Estado de emisi贸n y el de ejecuci贸n
1. Antes de la transmisi贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, la autoridad judicial competente podr谩 consultar a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n, por todos los medios apropiados, sobre aquellos aspectos que permitan concluir que la transmisi贸n de la resoluci贸n contribuir谩 a facilitar la reinserci贸n del condenado.
2. Esta consulta ser谩 obligatoria en los casos en que la resoluci贸n se transmita a un Estado de ejecuci贸n distinto de aqu茅l en que el condenado vive y del que es nacional o de aqu茅l al que vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad.
3. Cuando el Estado de ejecuci贸n haya respondido a la consulta formulada, la autoridad judicial competente decidir谩 si transmite o no la resoluci贸n o si la retira, en caso de que 茅sta hubiera sido ya transmitida.
Art铆culo 69. Documentaci贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
Una vez decidida por la autoridad judicial competente la ejecuci贸n de la sentencia condenatoria en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, transmitir谩 a la autoridad competente dicha sentencia junto con el certificado que figura en el anexo II, debidamente cumplimentado.
Art铆culo 70. Notificaci贸n de la transmisi贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
El auto por el que la autoridad judicial competente acuerde la transmisi贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se notificar谩 personalmente al condenado, asistido de int茅rprete si fuera necesario y de acuerdo con el certificado del anexo III.
Cuando, al dictarse el auto, el condenado se encuentre en el Estado de ejecuci贸n se transmitir谩 el certificado del anexo III a la autoridad judicial competente de aqu茅l para que lleve a cabo esa notificaci贸n.
Art铆culo 71. Transmisi贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. La resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se transmitir谩 a un 煤nico Estado de ejecuci贸n.
2. Se podr谩 transmitir a uno de los siguientes Estados miembros:
a) El Estado del que el condenado es nacional y en el que tenga su residencia habitual.
b) El Estado del que el condenado es nacional y al que, de acuerdo con la sentencia o una resoluci贸n administrativa, ser谩 expulsado una vez puesto en libertad.
c) Cualquier otro Estado miembro cuya autoridad competente consienta que se le transmita la resoluci贸n.
d) Cualquier otro Estado miembro, sin necesidad de recabar su consentimiento, cuando as铆 lo haya declarado ante la Secretar铆a General del Consejo de la Uni贸n Europea, siempre que exista reciprocidad y concurra al menos uno de los siguientes requisitos:
1.潞 Que el condenado resida de forma legal y continuada en ese Estado desde hace al menos cinco a帽os y mantenga en 茅l su derecho de residencia permanente.
2.潞 Que sea nacional de ese Estado de ejecuci贸n pero no tenga su residencia habitual en el mismo.
3. La transmisi贸n de la resoluci贸n se comunicar谩 al Juez o Tribunal que dict贸 la sentencia condenatoria.
Art铆culo 72. Solicitud del Juez de Vigilancia Penitenciaria de medidas cautelares sobre el condenado para su adopci贸n por la autoridad de ejecuci贸n
Si el condenado se encuentra en el Estado de ejecuci贸n, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, a instancia del Ministerio Fiscal, podr谩 pedir a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n que adopte una medida restrictiva de la libertad personal del condenado o cualquier otra medida destinada a garantizar su permanencia en dicho territorio. Esta solicitud podr谩 hacerse incluso antes de que la autoridad de ejecuci贸n reciba la resoluci贸n por la que se impone unapena o medida privativa de libertad o antes de que decida si procede a su ejecuci贸n.
De adoptarse por la autoridad de ejecuci贸n una medida privativa de libertad del condenado, el tiempo que transcurra privado de libertad se abonar谩 en la correspondiente liquidaci贸n de condena.
Art铆culo 73. Traslado del condenado al Estado de ejecuci贸n
1. Cuando la autoridad de ejecuci贸n comunique que acepta la ejecuci贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, se proceder谩 al traslado del condenado al Estado de ejecuci贸n si 茅ste se encontrara en Espa帽a.
2. El plazo para hacer efectivo este traslado no podr谩 superar los treinta d铆as desde la adopci贸n por el Estado de ejecuci贸n de la resoluci贸n firme sobre el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n por la que se impone unapena o medida privativa de libertad.
En caso de que, por circunstancias imprevistas, no sea posible el traslado en plazo, la autoridad judicial competente informar谩 de inmediato a la autoridad de ejecuci贸n, acordando una nueva fecha para el traslado, que se realizar谩 en un plazo m谩ximo de diez d铆as desde la nueva fecha acordada.
Art铆culo 74. Retirada de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por el Juez de Vigilancia Penitenciaria emisor
1. Antes del comienzo de la ejecuci贸n de la condena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, tras o铆r al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por cinco d铆as, podr谩 acordar la retirada del certificado mediante auto motivado que deber谩 dictarse en el plazo de cinco d铆as y en el que se solicitar谩 al Estado de ejecuci贸n que no adopte medida alguna de ejecuci贸n.
La retirada del certificado podr谩 llevarse a cabo en los siguientes casos:
a) Si no ha habido consulta previa alguna y recibiera de la autoridad de ejecuci贸n un dictamen o parecer relativo a que el cumplimiento de la condena en el Estado de ejecuci贸n no contribuir谩 al objetivo de facilitar la reinserci贸n social ni la reintegraci贸n con 茅xito del condenado en la sociedad.
b) Si no se alcanza un acuerdo con la autoridad de ejecuci贸n en relaci贸n con la ejecuci贸n parcial de la condena.
c) Si, tras solicitar informaci贸n a la autoridad de ejecuci贸n sobre las disposiciones aplicables en materia de libertad anticipada o condicional, no se alcanza un acuerdo sobre su aplicaci贸n.
2. Cuando se solicite por el Estado de ejecuci贸n, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podr谩 comunicar a la autoridad de ejecuci贸n las disposiciones aplicables en Derecho espa帽ol en relaci贸n con la libertad anticipada o condicional del condenado, as铆 como solicitarle informaci贸n sobre las disposiciones aplicables en esta materia en virtud de la legislaci贸n del Estado de ejecuci贸n. El Juez de Vigilancia Penitenciaria, recibida esta informaci贸n y tras o铆r a las partes personadas por cinco d铆as, dictar谩 auto motivado en el plazo de otros cinco. El auto contendr谩 las disposiciones a aplicar por la autoridad de ejecuci贸n o acordar谩 retirar el certificado.
Art铆culo 75. Consecuencias en el proceso espa帽ol de la ejecuci贸n en otro Estado miembro de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
Una vez iniciada la ejecuci贸n de la resoluci贸npor la que se impone una pena o medida privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria dejar谩 de ser competente para adoptar resoluciones sobre la pena o medida privativa de libertad impuesta al condenado, incluidos los motivos de la libertad anticipada o condicional, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del art铆culo anterior.
Esta circunstancia, as铆 como la posterior retirada del certificado o la reversi贸n de la ejecuci贸n a Espa帽a, se comunicar谩 a los 贸rganos sentenciadores que hubieran pronunciado la condena privativa de libertad cuya ejecuci贸n ha sido transmitida, retirada o revertida.
Art铆culo 76. Reversi贸n de la ejecuci贸n de la condena a Espa帽a
Podr谩 reanudarse la ejecuci贸n de la condena en Espa帽a cuando la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n informe al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la no ejecuci贸n de la condena como consecuencia de la fuga del condenado.
CAP脥TULO III-Ejecuci贸n de una resoluci贸n por la que se impone unapena o medida privativa de libertad
Art铆culo 77. Requisitos para el reconocimiento y la ejecuci贸n en Espa帽a de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. El Juez Central de lo Penal reconocer谩 las resoluciones por las que se imponen penas o medidas privativas de libertad transmitidas por otros Estados miembros de la Uni贸n Europea cuando de esta forma se facilite la reinserci贸n social del condenado y se d茅 alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el condenado sea espa帽ol y resida en nuestro pa铆s.
b) Que el condenado sea espa帽ol y vaya a ser expulsado a Espa帽a con motivo de esa condena.
c) Aun cuando no se den estas condiciones, si el Juez Central de lo Penal ha consentido la ejecuci贸n de la sentencia en Espa帽a salvo que, en virtud de las declaraciones efectuadas por el Estado espa帽ol, este consentimiento no sea necesario.
2. La ejecuci贸n en Espa帽a de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad transmitida por el Estado de emisi贸n no estar谩 sujeta a control de la doble tipificaci贸n cuando se refieran a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado 1 del art铆culo 20, siempre que est茅n castigados en el Estado de emisi贸n con penas o medidas privativas de libertad cuya duraci贸n m谩xima sea de al menos tres a帽os.
Art铆culo 78. Consultas sobre la transmisi贸n de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. El Juez Central de lo Penal contestar谩 las solicitudes de informaci贸n dirigidas por la autoridad de emisi贸n relativas a la transmisi贸n a nuestro pa铆s de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad en un plazo m谩ximo de veinte d铆as desde su recepci贸n.
2. Cuando la consulta tenga por objeto conocer las posibilidades de reinserci贸n social del condenado en Espa帽a, el Juez Central de lo Penal oir谩 a 茅ste si estuviera en Espa帽a, recabar谩 la informaci贸n que entienda necesaria sobre el arraigo del condenado en nuestro pa铆s, oir谩 al respecto al Ministerio Fiscal, y remitir谩 su respuesta a la autoridad que ha realizado la consulta.
3. En los casos en que no haya habido consulta y una vez se hayan transmitido la sentencia y el certificado, el Juez Central de lo Penal podr谩 remitir un dictamen sobre la eventual ejecuci贸n de la condena en Espa帽a y su contribuci贸n a la reinserci贸n social del condenado.
Art铆culo 79. Solicitud de transmisi贸n de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
El Juez Central de lo Penal, de oficio o a solicitud del condenado, podr谩 solicitar a la autoridad competente del Estado de emisi贸n, previa audiencia al Ministerio Fiscal o a iniciativa de 茅ste, la transmisi贸n de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad para su ejecuci贸n en Espa帽a.
Art铆culo 80. Acuerdo para la ejecuci贸n parcial de la condena
1. El Juez Central de lo Penal consultar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n sobre el posible reconocimiento y ejecuci贸n parcial de la resoluci贸n condenatoria, antes de decidir que deniega el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n de manera total.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior y en atenci贸n a las circunstancias del caso concreto, el Juez Central de lo Penal podr谩 llegar a un acuerdo con la autoridad competente del Estado de emisi贸n para reconocer y ejecutar parcialmente la resoluci贸n condenatoria. A falta de acuerdo, el certificado ser谩 devuelto.
El acuerdo sobre el reconocimiento y la ejecuci贸n parciales de la resoluci贸n no podr谩 suponer, en ning煤n caso, el aumento de la duraci贸n de la condena.
Art铆culo 81. Procedimiento para el reconocimiento de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad a efectos de su cumplimiento en Espa帽a
1. Dentro de los cinco d铆as siguientes a la recepci贸n del certificado, se dar谩 traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez d铆as se pronuncie sobre la procedencia del reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n.
2. El Juez Central de lo Penal comprobar谩 si concurre alguna causa de denegaci贸n del reconocimiento o de la ejecuci贸n, y tambi茅n si el consentimiento del condenado ha sido prestado, salvo que el mismo no sea necesario en virtud de la legislaci贸n del Estado de emisi贸n. En todo caso, no ser谩 necesario el consentimiento del condenado cuando:
a) Sea espa帽ol y resida en Espa帽a.
b) Vaya a ser expulsado a Espa帽a una vez puesto en libertad en el Estado de emisi贸n sobre la base de una orden de expulsi贸n o traslado contenida en la sentencia o en una resoluci贸n judicial o administrativa derivada de la sentencia.
c) Se haya fugado o haya regresado a Espa帽a por la condena dictada o por el proceso penal seguido en el Estado de emisi贸n.
3. El Juez Central de lo Penal resolver谩 mediante auto en el plazo de otros diez d铆as el reconocimiento de la resoluci贸n condenatoria o su denegaci贸n.
En todo caso, en el plazo de noventa d铆as el auto motivado que reconozca o deniegue la ejecuci贸n deber谩 ser firme y se remitir谩, en su caso, al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria para que se ejecute la pena o medida privativa de libertad.
4. En el auto se determinar谩 el per铆odo total de privaci贸n de libertad que haya de cumplirse en Espa帽a, deduciendo exclusivamente del mismo el que ya se haya cumplido en el Estado de emisi贸n o el que proceda en virtud del tiempo que haya permanecido el condenado en prisi贸n preventiva o cualquier otra medida restrictiva de su libertad que, adoptada por la autoridad del Estado de emisi贸n, fuese computable.
Art铆culo 82. Retirada del certificado de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
Si la autoridad competente del Estado de emisi贸n notificara la retirada del certificado antes del comienzo de la ejecuci贸n de la condena, el Juez Central de lo Penal archivar谩 el procedimiento y le remitir谩 lo actuado.
En la devoluci贸n del certificado se har谩 constar el tiempo que, en su caso, el condenado hubiera permanecido privado de libertad en Espa帽a en cumplimiento de alguna medida cautelar.
Art铆culo 83. Adaptaci贸n de condena
1. En el caso de que la duraci贸n de la condena impuesta en la resoluci贸n sea incompatible con la legislaci贸n espa帽ola vigente en el momento en el que se solicita el reconocimiento de la resoluci贸n por superar el l铆mite de la pena m谩xima prevista para ese delito, el Juez Central de lo Penal podr谩 adaptar la condena. La adaptaci贸n consistir谩 en limitar la duraci贸n de la condena al m谩ximo de lo previsto en la referida legislaci贸n para los delitos por los que el afectado fuera condenado.
2. En el caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislaci贸n espa帽ola, el Juez Central de lo Penal podr谩 adaptar la condena a la pena o medida contemplada en nuestra legislaci贸n para los delitos por los que el afectado fuera condenado. La pena adaptada debe corresponder a la pena impuesta en la resoluci贸n judicial extranjera y, en consecuencia, no podr谩 transformarse en pena de otra naturaleza como la pena de multa.
3. En ninguno de estos supuestos podr谩 la adaptaci贸n agravar la condena impuesta en el Estado de emisi贸n.
Art铆culo 84. Aplazamiento del reconocimiento de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. El Juez Central de lo Penal aplazar谩 el reconocimiento de la resoluci贸n condenatoria cuando el certificado que le haya remitido la autoridad competente del Estado de emisi贸n est茅 incompleto o no corresponda manifiestamente a la resoluci贸n que debe ejecutarse.
2. El nuevo plazo concedido para que la autoridad de emisi贸n pueda completar o corregir el certificado no podr谩 superar los sesenta d铆as.
Art铆culo 85. Denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. El Juez Central de lo Penal denegar谩 el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, adem谩s de en los supuestos previstos en los art铆culos 32 y 33, en los siguientes casos:
a) Cuando en virtud de su edad, la persona condenada no habr铆a podido ser declarada penalmente responsable por los hechos motivadores de la resoluci贸n condenatoria, de acuerdo con la legislaci贸n penal espa帽ola.
b) Cuando la autoridad judicial espa帽ola competente constate que, en el momento de recibir la resoluci贸n condenatoria, la parte de la condena que queda por cumplir es inferior a seis meses.
c) Cuando, sin perjuicio de lo previsto en el art铆culo 81, la resoluci贸n transmitida imponga una medida privativa de libertad que no resulte ejecutable de acuerdo con el Derecho espa帽ol.
d) Cuando, antes de decidir sobre el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n condenatoria, el Juez Central de lo Penal presente una solicitud para que la persona de que se trate sea procesada, condenada o privada de libertad en Espa帽a por una infracci贸n cometida con anterioridad a su traslado y distinta de la que lo hubiera motivado, y la autoridad competente del Estado de emisi贸n no diera su consentimiento.
e) Cuando no se cumplan los requisitos exigidos para la transmisi贸n de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n previstos en las letras a) y c) del apartado 1 o en el apartado 3 del art铆culo 32, en el apartado 1 del art铆culo 33 o en las letras c) y e) del apartado anterior, antes de denegar el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n, el Juez Central de lo Penal consultar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n para que aclare la situaci贸n y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.
Art铆culo 86. Legislaci贸n aplicable en la ejecuci贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria deber谩 ejecutar la resoluci贸n condenatoria de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol, con deducci贸n del per铆odo de privaci贸n de libertad ya cumplido, en su caso, en el Estado de emisi贸n en relaci贸n con la misma resoluci贸n condenatoria, del per铆odo total que haya de cumplirse en Espa帽a.
No obstante, los efectos de la resoluci贸n transmitida sobre las condenas dictadas por los Tribunales espa帽oles, o sobre las resoluciones que, conforme a lo dispuesto en el p谩rrafo tercero del art铆culo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fijen los l铆mites de cumplimiento de condena, se determinar谩n con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 14 y la disposici贸n adicional 煤nica de la Ley Org谩nica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de informaci贸n de antecedentes penales y consideraci贸n de resoluciones judiciales penales en la Uni贸n Europea.
2. El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria ser谩 la 煤nica autoridad competente para determinar el procedimiento de ejecuci贸n y las medidas conexas a adoptar, incluida la eventual concesi贸n de la libertad condicional. Si la autoridad de emisi贸n informara de la fecha en virtud de la cual el condenado tendr铆a derecho a disfrutar de la libertad condicional, con arreglo a su ordenamiento jur铆dico, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria podr谩 tenerla en cuenta.
Art铆culo 87. Medidas cautelares restrictivas de la libertad del condenado cuando se encuentre en Espa帽a
1. Si el condenado se encuentra en Espa帽a, a instancias de la autoridad de emisi贸n o del Ministerio Fiscal, el Juez Central de lo Penal podr谩 adoptar medidas cautelares restrictivas de la libertad del condenado que garanticen su permanencia en Espa帽a hasta el reconocimiento y ejecuci贸n de la condena.
2. Recibida esta solicitud, el Juez Central de lo Penal podr谩 ordenar la detenci贸n del condenado y, una vez puesto a su disposici贸n, celebrar谩 comparecencia en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tambi茅n podr谩 ordenar otra medida cautelar restrictiva de la libertad del condenado, siempre de conformidad con las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3. Estas medidas podr谩n solicitarse por la autoridad de emisi贸n antes de transmitir la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
4. El tiempo de detenci贸n y el de prisi贸n provisional se computar谩n en la liquidaci贸n de la condena a ejecutar en Espa帽a en virtud del reconocimiento y ejecuci贸n de la resoluci贸n para cuya garant铆a se adopt贸 la medida.
Art铆culo 88. Traslado del condenado a Espa帽a para el cumplimiento de la privaci贸n de libertad
Si la persona condenada se encuentra en el Estado de emisi贸n ser谩 trasladada a Espa帽a en el momento acordado entre la autoridad de emisi贸n y el Juez Central de lo Penal, siempre dentro de los treinta d铆as siguientes a la firmeza del auto de reconocimiento y ejecuci贸n de la resoluci贸n.
Si debido a circunstancias imprevistas no pudiera efectuarse el traslado del condenado en el momento acordado se fijar谩 una nueva fecha, inmediata a la desaparici贸n de esas circunstancias, desde la que debe verificarse el traslado en el plazo de diez d铆as.
Art铆culo 89. Suspensi贸n de la ejecuci贸n de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
El Juez Central de lo Penal suspender谩 la ejecuci贸n de la resoluci贸n tan pronto como la autoridad competente del Estado de emisi贸n le informe de la adopci贸n de cualquier resoluci贸n o medida que tenga por efecto anular o dejar sin efecto la resoluci贸n.
Art铆culo 90. Devoluci贸n a la autoridad de emisi贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
Si durante la ejecuci贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se fugara el condenado, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria lo pondr谩 en conocimiento, sin dilaci贸n, del Juez Central de lo Penal para que comunique esta incidencia a la autoridad de emisi贸n y deduzca testimonio para la investigaci贸n de las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir el condenado.
Cuando proceda la devoluci贸n del certificado se har谩 constar el tiempo que el condenado ha permanecido privado de libertad en Espa帽a en ejecuci贸n de esta resoluci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado p谩rrafo 1.潞 del art铆culo 90
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Si durante la ejecuci贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se fugara el condenado, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria lo pondr谩 en conocimiento, sin dilaci贸n, del Juez Central de lo Penal que, adem谩s de comunicar esta incidencia a la autoridad de emisi贸n, investigar谩 las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir el condenado.
Cuando proceda la devoluci贸n del certificado se har谩 constar el tiempo que el condenado ha permanecido privado de libertad en Espa帽a en ejecuci贸n de esta resoluci贸n.
Art铆culo 91. Ejecuci贸n de condenas a ra铆z de una orden europea de detenci贸n y entrega
Cuando se deniegue o se condicione una orden europea de detenci贸n y entrega con fundamento en la nacionalidad espa帽ola del condenado, el Juez Central de lo Penal aplicar谩 las disposiciones de este Cap铆tulo a efectos de cumplimiento de la condena impuesta en el otro Estado miembro, impidiendo la impunidad del condenado.
CAP脥TULO IV-Otras disposiciones
Art铆culo 92. Aplicaci贸n del principio de especialidad a la ejecuci贸n de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad
1. La persona trasladada a Espa帽a en el marco de un proceso de reconocimiento y ejecuci贸n de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad no podr谩 ser procesada, condenada, ni privada de libertad en Espa帽a como consecuencia de la comisi贸n de una infracci贸n anterior y distinta de la que hubiera motivado el traslado.
2. El apartado anterior no ser谩 aplicable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando la persona condenada haya tenido la oportunidad de salir de Espa帽a y no lo haya hecho en el plazo de cuarenta y cinco d铆as desde su puesta en libertad definitiva, o bien lo ha hecho pero ha vuelto despu茅s de haber salido.
b) Cuando la infracci贸n no sea sancionable con una pena privativa de libertad o un auto de internamiento.
c) Cuando el proceso penal no concluya con la aplicaci贸n de una medida que restrinja la libertad individual.
d) Cuando la persona condenada pueda estar sometida a una sanci贸n o medida no privativa de libertad, aun cuando puedan restringir su libertad individual.
e) Cuando el condenado haya dado su consentimiento al traslado.
f) Cuando la persona condenada hubiera renunciado despu茅s del traslado, de manera expresa y voluntaria, a acogerse al principio de especialidad en relaci贸n con determinadas infracciones anteriores a su traslado.
La renuncia deber谩 realizarla el condenado, asistido de un abogado, ante el Juez Central de lo Penal, que levantar谩 acta de la misma.
g) Cuando el Estado de emisi贸n d茅 su consentimiento, de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente.
3. El Juez Central de lo Penal, como autoridad de ejecuci贸n, remitir谩 la correspondiente solicitud de consentimiento a la autoridad competente del Estado de emisi贸n, acompa帽ada de una orden europea de detenci贸n y entrega.
4. En el supuesto de que Espa帽a sea el Estado emisor, las autoridades judiciales competentes consentir谩n la no aplicaci贸n del principio de especialidad cuando el Estado de ejecuci贸n le presente una solicitud de consentimiento acompa帽ada de una orden europea de detenci贸n y entrega y exista la obligaci贸n de entrega de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
En este caso, la autoridad judicial espa帽ola competente dar谩 su consentimiento en un plazo no superior a treinta d铆as desde la recepci贸n de la solicitud.
T脥TULO IV-Resoluci贸n de libertad vigilada
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 93. Resoluci贸n de libertad vigilada
1. Las sentencias cuyo r茅gimen de reconocimiento y ejecuci贸n se regula por este T铆tulo son aquellas resoluciones firmes dictadas por la autoridad competente de un Estado miembro por las que se imponga una pena o medida privativa de libertad o alguna de las medidas previstas en el art铆culo 94 a una persona f铆sica, cuando en relaci贸n con su cumplimiento se acuerde:
a) La libertad condicional sobre la base de dicha sentencia o mediante una resoluci贸n ulterior de libertad vigilada.
b) La suspensi贸n de la condena, bien en parte o bien en su totalidad, imponiendo una o m谩s medidas de libertad vigilada que pueden incluirse en la propia sentencia o determinarse en una resoluci贸n de libertad vigilada aparte.
c) La sustituci贸n de la pena por otra que imponga una privaci贸n de un derecho, una obligaci贸n o una prohibici贸n que no constituya ni una pena o medida privativa de libertad, ni una sanci贸n pecuniaria.
d) De acuerdo con el Derecho del Estado de emisi贸n, una condena condicional mediante la cual se impone una o m谩s medidas de libertad vigilada, pudiendo, en su caso, diferir de forma condicional la pena privativa de libertad impuesta.
2. Se rigen tambi茅n por las disposiciones de este T铆tulo el reconocimiento y ejecuci贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada cuando se hubiera adoptado por la autoridad competente para la ejecuci贸n de la pena o medida privativa de libertad en el Estado de emisi贸n.
3. Las disposiciones de este T铆tulo no se aplicar谩n a los supuestos de reconocimiento y ejecuci贸n de resoluciones que impongan penas privativas de libertad, sanciones pecuniarias o decomiso previstos en esta Ley.
Art铆culo 94. 脕mbito de aplicaci贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada
Son susceptibles de transmisi贸n y ejecuci贸n en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea o de recepci贸n por las autoridades judiciales espa帽olas competentes las siguientes medidas de libertad vigilada:
a) La obligaci贸n de la persona condenada de comunicar a una autoridad espec铆fica todo cambio de domicilio o lugar de trabajo.
b) La prohibici贸n de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas del Estado de emisi贸n o de ejecuci贸n.
c) La imposici贸n de limitaciones respecto a la salida del territorio del Estado de ejecuci贸n.
d) Los requerimientos relativos a la conducta, la residencia, la educaci贸n y la formaci贸n o las actividades de ocio, o que establezcan l铆mites o determinen modalidades del ejercicio de una actividad profesional.
e) La obligaci贸n de presentarse en determinadas fechas ante una autoridad espec铆fica.
f) La obligaci贸n de evitar todo contacto con determinadas personas.
g) La obligaci贸n de evitar todo contacto con determinados objetos que la persona condenada ha utilizado o podr铆a utilizar para cometer infracciones penales.
h) La obligaci贸n de reparar econ贸micamente los da帽os causados por la infracci贸n o de presentar pruebas del cumplimiento de esta obligaci贸n.
i) La obligaci贸n de realizar trabajos en beneficio de la comunidad.
j) La obligaci贸n de cooperar con un agente de vigilancia o con un representante de un servicio social que tenga responsabilidades con respecto a la persona condenada.
k) La obligaci贸n de someterse a un tratamiento terap茅utico o de deshabituaci贸n.
