CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/9403

DIRECTIVA 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la informaci贸n en los procesos penales

贸rgano emisor: PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO
publicaci贸n: D.O.U.E L num. 142 - 01/06/2012
entrada en vigor: 21/06/2012
La presente Directiva se traspone al ordenamiento jur铆dico espa帽ol por Ley Org谩nica 5/2015, de 27 de abril (SP/LEG/17499)
PRE脕MBULO
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI脫N EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea y, en particular, su art铆culo 82, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisi贸n Europea,
Previa transmisi贸n del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comit茅 Econ贸mico y Social Europeo ( 1 ),
Previa consulta al Comit茅 de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 2 ),
Considerando lo siguiente:
(1) La Uni贸n se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Seg煤n las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de los d铆as 15 y 16 de octubre de 1999 y, en particular, su punto 33, el principio del reconocimiento mutuo de sentencias y otras resoluciones de autoridades judiciales debe convertirse en la piedra angular de la cooperaci贸n judicial en materia civil y penal en la Uni贸n, puesto que un mayor reconocimiento mutuo y la necesaria aproximaci贸n de las legislaciones facilitar铆an la cooperaci贸n entre las autoridades competentes y la protecci贸n judicial de los derechos individuales.
(2) El 29 de noviembre de 2000 el Consejo, de conformidad con las conclusiones de Tampere, adopt贸 un Programa de medidas destinado a poner en pr谩ctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal ( 3 ). En la introducci贸n del programa se afirma que el reconocimiento mutuo 芦debe permitir que se refuerce la cooperaci贸n entre Estados miembros, as铆 como la protecci贸n de los derechos de las personas禄.
_____________________
( 1 ) DO C 54 de 19.2.2011, p. 48.
( 2 ) Posici贸n del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2011 (no publicada a煤n en el Diario Oficial) y Decisi贸n del Consejo de 26 de abril de 2012.
( 3 ) DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.
(3) La aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal presupone que los Estados miembros conf铆an en los sistemas judiciales penales de los dem谩s Estados miembros. El grado de reconocimiento mutuo depende en gran medida de una serie de par谩metros, entre los que se incluyen los mecanismos de protecci贸n de los derechos de las personas sospechosas o acusadas y la definici贸n de normas m铆nimas comunes necesarias para facilitar la aplicaci贸n del principio de reconocimiento mutuo.
(4) El reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal solo puede funcionar eficazmente en un clima de confianza, en el que no solamente las autoridades judiciales, sino tambi茅n todos los participantes en el proceso penal consideren las resoluciones de las autoridades judiciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su propio Estado, lo que implica no solo confianza en la adecuaci贸n de las normas de los otros Estados miembros, sino tambi茅n en que dichas normas se aplican correctamente.
(5) El art铆culo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea (en lo sucesivo, 芦la Carta禄) y el art铆culo 6 del Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, 芦el CEDH禄) consagran el derecho a un juicio equitativo. El art铆culo 48, apartado 2, de la Carta garantiza el respeto de los derechos de la defensa.
(6) El art铆culo 6 de la Carta y el art铆culo 5 del CEDH consagran el derecho a la libertad y la seguridad de las personas. La limitaci贸n de este derecho no puede ir m谩s all谩 de lo permitido de conformidad con el art铆culo 5 del CEDH y seg煤n se infiere de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(7) Aunque todos los Estados miembros son partes en el CEDH, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por s铆 solo, ello no siempre aporta el suficiente grado de confianza en los sistemas judiciales penales de los dem谩s Estados miembros.
(8) El refuerzo de la confianza mutua exige normas detalladas sobre la protecci贸n de las garant铆as y los derechos procesales derivados de la Carta y del CEDH.ES
(9) El art铆culo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea dispone el establecimiento de normas m铆nimas aplicables en los Estados miembros a fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperaci贸n policial y judicial en asuntos penales con dimensi贸n transfronteriza. El art铆culo 82, apartado 2, p谩rrafo segundo, letra b), menciona 芦los derechos de las personas durante el proceso penal禄 entre los 谩mbitos en los que pueden establecerse normas m铆nimas.
