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Referencia: SP/LEG/24246

LEY 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea, para regular la Orden Europea de Investigaci贸n

贸rgano emisor: JEFATURA DEL ESTADO
publicaci贸n: B.O.E. num. 142 - 12/06/2018
entrada en vigor: 02/07/2018
La presente Ley entrar谩 en vigor a los veinte d铆as de su publicaci贸n en el 芦Bolet铆n Oficial del Estado禄, excepto la disposici贸n final primera entrar谩 en vigor el 1 de octubre de 2018.
PRE脕MBULO
I
La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea represent贸 la unificaci贸n normativa en el Derecho espa帽ol, en un texto 煤nico, de todas las decisiones marco y las directivas aprobadas en esta materia incluyendo tanto las que ya hab铆an sido transpuestas en nuestro Derecho como las que estaban pendientes. La t茅cnica legislativa empleada permiti贸 evitar la dispersi贸n normativa y facilitar su conocimiento y manejo por los distintos profesionales del Derecho. Se articul贸 a trav茅s de un esquema en el que tendr铆a f谩cil cabida la incorporaci贸n de las futuras directivas que puedan ir adopt谩ndose en esta materia. Se trata de normas muy espec铆ficas, sujetas a la propia din谩mica legislativa de la Uni贸n Europea, lo que justific贸 que no se integraran en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que constituyeran una ley distinta, eso s铆, complementaria y coordinada.
El principio de reconocimiento mutuo supone la articulaci贸n de la cooperaci贸n judicial penal entre los Estados miembros sobre la base de relaciones directas entre las autoridades judiciales, que no requiere la intervenci贸n necesaria ni obligatoria de las autoridades centrales. El sistema se basa tambi茅n en la confianza mutua, lo que lleva a un reconocimiento y ejecuci贸n de las resoluciones dictadas por las autoridades competentes de emisi贸n de otros Estados pr谩cticamente de manera autom谩tica, con causas tasadas de suspensi贸n y denegaci贸n del reconocimiento.
A la hora de incorporar estas normas de la Uni贸n Europea a nuestro Derecho, la Ley distingui贸 los elementos comunes a todas ellas (o a casi todas, porque la t茅cnica normativa comunitaria ha sido muy dispar) y conform贸 una serie de normas generales que se completa por sus normas espec铆ficas y unos anexos que incluyen los certificados que se remiten a las autoridades judiciales de la Uni贸n Europea cuando se transmiten estos instrumentos.
Por 煤ltimo, dicha Ley iba acompa帽ada de la Ley Org谩nica 6/2014, de 29 de octubre, por la que se modific贸 la Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial, que, con el 谩nimo de evitar que la tarea de transposici贸n de cada nueva norma europea en este 谩mbito conllevara otra reforma de aqu茅lla para la atribuci贸n de la competencia que corresponda, efectu贸 un reconocimiento gen茅rico a favor de los 贸rganos judiciales con competencia en materia penal de aquellas facultades que se les encomienden por las normas espec铆ficas en materia de reconocimiento mutuo.
En definitiva, estas normas se configuraron como un instrumento integrador que, adem谩s de dar cumplimiento a las obligaciones normativas europeas, responden al compromiso de mejora de la cooperaci贸n judicial penal en la Uni贸n Europea y la lucha contra la criminalidad transfronteriza europea, garantizando la seguridad y los derechos de los ciudadanos como fin irrenunciable del Estado.
II
Este mismo af谩n armonizador se aprecia en el 谩mbito europeo donde, desde la adopci贸n de las Decisiones Marco 2003/577/JAI y 2008/978/JAI relativas al aseguramiento de pruebas y al exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas, se hizo patente que el marco existente para la obtenci贸n de pruebas en la Uni贸n Europea era demasiado fragmentario y complicado. Surgi贸 entonces el objetivo de unificar en un solo instrumento, haciendo m谩s ambiciosas, las normas que actualmente regulan la obtenci贸n de pruebas en otro Estado miembro en procedimientos judiciales penales. Dichas normas se recogen hoy de manera dispersa en varios convenios internacionales, decisiones y decisiones marco.
Las grandes l铆neas de este nuevo planteamiento se sustanciaron en el Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo de los d铆as 10 y 11 de diciembre de 2009, donde se decidi贸 que deb铆a proseguirse la creaci贸n de un sistema general para obtener pruebas en los casos de dimensi贸n transfronteriza, basado en el principio de reconocimiento mutuo. Las conclusiones aconsejaban un nuevo planteamiento basado en el principio se帽alado, pero que tuviera tambi茅n en cuenta la flexibilidad del sistema tradicional de asistencia judicial y que sustituyera a todos los instrumentos existentes en este 谩mbito.
Todo ello ha dado lugar a la aprobaci贸n de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigaci贸n en materia penal, que se basa en un 煤nico instrumento para la obtenci贸n de prueba penal transfronteriza en la Uni贸n Europea. La Directiva, propuesta bajo presidencia espa帽ola fruto de un proceso lento y complejo de negociaci贸n, regula la orden europea de investigaci贸n, que se expedir谩 a efectos de obtener una o varias medidas de investigaci贸n espec铆ficas que se llevar谩n a cabo en el Estado de ejecuci贸n de la misma, con vistas a la obtenci贸n de pruebas o a recabar las que ya est谩n en posesi贸n de la autoridad de ejecuci贸n.
La orden europea de investigaci贸n crea un r茅gimen 煤nico para la obtenci贸n de pruebas, aunque establece normas adicionales para determinados tipos de medidas como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por tel茅fono, videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual, la obtenci贸n de informaci贸n relacionada con cuentas o transacciones bancarias o financieras, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas y la intervenci贸n de telecomunicaciones con asistencia de otro Estado miembro. En este sentido, la orden europea de investigaci贸n comprende tambi茅n medidas que impliquen la obtenci贸n de pruebas en tiempo real, de manera continua o durante un determinado per铆odo de tiempo, previendo que cuando sea necesario los Estados de emisi贸n y de ejecuci贸n podr谩n acordar entre s铆 disposiciones pr谩cticas, a fin de compatibilizar las diferencias existentes entre sus Derechos internos.
La solicitud y pr谩ctica de una medida de investigaci贸n se podr谩 llevar a cabo en cualquiera de las fases del procedimiento penal, incluida la de la vista, si es preciso con la participaci贸n del interesado, a efectos de la obtenci贸n de pruebas. Puede emitirse, por ejemplo, una orden europea de investigaci贸n a efectos del traslado temporal de la persona en cuesti贸n al Estado de emisi贸n, o para la realizaci贸n de una comparecencia por videoconferencia. No obstante, si se debe trasladar a la persona a otro Estado miembro a efectos de su enjuiciamiento, con inclusi贸n de su puesta a disposici贸n de un 贸rgano jurisdiccional para ser sometida a juicio, deber谩 emitirse una orden europea de detenci贸n y entrega.
Esta Ley aborda, en consecuencia, el mandato de transposici贸n de la citada Directiva y, a tal fin, modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, con el fin de incorporarla al Derecho espa帽ol. Tambi茅n se prev茅n una serie de peque帽os ajustes de cuestiones surgidas durante la vigencia de dicha Ley y que era necesario actualizar o corregir.
Los criterios seguidos en la transposici贸n se han basado en los principios de la buena regulaci贸n, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligaci贸n de transposici贸n con fidelidad al texto de la Directiva y con la m铆nima reforma de la actual normativa, de manera que se evite la dispersi贸n en aras de la simplificaci贸n; as铆 como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulaci贸n imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jur铆dica, ya que se realiza con el 谩nimo de mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y claro, que produjo la compilaci贸n de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre.
III
La Ley se estructura en un art铆culo con veintisiete apartados, una disposici贸n adicional, una disposici贸n transitoria, una disposici贸n derogatoria, seis disposiciones finales y un anexo que aglutina la modificaci贸n y creaci贸n de nuevos anexos en la ley vigente.
El proceso de transposici贸n conlleva modificar los art铆culos relevantes de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, con la introducci贸n de las previsiones que el Derecho de la Uni贸n Europea requiere. Esta forma de transposici贸n es la m谩s id贸nea, la m谩s adecuada desde el punto de vista de la t茅cnica normativa y la que ofrece mayor seguridad jur铆dica, ya que se contin煤a con el sistema de inclusi贸n y regulaci贸n en una sola norma 鈥揷on rango de ley por exigencia formal y material鈥 de los instrumentos y medidas de reconocimiento mutuo penales dentro de la Uni贸n Europea, ofreciendo as铆 a los operadores jur铆dicos una visi贸n completa del sistema de reconocimiento mutuo penal dentro de la UE y de su regulaci贸n en un 煤nico instrumento jur铆dico en el ordenamiento interno y evitando la dispersi贸n normativa.
El apartado veintid贸s del art铆culo 煤nico introduce un nuevo T铆tulo X en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, que regula la orden europea de investigaci贸n, sustituyendo al exhorto, derogado por la normativa europea; en particular, por el Reglamento (UE) 2016/95 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, por el que se derogan determinados actos en el 谩mbito de la cooperaci贸n policial y judicial en materia penal. Dicho T铆tulo se estructura siguiendo el esquema de la Ley modificada, esto es, un cap铆tulo de cuestiones generales de la orden de investigaci贸n, y sendos cap铆tulos para emisi贸n y ejecuci贸n.
En coherencia con lo anterior, se sustituye el anexo XIII de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, que se correspond铆a con el anexo correspondiente al exhorto, incluyendo en la modificaci贸n los anexos correspondientes a la orden europea de investigaci贸n.
IV
Por 煤ltimo, se efect煤an algunas modificaciones de cuestiones que era necesario adaptar y que se han puesto de manifiesto durante la aplicaci贸n de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre.
As铆, se modifica en primer lugar el cap铆tulo de ejecuci贸n de la orden europea de detenci贸n y entrega con vistas a adecuarlo a las exigencias de los derechos establecidos para el detenido por la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detenci贸n europea, as铆 como a los derechos recogidos en la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garant铆as procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.
En siguiente lugar, se adecua la norma a la existencia de la Oficina de Recuperaci贸n y Gesti贸n de Activos y al protagonismo que 茅sta ha adquirido en el marco del embargo y decomiso en Espa帽a, con el objeto de mejorar la eficiencia de su actuaci贸n en el 谩mbito del reconocimiento mutuo, y perfilando aspectos para la mejor sujeci贸n al articulado de la Decisi贸n Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.
Adem谩s, se modifica la norma para la transposici贸n de algunos aspectos de la Directiva (UE) 2016/1919, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jur铆dica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detenci贸n, con vistas a garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado, financiada por los Estados miembros, a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detenci贸n conforme a la Decisi贸n Marco del Consejo 2002/584/JAI.
Tambi茅n se sustituye el anexo VIII de dicha norma por un nuevo anexo VIII que si bien se refiere a la misma medida 鈥搇a orden europea de protecci贸n鈥 subsana un error que padec铆a la versi贸n anterior.
V
En otro orden de cosas, la norma introduce a trav茅s de tres disposiciones finales sendas reformas de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur铆dica gratuita, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acci贸n y del Servicio Exterior del Estado.
La primera reforma incorporada a la parte final est谩 encaminada a completar la adecuaci贸n de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur铆dica gratuita a la Directiva (UE) 2016/1919 citada.
La segunda reforma, con motivo de la aplicaci贸n desde el 18 de enero de 2017 del Reglamento (UE) n.潞 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retenci贸n de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil. Dada la necesidad de ajustar el ordenamiento jur铆dico espa帽ol al procedimiento que prev茅 la orden de retenci贸n de cuentas, se introduce una nueva disposici贸n final en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre medidas para facilitar la aplicaci贸n de la orden europea de retenci贸n de cuentas a continuaci贸n de las que ya se han adoptado para la aplicaci贸n de otros instrumentos europeos.
Y, finalmente, la tercera modificaci贸n tiene por objeto transponer la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinaci贸n y cooperaci贸n para facilitar la protecci贸n consular de ciudadanos de la Uni贸n no representados en terceros pa铆ses y por la que se deroga la Decisi贸n 95/553/CE, en aquellos aspectos en los que se precisa norma de rango legal.
