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Referencia: SP/LEG/6791

DIRECTIVA 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretaci贸n y a traducci贸n en los procesos penales

贸rgano emisor: PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNI脫N EUROPEA
publicaci贸n: D.O.U.E L num. 280 - 26/10/2010
entrada en vigor: 15/11/2010
La presente Directiva se traspone al ordenamiento jur铆dico espa帽ol por Ley Org谩nica 5/2015, de 27 de abril (SP/LEG/17499)
PRE脕MBULO
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI脫N EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea y, en particular, su art铆culo 82, apartado 2, p谩rrafo segundo, letra b),
Vista la iniciativa del Reino de B茅lgica, la Rep煤blica Federal de Alemania, la Rep煤blica de Estonia, el Reino de Espa帽a, la Rep煤blica Francesa, la Rep煤blica Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, la Rep煤blica de Hungr铆a, la Rep煤blica de Austria, la Rep煤blica Portuguesa, Ruman铆a, la Rep煤blica de Finlandia y el Reino de Suecia ( 1 ),
Previa transmisi贸n del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 2 ),
Considerando lo siguiente:
(1) La Uni贸n Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Seg煤n las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de los d铆as 15 y 16 de octubre de 1999 y, en particular, su punto 33, el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y otras resoluciones de autoridades judiciales debe convertirse en la piedra angular de la cooperaci贸n judicial en materia civil y penal en la Uni贸n porque un mayor reconocimiento mutuo y la necesaria aproximaci贸n de las legislaciones facilitar铆an la cooperaci贸n entre las autoridades competentes y la protecci贸n judicial de los derechos individuales.
(2) El 29 de noviembre de 2000 el Consejo, de conformidad con las Conclusiones de Tampere, adopt贸 un programa de medidas destinado a poner en pr谩ctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal ( 3 ). En la introducci贸n al programa se afirma que 芦el reconocimiento mutuo debe permitir que se refuerce la cooperaci贸n entre Estados miembros, as铆 como la protecci贸n de los derechos de las personas禄.
(3) La aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal presupone que los Estados miembros conf铆an en los sistemas judiciales penales de los dem谩s Estados miembros. El alcance del reconocimiento mutuo depende en gran medida de una serie de par谩metros entre los que se incluyen mecanismos de protecci贸n de los derechos de las personas sospechosas o acusadas y la definici贸n de las normas m铆nimas comunes necesarias para facilitar la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo.
(4) El reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal solo puede funcionar eficazmente en un clima de confianza, en el que no solamente las autoridades judiciales, sino tambi茅n todos los participantes en el proceso penal consideren las decisiones de las autoridades judiciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su propio Estado, lo que implica no solo confianza en la adecuaci贸n de las normas de los otros Estados miembros, sino tambi茅n en que dichas normas se aplican correctamente.
(5) El art铆culo 6 del Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (denominado en lo sucesivo 芦el CEDH禄) y el art铆culo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea (denominada en lo sucesivo 芦la Carta禄) consagran el derecho a un juicio equitativo. El art铆culo 48, p谩rrafo segundo de la Carta garantiza el respeto del derecho a la defensa. La presente Directiva respeta dichos derechos y debe aplicarse en consecuencia.
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( 1 ) DO C 69 de 18.3.2010, p. 1.
( 2 ) Posici贸n del Parlamento Europeo de 16 de junio de 2010 (no publicada a煤n en el Diario Oficial) y Decisi贸n del Consejo de 7 de octubre de 2010.
( 3 ) DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.
(6) Aunque todos los Estados miembros son partes en el CEDH, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por s铆 solo, ello no siempre aporta el suficiente grado de confianza en los sistemas judiciales penales de los dem谩s Estados miembros.
(7) El refuerzo de la confianza mutua exige una aplicaci贸n m谩s coherente de los derechos y garant铆as establecidos en el art铆culo 6 del CEDH. Tambi茅n requiere, a trav茅s de la presente Directiva y de otras medidas, un mayor desarrollo dentro de la Uni贸n de las normas m铆nimas establecidas por el CEDH y la Carta.
(8) El art铆culo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea prev茅 el establecimiento de normas m铆nimas aplicables en los Estados miembros, en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperaci贸n policial y judicial en asuntos penales con dimensi贸n transfronteriza. El art铆culo 82, apartado 2, p谩rrafo segundo, letra b), menciona 芦los derechos de las personas durante el proceso penal禄 como una de las 谩reas en las que pueden establecerse normas m铆nimas.