(10) Las normas m铆nimas comunes deben conducir a una mayor confianza en los sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros, lo cual, a su vez debe propiciar una cooperaci贸n judicial m谩s eficaz en un clima de confianza rec铆proca. Deben establecerse tales normas m铆nimas comunes en el 谩mbito de la informaci贸n en los procesos penales.
(11) El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adopt贸 una resoluci贸n sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales (denominado en lo sucesivo 芦el plan de trabajo禄) ( 1 ). Adoptando un enfoque gradual, el plan de trabajo abog贸 por la adopci贸n de medidas relativas al derecho a la interpretaci贸n y a la traducci贸n (medida A), al derecho a la informaci贸n sobre los derechos e informaci贸n sobre los cargos (medida B), el derecho al asesoramiento jur铆dico y justicia gratuita (medida C), el derecho de una persona detenida a comunicarse con sus familiares, con su empleador y con las autoridades consulares (medida D), y a las salvaguardias especiales para las personas sospechosas o acusadas que sean vulnerables (medida E). En el plan de trabajo se subraya que el orden en el que se mencionan los derechos es meramente indicativo, por lo que puede modificarse en funci贸n de las prioridades. El plan de trabajo se ha concebido para funcionar como un todo indisociable, de modo que solo cuando todos sus componentes se hayan puesto en pr谩ctica se percibir谩n plenamente sus beneficios.
(12) El 11 de diciembre de 2009 el Consejo Europeo acogi贸 favorablemente el plan de trabajo y lo incorpor贸 al programa de Estocolmo [Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano ( 2 ) (punto 2.4)]. El Consejo Europeo subray贸 el car谩cter no exhaustivo del plan de trabajo e invit贸 a la Comisi贸n a examinar nuevos elementos de los derechos procesales m铆nimos de las personas sospechosas y acusadas, y a evaluar la necesidad de abordar otras cuestiones, por ejemplo la presunci贸n de inocencia, para fomentar una mejor cooperaci贸n en ese 谩mbito.
(13) La primera medida que se aprob贸 en virtud del plan de trabajo, la medida A, fue la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretaci贸n y a traducci贸n en los procesos penales ( 3 ).
_________________
( 1 ) DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.
( 2 ) DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
( 3 ) DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.
(14) La presente Directiva guarda relaci贸n con la medida B del plan de trabajo. Establece normas m铆nimas comunes de aplicaci贸n en lo que se refiere a la informaci贸n sobre los derechos y la acusaci贸n que se habr谩 de proporcionar a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una infracci贸n penal, con vistas a mejorar la confianza rec铆proca entre los Estados miembros. La presente Directiva se fundamenta en los derechos recogidos en la Carta, y en particular en sus art铆culos 6, 47 y 48, desarrollando lo dispuesto en los art铆culos 5 y 6 del CEDH seg煤n la interpretaci贸n del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la presente Directiva el t茅rmino 芦acusaci贸n禄 se utiliza para describir el mismo concepto a que se refiere el art铆culo 6, apartado 1, del CEDH.
(15) En su Comunicaci贸n de 20 de abril de 2010 titulada 芦Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos; Plan de acci贸n por el que se aplica el programa de Estocolmo禄, la Comisi贸n anunci贸 la presentaci贸n de una propuesta sobre informaci贸n sobre derechos e informaci贸n sobre los cargos en 2010.
(16) La presente Directiva debe aplicarse a las personas sospechosas y acusadas, independientemente de su situaci贸n jur铆dica, ciudadan铆a o nacionalidad.