Art铆culo 95. Autoridades judiciales competentes en Espa帽a para transmitir y ejecutar una resoluci贸n de libertad vigilada
1. Son autoridades de emisi贸n de una resoluci贸n de libertad vigilada los Jueces o Tribunales que conozcan de la ejecuci贸n de la sentencia o resoluci贸n de libertad vigilada.
2. Es autoridad competente para reconocer y acordar la ejecuci贸n de una resoluci贸n de libertad vigilada transmitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, el Juez Central de lo Penal. Cuando la resoluci贸n de libertad vigilada transmitida se refiera a un menor ser谩 competente el Juez Central de Menores.
CAP脥TULO II-Transmisi贸n de una resoluci贸n de libertad vigilada
Art铆culo 96. Requisitos para emitir una resoluci贸n de libertad vigilada
1. Son requisitos para que la autoridad judicial espa帽ola competente emita a otro Estado miembro una resoluci贸n de libertad vigilada:
a) Que se haya dictado una resoluci贸n judicial firme de libertad vigilada en los t茅rminos prescritos en esta ley.
b) Que el condenado no tenga su residencia legal y habitual en Espa帽a.
c) Que haya regresado al Estado donde reside legal y habitualmente o que, aun estando en nuestro pa铆s, haya manifestado su voluntad de regresar a 茅ste o a otro Estado miembro que lo autorice.
2. El hecho de que, adem谩s de la libertad vigilada, se haya impuesto una sanci贸n pecuniaria o una resoluci贸n de decomiso que todav铆a no haya sido abonada o ejecutada, no impedir谩 la emisi贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada. Los pronunciamientos condenatorios de car谩cter patrimonial podr谩n amparar la emisi贸n de resoluciones de decomiso o de sanciones pecuniarias por parte del Juez o Tribunal sentenciador.
Art铆culo 97. Documentaci贸n de la orden europea de libertad vigilada
La resoluci贸n de libertad vigilada ir谩 acompa帽ada del certificado que figura en el anexo IV, con menci贸n expresa a las medidas cuya ejecuci贸n se transmite, ya sean 茅stas de las previstas con car谩cter general o de las espec铆ficas que el Estado de ejecuci贸n haya aceptado en la declaraci贸n efectuada ante la Secretar铆a General del Consejo de la Uni贸n Europea.
Junto al certificado se enviar谩 la sentencia y, en su caso, la resoluci贸n judicial firmes.
Art铆culo 98. Transmisi贸n de una resoluci贸n de libertad vigilada
1. La autoridad judicial espa帽ola competente transmitir谩 la resoluci贸n de libertad vigilada a la autoridad competente del Estado miembro en el que la persona condenada tenga su residencia legal y habitual y al que haya regresado o desee regresar.
Tambi茅n podr谩 transmitirse a un Estado miembro distinto a aqu茅l en el que la persona condenada tenga su residencia legal y habitual, a solicitud de la misma y siempre que la autoridad competente del Estado de la residencia del condenado haya dado su consentimiento a la transmisi贸n.
2. Con car谩cter previo a la transmisi贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada, la autoridad judicial preguntar谩 a la persona condenada si desea regresar o permanecer en su Estado de residencia, concedi茅ndole a tal efecto un plazo de treinta d铆as.
En caso de que la persona condenada manifieste su deseo de cumplir la medida en otro Estado distinto, la autoridad judicial solicitar谩 de la autoridad competente del mismo el consentimiento para la transmisi贸n de la resoluci贸n.
3. La autoridad judicial espa帽ola competente transmitir谩 la sentencia y, en su caso, la resoluci贸n de libertad vigilada a un 煤nico Estado de ejecuci贸n cada vez.
4. La autoridad judicial espa帽ola transmitir谩 tambi茅n a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n las medidas que, en su caso, se hubieren impuesto al condenado para el cumplimiento de la responsabilidad civil derivada del delito y dem谩s responsabilidades pecuniarias, cuya satisfacci贸n se debe acreditar por el mismo.
Art铆culo 99. Consecuencias de la resoluci贸n de libertad vigilada
1. Una vez que la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n comunique el reconocimiento de la resoluci贸n de libertad vigilada que se le hubiera transmitido, la autoridad judicial espa帽ola dejar谩 de tener competencia tanto para la vigilancia de las medidas de libertad vigilada, como para adoptar resoluciones ulteriores en relaci贸n con la misma, salvo cuando el Estado de ejecuci贸n haya hecho declaraci贸n en contrario.
2. El Juez o Tribunal emisor, una vez transmitida la resoluci贸n de libertad vigilada, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes personadas, podr谩 solicitar a la autoridad de ejecuci贸n que le comunique la duraci贸n m谩xima de la pena privativa de libertad prevista por el Derecho nacional del Estado de ejecuci贸n en casos de incumplimiento de las medidas cuya ejecuci贸n ha sido transmitida con la resoluci贸n de libertad vigilada.
Art铆culo 100. Devoluci贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada
1. El Juez o Tribunal emisor podr谩 retirar el certificado, solicitando al Estado de ejecuci贸n que no adopte medida alguna, siempre que no haya comenzado todav铆a la ejecuci贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada y dentro del plazo m谩ximo de diez d铆as:
a) Desde la recepci贸n de la informaci贸n solicitada en relaci贸n con la duraci贸n m谩xima de la pena privativa de libertad prevista en el ordenamiento jur铆dico del Estado de ejecuci贸n para la infracci贸n que dio lugar a la resoluci贸n y que podr铆a imponerse en caso de incumplimiento de la medida de libertad vigilada.
b) O desde la recepci贸n de la informaci贸n sobre la decisi贸n motivada del Estado de ejecuci贸n de adaptar las medidas de libertad vigilada impuestas a las que se apliquen para infracciones equivalentes seg煤n su ordenamiento jur铆dico.
El Juez o Tribunal, despu茅s de la recepci贸n de la informaci贸n del Estado de ejecuci贸n, oir谩 al Ministerio Fiscal en el plazo de cinco d铆as y dictar谩 auto, que deber谩 ser motivado, dentro de los cinco d铆as siguientes.
2. El Juez o Tribunal emisor podr谩 solicitar la devoluci贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada cuya ejecuci贸n ha sido iniciada en otro Estado miembro, cuando en Espa帽a se est茅n llevando a cabo nuevos procesos penales contra el interesado.
3. Cuando la autoridad del Estado de ejecuci贸n devuelva la competencia para la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y para la adopci贸n de las decisiones ulteriores, la misma se ejercer谩 de nuevo por el Juez o Tribunal competente, que tendr谩 en cuenta el per铆odo y grado de cumplimiento en el Estado de ejecuci贸n, as铆 como aquellas decisiones ulteriores que ya se hubieran adoptado.
CAP脥TULO III-Ejecuci贸n de una resoluci贸n de libertad vigilada
Art铆culo 101. Requisitos para la transmisi贸n a Espa帽a de la resoluci贸n de libertad vigilada
1. El reconocimiento en Espa帽a de una resoluci贸n de libertad vigilada dictada por otro Estado miembro de la Uni贸n Europea no estar谩 sujeto a control de la doble tipificaci贸n cuando se refiera a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado 1 del art铆culo 20, siempre que est茅n castigados en el Estado de emisi贸n con penas o medidas privativas de libertad cuya duraci贸n m谩xima sea de al menos tres a帽os.
2. S贸lo se podr谩n reconocer las resoluciones de libertad vigilada:
a) Cuando el condenado tenga su residencia legal y habitual en Espa帽a y conste fehacientemente que haya regresado a nuestro pa铆s o que ha manifestado su voluntad de hacerlo ante la autoridad de emisi贸n.
b) Cuando, a pesar de no tener el condenado su residencia legal y habitual en Espa帽a, s铆 la tengan, desde hace al menos cinco a帽os, sus ascendientes, descendientes o hermanos, o su c贸nyuge o persona unida a 茅l por relaci贸n de naturaleza an谩loga, siempre que el condenado hubiera conseguido un contrato de trabajo o haya solicitado el cumplimiento en Espa帽a de la resoluci贸n de libertad vigilada.
Art铆culo 102. Solicitud para que Espa帽a preste su consentimiento a la transmisi贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada
Cuando el condenado no tenga residencia legal y habitual en Espa帽a, el Juez Central de lo Penal que reciba la solicitud de la autoridad de emisi贸n para que preste su consentimiento a que la resoluci贸n de libertad vigilada le sea transmitida, s贸lo podr谩 otorgarlo si se dan las condiciones previstas en la letra b) del apartado 2 del art铆culo anterior.
Art铆culo 103. Procedimiento para el reconocimiento de la resoluci贸n de libertad vigilada
1. El Juez Central de lo Penal, en el plazo de cinco d铆as desde la recepci贸n del certificado, oir谩 al Ministerio Fiscal sobre si procede el reconocimiento y ejecuci贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada, debiendo evacuarse ese tr谩mite en el plazo de diez d铆as. A continuaci贸n, el Juez Central de lo Penal resolver谩 en el plazo de otros diez d铆as.
2. El Juez Central de lo Penal comprobar谩 si concurre alguna causa de denegaci贸n del reconocimiento o de la ejecuci贸n, y tambi茅n si concurren los requisitos en relaci贸n con la residencia en Espa帽a del condenado, su regreso o voluntad de regresar a Espa帽a.
3. En todo caso, en el plazo de sesenta d铆as desde la recepci贸n en Espa帽a de la resoluci贸n de libertad vigilada, el Juez debe dictar auto motivado reconociendo o denegando su ejecuci贸n. En circunstancias excepcionales en las que tal plazo no pueda respetarse, deber谩 informarse de los motivos a la autoridad de emisi贸n, as铆 como de la fecha en que se estima que se adoptar谩 dicha decisi贸n.
Art铆culo 104. Adaptaci贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada
1. En el caso de que la medida recogida en la resoluci贸n de libertad vigilada, por su duraci贸n, sea incompatible con el ordenamiento jur铆dico espa帽ol por superar el l铆mite m谩ximo previsto en nuestra legislaci贸n, el Juez Central de lo Penal adaptar谩 la condena. La adaptaci贸n consistir谩 en limitar la duraci贸n de la medida de libertad vigilada al m谩ximo de lo previsto en nuestra legislaci贸n para infracciones equivalentes que se correspondan con las dictadas en el Estado de emisi贸n.
2. En el caso de que la medida de libertad vigilada, por su naturaleza, sea incompatible con el ordenamiento jur铆dico espa帽ol, el Juez Central de lo Penal adaptar谩 la medida a la contemplada en nuestra legislaci贸n para casos similares. La medida adaptada debe corresponderse tanto como sea posible con la medida impuesta en la sentencia o resoluci贸n del Estado miembro de emisi贸n.
3. En ninguno de estos dos casos la adaptaci贸n podr谩 agravar o alargar la medida impuesta en el Estado de emisi贸n.
Art铆culo 105. Denegaci贸n del reconocimiento y ejecuci贸n de una resoluci贸n de libertad vigilada
1. El Juez Central de lo Penal denegar谩 el reconocimiento y la ejecuci贸n de las resoluciones de libertad vigilada, adem谩s de en los supuestos de los art铆culos 32 y 33, en los siguientes casos:
a) Cuando en virtud de su edad, la persona condenada no habr铆a podido ser declarada penalmente responsable de los hechos en que se basa la sentencia, de acuerdo con la legislaci贸n penal espa帽ola.
b) Cuando la duraci贸n de la medida de libertad vigilada o de la pena sustitutiva sea inferior a seis meses.
c) Cuando la sentencia o, en su caso, la resoluci贸n de libertad vigilada incluye medidas m茅dicas o terap茅uticas que, de acuerdo con el Derecho espa帽ol, el Juez Central de lo Penal no puede vigilar.
d) Cuando no se cumplan las condiciones exigidas para la transmisi贸n de una resoluci贸n de libertad vigilada.
2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n previstos en las letras a) y c) del apartado 1 o en el apartado 3 del art铆culo 32, en el apartado 1 del art铆culo 33 o en las letras b), c) y d) del apartado anterior, antes de denegar el reconocimiento y la ejecuci贸n de la sentencia o de la resoluci贸n de libertad vigilada, el Juez Central de lo Penal habr谩 de consultar a la autoridad del Estado de emisi贸n para que aclare la situaci贸n y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.
3. Cuando el Juez Central de lo Penal hubiera decidido alegar alguno de los motivos de denegaci贸n contemplados en los apartados 2 y 3 del art铆culo 32, podr谩 ponerse de acuerdo con la autoridad competente del Estado de emisi贸n para realizar la vigilancia de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas, sin asumir la responsabilidad de adoptar ninguna decisi贸n ulterior.
En este caso, el Juez informar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n, a trav茅s del certificado que figura en el anexo V, en caso de incumplimiento de la medida de libertad vigilada o de la pena sustitutiva por la persona condenada.
Art铆culo 106. Adopci贸n por el Juez Central de lo Penal de resoluciones ulteriores en relaci贸n con la libertad vigilada
1. El Juez Central de lo Penal ser谩 competente para la adopci贸n de las resoluciones ulteriores en relaci贸n con la libertad vigilada ante el incumplimiento de la medida de libertad vigilada o de la comisi贸n de una nueva infracci贸n penal del condenado, salvo que la adopci贸n corresponda a la autoridad de emisi贸n por tratarse de alguno de estos supuestos:
a) Cuando la sentencia no imponga una pena o medida privativa de libertad que deba aplicarse en caso de incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones en que consista la medida de libertad vigilada.
b) En los casos de condenas condicionales.
c) En los casos en que la sentencia se refiera a hechos que no constituyan infracci贸n legal en nuestro ordenamiento jur铆dico.
Cuando se diera alguno de estos supuestos se comunicar谩, sin demora, al Estado de emisi贸n requiri茅ndole para que adopte la decisi贸n oportuna, manteni茅ndose mientras tanto las medidas de vigilancia del condenado.
2. Entre las decisiones ulteriores que la autoridad judicial espa帽ola adoptar谩, de acuerdo con el ordenamiento jur铆dico espa帽ol, se encuentran:
a) La modificaci贸n de las obligaciones o prohibiciones contenidas en la medida de libertad vigilada, as铆 como de su duraci贸n.
b) La revocaci贸n de la suspensi贸n de la ejecuci贸n de la sentencia o resoluci贸n de la puesta en libertad condicional.
c) La imposici贸n de una pena privativa de libertad o de medidas de privaci贸n de libertad cuando ya se hubiera concretado por la autoridad de emisi贸n.
3. Las penas o medidas privativas de libertad que procediera ejecutar de conformidad con estas resoluciones ulteriores se llevar谩n a cabo de conformidad con la legislaci贸n espa帽ola.
4. El Juez Central de lo Penal informar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n de la adopci贸n de cualquiera de las decisiones se帽aladas en este art铆culo, as铆 como de su ejecuci贸n y de aquellas que se refieran a la extinci贸n de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas.
5. El Juez Central de lo Penal tambi茅n informar谩, previa solicitud de la autoridad de emisi贸n, de la duraci贸n m谩xima de la pena privativa de libertad prevista en el C贸digo Penal para la infracci贸n que dio lugar a la condena y que podr铆a imponerse a la persona condenada en caso de quebrantamiento de condena.
Si, una vez recibida la resoluci贸n de libertad vigilada, la autoridad de emisi贸n solicitara informaci贸n sobre la duraci贸n m谩xima de la pena privativa de libertad prevista en nuestro Derecho para la infracci贸n que dio lugar a la resoluci贸n y que podr铆a imponerse en caso de incumplimiento del condenado de las medidas de libertad vigilada, el Juez Central de lo Penal le informar谩 al respecto.
Art铆culo 107. Retirada de la resoluci贸n de libertad vigilada por la autoridad de emisi贸n
Si la autoridad de emisi贸n retirara la resoluci贸n de libertad vigilada, el Juez Central de lo Penal devolver谩 la orden y remitir谩 todo lo actuado a la autoridad de emisi贸n.
Art铆culo 108. Devoluci贸n de la resoluci贸n de libertad vigilada a la autoridad de emisi贸n
El Juez Central de lo Penal devolver谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n la competencia respecto de la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas y de cualquier decisi贸n ulterior relacionada con la sentencia:
a) En caso de fuga de la persona condenada.
b) En caso de que la persona condenada deje de tener su residencia habitual en Espa帽a.
c) A petici贸n del Estado de emisi贸n, cuando existan nuevos procesos penales abiertos contra el interesado en dicho Estado.
T脥TULO V-Resoluciones sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 109. Resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. Las resoluciones cuyo r茅gimen de reconocimiento y ejecuci贸n se regula por este T铆tulo son aquellas adoptadas en un proceso penal por la autoridad competente de un Estado miembro por las que se imponen a una persona f铆sica una o m谩s medidas de vigilancia en sustituci贸n de la prisi贸n provisional.
2. Con la transmisi贸n de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional debe garantizarse la debida acci贸n de la justicia y, de modo especial, la comparecencia en juicio de la persona de que se trate.
Asimismo, debe mejorar la protecci贸n de las v铆ctimas, la seguridad ciudadana y promover la adopci贸n de resoluciones de libertad provisional en relaci贸n con imputados que no sean residentes en el Estado miembro donde se sigue el proceso penal en su contra.
Art铆culo 110. 脕mbito de aplicaci贸n de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. Son susceptibles de transmisi贸n y ejecuci贸n en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea o de recepci贸n por las autoridades judiciales espa帽olas competentes las siguientes medidas de vigilancia:
a) La obligaci贸n de la persona de comunicar a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n cualquier cambio de domicilio, en particular para poder recibir citaciones a comparecer en las diligencias de prueba o vistas en el transcurso de las actuaciones penales.
b) La prohibici贸n de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas del Estado de emisi贸n o del Estado de ejecuci贸n.
c) La obligaci贸n de permanecer en un lugar determinado durante el per铆odo de tiempo se帽alado.
d) La obligaci贸n de respetar las limitaciones impuestas en relaci贸n con la salida del territorio del Estado de ejecuci贸n.
e) La obligaci贸n de presentarse en determinadas fechas ante una autoridad espec铆fica.
f) La prohibici贸n de aproximarse a determinadas personas relacionadas con los delitos presuntamente cometidos.
g) La inhabilitaci贸n para ejercer determinadas profesiones o actividades ligadas con el delito presuntamente cometido.
h) La obligaci贸n de no conducir veh铆culos de motor.
i) La obligaci贸n de depositar una fianza o prestar otra garant铆a, ya sea en determinados plazos o en un pago 煤nico.
j) La obligaci贸n de someterse a un tratamiento de desintoxicaci贸n o deshabituaci贸n de adicciones.
k) La prohibici贸n de tenencia y porte de armas o de otros objetos espec铆ficos relacionados con el delito enjuiciado.
2. No obstante lo dispuesto en apartado anterior, las medidas previstas en las letras g) a k) del mismo s贸lo podr谩n transmitirse a aquellos Estados miembros de la Uni贸n Europea que asuman su supervisi贸n mediante notificaci贸n a la Secretar铆a General del Consejo de la Uni贸n Europea.
3. La resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional dictada por una autoridad extranjera podr谩 incluir estas medidas u otras previstas en su ordenamiento jur铆dico cuyo reconocimiento hayan sido objeto de notificaci贸n por Espa帽a.
Art铆culo 111. Autoridades competentes en Espa帽a para emitir y ejecutar una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. Son autoridades de emisi贸n de una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional los Jueces o Tribunales que hayan dictado la resoluci贸n de libertad provisional del imputado en el procedimiento penal.
2. Son autoridades competentes para reconocer y ejecutar una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional los Jueces de Instrucci贸n o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde el imputado tenga establecida su residencia, respecto a los delitos que sean de su competencia.
CAP脥TULO II-Transmisi贸n de una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
Art铆culo 112. Requisitos para transmitir una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. El Juez o Tribunal competente transmitir谩 la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional a la autoridad competente del Estado miembro en el que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el imputado tenga su residencia legal y habitual en el Estado de ejecuci贸n y consienta en regresar a dicho Estado.
b) Que el imputado solicite trasladarse a un Estado distinto del de su residencia y la autoridad competente de este Estado as铆 lo consienta.
2. La resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional se transmitir谩 a un 煤nico Estado de ejecuci贸n cada vez.
Art铆culo 113. Consultas e intercambio de informaci贸n entre autoridades competentes sobre la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
El Juez espa帽ol mantendr谩 la necesaria comunicaci贸n con la autoridad competente del otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, mediante las consultas que procedan, tanto antes de transmitir la resoluci贸n y el certificado, como durante su ejecuci贸n para facilitar la adecuada supervisi贸n de las medidas de vigilancia. Asimismo, se consultar谩n en relaci贸n con la peligrosidad del imputado y en caso de incumplimiento grave de alguna de las medidas de vigilancia impuestas en la resoluci贸n.
Estas consultas permitir谩n a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n verificar la identidad y el lugar de residencia del interesado y conocer toda aquella informaci贸n contenida en el registro de antecedentes penales.
Art铆culo 114. Procedimiento para la transmisi贸n de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. La emisi贸n de una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional debe acordarse de conformidad con el procedimiento recogido en este art铆culo bien de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o del imputado, sin que estas solicitudes tengan car谩cter vinculante.
2. Antes de la emisi贸n de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional, el Juez o Tribunal verificar谩 si ya se hab铆an acordado, en relaci贸n con ese mismo imputado y en causas diferentes, otras resolucionessobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional.
Cuando concurran varias causas en las que se hubieran impuesto medidas alternativas a la prisi贸n provisional del imputado, deber谩 seguirse el tr谩mite previsto en este art铆culo en cada autoridad judicial que conozca de cada una de ellas. Tambi茅n deber谩 seguirse en la autoridad judicial que tuviera decretada la busca y captura del imputado a fin de acordar su ingreso en prisi贸n preventiva.
Si alguno de los Jueces o Tribunales decidiera no emitir la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional y mantener las medidas de vigilancia acordadas para que se ejecuten en Espa帽a o mantener la medida interesada de prisi贸n preventiva, lo comunicar谩 a la mayor brevedad posible al resto de autoridades judiciales que est茅n tramitando la emisi贸n de una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional, a fin de que suspendan la tramitaci贸n o dejen sin efecto la resoluci贸n ya emitida, todo ello sin perjuicio de su reanudaci贸n o transmisi贸n en un momento ulterior.
3. Con car谩cter previo a la transmisi贸n de la resoluci贸n, la autoridad judicial preguntar谩 al imputado si desea regresar o permanecer en su Estado de residencia, concedi茅ndole a tal efecto un plazo m谩ximo de treinta d铆as.
En caso de que el imputado manifieste su deseo de cumplir la medida en otro Estado distinto, la autoridad judicial solicitar谩 de la autoridad competente del mismo el consentimiento para la transmisi贸n de la resoluci贸n.
Si se siguiera el tr谩mite en varios 贸rganos judiciales, por ser varios los que han decretado su libertad provisional, el consentimiento del imputado prestado en una causa se entender谩 extensivo a todas las dem谩s.
4. En el caso de que la tramitaci贸n se lleve a cabo con ocasi贸n de la detenci贸n y puesta a disposici贸n del detenido, el traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas se har谩 de manera simult谩nea a la celebraci贸n de comparecencia en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se recabar谩 el consentimiento del imputado para regresar al Estado de ejecuci贸n. El Juez o Tribunal deber谩 resolver sobre la emisi贸n en el plazo previsto para la regularizaci贸n de la situaci贸n personal del detenido.
La prestaci贸n del consentimiento del imputado podr谩 hacerse de manera simult谩nea a cualquier otra audiencia o vista que se celebre durante el procedimiento.
Art铆culo 115. Documentaci贸n de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. La resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisionalque se transmita a otro Estado miembro ir谩 acompa帽ada del certificado cuyo modelo figura en el anexo VI.
2. Si la autoridad de ejecuci贸n lo solicita, se le transmitir谩 el original del certificado y el original o copia certificada de la resoluci贸n.
Art铆culo 116. Plazo de supervisi贸n de las medidas alternativas a la prisi贸n provisional en el Estado de ejecuci贸n y su ampliaci贸n
1. La resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional especificar谩 el plazo por el que deben supervisarse las medidas, cuya duraci贸n m谩xima vendr谩 determinada por la prescripci贸n del delito que motiva la resoluci贸n de libertad provisional de conformidad con la legislaci贸n espa帽ola, y si es posible su renovaci贸n.
2. Si al tiempo de caducar el plazo de supervisi贸n de las medidas de vigilancia 茅stas siguen siendo necesarias, el Juez o Tribunal espa帽ol de emisi贸n oir谩 de nuevo al Ministerio Fiscal, al imputado y a las partes personadas por cinco d铆as, resolviendo a continuaci贸n por auto motivado, dictado en el plazo de otros cinco d铆as, si procede solicitar a la autoridad de ejecuci贸n que ampl铆e la supervisi贸n de la libertad provisional en vista de las circunstancias espec铆ficas del caso. En la solicitud deber谩 recogerse expresamente el plazo m谩ximo de ampliaci贸n que se considere necesario.
3. Si la autoridad de ejecuci贸n exige confirmaci贸n peri贸dica de la necesidad de supervisi贸n de las medidas, el Juez o Tribunal emisor proceder谩 a informarle al respecto en el plazo de cinco d铆as desde la recepci贸n de la solicitud de confirmaci贸n.
Art铆culo 117. Retirada de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. Mientras no haya comenzado la ejecuci贸n de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional en el Estado de ejecuci贸n, el Juez o Tribunal emisor podr谩 retirar el certificado de conformidad con lo previsto en este art铆culo.
2. La decisi贸n se tomar谩 una vez conocida la informaci贸n facilitada por la autoridad de ejecuci贸n sobre el plazo m谩ximo previsto en su Derecho para la supervisi贸n de las medidas, la necesidad de adaptar 茅stas o sobre la imposibilidad de entregar al imputado a trav茅s de la orden europea de detenci贸n y entrega si incumpliera la medida de vigilancia impuesta en la resoluci贸n de libertad provisional.
3. Recibida esta informaci贸n en el Juez o Tribunal emisor, se oir谩 al Ministerio Fiscal en el plazo de tres d铆as. A continuaci贸n, el Juez o Tribunal dictar谩 auto en el plazo de otros tres d铆as, que podr谩 acordar la retirada del certificado, solicitando al Estado de ejecuci贸n que no adopte o supervise medida alguna.