(9) Las normas m铆nimas comunes deben conducir a una mayor confianza en los sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros, lo cual, a su vez, debe dar lugar a una cooperaci贸n judicial m谩s eficaz en un clima de confianza rec铆proca. Estas normas m铆nimas comunes deben establecerse en los 谩mbitos de la traducci贸n y la interpretaci贸n en los procesos penales.
(10) El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adopt贸 una resoluci贸n sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales ( 1 ). Adoptando un enfoque gradual, el plan de trabajo abog贸 por la adopci贸n de medidas relativas al derecho a la interpretaci贸n y a la traducci贸n (medida A), al derecho a la informaci贸n sobre los derechos e informaci贸n sobre los cargos (medida B), el derecho al asesoramiento jur铆dico y justicia gratuita (medida C), el derecho de una persona detenida a comunicarse con sus familiares, con su empleador y con las autoridades consulares (medida D), y a las salvaguardias especiales para los sospechosos o acusados que sean vulnerables (medida E).
(11) En el programa de Estocolmo, adoptado el 10 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo acogi贸 favorablemente el plan de trabajo y lo incorpor贸 al programa de Estocolmo (punto 2.4.). El Consejo Europeo subray贸 el car谩cter no exhaustivo del plan de trabajo, e invit贸 a la Comisi贸n a examinar nuevos elementos de los derechos procesales m铆nimos de los sospechosos y acusados y a evaluar la necesidad de abordar otras cuestiones, por ejemplo la presunci贸n de inocencia, para fomentar una mejor cooperaci贸n en ese 谩mbito.
(12) La presente Directiva se refiere a la medida A del plan de trabajo. En ella se establecen normas m铆nimas comunes que deber谩n aplicarse en el 谩mbito de la interpretaci贸n y de la traducci贸n en los procesos penales para aumentar la confianza mutua entre los Estados miembros.
(13) La presente Directiva se inspira en la propuesta de la Comisi贸n de una Decisi贸n Marco del Consejo relativa al derecho a interpretaci贸n y a traducci贸n en los procesos penales de 8 de julio de 2009 y en la propuesta de la Comisi贸n de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretaci贸n y a traducci贸n en los procesos penales, de 9 de marzo de 2010.
(14) El derecho a traducci贸n e interpretaci贸n para aquellas personas que no hablan o entienden la lengua del procedimiento se consagra en el art铆culo 6 del CEDH, seg煤n la interpretaci贸n de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presente Directiva facilita la aplicaci贸n de tal derecho en la pr谩ctica. Para ello, la presente Directiva tiene por objetivo garantizar el derecho del sospechoso o acusado a la interpretaci贸n y traducci贸n en los procesos penales con vistas a garantizar su derecho a un juicio equitativo.
(15) Los derechos que establece la presente Directiva deben aplicarse tambi茅n, como medidas necesarias de acompa帽amiento, a la ejecuci贸n de una orden de detenci贸n europea ( 2 ), dentro de los l铆mites fijados por la presente Directiva. Los Estados miembros de ejecuci贸n deben facilitar y sufragar los costes de interpretaci贸n y traducci贸n para la persona reclamada que no entienda o no hable la lengua del procedimiento.
(16) En algunos Estados miembros una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal es competente para imponer sanciones cuando se trata de infracciones relativamente menores. Ese puede ser el caso, por ejemplo, en relaci贸n con infracciones de tr谩fico cometidas a gran escala, y que puedan ser detectadas como consecuencia de un control de tr谩fico. En ese tipo de situaciones no ser铆a razonable exigir a la autoridad competente que garantice todos los derechos protegidos por la presente Directiva. En caso de que la legislaci贸n de un Estado miembro prevea la imposici贸n de una sanci贸n para infracciones menores por parte de una autoridad de ese tipo, y la sanci贸n pueda ser objeto de recurso ante un tribunal con competencia en materia penal, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos ante dicho tribunal a ra铆z del recurso en cuesti贸n.
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( 1 ) DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.
