La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 325 TFUE, apartados 1 y 2, del artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995 (DO 1995, C 316, p. 48; en lo sucesivo, «Convenio PIF»), así como del artículo 57, apartados 1 y 3, y del artículo 98 del Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1260/1999 (DO 2006, L 210, p. 25), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 539/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010 (DO 2010, L 158, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1083/2006»).

Esta petición se ha presentado en el contexto de un recurso interpuesto por el Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (Ministerio de Obras Públicas, Desarrollo y Administración, Rumanía), anteriormente denominado Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (Ministerio de Desarrollo Regional y de Administración Pública, Rumanía) (en lo sucesivo, «Ministerio»), contra un auto mediante el que la fiscalía declaró el archi