4. En todo caso, el auto debe notificarse a la autoridad de ejecuci贸n en el plazo m谩ximo de diez d铆as desde la recepci贸n en Espa帽a de la informaci贸n sobre el plazo m谩ximo de supervisi贸n, la adaptaci贸n de las medidas o la imposibilidad de acudir al mecanismo de la orden europea de detenci贸n en caso de incumplimiento.
Art铆culo 118. Competencias de supervisi贸n de la autoridad judicial espa帽ola emisora de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
Mientras la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n no haya notificado el reconocimiento de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional que le hubiera sido transmitida, la autoridad judicial espa帽ola de emisi贸n seguir谩 siendo competente para la supervisi贸n de las medidas de vigilancia impuestas. Una vez recibida esa notificaci贸n, el Juez o Tribunal dejar谩 de tener competencia para la supervisi贸n de las medidas de vigilancia impuestas.
Art铆culo 119. Recuperaci贸n de la competencia para la supervisi贸n de las medidas de vigilancia
1. La competencia para la supervisi贸n de las medidas de vigilancia revertir谩 al Juez o Tribunal competente en los casos en que:
a) Retire el certificado y as铆 lo notifique a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n.
b) El imputado traslade su residencia legal y habitual a un Estado distinto al Estado de ejecuci贸n.
c) El Juez o Tribunal haya modificado las medidas de vigilancia y la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n se haya negado a supervisar dichas medidas.
d) Haya transcurrido el plazo m谩ximo se帽alado por el Estado de ejecuci贸n para la supervisi贸n de las medidas de vigilancia.
e) La autoridad competente del Estado de ejecuci贸n decida dejar de supervisar las medidas de vigilancia y as铆 lo comunique al Juez o Tribunal competente.
2. En todo caso, el Juez o Tribunal estar谩 en contacto permanente con la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n a fin de evitar cualquier posible interrupci贸n en la supervisi贸n de las medidas de vigilancia.
Art铆culo 120. Competencias de la autoridad judicial espa帽ola emisora para la adopci贸n de decisiones ulteriores en relaci贸n con la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. El Juez o Tribunal emisor espa帽ol ser谩 el competente para adoptar decisiones ulteriores en relaci贸n con la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional, de oficio o como consecuencia de la notificaci贸n de la autoridad de ejecuci贸n que advierta de cualquier incumplimiento por el imputado de una medida de vigilancia u otra informaci贸n que pueda dar lugar a la adopci贸n de una decisi贸n ulterior a la libertad provisional.
En particular, el Juez o Tribunal ser谩 competente para decidir sobre:
a) La renovaci贸n, revisi贸n o revocaci贸n de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional.
b) La modificaci贸n de las medidas de vigilancia acordadas.
c) La emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega o de cualquier otra resoluci贸n judicial ejecutiva que surta los mismos efectos.
2. Asimismo, la autoridad judicial espa帽ola de emisi贸n notificar谩 inmediatamente a la autoridad de ejecuci贸n la adopci贸n de estas decisiones ulteriores, as铆 como del hecho de que se haya interpuesto un recurso frente a las medidas de vigilancia acordadas.
CAP脥TULO III-Ejecuci贸n de una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
Art铆culo 121. Ejecuci贸n en Espa帽a de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. El reconocimiento de las resoluciones sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional no estar谩 sujeto a control de la doble tipificaci贸n cuando se refiera a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado 1 del art铆culo 20, siempre que est茅n castigados en el Estado de emisi贸n con penas o medidas privativas de libertad cuya duraci贸n m谩xima sea de al menos tres a帽os.
2. 脷nicamente se podr谩 reconocer la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional remitida a Espa帽a cuando, cumpli茅ndose las finalidades exigidas para su emisi贸n, se d茅 alguna de las siguientes circunstancias:
a) El imputado tenga su residencia legal y habitual en Espa帽a, siempre que consienta en regresar, despu茅s de haberle informado de las medidas de que se trata.
b) Las autoridades competentes espa帽olas consientan el traslado de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional para su ejecuci贸n en Espa帽a cuando el imputado as铆 lo hubiera solicitado en el Estado de emisi贸n.
Art铆culo 122. Procedimiento para la toma de decisi贸n sobre el reconocimiento de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. El Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer competente decidir谩 y comunicar谩 a la mayor brevedad posible a la autoridad del Estado de emisi贸n si reconoce la resoluci贸n y si asume la responsabilidad de la supervisi贸n de las medidas de vigilancia.
El plazo m谩ximo para emitir esta decisi贸n ser谩 de veinte d铆as h谩biles desde la recepci贸n de la resoluci贸n, salvo que excepcionalmente el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer competente informe a la autoridad del Estado de emisi贸n de la imposibilidad de respetar ese plazo m谩ximo, comunic谩ndole los motivos de la demora y el nuevo plazo que estime necesario.
2. Cuando se interponga un recurso contra la resoluci贸n por la que se imponen medidas de vigilancia, el plazo para el reconocimiento de la resoluci贸n se ampliar谩 otros veinte d铆as h谩biles.
3. Una vez reconocida la resoluci贸n del Estado de emisi贸n, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer proceder谩 a la supervisi贸n de las medidas de vigilancia desde el momento en que el imputado se encuentre en Espa帽a.
Art铆culo 123. Adaptaci贸n de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
Cuando las medidas de vigilancia impuestas sean incompatibles con el ordenamiento jur铆dico espa帽ol, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer las adaptar谩, previa audiencia al Ministerio Fiscal, a las que se apliquen en virtud de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal u otras normas procesales en materia penal que resulten aplicables para infracciones equivalentes, que se corresponder谩n en la medida de lo posible con las dictadas en el Estado de emisi贸n.
En ning煤n caso la medida de vigilancia adaptada podr谩 ser m谩s severa que la inicialmente impuesta.
Art铆culo 124. Denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. El Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer denegar谩 el reconocimiento y la ejecuci贸n de las resoluciones que imponen medidas alternativas a la prisi贸n provisional, adem谩s de en los supuestos de los apartados 1 y 2 del art铆culo 32, en los siguientes casos:
a) Cuando en virtud de su edad, el imputado no pueda ser considerado penalmente responsable de los hechos en que se basa la resoluci贸n, de acuerdo con la legislaci贸n penal espa帽ola.
b) Cuando no se cumplan las condiciones para la transmisi贸n de una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional.
c) Cuando, en el supuesto de que el imputado incumpliera las medidas de vigilancia, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer se viera obligado a negarse a entregarlo de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley sobre la orden europea de detenci贸n y entrega.
2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n previstos en las letras a) y d) del apartado 1 del art铆culo 32, o en la letra b) del apartado anterior, antes de denegar el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n, el Juez de Instrucci贸n solicitar谩 a la autoridad del Estado de emisi贸n que aclare la situaci贸n y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.
3. Cuando el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer considere de aplicaci贸n el motivo de denegaci贸n contemplado en la letra c) apartado 1 de este art铆culo, pero est茅 dispuesto a reconocer la resoluci贸n y a supervisar las medidas de vigilancia, informar谩 de ello a la autoridad competente del Estado de emisi贸n, solicit谩ndole que retire el certificado o que acepte dicho reconocimiento, con la advertencia de que el imputado podr铆a no ser entregado en virtud de una orden europea de detenci贸n y entrega.
Art铆culo 125. Competencias para la adopci贸n de decisiones ulteriores relacionadas con la resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional
1. En caso de que la autoridad competente del Estado de emisi贸n decida renovar, revisar o retirar la resoluci贸n o emitir una orden europea de detenci贸n y entrega, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer competente reconocer谩 dichas medidas ulteriores con el fin de hacerlas efectivas en Espa帽a. En caso de emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega, el Juez competente comunicar谩 las medidas que estuviera ejecutando al Juez Central de Instrucci贸n de la Audiencia Nacional.
2. Si la autoridad competente del Estado de emisi贸n modifica las medidas de vigilancia, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer podr谩:
a) Adaptar las medidas modificadas cuando sean incompatibles con el ordenamiento jur铆dico espa帽ol.
b) Negarse a supervisar las medidas de vigilancia modificadas si 茅stas no se encuentran entre las medidas que Espa帽a se ha comprometido a supervisar.
Art铆culo 126. Ampliaci贸n de la supervisi贸n de las medidas de vigilancia
Cuando la autoridad competente del Estado de emisi贸n solicite la ampliaci贸n del plazo m谩ximo de supervisi贸n de las medidas de vigilancia previamente fijado, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer decidir谩 atendiendo a las circunstancias del caso y a lo dispuesto en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol, indicando, en su caso, el nuevo plazo m谩ximo de supervisi贸n.
Art铆culo 127. Obligaciones del Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer durante la supervisi贸n de las medidas de vigilancia
1. El Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer notificar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n, mediante el certificado que figura en el anexo VII, cualquier incumplimiento de una medida de vigilancia y cualquier otra informaci贸n que pudiera dar lugar a la adopci贸n de una decisi贸n ulterior.
2. En caso de que la autoridad del Estado de emisi贸n retire el certificado, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer pondr谩 fin a la supervisi贸n de las medidas de vigilancia en cuanto reciba la correspondiente notificaci贸n.
3. El Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer competente informar谩 sin dilaci贸n a la autoridad competente del Estado de emisi贸n de cualquier cambio de residencia del imputado o de la imposibilidad de ejecutar las medidas por no encontrarlo en Espa帽a.
Asimismo, informar谩 del per铆odo m谩ximo durante el cual podr谩n supervisarse las medidas de vigilancia de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol y de cualquier decisi贸n de adaptar las medidas de vigilancia impuestas.
4. Durante la supervisi贸n de las medidas de vigilancia, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer podr谩 solicitar de la autoridad competente del Estado de emisi贸n informaci贸n sobre la necesidad de su continuidad en atenci贸n a las circunstancias del caso.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado apartado 4 del art铆culo 127
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. El Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer notificar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n, mediante el certificado que figura en el anexo VII, cualquier incumplimiento de una medida de vigilancia y cualquier otra informaci贸n que pudiera dar lugar a la adopci贸n de una decisi贸n ulterior.
2. En caso de que la autoridad del Estado de emisi贸n retire el certificado, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer pondr谩 fin a la supervisi贸n de las medidas de vigilancia en cuanto reciba la correspondiente notificaci贸n.
3. El Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer competente informar谩 sin dilaci贸n a la autoridad competente del Estado de emisi贸n de cualquier cambio de residencia del imputado o de la imposibilidad de ejecutar las medidas por no encontrarlo en Espa帽a.
Asimismo, informar谩 del per铆odo m谩ximo durante el cual podr谩n supervisarse las medidas de vigilancia de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol y de cualquier decisi贸n de adaptar las medidas de vigilancia impuestas.
4. Durante la supervisi贸n de las medidas de vigilancia, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer podr谩 solicitar de la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n informaci贸n sobre la necesidad de su continuidad en atenci贸n a las circunstancias del caso.
Art铆culo 128. Entrega de la persona sometida a medidas de vigilancia
En caso de que la autoridad competente del Estado de emisi贸n haya emitido una orden europea de detenci贸n y entrega, el imputado ser谩 entregado de acuerdo con lo previsto en el T铆tulo II.
Art铆culo 129. Notificaciones sin respuesta
1. Cuando el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer competente haya transmitido varias notificaciones sobre la misma persona a la autoridad competente del Estado de emisi贸n que requieran de la adopci贸n de una decisi贸n ulterior, y 茅sta no la hubiese adoptado, requerir谩 a dicha autoridad para que adopte tal decisi贸n, en un plazo m谩ximo de sesenta d铆as.
Si la autoridad del Estado de emisi贸n no adopta ninguna decisi贸n en el plazo se帽alado, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer podr谩 decidir dejar de supervisar las medidas de vigilancia, devolviendo la competencia para ello.
T脥TULO VI-Orden europea de protecci贸n
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 130. Orden europea de protecci贸n
1. La orden europea de protecci贸n es una resoluci贸n en materia penal dictada por una autoridad judicial o equivalente de un Estado miembro en relaci贸n con una medida de protecci贸n que faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de las v铆ctimas o posibles v铆ctimas de delitos que puedan poner en peligro su vida, su integridad f铆sica o psicol贸gica, su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual, cuando se encuentren en su territorio.
2. La orden de protecci贸n puede emitirse tanto en relaci贸n con medidas impuestas cautelarmente en un proceso penal como respecto de las penas privativas de derechos, siempre que consistan en:
a) La prohibici贸n de entrar o aproximarse a determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta.
b) La prohibici贸n o reglamentaci贸n de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los contactos telef贸nicos, por correo electr贸nico o postal, por fax o por cualquier otro medio.
c) O la prohibici贸n o reglamentaci贸n del acercamiento a la persona protegida a una distancia menor de la indicada en la medida.
Art铆culo 131. Autoridades competentes en Espa帽a para emitir y recibir una orden europea de protecci贸n
1. Son autoridades competentes para emitir y transmitir una orden europea de protecci贸n, los Jueces o Tribunales que conozcan del procedimiento penal en el que se ha emitido la resoluci贸n adoptando la medida de protecci贸n.
2. Son autoridades competentes para reconocer y ejecutar la orden europea de protecci贸n, los Jueces de Instrucci贸n o los Jueces de Violencia sobre la Mujer del lugar donde la v铆ctima resida o tenga intenci贸n de hacerlo, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo siguiente.
No obstante, cuando se hubieran emitido resoluciones de libertad vigilada o de medidas alternativas a la prisi贸n provisional ser谩 competente para reconocer y ejecutar la orden europea de protecci贸n, el mismo Juez o Tribunal que ya hubiera reconocido y ejecutado aquellas resoluciones.
Art铆culo 132. Relaci贸n de la orden europea de protecci贸n con otras resoluciones de reconocimiento mutuo
Cuando previamente se haya transmitido a otro Estado miembro o se transmita con posterioridad una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional o de libertad vigilada previstas en esta Ley, las medidas de protecci贸n de la v铆ctima o posible v铆ctima se adoptar谩n de acuerdo con las normas que regulan esas resoluciones y por la autoridad competente para adoptar estas resoluciones, sin perjuicio de que pueda transmitirse a otro Estado miembro distinto una orden europea de protecci贸n.
CAP脥TULO II-Emisi贸n y Transmisi贸n de una orden europea de protecci贸n
Art铆culo 133. Requisitos para emitir y transmitir una orden europea de protecci贸n
El Juez o Tribunal espa帽ol competente podr谩 adoptar una orden europea de protecci贸n, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la duraci贸n del per铆odo o per铆odos en que la persona protegida tiene intenci贸n de permanecer en el Estado de ejecuci贸n, as铆 como la importancia de la necesidad de protecci贸n, cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que se haya dictado una resoluci贸n judicial penal adoptando la medida de protecci贸n, tanto si se trata de medidas cautelares impuestas como de penas privativas de derechos que, por su contenido an谩logo, persigan id茅ntica finalidad de protecci贸n de la v铆ctima.
b) Que la v铆ctima resida, permanezca o tenga intenci贸n de hacerlo en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea.
c) Que la v铆ctima solicite la adopci贸n de la orden de protecci贸n, por s铆 misma o a trav茅s de su tutor o representante legal.
Art铆culo 134. Procedimiento para la emisi贸n de la orden europea de protecci贸n
1. La autoridad judicial espa帽ola que adopte alguna de las medidas de protecci贸n previstas en este Cap铆tulo informar谩 a la persona protegida o a su representante legal de la posibilidad de solicitar que se dicte una orden europea de protecci贸n en caso de que decida trasladarse a otro Estado miembro, as铆 como de las condiciones b谩sicas para presentar dicha solicitud. La autoridad aconsejar谩 a la persona protegida que presente su solicitud antes de salir del territorio del Estado de emisi贸n.
2. La v铆ctima podr谩 formular su solicitud en el Estado de ejecuci贸n.
3. Antes de emitir la orden europea de protecci贸n, se dar谩 audiencia a la persona causante del peligro, sin comunicarle en ning煤n caso la direcci贸n ni otros datos de contacto de la persona protegida, a menos que ello sea necesario para la ejecuci贸n de la medida adoptada.
Si el imputado o condenado no hubiera sido o铆do en el proceso previamente en relaci贸n con la adopci贸n de la resoluci贸n que decretaba medidas de protecci贸n, se convocar谩 a 茅ste, asistido de letrado, al Ministerio Fiscal y a las dem谩s partes personadas, a una comparecencia, que deber谩 celebrarse en el plazo de 72 horas desde la recepci贸n de la solicitud. El Juez o Tribunal resolver谩 por auto motivado.
Art铆culo 135. Documentaci贸n de la orden europea de protecci贸n
La orden europea de protecci贸n se documentar谩 en el certificado previsto en el anexo VIII y expresar谩 si se ha transmitido a otro Estado, distinto del de ejecuci贸n, una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional o de libertad vigilada, con indicaci贸n de la autoridad de ese Estado al que los respectivos certificados fueron enviados.
Art铆culo 136. Transmisi贸n de una orden europea de protecci贸n a varios Estados de ejecuci贸n
La orden europea de protecci贸n podr谩 transmitirse, de manera simult谩nea, a varios Estados de ejecuci贸n si la v铆ctima manifiesta su intenci贸n de permanecer en varios de ellos.
Art铆culo 137. Competencias del Juez o Tribunal espa帽ol tras la transmisi贸n de la orden europea de protecci贸n
1. La autoridad judicial espa帽ola que haya emitido la orden europea de protecci贸n tendr谩 competencia exclusiva para adoptar, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol, las resoluciones relativas a:
a) La pr贸rroga, revisi贸n, modificaci贸n, revocaci贸n y anulaci贸n de la medida de protecci贸n y de la orden europea de protecci贸n.
b) La imposici贸n de una medida privativa de libertad como consecuencia de la revocaci贸n de la medida de protecci贸n, siempre que la medida de protecci贸n se haya adoptado con motivo de una resoluci贸n de adopci贸n de medidas de libertad provisional o de libertad vigilada, de acuerdo con esta Ley.
2. La autoridad judicial espa帽ola informar谩 sin demora a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n de cualquier resoluci贸n de modificaci贸n de la orden europea de protecci贸n. Asimismo, responder谩 a la solicitud de informaci贸n que 茅sta pueda realizar en cuanto a la necesidad de mantener la protecci贸n otorgada por la orden europea de protecci贸n en las circunstancias del caso concreto de que se trate.
3. Cuando la medida de protecci贸n se incluya en una sentencia o resoluci贸n de libertad vigilada y 茅sta se modifique, la autoridad de emisi贸n proceder谩 sin dilaci贸n a prorrogar, revisar, modificar, revocar o anular en consecuencia la orden europea de protecci贸n, informando a la autoridad competente para su ejecuci贸n.
CAP脥TULO III-Ejecuci贸n de una orden europea de protecci贸n
Art铆culo 138. Ejecuci贸n de una orden europea de protecci贸n
1. El Juez o Tribunal competente que reciba una orden europea de protecci贸n para su ejecuci贸n, tras dar audiencia al Ministerio Fiscal por plazo de tres d铆as, la reconocer谩 sin dilaci贸n y adoptar谩 una resoluci贸n en la que imponga cualquiera de las medidas previstas en el Derecho espa帽ol para un caso an谩logo a fin de garantizar la protecci贸n de la persona protegida.
Una orden europea de protecci贸n se reconocer谩 con la misma prioridad que corresponda a estas medidas en el Derecho espa帽ol, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha prevista de llegada de la persona protegida al territorio del Estado de ejecuci贸n y, en la medida de lo posible, la gravedad del riesgo que corre la persona protegida.
2. La medida de protecci贸n que adopte el Juez o Tribunal como autoridad competente de ejecuci贸n, as铆 como la que se adopte posteriormente en caso de incumplimiento, se ajustar谩n en la mayor medida posible a la medida de protecci贸n ordenada por el Estado de emisi贸n.
3. El Juez o Tribunal informar谩 a la persona causante del peligro, a la autoridad competente del Estado de emisi贸n y a la persona protegida de las medidas que haya adoptado y de las consecuencias jur铆dicas de la infracci贸n de tales medidas, con arreglo a lo dispuesto en el Derecho espa帽ol y en este Cap铆tulo. No se dar谩n a conocer a la persona causante del peligro la direcci贸n ni otros datos de contacto de la persona protegida, a menos que ello sea necesario para la ejecuci贸n de la medida adoptada.
4. En el auto que acuerde el reconocimiento se dar谩n las instrucciones oportunas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que velen por el cumplimiento de las medidas recogidas en la orden de protecci贸n, as铆 como para su inscripci贸n en los registros que correspondan.
5. En caso de que el Juez o Tribunal de ejecuci贸n estime que la informaci贸n transmitida con la orden europea de protecci贸n es incompleta, lo comunicar谩 sin dilaci贸n a la autoridad competente del Estado de emisi贸n, fijando un plazo razonable para que la autoridad de emisi贸n aporte la informaci贸n que falta.
6. Cuando la v铆ctima solicite la adopci贸n de las medidas de ejecuci贸n ante el Juez o Tribunal competente para su reconocimiento y ejecuci贸n en Espa帽a, 茅stos transmitir谩n sin dilaci贸n dicha solicitud a la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 139. Incumplimiento de una medida de protecci贸n
1. En caso de incumplimiento de alguna de las medidas de protecci贸n adoptadas, la autoridad judicial espa帽ola ser谩 competente para:
a) Imponer sanciones penales y adoptar cualquier otra medida como consecuencia del incumplimiento de esa medida, cuando tal incumplimiento constituya una infracci贸n penal con arreglo al Derecho espa帽ol.
b) Adoptar cualesquiera otras resoluciones relacionadas con el incumplimiento.
c) Adoptar las medidas provisionales urgentes para poner fin al incumplimiento, a la espera, en su caso, de una ulterior resoluci贸n del Estado de emisi贸n.
2. La autoridad judicial espa帽ola notificar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n cualquier incumplimiento de las medidas adoptadas en virtud de la orden europea de protecci贸n. La notificaci贸n se efectuar谩 a trav茅s del certificado que figura como anexo IX.
Art铆culo 140. Denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n de la orden europea de protecci贸n
1. La autoridad judicial espa帽ola denegar谩 el reconocimiento de una orden europea de protecci贸n cuando concurra, adem谩s de alguno de los motivos previstos en el art铆culo 32, alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la resoluci贸n no se refiera a alguna de las medidas previstas en este T铆tulo.
b) Que la medida de protecci贸n se refiera a un hecho que no constituye infracci贸n penal en Espa帽a.
c) Que la protecci贸n derive de la ejecuci贸n de una pena o medida que, conforme al Derecho espa帽ol, haya sido objeto de indulto y corresponda a un hecho o conducta sobre el que tenga competencia.
d) Que, conforme al Derecho espa帽ol, la persona causante del peligro no pueda considerarse penalmente responsable del hecho o conducta que haya dado lugar a la adopci贸n de la medida de protecci贸n, por raz贸n de su edad.
2. La autoridad judicial espa帽ola que deniegue el reconocimiento de una orden europea de protecci贸n notificar谩 su decisi贸n y los motivos de la misma, adem谩s de a la autoridad competente del Estado de emisi贸n, a la persona protegida, informando a 茅sta, en su caso, de la posibilidad de solicitar la adopci贸n de una medida de protecci贸n de conformidad con su Derecho nacional y de las v铆as de recurso existentes.
Art铆culo 141. Modificaci贸n de la orden europea de protecci贸n
Cuando la autoridad competente del Estado de emisi贸n modifique la orden europea de protecci贸n, la autoridad judicial espa帽ola, previa audiencia al Ministerio Fiscal, modificar谩 las medidas adoptadas, salvo los casos en que aquella modificaci贸n no se ajuste a los tipos de prohibiciones o restricciones previstos en este Cap铆tulo o en caso de que la informaci贸n transmitida con la orden europea de protecci贸n sea incompleta y no se haya completado dentro del plazo fijado.
Art铆culo 142. Finalizaci贸n de las medidas adoptadas en virtud de una orden europea de protecci贸n
1. La autoridad judicial espa帽ola, previa audiencia al Ministerio Fiscal, podr谩 poner fin a las medidas adoptadas en ejecuci贸n de una orden europea de protecci贸n:
a) En caso de que la autoridad competente del Estado de emisi贸n haya revocado o anulado la orden europea de protecci贸n, tan pronto como haya recibido la correspondiente notificaci贸n.
b) Cuando existan indicios claros de que la persona protegida no reside ni permanece en Espa帽a o ha abandonado definitivamente el territorio espa帽ol.
c) Cuando haya expirado, con arreglo al ordenamiento jur铆dico espa帽ol, el plazo m谩ximo de vigencia de las medidas adoptadas.
d) En el caso de que no se modifique la medida de protecci贸n por las causas previstas en el art铆culo anterior.
e) Cuando, tras el reconocimiento de la orden europea de protecci贸n, se haya transmitido al Estado de ejecuci贸n una resoluci贸n sobre medidas alternativas a la prisi贸n provisional o de libertad vigilada.
2. La autoridad judicial espa帽ola informar谩 inmediatamente de tal resoluci贸n, adem谩s de a la autoridad competente del Estado de emisi贸n, a la persona protegida cuando sea posible.
3. Antes de poner fin a las medidas de protecci贸n, la autoridad judicial espa帽ola podr谩 solicitar a la autoridad competente del Estado de emisi贸n que informe sobre la necesidad de mantener la protecci贸n otorgada por la orden europea de protecci贸n en las circunstancias del caso concreto de que se trate, concedi茅ndole a tal efecto el plazo m谩ximo de un mes.
T脥TULO VII-Resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 143. Resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
1. Las resoluciones cuyo r茅gimen de reconocimiento y ejecuci贸n se regula por este T铆tulo son aquellas que se dirigen a impedir provisionalmente la destrucci贸n, transformaci贸n, desplazamiento, transferencia o enajenaci贸n de bienes que pudieran ser sometidos a decomiso o utilizarse como medios de prueba.
2. Las resoluciones de embargo podr谩n adoptarse en relaci贸n con cualquier tipo de bien, sea material o inmaterial, mueble o inmueble, as铆 como con los documentos acreditativos de un t铆tulo o derecho sobre ese bien, de los que la autoridad judicial del Estado de emisi贸n considere que constituyen el producto de una infracci贸n o los instrumentos u objetos de dicha infracci贸n.