( 2 ) Decisi贸n Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detenci贸n europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
(17) La presente Directiva debe garantizar una asistencia ling眉铆stica gratuita y adecuada, que permita a los sospechosos o acusados que no hablen o no entiendan la lengua del proceso penal el pleno ejercicio del derecho a la defensa y que salvaguarde la equidad del proceso.
(18) Debe facilitarse sin demora al sospechoso o acusado un servicio de interpretaci贸n. Sin embargo cuando transcurra alg煤n tiempo antes de que se facilite el servicio de interpretaci贸n, ello no debe constituir un incumplimiento del requisito de que el servicio de interpretaci贸n se facilite sin demora, siempre y cuando dicho per铆odo de tiempo resulte razonable en las circunstancias dadas.
(19) La comunicaci贸n entre el sospechoso o acusado y su abogado debe ser objeto de interpretaci贸n con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva. El sospechoso o acusado debe poder, entre otras cosas, explicar su versi贸n de los hechos a su abogado, se帽alar que no est谩 de acuerdo con una u otra afirmaci贸n y poner en conocimiento de su abogado todo hecho que deba alegarse en su defensa.
(20) A fin de permitir la preparaci贸n de la defensa, la comunicaci贸n entre el sospechoso o acusado y su abogado en relaci贸n directa con cualquier interrogatorio o vista judicial durante el proceso, o con la presentaci贸n de un recurso u otras solicitudes procesales, como una solicitud de fianza, debe ser objeto de interpretaci贸n siempre que resulte necesario para salvaguardar la equidad del proceso.
(21) Los Estados miembros deben velar por que se establezca un procedimiento o mecanismo para determinar si el sospechoso o acusado habla y entiende la lengua del proceso penal y si se requiere la asistencia de un int茅rprete. Este procedimiento o mecanismo implica la comprobaci贸n adecuada por parte de la autoridad competente, incluso consultando al sospechoso o acusado, de si la persona en cuesti贸n habla y entiende la lengua del proceso penal y si requiere la asistencia de un int茅rprete.
(22) La interpretaci贸n y traducci贸n en virtud de la presente Directiva deben facilitarse en la lengua materna del sospechoso o acusado o en cualquier otra lengua que entienda o hable con objeto de permitir el pleno ejercicio del derecho a la defensa, y con el objeto de salvaguardar la equidad del proceso.
(23) El respeto del derecho a la interpretaci贸n y traducci贸n contemplado en la presente Directiva no debe comprometer ning煤n otro derecho procesal previsto con arreglo al derecho nacional.
(24) Los Estados miembros deben garantizar que quepa ejercer un control con respecto a la idoneidad de la interpretaci贸n y traducci贸n ofrecidas cuando se haya informado a las autoridades competentes en un caso particular.
(25) El sospechoso o acusado o la persona sujeta a un procedimiento correspondiente a la ejecuci贸n de una orden de detenci贸n europea debe tener derecho a recurrir la decisi贸n seg煤n la cual no es necesaria la interpretaci贸n, de conformidad con los procedimientos previstos por el derecho nacional. Este derecho no entra帽a que los Estados miembros est茅n obligados a prever un mecanismo o procedimiento de reclamaci贸n espec铆fico en el cual quepa recurrir dicha decisi贸n y debe entenderse sin perjuicio de los plazos aplicables a la ejecuci贸n de una orden de detenci贸n europea.
(26) Cuando la calidad de la interpretaci贸n se considere insuficiente para garantizar el derecho a un juicio equitativo, las autoridades competentes deben poder sustituir al int茅rprete designado.
(27) El deber de velar por los sospechosos o acusados que se encuentran en una posible posici贸n de fragilidad, en particular debido a impedimentos f铆sicos que afecten a su capacidad de comunicarse de manera efectiva, fundamenta la administraci贸n equitativa de justicia. Por tanto, la fiscal铆a y las autoridades policiales y judiciales deben garantizar que dichas personas puedan ejercer de manera efectiva los derechos que se establecen en la presente Directiva, por ejemplo teniendo en cuenta cualquier posible vulnerabilidad que afecte a su capacidad de seguir el procedimiento y de hacerse entender, y tomando las medidas necesarias para garantizar dichos derechos.
(28) Cuando se utilice videoconferencia para proporcionar interpretaci贸n a distancia, las autoridades competentes deben poder aprovechar los instrumentos desarrollados en el marco de la Justicia en red europea (por ejemplo, informaci贸n sobre tribunales con instalaciones o manuales de videoconferencia).