Art铆culo 煤nico. Modificaci贸n de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Uni贸n Europea
Uno
Se modifica la letra i) en el apartado 2 del art铆culo 2, que queda redactada como sigue:
«i) La orden europea de investigaci贸n.»
Dos
Se modifica el art铆culo 7, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 7. Emisi贸n y documentaci贸n de 贸rdenes y resoluciones para su ejecuci贸n al amparo del principio de reconocimiento mutuo.
1. Cuando la eficacia de una resoluci贸n penal espa帽ola requiera la pr谩ctica de actuaciones procesales en otro Estado miembro de la Uni贸n Europea, trat谩ndose de alg煤n instrumento de reconocimiento mutuo regulado en esta Ley, la autoridad judicial espa帽ola competente la documentar谩 en el formulario o certificado obligatorio, que transmitir谩 a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecuci贸n.
El testimonio de la resoluci贸n penal en la que se basa el certificado se remitir谩 obligatoriamente junto con 茅ste, salvo que se trate de una orden europea de detenci贸n y entrega, una orden europea de protecci贸n o una orden europea de investigaci贸n, que se documentar谩n exclusivamente a trav茅s del formulario correspondiente.
El original de la resoluci贸n o del certificado ser谩 remitido 煤nicamente cuando as铆 lo solicite la autoridad de ejecuci贸n.
2. El certificado o el formulario ir谩n firmados por la autoridad judicial competente para dictar la resoluci贸n que se documenta.
3. El certificado o el formulario se traducir谩n a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro al que se dirija o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado, salvo que disposiciones convencionales permitan, en relaci贸n con ese Estado, su remisi贸n en espa帽ol.
La resoluci贸n penal s贸lo ser谩 objeto de traducci贸n cuando as铆 se requiera por la autoridad judicial de ejecuci贸n. El coste de la traducci贸n ser谩 asumido por el Estado de ejecuci贸n que la reclama, con la excepci贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad regulada en el T铆tulo III.»
Tres
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 8, que tendr谩 la siguiente redacci贸n:
«1. La transmisi贸n de los instrumentos de reconocimiento mutuo, as铆 como cualquier otra notificaci贸n practicada con arreglo a esta Ley, se har谩 directamente a la autoridad judicial competente del Estado de ejecuci贸n, a trav茅s de cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan acreditar su autenticidad.
Cualquier dificultad que surja en relaci贸n con la transmisi贸n o la autenticidad de alg煤n documento necesario para la ejecuci贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo se solventar谩 mediante comunicaci贸n directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando proceda en relaci贸n con una orden europea de detenci贸n y entrega o una orden europea de investigaci贸n, con la participaci贸n de las autoridades centrales de los Estados miembros.»
Cuatro
Se modifica el art铆culo 9, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 9. Informaci贸n obligatoria a Eurojust en relaci贸n con los instrumentos de reconocimiento mutuo.
La obligaci贸n de transmisi贸n de informaci贸n y la petici贸n de asistencia a Eurojust derivada del uso de instrumentos de reconocimiento mutuo se regir谩n por lo establecido en la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Espa帽a en Eurojust, los conflictos de jurisdicci贸n, las redes judiciales de cooperaci贸n internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, as铆 como su normativa de desarrollo.»
Cinco
Se modifica el p谩rrafo primero del art铆culo 12, que queda redactado como sigue:
«Cuando a la autoridad judicial espa帽ola de emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega, de una resoluci贸n por la que se imponen penas o medidas privativas de libertad, o de una orden europea de investigaci贸n, le conste que resulta necesario el tr谩nsito del reclamado por un Estado miembro distinto del Estado de ejecuci贸n, instar谩 al Ministerio de Justicia para que solicite la autorizaci贸n, remitiendo copia de la resoluci贸n judicial y del certificado emitido, traducido 茅ste a una de las lenguas que acepte el Estado de tr谩nsito.»
Seis
Se modifica el art铆culo 14, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 14. Gastos.
El Estado espa帽ol financiar谩 los gastos ocasionados por la ejecuci贸n de una orden o resoluci贸n de reconocimiento mutuo transmitida a otro Estado miembro, salvo los ocasionados en el territorio del Estado de ejecuci贸n.
Si en la ejecuci贸n de una resoluci贸n judicial de decomiso o de una orden europea de investigaci贸n emitida por la autoridad competente espa帽ola, se recibiera comunicaci贸n del Estado de ejecuci贸n proponiendo un reparto de los gastos ocasionados, en el plazo de cinco d铆as desde la recepci贸n de esta comunicaci贸n se dirigir谩 oficio al Ministerio de Justicia espa帽ol a los efectos de que acepte o rechace total o parcialmente la propuesta del Estado de ejecuci贸n y llegue a un acuerdo sobre el reparto de los costes.
En caso de que no se llegara a un acuerdo, la autoridad espa帽ola de emisi贸n decidir谩 si retira total o parcialmente la orden europea de investigaci贸n, o la mantiene, sufragando en este 煤ltimo caso los costes que se consideren excepcionalmente elevados.
Sin perjuicio de lo anterior, se seguir谩n las siguientes reglas en los supuestos que se indican a continuaci贸n:
a) Si la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n por la autoridad espa帽ola implica el traslado temporal de detenidos a Espa帽a o al Estado de ejecuci贸n, con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci贸n, el Estado espa帽ol financiar谩 los gastos derivados del traslado y su retorno.
b) Si la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n por la autoridad espa帽ola implica la intervenci贸n de telecomunicaciones, el Estado espa帽ol financiar谩 los gastos derivados de la transcripci贸n, la descodificaci贸n y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.»
Siete
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 21, que tendr谩 la siguiente redacci贸n:
«2. La ejecuci贸n de la orden o resoluci贸n se ajustar谩 a los t茅rminos de la misma, no pudiendo hacerse extensiva a personas, bienes o documentos no comprendidos en ella, sin perjuicio de lo dispuesto para la orden europea de investigaci贸n, con la participaci贸n de las autoridades centrales de los Estados miembros.»
Ocho
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 24, que tendr谩 el siguiente texto:
«1. Contra las resoluciones dictadas por la autoridad judicial espa帽ola resolviendo acerca de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo se podr谩n interponer los recursos que procedan en cada caso conforme a las reglas generales previstas en la ley procesal vigente.»
Nueve
Se a帽ade un apartado 3 al art铆culo 25 con la siguiente redacci贸n:
«3. En ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, si la autoridad competente espa帽ola estima que los costes de ejecuci贸n ser铆an excepcionalmente elevados, pondr谩 de manifiesto esta circunstancia, dirigiendo comunicaci贸n al Ministerio de Justicia espa帽ol a fin de que 茅ste, si as铆 lo considera conveniente, realice propuesta al Estado de emisi贸n sobre un posible reparto de los gastos ocasionados, o bien la modificaci贸n de la orden europea de investigaci贸n en su caso, con el objeto de que no cubra dichos gastos el Estado espa帽ol sino el Estado de emisi贸n.
Sin perjuicio de lo anterior, se seguir谩n las siguientes reglas en los supuestos que se indica a continuaci贸n:
a) Si la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n por la autoridad competente de otro Estado miembro implica el traslado temporal de detenidos a Espa帽a, o bien al Estado de emisi贸n, con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci贸n, el Estado de emisi贸n financiar谩 los gastos derivados del traslado y su retorno.
b) Si la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n por la autoridad competente de otro Estado miembro implica la intervenci贸n de telecomunicaciones, el Estado de emisi贸n financiar谩 los gastos derivados de la transcripci贸n, la descodificaci贸n y el desencriptado de las comunicaciones intervenidas.»
Diez
Se modifica el apartado 1 del art铆culo 27, que queda redactado como sigue:
«1. El Ministerio de Justicia ser谩 competente para autorizar el tr谩nsito por territorio espa帽ol de una persona que est茅 siendo trasladada al Estado de emisi贸n desde el Estado de ejecuci贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega, de una resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad o de una orden europea de investigaci贸n, siempre que aqu茅l le remita la solicitud de tr谩nsito acompa帽ada de una copia del certificado emitido para la ejecuci贸n de la resoluci贸n.
El Ministerio de Justicia podr谩 solicitar al Estado de emisi贸n que le remita una copia del formulario o del certificado traducida al espa帽ol.»
Once
Se modifican los apartados 1 y 3 del art铆culo 32, que quedan redactados como sigue:
«1. Las autoridades judiciales espa帽olas no reconocer谩n ni ejecutar谩n las 贸rdenes o resoluciones transmitidas en los supuestos regulados para cada instrumento de reconocimiento mutuo y, con car谩cter general, en los siguientes casos:
a) Cuando se haya dictado en Espa帽a o en otro Estado distinto al de emisi贸n una resoluci贸n firme, condenatoria o absolutoria, contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecuci贸n vulnerase el principio non bis in 铆dem en los t茅rminos previstos en las leyes y en los convenios y tratados internacionales en que Espa帽a sea parte y aun cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.
b) Cuando la orden o resoluci贸n se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades espa帽olas y, de haberse dictado la condena por un 贸rgano jurisdiccional espa帽ol, el delito o la sanci贸n impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho espa帽ol.
c) Cuando el formulario o el certificado que ha de acompa帽ar a la solicitud de adopci贸n de las medidas est茅 incompleto o sea manifiestamente incorrecto o no responda a la medida, o cuando falte el certificado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo 19.
d) Cuando exista una inmunidad que impida la ejecuci贸n de la resoluci贸n.»
«3. La autoridad judicial espa帽ola podr谩 denegar el reconocimiento y la ejecuci贸n de una orden o resoluci贸n cuando se refiera a hechos que el Derecho espa帽ol considere cometidos en su totalidad o en una parte importante o fundamental en territorio espa帽ol. En este supuesto se deber谩 deducir testimonio y remitirse al 贸rgano judicial competente para el conocimiento del asunto.»
Doce
Se modifica el apartado 2 del art铆culo 33, que tendr谩 la siguiente redacci贸n:
«2. Este precepto no ser谩 de aplicaci贸n a las resoluciones que soliciten la realizaci贸n de un embargo preventivo de bienes o un aseguramiento de pruebas, a la orden europea de investigaci贸n ni a las resoluciones por las que se imponen medidas alternativas a la prisi贸n provisional.»
Trece
Se modifica el art铆culo 38, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 38. Toma de declaraci贸n previa a la emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega.
Con car谩cter previo a la emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega, el juez competente podr谩 solicitar autorizaci贸n al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con el fin de tomarle declaraci贸n a trav茅s de una solicitud de auxilio judicial.»
Catorce
Se introduce un apartado 4 en el art铆culo 39 con la siguiente redacci贸n:
«4. Cuando la persona reclamada ejerza en el Estado de ejecuci贸n su derecho a designar abogado en Espa帽a para asistir al abogado en el Estado de ejecuci贸n, se garantizar谩 el ejercicio de este derecho y, en su caso, del derecho a la asistencia jur铆dica gratuita, en los t茅rminos que legalmente proceda conforme al Derecho espa帽ol. La petici贸n deber谩 tramitarse por la autoridad judicial espa帽ola con car谩cter inmediato y la designaci贸n de profesionales por el Colegio de Abogados tendr谩 car谩cter preferente y urgente.»
Quince
Se modifica la letra b) del apartado 2 del art铆culo 48, que queda redactada como sigue:
«b) Cuando la orden europea de detenci贸n y entrega se haya dictado a efectos de ejecuci贸n de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad espa帽ola o con residencia en Espa帽a, salvo que consienta en cumplir la misma en el Estado de emisi贸n. En otro caso, deber谩 cumplir la pena en Espa帽a.»
Diecis茅is
Se modifica el art铆culo 50, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 50. Detenci贸n y puesta a disposici贸n de la autoridad judicial.
1. La detenci贸n de una persona afectada por una orden europea de detenci贸n y entrega se practicar谩 en la forma y con los requisitos y garant铆as previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la legislaci贸n en materia de responsabilidad penal de menores.