3. Las resoluciones de aseguramiento de pruebas podr谩n adoptarse en relaci贸n con los objetos, documentos o datos que posteriormente puedan utilizarse como medio de prueba en un procedimiento penal.
4. La resoluci贸n de aseguramiento de pruebas regulada en este T铆tulo 煤nicamente podr谩 ser emitida o reconocida y ejecutada en Espa帽a cuando se dirija o provenga, respectivamente, de Estados miembros de la Uni贸n Europea que no estuvieran vinculados por la orden europea de investigaci贸n regulada en el T铆tulo X.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido apartado 4 del art铆culo 143
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. Las resoluciones cuyo r茅gimen de reconocimiento y ejecuci贸n se regula por este T铆tulo son aquellas que se dirigen a impedir provisionalmente la destrucci贸n, transformaci贸n, desplazamiento, transferencia o enajenaci贸n de bienes que pudieran ser sometidos a decomiso o utilizarse como medios de prueba.
2. Las resoluciones de embargo podr谩n adoptarse en relaci贸n con cualquier tipo de bien, sea material o inmaterial, mueble o inmueble, as铆 como con los documentos acreditativos de un t铆tulo o derecho sobre ese bien, de los que la autoridad judicial del Estado de emisi贸n considere que constituyen el producto de una infracci贸n o los instrumentos u objetos de dicha infracci贸n.
3. Las resoluciones de aseguramiento de pruebas podr谩n adoptarse en relaci贸n con los objetos, documentos o datos que posteriormente puedan utilizarse como medio de prueba en un procedimiento penal.
Art铆culo 144. Autoridades judiciales competentes en Espa帽a para emitir y ejecutar una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
1. Son autoridades de emisi贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas los Jueces o Tribunales que conozcan del proceso en el que se deba adoptar la medida, as铆 como los Fiscales que dirijan las diligencias de investigaci贸n en las que se deba adoptar una medida de aseguramiento de pruebas que no sea limitativa de derechos fundamentales.
2. Son autoridades competentes en Espa帽a para ejecutar una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas los Jueces de Instrucci贸n del lugar donde se encuentren los bienes o documentos objeto de aseguramiento o las pruebas que deban ser aseguradas, as铆 como los Fiscales para la ejecuci贸n de aquellas medidas de aseguramiento de pruebas que pueden realizar dentro de sus competencias sin adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales.
El cambio sobrevenido de la ubicaci贸n del objeto de la resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas no implicar谩 una p茅rdida sobrevenida de competencia del Juez de Instrucci贸n o del Fiscal que hubiera acordado el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n transmitida a Espa帽a.
Si el certificado se hubiese emitido en relaci贸n con varios bienes ubicados en circunscripciones distintas, el Juez de Instrucci贸n que primero lo reciba y en cuya circunscripci贸n se encuentre al menos uno de dichos bienes ser谩 competente para conocer del embargo o aseguramiento de todos los dem谩s.
Si en una misma orden se instara el embargo o aseguramiento preventivo de un bien cuyo embargo o aseguramiento sea competencia del Juez de Instrucci贸n y de otro que podr铆a serlo del Ministerio Fiscal, el primero conocer谩 铆ntegramente de esta resoluci贸n, sin que pueda desglosarse en dos resoluciones distintas.
CAP脥TULO II-Emisi贸n y transmisi贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
Art铆culo 145. Transmisi贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
1. Cuando una autoridad judicial espa帽ola considere necesaria una medida de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas que se encuentren en el territorio de otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, enviar谩 su resoluci贸n a la autoridad judicial competente para que proceda a su ejecuci贸n.
2. Son requisitos para la emisi贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas:
a) Que la misma se haya dictado en un proceso penal por el Juez o Tribunal con la finalidad de proceder al posterior decomiso de los bienes o para que surtan efectos como elemento probatorio, o que el Ministerio Fiscal haya adoptado una medida de aseguramiento de pruebas no limitativa de derechos fundamentales en unas diligencias de investigaci贸n.
b) Que conste indiciariamente en el proceso penal o en las diligencias de investigaci贸n que los efectos cuyo embargo preventivo o aseguramiento se persigue se encuentran en otro Estado miembro.
3. En la resoluci贸n se expresar谩 con claridad si la cooperaci贸n judicial que se requiere consiste en la transferencia a la autoridad judicial espa帽ola de los elementos de prueba o de los bienes objeto de embargo, o si va acompa帽ada de una solicitud de decomiso, o bien si requiere su permanencia en ese Estado a la espera de la adopci贸n de alguna de las medidas anteriores.
Art铆culo 146. Procedimiento para la emisi贸n de la resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
1. Con car谩cter previo a la emisi贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, podr谩 recabarse de la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n informaci贸n suficiente sobre si efectivamente el bien objeto de aseguramiento se encuentra en dicho Estado. Esta misma informaci贸n podr谩 solicitarse a trav茅s de los registros inform谩ticos u organismos que se considere puedan facilitarlos.
2. La resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas podr谩 acordarse de oficio o a instancia de parte.
3. Si durante el proceso penal las partes instaran la emisi贸n de la resoluci贸n, se les solicitar谩 que aporten justificaci贸n documental u otro tipo de indicio fehaciente que evidencie que el bien existe y que se encuentra en el territorio del Estado de ejecuci贸n.
Art铆culo 147. Documentaci贸n de la resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
1. La resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas se documentar谩 en el certificado previsto en el anexo X y se remitir谩 conjuntamente con la resoluci贸n judicial que acuerda la medida cautelar.
2. Cuando sea necesario para garantizar la validez de los medios de prueba, se har谩 constar que la ejecuci贸n de las medidas acordadas deber谩 realizarse observando las formalidades y los procedimientos previstos en el Derecho espa帽ol que expresamente se indiquen en el certificado.
Art铆culo 148. Transmisi贸n a varios Estados de ejecuci贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
La resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas se podr谩 transmitir simult谩neamente a m谩s de un Estado de ejecuci贸n cuando la autoridad judicial espa帽ola competente tenga motivos fundados para creer que los distintos bienes objeto de la resoluci贸n se encuentran en distintos Estados de ejecuci贸n.
Art铆culo 149. Competencias de la autoridad de emisi贸n espa帽ola tras la transmisi贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
1. Transmitida la resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas, si la autoridad de ejecuci贸n hubiera limitado la duraci贸n del aseguramiento y recabase alegaciones sobre el levantamiento de la medida por el transcurso del tiempo, el Juez o Tribunal oir谩 al Ministerio Fiscal y dem谩s partes personadas por el plazo de cinco d铆as. A continuaci贸n, el Juez o Tribunal dirigir谩 comunicaci贸n a la autoridad de ejecuci贸n explicitando los motivos para el mantenimiento de la medida o si ha dejado de ser necesaria.
Esta misma comunicaci贸n la realizar谩 el Ministerio Fiscal que, en el seno de unas diligencias de investigaci贸n, recibiera el traslado para alegaciones solicitadas por la autoridad de ejecuci贸n.
2. Si la autoridad de ejecuci贸n interesara alegaciones por parte de la autoridad emisora espa帽ola durante la tramitaci贸n de un recurso interpuesto frente a la resoluci贸n que se hubiera dictado en el Estado de ejecuci贸n, el Juez o Tribunal, o铆das las partes personadas y el Ministerio Fiscal, emitir谩 las mismas en el plazo de diez d铆as desde que el traslado le hubiera sido efectuado.
Estas alegaciones se remitir谩n por el Ministerio Fiscal cuando hubiera efectuado la transmisi贸n de la resoluci贸n en el seno de unas diligencias de investigaci贸n.
3. Cuando en la resoluci贸n de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas transmitida se haya hecho constar que la cooperaci贸n judicial requerida es la permanencia de los mismos en el Estado de ejecuci贸n a la espera de que se decrete el decomiso de los bienes o la transferencia de los elementos de prueba a Espa帽a, la autoridad espa帽ola de emisi贸n podr谩 remitir al Estado de ejecuci贸n la solicitud de decomiso o transferencia.
CAP脥TULO III-Ejecuci贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
Art铆culo 150. Ausencia de control de doble tipificaci贸n
Cuando la resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a una de las categor铆as de delitos enumeradas en el apartado 1 del art铆culo 20 y dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisi贸n con una pena privativa de libertad cuya duraci贸n m谩xima sea, al menos, de tres a帽os, la autoridad judicial espa帽ola competente acordar谩 la realizaci贸n de la medida sin control de la doble tipificaci贸n de los hechos.
Art铆culo 151. Procedimiento para el reconocimiento de la resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
1. La decisi贸n de ejecuci贸n de la resoluci贸n deber谩 ser adoptada inmediatamente y comunicada sin dilaci贸n a la autoridad judicial de emisi贸n y al Ministerio Fiscal, por cualquier medio que deje constancia escrita. Las autoridades judiciales espa帽olas resolver谩n lo procedente y lo comunicar谩n dentro de las 24 horas siguientes a la recepci贸n de la resoluci贸n.
2. La autoridad competente que recibiera la resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas adoptar谩, en el plazo de cinco d铆as desde la recepci贸n, las medidas necesarias para la averiguaci贸n de la localizaci贸n del bien objeto de embargo preventivo.
Asimismo, podr谩 dirigir comunicaci贸n a la autoridad judicial emisora para que ampl铆e cualquier circunstancia relevante para la ejecuci贸n de la medida del aseguramiento.
Art铆culo 152. Medidas de cumplimiento de la resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
1. La resoluci贸n que acuerde el reconocimiento y ejecuci贸n del embargo preventivo de bienes o del aseguramiento de pruebas, determinar谩 qu茅 concreta medida cautelar debe adoptarse para llevar a cabo su ejecuci贸n. La medida podr谩 consistir en el dep贸sito del bien, su embargo preventivo, el bloqueo de cuentas bancarias, dep贸sitos, valores u otros t铆tulos valores o activos financieros, as铆 como la prohibici贸n de disponer del bien o cualquier otra medida cautelar que pueda acordarse en el proceso penal, debiendo realizarse siempre de conformidad con las previsiones del ordenamiento jur铆dico espa帽ol.
2. La autoridad competente informar谩 a la autoridad de emisi贸n con car谩cter inmediato del contenido concreto de las medidas adoptadas para llevar a cabo el aseguramiento.
3. Tres meses antes de que la medida adoptada alcance la duraci贸n determinada en el auto, se dar谩 traslado a la autoridad competente del Estado de emisi贸n para que alegue sobre la procedencia de mantener o levantar aqu茅lla.
4. Tanto si el objeto del aseguramiento es un elemento probatorio como si es un producto, instrumento o efecto del delito, el Juez de Instrucci贸n o el Fiscal competente respetar谩 las formalidades y procedimientos indicados por la autoridad de emisi贸n, siempre que los mismos no sean contrarios a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jur铆dico.
Art铆culo 153. Duraci贸n de la medida de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas
1. La medida se mantendr谩 hasta que se resuelva definitivamente la solicitud de transferencia o decomiso cursada por la autoridad judicial de emisi贸n, sin perjuicio de las medidas coercitivas complementarias que se pudieran adoptar.
2. Sin embargo, previa consulta a la autoridad de emisi贸n, la autoridad espa帽ola competente, de conformidad con las normas procesales nacionales, podr谩 imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duraci贸n o modificar la medida de que se trate, incluyendo la destrucci贸n y la realizaci贸n anticipada de los efectos judiciales. Si, de conformidad con esas condiciones, se propusiera dejar sin efecto o modificar la medida, lo comunicar谩 inmediatamente a la autoridad de emisi贸n, para que exponga lo que estime oportuno.
3. Cuando la autoridad de emisi贸n comunique que la medida que solicit贸 ha sido dejada sin efecto, 茅sta se alzar谩 sin dilaci贸n.
Art铆culo 154. Denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas
La autoridad competente espa帽ola denegar谩 el reconocimiento de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas cuando concurra alguno de los motivos previstos en el art铆culo 32.
Art铆culo 155. Imposibilidad de ejecuci贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas
Se comunicar谩 inmediatamente a la autoridad de emisi贸n la imposibilidad de ejecutar en la pr谩ctica la medida, debido a que los bienes o las pruebas hayan desaparecido, hayan sido destruidos, no se hayan encontrado en el lugar indicado en el certificado o no se haya indicado con la suficiente precisi贸n d贸nde se encuentra el bien o el elemento de prueba, incluso tras consultar a aqu茅lla.
Art铆culo 156. Suspensi贸n de la ejecuci贸n de una medida de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas
1. Se podr谩 suspender la ejecuci贸n de una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas transmitida por la autoridad judicial de otro Estado miembro de la Uni贸n Europea en los casos siguientes:
a) Cuando la ejecuci贸n pueda impedir el buen desarrollo de una investigaci贸n penal en curso en Espa帽a, durante el tiempo necesario.
b) Cuando sobre los bienes o pruebas de que se trate se haya dictado una medida anterior en un procedimiento judicial o administrativo, hasta que se deje sin efecto 茅sta, siempre que dicha medida tenga prioridad sobre posteriores resoluciones de intervenci贸n de efectos e instrumentos dictadas en causas penales con arreglo al derecho nacional.
2. La autoridad espa帽ola competente comunicar谩 a la autoridad de emisi贸n cualesquiera otras medidas restrictivas que hayan reca铆do sobre el bien de que se trate.
T脥TULO VIII-Resoluciones de decomiso
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 157. Resoluciones de decomiso
1. Las resoluciones cuyo r茅gimen de reconocimiento y ejecuci贸n se regula por este T铆tulo son aquellas por las que un 贸rgano jurisdiccional impone una sanci贸n o medida firme a ra铆z de un procedimiento relacionado con una o varias infracciones penales, que tiene como resultado la privaci贸n definitiva de bienes.
2. La resoluci贸n de decomiso puede afectar a cualquier tipo de bienes, ya sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, as铆 como a los documentos con fuerza jur铆dica u otros documentos acreditativos de un t铆tulo o derecho sobre esos bienes respecto de los cuales el 贸rgano jurisdiccional del Estado de emisi贸n haya decidido:
a) Que constituyen el producto de una infracci贸n penal o equivalen total o parcialmente al valor de dicho producto.
b) Que constituyen los instrumentos de dicha infracci贸n.
c) Que pueden ser decomisados con motivo de la aplicaci贸n en el Estado de emisi贸n de cualquiera de los supuestos de potestad de decomiso ampliada que se especifican en el art铆culo 3, apartados 1 y 2, de la Decisi贸n Marco 2005/212/JAI, del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito.
d) O que pueden ser decomisados a tenor de cualesquiera otras disposiciones relacionadas con una potestad de decomiso ampliada de conformidad con el Derecho del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 158. Autoridades judiciales competentes en Espa帽a para transmitir y ejecutar una resoluci贸n de decomiso
1. Son autoridades de emisi贸n de una resoluci贸n de decomiso los Jueces o Tribunales penales que conozcan de la ejecuci贸n de la sentencia donde se imponga como consecuencia accesoria el decomiso de un bien.
2. Es autoridad competente para reconocer y ejecutar la resoluci贸n de decomiso el Juez de lo Penal del lugar donde se encuentre cualquiera de los bienes objeto de decomiso.
El cambio sobrevenido de la ubicaci贸n del bien no implicar谩 una p茅rdida de la competencia del Juez de lo Penal que hubiera acordado el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso transmitida a Espa帽a.
Si el certificado se hubiese emitido en relaci贸n con varios bienes ubicados en circunscripciones distintas, el Juez de lo Penal que primero lo reciba y en cuya circunscripci贸n se encuentre al menos uno de dichos bienes ser谩 competente para conocer del decomiso de todos los dem谩s.
Si la autoridad emisora no conociera el lugar de ubicaci贸n del bien a decomisar y s铆 indicara en el certificado el lugar de residencia o domicilio social de la persona frente a la que se dict贸 la resoluci贸n, ser谩 competente el Juez de lo Penal de dicha localidad, aun cuando se constatase con posterioridad que el bien est谩 ubicado en otra circunscripci贸n o que la persona ha trasladado su domicilio.
Si un mismo certificado se hubiese emitido en relaci贸n con varias personas, con residencia en varios lugares distintos del territorio espa帽ol, el Juez de lo Penal que primero lo reciba y en cuya circunscripci贸n se encuentre al menos uno de dichos domicilios ser谩 competente para conocer del decomiso decretado frente al resto de las personas rese帽adas en el certificado.
CAP脥TULO II-Transmisi贸n de una resoluci贸n de decomiso
Art铆culo 159. Transmisi贸n de una resoluci贸n de decomiso
1. La resoluci贸n de decomiso se transmitir谩 a la autoridad competente del Estado miembro de la Uni贸n Europea en el que tenga motivos fundados de que se encuentran los bienes objeto de decomiso.
2. En caso de que en relaci贸n con esos bienes se hubiera dictado y ejecutado con anterioridad una resoluci贸n de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, el Juez de lo Penal recabar谩 los antecedentes al Juez de Instrucci贸n a los efectos de continuar su tramitaci贸n.
3. Cuando se trate de una resoluci贸n de decomiso relativa a una cantidad de dinero, se transmitir谩 a la autoridad competente del Estado miembro de la Uni贸n Europea en el que tenga motivos fundados para creer que la persona natural o jur铆dica contra la que se ha dictado la resoluci贸n tiene bienes o ingresos.
4. Si la autoridad judicial penal espa帽ola no tiene motivos fundados que le permitan determinar el Estado al que pueda trasladar la resoluci贸n de decomiso, la transmitir谩 a la autoridad competente del Estado miembro donde la persona natural o jur铆dica contra la que se ha dictado la resoluci贸n resida habitualmente o tenga su domicilio social, respectivamente.
Art铆culo 160. Documentaci贸n de la resoluci贸n de decomiso
La resoluci贸n de decomiso se documentar谩 en el certificado previsto en el anexo XI y se remitir谩 conjuntamente con la resoluci贸n judicial que acuerde la privaci贸n definitiva del bien.
En el certificado se se帽alar谩 espec铆ficamente que no cabe imponer penas privativas de libertad o de otros derechos como alternativa a la resoluci贸n de decomiso.
Asimismo, en caso de que en relaci贸n con los bienes objeto de decomiso se hubiera ejecutado con anterioridad una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas se har谩 constar as铆 expresamente.
Art铆culo 161. Procedimiento para la transmisi贸n de la resoluci贸n de decomiso
1. Con car谩cter previo a la emisi贸n podr谩 recabarse de la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n o de los organismos que puedan facilitar la informaci贸n sobre los bienes o ingresos a los que afecta la medida, as铆 como la residencia habitual o domicilio social de la persona a la que afecta el decomiso.
2. La resoluci贸n de decomiso podr谩 emitirse de oficio o a instancia de parte. En este 煤ltimo caso, se solicitar谩 a la parte que aporte justificaci贸n documental u otro tipo de indicio fehaciente que evidencie la existencia del bien concreto y que se encuentra en el territorio del Estado de ejecuci贸n, de la existencia de ingresos en dicho Estado o de que la persona frente a la que se dirige la resoluci贸n tiene en el mismo su residencia habitual o sede social.
3. Durante esta tramitaci贸n podr谩n emitirse resoluciones de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas u otro tipo de peticiones de asistencia judicial convencional que garanticen la ejecuci贸n del decomiso una vez sea emitido.
Art铆culo 162. Transmisi贸n de una resoluci贸n de decomiso a m谩s de un Estado miembro
1. Una resoluci贸n de decomiso referente a bienes concretos se podr谩 transmitir simult谩neamente a m谩s de un Estado de ejecuci贸n cuando se d茅 alguno de los siguientes supuestos:
a) Que la autoridad judicial espa帽ola competente tenga motivos fundados para creer que los distintos bienes objeto de la resoluci贸n de decomiso se encuentran en distintos Estados de ejecuci贸n.
b) Que el decomiso de un bien concreto incluido en la resoluci贸n de decomiso requiera la intervenci贸n en m谩s de un Estado de ejecuci贸n.
c) Que la autoridad judicial espa帽ola competente tenga motivos fundados para creer que un bien concreto incluido en la resoluci贸n de decomiso est谩 localizado en uno de los dos o m谩s Estados de ejecuci贸n determinados.
2. Una resoluci贸n de decomiso referente a una cantidad de dinero podr谩 transmitirse simult谩neamente a m谩s de un Estado de ejecuci贸n cuando la autoridad judicial espa帽ola competente considere que hay motivos espec铆ficos para hacerlo. Entre otros supuestos, se considera que concurren tales motivos:
a) Cuando no se hubiere decretado con car谩cter preventivo su embargo, con arreglo a esta Ley.
b) Cuando el valor de los bienes que pueden ser decomisados en el Estado de emisi贸n y en cualquier Estado de ejecuci贸n probablemente no sea suficiente para ejecutar la cantidad total objeto de la resoluci贸n de decomiso.
3. Siempre que no se haya cumplido en su totalidad la resoluci贸n de decomiso, se efectuar谩 su remisi贸n de forma sucesiva a los Estados en los que se presuma que se encuentran bienes del condenado.
Art铆culo 163. Consecuencias de la transmisi贸n de una resoluci贸n de decomiso
1. La transmisi贸n de una resoluci贸n de decomiso no impedir谩 que la autoridad judicial penal espa帽ola pueda proceder a su ejecuci贸n.
2. En caso de transmisi贸n a uno o m谩s Estados de ejecuci贸n de una resoluci贸n de decomiso referente a una cantidad de dinero, la autoridad judicial espa帽ola garantizar谩 que el valor total derivado de la ejecuci贸n de la resoluci贸n no exceda del importe m谩ximo especificado en la misma.
3. La autoridad judicial penal espa帽ola informar谩 de inmediato a la autoridad competente de todo Estado de ejecuci贸n afectado, por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita, en los siguientes casos:
a) Cuando considere que hay riesgo de que la ejecuci贸n supere el importe m谩ximo especificado. Informar谩, asimismo, cuando considere que el riesgo mencionado ha dejado de existir.
b) Cuando la totalidad o parte de la resoluci贸n de decomiso haya sido ejecutada en Espa帽a o en otro Estado de ejecuci贸n. En este caso, se especificar谩 en la comunicaci贸n el importe de la sentencia de decomiso que a煤n no haya sido ejecutado.
c) Si, con posterioridad a la transmisi贸n de una resoluci贸n de decomiso, una autoridad espa帽ola ha recibido una cantidad de dinero pagada voluntariamente por el condenado en cumplimiento de la resoluci贸n de decomiso. En este caso, se indicar谩 si queda parte de la resoluci贸n por ejecutar y su importe.
Art铆culo 164. Transformaci贸n del decomiso
1. Cuando una resoluci贸n de decomiso afecte a un bien en concreto y por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso del mismo, la autoridad judicial espa帽ola solicitar谩 a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n que el decomiso adopte la forma de obligaci贸n de pago de una cantidad de dinero equivalente al valor del bien de que se trate.
2. Para dicha transformaci贸n, una vez se reciba noticia de la imposibilidad de llevar a cabo el decomiso del bien concreto de que se trate, se acordar谩 en el plazo de cinco d铆as que se practique la tasaci贸n judicial del bien. De su resultado se dar谩 traslado por cinco d铆as al Ministerio Fiscal y a todas las partes personadas, a fin de que impugnen la tasaci贸n o manifiesten lo que a su derecho convenga. El incidente finalizar谩 con el auto dictado por el Juez o Tribunal determinando la cuant铆a de la obligaci贸n de pago que, una vez firme, se comunicar谩 a la autoridad de ejecuci贸n.
Art铆culo 165. Acuerdo entre autoridades sobre la disposici贸n de los bienes decomisados
1. El Juez o Tribunal competente que hubiera emitido la resoluci贸n de decomiso podr谩 alcanzar un acuerdo en relaci贸n con la disposici贸n de los bienes decomisados cuando as铆 lo solicitase la autoridad de ejecuci贸n. En este caso, la ejecuci贸n del decomiso quedar谩 a expensas de lo que al respecto se acuerde.
2. La autoridad judicial espa帽ola que reciba una comunicaci贸n de la autoridad del Estado de ejecuci贸n sobre gastos especiales que ha conllevado la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso, lo comunicar谩 al Ministerio de Justicia a efectos de un posible acuerdo sobre el reparto de costes con el Estado de ejecuci贸n.
La Oficina de Recuperaci贸n y Gesti贸n de Activos podr谩 llegar a un acuerdo con el Estado de ejecuci贸n sobre el reparto de costes cuando hubiera intervenido en la gesti贸n de los bienes decomisados.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido p谩rrafo 2.潞 del apartado 2 del art铆culo 165
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. El Juez o Tribunal competente que hubiera emitido la resoluci贸n de decomiso podr谩 alcanzar un acuerdo en relaci贸n con la disposici贸n de los bienes decomisados cuando as铆 lo solicitase la autoridad de ejecuci贸n. En este caso, la ejecuci贸n del decomiso quedar谩 a expensas de lo que al respecto se acuerde.
2. La autoridad judicial espa帽ola que reciba una comunicaci贸n de la autoridad del Estado de ejecuci贸n sobre gastos especiales que ha conllevado la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso, lo comunicar谩 al Ministerio de Justicia a efectos de un posible acuerdo sobre el reparto de costes con el Estado de ejecuci贸n.
CAP脥TULO III-Ejecuci贸n de una resoluci贸n de decomiso
Art铆culo 166. Reconocimiento de una resoluci贸n de decomiso
1. El Juez de lo Penal competente reconocer谩 y ejecutar谩 una resoluci贸n de decomiso cuando se encuentre en Espa帽a el bien sobre el que recaiga o el domicilio o, en su caso, el domicilio social de la persona afectada.
2. Cuando la resoluci贸n de decomiso hubiera sido emitida por un delito que pertenezca a una de las categor铆as de delitos enumeradas en el apartado 1 del art铆culo 20 y dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisi贸n con una pena privativa de libertad cuya duraci贸n m谩xima sea, al menos, de tres a帽os, el Juez de lo Penal acordar谩 la realizaci贸n de la medida sin control de la doble tipificaci贸n de los hechos.
3. Tambi茅n se ejecutar谩 la resoluci贸n de decomiso que se haya impuesto en el Estado de emisi贸n a una persona jur铆dica por una infracci贸n para la que no se prevea su responsabilidad de acuerdo con el Derecho espa帽ol.