(17) En algunos Estados miembros una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal es competente para imponer sanciones cuando se trata de infracciones relativamente menores. Ese puede ser el caso, por ejemplo, en relaci贸n con infracciones de tr谩fico cometidas a gran escala, y que puedan ser detectadas como consecuencia de un control de tr谩fico. En ese tipo de situaciones no ser铆a razonable exigir a la autoridad competente que garantice todos los derechos protegidos por la presente Directiva. En caso de que la legislaci贸n de un Estado miembro prevea la imposici贸n de una sanci贸n para infracciones menores por parte de una autoridad de ese tipo, y exista o el derecho de recurso o, en su defecto, la posibilidad de remitir el caso a un tribunal con competencia en materia penal, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos ante dicho tribunal a ra铆z del recurso o la remisi贸n en cuesti贸n.
(18) El derecho a la informaci贸n sobre los derechos procesales (que se infiere de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) debe quedar expl铆citamente establecido en la presente Directiva.
(19) Las autoridades competentes deben informar a las personas sospechosas o acusadas con prontitud, ya sea oralmente o por escrito, de los derechos, previstos con arreglo al Derecho nacional, que son esenciales para salvaguardar un proceso justo, con arreglo a lo establecido en la presente Directiva. Con objeto de que esos derechos puedan ejercerse de manera pr谩ctica y efectiva, dicha informaci贸n debe proporcionarse con prontitud durante el proceso y, a m谩s tardar, antes del primer interrogatorio oficial de la persona sospechosa o acusada por parte de la polic铆a o de otra autoridad competente.
(20) En la presente Directiva se establecen normas m铆nimas respecto a la informaci贸n sobre los derechos de las personas sospechosas o acusadas. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la informaci贸n que se debe proporcionar sobre otros derechos procesales derivados de la Carta, el CEDH, el Derecho nacional y la legislaci贸n aplicable de la Uni贸n seg煤n la interpretaci贸n de los 贸rganos jurisdiccionales competentes. Una vez que se haya proporcionado la informaci贸n sobre un determinado derecho, las autoridades competentes no deben estar obligadas a repetirlo, a menos que as铆 lo exijan las circunstancias espec铆ficas del caso o las normas espec铆ficas establecidas en la legislaci贸n nacional.
(21) Cuando la presente Directiva se refiera a personas sospechosas o acusadas detenidas o privadas de libertad, ello debe entenderse como cualquier situaci贸n en la que, durante un proceso penal, una persona sospechosa o acusada se ve privada de su libertad en el sentido del art铆culo 5, apartado 1, letra c), del CEDH, seg煤n la interpretaci贸n de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(22) Cuando se detenga o prive de libertad a una persona sospechosa o acusada, se le debe dar informaci贸n sobre los derechos procesales aplicables mediante una declaraci贸n de derechos redactada en t茅rminos f谩cilmente inteligibles para ayudarle a que comprenda realmente sus derechos. Dicha declaraci贸n de derechos debe proporcionarse con prontitud a toda persona detenida cuando se vea privada de libertad a ra铆z de la intervenci贸n de las autoridades policiales en el contexto de un proceso penal. Debe incluir informaci贸n b谩sica relativa a las posibilidades de impugnar la legalidad de la detenci贸n, obtener una revisi贸n de la misma o solicitar la libertad provisional, siempre que tal derecho exista en la legislaci贸n nacional. A fin de ayudar a los Estados miembros a elaborar esa declaraci贸n de derechos, en el anexo I figura un modelo de declaraci贸n. Se trata de un modelo indicativo que puede ser objeto de revisi贸n en el contexto del informe de la Comisi贸n sobre la aplicaci贸n de la Directiva y tambi茅n cuando hayan entrado en vigor todas las medidas del plan de trabajo. La declaraci贸n de derechos puede incluir otros derechos procesales aplicables en los Estados miembros.