2. En el plazo m谩ximo de setenta y dos horas tras su detenci贸n, la persona detenida ser谩 puesta a disposici贸n del Juez Central de Instrucci贸n de la Audiencia Nacional. En el caso de menores de edad, a partir de los catorce a帽os, el plazo se reducir谩 a veinticuatro horas, en el que el menor detenido ser谩 puesto a disposici贸n del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, conforme a la legislaci贸n en materia de responsabilidad penal de menores.
La puesta a disposici贸n judicial ser谩 comunicada a la autoridad judicial de emisi贸n.
3. Puesta la persona detenida a disposici贸n judicial, se le informar谩 de la existencia de la orden europea de detenci贸n y entrega, de su contenido, de su derecho a designar a un abogado en el Estado emisor de la orden europea cuya funci贸n consistir谩 en prestar asistencia al abogado en Espa帽a facilit谩ndole informaci贸n y asesoramiento, de la posibilidad de consentir en el tr谩mite de audiencia ante el juez y con car谩cter irrevocable su entrega al Estado emisor, as铆 como del resto de los derechos que le asisten. En el caso de que solicite designar a un abogado en el Estado emisor, se pondr谩 en conocimiento de su autoridad competente con car谩cter inmediato.
4. La persona detenida ser谩 informada por escrito de manera clara y suficiente, y en un lenguaje sencillo y comprensible, de su derecho a la renuncia al abogado en el Estado de emisi贸n, sobre el contenido de dicho derecho y sus consecuencias, as铆 como de la posibilidad de su revocaci贸n posterior. Dicha renuncia debe ser voluntaria e inequ铆voca, por escrito, y haciendo constar las circunstancias de la misma.
La renuncia al abogado en el Estado de emisi贸n podr谩 revocarse posteriormente en cualquier momento del proceso penal y surtir谩 efectos desde el momento en que se efect煤e.»
Diecisiete
Se modifica el primer p谩rrafo del art铆culo 90, que queda redactado como sigue:
«Si durante la ejecuci贸n de la resoluci贸n por la que se impone una pena o medida privativa de libertad se fugara el condenado, el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria lo pondr谩 en conocimiento, sin dilaci贸n, del Juez Central de lo Penal para que comunique esta incidencia a la autoridad de emisi贸n y deduzca testimonio para la investigaci贸n de las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir el condenado.»
Dieciocho
Se modifica el apartado 4 del art铆culo 127, que queda redactado como sigue:
«4. Durante la supervisi贸n de las medidas de vigilancia, el Juez de Instrucci贸n o de Violencia sobre la Mujer podr谩 solicitar de la autoridad competente del Estado de emisi贸n informaci贸n sobre la necesidad de su continuidad en atenci贸n a las circunstancias del caso.»
Diecinueve
Se introduce un nuevo apartado 4 en el art铆culo 143 con la siguiente redacci贸n:
«4. La resoluci贸n de aseguramiento de pruebas regulada en este T铆tulo 煤nicamente podr谩 ser emitida o reconocida y ejecutada en Espa帽a cuando se dirija o provenga, respectivamente, de Estados miembros de la Uni贸n Europea que no estuvieran vinculados por la orden europea de investigaci贸n regulada en el T铆tulo X.»
Veinte
Se a帽ade un p谩rrafo segundo al apartado 2 del art铆culo 165, con la siguiente redacci贸n:
«La Oficina de Recuperaci贸n y Gesti贸n de Activos podr谩 llegar a un acuerdo con el Estado de ejecuci贸n sobre el reparto de costes cuando hubiera intervenido en la gesti贸n de los bienes decomisados.»
Veintiuno
Se modifica el art铆culo 172, que queda redactado como sigue:
«Art铆culo 172. Disposici贸n de los bienes decomisados.
1. El Juez de lo Penal competente, en defecto de acuerdo con la autoridad de emisi贸n, dispondr谩 del dinero obtenido de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Si el importe obtenido de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso es inferior a 10.000 euros o al equivalente a dicho importe, el mismo se ingresar谩 en la cuenta de dep贸sitos y consignaciones judiciales.
b) En todos los dem谩s casos, se transferir谩 al Estado de emisi贸n el 50 por 100 del importe que se haya obtenido de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso. El 50 por 100 restante se ingresar谩 en la cuenta de dep贸sitos y consignaciones judiciales.
Las cantidades que, en aplicaci贸n de lo dispuesto anteriormente, correspondan a Espa帽a ser谩n transferidas al Tesoro P煤blico con aplicaci贸n, en su caso, de lo que se establezca en normas especiales y, particularmente, en lo previsto por el C贸digo Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tr谩fico il铆cito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa de desarrollo.
2. El Juez de lo Penal competente decidir谩 que los bienes que no sean dinero u otros instrumentos de pago al portador obtenidos de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso sean enajenados y aplicados de la forma prevista en el apartado anterior.
Tambi茅n podr谩n ser transferidos al Estado de emisi贸n, siendo necesario su consentimiento en el supuesto de que la resoluci贸n de decomiso se refiera a una suma de dinero en efectivo.
La enajenaci贸n de los bienes se realizar谩 de acuerdo con la legislaci贸n espa帽ola, observ谩ndose, cuando proceda, lo previsto por la Ley Org谩nica 12/1995, de 12 de diciembre, de represi贸n del contrabando y su normativa de desarrollo.
3. Cuando de la ejecuci贸n de la resoluci贸n de decomiso resulten afectados bienes integrantes del patrimonio hist贸rico espa帽ol, el Juez de lo Penal en ning煤n caso proceder谩 a su enajenaci贸n o restituci贸n al Estado de emisi贸n. En tal supuesto, lo comunicar谩 a las autoridades espa帽olas competentes y ser谩n de aplicaci贸n las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist贸rico Espa帽ol y su normativa de desarrollo.»
Veintid贸s
Se sustituye el T铆tulo X por la siguiente r煤brica y contenido:
«T脥TULO X
Orden europea de investigaci贸n en materia penal
CAP脥TULO I
Disposiciones generales
Art铆culo 186. Orden europea de investigaci贸n.
1. La orden europea de investigaci贸n es una resoluci贸n penal emitida o validada por la autoridad competente de un Estado miembro de la Uni贸n Europea, dictada con vistas a la realizaci贸n de una o varias medidas de investigaci贸n en otro Estado miembro, cuyo objetivo es la obtenci贸n de pruebas para su uso en un proceso penal. Tambi茅n se podr谩 emitir una orden europea de investigaci贸n con vistas a la remisi贸n de pruebas o de diligencias de investigaci贸n que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado miembro de ejecuci贸n.
Se considerar谩n v谩lidos en Espa帽a los actos de investigaci贸n realizados por el Estado de ejecuci贸n, siempre que no contradigan los principios fundamentales del ordenamiento jur铆dico espa帽ol ni resulten contrarios a las garant铆as procesales reconocidas en 茅ste.
2. La orden europea de investigaci贸n podr谩 referirse a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni贸n Europea, tanto administrativas como judiciales, por la comisi贸n de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisi贸n pueda dar lugar a un proceso ante un 贸rgano jurisdiccional, en particular en el orden penal.
3. La orden europea de investigaci贸n podr谩 comprender todas las medidas de investigaci贸n, con excepci贸n de la creaci贸n de un equipo conjunto de investigaci贸n y la obtenci贸n de pruebas en dicho equipo.
No obstante lo anterior, cuando un equipo conjunto de investigaci贸n necesite que las diligencias de investigaci贸n se practiquen en el territorio de un Estado miembro que no haya participado en el equipo, podr谩 emitirse una orden europea de investigaci贸n a las autoridades competentes de dicho Estado.
4. Queda fuera del 谩mbito de la orden europea de investigaci贸n el r茅gimen de transmisi贸n de los antecedentes penales, que se regir谩 por su normativa espec铆fica.
5. A efectos de la emisi贸n y de la ejecuci贸n de 贸rdenes europeas de investigaci贸n para obtener informaci贸n sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras o sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras:
a) Se considerar谩 como entidad financiera aqu茅lla que se ajuste a la definici贸n establecida por la legislaci贸n de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo.
b) Se considerar谩 como dato de la cuenta o el dep贸sito al menos el nombre y el domicilio del titular, los pormenores de los poderes de representaci贸n y de las facultades de disposici贸n relativas a esa cuenta, los datos relativos a la titularidad real y cualesquiera otros detalles o documentos que haya suministrado el titular en el momento de la apertura o con posterioridad a ella.
Art铆culo 187. Autoridades competentes en Espa帽a para emitir y ejecutar una orden europea de investigaci贸n.
1. Son autoridades de emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n los jueces o tribunales que conozcan del proceso penal en el que se debe adoptar la medida de investigaci贸n o que hayan admitido la prueba si el procedimiento se encuentra en fase de enjuiciamiento.
Son tambi茅n autoridades de emisi贸n los Fiscales en los procedimientos que dirijan, siempre que la medida que contenga la orden europea de investigaci贸n no sea limitativa de derechos fundamentales.
A estos efectos, las autoridades competentes se帽aladas podr谩n emitir 贸rdenes europeas de investigaci贸n para la ejecuci贸n de medidas que podr铆an ordenar o ejecutar conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Org谩nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
2. El Ministerio Fiscal es la autoridad competente en Espa帽a para recibir las 贸rdenes europeas de investigaci贸n emitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros.
Una vez registrada y tras haber acusado recibo a la autoridad de emisi贸n, el Ministerio Fiscal conocer谩 del reconocimiento y ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n o la remitir谩 al juez competente, de conformidad con las siguientes reglas:
a) Cuando la orden europea de investigaci贸n no contenga medida alguna limitativa de derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal ser谩 competente para reconocer y ejecutar la orden europea de investigaci贸n.
b) Cuando la orden europea de investigaci贸n contenga alguna medida limitativa de derechos fundamentales, y que no pueda ser sustituida por otra que no restrinja dichos derechos, 茅sta ser谩 remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento y ejecuci贸n. Tambi茅n ser谩 remitida por el Ministerio Fiscal al juez o tribunal para su reconocimiento y ejecuci贸n la orden europea de investigaci贸n en la que se indique expresamente por la autoridad de emisi贸n que la medida de investigaci贸n debe ser ejecutada por un 贸rgano judicial.
En estos supuestos se acompa帽ar谩 de informe preceptivo del Ministerio Fiscal en el que se pronuncie sobre la concurrencia o no de causa de denegaci贸n de la ejecuci贸n de la orden, y si se entiende ajustada a Derecho la adopci贸n de cada una de las medidas de investigaci贸n que la orden contenga.
3. A los efectos de la letra b) del apartado anterior, ser谩n competentes:
a) Los Jueces de Instrucci贸n o de Menores del lugar donde deban practicarse las medidas de investigaci贸n o, subsidiariamente, donde exista alguna otra conexi贸n territorial con el delito, con el investigado o con la v铆ctima. Si no hubiera ning煤n elemento de conexi贸n territorial para poder concretar la competencia, ser谩n competentes los Jueces Centrales de Instrucci贸n.
b) Los Jueces Centrales de Instrucci贸n, si la orden europea de investigaci贸n se emiti贸 por delito de terrorismo u otro de los delitos cuyo enjuiciamiento competa a la Audiencia Nacional, o si se trata de la notificaci贸n prevista en el art铆culo 222.
c) Los Jueces Centrales de lo Penal o Central de Menores, en el caso de traslado al Estado de emisi贸n de personas privadas de libertad en Espa帽a, de conformidad con lo previsto en el art铆culo 214.
El Ministerio Fiscal podr谩 practicar las diligencias oportunas a fin de determinar el juez o tribunal competente a quien remitir la orden europea de investigaci贸n para su ejecuci贸n.
El cambio sobrevenido del lugar donde deba practicarse la medida de investigaci贸n no implicar谩 una p茅rdida sobrevenida de competencia del juez o tribunal que hubiera acordado el reconocimiento y ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n.
Si dicha orden europea de investigaci贸n se hubiese emitido en relaci贸n con varias diligencias de investigaci贸n que tuvieran que practicarse en lugares distintos, ser谩 competente para el reconocimiento y ejecuci贸n de la orden el juez o tribunal al que el Ministerio Fiscal remita dicha orden, de entre los competentes de acuerdo con las reglas previstas en este apartado y, en lo no previsto en ellas, conforme a las normas de preferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El juez o tribunal a quien corresponda la ejecuci贸n notificar谩 al Ministerio Fiscal el reconocimiento y ejecuci贸n de las medidas de investigaci贸n y su remisi贸n a la autoridad de emisi贸n.