Art铆culo 167. Procedimiento sobre el reconocimiento de la resoluci贸n de decomiso
1. El Juez de lo Penal que recibiera la resoluci贸n de decomiso proceder谩 a la averiguaci贸n de la localizaci贸n del bien objeto de decomiso.
Asimismo, el Juez de lo Penal podr谩 dirigir comunicaci贸n a la autoridad judicial emisora para que ampl铆e cualquier circunstancia relevante para la ejecuci贸n del decomiso.
2. El Juez de lo Penal, previo informe del Ministerio Fiscal y dem谩s partes personadas emitido en el plazo de cinco d铆as, acordar谩 mediante auto el despacho de ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso debidamente transmitida, en un plazo m谩ximo de diez d铆as desde su recepci贸n. La adopci贸n de la resoluci贸n de decomiso de que se trate suceder谩, en su caso, a las medidas que sobre los mismos bienes se hubieran acordado en aplicaci贸n de un embargo preventivo.
Art铆culo 168. Ejecuci贸n de una resoluci贸n de decomiso
1. En caso de que una solicitud de decomiso afecte a un bien concreto y por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso del mismo, el Juez de lo Penal competente acordar谩 que el decomiso adopte la forma de la obligaci贸n de pago de una cantidad de dinero correspondiente al valor del bien de que se trate.
2. En caso de que una resoluci贸n de decomiso se refiera a una cantidad de dinero, el Juez de lo Penal competente, en caso de que no pueda obtener el pago, ejecutar谩 la resoluci贸n de decomiso sobre cualquier bien disponible a tal efecto.
3. En caso de que una resoluci贸n de decomiso se refiera a una cantidad de dinero, el Juez de lo Penal competente convertir谩, cuando sea necesario, el importe que deba decomisarse a la moneda del Estado de ejecuci贸n, aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de dictarse la resoluci贸n de decomiso.
4. En todos los supuestos previstos en este art铆culo se oir谩 al Ministerio Fiscal y dem谩s partes personadas por el plazo de cinco d铆as.
Art铆culo 169. Ejecuci贸n de resoluciones de decomiso m煤ltiples
1. Cuando el Juez de lo Penal competente estuviera tramitando dos o m谩s resoluciones de decomiso referentes a una cantidad de dinero dictadas contra la misma persona natural o jur铆dica que no disponga de medios suficientes en Espa帽a para que se ejecuten todas ellas, o cuando se refieran a un mismo bien, decidir谩 cu谩l o cu谩les de aquellas resoluciones se ejecutar谩n, tras considerar debidamente todas esas circunstancias. Para adoptar esta decisi贸n se tendr谩 en cuenta principalmente y por este orden la existencia de un embargo preventivo, la gravedad relativa y el lugar de la infracci贸n, las fechas de las resoluciones respectivas y las fechas de su transmisi贸n. El Juez de lo Penal competente comunicar谩 sin dilaci贸n su decisi贸n a las autoridades competentes del Estado o Estados de emisi贸n.
2. En caso de que el condenado pudiera facilitar la prueba del decomiso, total o parcial, efectuado en otro Estado, el Juez de lo Penal competente consultar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n. En caso de decomiso de productos de un delito, toda porci贸n del valor de los bienes afectados que se recupere en virtud de la resoluci贸n de decomiso en otro Estado se deducir谩 en su totalidad del valor de los bienes que se han de decomisar en Espa帽a.
Art铆culo 170. Denegaci贸n del reconocimiento y ejecuci贸n de una resoluci贸n de decomiso
1. El Juez de lo Penal competente denegar谩 el reconocimiento y la ejecuci贸n de las resoluciones de decomiso, adem谩s de en los supuestos de los art铆culos 32 y 33, en los siguientes casos:
a) Cuando los derechos de las partes interesadas, incluidos los terceros de buena fe con arreglo a la legislaci贸n espa帽ola, impidan la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso.
b) Cuando el Juez considere incompatible con los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constituci贸n la resoluci贸n adoptada en aplicaci贸n de las disposiciones sobre la potestad de decomiso ampliada a que se refiere la letra d) del apartado 2 del art铆culo 157.
c) Cuando la resoluci贸n se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho espa帽ol no permita la persecuci贸n de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.
2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n previstos en las letras a), c) y d) del apartado 1 del art铆culo 32, en el apartado 1 del art铆culo 33 o en las letras b) y c) del apartado anterior, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n, el Juez de lo Penal consultar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n para que aclare la situaci贸n y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido. Esta previsi贸n tambi茅n ser谩 de aplicaci贸n en el caso de la letra a) del apartado anterior cuando no se hubiera informado de la interposici贸n de un recurso en Espa帽a.
Art铆culo 171. Suspensi贸n de la ejecuci贸n de una resoluci贸n de decomiso
1. El Juez de lo Penal competente podr谩 suspender la ejecuci贸n de una resoluci贸n de decomiso transmitida en los siguientes supuestos:
a) Cuando, en el caso de una resoluci贸n de decomiso referente a una cantidad de dinero, considere que hay riesgo de que el valor total derivado de su ejecuci贸n pueda exceder del importe especificado en la resoluci贸n como consecuencia de su ejecuci贸n simult谩nea en m谩s de un Estado miembro.
b) Cuando la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso pueda impedir el buen desarrollo de una investigaci贸n o actuaci贸n penal en curso, durante el tiempo que estime razonable.
c) Cuando considere necesario traducir, sin repercutir su coste al Estado de emisi贸n, la resoluci贸n de decomiso o partes de ella, por el tiempo necesario para obtener su traducci贸n.
d) Cuando el bien ya fuera objeto de un procedimiento de decomiso en Espa帽a.
2. El Juez de lo Penal competente adoptar谩, durante el per铆odo de suspensi贸n, las medidas necesarias para asegurar la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso.
3. En caso de suspensi贸n de conformidad con la letra a) del apartado 1 de este art铆culo, el Juez de lo Penal competente informar谩 de ello sin dilaci贸n a la autoridad competente del Estado de emisi贸n por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.
4. En los casos contemplados en letras b), c) y d) del apartado 1 de este art铆culo, el Juez de lo Penal comunicar谩 sin dilaci贸n la suspensi贸n de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso, sus motivos y, si es posible, su duraci贸n prevista, a la autoridad competente del Estado de emisi贸n por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.
5. Tan pronto como hayan dejado de existir los motivos de suspensi贸n, el Juez de lo Penal competente tomar谩 de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la resoluci贸n de decomiso e informar谩 de ello a la autoridad competente del Estado de emisi贸n por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.
Art铆culo 172. Disposici贸n de los bienes decomisados
1. El Juez de lo Penal competente, en defecto de acuerdo con la autoridad de emisi贸n, dispondr谩 del dinero obtenido de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Si el importe obtenido de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso es inferior a 10.000 euros o al equivalente a dicho importe, el mismo se ingresar谩 en la cuenta de dep贸sitos y consignaciones judiciales.
b) En todos los dem谩s casos, se transferir谩 al Estado de emisi贸n el 50 por 100 del importe que se haya obtenido de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso. El 50 por 100 restante se ingresar谩 en la cuenta de dep贸sitos y consignaciones judiciales.
Las cantidades que, en aplicaci贸n de lo dispuesto anteriormente, correspondan a Espa帽a ser谩n transferidas al Tesoro P煤blico con aplicaci贸n, en su caso, de lo que se establezca en normas especiales y, particularmente, en lo previsto por el C贸digo Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tr谩fico il铆cito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa de desarrollo.
2. El Juez de lo Penal competente decidir谩 que los bienes que no sean dinero u otros instrumentos de pago al portador obtenidos de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso sean enajenados y aplicados de la forma prevista en el apartado anterior.
Tambi茅n podr谩n ser transferidos al Estado de emisi贸n, siendo necesario su consentimiento en el supuesto de que la resoluci贸n de decomiso se refiera a una suma de dinero en efectivo.
La enajenaci贸n de los bienes se realizar谩 de acuerdo con la legislaci贸n espa帽ola, observ谩ndose, cuando proceda, lo previsto por la Ley Org谩nica 12/1995, de 12 de diciembre, de represi贸n del contrabando y su normativa de desarrollo.
3. Cuando de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso resulten afectados bienes integrantes del patrimonio hist贸rico espa帽ol, el Juez de lo Penal en ning煤n caso proceder谩 a su enajenaci贸n o restituci贸n al Estado de emisi贸n. En tal supuesto, lo comunicar谩 a las autoridades espa帽olas competentes y ser谩n de aplicaci贸n las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist贸rico Espa帽ol y su normativa de desarrollo.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado art铆culo 172
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
1. El Juez de lo Penal competente dispondr谩 del dinero obtenido de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Si el importe obtenido de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso es inferior a 10.000 euros o al equivalente a dicho importe, el mismo se ingresar谩 en la cuenta de dep贸sitos y consignaciones judiciales.
b) En todos los dem谩s casos, se transferir谩 al Estado de emisi贸n el 50 por 100 del importe que se haya obtenido de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso. El 50 por 100 restante se ingresar谩 en la cuenta de dep贸sitos y consignaciones judiciales.
Las cantidades que, en aplicaci贸n de lo dispuesto anteriormente, correspondan a Espa帽a ser谩n transferidas por el Secretario judicial al Tesoro P煤blico con aplicaci贸n, en su caso, de lo que se establezca en normas especiales y, particularmente, en lo previsto por el art铆culo 374 del C贸digo Penal y por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tr谩fico il铆cito de drogas y otros delitos relacionados y en su normativa de desarrollo.
2. El Juez de lo Penal competente decidir谩 que los bienes que no sean dinero u otros instrumentos de pago al portador obtenidos de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso sean enajenados y aplicados de la forma prevista en el apartado anterior.
La enajenaci贸n de los bienes se realizar谩 de acuerdo con la legislaci贸n espa帽ola, observ谩ndose, cuando proceda, lo previsto por la Ley Org谩nica 12/1995, de 12 de diciembre, de represi贸n del contrabando y su normativa de desarrollo.
3. Cuando de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso resulten afectados bienes integrantes del patrimonio hist贸rico espa帽ol, el Juez de lo Penal en ning煤n caso proceder谩 a su enajenaci贸n o restituci贸n al Estado de emisi贸n. En tal supuesto, lo comunicar谩 a las autoridades espa帽olas competentes y ser谩n de aplicaci贸n las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist贸rico Espa帽ol y su normativa de desarrollo.
4. El Estado espa帽ol no reclamar谩 al Estado de emisi贸n el reembolso de los gastos que resulten de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso. No obstante, si la ejecuci贸n de la resoluci贸n ha conllevado gastos que considera de 铆ndole sustancial o excepcional, el Juez de lo Penal lo comunicar谩 al Ministerio de Justicia para que 茅ste llegue a un acuerdo con las autoridades competentes del Estado de emisi贸n sobre el reparto de costes.
T脥TULO IX-Resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 173. Sanci贸n pecuniaria
1. Se entender谩 por sanci贸n pecuniaria la cantidad de dinero exigida por una resoluci贸n firme en concepto de multa impuesta como consecuencia de la comisi贸n por una persona f铆sica o jur铆dica de una infracci贸n penal o administrativa, siempre que, en relaci贸n con estas 煤ltimas, las sanciones administrativas fueran recurribles ante un 贸rgano jurisdiccional penal.
2. A los efectos de esta Ley, tambi茅n se incluir谩n en las sanciones pecuniarias las cantidades que figuren en las correspondientes resoluciones y se refieran a los siguientes conceptos:
a) Aquella cantidad de dinero impuesta en concepto de costas judiciales o gastos administrativos originados en el procedimiento.
b) Una compensaci贸n en beneficio de las v铆ctimas, siempre que la v铆ctima no pueda ser parte civil en el procedimiento y el 贸rgano jurisdiccional act煤e en el ejercicio de su competencia penal.
c) Una cantidad destinada a un fondo p煤blico o a una organizaci贸n de apoyo a las v铆ctimas.
3. La sanci贸n pecuniaria a los efectos de esta Ley no podr谩 comprender 贸rdenes de confiscaci贸n de instrumentos o productos del delito, para las cuales se aplicar谩n las normas previstas en el Cap铆tulo III del presente T铆tulo.
La sanci贸n pecuniaria tampoco podr谩 comprender resoluciones de restituci贸n, ni reparaci贸n del da帽o ni la indemnizaci贸n de perjuicios materiales y morales, determinadas en un procedimiento penal, sin perjuicio de lo previsto en la letra b) del apartado anterior.
Cuando una sentencia dictada en Espa帽a incluyera una condena de reparaci贸n del da帽o o la indemnizaci贸n de perjuicios materiales y morales a favor de las v铆ctimas o perjudicados, la autoridad judicial penal espa帽ola instar谩 su ejecuci贸n a trav茅s de los mecanismos previstos en las normas de cooperaci贸n judicial civil en la Uni贸n Europea.
Art铆culo 174. Autoridades judiciales competentes en Espa帽a para transmitir y ejecutar una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
1. Es autoridad competente para transmitir una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria impuesta a una persona f铆sica o jur铆dica que posea propiedades u obtenga ingresos en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, el 贸rgano jurisdiccional penal competente para su ejecuci贸n en Espa帽a.
2. Es autoridad competente para reconocer y ejecutar la resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria:
a) Con car谩cter principal, el Juez de lo Penal del lugar de residencia del condenado o donde tenga su sede social si se tratara de una persona jur铆dica.
b) Subsidiariamente, el Juez de lo Penal del lugar donde se encuentre cualquiera de los bienes inmuebles propiedad de la persona f铆sica o jur铆dica condenada al pago de multa.
c) Finalmente, el Juez de lo Penal del lugar donde se encuentre cualquiera de las fuentes de ingresos del condenado en Espa帽a.
El cambio de cualquiera de estas circunstancias por traslado de residencia del condenado o de su sede social, venta del bien inmueble o cambio en sus fuentes de ingresos, no implicar谩 una p茅rdida sobrevenida de competencia del Juez de lo Penal que hubiera acordado el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria transmitida a Espa帽a.
En el caso de que un mismo certificado se refiera a varias personas y una de ellas cumpla alguno de los requisitos establecidos en este apartado, el Juez de lo Penal competente podr谩 asumir la ejecuci贸n en relaci贸n con todos los condenados, sin que proceda dividir una 煤nica resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria en varias.
Art铆culo 175. Destino de las cantidades cobradas
1. Las cantidades percibidas en concepto de ejecuci贸n de una resoluci贸n en Espa帽a se ingresar谩n en la cuenta de dep贸sitos y consignaciones judiciales, salvo que se hubiese acordado otra cosa con el Estado de emisi贸n respecto de las cantidades que constituyan una compensaci贸n en beneficio de las v铆ctimas a que se refiere la letra b) del apartado 2 del art铆culo 173.
En este caso, si el Estado de emisi贸n solicitase estas cantidades, por el Juez de lo Penal se recabar谩 dictamen del Ministerio Fiscal, concedi茅ndole un plazo de diez d铆as, y resolver谩 lo que proceda sobre el destino de las cantidades compensatorias a v铆ctimas y perjudicados. El Secretario judicial transferir谩 las cantidades de conformidad con los t茅rminos literales del mismo.
2. Fuera del caso de la compensaci贸n en beneficio de las v铆ctimas, no se admitir谩 ning煤n otro acuerdo que pudiera variar la regla expresada en el apartado anterior.
CAP脥TULO II-Transmisi贸n de una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
Art铆culo 176. Transmisi贸n de una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
1. La resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria se transmitir谩 a la autoridad competente del Estado miembro de la Uni贸n Europea en el que la persona f铆sica o jur铆dica condenada posea propiedades, obtenga ingresos o tenga su residencia habitual o su sede social, para que proceda a su ejecuci贸n.
2. La autoridad judicial penal espa帽ola transmitir谩 la resoluci贸n a un 煤nico Estado de ejecuci贸n cada vez.
Art铆culo 177. Documentaci贸n de la resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
1. La resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria se documentar谩 en el certificado previsto en el anexo XII, y se remitir谩 conjuntamente con la sentencia o resoluci贸n firme que impone la condena de multa.
2. En el certificado se fijar谩, en su caso, la cantidad l铆quida cuyo pago procede en virtud del sistema d铆as-multa previsto en el C贸digo Penal.
3. En el certificado se contendr谩 la previsi贸n de que la pena de multa se convierta en pena privativa de libertad o en trabajos en beneficio de la comunidad en caso de impago, conforme a lo dispuesto en el C贸digo Penal, debiendo especificarse su duraci贸n.
Art铆culo 178. Procedimiento para la transmisi贸n de la resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
1. El Juez o Tribunal oir谩 al Ministerio Fiscal en un plazo de cinco d铆as y resolver谩 por auto motivado dictado en los cinco d铆as siguientes.
2. Con car谩cter previo a la emisi贸n, podr谩 recabarse de la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n o de los organismos que puedan facilitarla informaci贸n suficiente sobre si efectivamente el condenado dispone de bienes o ingresos en dicho Estado, o sobre si en el mismo tiene su residencia.
Art铆culo 179. Consecuencias de la transmisi贸n de una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
1. Una vez transmitida la resoluci贸n, la autoridad judicial penal espa帽ola no podr谩 proceder a su ejecuci贸n, salvo en los casos en que se produzca su devoluci贸n.
Tal suspensi贸n alcanzar谩 s贸lo a los pronunciamientos relativos a la imposici贸n de una pena de multa y a las costas.
2. Si, despu茅s de transmitir una resoluci贸n, la sanci贸n pecuniaria hubiera sido pagada voluntariamente por el condenado o se hubiese ejecutado como resultado de actuaciones judiciales anteriores, la autoridad judicial penal espa帽ola aplicar谩 el pago recibido en la forma legalmente prevista e informar谩 inmediatamente de ello a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n, con indicaci贸n de la reducci贸n que haya experimentado la cuant铆a y los conceptos incluidos en la sanci贸n pecuniaria sometida a ejecuci贸n.
CAP脥TULO III-Ejecuci贸n de una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
Art铆culo 180. Reconocimiento y ejecuci贸n en Espa帽a de una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
1. El Juez de lo Penal competente estar谩 obligado a reconocer y ejecutar una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria que le haya sido remitida por la autoridad competente de otro Estado miembro, sin sujeci贸n a control de doble tipificaci贸n cuando se refiera a alguno de los delitos enumerados en los apartados 1 y 2 del art铆culo 20.
2. Tambi茅n se ejecutar谩 la sanci贸n pecuniaria que se haya impuesto en el Estado de emisi贸n a una persona jur铆dica por una infracci贸n penal para la que no se prevea su responsabilidad de acuerdo con el Derecho espa帽ol.
Art铆culo 181. Procedimiento para el reconocimiento y ejecuci贸n de una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
1. El Juez de lo Penal que recibiera la resoluci贸n proceder谩 a la averiguaci贸n de los siguientes extremos:
a) Si el condenado tiene su residencia o sede social en Espa帽a.
b) S贸lo si no consta domicilio o sede social en Espa帽a del condenado, si el mismo tiene a su nombre inscrito alg煤n bien en el Registro de la Propiedad.
c) Si no se dieran ninguna de las dos circunstancias anteriores, si al condenado le consta alguna fuente de ingresos en Espa帽a.
2. El Juez de lo Penal, previo informe del Ministerio Fiscal emitido en el plazo de cinco d铆as, acordar谩 el despacho de ejecuci贸n de la resoluci贸n de sanciones pecuniarias debidamente transmitida mediante auto, en un plazo m谩ximo de cinco d铆as desde su recepci贸n.
3. Cuando la cuant铆a de la sanci贸n estuviese rese帽ada en el certificado en una divisa extranjera, el Secretario judicial convertir谩 el importe a euros, aplicando el tipo de cambio vigente en el momento que se impuso la sanci贸n.
Art铆culo 182. Denegaci贸n del reconocimiento y ejecuci贸n de una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
1. El Juez de lo Penal competente denegar谩 el reconocimiento y la ejecuci贸n de las resoluciones que exijan el pago de una sanci贸n pecuniaria, adem谩s de en los supuestos de los art铆culos 32 y 33, en los siguientes casos:
a) Cuando la resoluci贸n castigue a una persona f铆sica que, debido a su edad, no habr铆a podido ser considerada responsable penal de acuerdo con lo previsto en la legislaci贸n espa帽ola.
b) Cuando, seg煤n el certificado, en caso de procedimiento escrito, no ha sido informado de su derecho a impugnar la resoluci贸n y de los plazos para la interposici贸n de dicho recurso.
c) Cuando, seg煤n el certificado, el imputado no ha sido informado, personalmente o a trav茅s de un representante, de su derecho a impugnar la resoluci贸n y de los plazos para la interposici贸n de dicho recurso.
d) Cuando la sanci贸n pecuniaria sea inferior a setenta euros o, trat谩ndose de otra divisa, a un importe equivalente.
e) Cuando, del certificado y resoluci贸n comunicada para su ejecuci贸n, se evidencie que se ha producido una vulneraci贸n de los derechos fundamentales y los principios jur铆dicos fundamentales consagrados en el art铆culo 6 del Tratado de la Uni贸n Europea y reflejados en la Carta de los derechos fundamentales de la Uni贸n Europea.
f) Cuando la resoluci贸n se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho espa帽ol no permita la persecuci贸n de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.
2. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n previstos en la letra d) del apartado 1 o en el apartado 3 del art铆culo 32, en el apartado 1 del art铆culo 33, o en las letras b) y c) del apartado anterior, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecuci贸n de la resoluci贸n, el Juez de lo Penal consultar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n para que aclare la situaci贸n y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.
Art铆culo 183. Revisi贸n de la cuant铆a de la sanci贸n
1. En el supuesto de que la persona sancionada presente una prueba de pago total o parcial en cualquier Estado, el Juez de lo Penal deber谩 consultar con la autoridad competente del Estado de emisi贸n y deducir la parte de la sanci贸n que haya sido efectivamente cobrada en otro Estado de la cantidad sometida a ejecuci贸n en Espa帽a.
2. Cuando se demuestre que la resoluci贸n se refiere a hechos que no fueron cometidos dentro del territorio del Estado de emisi贸n y sobre los que las autoridades judiciales penales espa帽olas tengan competencia, el Juez de lo Penal podr谩 decidir la reducci贸n del importe de la multa ejecutada a la cuant铆a m谩xima prevista para hechos del mismo tipo conforme a lo previsto en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol.
3. En estos casos, el Juez de lo Penal competente informar谩 del car谩cter parcial de la ejecuci贸n de la resoluci贸n a la autoridad competente del Estado de emisi贸n por cualquier medio que deje constancia escrita.
4. En aquellos casos en que la sanci贸n se hubiera impuesto en un Estado con distinta divisa, el Juez de lo Penal convertir谩 a euros la cuant铆a de la sanci贸n, aplicando el tipo de cambio vigente en el momento en que se impuso la misma.
Art铆culo 184. Sanciones alternativas en caso de impago de la sanci贸n pecuniaria
1. Cuando sea imposible ejecutar total o parcialmente una resoluci贸n, el Juez de lo Penal competente podr谩 aplicar sanciones alternativas, incluida la privaci贸n de libertad, conforme a lo previsto en el ordenamiento jur铆dico espa帽ol, en los casos en que el Estado de emisi贸n hubiera aceptado aplicar dichas sanciones alternativas en el certificado presentado y, en todo caso, sin exceder del nivel m谩ximo de la sanci贸n previsto en el mismo.
En ning煤n caso se aplicar谩 como sanci贸n alternativa la privaci贸n de libertad cuando la sanci贸n pecuniaria cuya ejecuci贸n se solicite se hubiera impuesto por la comisi贸n de una infracci贸n administrativa, aun cuando hubiera sido recurrida ante un 贸rgano jurisdiccional penal del Estado de emisi贸n.
2. El Juez de lo Penal competente informar谩 inmediatamente de la aplicaci贸n de una sanci贸n alternativa conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
Art铆culo 185. Suspensi贸n de la ejecuci贸n de una resoluci贸n por la que se exija el pago de una sanci贸n pecuniaria
El Juez de lo Penal estar谩 obligado a suspender la ejecuci贸n de la resoluci贸n tan pronto como la autoridad competente del Estado de emisi贸n le informe de la adopci贸n de cualquier resoluci贸n o medida que tenga por efecto suspender o dejar sin efecto la resoluci贸n por cualquier otro motivo, incluida la concesi贸n de la amnist铆a o el indulto.
En cualquiera de estos casos, el Juez de lo Penal devolver谩 la resoluci贸n a la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
T脥TULO X-Orden europea de investigaci贸n en materia penal
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido T铆tulo X
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
T脥TULO X-Exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido Cap铆tulo I del T铆tulo X
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
CAP脥TULO I-Disposiciones generales
Art铆culo 186. Orden europea de investigaci贸n
1. La orden europea de investigaci贸n es una resoluci贸n penal emitida o validada por la autoridad competente de un Estado miembro de la Uni贸n Europea, dictada con vistas a la realizaci贸n de una o varias medidas de investigaci贸n en otro Estado miembro, cuyo objetivo es la obtenci贸n de pruebas para su uso en un proceso penal. Tambi茅n se podr谩 emitir una orden europea de investigaci贸n con vistas a la remisi贸n de pruebas o de diligencias de investigaci贸n que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado miembro de ejecuci贸n.
Se considerar谩n v谩lidos en Espa帽a los actos de investigaci贸n realizados por el Estado de ejecuci贸n, siempre que no contradigan los principios fundamentales del ordenamiento jur铆dico espa帽ol ni resulten contrarios a las garant铆as procesales reconocidas en 茅ste.
2. La orden europea de investigaci贸n podr谩 referirse a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni贸n Europea, tanto administrativas como judiciales, por la comisi贸n de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisi贸n pueda dar lugar a un proceso ante un 贸rgano jurisdiccional, en particular en el orden penal.
3. La orden europea de investigaci贸n podr谩 comprender todas las medidas de investigaci贸n, con excepci贸n de la creaci贸n de un equipo conjunto de investigaci贸n y la obtenci贸n de pruebas en dicho equipo.
No obstante lo anterior, cuando un equipo conjunto de investigaci贸n necesite que las diligencias de investigaci贸n se practiquen en el territorio de un Estado miembro que no haya participado en el equipo, podr谩 emitirse una orden europea de investigaci贸n a las autoridades competentes de dicho Estado.
4. Queda fuera del 谩mbito de la orden europea de investigaci贸n el r茅gimen de transmisi贸n de los antecedentes penales, que se regir谩 por su normativa espec铆fica.