(23) Cada Estado miembro determina en su Derecho nacional las condiciones y normas espec铆ficas relativas al derecho de las personas sospechosas o acusadas de informar a otra persona acerca de la detenci贸n o privaci贸n de libertad. Tal como se establece en el plan de trabajo, el ejercicio de este derecho no debe perjudicar al curso normal de los procesos penales.
(24) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales relativas a la seguridad de las personas retenidas en centros de detenci贸n.
(25) Los Estados miembros deben garantizar que, al facilitar informaci贸n de conformidad con la presente Directiva, la persona sospechosa o acusada tenga acceso, cuando sea necesario, a la interpretaci贸n y la traducci贸n en una lengua que comprenda, de conformidad con las normas establecidas en la Directiva 2010/64/UE.
(26) Al proporcionar a la persona sospechosa o acusada informaci贸n con arreglo a lo establecido en la presente Directiva, las autoridades competentes deben prestar especial atenci贸n a las personas que no puedan comprender el contenido o el significado de la informaci贸n, debido, por ejemplo, a su corta edad o a su condici贸n mental o f铆sica.
(27) Las personas acusadas de haber cometido una infracci贸n penal deben recibir toda la informaci贸n necesaria sobre la acusaci贸n para poder preparar su defensa y salvaguardar la equidad del procedimiento.
(28) Debe facilitarse con prontitud a la persona sospechosa o acusada la informaci贸n acerca de la infracci贸n penal que se sospecha ha cometido o de cuya comisi贸n se le acusa, a m谩s tardar antes de su primer interrogatorio oficial por parte de la polic铆a o de otra autoridad competente, y sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones en curso. Debe facilitarse una descripci贸n de los hechos constitutivos de infracci贸n penal incluyendo, si se conocen, el lugar y la hora as铆 como la posible tipificaci贸n jur铆dica, de forma suficientemente detallada, teniendo en cuenta la fase del proceso penal en la que se facilite esa descripci贸n, a fin de salvaguardar la equidad del procedimiento y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa.
(29) Si, durante el proceso penal, los detalles de la acusaci贸n cambian hasta el punto de afectar sustancialmente a la posici贸n de la persona sospechosa o acusada, esta debe ser informada de ello cuando sea necesario para salvaguardar la equidad del proceso y en el momento oportuno para permitir el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa.
(30) Los documentos y, si procede, fotograf铆as y grabaciones de sonido o de v铆deo, que resulten fundamentales para impugnar de forma efectiva la legalidad de la detenci贸n o privaci贸n de libertad de una persona sospechosa o acusada, con arreglo a la legislaci贸n nacional, deben ponerse a disposici贸n de esta o de su abogado a m谩s tardar antes del momento en que una autoridad judicial competente deba decidir sobre la legalidad de la detenci贸n o privaci贸n de libertad de conformidad con el art铆culo 5, apartado 4, del CEDH, y en el momento oportuno para permitir el ejercicio efectivo del derecho a impugnar la legalidad de la detenci贸n o privaci贸n de libertad.
(31) A efectos de la presente Directiva, el acceso a las pruebas materiales, tal como las define la legislaci贸n nacional, ya sean favorables o desfavorables para la persona sospechosa o acusada y que obren en poder de las autoridades competentes responsables del expediente penal espec铆fico, debe incluir el acceso a materiales como, por ejemplo, documentos y, si procede, fotograf铆as y grabaciones de sonido o de v铆deo. Las autoridades competentes pueden recoger dichos materiales en un archivo de expedientes o conservarlos de cualquier modo adecuado de conformidad con la legislaci贸n nacional.