CAP脥TULO II
Emisi贸n y transmisi贸n de una orden europea de investigaci贸n
Secci贸n 1.陋 R茅gimen general de emisi贸n y transmisi贸n de 贸rdenes europeas de investigaci贸n
Art铆culo 188. Contenido de la orden europea de investigaci贸n.
1. La orden europea de investigaci贸n se documentar谩 en el formulario que figura en el anexo XIII, con menci贸n expresa a la siguiente informaci贸n:
a) Los datos de la autoridad de emisi贸n.
b) El objeto y motivos de la orden europea de investigaci贸n.
c) La informaci贸n necesaria sobre la persona o personas afectadas.
d) La descripci贸n de la conducta delictiva que es objeto de la investigaci贸n o proceso y las disposiciones aplicables del Derecho penal espa帽ol.
e) La descripci贸n de la medida o medidas de investigaci贸n que se solicitan y de las pruebas a obtener.
f) Las formalidades, procedimientos y garant铆as cuya observancia solicita que sean respetadas por el Estado de ejecuci贸n.
2. La autoridad espa帽ola competente podr谩 expedir una orden europea de investigaci贸n complementaria a otra ya cursada cuando sea necesario para obtener nuevas pruebas para el mismo proceso penal.
La orden europea de investigaci贸n complementaria se documentar谩 en la forma se帽alada en el apartado 1 e indicar谩 su relaci贸n con la orden anterior en la secci贸n D del mismo formulario del anexo XIII.
Cuando la autoridad espa帽ola competente colabore en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n en el Estado de ejecuci贸n, podr谩 transmitir una orden complementaria directamente a la autoridad de ejecuci贸n mientras se encuentre en dicho Estado.
Art铆culo 189. Requisitos para la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n.
1. La autoridad de emisi贸n podr谩 emitir, de oficio o a instancia de parte, una orden europea de investigaci贸n cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n sea necesaria y proporcionada a los fines del procedimiento para el que se solicita, teniendo en cuenta los derechos del investigado o encausado.
b) Que la medida o medidas de investigaci贸n solicitadas cuyo reconocimiento y ejecuci贸n se pretende se hayan acordado en el proceso penal espa帽ol en el que se emite la orden europea de investigaci贸n y pudieran haberse ordenado en las mismas condiciones para un caso interno similar.
2. La autoridad espa帽ola competente podr谩 indicar en la orden que se requiere un plazo m谩s corto que el previsto con car谩cter general para la ejecuci贸n de la medida, o que la medida de investigaci贸n tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta. Esta petici贸n se fundamentar谩 de manera expresa en los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes.
Art铆culo 190. Solicitud de informaci贸n a la autoridad de ejecuci贸n.
1. La autoridad espa帽ola competente podr谩 solicitar a la autoridad de ejecuci贸n que le informe sin dilaci贸n, cuando proceda, de los siguientes supuestos:
a) Si considera que en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigaci贸n no previstas en la orden, a fin de que la autoridad de emisi贸n pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.
b) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garant铆as expresamente indicados.
2. La autoridad espa帽ola competente podr谩 consultar a la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n a fin de facilitar la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n.
Art铆culo 191. Solicitud de participaci贸n de la autoridad espa帽ola competente.
La autoridad espa帽ola competente, justificando las razones por las que lo considera conveniente, podr谩 solicitar la participaci贸n en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n de una o varias autoridades o funcionarios espa帽oles, en la misma forma en que hubieran podido estar presentes en su ejecuci贸n en territorio nacional. La autoridad o funcionario espa帽ol que participe en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n podr谩 recibir directamente las pruebas obtenidas por la autoridad del Estado de ejecuci贸n, siempre que as铆 se hubiera solicitado en dicha orden y ello sea posible con arreglo al Derecho del Estado de ejecuci贸n.
Art铆culo 192. Comunicaci贸n con la autoridad de ejecuci贸n.
La autoridad espa帽ola competente comunicar谩 a la autoridad de ejecuci贸n en el plazo de diez d铆as si decide retirar, modificar o completar la orden europea de investigaci贸n en los siguientes supuestos:
a) Cuando la autoridad de ejecuci贸n comunique que el resultado perseguido por la orden europea de investigaci贸n puede conseguirse mediante una medida de investigaci贸n menos restrictiva que la solicitada por la autoridad de emisi贸n.
b) Cuando la autoridad de ejecuci贸n comunique que la medida de investigaci贸n solicitada no existe en su Derecho o no est谩 prevista para un caso interno similar, pero existe otra medida distinta que puede ser id贸nea para los fines de la orden solicitada.
Art铆culo 193. Utilizaci贸n en Espa帽a de los datos personales obtenidos en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n en otro Estado miembro.
1. Los datos personales obtenidos de la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n s贸lo podr谩n ser empleados en los procesos en los que se hubiera acordado esa resoluci贸n, en aquellos otros relacionados de manera directa con aqu茅l o excepcionalmente para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad p煤blica.
Para utilizar con otros fines los datos personales obtenidos, la autoridad espa帽ola competente deber谩 recabar el consentimiento de la autoridad del Estado de ejecuci贸n o del titular de los datos.
2. Cuando en un caso concreto as铆 lo requiera la autoridad competente del Estado de ejecuci贸n, la autoridad espa帽ola competente le informar谩 del uso que haga de los datos personales que se hubieran remitido a trav茅s de una orden europea de investigaci贸n, con excepci贸n de aqu茅llos obtenidos durante su ejecuci贸n en Espa帽a.
Art铆culo 194. Confidencialidad en la emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n.
La autoridad competente espa帽ola, con arreglo al ordenamiento jur铆dico espa帽ol y, a menos que la autoridad de ejecuci贸n haya indicado otra cosa, no desvelar谩 prueba o informaci贸n alguna facilitada por la autoridad de ejecuci贸n para ser utilizada en el procedimiento espa帽ol, excepto en la medida en que su revelaci贸n sea necesaria para las investigaciones o procedimientos descritos en la orden europea de investigaci贸n.
Secci贸n 2.陋 Emisi贸n de 贸rdenes europeas de investigaci贸n con medidas espec铆ficas de investigaci贸n
Art铆culo 195. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal a Espa帽a de personas privadas de libertad en el Estado de ejecuci贸n.
1. La autoridad espa帽ola competente emitir谩 una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal a Espa帽a de una persona privada de libertad en el Estado de ejecuci贸n cuando la investigaci贸n requiera su presencia en Espa帽a; y siempre que no tenga por finalidad su enjuiciamiento, en cuyo caso deber谩 optar por la emisi贸n de una orden europea de detenci贸n y entrega.
2. La autoridad espa帽ola competente acordar谩 con las autoridades competentes del otro Estado las disposiciones pr谩cticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, as铆 como los detalles de sus condiciones de privaci贸n de libertad, con inclusi贸n de las fechas de salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los art铆culos 12 y 27, garantiz谩ndose que se tiene en cuenta la condici贸n f铆sica y mental de la persona de que se trate, as铆 como el nivel de seguridad requerido en Espa帽a.
3. La persona trasladada permanecer谩 privada de libertad en Espa帽a en relaci贸n con los hechos o condenas por los que lo haya estado en el Estado de ejecuci贸n, a menos que 茅ste pida su puesta en libertad.
4. La persona trasladada no ser谩 perseguida o detenida o sometida a cualquier otra restricci贸n de su libertad personal en Espa帽a por actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado de ejecuci贸n y que no estuvieran especificados en la orden europea de investigaci贸n. No obstante, esta inmunidad quedar谩 sin efecto cuando la persona trasladada, habiendo tenido la oportunidad de regresar, haya permanecido en territorio espa帽ol durante los quince d铆as siguientes desde la fecha en que su presencia ya no fuera exigida por la autoridad espa帽ola competente o haya regresado en caso de haberlo abandonado.
Art铆culo 196. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal al Estado de ejecuci贸n de personas privadas de libertad en Espa帽a.
La autoridad espa帽ola competente podr谩 emitir una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal de un detenido en Espa帽a con el fin de llevar a cabo una medida de investigaci贸n que requiera su presencia en el territorio del Estado de ejecuci贸n, siempre que la persona privada de libertad d茅 su consentimiento. A tal fin ser谩n de aplicaci贸n las previsiones del art铆culo 214.
Art铆culo 197. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual.
1. Cuando la autoridad competente espa帽ola que est茅 conociendo de un proceso penal en Espa帽a considere necesario o铆r al investigado o encausado o a un testigo o perito que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitir谩 una orden europea de investigaci贸n para que dicha declaraci贸n se realice por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual.
A tal fin se determinar谩n de acuerdo con la autoridad de ejecuci贸n competente las disposiciones pr谩cticas con arreglo a las cuales se llevar谩 a cabo la comparecencia.
Si en un caso concreto la autoridad de ejecuci贸n no dispusiera de los medios t茅cnicos necesarios para celebrar la comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual, la autoridad competente espa帽ola que la hubiera solicitado podr谩 ponerlos a su disposici贸n previo acuerdo.
Art铆culo 198. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener informaci贸n sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras.
1. Cuando la autoridad espa帽ola competente necesite determinar si la persona f铆sica o jur铆dica objeto de proceso penal en curso es titular o posee el control de una o m谩s cuentas o dep贸sitos en un banco u otra entidad financiera que se localice en el territorio de otro Estado miembro y, en caso afirmativo, obtener los datos de las cuentas y dep贸sitos identificadas que obren todav铆a en su poder, podr谩 emitir una orden europea de investigaci贸n. La informaci贸n requerida incluir谩, siempre que se solicite en la orden europea de investigaci贸n, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de representaci贸n.
2. En la orden europea de investigaci贸n se indicar谩n las razones por las que considera que la informaci贸n solicitada es necesaria para el proceso penal del que se trate y las razones por las que supone que la cuenta se encuentra en alg煤n banco u otra entidad financiera del Estado de ejecuci贸n y, siempre que cuente con dicha informaci贸n, de qu茅 banco o entidad financiera se trata. Tambi茅n incluir谩 en la orden europea de investigaci贸n cualquier informaci贸n de la que disponga que pueda facilitar su ejecuci贸n.
Art铆culo 199. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener informaci贸n sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras.
La autoridad espa帽ola competente podr谩 emitir una orden europea de investigaci贸n para obtener los datos que obren todav铆a en poder del banco u otra entidad financiera correspondientes a:
a) Cuentas bancarias espec铆ficas.
b) Operaciones bancarias que se hayan efectuado o vayan a efectuarse dentro de un plazo concreto por medio de una o m谩s cuentas indicadas en la orden, con inclusi贸n de los datos de toda cuenta remitente o receptora.
c) Operaciones financieras efectuadas por entidades financieras no bancarias.
En la orden se indicar谩n las razones por las que estima que la informaci贸n solicitada es pertinente para el proceso penal de que se trate.
Art铆culo 200. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo.
Cuando la autoridad competente que est茅 conociendo de un proceso penal en Espa帽a considere necesario emitir una orden europea de investigaci贸n a efectos de la ejecuci贸n de una medida de investigaci贸n que requiera la obtenci贸n de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, indicar谩 las razones por las que estima que la informaci贸n solicitada es pertinente para el proceso penal en curso.
Art铆culo 201. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para realizar investigaciones encubiertas.
Cuando la autoridad competente considere necesario que las autoridades competentes de otro Estado miembro colaboren en la investigaci贸n encubierta de una o varias actividades delictivas, a trav茅s de agentes que act煤en infiltrados o con una identidad falsa, emitir谩 una orden europea de investigaci贸n solicitando dicha colaboraci贸n e indicar谩 las razones por las que considera pertinente realizar una investigaci贸n encubierta.
Art铆culo 202. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para intervenci贸n de telecomunicaciones.