(29) La presente Directiva debe evaluarse a la luz de la experiencia pr谩ctica adquirida. Si procede, debe modificarse para mejorar las salvaguardias que establece.
(30) La salvaguardia de la equidad del proceso requiere que se facilite al sospechoso o acusado la traducci贸n de los documentos esenciales, o al menos los pasajes pertinentes de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva. Determinados documentos, como las resoluciones por la que se priva a una persona de su libertad, los escritos de acusaci贸n o las sentencias, se considerar谩n siempre documentos esenciales a este respecto, por lo que deber谩n traducirse. Las autoridades de los Estados miembros deben decidir, por iniciativa propia o previa petici贸n del sospechoso o acusado o de su abogado, qu茅 otros documentos resultan esenciales para salvaguardar la equidad del proceso y, en consecuencia, deben traducirse tambi茅n.
(31) Los Estados miembros deben facilitar el acceso a las bases de datos nacionales de traductores e int茅rpretes judiciales, en caso de haberlas. En este contexto, debe prestarse especial atenci贸n al objetivo de facilitar el acceso a las bases de datos existentes a trav茅s del portal de la Justicia en red, tal como prev茅 el plan de acci贸n plurianual 2009-2013 relativo a la Justicia en red europea, de 27 de noviembre de 2008 ( 1 ).
(32) La presente Directiva debe establecer normas m铆nimas. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de ampliar los derechos establecidos en ella para proporcionar un mayor nivel de protecci贸n tambi茅n en situaciones no expl铆citamente contempladas en la presente Directiva. El nivel de protecci贸n nunca deber谩 ser inferior a las normas previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea, tal como se interpretan en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia Europeo.
(33) Las disposiciones de la presente Directiva, que correspondan a los derechos garantizados por el CEDH o por la Carta deben interpretarse y aplicarse de forma coherente con dichos derechos, con arreglo a su interpretaci贸n por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea.
(34) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, lograr normas m铆nimas comunes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos puede lograrse mejor a nivel de la Uni贸n, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el art铆culo 5 del Tratado de la Uni贸n Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho art铆culo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.
(35) De conformidad con el art铆culo 3 del Protocolo sobre la posici贸n del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Uni贸n Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopci贸n y aplicaci贸n de la presente Directiva.
(36) De conformidad con lo dispuesto en los art铆culos 1 y 2 del Protocolo sobre la posici贸n de Dinamarca, anejo al Tratado de la Uni贸n Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, Dinamarca no participa en la adopci贸n de la presente Directiva y no est谩 vinculada por ella ni sujeta a su aplicaci贸n.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Art铆culo 1. Objeto y 谩mbito de aplicaci贸n
1. La presente Directiva establece normas relativas al derecho a interpretaci贸n y traducci贸n en los procesos penales y en los procedimientos correspondientes a la ejecuci贸n de una orden de detenci贸n europea.
2. Este derecho se aplicar谩 a cualquier persona a partir del momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro pongan en su conocimiento, mediante notificaci贸n oficial o de otro modo, que es sospechosa o est谩 acusada de haber cometido una infracci贸n penal y hasta la conclusi贸n del proceso, entendido como la resoluci贸n definitiva de la cuesti贸n de si el sospechoso o acusado ha cometido o no la infracci贸n, incluida, en su caso, la sentencia y la resoluci贸n de cualquier recurso que se haya presentado.
3. En caso de que la legislaci贸n de un Estado miembro prevea la imposici贸n de una sanci贸n para infracciones menores por parte de una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal, pero la sanci贸n pueda ser objeto de recurso ante este tipo de tribunal, la presente Directiva solo se aplicar谩 al proceso ante dicho tribunal a ra铆z del recurso en cuesti贸n.
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( 1 ) DO C 75 de 31.3.2009, p. 1.
4. La presente Directiva no afecta al derecho nacional relativo a la presencia de un abogado en cualquier fase del proceso penal, ni tampoco al derecho nacional relativo al derecho de acceso de un sospechoso o acusado a los documentos en el marco de un proceso penal.
Art铆culo 2. Derecho a interpretaci贸n
1. Los Estados miembros velar谩n por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora de interpretaci贸n en el transcurso del proceso penal ante las autoridades de la investigaci贸n y judiciales, incluido durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias.