(32) El acceso a las pruebas materiales, ya sean favorables o desfavorables a la persona sospechosa o acusada, que obren en poder de las autoridades competentes, con arreglo a lo establecido en la presente Directiva, puede ser denegado, de conformidad con la legislaci贸n nacional, cuando dicho acceso pueda dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o, cuando la denegaci贸n del acceso es estrictamente necesaria para defender un inter茅s p煤blico importante. La denegaci贸n de dicho acceso debe sopesarse con los derechos de la defensa de la persona sospechosa o acusada, teniendo en cuenta las distintas fases del proceso penal. Las limitaciones a dicho acceso deben interpretarse de forma estricta y conforme al principio del derecho a un juicio equitativo, con arreglo al CEDH y a la interpretaci贸n de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(33) El derecho de acceso a los materiales del expediente se entiende sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales relativas a la protecci贸n de los datos personales y el paradero de testigos protegidos.
(34) El acceso a los materiales del expediente, con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, debe ofrecerse de forma gratuita, sin perjuicio de las disposiciones de las legislaciones nacionales que exijan el pago de tasas por la copia de documentos del expediente o por los costes de env铆o de los materiales a la persona interesada o a su abogado.
(35) Cuando se proporcione informaci贸n con arreglo a la presente Directiva, las autoridades competentes deben hacerlo constar de conformidad con los procedimientos de registro en vigor seg煤n la legislaci贸n nacional, sin ninguna obligaci贸n adicional de introducir nuevos mecanismos ni aumentar las cargas administrativas.
(36) Una persona sospechosa o acusada, o su abogado, debe tener derecho a impugnar, de conformidad con los procedimientos previstos en la legislaci贸n nacional, el hecho de que las autoridades competentes no le hayan proporcionado la informaci贸n contemplada o determinados materiales del expediente con arreglo a la presente Directiva, o bien se hayan negado a hacerlo. Este derecho no conlleva para los Estados miembros la obligaci贸n de prever un procedimiento espec铆fico de recurso, un mecanismo o procedimiento de reclamaci贸n aparte mediante el cual pueda impugnarse ese hecho.
(37) Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en cuanto a la organizaci贸n del poder judicial en la Uni贸n, los Estados miembros deben facilitar o fomentar la formaci贸n adecuada a los funcionarios competentes respecto a los objetivos de la presente Directiva.
(38) Los Estados miembros deben emprender todas las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en la presente Directiva. Para lograr una aplicaci贸n pr谩ctica y efectiva de algunas de las disposiciones, como la obligaci贸n de proporcionar a la persona sospechosa o acusada informaci贸n sobre sus derechos en un lenguaje sencillo y accesible, pueden utilizarse diversos medios, entre ellos medidas no legislativas como la adecuada formaci贸n de las autoridades competentes o la redacci贸n de la declaraci贸n de derechos en un lenguaje sencillo y no t茅cnico que pueda ser f谩cilmente comprendido por una persona lega carente de conocimientos de Derecho procesal penal.
(39) El derecho a la informaci贸n escrita sobre los derechos en el momento de la detenci贸n previstos en la presente Directiva se debe tambi茅n aplicar, mutatis mutandis, a las personas detenidas a efectos de la ejecuci贸n de una orden de detenci贸n europea con arreglo a la Decisi贸n Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detenci贸n europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros ( 1 ). A fin de ayudar a los Estados miembros a elaborar una declaraci贸n de derechos para dichas personas, en el anexo II figura un modelo. Se trata de un modelo indicativo que puede ser objeto de revisi贸n en el contexto del informe de la Comisi贸n sobre la aplicaci贸n de la presente Directiva y tambi茅n cuando hayan entrado en vigor todas las medidas del plan de trabajo.
(40) La presente Directiva debe establecer normas m铆nimas. Los Estados miembros pueden ampliar los derechos establecidos en ella para proporcionar un mayor nivel de protecci贸n tambi茅n en situaciones no expl铆citamente contempladas en la presente Directiva. El nivel de protecci贸n nunca debe ser inferior al de las normas contempladas en el CEDH, tal como se interpretan en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(41) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos en la Carta. En particular, la presente Directiva aspira a promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y los derechos de la defensa. Debe ser aplicada en consecuencia.