1. La autoridad espa帽ola competente emitir谩 una orden europea de investigaci贸n cuando, una vez acordado por auto dictado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, proceda la intervenci贸n de las comunicaciones en otro Estado miembro y se requiera su asistencia t茅cnica. La medida solicitada podr谩 abarcar igualmente la obtenci贸n de datos de tr谩fico y localizaci贸n correspondiente a tales comunicaciones.
2. Cuando la asistencia t茅cnica requerida pueda ser prestada por m谩s de un Estado miembro, se enviar谩 la orden europea de investigaci贸n solo a uno de ellos. A tal efecto, se dar谩 siempre prioridad al Estado miembro en el que se encuentre o vaya a encontrarse el investigado o encausado.
3. La autoridad espa帽ola competente podr谩 acordar con la autoridad de ejecuci贸n que la intervenci贸n se ejecute conforme a una de las dos siguientes modalidades:
a) Transmitiendo directamente la telecomunicaci贸n al Estado de emisi贸n,
b) Interviniendo y registrando en el Estado de ejecuci贸n la telecomunicaci贸n para proceder una vez registrada al traslado del resultado al Estado de emisi贸n.
La autoridad espa帽ola competente podr谩 someter a consulta y ser consultada por la autoridad de ejecuci贸n respecto de la elecci贸n de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigaci贸n.
4. La orden europea de investigaci贸n emitida para la intervenci贸n de telecomunicaciones deber谩 especificar:
a) Las razones por las que la intervenci贸n es necesaria para los fines del proceso penal.
b) La informaci贸n necesaria para la identificaci贸n de la persona afectada por la intervenci贸n.
c) La duraci贸n de la intervenci贸n.
d) Los datos t茅cnicos necesarios, en particular el identificador de la persona, para garantizar que pueda ejecutarse la solicitud.
5. En la orden europea de investigaci贸n se podr谩 pedir una transcripci贸n, descodificaci贸n o desencriptado del registro. Esta petici贸n podr谩 hacerse, asimismo, durante la pr谩ctica de la intervenci贸n. En ambos casos, la transcripci贸n, descodificaci贸n o desencriptado deber谩n ser acordados con la autoridad de ejecuci贸n.
Art铆culo 203. Emisi贸n de una orden europea de investigaci贸n para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigaci贸n en relaci贸n con los medios de prueba.
La autoridad espa帽ola competente podr谩 emitir una orden europea de investigaci贸n con la finalidad de impedir de forma cautelar la destrucci贸n, transformaci贸n, desplazamiento, transferencia o enajenaci贸n de un objeto que pudiera emplearse como medio de prueba.
En la orden europea de investigaci贸n se indicar谩 si el medio de prueba habr谩 de transferirse a Espa帽a o conservarse en el Estado de ejecuci贸n.
Cuando en la orden europea de investigaci贸n se solicite que el medio de prueba se conserve en el Estado de ejecuci贸n, se indicar谩 la fecha en que habr谩 de levantarse la medida cautelar instada o la fecha estimada en la que se formular谩 la solicitud para que la prueba sea trasladada a Espa帽a.
Se notificar谩 inmediatamente a la autoridad de ejecuci贸n el levantamiento de las medidas provisionales que se hubieran instado.
Art铆culo 204. Notificaci贸n al Estado miembro en el que se encuentre la persona que sea objeto de los procedimientos penales y cuya asistencia t茅cnica no sea necesaria.
1. La autoridad espa帽ola competente que haya acordado la intervenci贸n de telecomunicaciones de una persona que se encuentra en el territorio de otro Estado miembro sin su asistencia t茅cnica, notificar谩 a la autoridad competente de ese Estado dicha intervenci贸n. Esta notificaci贸n se llevar谩 a cabo:
a) antes de la intervenci贸n, cuando se tenga conocimiento de que esa persona se encuentra o se encontrar谩 en el territorio del otro Estado miembro;
b) durante la intervenci贸n o despu茅s de 茅sta, inmediatamente despu茅s de tener conocimiento de que esa persona se encuentra, o se ha encontrado durante la intervenci贸n, en el territorio del otro Estado miembro.
Esta notificaci贸n se efectuar谩 por medio del formulario contenido en el anexo XV.
2. La autoridad espa帽ola competente que haya acordado esta intervenci贸n no la llevar谩 a cabo o pondr谩 fin a la misma si la autoridad competente del Estado notificado as铆 lo indicara. Asimismo, la autoridad espa帽ola competente s贸lo podr谩 utilizar el material intervenido en las condiciones que el Estado notificado especifique.
En el caso de que la autoridad competente del Estado notificado informara de que el material obtenido no puede ser utilizado, la autoridad espa帽ola competente ordenar谩 su destrucci贸n.
CAP脥TULO III
Reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n
Secci贸n 1.陋 R茅gimen general de reconocimiento y ejecuci贸n de 贸rdenes europeas de investigaci贸n
Art铆culo 205. Requisitos para el reconocimiento y ejecuci贸n en Espa帽a de una orden de investigaci贸n europea.
1. La autoridad competente espa帽ola que reciba una orden europea de investigaci贸n dictar谩 auto o decreto de reconocimiento y ejecuci贸n de la misma, salvo que concurra alguno de los motivos de denegaci贸n o suspensi贸n a que se refieren los art铆culos 207 y 209.
2. La autoridad competente espa帽ola que reciba una orden europea de investigaci贸n que no hubiera sido emitida por la autoridad de emisi贸n competente, o validada en su caso por el juez, tribunal o fiscal competente del Estado de emisi贸n, proceder谩 a su devoluci贸n.
Art铆culo 206. Ejecuci贸n de las medidas de investigaci贸n solicitadas en la orden europea de investigaci贸n.
1. La autoridad competente espa帽ola llevar谩 a cabo la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n solicitada si dicha medida de investigaci贸n existiera en Derecho espa帽ol y estuviera prevista para un caso interno similar.
En particular, sin perjuicio de lo dispuesto en el art铆culo siguiente, la autoridad competente ordenar谩 la ejecuci贸n en todo caso si la medida de investigaci贸n solicitada fuera alguna de las siguientes:
a) La obtenci贸n de informaci贸n o de pruebas que obren ya en poder de la autoridad competente espa帽ola siempre que, de conformidad con el Derecho nacional, esa informaci贸n o esas pruebas hubieran podido obtenerse en el contexto de un procedimiento penal o a los fines de la orden europea de investigaci贸n;
b) la obtenci贸n de informaci贸n contenida en bases de datos que obren en poder de las autoridades policiales o judiciales y que sean directamente accesibles en el marco de un procedimiento penal;
c) la declaraci贸n de un testigo, un perito, una v铆ctima, un investigado o encausado o un tercero en territorio espa帽ol;
d) cualquier medida de investigaci贸n no restrictiva de los derechos fundamentales y garant铆as procesales prevista en el Derecho espa帽ol;
e) la identificaci贸n de personas que sean titulares de un n煤mero de tel茅fono o una direcci贸n IP determinados.
2. Cuando el resultado perseguido por la orden europea de investigaci贸n pudiera conseguirse mediante una medida de investigaci贸n menos restrictiva de los derechos fundamentales que la solicitada en la orden europea de investigaci贸n, la autoridad competente espa帽ola ordenar谩 la ejecuci贸n de esta 煤ltima.
3. Cuando la medida de investigaci贸n solicitada no existiera en Derecho espa帽ol o no estuviera prevista para un caso interno similar, la autoridad competente espa帽ola ordenar谩 la ejecuci贸n de una medida de investigaci贸n distinta a la solicitada, si dicha medida fuera id贸nea para los fines de la orden solicitada.
4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, antes de adoptar la resoluci贸n, la autoridad competente informar谩 a la autoridad de emisi贸n. Si la autoridad de emisi贸n no comunicara su decisi贸n de retirar o completar la orden europea de investigaci贸n en el plazo de diez d铆as, la autoridad de ejecuci贸n ordenar谩 la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n alternativa.
5. Cuando la medida de investigaci贸n indicada en la orden europea de investigaci贸n no exista en el Derecho nacional o, existiendo, no hubiera podido ser adoptada en un caso interno similar y, adem谩s, no exista ninguna otra medida de investigaci贸n que pudiera obtener el mismo resultado que la medida de investigaci贸n solicitada, la autoridad espa帽ola competente notificar谩 a la autoridad del Estado de emisi贸n que no ha sido posible proporcionar la asistencia requerida.
Art铆culo 207. Denegaci贸n del reconocimiento y ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n.
1. La autoridad competente espa帽ola denegar谩 el reconocimiento y ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, adem谩s de en los supuestos del apartado 1 del art铆culo 32, en los siguientes casos:
a) Cuando exista un privilegio procesal que haga imposible ejecutar la orden europea de investigaci贸n o normas sobre determinaci贸n y limitaci贸n de la responsabilidad penal en relaci贸n con la libertad de prensa y la libertad de expresi贸n en otros medios de comunicaci贸n que imposibiliten a la autoridad competente espa帽ola su ejecuci贸n.
b) Cuando la ejecuci贸n pudiera lesionar intereses esenciales de seguridad nacional, comprometer a la fuente de informaci贸n o implicar la utilizaci贸n de informaci贸n clasificada relacionada con determinadas actividades de inteligencia.
c) Cuando la resoluci贸n se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del Estado emisor y total o parcialmente en territorio espa帽ol, y la conducta en relaci贸n con la cual se emite la orden europea de investigaci贸n no sea constitutiva de delito en Espa帽a.
d) Cuando existan motivos fundados para creer que la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n indicada en la orden europea de investigaci贸n es incompatible con las obligaciones del Estado espa帽ol de conformidad con el art铆culo 6 del Tratado de la Uni贸n Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea.
e) Cuando la conducta que dio origen a la emisi贸n de la orden europea de investigaci贸n no sea constitutiva de delito con arreglo al Derecho espa帽ol y no est茅 recogida en las categor铆as de delitos a que se refiere el apartado 1 del art铆culo 20, siempre que la pena o medida de seguridad privativas de libertad previstas en el Estado de emisi贸n para el delito a que se refiere la orden europea de investigaci贸n fuera de un m谩ximo de al menos tres a帽os.
Para comprobar si dicha conducta est谩 o no incluida dentro de los delitos enumerados en el apartado 1 del art铆culo 20 y que alcanza el umbral de pena antes mencionado, se estar谩 a lo indicado por la autoridad del Estado de emisi贸n en el formulario de emisi贸n remitido.
f) Cuando el uso de la medida de investigaci贸n indicada en la orden europea de investigaci贸n est茅 limitado, con arreglo al Derecho espa帽ol, a una lista o categor铆a de delitos, o a delitos castigados con penas de a partir de un determinado umbral que no alcance el delito a que se refiere la orden europea de investigaci贸n.
g) Cuando la orden europea de investigaci贸n se refiera a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Uni贸n Europea por la comisi贸n de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento cuando la decisi贸n pueda dar lugar a un proceso ante un 贸rgano jurisdiccional en el orden penal, y la medida no estuviese autorizada, con arreglo al Derecho del Estado de ejecuci贸n, para un caso interno similar.
2. Las letras e) y f) del apartado anterior no ser谩n de aplicaci贸n, en ning煤n caso, a las medidas de investigaci贸n a que se refiere el apartado 1 del art铆culo 206.
3. En caso de que concurra alguno de los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y la ejecuci贸n previstos en las letras a) o d) del apartado 1 del art铆culo 32 o en las letras a), b), c) o d) del apartado 1 de este art铆culo, antes de denegar parcial o totalmente el reconocimiento y la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, la autoridad espa帽ola competente solicitar谩 a la autoridad de emisi贸n la informaci贸n complementaria necesaria y, en su caso, la subsanaci贸n del defecto en que se hubiera incurrido.
Art铆culo 208. Procedimiento para el reconocimiento y la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n.
1. La autoridad competente espa帽ola que reciba la orden europea de investigaci贸n, si no aprecia la concurrencia de causa alguna de denegaci贸n o suspensi贸n, dictar谩 sin dilaci贸n auto o decreto, respectivamente, reconociendo la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente y ordenando su ejecuci贸n. El auto o decreto contendr谩 las instrucciones necesarias para la pr谩ctica de las medidas de investigaci贸n solicitadas.