5. A efectos de la emisi贸n y de la ejecuci贸n de 贸rdenes europeas de investigaci贸n para obtener informaci贸n sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras o sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras:
a) Se considerar谩 como entidad financiera aqu茅lla que se ajuste a la definici贸n establecida por la legislaci贸n de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo.
b) Se considerar谩 como dato de la cuenta o el dep贸sito al menos el nombre y el domicilio del titular, los pormenores de los poderes de representaci贸n y de las facultades de disposici贸n relativas a esa cuenta, los datos relativos a la titularidad real y cualesquiera otros detalles o documentos que haya suministrado el titular en el momento de la apertura o con posterioridad a ella.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 186
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Art铆culo 186. Exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. El exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas es una resoluci贸n judicial emitida por la autoridad competente de un Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos de otro Estado miembro para su uso en un proceso penal.
2. El exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas podr谩 referirse a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni贸n Europea por la comisi贸n de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisi贸n pueda dar lugar a un proceso ante un 贸rgano jurisdiccional en el orden penal.
Art铆culo 187. Autoridades competentes en Espa帽a para emitir y ejecutar una orden europea de investigaci贸n
1. Son autoridades de emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n los jueces o tribunales que conozcan del proceso penal en el que se debe adoptar la medida de investigaci贸n o que hayan admitido la prueba si el procedimiento se encuentra en fase de enjuiciamiento.
Son tambi茅n autoridades de emisi贸n los Fiscales en los procedimientos que dirijan, siempre que la medida que contenga la orden europea de investigaci贸n no sea limitativa de derechos fundamentales.
A estos efectos, las autoridades competentes se帽aladas podr谩n emitir 贸rdenes europeas de investigaci贸n para la ejecuci贸n de medidas que podr铆an ordenar o ejecutar conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Org谩nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
2. El Ministerio Fiscal es la autoridad competente en Espa帽a para recibir las 贸rdenes europeas de investigaci贸n emitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros.
Una vez registrada y tras haber acusado recibo a la autoridad de emisi贸n, el Ministerio Fiscal conocer谩 del reconocimiento y ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n o la remitir谩 al juez competente, de conformidad con las siguientes reglas:
a) Cuando la orden europea de investigaci贸n no contenga medida alguna limitativa de derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal ser谩 competente para reconocer y ejecutar la orden europea de investigaci贸n.
b) Cuando la orden europea de investigaci贸n contenga alguna medida limitativa de derechos fundamentales, y que no pueda ser sustituida por otra que no restrinja dichos derechos, 茅sta ser谩 remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento y ejecuci贸n. Tambi茅n ser谩 remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento y ejecuci贸n la orden europea de investigaci贸n en la que se indique expresamente por la autoridad de emisi贸n que la medida de investigaci贸n debe ser ejecutada por un 贸rgano judicial.
En estos supuestos se acompa帽ar谩 de informe preceptivo del Ministerio Fiscal en el que se pronuncie sobre la concurrencia o no de causa de denegaci贸n de la ejecuci贸n de la orden, y si se entiende ajustada a Derecho la adopci贸n de cada una de las medidas de investigaci贸n que la orden contenga.
3. A los efectos de la letra b) del apartado anterior, ser谩n competentes:
a) Los Jueces de Instrucci贸n o de Menores del lugar donde deban practicarse las medidas de investigaci贸n o, subsidiariamente, donde exista alguna otra conexi贸n territorial con el delito, con el investigado o con la v铆ctima. Si no hubiera ning煤n elemento de conexi贸n territorial para poder concretar la competencia, ser谩n competentes los Jueces Centrales de Instrucci贸n.
b) Los Jueces Centrales de Instrucci贸n, si la orden europea de investigaci贸n se emiti贸 por delito de terrorismo u otro de los delitos cuyo enjuiciamiento competa a la Audiencia Nacional, o si se trata de la notificaci贸n prevista en el art铆culo 222.
c) Los Jueces Centrales de lo Penal o Central de Menores, en el caso de traslado al Estado de emisi贸n de personas privadas de libertad en Espa帽a, de conformidad con lo previsto en el art铆culo 214.
El Ministerio Fiscal podr谩 practicar las diligencias oportunas a fin de determinar el juez o tribunal competente a quien remitir la orden europea de investigaci贸n para su ejecuci贸n.
El cambio sobrevenido del lugar donde deba practicarse la medida de investigaci贸n no implicar谩 una p茅rdida sobrevenida de competencia del juez o tribunal que hubiera acordado el reconocimiento y ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n.
Si dicha orden europea de investigaci贸n se hubiese emitido en relaci贸n con varias diligencias de investigaci贸n que tuvieran que practicarse en lugares distintos, ser谩 competente para el reconocimiento y ejecuci贸n de la orden el juez o tribunal al que el Ministerio Fiscal remita dicha orden, de entre los competentes de acuerdo con las reglas previstas en este apartado y, en lo no previsto en ellas, conforme a las normas de preferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El juez o tribunal a quien corresponda la ejecuci贸n notificar谩 al Ministerio Fiscal el reconocimiento y ejecuci贸n de las medidas de investigaci贸n y su remisi贸n a la autoridad de emisi贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 187
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Art铆culo 187. 脕mbito del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. El exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas podr谩 emitirse para recabar en el Estado de ejecuci贸n objetos, documentos o datos, debidamente identificados, que se necesiten para un proceso penal en Espa帽a.
El exhorto podr谩 comprender objetos, documentos o datos que ya obren en poder de la autoridad de ejecuci贸n, as铆 como cualquier otro objeto, documento o dato que la autoridad de ejecuci贸n descubra durante su ejecuci贸n cuando, sin mediar otras investigaciones complementarias, los considere relevantes para el procedimiento para el cual fue emitido y as铆 lo declare.
2. Salvo en los casos en los que la petici贸n fuera posible, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior porque el objeto, documento o dato ya obrara en poder de la autoridad de ejecuci贸n antes de la emisi贸n, el exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas no podr谩 emitirse para solicitar a la autoridad de ejecuci贸n:
a) Que mantenga entrevistas, tome declaraciones o inicie interrogatorios con sospechosos, testigos, expertos o cualquier otra persona. No obstante, la autoridad judicial espa帽ola podr谩 solicitar la toma de declaraciones, de acuerdo con el derecho del Estado de ejecuci贸n, a aquellas personas que estuvieran presentes durante la ejecuci贸n del exhorto y estuvieran directamente relacionadas con el asunto al que se refiere.
b) Que lleve a cabo registros corporales u obtenga directamente del cuerpo de cualquier persona materiales org谩nicos o datos biom茅tricos, como pudieran ser muestras de ADN o impresiones dactilares.
c) Que obtenga informaci贸n en tiempo real mediante intervenci贸n de comunicaciones, vigilancia o control de cuentas bancarias.
d) Que analice objetos, documentos o datos existentes.
e) Que obtenga datos de comunicaciones retenidos por proveedores de un servicio de comunicaciones electr贸nicas accesible al p煤blico o de una red de comunicaciones p煤blica.
3. Los antecedentes penales tendr谩n un r茅gimen espec铆fico de transmisi贸n, quedando fuera del 谩mbito del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas.
CAP脥TULO II-Emisi贸n y transmisi贸n de una orden europea de investigaci贸n
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido Cap铆tulo II del T铆tulo X
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
CAP脥TULO II-Emisi贸n y transmisi贸n de un exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
SECCI脫N 1.陋-R茅gimen general de emisi贸n y transmisi贸n de 贸rdenes europeas de investigaci贸n
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adida Secci贸n 1.陋 del Cap铆tulo II del T铆tulo X
Art铆culo 188. Autoridades competentes en Espa帽a para emitir y ejecutar un exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. La orden europea de investigaci贸n se documentar谩 en el formulario que figura en el anexo XIII, con menci贸n expresa a la siguiente informaci贸n:
a) Los datos de la autoridad de emisi贸n.
b) El objeto y motivos de la orden europea de investigaci贸n.
c) La informaci贸n necesaria sobre la persona o personas afectadas.
d) La descripci贸n de la conducta delictiva que es objeto de la investigaci贸n o proceso y las disposiciones aplicables del Derecho penal espa帽ol.
e) La descripci贸n de la medida o medidas de investigaci贸n que se solicitan y de las pruebas a obtener.
f) Las formalidades, procedimientos y garant铆as cuya observancia solicita que sean respetadas por el Estado de ejecuci贸n.
2. La autoridad espa帽ola competente podr谩 expedir una orden europea de investigaci贸n complementaria a otra ya cursada cuando sea necesario para obtener nuevas pruebas para el mismo proceso penal.
La orden europea de investigaci贸n complementaria se documentar谩 en la forma se帽alada en el apartado 1 e indicar谩 su relaci贸n con la orden anterior en la secci贸n D del mismo formulario del anexo XIII.
Cuando la autoridad espa帽ola competente colabore en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n en el Estado de ejecuci贸n, podr谩 transmitir una orden complementaria directamente a la autoridad de ejecuci贸n mientras se encuentre en dicho Estado.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 188
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Art铆culo 188. Autoridades competentes en Espa帽a para emitir y ejecutar un exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. En Espa帽a, son autoridades de emisi贸n de un exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas los Jueces o Tribunales que conozcan del proceso en el que resulte necesario obtener el documento, objeto o dato, as铆 como los Fiscales que dirijan las diligencias de investigaci贸n en las que se deba adoptar el exhorto.
2. Es autoridad competente para reconocer y ejecutar el exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas el Ministerio Fiscal siempre que puedan obtenerse los objetos, documentos o datos sin adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales.
En otro caso, as铆 como cuando el Ministerio Fiscal entienda que debe denegarse el reconocimiento o la ejecuci贸n del exhorto, ser谩 autoridad competente el Juez de Instrucci贸n del lugar donde se encuentre cualquiera de los objetos, documentos o datos que pretenden obtenerse con el exhorto.
El cambio sobrevenido de la ubicaci贸n de los objetos, documentos o datos no implicar谩 una p茅rdida sobrevenida de competencia del Fiscal ni del Juez de Instrucci贸n que hubiera acordado el reconocimiento y la ejecuci贸n del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas transmitida a Espa帽a.
Si el certificado se hubiese emitido en relaci贸n con varios objetos, documentos o datos ubicados en circunscripciones distintas, el Fiscal o, en su caso, el Juez de Instrucci贸n que primero lo reciba y en cuya circunscripci贸n se encuentre al menos uno de dichos objetos, documentos o datos ser谩 competente para conocer de la obtenci贸n de todos los dem谩s.
Art铆culo 189. Emisi贸n y transmisi贸n del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. La autoridad de emisi贸n podr谩 emitir, de oficio o a instancia de parte, una orden europea de investigaci贸n cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n sea necesaria y proporcionada a los fines del procedimiento para el que se solicita, teniendo en cuenta los derechos del investigado o encausado.
b) Que la medida o medidas de investigaci贸n solicitadas cuyo reconocimiento y ejecuci贸n se pretende se hayan acordado en el proceso penal espa帽ol en el que se emite la orden europea de investigaci贸n y pudieran haberse ordenado en las mismas condiciones para un caso interno similar.
2. La autoridad espa帽ola competente podr谩 indicar en la orden que se requiere un plazo m谩s corto que el previsto con car谩cter general para la ejecuci贸n de la medida, o que la medida de investigaci贸n tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta. Esta petici贸n se fundamentar谩 de manera expresa en los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado art铆culo 189
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Art铆culo 189. Emisi贸n y transmisi贸n del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. La autoridad judicial espa帽ola competente expedir谩 un exhorto s贸lo cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que los objetos, documentos o datos est茅n suficientemente identificados.
b) Que conste indiciariamente en el procedimiento penal o en las diligencias de investigaci贸n que el objeto, documento o dato cuya obtenci贸n se persigue se encuentra en otro Estado miembro o, trat谩ndose de datos electr贸nicos, que son directamente accesibles desde el mismo de conformidad con su legislaci贸n.
c) Que los objetos, documentos o datos sean necesarios para el procedimiento.
d) Que resulte proporcionado recabar esos objetos, documentos o datos para el procedimiento.
e) Que de conformidad con la legislaci贸n espa帽ola, en un caso nacional equivalente, el Juez, el Tribunal o, en su caso, el Fiscal si fuera el emisor del exhorto, pudiera acordar la obtenci贸n del objeto, documento o dato si estuviera disponible en Espa帽a.
2. Cuando se cumplan las condiciones previstas en el apartado anterior y la autoridad judicial espa帽ola competente tenga motivos fundados para creer que los objetos, documentos o datos se encuentran en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea o que trat谩ndose de datos electr贸nicos sean accesibles directamente seg煤n su legislaci贸n, transmitir谩 sin demora el exhorto a su autoridad competente.
3. Las pruebas obtenidas a trav茅s de un exhorto practicado de conformidad con la normativa procesal del Estado de ejecuci贸n y, en su caso, de acuerdo con las formalidades expresamente indicadas por la autoridad espa帽ola, producir谩n plenos efectos y no ser谩n susceptibles de recurso dirigido a controlar las garant铆as de imparcialidad observadas en su obtenci贸n ni el valor de los actos practicados en forma.
Art铆culo 190. Solicitud de informaci贸n a la autoridad de ejecuci贸n
1. La autoridad espa帽ola competente podr谩 solicitar a la autoridad de ejecuci贸n que le informe sin dilaci贸n, cuando proceda, de los siguientes supuestos:
a) Si considera que en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigaci贸n no previstas en la orden, a fin de que la autoridad de emisi贸n pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.
b) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garant铆as expresamente indicados.
2. La autoridad espa帽ola competente podr谩 consultar a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n a fin de facilitar la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 190
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Art铆culo 190. Documentaci贸n del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
El exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas se documentar谩 en el certificado previsto en el anexo XIII, siendo el 煤nico documento que deber谩 enviarse a la autoridad de ejecuci贸n.
En el certificado se har谩 constar expresamente si el exhorto completa a otro anterior o si es consecutivo a una resoluci贸n de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas.
Asimismo, si por plazos procesales u otras circunstancias particularmente urgentes, se requiriera la ejecuci贸n del exhorto en un plazo m谩s corto del previsto legalmente como m谩ximo, se indicar谩 as铆 en el certificado.
Art铆culo 191. Solicitud de participaci贸n de la autoridad espa帽ola competente
La autoridad espa帽ola competente, justificando las razones por las que lo considera conveniente, podr谩 solicitar la participaci贸n en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n de una o varias autoridades o funcionarios espa帽oles, en la misma forma en que hubieran podido estar presentes en su ejecuci贸n en territorio nacional. La autoridad o funcionario espa帽ol que participe en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n podr谩 recibir directamente las pruebas obtenidas por la autoridad del Estado de ejecuci贸n, siempre que as铆 se hubiera solicitado en dicha orden y ello sea posible con arreglo al Derecho del Estado de ejecuci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 191
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Art铆culo 191. Procedimiento para la transmisi贸n del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. El exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas podr谩 acordarse de oficio o a instancia de parte.
Si durante el proceso penal fuese la parte la que instara la emisi贸n, se le solicitar谩 que justifique documentalmente o mediante otro tipo de indicio la existencia del objeto, documento o dato y que se encuentra en el territorio del Estado de ejecuci贸n.
2. Con car谩cter previo a la emisi贸n, podr谩 recabarse de la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n o de los organismos que puedan facilitarla, informaci贸n suficiente sobre si efectivamente el objeto, documento o dato se encuentra en dicho Estado.
3. Si para la validez como fuente de prueba del objeto, documento o dato en Espa帽a se requiriera alguna formalidad o procedimiento espec铆fico en su obtenci贸n, se har谩 constar as铆 en el certificado extendido por la autoridad emisora. S贸lo cabr谩 rese帽ar como formalidades o procedimientos espec铆ficos aquellos cuya vulneraci贸n afecte a las garant铆as esenciales del procedimiento por afectar a derechos fundamentales.
4. La autoridad espa帽ola podr谩 tambi茅n solicitar a la autoridad de ejecuci贸n que obtenga cualquier otro objeto, documento o dato que la autoridad de ejecuci贸n considere relevante para el proceso espa帽ol, siempre que su utilizaci贸n en el mismo no requiera investigaci贸n complementaria alguna.
Art铆culo 192. Comunicaci贸n con la autoridad de ejecuci贸n
La autoridad espa帽ola competente comunicar谩 a la autoridad de ejecuci贸n en el plazo de diez d铆as si decide retirar, modificar o completar la orden europea de investigaci贸n en los siguientes supuestos:
a) Cuando la autoridad de ejecuci贸n comunique que el resultado perseguido por la orden europea de investigaci贸n puede conseguirse mediante una medida de investigaci贸n menos restrictiva que la solicitada por la autoridad de emisi贸n.
b) Cuando la autoridad de ejecuci贸n comunique que la medida de investigaci贸n solicitada no existe en su Derecho o no est谩 prevista para un caso interno similar, pero existe otra medida distinta que puede ser id贸nea para los fines de la orden solicitada.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 192
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Art铆culo 192. Transmisi贸n del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. El exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas podr谩 transmitirse simult谩neamente a todos aquellos Estados en los que existan indicios razonables de que en su territorio se encuentra el objeto, documento o dato cuya obtenci贸n se persiga.
2. Cuando la autoridad espa帽ola competente participe en la ejecuci贸n del exhorto en el Estado miembro de ejecuci贸n podr谩 transmitir directamente a la autoridad de ejecuci贸n un exhorto que complete el anterior mientras se encuentre en dicho Estado.
Art铆culo 193. Utilizaci贸n en Espa帽a de los datos personales obtenidos en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n en otro Estado miembro
1. Los datos personales obtenidos de la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n s贸lo podr谩n ser empleados en los procesos en los que se hubiera acordado esa resoluci贸n, en aquellos otros relacionados de manera directa con aqu茅l o excepcionalmente para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad p煤blica.
Para utilizar con otros fines los datos personales obtenidos, la autoridad espa帽ola competente deber谩 recabar el consentimiento de la autoridad del Estado de ejecuci贸n o del titular de los datos.
2. Cuando en un caso concreto as铆 lo requiera la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n, la autoridad espa帽ola competente le informar谩 del uso que haga de los datos personales que se hubieran remitido a trav茅s de una orden europea de investigaci贸n, con excepci贸n de aqu茅llos obtenidos durante su ejecuci贸n en Espa帽a.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 193
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Art铆culo 193. Recursos en el Estado de ejecuci贸n
Si la autoridad de ejecuci贸n interesara alegaciones por parte de la autoridad judicial emisora espa帽ola en el curso de un recurso interpuesto frente a la resoluci贸n que se hubiera dictado en el Estado de ejecuci贸n, la autoridad espa帽ola, tras o铆r a las partes personadas por plazo de cinco d铆as, emitir谩 las mismas en el plazo de cinco d铆as desde que el traslado le hubiera sido efectuado.
Art铆culo 194. Confidencialidad en la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n
La autoridad competente espa帽ola, con arreglo al ordenamiento jur铆dico espa帽ol y, a menos que la autoridad de ejecuci贸n haya indicado otra cosa, no desvelar谩 prueba o informaci贸n alguna facilitada por la autoridad de ejecuci贸n para ser utilizada en el procedimiento espa帽ol, excepto en la medida en que su revelaci贸n sea necesaria para las investigaciones o procedimientos descritos en la orden europea de investigaci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 194
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Art铆culo 194. Utilizaci贸n en Espa帽a de los datos personales obtenidos en la ejecuci贸n del exhorto en otro Estado miembro
1. Los datos personales obtenidos de la ejecuci贸n de un exhorto s贸lo podr谩n ser empleados en los procesos en los que pudiera acordarse esa resoluci贸n, para otros relacionados de manera directa con aqu茅l o excepcionalmente para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad p煤blica.
Para utilizar con otros fines los datos personales obtenidos, la autoridad judicial espa帽ola competente deber谩 recabar el consentimiento de la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n o directamente de la persona interesada.
2. Cuando en un caso concreto as铆 lo requiera la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n, la autoridad judicial espa帽ola competente le informar谩 del uso que haga de los datos personales que se hubieran remitido a trav茅s del exhorto, con excepci贸n de aqu茅llos obtenidos durante su ejecuci贸n en Espa帽a.
SECCI脫N 2.陋-Emisi贸n de 贸rdenes europeas de investigaci贸n con medidas espec铆ficas de investigaci贸n
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adida Secci贸n 2.陋 del Cap铆tulo II del T铆tulo X
Art铆culo 195. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal a Espa帽a de personas privadas de libertad en el Estado de ejecuci贸n
1. La autoridad espa帽ola competente emitir谩 una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal a Espa帽a de una persona privada de libertad en el Estado de ejecuci贸n cuando la investigaci贸n requiera su presencia en Espa帽a; y siempre que no tenga por finalidad su enjuiciamiento, en cuyo caso deber谩 optar por la emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega.
2. La autoridad espa帽ola competente acordar谩 con las autoridades competentes del otro Estado las disposiciones pr谩cticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, as铆 como los detalles de sus condiciones de privaci贸n de libertad, con inclusi贸n de las fechas de salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los art铆culos 12 y 27, garantiz谩ndose que se tiene en cuenta la condici贸n f铆sica y mental de la persona de que se trate, as铆 como el nivel de seguridad requerido en Espa帽a.
3. La persona trasladada permanecer谩 privada de libertad en Espa帽a en relaci贸n con los hechos o condenas por los que lo haya estado en el Estado de ejecuci贸n, a menos que 茅ste pida su puesta en libertad.
4. La persona trasladada no ser谩 perseguida o detenida o sometida a cualquier otra restricci贸n de su libertad personal en Espa帽a por actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado de ejecuci贸n y que no estuvieran especificados en la orden europea de investigaci贸n. No obstante, esta inmunidad quedar谩 sin efecto cuando la persona trasladada, habiendo tenido la oportunidad de regresar, haya permanecido en territorio espa帽ol durante los quince d铆as siguientes desde la fecha en que su presencia ya no fuera exigida por la autoridad espa帽ola competente o haya regresado en caso de haberlo abandonado.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 195
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Art铆culo 195. Ejecuci贸n en Espa帽a de un exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. El reconocimiento y la ejecuci贸n de un exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas no estar谩n sujetos a la verificaci贸n de la doble tipificaci贸n, a menos que de conformidad con la legislaci贸n espa帽ola sea necesario proceder a un registro o incautaci贸n para la obtenci贸n de aquellos objetos, documentos o datos que se consideren necesarios en el marco del proceso penal.
2. Cuando sea necesario proceder a un registro o incautaci贸n para ejecutar el exhorto no estar谩n sujetos al control de la doble tipificaci贸n los delitos que se enumeran en el apartado 1 del art铆culo 20, siempre que est茅n castigados en el Estado de emisi贸n con penas privativas de libertad cuya duraci贸n m谩xima sea de al menos tres a帽os.
3. Si el exhorto se pudiera ejecutar a trav茅s de varios medios, se elegir谩 el menos restrictivo de la libertad individual.
Art铆culo 196. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal al Estado de ejecuci贸n de personas privadas de libertad en Espa帽a
La autoridad espa帽ola competente podr谩 emitir una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal de un detenido en Espa帽a con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci贸n que requiera su presencia en el territorio del Estado de ejecuci贸n, siempre que la persona privada de libertad d茅 su consentimiento. A tal fin ser谩n de aplicaci贸n las previsiones del art铆culo 214.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 196
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Art铆culo 196. Procedimiento para el reconocimiento y la ejecuci贸n del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. El Fiscal o el Juez de Instrucci贸n que recibiera el exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas, acordar谩, en el plazo de cinco d铆as desde la recepci贸n, la averiguaci贸n de la localizaci贸n del objeto, documento o dato que pretenda recabarse con el mismo.
Asimismo, podr谩 dirigir comunicaci贸n a la autoridad judicial emisora para que ampl铆e cualquier circunstancia relevante para la correcta obtenci贸n, como detalles m谩s espec铆ficos sobre la ubicaci贸n o sobre sus caracter铆sticas.
2. El Fiscal o el Juez de Instrucci贸n encargado de la tramitaci贸n del expediente del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas dictar谩 decreto o auto, respectivamente, reconociendo si concurren todos los requisitos exigidos legalmente y si no aprecia la concurrencia de causa alguna de denegaci贸n. El decreto o auto deber谩 dictarse en el plazo m谩ximo de diez d铆as desde la recepci贸n de la orden en Espa帽a y contendr谩 las instrucciones necesarias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a otros 贸rganos administrativos o autoridades o a personas privadas para que recaben los objetos, documentos o datos.
3. En el curso de la ejecuci贸n del exhorto el Fiscal o el Juez de Instrucci贸n podr谩 valorar la posibilidad de emprender nuevas medidas de investigaci贸n no solicitadas cuando considere que puede resultar oportuno.
Cuando el Estado de emisi贸n participe en la ejecuci贸n en Espa帽a, el Fiscal o el Juez de Instrucci贸n recibir谩 el exhorto que le pueda transmitir directamente la autoridad de emisi贸n mientras se encuentre en nuestro pa铆s y que complete el anterior.
4. En caso de que la autoridad de emisi贸n no fuera un Fiscal, Juez o Tribunal y el exhorto no hubiera sido validado por ninguna de dichas autoridades del Estado de emisi贸n, el Fiscal o el Juez de Instrucci贸n competente llevar谩 a cabo las medidas de registro e incautaci贸n necesarias, salvo que Espa帽a presente en la Secretar铆a General del Consejo de la Uni贸n Europea declaraci贸n en la que exija dicha validaci贸n a efectos de la ejecuci贸n del exhorto.
5. Si recibido el certificado, el Fiscal apreciara la concurrencia de alguna causa que podr铆a motivar que se denegara el reconocimiento o ejecuci贸n del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas, o si para su ejecuci贸n fuera necesario que se adoptaran medidas limitativas de derechos fundamentales, en el plazo m谩ximo de diez d铆as desde la recepci贸n en Espa帽a proceder谩 a remitir el certificado, junto con un informe motivado sobre la causa concurrente, al Juez de Instrucci贸n competente del lugar donde estuviera ubicado el objeto, documento o dato, conforme a los criterios expuestos anteriormente en caso de que sean varios.
El Juez dictar谩 auto motivado reconociendo o denegando la ejecuci贸n del exhorto en el plazo de cinco d铆as.