(42) Las disposiciones de la presente Directiva, que correspondan a los derechos garantizados por el CEDH, deben interpretarse y aplicarse de forma coherente con dichos derechos, con arreglo a su interpretaci贸n por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(43) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer normas m铆nimas comunes sobre el derecho a la informaci贸n en los procesos penales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensi贸n y sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Uni贸n, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el art铆culo 5 del Tratado de la Uni贸n Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho art铆culo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(44) De conformidad con el art铆culo 3 del Protocolo (n o 21) sobre la posici贸n del Reino Unido y de Irlanda respecto al espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Uni贸n Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, estos Estados miembros han notificado su voluntad de participar en la adopci贸n y aplicaci贸n de la presente Directiva.
(45) De conformidad con los art铆culos 1 y 2 del Protocolo (n o 22) sobre la posici贸n de Dinamarca, anejo al Tratado de la Uni贸n Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, Dinamarca no participa en la adopci贸n de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicaci贸n.
____________________
( 1 ) DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Art铆culo 1. Objeto
La presente Directiva establece normas relativas al derecho de las personas sospechosas o acusadas a recibir informaci贸n sobre sus derechos en los procesos penales y sobre las acusaciones formuladas contra ellas. Establece tambi茅n el derecho a la informaci贸n sobre sus derechos de las personas objeto de la ejecuci贸n de una orden de detenci贸n europea.
Art铆culo 2. 脕mbito de aplicaci贸n
1. La presente Directiva se aplica desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o que se le acusa de haber cometido una infracci贸n penal, hasta la conclusi贸n del proceso, es decir, hasta la decisi贸n definitiva que determina si la persona sospechosa o acusada ha cometido o no la infracci贸n penal, incluidas, cuando proceda, la imposici贸n de la condena y la resoluci贸n de cualquier recurso.
2. En caso de que la legislaci贸n de un Estado miembro prevea la imposici贸n de sanciones por infracciones menores por parte de una autoridad distinta de un tribunal con competencia en materia penal, pero la sanci贸n pueda ser objeto de recurso ante este tipo de tribunal, la presente Directiva solo se aplicar谩 al proceso ante dicho tribunal a ra铆z del recurso en cuesti贸n.
Art铆culo 3. Derecho a la informaci贸n sobre los derechos
1. Los Estados miembros garantizar谩n que las personas sospechosas o acusadas reciban con prontitud informaci贸n acerca, como m铆nimo, de los siguientes derechos procesales seg煤n se apliquen con arreglo a la legislaci贸n nacional, a fin de permitir su ejercicio efectivo:
a) el derecho a tener acceso a un abogado;
b) el eventual derecho a recibir asistencia letrada gratuita y las condiciones para obtenerla;
c) el derecho a ser informado de la acusaci贸n, de conformidad con el art铆culo 6;
d) el derecho a interpretaci贸n y traducci贸n;
e) el derecho a permanecer en silencio.
2. Los Estados miembros garantizar谩n que la informaci贸n establecida en el apartado 1 se proporcione verbalmente o por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas sospechosas o acusadas que sean vulnerables.
Art铆culo 4. Declaraci贸n sobre los derechos en el momento de la detenci贸n
1. Los Estados miembros garantizar谩n que toda persona sospechosa o acusada que sea detenida o privada de libertad reciba con prontitud una declaraci贸n de derechos escrita. Se le dar谩 ocasi贸n de leer la declaraci贸n de derechos y se le permitir谩 conservarla en su poder durante todo el tiempo que dure la privaci贸n de libertad.
2. Adem谩s de la informaci贸n que figura en el art铆culo 3, la declaraci贸n de derechos a la que se hace referencia en el apartado 1 del presente art铆culo contendr谩 informaci贸n acerca de los siguientes derechos, tal como se apliquen con arreglo a la legislaci贸n nacional:
a) el derecho de acceso a los materiales del expediente;
b) el derecho a informar a las autoridades consulares y a una persona;
c) el derecho de acceso a atenci贸n m茅dica urgente, y
d) el m谩ximo n煤mero de horas o d铆as que una persona sospechosa o acusada puede estar privada de libertad antes de ser llevada ante una autoridad judicial.