La decisi贸n de reconocer y ejecutar la orden europea de investigaci贸n o, en su caso, denegar su ejecuci贸n deber谩 ser tomada cuanto antes y, a m谩s tardar, en el plazo de treinta d铆as desde su recepci贸n por la autoridad competente.
2. Cuando en un caso concreto, la autoridad competente espa帽ola aprecie que no podr谩 cumplirse el plazo previsto para dictar el auto o decreto, respectivamente, de reconocimiento y ejecuci贸n de la orden, informar谩 sin demora a la autoridad de emisi贸n explicando las razones y comunicando el plazo estimado necesario para adoptar la resoluci贸n. En este caso, el plazo establecido para dictar la resoluci贸n de reconocimiento y ejecuci贸n podr谩 prorrogarse hasta un m谩ximo de treinta d铆as.
3. Cuando el Estado de emisi贸n participe en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n y si la autoridad de emisi贸n emite una orden complementaria a la anterior, la autoridad competente espa帽ola podr谩 recibir directamente la orden complementaria que la autoridad de emisi贸n dicte mientras est谩 en Espa帽a.
4. La autoridad competente espa帽ola llevar谩 a cabo la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n sin demora y, a m谩s tardar, en el plazo de noventa d铆as despu茅s de que se adopte la resoluci贸n de reconocimiento y ejecuci贸n, a menos que, con arreglo a lo dispuesto en el art铆culo 209, exista alg煤n motivo para la suspensi贸n del procedimiento de reconocimiento y ejecuci贸n o que la prueba mencionada en la medida de investigaci贸n incluida en la orden europea de investigaci贸n ya se encuentre en posesi贸n del Estado espa帽ol.
5. Cuando la autoridad de emisi贸n haya indicado en la orden que, debido a los plazos procesales, la gravedad del delito u otras circunstancias particularmente urgentes, se requiere un plazo m谩s corto para la ejecuci贸n de la medida, o si la medida de investigaci贸n tiene que llevarse a cabo en una fecha concreta, la autoridad competente espa帽ola estar谩 a lo dispuesto en la orden en relaci贸n con dichos plazos. En caso de que no fuera posible, lo comunicar谩 a la autoridad de emisi贸n sin demora.
6. Asimismo, cuando en un caso concreto no pueda llevarse a cabo la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n dentro del plazo previsto a tal efecto, la autoridad competente espa帽ola informar谩 sin demora a la autoridad competente del Estado de emisi贸n explicando las razones de la demora y consultar谩 a la autoridad de emisi贸n sobre el plazo o la fecha adecuados para llevar a cabo la ejecuci贸n de la medida de investigaci贸n.
Art铆culo 209. Suspensi贸n del reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n.
1. La autoridad competente espa帽ola suspender谩 el reconocimiento y la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Que su ejecuci贸n pudiera perjudicar una investigaci贸n penal o actuaciones judiciales penales en curso, hasta el momento que se considere necesario.
b) Que los objetos, documentos o datos de que se trate est谩n siendo utilizados en otros procedimientos, hasta que ya no se requieran con este fin.
2. Una vez dejen de existir las causas que provocaron la suspensi贸n, la autoridad competente espa帽ola adoptar谩 las medidas necesarias para la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, informando sin dilaci贸n a la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 210. Participaci贸n de las autoridades del Estado de emisi贸n en la pr谩ctica de diligencias en territorio espa帽ol.
1. En el caso de que la autoridad de emisi贸n solicite que una o varias autoridades de su Estado participen en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, la autoridad competente espa帽ola acceder谩 a ello siempre que dichas autoridades est茅n facultadas para participar en la ejecuci贸n de las medidas de investigaci贸n requeridas en la orden en un caso interno similar de su Estado y que esa participaci贸n no sea contraria a los principios jur铆dicos fundamentales ni perjudique los intereses esenciales de la seguridad nacional.
Dichas autoridades tendr谩n la consideraci贸n de funcionario p煤blico espa帽ol a efectos penales mientras se encuentren en Espa帽a participando en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n. En el caso del agente encubierto se acordar谩n con el Estado de emisi贸n, ateni茅ndose a los respectivos Derechos internos y procedimientos nacionales, la duraci贸n de la investigaci贸n encubierta, las condiciones concretas y el r茅gimen jur铆dico de los agentes de que se trate.
2. Las autoridades del Estado de emisi贸n que participaran en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n se someter谩n al Derecho espa帽ol y solo podr谩n ejercer competencia coercitiva en territorio espa帽ol si el ejercicio de dicha competencia es conforme con el Derecho espa帽ol y 煤nicamente en la medida que ambas autoridades lo hubiesen acordado.
3. La autoridad competente espa帽ola podr谩 consultar en cualquier momento a la autoridad competente del Estado de emisi贸n a fin de facilitar la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n.
Art铆culo 211. Traslado de las pruebas obtenidas.
1. Las pruebas obtenidas se trasladar谩n de manera inmediata a la autoridad del Estado de emisi贸n y se indicar谩 si deben ser devueltas a las autoridades competentes espa帽olas tan pronto dejen de ser necesarias en el Estado de emisi贸n.
En el caso de que el Estado de emisi贸n participara en la ejecuci贸n de la orden, siempre que as铆 se haya solicitado en la misma y si es posible con arreglo al Derecho espa帽ol, las pruebas obtenidas se trasladar谩n inmediatamente a las autoridades competentes del Estado de emisi贸n.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podr谩 acordarse la suspensi贸n del traslado de las pruebas obtenidas en los casos en que se haya interpuesto un recurso contra el reconocimiento y ejecuci贸n de la orden, salvo si en la orden se indican razones suficientes que justifiquen que es indispensable el traslado inmediato para el adecuado desarrollo de la investigaci贸n o para preservar derechos individuales. Sin embargo, se suspender谩 el traslado de pruebas si 茅ste pudiera causar un da帽o grave o irreversible a la persona interesada.
3. Cuando las pruebas obtenidas sean relevantes para otros procesos penales, la autoridad competente espa帽ola, previa petici贸n expresa y tras mantener consultas con la autoridad de emisi贸n, podr谩 trasladar temporalmente las pruebas con la condici贸n de que se devuelvan a las autoridades competentes espa帽olas tan pronto como el Estado de emisi贸n deje de necesitarlas o bien en cualquier otro momento u ocasi贸n que se acordara entre las autoridades competentes.
Art铆culo 212. Informaci贸n espec铆fica sobre el curso de la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n.
1. El Ministerio Fiscal, tras recibir la orden europea de investigaci贸n, acusar谩 recibo en el plazo m谩ximo de una semana desde la recepci贸n, mediante la cumplimentaci贸n del anexo XIV.
2. No obstante lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del art铆culo 206, la autoridad competente espa帽ola encargada de la ejecuci贸n informar谩 sin dilaci贸n a la autoridad de emisi贸n en los casos siguientes:
a) Si es imposible adoptar una resoluci贸n de reconocimiento y ejecuci贸n debido a que el formulario del anexo XIII est谩 incompleto o es manifiestamente incorrecto, o no estuviese traducido al castellano o a alguna de las lenguas admitidas por Espa帽a.
b) Si considera que en la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigaci贸n no previstas en la orden, a fin de que la autoridad de emisi贸n pueda adoptar nuevas medidas en el caso de que se trate.
c) Si no puede cumplir con las formalidades, procedimientos y garant铆as expresamente indicados.
d) De cualquier resoluci贸n adoptada de conformidad con lo dispuesto en los art铆culos 206, 207 y 209.
Art铆culo 213. Confidencialidad en la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n.
Cuando ejecute una orden europea de investigaci贸n, la autoridad competente espa帽ola tiene la obligaci贸n de guardar confidencialidad de los hechos y el fondo de la misma, excepto en el grado en que sea necesario para ejecutar la medida de investigaci贸n, y cualquier publicidad ser谩 siempre objeto de previa consulta con la autoridad del Estado de emisi贸n.
Secci贸n 2.陋 Reconocimiento y ejecuci贸n de 贸rdenes europeas de investigaci贸n con medidas espec铆ficas de investigaci贸n
Art铆culo 214. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal al Estado de emisi贸n de personas privadas de libertad en Espa帽a.
1. La autoridad espa帽ola competente denegar谩 el reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal de personas privadas de libertad en Espa帽a, adem谩s de en los supuestos previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 208, en caso de que:
a) La persona privada de libertad no d茅 su consentimiento. Cuando debido a su edad o estado f铆sico o ps铆quico, no pueda dar su opini贸n, la misma se recabar谩 a trav茅s de su representante legal.
b) El traslado pueda causar la prolongaci贸n de la privaci贸n de libertad de la persona.
2. La autoridad espa帽ola competente acordar谩 con las autoridades competentes del otro Estado las disposiciones pr谩cticas relativas al traslado temporal del privado de libertad, as铆 como los detalles de sus condiciones de privaci贸n de libertad, con inclusi贸n de las fechas de salida y de regreso, con arreglo a las previsiones de los art铆culos 12 y 27, garantiz谩ndose que se tienen en cuenta la condici贸n f铆sica y mental de la persona de que se trate, as铆 como el nivel de seguridad requerido en el Estado de emisi贸n.
3. La autoridad espa帽ola competente deducir谩, de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, del per铆odo m谩ximo de prisi贸n al que est茅 sometido o se vaya a someter al reclamado por una orden europea de investigaci贸n cualquier per铆odo de privaci贸n de libertad en el territorio del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 215. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal a Espa帽a de personas privadas de libertad en el Estado de emisi贸n.
La autoridad espa帽ola competente denegar谩 el reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal a Espa帽a de personas privadas de libertad en el Estado de emisi贸n, adem谩s de en los supuestos previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, en caso de que la persona privada de libertad no d茅 su consentimiento. Cuando, debido a su edad o estado f铆sico o ps铆quico, no pueda dar su opini贸n, la misma se recabar谩 a trav茅s de su representante legal.
En todo lo dem谩s, la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n para el traslado temporal a Espa帽a de personas privadas de libertad en el Estado de emisi贸n se sujetar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 214.
Art铆culo 216. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual.
1. La autoridad espa帽ola competente denegar谩 el reconocimiento y ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual, adem谩s de en los supuestos previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, en caso de que la ejecuci贸n de dicha medida de investigaci贸n en un caso concreto sea contraria a los principios jur铆dicos fundamentales del Derecho espa帽ol.
Tambi茅n podr谩 denegar el reconocimiento y ejecuci贸n si el investigado o el acusado no da su consentimiento para la pr谩ctica de la medida.
2. Cuando la autoridad competente espa帽ola reciba una orden europea de investigaci贸n en la que se solicite una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisi贸n audiovisual, la llevar谩 a cabo en la forma que hubiera acordado con la autoridad de emisi贸n. En todo caso, la autoridad competente espa帽ola se encargar谩 de:
a) Notificar la medida al testigo o perito correspondiente, indicando el momento y el lugar de la comparecencia.
b) Citar a las personas investigadas o encausadas para que asistan a la comparecencia conforme a las normas espec铆ficas que establezca el Derecho espa帽ol, e informarles de sus derechos con arreglo al Derecho del Estado de emisi贸n, con tiempo suficiente para que puedan acogerse efectivamente a las garant铆as procesales.
c) Asegurarse de la identidad de la persona que deba prestar declaraci贸n.
3. La autoridad espa帽ola competente se pondr谩 de acuerdo con la autoridad de emisi贸n sobre la pr谩ctica de la ejecuci贸n de la medida que, en todo caso, se regir谩 por las siguientes normas:
a) Durante la declaraci贸n estar谩 presente la autoridad espa帽ola competente, asistida por un int茅rprete cuando sea necesario, para identificar a la persona que deba prestar declaraci贸n y velar por el respeto del ordenamiento jur铆dico espa帽ol.
b) La autoridad espa帽ola competente acordar谩, en su caso, con la autoridad de emisi贸n, la adopci贸n de medidas de protecci贸n de la persona que deba declarar.
c) La declaraci贸n tendr谩 lugar ante la autoridad competente del Estado de emisi贸n o bajo su direcci贸n.
d) Si as铆 lo solicita la autoridad de emisi贸n o la persona compareciente, la autoridad espa帽ola facilitar谩 un int茅rprete para que le asista.
e) Con car谩cter previo a la declaraci贸n, se informar谩 a los testigos o peritos de los derechos procesales que les asisten al amparo tanto del Derecho del Estado de emisi贸n como del espa帽ol, incluido el derecho a no declarar cuando as铆 se disponga.