La decisi贸n de reconocer y ejecutar el exhorto europeo o de denegarlo deber谩 ser tomada cuanto antes, y a m谩s tardar en el plazo de treinta d铆as desde la recepci贸n del exhorto en Espa帽a.
Art铆culo 197. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual
1. Cuando la autoridad competente espa帽ola que est茅 conociendo de un proceso penal en Espa帽a considere necesario o铆r al investigado o encausado o a un testigo o perito que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitir谩 una orden europea de investigaci贸n para que dicha declaraci贸n se realice por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual.
A tal fin se determinar谩n de acuerdo con la autoridad de ejecuci贸n competente las disposiciones pr谩cticas con arreglo a las cuales se llevar谩 a cabo la comparecencia.
Si en un caso concreto la autoridad de ejecuci贸n no dispusiera de los medios t茅cnicos necesarios para celebrar la comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual, la autoridad competente espa帽ola que la hubiera solicitado podr谩 ponerlos a su disposici贸n previo acuerdo.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 197
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Art铆culo 197. Obtenci贸n y traslado de los objetos, documentos o datos obtenidos conforme al exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. La autoridad de ejecuci贸n competente tomar谩 posesi贸n de los objetos, documentos o datos solicitados en el exhorto en un plazo m谩ximo de sesenta d铆as a contar desde el d铆a de la recepci贸n del mismo, salvo que concurra alguno de los motivos previstos para su suspensi贸n. Cuando la autoridad de emisi贸n, por razones de urgencia, solicite la ejecuci贸n en un plazo inferior, la autoridad de ejecuci贸n proceder谩 a su cumplimiento sin dilaci贸n.
Cuando ello no fuera posible, se informar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n de los motivos del retraso y del nuevo plazo previsto para la obtenci贸n de los bienes objeto del exhorto.
2. Salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso contra el reconocimiento y la ejecuci贸n del exhorto o en que exista alg煤n motivo de aplazamiento justificado, se dar谩 traslado con car谩cter inmediato de los objetos, documentos o datos obtenidos conforme al exhorto y se indicar谩 si se solicita que 茅stos sean devueltos a Espa帽a tan pronto como deje de necesitarlos la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 198. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener informaci贸n sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras
1. Cuando la autoridad espa帽ola competente necesite determinar si la persona f铆sica o jur铆dica objeto de proceso penal en curso es titular o posee el control de una o m谩s cuentas o dep贸sitos en un banco u otra entidad financiera que se localice en el territorio de otro Estado miembro y, en caso afirmativo, obtener los datos de las cuentas y dep贸sitos identificadas que obren todav铆a en su poder, podr谩 emitir una orden europea de investigaci贸n. La informaci贸n requerida incluir谩, siempre que se solicite en la orden europea de investigaci贸n, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de representaci贸n.
2. En la orden europea de investigaci贸n se indicar谩n las razones por las que considera que la informaci贸n solicitada es necesaria para el proceso penal del que se trate y las razones por las que supone que la cuenta se encuentra en alg煤n banco u otra entidad financiera del Estado de ejecuci贸n y, siempre que cuente con dicha informaci贸n, de qu茅 banco o entidad financiera se trata. Tambi茅n incluir谩 en la orden europea de investigaci贸n cualquier informaci贸n de la que disponga que pueda facilitar su ejecuci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 198
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Art铆culo 198. Denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
1. El Juez de Instrucci贸n competente denegar谩 el reconocimiento y la ejecuci贸n del exhorto, adem谩s de en los supuestos del apartado 1 del art铆culo 32, en los siguientes casos:
a) Cuando no sea posible ejecutarlo mediante ninguna de las medidas previstas en la legislaci贸n nacional.
b) Cuando tenga lugar el supuesto previsto en el apartado 4 del art铆culo 196 y el exhorto no hubiese sido validado por la autoridad judicial competente.
c) Cuando la ejecuci贸n pudiera lesionar intereses esenciales de seguridad nacional, comprometer a la fuente de informaci贸n o implicar la utilizaci贸n de informaci贸n clasificada relacionada con determinadas actividades de inteligencia.
d) Cuando la resoluci贸n se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho espa帽ol no permita la persecuci贸n de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.
2. El Juez de Instrucci贸n competente denegar谩 el reconocimiento y ejecuci贸n del exhorto cuando, adem谩s de tratarse de una infracci贸n distinta a las previstas en el apartado 1 del art铆culo 20, para su ejecuci贸n sea necesario proceder a un registro o incautaci贸n.
3. La resoluci贸n de denegaci贸n del reconocimiento y ejecuci贸n del exhorto ser谩 dictada por el Juez de Instrucci贸n en el plazo de treinta d铆as naturales desde su recepci贸n. Cuando no fuera posible cumplir este plazo, el Juez de Instrucci贸n informar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n de los motivos del retraso y del nuevo plazo previsto para su actuaci贸n.
4. Cuando el Juez de Instrucci贸n se plantee la posibilidad de denegar el reconocimiento y la ejecuci贸n de un exhorto por tratarse de delitos que el Derecho espa帽ol considera cometidos en su totalidad o en parte en territorio espa帽ol, consultar谩 a Eurojust antes de dictar una resoluci贸n y tomar谩 en consideraci贸n en el caso concreto si una parte del delito tuvo lugar en el Estado de emisi贸n, si esos hechos no constituyen delito de acuerdo con el Derecho espa帽ol y si fuera necesario llevar a cabo una operaci贸n de registro e incautaci贸n para la ejecuci贸n del exhorto. En caso de desacuerdo con Eurojust, el Juez de Instrucci贸n expresar谩 las razones del mismo.
5. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n previstos en la letras a) y c) del apartado 1 del art铆culo 32, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecuci贸n del exhorto el Juez de Instrucci贸n consultar谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n para que facilite sin demora la informaci贸n complementaria necesaria y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido.
Art铆culo 199. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener informaci贸n sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras
La autoridad espa帽ola competente podr谩 emitir una orden europea de investigaci贸n para obtener los datos que obren todav铆a en poder del banco u otra entidad financiera correspondientes a:
a) Cuentas bancarias espec铆ficas.
b) Operaciones bancarias que se hayan efectuado o vayan a efectuarse dentro de un plazo concreto por medio de una o m谩s cuentas indicadas en la orden, con inclusi贸n de los datos de toda cuenta remitente o receptora.
c) Operaciones financieras efectuadas por entidades financieras no bancarias.
En la orden se indicar谩n las razones por las que estima que la informaci贸n solicitada es pertinente para el proceso penal de que se trate.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 199
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Art铆culo 199. Informaci贸n espec铆fica sobre el curso de la ejecuci贸n del exhorto
El Fiscal o el Juez de Instrucci贸n encargado de la ejecuci贸n informar谩 inmediatamente a la autoridad de emisi贸n en los casos siguientes:
a) Si considera, en el curso de la ejecuci贸n del exhorto y sin haber realizado otras averiguaciones, que podr铆an adoptarse medidas de investigaci贸n no previstas en el exhorto o que no pod铆an conocerse cuando se emiti贸 茅ste, a fin de que la autoridad de emisi贸n acuerde lo que proceda.
b) Si el exhorto no se ha ejecutado de conformidad con el Derecho espa帽ol, explicitando los motivos y en qu茅 ha consistido la infracci贸n.
c) Si no se puede ejecutar el exhorto de conformidad con las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad de emisi贸n.
d) Si el exhorto no se ha ejecutado debido a la desaparici贸n o destrucci贸n de los objetos, documentos o datos, a la imposibilidad de encontrarlos en el lugar indicado o a la falta de precisiones suficientes sobre su ubicaci贸n, a pesar de haber consultado a la autoridad de emisi贸n.
Art铆culo 200. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo
Cuando la autoridad competente que est茅 conociendo de un proceso penal en Espa帽a considere necesario emitir una orden europea de investigaci贸n a efectos de la ejecuci贸n de una medida de investigaci贸n que requiera la obtenci贸n de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, indicar谩 las razones por las que estima que la informaci贸n solicitada es pertinente para el proceso penal en curso.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido art铆culo 200
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Art铆culo 200. Suspensi贸n de la ejecuci贸n del exhorto
1. El Fiscal o el Juez de Instrucci贸n suspender谩 la ejecuci贸n de un exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas cuando:
a) El certificado previsto en el anexo est谩 incompleto o es manifiestamente incorrecto, hasta que se complete o se corrija.
b) En el supuesto previsto en el apartado 4 del art铆culo 196 el exhorto no ha sido validado, hasta que se produzca dicha validaci贸n.
c) Su ejecuci贸n pudiera perjudicar una investigaci贸n penal o actuaciones judiciales penales en curso, hasta el momento que se considere necesario.
d) Los objetos, documentos o datos de que se trate est谩n siendo utilizados en otros procedimientos, hasta que ya no se requieran con este fin.
2. Una vez dejen de existir las causas que provocaron la suspensi贸n, el Fiscal o el Juez de Instrucci贸n adoptar谩 las medidas necesarias para la ejecuci贸n del exhorto, informando sin dilaci贸n a la autoridad judicial del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 201. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para realizar investigaciones encubiertas
Cuando la autoridad competente considere necesario que las autoridades competentes de otro Estado miembro colaboren en la investigaci贸n encubierta de una o varias actividades delictivas, a trav茅s de agentes que act煤en infiltrados o con una identidad falsa, emitir谩 una orden europea de investigaci贸n solicitando dicha colaboraci贸n e indicar谩 las razones por las que considera pertinente realizar una investigaci贸n encubierta.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 201
Art铆culo 202. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para intervenci贸n de telecomunicaciones
1. La autoridad espa帽ola competente emitir谩 una orden europea de investigaci贸n cuando, una vez acordado por auto dictado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, proceda la intervenci贸n de las comunicaciones en otro Estado miembro y se requiera su asistencia t茅cnica. La medida solicitada podr谩 abarcar igualmente la obtenci贸n de datos de tr谩fico y localizaci贸n correspondiente a tales comunicaciones.
2. Cuando la asistencia t茅cnica requerida pueda ser prestada por m谩s de un Estado miembro, se enviar谩 la orden europea de investigaci贸n solo a uno de ellos. A tal efecto, se dar谩 siempre prioridad al Estado miembro en el que se encuentre o vaya a encontrarse el investigado o encausado.
3. La autoridad espa帽ola competente podr谩 acordar con la autoridad de ejecuci贸n que la intervenci贸n se ejecute conforme a una de las dos siguientes modalidades:
a) Transmitiendo directamente la telecomunicaci贸n al Estado de emisi贸n,
b) Interviniendo y registrando en el Estado de ejecuci贸n la telecomunicaci贸n para proceder una vez registrada al traslado del resultado al Estado de emisi贸n.
La autoridad espa帽ola competente podr谩 someter a consulta y ser consultada por la autoridad de ejecuci贸n respecto de la elecci贸n de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigaci贸n.
4. La orden europea de investigaci贸n emitida para la intervenci贸n de telecomunicaciones deber谩 especificar:
a) Las razones por las que la intervenci贸n es necesaria para los fines del proceso penal.
b) La informaci贸n necesaria para la identificaci贸n de la persona afectada por la intervenci贸n.
c) La duraci贸n de la intervenci贸n.
d) Los datos t茅cnicos necesarios, en particular el identificador de la persona, para garantizar que pueda ejecutarse la solicitud.
5. En la orden europea de investigaci贸n se podr谩 pedir una transcripci贸n, descodificaci贸n o desencriptado del registro. Esta petici贸n podr谩 hacerse, asimismo, durante la pr谩ctica de la intervenci贸n. En ambos casos, la transcripci贸n, descodificaci贸n o desencriptado deber谩n ser acordados con la autoridad de ejecuci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 202
Art铆culo 203. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigaci贸n en relaci贸n con los medios de prueba
La autoridad espa帽ola competente podr谩 emitir una orden europea de investigaci贸n con la finalidad de impedir de forma cautelar la destrucci贸n, transformaci贸n, desplazamiento, transferencia o enajenaci贸n de un objeto que pudiera emplearse como medio de prueba.
En la orden europea de investigaci贸n se indicar谩 si el medio de prueba habr谩 de transferirse a Espa帽a o conservarse en el Estado de ejecuci贸n.
Cuando en la orden europea de investigaci贸n se solicite que el medio de prueba se conserve en el Estado de ejecuci贸n, se indicar谩 la fecha en que habr谩 de levantarse la medida cautelar instada o la fecha estimada en la que se formular谩 la solicitud para que la prueba sea trasladada a Espa帽a.
Se notificar谩 inmediatamente a la autoridad de ejecuci贸n el levantamiento de las medidas provisionales que se hubieran instado.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 203
Art铆culo 204. Notificaci贸n al Estado miembro en el que se encuentre la persona que sea objeto de los procedimientos penales y cuya asistencia t茅cnica no sea necesaria
1. La autoridad espa帽ola competente que haya acordado la intervenci贸n de telecomunicaciones de una persona que se encuentra en el territorio de otro Estado miembro sin su asistencia t茅cnica, notificar谩 a la autoridad competente de ese Estado dicha intervenci贸n. Esta notificaci贸n se llevar谩 a cabo:
a) antes de la intervenci贸n, cuando se tenga conocimiento de que esa persona se encuentra o se encontrar谩 en el territorio del otro Estado miembro;
b) durante la intervenci贸n o despu茅s de 茅sta, inmediatamente despu茅s de tener conocimiento de que esa persona se encuentra, o se ha encontrado durante la intervenci贸n, en el territorio del otro Estado miembro.
Esta notificaci贸n se efectuar谩 por medio del formulario contenido en el anexo XV.
2. La autoridad espa帽ola competente que haya acordado esta intervenci贸n no la llevar谩 a cabo o pondr谩 fin a la misma si la autoridad competente del Estado notificado as铆 lo indicara. Asimismo, la autoridad espa帽ola competente s贸lo podr谩 utilizar el material intervenido en las condiciones que el Estado notificado especifique.
En el caso de que la autoridad competente del Estado notificado informara de que el material obtenido no puede ser utilizado, la autoridad espa帽ola competente ordenar谩 su destrucci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 203
CAP脥TULO III-Reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido Cap铆tulo III del T铆tulo X
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
CAP脥TULO III-Ejecuci贸n de un exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
SECCI脫N 1.陋-R茅gimen general de reconocimiento y ejecuci贸n de 贸rdenes europeas de investigaci贸n
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adida Secci贸n 1.陋 del Cap铆tulo III del T铆tulo X
Art铆culo 205. Requisitos para el reconocimiento y ejecuci贸n en Espa帽a de una orden de investigaci贸n europea
1. La autoridad competente espa帽ola que reciba una orden europea de investigaci贸n dictar谩 auto o decreto de reconocimiento y ejecuci贸n de la misma, salvo que concurra alguno de los motivos de denegaci贸n o suspensi贸n a que se refieren los art铆culos 207 y 209.
2. La autoridad competente espa帽ola que reciba una orden europea de investigaci贸n que no hubiera sido emitida por la autoridad de emisi贸n competente, o validada en su caso por el juez, tribunal o fiscal competente del Estado de emisi贸n, proceder谩 a su devoluci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 205
Art铆culo 206. Ejecuci贸n de las medidas de investigaci贸n solicitadas en la orden europea de investigaci贸n
1. La autoridad competente espa帽ola llevar谩 a cabo la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n solicitada si dicha medida de investigaci贸n existiera en Derecho espa帽ol y estuviera prevista para un caso interno similar.
En particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo siguiente, la autoridad competente ordenar谩 la ejecuci贸n en todo caso si la medida de investigaci贸n solicitada fuera alguna de las siguientes:
a) La obtenci贸n de informaci贸n o de pruebas que obren ya en poder de la autoridad competente espa帽ola siempre que, de conformidad con el Derecho nacional, esa informaci贸n o esas pruebas hubieran podido obtenerse en el contexto de un procedimiento penal o a los fines de la orden europea de investigaci贸n;
b) la obtenci贸n de informaci贸n contenida en bases de datos que obren en poder de las autoridades policiales o judiciales y que sean directamente accesibles en el marco de un procedimiento penal;
c) la declaraci贸n de un testigo, un perito, una v铆ctima, un investigado o encausado o un tercero en territorio espa帽ol;
d) cualquier medida de investigaci贸n no restrictiva de los derechos fundamentales y garant铆as procesales prevista en el Derecho espa帽ol;
e) la identificaci贸n de personas que sean titulares de un n煤mero de tel茅fono o una direcci贸n IP determinados.
2. Cuando el resultado perseguido por la orden europea de investigaci贸n pudiera conseguirse mediante una medida de investigaci贸n menos restrictiva de los derechos fundamentales que la solicitada en la orden europea de investigaci贸n, la autoridad competente espa帽ola ordenar谩 la ejecuci贸n de esta 煤ltima.
3. Cuando la medida de investigaci贸n solicitada no existiera en Derecho espa帽ol o no estuviera prevista para un caso interno similar, la autoridad competente espa帽ola ordenar谩 la ejecuci贸n de una medida de investigaci贸n distinta a la solicitada, si dicha medida fuera id贸nea para los fines de la orden solicitada.
4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, antes de adoptar la resoluci贸n, la autoridad competente informar谩 a la autoridad de emisi贸n. Si la autoridad de emisi贸n no comunicara su decisi贸n de retirar o completar la orden europea de investigaci贸n en el plazo de diez d铆as, la autoridad de ejecuci贸n ordenar谩 la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n alternativa.
5. Cuando la medida de investigaci贸n indicada en la orden europea de investigaci贸n no exista en el Derecho nacional o, existiendo, no hubiera podido ser adoptada en un caso interno similar y, adem谩s, no exista ninguna otra medida de investigaci贸n que pudiera obtener el mismo resultado que la medida de investigaci贸n solicitada, la autoridad espa帽ola competente notificar谩 a la autoridad del Estado de emisi贸n que no ha sido posible proporcionar la asistencia requerida.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 206
Art铆culo 207. Denegaci贸n del reconocimiento y ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n
1. La autoridad competente espa帽ola denegar谩 el reconocimiento y ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, adem谩s de en los supuestos del apartado 1 del art铆culo 32, en los siguientes casos:
a) Cuando exista un privilegio procesal que haga imposible ejecutar la orden europea de investigaci贸n o normas sobre determinaci贸n y limitaci贸n de la responsabilidad penal en relaci贸n con la libertad de prensa y la libertad de expresi贸n en otros medios de comunicaci贸n que imposibiliten a la autoridad competente espa帽ola su ejecuci贸n.
b) Cuando la ejecuci贸n pudiera lesionar intereses esenciales de seguridad nacional, comprometer a la fuente de informaci贸n o implicar la utilizaci贸n de informaci贸n clasificada relacionada con determinadas actividades de inteligencia.
c) Cuando la resoluci贸n se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y total o parcialmente en territorio espa帽ol, y la conducta en relaci贸n con la cual se emite la orden europea de investigaci贸n no sea constitutiva de delito en Espa帽a.
d) Cuando existan motivos fundados para creer que la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n indicada en la orden europea de investigaci贸n es incompatible con las obligaciones del Estado espa帽ol de conformidad con el art铆culo 6 del Tratado de la Uni贸n Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea.
e) Cuando la conducta que dio origen a la emisi贸n de la orden europea de investigaci贸n no sea constitutiva de delito con arreglo al Derecho espa帽ol y no est茅 recogida en las categor铆as de delitos a que se refiere el apartado 1 del art铆culo 20, siempre que la pena o medida de seguridad privativas de libertad previstas en el Estado de emisi贸n para el delito a que se refiere la orden europea de investigaci贸n fuera de un m谩ximo de al menos tres a帽os.
Para comprobar si dicha conducta est谩 o no incluida dentro de los delitos enumerados en el apartado 1 del art铆culo 20 y que alcanza el umbral de pena antes mencionado, se estar谩 a lo indicado por la autoridad del Estado de emisi贸n en el formulario de emisi贸n remitido.
f) Cuando el uso de la medida de investigaci贸n indicada en la orden europea de investigaci贸n est茅 limitado, con arreglo al Derecho espa帽ol, a una lista o categor铆a de delitos, o a delitos castigados con penas de a partir de un determinado umbral que no alcance el delito a que se refiere la orden europea de investigaci贸n.
g) Cuando la orden europea de investigaci贸n se refiera a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni贸n Europea por la comisi贸n de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento cuando la decisi贸n pueda dar lugar a un proceso ante un 贸rgano jurisdiccional en el orden penal, y la medida no estuviese autorizada, con arreglo al Derecho del Estado de ejecuci贸n, para un caso interno similar.
2. Las letras e) y f) del apartado anterior no ser谩n de aplicaci贸n, en ning煤n caso, a las medidas de investigaci贸n a que se refiere el apartado 1 del art铆culo 206.
3. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n previstos en las letras a) o d) del apartado 1 del art铆culo 32 o en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 de este art铆culo, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, la autoridad espa帽ola competente solicitar谩 a la autoridad de emisi贸n la informaci贸n complementaria necesaria y, en su caso, la subsanaci贸n del defecto en que se hubiera incurrido.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 207
Art铆culo 208. Procedimiento para el reconocimiento y la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n
1. La autoridad competente espa帽ola que reciba la orden europea de investigaci贸n, si no aprecia la concurrencia de causa alguna de denegaci贸n o suspensi贸n, dictar谩 sin dilaci贸n auto o decreto, respectivamente, reconociendo la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente y ordenando su ejecuci贸n. El auto o decreto contendr谩 las instrucciones necesarias para la pr谩ctica de las medidas de investigaci贸n solicitadas.
La decisi贸n de reconocer y ejecutar la orden europea de investigaci贸n o, en su caso, denegar su ejecuci贸n deber谩 ser tomada cuanto antes y, a m谩s tardar, en el plazo de treinta d铆as desde su recepci贸n por la autoridad competente.
2. Cuando en un caso concreto, la autoridad competente espa帽ola aprecie que no podr谩 cumplirse el plazo previsto para dictar el auto o decreto, respectivamente, de reconocimiento y ejecuci贸n de la orden, informar谩 sin demora a la autoridad de emisi贸n explicando las razones y comunicando el plazo estimado necesario para adoptar la resoluci贸n. En este caso, el plazo establecido para dictar la resoluci贸n de reconocimiento y ejecuci贸n podr谩 prorrogarse hasta un m谩ximo de treinta d铆as.
3. Cuando el Estado de emisi贸n participe en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n y si la autoridad de emisi贸n emite una orden complementaria a la anterior, la autoridad competente espa帽ola podr谩 recibir directamente la orden complementaria que la autoridad de emisi贸n dicte mientras est谩 en Espa帽a.
4. La autoridad competente espa帽ola llevar谩 a cabo la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n sin demora y, a m谩s tardar, en el plazo de noventa d铆as despu茅s de que se adopte la resoluci贸n de reconocimiento y ejecuci贸n, a menos que, con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 209, exista alg煤n motivo para la suspensi贸n del procedimiento de reconocimiento y ejecuci贸n o que la prueba mencionada en la medida de investigaci贸n incluida en la orden europea de investigaci贸n ya se encuentre en posesi贸n del Estado espa帽ol.
5. Cuando la autoridad de emisi贸n haya indicado en la orden que, debido a los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes, se requiere un plazo m谩s corto para la ejecuci贸n de la medida, o si la medida de investigaci贸n tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta, la autoridad competente espa帽ola estar谩 a lo dispuesto en la orden en relaci贸n con dichos plazos. En caso de que no fuera posible, lo comunicar谩 a la autoridad de emisi贸n sin demora.
6. Asimismo, cuando en un caso concreto no pueda llevarse a cabo la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n dentro del plazo previsto a tal efecto, la autoridad competente espa帽ola informar谩 sin demora a la autoridad competente del Estado de emisi贸n explicando las razones de la demora y consultar谩 a la autoridad de emisi贸n sobre el plazo o la fecha adecuados para llevar a cabo la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 208
Art铆culo 209. Suspensi贸n del reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n
1. La autoridad competente espa帽ola suspender谩 el reconocimiento y la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Que su ejecuci贸n pudiera perjudicar una investigaci贸n penal o actuaciones judiciales penales en curso, hasta el momento que se considere necesario.
b) Que los objetos, documentos o datos de que se trate est谩n siendo utilizados en otros procedimientos, hasta que ya no se requieran con este fin.
2. Una vez dejen de existir las causas que provocaron la suspensi贸n, la autoridad competente espa帽ola adoptar谩 las medidas necesarias para la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, informando sin dilaci贸n a la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 209
Art铆culo 210. Participaci贸n de las autoridades del Estado de emisi贸n en la pr谩ctica de diligencias en territorio espa帽ol
1. En el caso de que la autoridad de emisi贸n solicite que una o varias autoridades de su Estado participen en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, la autoridad competente espa帽ola acceder谩 a ello siempre que dichas autoridades est茅n facultadas para participar en la ejecuci贸n de las medidas de investigaci贸n requeridas en la orden en un caso interno similar de su Estado y que esa participaci贸n no sea contraria a los principios jur铆dicos fundamentales ni perjudique los intereses esenciales de la seguridad nacional.
Dichas autoridades tendr谩n la consideraci贸n de funcionario p煤blico espa帽ol a efectos penales mientras se encuentren en Espa帽a participando en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n. En el caso del agente encubierto se acordar谩n con el Estado de emisi贸n, ateni茅ndose a los respectivos Derechos internos y procedimientos nacionales, la duraci贸n de la investigaci贸n encubierta, las condiciones concretas y el r茅gimen jur铆dico de los agentes de que se trate.
2. Las autoridades del Estado de emisi贸n que participaran en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n se someter谩n al Derecho espa帽ol y solo podr谩n ejercer competencia coercitiva en territorio espa帽ol si el ejercicio de dicha competencia es conforme con el Derecho espa帽ol y 煤nicamente en la medida que ambas autoridades lo hubiesen acordado.
3. La autoridad competente espa帽ola podr谩 consultar en cualquier momento a la autoridad competente del Estado de emisi贸n a fin de facilitar la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 210
Art铆culo 211. Traslado de las pruebas obtenidas
1. Las pruebas obtenidas se trasladar谩n de manera inmediata a la autoridad del Estado de emisi贸n y se indicar谩 si deben ser devueltas a las autoridades competentes espa帽olas tan pronto dejen de ser necesarias en el Estado de emisi贸n.