3. La declaraci贸n de derechos contendr谩, asimismo, informaci贸n b谩sica relativa a las posibilidades, con arreglo a la legislaci贸n nacional, de impugnaci贸n de la legalidad de la detenci贸n, obtenci贸n de una revisi贸n de la misma, o solicitud de la libertad provisional.
4. La declaraci贸n de derechos se redactar谩 en t茅rminos sencillos y accesibles. En el anexo I figura un modelo indicativo de tal declaraci贸n.
5. Los Estados miembros garantizar谩n que la persona sospechosa o acusada reciba una declaraci贸n de derechos escrita en una lengua que comprenda. Cuando no se disponga de la declaraci贸n de derechos en la lengua apropiada, se informar谩 a la persona sospechosa o acusada de sus derechos oralmente, en una lengua que comprenda. Posteriormente se le deber谩 entregar, sin demora indebida, una declaraci贸n de derechos en una lengua que comprenda.
Art铆culo 5. Declaraci贸n sobre los derechos en el marco del procedimiento de la orden de detenci贸n europea
1. Los Estados miembros garantizar谩n que toda persona que sea detenida a efectos de la ejecuci贸n de una orden de detenci贸n europea reciba con prontitud una declaraci贸n de derechos adecuada que contenga informaci贸n sobre sus derechos de conformidad con la legislaci贸n de aplicaci贸n de la Decisi贸n Marco 2002/584/JAI en el Estado miembro que la ejecuta.
2. La declaraci贸n de derechos estar谩 redactada en un lenguaje sencillo y accesible. Un modelo indicativo de tal declaraci贸n figura en el anexo II.
Art铆culo 6. Derecho a recibir informaci贸n sobre la acusaci贸n
1. Los Estados miembros garantizar谩n que toda persona sospechosa o acusada reciba informaci贸n sobre la infracci贸n penal que se sospecha ha cometido o est谩 acusada de haber cometido. Esta informaci贸n se facilitar谩 con prontitud y con el grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de defensa.
2. Los Estados miembros garantizar谩n que toda persona sospechosa o acusada que sea detenida o privada de libertad sea informada de los motivos de su detenci贸n o privaci贸n de libertad, incluida la infracci贸n penal que se sospecha que ha cometido o de la que se le acusa.
3. Los Estados miembros garantizar谩n que, a m谩s tardar en el momento en que el contenido de la acusaci贸n se presente a un tribunal, se facilite informaci贸n detallada sobre la acusaci贸n, incluidas la naturaleza y la tipificaci贸n jur铆dica de la infracci贸n penal, as铆 como la naturaleza de la participaci贸n de la persona acusada.
4. Los Estados miembros garantizar谩n que se informe con prontitud a la persona sospechosa o acusada sobre cualquier cambio que se produzca en la informaci贸n facilitada de conformidad con el presente art铆culo cuando sea necesario para salvaguardar la equidad del procedimiento.
Art铆culo 7. Derecho de acceso a los materiales del expediente
1. Cuando una persona sea objeto de detenci贸n o privaci贸n de libertad en cualquier fase del proceso penal, los Estados miembros garantizar谩n que se entregue a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos relacionados con el expediente espec铆fico que obren en poder de las autoridades competentes y que resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva, con arreglo a lo establecido en la legislaci贸n nacional, la legalidad de la detenci贸n o de la privaci贸n de libertad.