4. Finalizada la declaraci贸n, la autoridad espa帽ola en cuyo territorio se haya ejecutado la medida levantar谩 acta de la misma, en la que constar谩n la fecha y el lugar, la identidad de la persona o铆da, la identidad del resto de personas que hayan participado, el juramento formulado y las condiciones t茅cnicas en las que se haya llevado a cabo la declaraci贸n. El acta se transmitir谩 a la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
5. En el caso de que la persona que deba ser o铆da en Espa帽a en ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n no preste testimonio estando sometida a la obligaci贸n de testificar o no preste testimonio veraz, se le aplicar谩 el ordenamiento jur铆dico espa帽ol del mismo modo que si la comparecencia se hubiera celebrado dentro de un proceso nacional.
Art铆culo 217. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener informaci贸n sobre cuentas bancarias y otro tipo de cuentas financieras.
Cuando la autoridad espa帽ola competente reciba una orden europea de investigaci贸n en la que se requiera informaci贸n sobre cuentas bancarias u otro tipo de cuentas financieras la proporcionar谩 de conformidad con el Derecho espa帽ol, a menos que la entidad financiera no dispusiera de la misma. La informaci贸n a proporcionar a la autoridad de emisi贸n incluir谩, cuando as铆 lo solicite la orden europea de investigaci贸n, las cuentas respecto de las cuales la persona que sea objeto de los procesos penales de que se trate tenga poderes de representaci贸n.
La autoridad competente espa帽ola, adem谩s de por los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y de la ejecuci贸n previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, denegar谩 la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n en los casos en que no se autorizar铆a la medida de investigaci贸n en un caso interno similar.
La autoridad espa帽ola competente adoptar谩 las medidas necesarias para garantizar que los bancos o entidades financieras no revelen al cliente bancario interesado ni a otros terceros el hecho de que se ha transmitido informaci贸n al Estado de emisi贸n en virtud de este art铆culo y el siguiente, o de que se est谩 llevando a cabo una investigaci贸n, pudiendo utilizar a esos efectos la informaci贸n obrante en el Fichero de Titularidades Financieras, siempre que se trate de investigaciones de delitos de blanqueo de capitales o financiaci贸n del terrorismo.
Art铆culo 218. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener informaci贸n sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras.
La autoridad espa帽ola competente para el reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n proporcionar谩 la informaci贸n sobre operaciones bancarias y otro tipo de operaciones financieras de conformidad con el Derecho espa帽ol, a menos que la entidad financiera no dispusiera de la misma.
En el caso de la letra c) del art铆culo 199, adem谩s de por los motivos de denegaci贸n del reconocimiento y de la ejecuci贸n contemplados en esta Ley, la autoridad espa帽ola competente denegar谩 la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n en los casos en que no se autorizar铆a la medida de investigaci贸n en un caso interno similar.
Art铆culo 219. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para obtener pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo.
1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigaci贸n con el fin de realizar una medida de investigaci贸n que requiera la obtenci贸n de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo, denegar谩 su ejecuci贸n, adem谩s de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, en los casos en que no se autorizar铆a la medida de investigaci贸n en un caso interno similar.
2. La autoridad competente que reciba una orden europea de investigaci贸n con el fin de realizar una medida de las previstas en este art铆culo, ser谩 la competente para actuar, dirigir y controlar las operaciones relacionadas con su ejecuci贸n, si bien las disposiciones pr谩cticas las acordar谩 con la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 220. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para realizar investigaciones encubiertas.
1. Cuando la autoridad competente reciba una orden europea de investigaci贸n con el fin de recabar su colaboraci贸n en la realizaci贸n de una investigaci贸n encubierta en Espa帽a, denegar谩 su ejecuci贸n, adem谩s de en los supuestos recogidos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, cuando:
a) La realizaci贸n de investigaciones encubiertas no se autorizar铆a en casos internos similares.
b) No se hubiera llegado a un acuerdo con la autoridad de emisi贸n respecto a las condiciones para llevar a cabo la investigaci贸n correspondiente.
2. La autoridad que acuerde la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n con el fin de realizar una medida de las previstas en este art铆culo, la ejecutar谩 de acuerdo con el ordenamiento jur铆dico espa帽ol asumiendo la direcci贸n y el control de las operaciones relacionadas con la medida, si bien la duraci贸n de la misma, las condiciones concretas y el r茅gimen jur铆dico de los agentes intervinientes ser谩n acordadas con la autoridad competente del Estado de emisi贸n.
Art铆culo 221. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para intervenci贸n de telecomunicaciones.
1. La autoridad judicial competente espa帽ola denegar谩 la ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, adem谩s de por los motivos previstos en el apartado 1 del art铆culo 32 y en el art铆culo 207, en los casos en que no se autorizar铆a la medida de investigaci贸n en un caso interno similar.
2. Cuando la autoridad judicial competente espa帽ola reciba una orden europea de investigaci贸n para la intervenci贸n de telecomunicaciones podr谩 ejecutarla mediante alguna de las siguientes formas:
a) La transmisi贸n inmediata de las telecomunicaciones a la autoridad de emisi贸n.
b) La intervenci贸n, registro y ulterior transmisi贸n del resultado de la intervenci贸n de las telecomunicaciones a la autoridad de emisi贸n.
La elecci贸n de la forma en que se va a ejecutar la orden europea de investigaci贸n se acordar谩 con la autoridad de emisi贸n.
Art铆culo 222. Notificaci贸n a Espa帽a de la intervenci贸n de telecomunicaciones con interceptaci贸n de la direcci贸n de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se encuentre en Espa帽a y cuya asistencia t茅cnica no sea necesaria.
Cuando se notifique a Espa帽a la intervenci贸n de telecomunicaciones con interceptaci贸n de la direcci贸n de comunicaciones de una persona investigada o encausada que se encuentre en Espa帽a, en el caso de que dicha intervenci贸n no fuera objeto de autorizaci贸n en un caso interno similar, la autoridad espa帽ola competente comunicar谩 al Estado que se encuentre ejecutando la intervenci贸n, sin dilaci贸n y a m谩s tardar en un plazo de noventa y seis horas desde la recepci贸n de la notificaci贸n:
a) Que no podr谩 efectuarse la intervenci贸n o que se pondr谩 fin a la misma.
b) Y, en su caso, que no podr谩 utilizarse el posible material ya intervenido mientras la persona objeto de la intervenci贸n se encontraba en Espa帽a, o que solo podr谩 utilizarse en las condiciones que se especifiquen. Deber谩 informarse a la autoridad competente del Estado que realiza la intervenci贸n de los motivos de tales condiciones.
Art铆culo 223. Ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n para adoptar medidas de aseguramiento de prueba o de diligencias de investigaci贸n en relaci贸n con los medios de prueba.
La autoridad espa帽ola competente para el reconocimiento y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n en la que se solicite una medida cautelar de aseguramiento de pruebas comunicar谩 su decisi贸n a la autoridad de emisi贸n dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepci贸n de la orden.
En ejecuci贸n de la orden europea de investigaci贸n, los medios de prueba se trasladar谩n al Estado de emisi贸n en la forma prevista en el art铆culo 211.
Previa consulta a la autoridad de emisi贸n, la autoridad espa帽ola competente, de conformidad con el Derecho espa帽ol, podr谩 imponer condiciones, adecuadas a las circunstancias del caso, para limitar la duraci贸n del plazo de aplicaci贸n de la medida cautelar requerida. Si se propusiera dejar sin efecto la medida cautelar, se informar谩 de ello a la autoridad de emisi贸n y se le ofrecer谩 la posibilidad de formular alegaciones.
La autoridad espa帽ola competente podr谩 recabar la asistencia de la Oficina de Recuperaci贸n y Gesti贸n de activos en la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n cuando la misma se refiera a elementos probatorios susceptibles de ulterior decomiso.»
Veintitr茅s
Se introduce una nueva disposici贸n adicional quinta con el siguiente contenido:
«Disposici贸n adicional quinta. Protecci贸n de datos de car谩cter personal.
Los datos de car谩cter personal obtenidos como consecuencia de la emisi贸n o ejecuci贸n de un instrumento de reconocimiento mutuo estar谩n protegidos de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea y espa帽ola de protecci贸n de datos de car谩cter personal.»
Veinticuatro
Se introduce una nueva disposici贸n adicional sexta con el siguiente contenido:
«Disposici贸n adicional sexta. Declaraci贸n de testigos o peritos por conferencia telef贸nica.
En el caso de que la declaraci贸n de testigos o peritos por conferencia telef贸nica sea introducida en la legislaci贸n procesal penal espa帽ola, regir谩n las siguientes reglas para la emisi贸n y ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n que contemple dicha medida:
a) Cuando la autoridad espa帽ola competente que est茅 conociendo de un proceso penal en Espa帽a considere necesario o铆r, como testigo o perito, a una persona que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, emitir谩 una orden europea de investigaci贸n para que la declaraci贸n del testigo o perito se realice por conferencia telef贸nica, siempre que no considere m谩s conveniente que la persona comparezca personalmente en su territorio y no hubiera sido posible utilizar otro medio m谩s adecuado.
b) Salvo acuerdo en sentido contrario, el procedimiento para declaraci贸n de testigos o peritos por conferencia telef贸nica, tanto para la emisi贸n como para la ejecuci贸n de una orden europea de investigaci贸n que incluya dicha declaraci贸n, se regir谩 por lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5 del art铆culo 216.
A los efectos de esta disposici贸n adicional, se entender谩 por autoridad espa帽ola competente la definida en el art铆culo 187.»
Veinticinco
Se introduce una nueva letra k) en la disposici贸n final tercera con el siguiente contenido:
«k) La Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigaci贸n en materia penal.»
Veintis茅is
Se modifica el anexo VIII, relativo a la orden europea de protecci贸n, se suprime el anexo XIII, relativo al exhorto europeo de obtenci贸n de pruebas, y se introducen nuevos anexos XIII, XIV y XV, relativos a la orden europea de investigaci贸n, en los t茅rminos que figuran como Anexo a la presente Ley.
Veintisiete
Se modifica el 脥ndice en los t茅rminos resultantes de los apartados anteriores.
DISPOSICI脫N ADICIONAL
脷nica. Incremento de recursos al Ministerio Fiscal
1. El Gobierno dotar谩 al Ministerio Fiscal, a la entrada en vigor de esta Ley, de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus previsiones y de las nuevas competencias que la Ley les atribuye.
2. Asimismo, el Gobierno acordar谩 con las Comunidades Aut贸nomas con competencias en materia de justicia, la financiaci贸n de las nuevas obligaciones que de la reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur铆dica gratuita se deriven.
DISPOSICI脫N TRANSITORIA
脷nica. R茅gimen transitorio
1. Esta Ley ser谩 aplicable a las resoluciones que se transmitan por las autoridades competentes espa帽olas o que se reciban por esas autoridades con posterioridad a su entrada en vigor, con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad o de que se refieran a hechos anteriores a la misma.
2. Las resoluciones cuya solicitud de reconocimiento y ejecuci贸n hubiera sido transmitida por las autoridades judiciales espa帽olas o que se hubieran recibido por esas autoridades en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, seguir谩n tramit谩ndose hasta su conclusi贸n conforme a las normas vigentes en aquel momento.
DISPOSICI脫N DEROGATORIA
脷nica. Derogaci贸n normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificaci贸n de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur铆dica gratuita
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur铆dica gratuita, queda modificada como sigue:
Uno. Se introduce un 煤ltimo p谩rrafo en el art铆culo 1 del siguiente tenor:
«En la aplicaci贸n de esta Ley deber谩n tomarse en consideraci贸n las necesidades espec铆ficas de las personas que se encuentren en situaci贸n de vulnerabilidad.»