En el caso de que el Estado de emisi贸n participara en la ejecuci贸n de la orden, siempre que as铆 se haya solicitado en la misma y si es posible con arreglo al Derecho espa帽ol, las pruebas obtenidas se trasladar谩n inmediatamente a las autoridades competentes del Estado de emisi贸n.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr谩 acordarse la suspensi贸n del traslado de las pruebas obtenidas en los casos en que se haya interpuesto un recurso contra el reconocimiento y ejecuci贸n de la orden, salvo si en la orden se indican razones suficientes que justifiquen que es indispensable el traslado inmediato para el adecuado desarrollo de la investigaci贸n o para preservar derechos individuales. Sin embargo, se suspender谩 el traslado de pruebas si 茅ste pudiera causar un da帽o grave o irreversible a la persona interesada.
3. Cuando las pruebas obtenidas sean relevantes para otros procesos penales, la autoridad competente espa帽ola, previa petici贸n expresa y tras mantener consultas con la autoridad de emisi贸n, podr谩 trasladar temporalmente las pruebas con la condici贸n de que se devuelvan a las autoridades competentes espa帽olas tan pronto como el Estado de emisi贸n deje de necesitarlas o bien en cualquier otro momento u ocasi贸n que se acordara entre las autoridades competentes.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 211
Art铆culo 212. Informaci贸n espec铆fica sobre el curso de la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n
1. El Ministerio Fiscal, tras recibir la orden europea de investigaci贸n, acusar谩 recibo en el plazo m谩ximo de una semana desde la recepci贸n, mediante la cumplimentaci贸n del anexo XIV.
2. No obstante lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del art铆culo 206, la autoridad competente espa帽ola encargada de la ejecuci贸n informar谩 sin dilaci贸n a la autoridad de emisi贸n en los casos siguientes:
a) Si es imposible adoptar una resoluci贸n de reconocimiento y ejecuci贸n debido a que el formulario del anexo XIII est谩 incompleto o es manifiestamente incorrecto, o no estuviese traducido al castellano o a alguna de las lenguas admitidas por Espa帽a.
b) Si considera que en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigaci贸n no previstas en la orden, a fin de que la autoridad de emisi贸n pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.
c) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garant铆as expresamente indicados.
d) De cualquier resoluci贸n adoptada de conformidad con lo dispuesto en los art铆culos 206, 207 y 209.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 212
Art铆culo 213. Confidencialidad en la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n
Cuando ejecute una orden europea de investigaci贸n, la autoridad competente espa帽ola tiene la obligaci贸n de guardar confidencialidad de los hechos y el fondo de la misma, excepto en el grado en que sea necesario para ejecutar la medida de investigaci贸n, y cualquier publicidad ser谩 siempre objeto de previa consulta con la autoridad del Estado de emisi贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 213
SECCI脫N 2.陋-Reconocimiento y ejecuci贸n de 贸rdenes europeas de investigaci贸n con medidas espec铆ficas de investigaci贸n
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adida Secci贸n 2.潞 del Cap铆tulo III del T铆tulo X
Art铆culo 214. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal al Estado de emisi贸n de personas privadas de libertad en Espa帽a
1. La autoridad espa帽ola competente denegar谩 el reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal de personas privadas de libertad en Espa帽a, adem谩s de en los supuestos previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 208, en caso de que:
a) La persona privada de libertad no d茅 su consentimiento. Cuando debido a su edad o estado f铆sico o ps铆quico, no pueda dar su opini贸n, la misma se recabar谩 a trav茅s de su representante legal.
b) El traslado pueda causar la prolongaci贸n de la privaci贸n de libertad de la persona.
2. La autoridad espa帽ola competente acordar谩 con las autoridades competentes del otro Estado las disposiciones pr谩cticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, as铆 como los detalles de sus condiciones de privaci贸n de libertad, con inclusi贸n de las fechas de salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los art铆culos 12 y 27, garantiz谩ndose que se tienen en cuenta la condici贸n f铆sica y mental de la persona de que se trate, as铆 como el nivel de seguridad requerido en el Estado de emisi贸n.
3. La autoridad espa帽ola competente deducir谩, de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, del per铆odo m谩ximo de prisi贸n al que est茅 sometido o se vaya a someter al reclamado por una orden europea de investigaci贸n cualquier per铆odo de privaci贸n de libertad en el territorio del Estado de emisi贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 214
Art铆culo 215. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal a Espa帽a de personas privadas de libertad en el Estado de emisi贸n
La autoridad espa帽ola competente denegar谩 el reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal a Espa帽a de personas privadas de libertad en el Estado de emisi贸n, adem谩s de en los supuestos previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, en caso de que la persona privada de libertad no d茅 su consentimiento. Cuando, debido a su edad o estado f铆sico o ps铆quico, no pueda dar su opini贸n, la misma se recabar谩 a trav茅s de su representante legal.
En todo lo dem谩s, la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal a Espa帽a de personas privadas de libertad en el Estado de emisi贸n se sujetar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 214.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 215
Art铆culo 216. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual
1. La autoridad espa帽ola competente denegar谩 el reconocimiento y ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual, adem谩s de en los supuestos previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, en caso de que la ejecuci贸n de dicha medida de investigaci贸n en un caso concreto sea contraria a los principios jur铆dicos fundamentales del Derecho espa帽ol.
Tambi茅n podr谩 denegar el reconocimiento y ejecuci贸n si el investigado o el acusado no da su consentimiento para la pr谩ctica de la medida.
2. Cuando la autoridad competente espa帽ola reciba una orden europea de investigaci贸n en la que se solicite una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual, la llevar谩 a cabo en la forma que hubiera acordado con la autoridad de emisi贸n. En todo caso, la autoridad competente espa帽ola se encargar谩 de:
a) Notificar la medida al testigo o perito correspondiente, indicando el momento y el lugar de la comparecencia.
b) Citar a las personas investigadas o encausadas para que asistan a la comparecencia conforme a las normas espec铆ficas que establezca el Derecho espa帽ol, e informarles de sus derechos con arreglo al Derecho del Estado de emisi贸n, con tiempo suficiente para que puedan acogerse efectivamente a las garant铆as procesales.
c) Asegurarse de la identidad de la persona que deba prestar declaraci贸n.
3. La autoridad espa帽ola competente se pondr谩 de acuerdo con la autoridad de emisi贸n sobre la pr谩ctica de la ejecuci贸n de la medida que, en todo caso, se regir谩 por las siguientes normas:
a) Durante la declaraci贸n estar谩 presente la autoridad espa帽ola competente, asistida por un int茅rprete cuando sea necesario, para identificar a la persona que deba prestar declaraci贸n y velar por el respeto del ordenamiento jur铆dico espa帽ol.
b) La autoridad espa帽ola competente acordar谩, en su caso, con la autoridad de emisi贸n, la adopci贸n de medidas de protecci贸n de la persona que deba declarar.
c) La declaraci贸n tendr谩 lugar ante la autoridad competente del Estado de emisi贸n o bajo su direcci贸n.
d) Si as铆 lo solicita la autoridad de emisi贸n o la persona compareciente, la autoridad espa帽ola facilitar谩 un int茅rprete para que le asista.
e) Con car谩cter previo a la declaraci贸n, se informar谩 a los testigos o peritos de los derechos procesales que les asisten al amparo tanto del Derecho del Estado de emisi贸n como del espa帽ol, incluido el derecho a no declarar cuando as铆 se disponga.
4. Finalizada la declaraci贸n, la autoridad espa帽ola en cuyo territorio se haya ejecutado la medida levantar谩 acta de la misma, en la que constar谩n la fecha y el lugar, la identidad de la persona o铆da, la identidad del resto de personas que hayan participado, el juramento formulado y las condiciones t茅cnicas en las que se haya llevado a cabo la declaraci贸n. El acta se transmitir谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
5. En el caso de que la persona que deba ser o铆da en Espa帽a en ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n no preste testimonio estando sometida a la obligaci贸n de testificar o no preste testimonio veraz, se le aplicar谩 el ordenamiento jur铆dico espa帽ol del mismo modo que si la comparecencia se hubiera celebrado dentro de un proceso nacional.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 216
Art铆culo 217. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener informaci贸n sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras
Cuando la autoridad espa帽ola competente reciba una orden europea de investigaci贸n en la que se requiera informaci贸n sobre cuentas bancarias u otro tipo de cuentas financieras la proporcionar谩 de conformidad con el Derecho espa帽ol, a menos que la entidad financiera no dispusiera de la misma. La informaci贸n a proporcionar a la autoridad de emisi贸n incluir谩, cuando as铆 lo solicite la orden europea de investigaci贸n, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de representaci贸n.
La autoridad competente espa帽ola, adem谩s de por los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y de la ejecuci贸n previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, denegar谩 la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n en los casos en que no se autorizar铆a la medida de investigaci贸n en un caso interno similar.
La autoridad espa帽ola competente adoptar谩 las medidas necesarias para garantizar que los bancos o entidades financieras no revelen al cliente bancario interesado ni a otros terceros el hecho de que se ha transmitido informaci贸n al Estado de emisi贸n en virtud de este art铆culo y el siguiente, o de que se est谩 llevando a cabo una investigaci贸n, pudiendo utilizar a esos efectos la informaci贸n obrante en el Fichero de Titularidades Financieras, siempre que se trate de investigaciones de delitos de blanqueo de capitales o financiaci贸n del terrorismo.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 217
Art铆culo 218. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener informaci贸n sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras
La autoridad espa帽ola competente para el reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n proporcionar谩 la informaci贸n sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras de conformidad con el Derecho espa帽ol, a menos que la entidad financiera no dispusiera de la misma.
En el caso de la letra c) del art铆culo 199, adem谩s de por los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y de la ejecuci贸n contemplados en esta Ley, la autoridad espa帽ola competente denegar谩 la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n en los casos en que no se autorizar铆a la medida de investigaci贸n en un caso interno similar.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 218
Art铆culo 219. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo
1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigaci贸n con el fin de realizar una medida de investigaci贸n que requiera la obtenci贸n de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, denegar谩 su ejecuci贸n, adem谩s de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, en los casos en que no se autorizar铆a la medida de investigaci贸n en un caso interno similar.
2. La autoridad competente que reciba una orden europea de investigaci贸n con el fin de realizar una medida de las previstas en este art铆culo, ser谩 la competente para actuar, dirigir y controlar las operaciones relacionadas con su ejecuci贸n, si bien las disposiciones pr谩cticas las acordar谩 con la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 219
Art铆culo 220. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para realizar investigaciones encubiertas
1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigaci贸n con el fin de recabar su colaboraci贸n en la realizaci贸n de una investigaci贸n encubierta en Espa帽a, denegar谩 su ejecuci贸n, adem谩s de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, cuando:
a) La realizaci贸n de investigaciones encubiertas no se autorizar铆a en casos internos similares.
b) No se hubiera llegado a un acuerdo con la autoridad de emisi贸n respecto a las condiciones para llevar a cabo la investigaci贸n correspondiente.
2. La autoridad que acuerde la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n con el fin de realizar una medida de las previstas en este art铆culo, la ejecutar谩 de acuerdo con el ordenamiento jur铆dico espa帽ol asumiendo la direcci贸n y el control de las operaciones relacionadas con la medida, si bien la duraci贸n de la misma, las condiciones concretas y el r茅gimen jur铆dico de los agentes intervinientes ser谩n acordadas con la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 220
Art铆culo 221. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para intervenci贸n de telecomunicaciones
1. La autoridad judicial competente espa帽ola denegar谩 la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, adem谩s de por los motivos previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, en los casos en que no se autorizar铆a la medida de investigaci贸n en un caso interno similar.
2. Cuando la autoridad judicial competente espa帽ola reciba una orden europea de investigaci贸n para la intervenci贸n de telecomunicaciones podr谩 ejecutarla mediante alguna de las siguientes formas:
a) La transmisi贸n inmediata de las telecomunicaciones a la autoridad de emisi贸n.
b) La intervenci贸n, registro y ulterior transmisi贸n del resultado de la intervenci贸n de las telecomunicaciones a la autoridad de emisi贸n.
La elecci贸n de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigaci贸n se acordar谩 con la autoridad de emisi贸n.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 221
Art铆culo 222. Notificaci贸n a Espa帽a de la intervenci贸n de telecomunicaciones con interceptaci贸n de la direcci贸n de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se encuentre en Espa帽a y cuya asistencia t茅cnica no sea necesaria
Cuando se notifique a Espa帽a la intervenci贸n de telecomunicaciones con interceptaci贸n de la direcci贸n de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se encuentre en Espa帽a, en el caso de que dicha intervenci贸n no fuera objeto de autorizaci贸n en un caso interno similar, la autoridad espa帽ola competente comunicar谩 al Estado que se encuentre ejecutando la intervenci贸n, sin dilaci贸n y a m谩s tardar en un plazo de noventa y seis horas desde la recepci贸n de la notificaci贸n:
a) Que no podr谩 efectuarse la intervenci贸n o que se pondr谩 fin a la misma.
b) Y, en su caso, que no podr谩 utilizarse el posible material ya intervenido mientras la persona objeto de la intervenci贸n se encontraba en Espa帽a, o que solo podr谩 utilizarse en las condiciones que se especifiquen. Deber谩 informarse a la autoridad competente del Estado que realiza la intervenci贸n de los motivos de tales condiciones.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 222
Art铆culo 223. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigaci贸n en relaci贸n con los medios de prueba
La autoridad espa帽ola competente para el reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n en la que se solicite una medida cautelar de aseguramiento de pruebas comunicar谩 su decisi贸n a la autoridad de emisi贸n dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepci贸n de la orden.
En ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, los medios de prueba se trasladar谩n al Estado de emisi贸n en la forma prevista en el art铆culo 211.
Previa consulta a la autoridad de emisi贸n, la autoridad espa帽ola competente, de conformidad con el Derecho espa帽ol, podr谩 imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duraci贸n del plazo de aplicaci贸n de la medida cautelar requerida. Si se propusiera dejar sin efecto la medida cautelar, se informar谩 de ello a la autoridad de emisi贸n y se le ofrecer谩 la posibilidad de formular alegaciones.
La autoridad espa帽ola competente podr谩 recabar la asistencia de la Oficina de Recuperaci贸n y Gesti贸n de activos en la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n cuando la misma se refiera a elementos probatorios susceptibles de ulterior decomiso.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adido art铆culo 223
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Remisi贸n y ejecuci贸n de 贸rdenes europeas de detenci贸n y entrega provenientes o dirigidas a Gibraltar
Las 贸rdenes europeas de detenci贸n y entrega provenientes o dirigidas a la colonia brit谩nica de Gibraltar se regir谩n por lo dispuesto en el «R茅gimen acordado sobre autoridades de Gibraltar en el contexto de los instrumentos de la Uni贸n Europea y de la Comunidad Europea y Tratados Conexos», contenido en el documento del Consejo 7998/00 JAI 45 MI 73, de 19 de abril de 2000.
Segunda. Transmisi贸n de medidas de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas y de sanciones pecuniarias con el Reino Unido y la Rep煤blica de Irlanda
La transmisi贸n de las resoluciones de embargo preventivo y de aseguramiento de pruebas y de sanciones pecuniarias con el Reino Unido y la Rep煤blica de Irlanda se efectuar谩 con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, a menos que estos Estados manifiesten mediante declaraci贸n depositada ante la Secretar铆a General del Consejo de la Uni贸n Europea y notificada a la Comisi贸n que optan por la transmisi贸n de sus resoluciones y del certificado correspondiente por conducto de una autoridad central o de las autoridades especificadas en la declaraci贸n.
Tercera. Informaci贸n sobre las declaraciones efectuadas ante la Secretar铆a General del Consejo de la Uni贸n Europea
El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscal铆a General del Estado se coordinar谩n para que a trav茅s de sus sitios web se puedan conocer las declaraciones que Espa帽a y los dem谩s Estados miembros hayan efectuado ante la Secretar铆a General del Consejo de la Uni贸n Europea, renunciando a exigir su consentimiento para determinadas actuaciones relativas al reconocimiento y ejecuci贸n de los instrumentos de reconocimiento mutuo.
Cuarta. Ejecuci贸n de resoluciones de decomiso dictadas por autoridades de terceros Estados no miembros de la Uni贸n Europea.
Cuando, en ejecuci贸n de una resoluci贸n de decomiso dictada por la autoridad competente de un Estado no miembro de la Uni贸n Europea, se acuerde por los jueces o tribunales espa帽oles el decomiso de bienes, valores o efectos que se hallen en Espa帽a, el reparto de los mismos se llevar谩 a cabo del siguiente modo:
1.潞 Si el valor de los bienes, valores y efectos decomisados, descontados los gastos realizados para su localizaci贸n, administraci贸n y conservaci贸n, fuera inferior a 10.000 euros, se adjudicar谩n 铆ntegramente al Estado espa帽ol, y se les dar谩 el destino que se determine legal o reglamentariamente.
2.潞 En el resto de los casos, descontados los gastos realizados para su localizaci贸n, administraci贸n y conservaci贸n, corresponder谩 al Estado de emisi贸n el 50 por 100 del valor de los bienes, valores y efectos decomisados cuando la resoluci贸n de decomiso haya sido dictada por la autoridad competente de un Estado que haya garantizado reciprocidad a Espa帽a.
El resto de los bienes, valores y efectos decomisados ser谩n adjudicados al Estado espa帽ol, que les dar谩 el destino que se determine legal o reglamentariamente.
3.潞 Lo dispuesto en el apartado anterior ser谩 煤nicamente aplicable en defecto de acuerdo entre el Reino de Espa帽a y el Estado requirente.
4.潞 Se dispondr谩 de los bienes, valores o efectos decomisados del siguiente modo:
a) Si se trata de dinero, se transferir谩 al Estado requirente la cantidad que corresponda.
b) Si se trata de bienes, valores o efectos de otra naturaleza, se transferir谩n al Estado requirente, en la parte que corresponda, salvo que la resoluci贸n de decomiso se hubiera referido a una cantidad de dinero y el Estado requirente no se muestre conforme; se proceder谩 a su venta conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente, y se transferir谩 el efectivo obtenido, una vez descontados los gastos de ejecuci贸n, al Estado requirente, en la parte que corresponda. Cuando ninguno de los dos procedimientos anteriores pueda ser aplicado, se proceder谩 conforme a cualquier otro procedimiento autorizado legal o reglamentariamente.
5.潞 Cuando de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso resulten afectados bienes integrantes del patrimonio hist贸rico espa帽ol, en ning煤n caso se proceder谩 a su enajenaci贸n o restituci贸n al Estado de emisi贸n. En tal supuesto, el decomiso ser谩 inmediatamente comunicado a las autoridades espa帽olas competentes y ser谩n de aplicaci贸n las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist贸rico Espa帽ol y su normativa de desarrollo.
Precepto modificado por LO 1/2015, de 30 de marzo, con entrada en vigor a partir del 1-7-2015
路 A帽adida disposici贸n adicional cuarta
Quinta. Protecci贸n de datos de car谩cter personal
Los datos de car谩cter personal obtenidos como consecuencia de la emisi贸n o ejecuci贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo estar谩n protegidos de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea y espa帽ola de protecci贸n de datos de car谩cter personal.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adida disposici贸n adicional quinta
Sexta. Declaraci贸n de testigos o peritos por conferencia telef贸nica
En el caso de que la declaraci贸n de testigos o peritos por conferencia telef贸nica sea introducida en la legislaci贸n procesal penal espa帽ola, regir谩n las siguientes reglas para la emisi贸n y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n que contemple dicha medida:
a) Cuando la autoridad espa帽ola competente que est茅 conociendo de un proceso penal en Espa帽a considere necesario o铆r, como testigo o perito, a una persona que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitir谩 una orden europea de investigaci贸n para que la declaraci贸n del testigo o perito se realice por conferencia telef贸nica, siempre que no considere m谩s conveniente que la persona comparezca personalmente en su territorio y no hubiera sido posible utilizar otro medio m谩s adecuado.
b) Salvo acuerdo en sentido contrario, el procedimiento para declaraci贸n de testigos o peritos por conferencia telef贸nica, tanto para la emisi贸n como para la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n que incluya dicha declaraci贸n, se regir谩 por lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5 del art铆culo 216.
A los efectos de esta disposici贸n adicional, se entender谩 por autoridad espa帽ola competente la definida en el art铆culo 187.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adida disposici贸n adicional sexta
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. R茅gimen transitorio
1. Esta Ley ser谩 aplicable a las resoluciones que se transmitan por las autoridades competentes espa帽olas o que se reciban por esas autoridades con posterioridad a su entrada en vigor, con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad o de que se refieran a hechos anteriores a la misma.
2. Las resoluciones cuya solicitud de reconocimiento y ejecuci贸n hubiera sido transmitida por las autoridades judiciales espa帽olas o que se hubieran recibido por esas autoridades en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, seguir谩n tramit谩ndose hasta su conclusi贸n conforme a las normas vigentes en aquel momento.
3. A los solos efectos de lo dispuesto en el art铆culo 83.1 de la presente Ley, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento y ejecuci贸n que hubieran podido ser presentadas a partir del 5 de diciembre de 2011 y antes de la entrada en vigor de la presente Ley, ser谩 aplicable la legislaci贸n vigente al tiempo de la solicitud de ser m谩s favorable para el condenado.
Segunda. Remisi贸n y ejecuci贸n de resoluciones condenatorias en Polonia
Lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del art铆culo 67 no ser谩 aplicable a Polonia, tanto si 茅ste es Estado de emisi贸n como si es Estado de ejecuci贸n, en aquellos casos en que la resoluci贸n condenatoria haya sido dictada antes de un per铆odo de cinco a帽os a partir del 5 de diciembre de 2011, salvo que renuncie a recurrir a esta excepci贸n mediante notificaci贸n a la Secretar铆a General del Consejo de la Uni贸n Europea.
Tercera. Equivalencia de la descripci贸n del Sistema de Informaci贸n Schengen
Con car谩cter provisional, hasta el momento en que el Sistema de Informaci贸n Schengen tenga capacidad para transmitir toda la informaci贸n que figura en el art铆culo 36, la descripci贸n equivaldr谩 a una orden europea de detenci贸n y entrega hasta que la autoridad judicial de ejecuci贸n reciba el original en buena y debida forma.
DISPOSICI脫N DEROGATORIA
脷nica. Derogaci贸n normativa
Quedan derogadas la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detenci贸n y entrega; la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Uni贸n Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales; la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Actualizaci贸n de anexos
Se autoriza al Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Justicia, a actualizar los modelos de certificados recogidos en los anexos de esta Ley cuando hayan sido modificados por normas de la Uni贸n Europea.
Segunda. T铆tulo competencial
Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art铆culo 149.1.6.陋 de la Constituci贸n, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislaci贸n procesal.
Tercera. Incorporaci贸n de derecho de la Uni贸n Europea
Mediante esta ley se incorporan al Derecho espa帽ol:
a) La Decisi贸n Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detenci贸n europea y a los procedimientos de entrega entre Estados.
b) La Decisi贸n Marco 2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas.
c) La Decisi贸n Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.
d) La Decisi贸n Marco 2006/783/JAI, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.
e) La Decisi贸n Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecuci贸n en la Uni贸n Europea.
f) La Decisi贸n Marco 2008/947/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas.
g) La Decisi贸n Marco 2008/978/JAI, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal.
h) La Decisi贸n Marco 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a ra铆z de juicios celebrados sin comparecencia del imputado.
i) La Decisi贸n Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicaci贸n, entre Estados miembros de la Uni贸n Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustituci贸n de la prisi贸n provisional.
j) Y la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la orden europea de protecci贸n.
k) La Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigaci贸n en materia penal.
Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 A帽adida letra k) de la disposici贸n final tercera
Redacci贸n hasta el 2-7-2018
Mediante esta ley se incorporan al Derecho espa帽ol:
a) La Decisi贸n Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detenci贸n europea y a los procedimientos de entrega entre Estados.
b) La Decisi贸n Marco 2003/577/JAI, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecuci贸n en la Uni贸n Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas.
c) La Decisi贸n Marco 2005/214/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.
d) La Decisi贸n Marco 2006/783/JAI, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.
e) La Decisi贸n Marco 2008/909/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecuci贸n en la Uni贸n Europea.
f) La Decisi贸n Marco 2008/947/JAI, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas.
g) La Decisi贸n Marco 2008/978/JAI, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal.
h) La Decisi贸n Marco 2009/299/JAI, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a ra铆z de juicios celebrados sin comparecencia del imputado.
i) La Decisi贸n Marco 2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicaci贸n, entre Estados miembros de la Uni贸n Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustituci贸n de la prisi贸n provisional.
j) Y la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la orden europea de protecci贸n.
Cuarta. Entrada en vigor
La presente Ley entrar谩 en vigor a los veinte d铆as de su publicaci贸n en el «Bolet铆n Oficial del Estado».
ANEXO I-Orden europea de detenci贸n y entrega
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ANEXO II-Certificado para la ejecuci贸n de resoluciones por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea
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ANEXO III-Certificado de notificaci贸n al condenado de la transmisi贸n a otro Estado miembro de la Uni贸n Europea de la resoluci贸n por la que se le imponen penas u otras medidas privativas de libertad
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ANEXO IV-Certificado para la ejecuci贸n de sentencias y resoluciones de libertad vigilada en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea
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ANEXO V-Certificado sobre el incumplimiento de una medida de libertad vigilada o de una pena sustitutiva
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ANEXO VI-Certificado para la ejecuci贸n de resoluciones que impongan medidas alternativas a la prisi贸n provisional en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea
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ANEXO VII-Certificado sobre el incumplimiento de una medida de vigilancia alternativa a la prisi贸n provisional
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ANEXO VIII-Orden europea de protecci贸n
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Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Modificado Anexo VIII
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ANEXO IX-Certificado sobre el incumplimiento de la medida adoptada en virtud de una nueva orden europea de protecci贸n
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ANEXO X-Certificado para la ejecuci贸n de medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea
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ANEXO XI-Certificado para la ejecuci贸n de resoluciones de decomiso en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea
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ANEXO XII-Certificado para la ejecuci贸n de resoluciones que exijan el pago de sanciones pecuniarias en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea
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ANEXO XIII-Certificado para la ejecuci贸n del exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas
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Precepto modificado por Ley 3/2018, de 11 de junio, con entrada en vigor a partir del 2-7-2018
路 Sustituido Anexo XIII
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ANEXO XIV-Confirmaci贸n de la recepci贸n de una OEI
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路 A帽adido Anexo XIV
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ANEXO XV- Notificaci贸n
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路 A帽adido Anexo XV
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