2. Los Estados miembros garantizar谩n que la persona acusada o sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales en posesi贸n de las autoridades competentes a favor o en contra de dicha persona, para salvaguardar la equidad del proceso y preparar la defensa.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el acceso a los materiales mencionados en el apartado 2 se conceder谩 con la debida antelaci贸n que permita el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa y a m谩s tardar en el momento en que los motivos de la acusaci贸n se presenten a la consideraci贸n del tribunal. Si llegan a poder de las autoridades competentes m谩s pruebas materiales, se conceder谩 acceso a las mismas con la debida antelaci贸n para que puedan ser estudiadas.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, siempre y cuando ello no suponga un perjuicio para el derecho a un juicio equitativo, podr谩 denegarse el acceso a determinados materiales si ello puede dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o si la denegaci贸n es estrictamente necesaria para defender un inter茅s p煤blico importante, como en los casos en que se corre el riesgo de perjudicar una investigaci贸n en curso, o cuando se puede menoscabar gravemente la seguridad nacional del Estado miembro en el que tiene lugar el proceso penal. Los Estados miembros garantizar谩n que, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislaci贸n nacional, sea un tribunal quien adopte la decisi贸n de denegar el acceso a determinados materiales con arreglo al presente apartado o, por lo menos, que dicha decisi贸n se someta a control judicial.
5. El acceso en virtud del presente art铆culo se facilitar谩 gratuitamente.
Art铆culo 8. Verificaci贸n y recursos
1. Los Estados miembros garantizar谩n que, cuando se proporcione a la persona sospechosa o acusada informaci贸n de conformidad con lo dispuesto en los art铆culos 3 a 6, ello se haga constar mediante el procedimiento de registro conforme a la legislaci贸n del Estado miembro de que se trate.
2. Los Estados miembros garantizar谩n que la persona sospechosa o acusada, o su abogado, tenga derecho a impugnar, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislaci贸n nacional, el hecho de que las autoridades competentes no le hayan proporcionado la informaci贸n de conformidad con la presente Directiva o se hayan negado a hacerlo.
Art铆culo 9. Formaci贸n
Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organizaci贸n del sistema judicial en la Uni贸n, los Estados miembros exigir谩n a las personas encargadas de la formaci贸n de los jueces, fiscales y personal policial y judicial que intervienen en los procesos penales que ofrezcan la formaci贸n adecuada con respecto a los objetivos de la presente Directiva.
Art铆culo 10. No regresi贸n
Ninguna disposici贸n de la presente Directiva se interpretar谩 en el sentido de que limita cualquier derecho o garant铆a procesal que est茅n reconocidos al amparo de la Carta, del CEDH y de otras disposiciones pertinentes del Derecho internacional o de los ordenamientos jur铆dicos de los Estados miembros que garanticen un nivel de protecci贸n m谩s elevado, ni de que es una excepci贸n a dichos derechos y garant铆as procesales.
Art铆culo 11. Incorporaci贸n al Derecho nacional
1. Los Estados miembros pondr谩n en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a m谩s tardar el 2 de junio de 2014.
2. Los Estados miembros transmitir谩n a la Comisi贸n el texto de dichas medidas.
3. Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas har谩n referencia a la presente Directiva o ir谩n acompa帽adas de dicha referencia en su publicaci贸n oficial. Los Estados miembros establecer谩n las modalidades de la mencionada referencia.
Art铆culo 12. Informe
A m谩s tardar el 2 de junio de 2015, la Comisi贸n presentar谩 al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que evaluar谩 en qu茅 medida los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva, acompa帽ado, en su caso, de propuestas legislativas.
Art铆culo 13. Entrada en vigor
La presente Directiva entrar谩 en vigor a los veinte d铆as de su publicaci贸n en el Diario Oficial de la Uni贸n Europea.
Art铆culo 14 . Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
ANEXO I -Modelo indicativo de la declaraci贸n de derechos
El documento está almacenado en su formato original. Ver
ANEXO II -Modelo indicativo de la declaraci贸n de derechos para las personas detenidas en aplicaci贸n de una orden de detenci贸n europea
El documento está almacenado en su formato original. Ver