Dos. Se modifica el apartado 3 del art铆culo 6, que queda redactado como sigue:
«3. Defensa y representaci贸n gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervenci贸n de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando, no si茅ndolo, se d茅 alguna de las siguientes circunstancias:
a) su intervenci贸n sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
b) trat谩ndose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y as铆 se acuerde por el juzgado o tribunal, en atenci贸n a la entidad de la infracci贸n de que se trate y las circunstancias personales del solicitante de asistencia jur铆dica.»
Tres. Se introduce un nuevo art铆culo 21 bis con la siguiente r煤brica y contenido:
«Art铆culo 21 bis. Sustituci贸n del profesional designado.
1. La persona beneficiaria de la asistencia jur铆dica gratuita tendr谩 derecho a instar la designaci贸n de nuevos profesionales mediante solicitud debidamente justificada, que no suspender谩 la designaci贸n de los profesionales que ya venga acordada.
2. Dicha solicitud deber谩 formularla ante el Colegio profesional que hubiere realizado la designaci贸n. Recibida la solicitud, dicho Colegio dar谩 traslado por cinco d铆as al profesional cuya sustituci贸n se interesa, resolviendo a continuaci贸n de forma motivada en el plazo de quince d铆as.
3. La resoluci贸n apreciando que concurre causa que justifica la sustituci贸n se comunicar谩 por el Colegio profesional correspondiente a la Comisi贸n de Justicia Gratuita, a la persona solicitante y, de manera inmediata, al nuevo profesional que en tal caso designe.
4. La Comisi贸n de Asistencia Jur铆dica Gratuita podr谩 denegar la tramitaci贸n de la solicitud de sustituci贸n, confirmando la designaci贸n de los profesionales actuantes, siempre que la solicitud se funde en una causa que ya fue objeto de denegaci贸n en relaci贸n al mismo asunto y profesional, sin que concurran nuevos hechos o circunstancias que la justifiquen.
5. Las resoluciones que denieguen el derecho a la designaci贸n de nuevo profesional podr谩n ser impugnadas por el beneficiario de la asistencia jur铆dica gratuita, en los t茅rminos del art铆culo 20.»
Segunda. Modificaci贸n de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica la r煤brica y se a帽aden nuevos apartados 3 y 4 en el art铆culo 588, con la siguiente redacci贸n:
«Art铆culo 588. Nulidad del embargo indeterminado. Embargo de cuentas abiertas en entidades de cr茅dito.»
«3. Cuando los fondos se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares s贸lo se embargar谩 la parte correspondiente al deudor. A estos solos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad conjunta mancomunada, el embargo podr谩 alcanzar a la parte del saldo correspondiente al deudor, entendi茅ndose que corresponde a partes iguales a los titulares de la cuenta, salvo que conste una titularidad material de los fondos diferente.
4. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efect煤e habitualmente el abono del salario, sueldo, pensi贸n, retribuci贸n o su equivalente, deber谩n respetarse las limitaciones establecidas en esta Ley, mediante su aplicaci贸n sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario, pensi贸n o retribuci贸n del deudor o su equivalente. A estos efectos se considerar谩 sueldo, salario, pensi贸n, retribuci贸n o su equivalente el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en el que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior.»
Dos. La actual disposici贸n final vig茅sima s茅ptima pasa a ser vig茅sima octava y se introduce una nueva disposici贸n final vig茅sima s茅ptima con la siguiente redacci贸n:
«Disposici贸n final vig茅sima s茅ptima. Medidas para facilitar la aplicaci贸n en Espa帽a del Reglamento (UE) n.潞 655 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retenci贸n de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.
1. La competencia para adoptar la orden relativa al cr茅dito especificado en un documento p煤blico con fuerza ejecutiva se determinar谩 conforme al apartado 3 del art铆culo 545 de esta Ley. Asimismo, ser谩 competente, a elecci贸n del solicitante, el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se haya formalizado el documento en el que se basa la solicitud.
2. Ser谩 competente para ejecutar la orden de retenci贸n dictada en otro Estado miembro, el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se mantenga la cuenta bancaria y, si hubiera cuentas en distintos lugares, el Juzgado de Primera Instancia correspondiente a cualquiera de ellas.
3. Ser谩 competente para la notificaci贸n al deudor domiciliado en Espa帽a, prevista en el apartado 3 del art铆culo 28 del Reglamento (UE) 655/2014, el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor.
4. De conformidad con el art铆culo 34 del Reglamento (UE) 655/2014, la impugnaci贸n por el deudor de la ejecuci贸n de la orden dictada en otro Estado miembro ser谩 resuelta por el juzgado o tribunal que la haya ejecutado.
5. A efectos de la obtenci贸n de la informaci贸n de cuentas a que se refiere el art铆culo 14 del Reglamento (UE) 655/2014, cuando sea requerida por un 贸rgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se haya presentado la solicitud de orden de retenci贸n, la autoridad de informaci贸n espa帽ola podr谩 recabar la colaboraci贸n de cualesquiera entidades p煤blicas y privadas que posean la informaci贸n que permita identificar las entidades de cr茅dito y las cuentas del deudor. A tales efectos, estas entidades estar谩n obligadas a facilitar dicha informaci贸n.»
Tercera. Modificaci贸n de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acci贸n y del Servicio Exterior del Estado
Se a帽aden nuevas disposiciones adicionales d茅cima s茅ptima, d茅cima octava y d茅cima novena a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acci贸n y del Servicio Exterior del Estado, con el siguiente contenido:
«Disposici贸n adicional d茅cima s茅ptima. Protecci贸n consular.
1. Los ciudadanos de un Estado miembro de la Uni贸n Europea en aquellos pa铆ses terceros en los que su Estado de nacionalidad carezca de Misi贸n Diplom谩tica u Oficina Consular tendr谩n derecho a solicitar protecci贸n consular a la Oficina Consular o a la Misi贸n Diplom谩tica espa帽ola residente en las mismas condiciones que los espa帽oles.
Los familiares que acompa帽en a ciudadanos no representados en un tercer pa铆s y que no sean a su vez ciudadanos de la Uni贸n Europea, ser谩n tratados en las mismas condiciones que los familiares de espa帽oles que no sean ciudadanos de la Uni贸n.
2. Los ciudadanos espa帽oles, en aquellos pa铆ses en los que Espa帽a no est茅 representada mediante una Oficina Consular o Misi贸n Diplom谩tica, tendr谩n derecho a solicitar protecci贸n consular a la Oficina Consular o a la Misi贸n Diplom谩tica de cualquier Estado miembro de la Uni贸n Europea representado en el pa铆s tercero en las mismas condiciones que 茅ste protege a sus nacionales.
Los familiares de ciudadanos espa帽oles que les acompa帽en en un tercer pa铆s y que no sean ciudadanos de la Uni贸n Europea, ser谩n tratados en las mismas condiciones que los familiares de los nacionales del Estado miembro que ejerza la protecci贸n y que a su vez no sean ciudadanos de la Uni贸n.
3. Los derechos reconocidos en los dos apartados anteriores se ejercer谩n sin perjuicio de lo que establezcan los acuerdos de representaci贸n o de reparto local de cargas a los que lleguen los Estados miembros de la Uni贸n Europea.
4. A los efectos de los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2, se entiende que un Estado miembro de la Uni贸n Europea no est谩 representado en un tercer pa铆s si carece de Misi贸n Diplom谩tica u Oficina Consular establecidos con car谩cter permanente en dicho pa铆s, o si carece de Misi贸n Diplom谩tica u Oficina Consular o Consulado Honorario en dicho pa铆s que est茅 en disposici贸n de proporcionar protecci贸n consular de manera efectiva en un caso determinado.
Disposici贸n adicional d茅cima octava. Del ejercicio de la protecci贸n consular en Estados donde no haya Misi贸n Diplom谩tica u Oficina Consular.
Espa帽a podr谩 solicitar el ejercicio directo de la protecci贸n consular de los ciudadanos espa帽oles que hayan solicitado protecci贸n en un pa铆s no representado donde no haya Misi贸n Diplom谩tica u Oficina Consular. Esta solicitud se cursar谩 al Estado miembro que hubiera recibido la solicitud o se estuviera ocupando de la protecci贸n consular del ciudadano espa帽ol.
Asimismo, en caso de recibir la solicitud del ejercicio directo de la protecci贸n del Estado Miembro de la nacionalidad del ciudadano de la Uni贸n Europea no representado, Espa帽a renunciar谩 al ejercicio de la protecci贸n consular.
Disposici贸n adicional d茅cima novena. Del reembolso de los gastos ocasionados por el ejercicio de la protecci贸n consular.
1. Cuando Espa帽a preste asistencia consular a un ciudadano de la Uni贸n no representado y, en su caso, a sus familiares no ciudadanos de la Uni贸n que lo acompa帽en, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci贸n, a trav茅s de la Direcci贸n General de Espa帽oles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, solicitar谩 el reembolso de los gastos de esa asistencia, en las mismas condiciones que a un ciudadano espa帽ol.
Cuando la protecci贸n consular prestada a un ciudadano de la Uni贸n no representado en caso de detenci贸n o prisi贸n implique gastos indispensables y justificados inusualmente elevados relacionados con viajes, alojamiento y traducci贸n para las autoridades diplom谩ticas o consulares, Espa帽a podr谩 solicitar el reembolso de los mismos.
2. Los espa帽oles que reciban protecci贸n consular para s铆 o, en su caso, para sus familiares no ciudadanos de la Uni贸n que lo acompa帽en, de otro Estado Miembro por carecer Espa帽a de representaci贸n en un tercer Estado, se comprometer谩n a reembolsar al Tesoro P煤blico de Espa帽a los gastos de esa protecci贸n consular, en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro que haya prestado la protecci贸n.
Del mismo modo, se atender谩n las solicitudes de reembolso de los gastos indispensables y justificados inusualmente elevados relacionados con viajes, alojamiento y traducci贸n para las autoridades diplom谩ticas o consulares para la protecci贸n consular de espa帽oles no representados detenidos o en prisi贸n.
3. En situaciones de crisis, se podr谩 solicitar el reembolso de los gastos ocasionados por toda la ayuda prestada a un ciudadano de la Uni贸n no representado y, en su caso, a sus familiares no ciudadanos de la Uni贸n que lo acompa帽en. Se atender谩n, de igual forma, las solicitudes de reembolso de los gastos ocasionados por toda la ayuda prestada a espa帽oles y, en su caso, a sus familiares no ciudadanos de la Uni贸n que lo acompa帽en. Se podr谩 solicitar el reembolso de los gastos de manera proporcional, dividiendo el importe total de los gastos por el n煤mero de ciudadanos asistidos.»
Cuarta. Incorporaci贸n de Derecho de la Uni贸n Europea
1. Mediante esta Ley se incorpora al Derecho espa帽ol la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigaci贸n en materia penal, y se completa la transposici贸n de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detenci贸n europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privaci贸n de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privaci贸n de libertad.
2. Se completa tambi茅n la transposici贸n al Derecho espa帽ol de la Decisi贸n Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, y de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jur铆dica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detenci贸n.
3. Mediante la disposici贸n final tercera se incorpora parcialmente la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinaci贸n y cooperaci贸n para facilitar la protecci贸n consular de ciudadanos de la Uni贸n no representados en terceros pa铆ses y por la que se deroga la Decisi贸n 95/553/CE.
Quinta. Desarrollo normativo y ejecuci贸n
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci贸n y desarrollo de la presente Ley.
En particular, se faculta al Gobierno y al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci贸n, en el 谩mbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la disposici贸n final tercera, as铆 como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecuci贸n e implantaci贸n de las modificaciones introducidas por la citada disposici贸n.
El Gobierno asegurar谩, en relaci贸n con el Ministerio Fiscal y para el cumplimiento de las previsiones y nuevas competencias que la Ley le atribuye, los medios y recursos presupuestarios necesarios para asegurar la efectividad de los mecanismos de cooperaci贸n jur铆dica internacional derivados de la orden europea de investigaci贸n.
Sexta. Entrada en vigor
La presente Ley entrar谩 en vigor a los veinte d铆as de su publicaci贸n en el «Bolet铆n Oficial del Estado».
Como excepci贸n, la disposici贸n final primera entrar谩 en vigor el 1 de octubre de 2018.
ANEXO
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