2. Los Estados miembros garantizar谩n que, en caso necesario y con miras a salvaguardar la equidad del proceso, se facilite un servicio de interpretaci贸n para la comunicaci贸n entre el sospechoso o acusado y su abogado en relaci贸n directa con cualquier interrogatorio o toma de declaraci贸n durante el proceso, o con la presentaci贸n de un recurso u otras solicitudes procesales.
3. El derecho a interpretaci贸n en virtud de los apartados 1 y 2 incluye la asistencia a personas con limitaciones auditivas o de expresi贸n oral.
4. Los Estados miembros velar谩n por que se establezca un procedimiento o mecanismo para determinar si el sospechoso o acusado habla y entiende la lengua del proceso penal y si requiere la asistencia de un int茅rprete.
5. Los Estados miembros velar谩n por que, con arreglo a los procedimientos previstos por el derecho nacional, el sospechoso o acusado tenga derecho a recurrir la decisi贸n seg煤n la cual no es necesaria la interpretaci贸n y, cuando se haya facilitado la interpretaci贸n, la posibilidad de presentar una reclamaci贸n porque la calidad de la interpretaci贸n no es suficiente para salvaguardar la equidad del proceso.
6. Se permitir谩, cuando proceda, el uso de tecnolog铆as de la comunicaci贸n como la videoconferencia, el tel茅fono o internet, salvo cuando se requiera la presencia f铆sica del int茅rprete con miras a salvaguardar le equidad del proceso.
7. En los procedimientos correspondientes a la ejecuci贸n de una orden de detenci贸n europea, el Estado miembro de ejecuci贸n velar谩 por que sus autoridades competentes faciliten interpretaci贸n con arreglo al presente art铆culo a toda persona sujeta a dichos procedimientos y que no hable o entienda la lengua del procedimiento.
8. La interpretaci贸n facilitada con arreglo al presente art铆culo tendr谩 una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado en un proceso penal tenga conocimiento de los cargos que se le imputan y est茅 en condiciones de ejercer el derecho a la defensa.
Art铆culo 3. Derecho a la traducci贸n de documentos esenciales
1. Los Estados miembros velar谩n por que el sospechoso o acusado que no entienda la lengua del proceso penal se beneficie, en un plazo razonable, de la traducci贸n escrita de todos los documentos que resultan esenciales para garantizar que est茅 en condiciones de ejercer el derecho a la defensa y para salvaguardar la equidad del proceso.
2. Entre los documentos esenciales se encuentra cualquier resoluci贸n que prive a una persona de libertad, escrito de acusaci贸n y sentencia.
3. Las autoridades competentes decidir谩n si resulta esencial cualquier otro documento, en un caso determinado. El sospechoso o acusado, o su abogado, podr谩 presentar una solicitud motivada en este sentido.
4. No ser谩 preciso traducir pasajes de documentos esenciales que no resulten pertinentes para que el sospechoso o acusado tenga conocimiento de los cargos que se le imputan.
5. Los Estados miembros velar谩n por que, con arreglo a los procedimientos previstos por el derecho nacional, el sospechoso o acusado tenga derecho a recurrir una decisi贸n que establezca que no es necesaria la traducci贸n de documentos o de pasajes de los mismos y, cuando se haya facilitado una traducci贸n, la posibilidad de presentar una reclamaci贸n porque la calidad de la traducci贸n no es suficiente para salvaguardar la equidad del proceso.
6. En los procedimientos correspondientes a la ejecuci贸n de una orden de detenci贸n europea, el Estado miembro de ejecuci贸n velar谩 por que sus autoridades competentes faciliten a toda persona sujeta a dichos procedimientos y que no entienda la lengua en que est茅 redactada la orden de detenci贸n europea, o la lengua a que esta haya sido traducida por el Estado miembro de emisi贸n, una traducci贸n escrita de dicho documento.
7. Como excepci贸n a las normas generales establecidas en los apartados 1, 2, 3 y 6, podr谩 facilitarse en lugar de una traducci贸n escrita, una traducci贸n o un resumen oral de los documentos esenciales a que se refiere el presente art铆culo, siempre y cuando dicha traducci贸n oral o resumen oral no afecte a la equidad del proceso.
8. Toda renuncia al derecho a la traducci贸n de los documentos a que se refiere el presente art铆culo estar谩 supeditada a la condici贸n de que el sospechoso o acusado haya recibido asesoramiento jur铆dico previo o haya tenido, de otro modo, pleno conocimiento de las consecuencias de su renuncia, y que la renuncia sea inequ铆voca y de car谩cter voluntario.
9. La traducci贸n facilitada con arreglo al presente art铆culo tendr谩 una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado tiene conocimiento de los cargos que se le imputan y est谩 en condiciones de ejercer el derecho a la defensa.
Art铆culo 4. Costes de traducci贸n e interpretaci贸n
Los Estados miembros sufragar谩n los costes de traducci贸n e interpretaci贸n resultantes de la aplicaci贸n de los art铆culos 2 y 3, con independencia del resultado del proceso.
Art铆culo 5. Calidad de la traducci贸n y la interpretaci贸n
1. Los Estados miembros tomar谩n medidas para garantizar que la interpretaci贸n y la traducci贸n facilitadas se ajusten a la calidad exigida con arreglo al art铆culo 2, apartado 8, y el art铆culo 3, apartado 9.
2. Con objeto de fomentar la idoneidad de la interpretaci贸n y traducci贸n, as铆 como un acceso eficaz a las mismas, los Estados miembros se esforzar谩n por establecer uno o varios registros de traductores e int茅rpretes independientes debidamente cualificados. Una vez establecidos dichos registros se pondr谩n, cuando proceda, a disposici贸n de los abogados y las autoridades pertinentes.
3. Los Estados miembros garantizar谩n que los int茅rpretes y traductores respeten el car谩cter confidencial inherente a los servicios de interpretaci贸n y traducci贸n facilitados de conformidad con la presente Directiva.
Art铆culo 6. Formaci贸n
Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organizaci贸n de los sistemas judiciales en la Uni贸n, los Estados miembros solicitar谩n a los responsables de la formaci贸n de los jueces, fiscales y personal judicial que participen en procesos penales el que presten una atenci贸n particular a las particularidades de la comunicaci贸n con la ayuda de un int茅rprete, de manera que se garantice una comunicaci贸n efectiva y eficaz.
Art铆culo 7. Llevanza de registros
Los Estados miembros garantizar谩n que cuando a un sospechoso o acusado le haya sido practicado un interrogatorio o se le haya tomado declaraci贸n por parte de una autoridad judicial o de investigaci贸n con la ayuda de un int茅rprete en virtud del art铆culo 2, cuando se facilite una traducci贸n o resumen oral en virtud del art铆culo 3, apartado 7, o cuando se produzca una renuncia de los derechos en virtud del art铆culo 3, apartado 8, se dejar谩 constancia de dichas eventualidades recurriendo al procedimiento de registro previsto por el derecho nacional del Estado miembro en cuesti贸n.
Art铆culo 8. No regresi贸n
Ninguna disposici贸n de la presente Directiva se interpretar谩 en el sentido de que limita o deroga cualquier derecho o garant铆a procesal que pueda existir al amparo del Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea, de otras disposiciones pertinentes del derecho internacional o del ordenamiento jur铆dico de cualquier Estado miembro y que proporcionen un nivel de protecci贸n m谩s elevado.
Art铆culo 9. Incorporaci贸n al Derecho interno
1. Los Estados miembros pondr谩n en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva antes del 27 de octubre de 2013.
2. Los Estados miembros transmitir谩n el texto de las mencionadas disposiciones a la Comisi贸n.
3. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas har谩n referencia a la presente Directiva o ir谩n acompa帽adas de dicha referencia en su publicaci贸n oficial. Los Estados miembros establecer谩n las modalidades de la mencionada referencia.
Art铆culo 10. Informe
Antes del 27 de octubre de 2014, la Comisi贸n presentar谩 al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluar谩 la medida en que los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, acompa帽ado, si es necesario, de propuestas legislativas.
Art铆culo 11. Entrada en vigor
La presente Directiva entrar谩 en vigor a los veinte d铆as de su publicaci贸n en el Diario Oficial de la Uni贸n Europea.
Art铆culo 12. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva ser谩n los Estados miembros de conformidad con lo dispuesto en los Tratados.